Para el canciller ruso Sergei Lavrov, es necesario que la administración de Gustavo Petro le ponga coto a la situación de los mercenarios colombianos en el mundo.

Durante su alocución por la conmemoración del Golpe de estado en Ucrania, Lavrov hizo el llamado a Colombia, recordando que desde la nación cafetalera han salido recientemente diversos mercenarios colombianos, que han cometido actos bélicos, no solamente en Ucrania, sino también en Haití y Ecuador.

#16Feb ¡SOLDADO CAÍDO! ????Mercenarios colombianos lamentan la caída de uno de sus compatriotas que luchan a favor de Ucrania en la guerra. Mientras tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov, hace un llamado de atención a Gustavo Petro para controlar a los "soldados de fortuna"… pic.twitter.com/hUBOKLVwv8

Recordó el caso del magnicidio del presidente haitiano, Jovenel Moïse, donde varios ex militares colombianos fueron capturados.

Otro evento resaltado por Lavrov fue la relación de paramilitares colombianos con el asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio.

«El mercenarismo es una práctica peligrosa, es gente que no sabe más que realizar atentados terroristas, disparar y matar y al final, cuando su misión en algún país termina, es gente que tiene que irse a otro sitio a cometer violencia y es probable que eventualmente vuelvan a casa», dice Lavrov.

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Lavrov espera que «los dirigentes colombianos entiendan esto muy bien, al igual que los dirigentes de otros países latinos«.

Recientemente, en las redes sociales se han colgado varios videos sobre los mercenarios colombianos en plenas faenas de combate, en Ucrania.

Algunos han lamentado la muerte de varios de sus compañeros de armas, tras enfrentarse al ejército ruso.

Vale destacar que Ucrania ha ofrecido paquetes económicos y otros tipos de beneficios a los extranjeros que quieran luchar de parte del ejército ucraniano.

Un grupo de exmilitares colombianos, señalados de ser los mercenarios que estuvieron detrás del asesinado del presidente de Haití, Jovenel Moise, están desesperados clamando por ayuda debido a las malas condiciones en las que los tienen presos.

En un video de casi dos minutos, se les escucha decir que llegaron a pasar 72 horas sin comer, bañarse e ir al baño. “Nos toca hacer del cuerpo aquí dentro de esta reja. Por favor, al mundo entero, esto es un llamado de auxilio. Somos inocentes”.

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Según uno de los uniformados que interviene en la grabación, a él y sus compañeros los quieren matar restringiéndoles sus necesidades vitales.

Este grupo de militares retirados alega llevar más de 10 meses detenidos sin derecho a un abogado y sin una situación clara que les brinde garantías jurídicas, pues ni siquiera han sido acusados de algún delito.

En la prisión de Puerto Príncipe en la que permanecen, los colombianos dicen que los acompañan cerca de 3.700 personas que padecen las mismas condiciones, las cuales los han llevado a intentar romper los candados de las celdas para salir.

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Tras un año esperando soluciones, los familiares de los colombianos presos en Haití, ya no aguantaron más: están plantados frente a la Cancillería colombiana, en el centro de Bogotá, exigiendo respuestas frente a las gestiones que el gobierno de Iván Duque a dicho estar haciendo.

Los familiares de los colombianos detenidos dicen que a ninguno de los 18 exmilitares presos en Haití se les han respetado sus garantías procesales y que además han sido sometidos a maltratos, torturas y se encuentran en “riesgo inminente de muerte en la reclusión”.

En esta acción ciudadana de protesta hacen unas peticiones específicas: la liberación inmediata de los colombianos, ya que según dicen «fueron detenidos sin ninguna prueba idónea y pasados 12 meses las cosas no han cambiado, es una detención prolongada ilegalmente, pues no se han legalizado ni siquiera las capturas”; también piden “que se exhorte al Gobierno de Haití a garantizar un juicio imparcial y justo”; otra petición se refiere a que ambos países (Colombia y Haití) autoricen una veeduría internacional que garantice la transparencia en el proceso.

Hace 15 días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para el proceso que se lleva contra estos colombianos. Es de recordar que en múltiples ocasiones los exmilitares han denunciado tortura y malos tratos y han dicho que, aunque llevan casi un año presos, no han sido procesados judicialmente.

La Cancillería dice que han venido haciendo visitas periódicas al sitio de reclusión donde tienen a los colombianos y afirman que ellos están “en buenas condiciones de salud”.

Sin embargo, los colombianos presos en Haití han dicho tener miedo por un posible motín en el centro de reclusión, situación que fue puesta en conocimiento del director de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. 

Mientras tanto, las familias de los exmilitares colombianos acuden a diferentes instancias diplomáticas y judiciales para lograr el retorno de sus seres queridos al país.

La realidad es que con el paso de los meses, los días se vuelven tensos, y ya los colombianos presos y sus familiares dicen que no aguantan más.

El 7 de julio de 2021, Haití amanecía con la noticia de que su presidente, Jovenel Moise, acababa de ser asesinado en su casa por un comando armado.

Un año después, las investigaciones están en punto muerto, los instigadores y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político en el país continúa deteriorándose.

Aquel día, los atacantes parecen haber ingresado con facilidad a la residencia del presidente, sin que las unidades de élite encargadas de su protección hicieran algo para neutralizarlos.

Unas horas más tarde, la policía haitiana mostró una velocidad excepcional al arrestar a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos.

Pero los procesos judiciales posteriores, realizados tanto en Haití como en Estados Unidos, han avanzado con extrema lentitud, reseñó AFP.

Desde la muerte de Moïse, la presidencia está vacante y no hay fecha prevista de elecciones para designar a su sucesor.

Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso y ninguno de ellos acusó formalmente a ninguna de las cuarenta personas encarceladas, incluidos los colombianos que presuntamente integraron el comando.

Para peor, la justicia está más a la deriva que nunca: desde hace un mes, las oficinas de la fiscalía en Puerto Príncipe fueron ocupadas por una de las muchas bandas criminales que controlan porciones enteras del territorio haitiano.

La posible participación del primer ministro Ariel Henry en el asesinato ha frenado aún más la investigación judicial.

Designado apenas dos días antes del magnicidio, Henry es sospechado de haber mantenido conversaciones telefónicas con uno de los principales acusados pocas horas después del atentado.

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Invitado por el fiscal a dar explicaciones, el jefe de gobierno no se presentó y luego destituyó al magistrado, designando a un nuevo ministro de Justicia.

Ello llevó a la viuda del presidente, Martine Moïse, gravemente herida durante el atentado, a rechazar tajantemente asistir a las ceremonias de homenaje a su difunto marido, oficiadas por un jefe de gobierno sobre el que pesan «serias presunciones de que pudo haber asesinado al presidente de la República», según dijo.

Una breve ceremonia tuvo lugar en la mañana de este jueves en el corazón del jardín del Museo del Panteón Nacional, en la capital.

«A pesar de su debilidad, la justicia debe seguir haciendo todo lo posible para localizar a los culpables, llevarlos ante los jueces e imponerles sentencias ejemplares y disuasorias», dijo Ariel Henry ante funcionarios y diplomáticos extranjeros.

«La muerte del presidente debe ser el acto final en un período de ignominia e intolerancia», agregó. Este asesinato ha agravado la crisis política haitiana.

El parlamento no funciona desde hace dos años. Desde su llegada al poder en 2017, Moïse no había convocado elección alguna.

Hoy Haití tampoco tiene presidente, y la Corte de Justicia no está operativa por falta de jueces.

Mientras tanto, la justicia estadounidense inculpó a tres personas por el asesinato de Moïse, actualmente detenidas en Miami.

La policía judicial haitiana estableció, en su informe de investigación, que el complot contra el presidente había sido urdido en el estado de Florida y que los mercenarios colombianos fueron reclutados por una empresa de seguridad basada en Miami.

En enero pasado, Mario Palacios, un ciudadano colombiano sospechoso de ser uno de los cinco hombres armados que ingresaron a la habitación donde el presidente fue asesinado; y Rodolphe Jaar, un haitiano-chileno, fueron formalmente inculpados.

En junio se les sumó el exsenador haitiano John Joel Joseph, acusado de complicidad en el asesinato.

Un cuarto presunto miembro del comando fue arrestado en el aeropuerto de Estambul en noviembre, pero la justicia turca rechazó el lunes la solicitud de extradición de Haití y ordenó su liberación.

En abril un juez estadounidense propinó un duro golpe a quienes tenían esperanzas de que el proceso judicial en curso en Estados Unidos pudiera conducir a conocer los entretelones del asesinato de Moïse al decidir clasificar como secretas algunas de las pruebas.

El magistrado tomó esa medida porque entre los acusados figuran dos antiguos informantes de la agencia antidrogas estadounidense DEA y un exinformante del FBI.

«No vemos con buenos ojos que Estados Unidos haya decidido proteger algunas informaciones. Toda una parte de esta historia seguirá siendo secreta», comentó una fuente judicial haitiana.

En una primera audiencia, que fue presencial, la jueza federal Alicia Otazo-Reyes leyó a Palacios los dos cargos: conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y proveer apoyo material que resultó en muerte.

Esposado y vestido con un jean y una camiseta gris, Palacios, de 43 años, dijo no tener recursos en Estados Unidos para pagar un abogado. La jueza le asignó enseguida al abogado Alfredo Izaguirre, con quien Palacios habló brevemente antes de proseguir la audiencia.

La jueza programó para el próximo 31 de enero la audiencia en la que le leerán formalmente los cargos. Mientras tanto, la Fiscalía del Sur de Florida pidió a la jueza que Palacios continuará detenido al considerarlo un “riesgo de fuga y peligro para la comunidad”.

Si es declarado culpable de los cargos en EE. UU., Palacios enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

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Palacios hace parte de los posibles responsables del magnicidio perpetrado por un comando el 7 de julio del año pasado en Puerto Príncipe.

“El acusado y otros, incluido un grupo de aproximadamente otros 20 ciudadanos colombianos y un grupo de ciudadanos con doble nacionalidad haitiano-estadounidense con base en Haití, participaron en un complot para secuestrar o matar al presidente haitiano”, detalló hoy la Fiscalía de la Florida.

Subrayó que con otro cómplice viajaron a Estados Unidos el 28 de junio pasado “para, entre otras cosas, proporcionar a otras personas una solicitud por escrito de asistencia para promover el complot relacionado con el presidente haitiano“.

“Si bien el complot inicialmente se centró en realizar un secuestro del presidente como parte de una supuesta operación de arresto, finalmente resultó en un complot para asesinar al presidente haitiano”, detalló la Fiscalía.

La acusación alega que, el 7 de julio pasado Palacios y otros ingresaron a la residencia del presidente en Haití con la intención y el propósito de asesinarlo.

El cómplice, que la Fiscalía no identifica, es un doble ciudadano haitiano-estadounidense, que fue posteriormente arrestado por las autoridades haitianas y permanece bajo custodia en Haití.

Luego señaló que Palacios “eludió el arresto y viajó a Jamaica”: “Palacios fue deportado recientemente de Jamaica y, durante una escala en Panamá, acordó viajar a Estados Unidos”, precisó la Fiscalía.

El colombiano fue arrestado en Jamaica en octubre pasado y condenado por ingresar ilegalmente al país desde República Dominicana, un cargo por el que se emitió una orden de deportación.

Sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura emitida en julio por la Policía Nacional de Haití. Sin embargo, el domingo pasado el Gobierno de Jamaica confirmó que Palacios sería deportado a Colombia el lunes debido a que el Gobierno de Haití no había facilitado información suficiente sobre la vinculación del colombiano con el magnicidio.

Las autoridades de Colombia en Haití, podrán inspeccionar los cuerpos de los tres mercenarios colombianos abatidos tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Será el cónsul honorario en Puerto Príncipe, Julio Santa, quien verificará el estado de los cadáveres de los militares en retiro, informó BluRadio.

La autorización la gestionó un abogado en Haití a petición del gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque.

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Por esta inspección se logrará la repatriación de los cuerpos y entrega a sus familiares.

Se conoció, además, que los mercenarios detenidos no cuentan con abogados ni se les ha llamado a declarar.

Ya se han cumplido tres meses desde sus capturas y hasta la fecha no se han presentado en tribunales.

Semanas atrás, Duque explicó que “no era posible que el Gobierno se encargara del costo de la defensa de los 18 mercenarios”, dado que esto implicaría hacerlo con todos los colombianos que pasan por una situación similar en el extranjero.

Las revelaciones que están haciendo los mercenarios colombianos implicados en el asesinato de Jovenel Moise podrían incomodar a los cómplices que aún están en libertad.

Una orden del Ministerio de Justicia de Haití pidió este miércoles reforzar la seguridad de los detenidos.

En este sentido el ministro Rockefeller Vincent advirtió que “los cómplices de los mercenarios” que siguen en libertad, pueden intentar silenciarlos.

Rockefeller Vincent en sus redes sociales pidió que se instale “un dispositivo de seguridad especial en las celdas que albergan a los colombianos y a otras personas involucradas en el caso”.

En este sentido la medida se toma advirtiendo que los cómplices de los mercenarios siguen en libertad y pueden intentar acallarlos.

La petición del Ministro ocurre luego de que el juez Mathieu Chanlatte renunciara a seguir siendo el juez director del magnicidio.

Al respecto el juez manifestó que no tenía medios para trabajar, que carecía de apoyo para investigar y tampoco tenía un dispositivo de seguridad que garantizara su seguridad.

Por eso fue designado en su remplazo el magistrado Garry Orélien aquien en Ministerio de Justicia le solicitó “no abandonar muy pronto el caso”.

A pesar de que en la investigación ya se han detenido 44 personas entre las que hay 18 exmilitares colombianos, 2 estadounidenses de origen haitiano y 12 policías haitianos, las pesquisas no han avanzado.

Aún se desconoce quiénes son los autores intelectuales del magnicidio.

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Aunque no hay avances en investigaciones sobre quién ideó y ejecutó el plan para asesinar a Jovenel Moïse, lo cierto es que hay 18 colombianos involucrados quienes han sido sometidos posiblemente a malos tratos.

Se encuentran detenidos en Puerto Príncipe en condiciones que tampoco son claras en temas de salud, integridad física y asistencia jurídica.

Colombia insiste en que sus connacionales deben recibir asistencia jurídica y consular permanente.

Por eso la canciller Marta Lucia Ramírez instó al consul en Haití a que sean visitados al menos dos veces a la semana.

Y con ello se «permita contar y documentar los posibles casos de tratos cueles en su contra».

Tal y como se lee en la carta que Ramírez envió este lunes a Julio César Santa, consul honorario de Colombia en Haití.

Asimismo le exige que mantenga comunicación permanente con los familiares de los colombianos detenidos en Puerto Príncipe.

También le pide que cada tres días presente informe de seguimiento.

De esta manera el gobierno colombiano insiste en que hay preocupación por la suerte de los 18 mercenarios colombianos por sospechas de malos tratos y tortura.

Además de la situación de salud y alimentación que puedan estar afrontando.

La carta de Ramírez responde a la aclaración que este lunes también hizo Haití en el sentido de que no hay violaciones de DD.HH. contra los colombianos.

Al respecto el embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, aseguró que a los exmilitares colombianos “les respetamos DDHH, no hay irregularidades”.

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Más temprano el propio presidente Iván Duque se pronunció al respecto.

Aseguró en entrevista con el programa Radar del noticiero de Panamá TVN, que el lamentable hecho no se planeó en Colombia.

“Claramente este no es un hecho fraguado en Colombia, sino que aquí hay intereses políticos de mucho más alto pelambre», dijo el mandatario.

Y agregó que «aquí hay una gran conspiración donde hay personas que pretendían beneficiarse de ese crimen».

De acuerdo con el Duque, los exmilitares fueron contactados por una empresa con sede en EE.UU. Además, resaltó que ninguno tenía antecedentes penales.

“Los tiquetes fueron comprados desde EE.UU. (…) y fueron llevados con la supuesta idea de hacer protección en seguridad”, sostuvo el Presidente.

Respecto a la función que llevaron a cabo los excombatientes, el presidente Duque señaló que:

“Una vez allá se les cambia el plan y se les dice que van a trabajar en la captura del presidente de Haití con supuestas autoridades extranjeras y cuando viene el momento del hecho un grupo reducido es el que está enterado del asesinato”.

El pasado 26 de julio, llegó a Puerto Príncipe la Comisión Humanitaria de la Cancillería colombiana y la Defensoría del Pueblo para comprobar las condiciones en las que están los 18 mercenarios capturados.

En la visita, se comprobó que los detenidos estaban siendo alimentados y, además, se conoció que sus familiares les enviaron mensajes y les hicieron llegar kits de aseo.

“Durante la visita pudimos hablar con los 18 colombianos que fueron pasando en grupos de dos personas. Analizamos su salud física y mental, revisamos las condiciones de detención, aseguró Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo.

El funcionario dijo también que se les indagó sobre algunos elementos clave del proceso que actualmente se lleva contra ellos.

El reporte especificó que los mercenarios se reunieron por casi cuatro horas con Fajardo, un abogado de la Defensoría Pública y el jefe de colombianos en el extranjero, quienes conforman la Comisión.

Tras la reunión, la canciller Marta Lucía Ramírez, indicó que los colombianos “no han recibido ninguna clase de asistencia jurídica, al no tener asignados defensores de oficio que protejan el derecho de la defensa y se respeten las garantías judiciales y del debido proceso”.

También, pidió que se garantice la atención médica adecuada a los que resultaron heridos porque de lo contrario “es violatorio del artículo 5 de la citada Convención Americana que exige que se respete la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas”.

Aunque todo estaba dado para que la Defensoría del Pueblo verificara las condiciones de salud y legales de los 18 mercenarios colombianos, los planes no salieron como se pensaron.

Este lunes llegó a Haití la delegación de ese organismo de derechos humanos estatal para visitar a los exmilitares presos.

Sin embargo, todo se complicó, incluso, desde su mismo ingreso al país. Tanto los funcionarios de la Defenspría co o los de la Cancillería colombiana tuvieron algunas dificultades para ingresar a la isla.

Luego, cuando finalmente pudieron ingresar al territorio haitiano, el Gobierno les negó visita a la cárcel donde permanecen los exmilitares colombianos presos

Incluso, al abogado de familiares tampoco le han dado acceso. El jurista representa a 15 familias y las tres viudas de los exmilitares asesinados.

Tampoco se ha podido avanzar en la repatriación de los cadáveres.

Solo por unos minutos la cancillería tuvo accesos a los presos y fue allí que comprobó que estaban bien de salud y se entregaron algunos kids de aseo.

A pesar de ello, la situación de los 18 exmilitares colombianos presos en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse se complica.

Ya completan 22 días sin ningún tipo de apoyo legal y sin que nadie sepa cuál es su situación, en términos de Derechos Humanos.

El diario El Tiempo de Colombia estableció que la delegación de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que fue enviada a Puerto Príncipe para prestarles asesoría en estos dos campos, no ha podido tener acceso a los ex militares.

Precisamente los colombianos son calificados en Haití como asesinos y mercenarios.

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Por las condiciones de incomunicación y restricción a asesoría judicial y respeto de derechos humanos, Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, envía una carta a la OEA pidiendo apoyo urgente.

Misiva al Organismo pide a Luis Almagro su apoyo para autorizar la visita, con el fin de que puedan comunicarse con los detenidos y darles apoyo.

«Se nos negó la visita por no contar con una autorización del Ministerio de Justicia, la cual se viene solicitando por la Cancillería colombiana a través de la embajada de Haití en Colombia», dijo Camargo.

Autorización que se viene solicitando por la Cancillería colombiana a través de la embajada de Haití en Colombia, por nota verbal del 16 de julio, sin que hasta ahora haya respuesta.

Agregó que desde el 7 de julio, un grupo de 18 colombianos están detenidos en los calabozos de la Central de la Policía Judicial.

«En condiciones de aislamiento, sin contacto con sus familiares y sin ningún tipo de defensa técnica jurídica. Hasta la fecha no ha habido ningún control judicial de la detención», señala Camargo a Almagro.

La carta urge para que se autorice la visita, con el fin de que puedan comunicarse con los detenidos y darles apoyo.

El Cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio Santa, se reunió este martes con los colombianos detenidos por presunta participación en el magnicidio del presidente Jovenel Moise.

Al respecto el funcionario diplomático aseguró que sus connacionales «están en buenas condiciones de salud y que su sitio de reclusión es adecuado».

Por medio de un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el inicio de esta asistencia consular a los colombianos detenidos en Haití estaba previsto para el domingo pasado.

Sin embargo, se pospuso por solicitud del gobierno haitiano, debido a la grave situación de orden público que afronta el país.

Además ese gobierno había solicitado que se realizaran primero las exequias del mandatario haitiano, señaló el presidente Iván Duque.

El resto de la misión consular se reunirá este miércoles con los detenidos y les entregará los mensajes y pertenencias enviadas por sus familiares.

De igual manera, se brindará la asistencia consular a la que haya lugar, ya que se tenía contemplado que se buscaría la repatriación de los colombianos que fallecieron en el operativo.

No obstante, no se pronunció sobre ello. 

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Dentro de la misión humanitaria colombiana que viajó a Haití, también están el Vicedefensor del Pueblo, el responsable del grupo de colombianos en el exterior y un representante de la Defensoría Pública.

Su responsabilidad es verificar la situación de derechos de los connacionales en ese país.

Además mantendrá un diálogo con Renan Hedouville, encargado de la Oficina de Protección Ciudadana de Haití, la entidad homóloga de la Defensoría del Pueblo.

Entre ellos revisarán la información relacionada con las medidas para garantizar la integridad física, psicológica y el debido proceso de los colombianos detenidos.

Asó como también de los residentes, especialmente en la ciudad de Puerto Príncipe.

“Nuestra delegación verificará el respeto por los estándares internacionales de derechos humanos y el debido proceso para los colombianos vinculados en la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moise”, dijo el defensor del pueblo colombiano

Finalmente, el equipo de la Defensoría del Pueblo explorará las vías para proveerles una defensa técnica en el proceso, en condiciones similares a las que se presta a todo colombiano en el país a través del servicio de Defensoría Pública.

Cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio Santa, se reunió hoy con colombianos detenidos por presunta participación en el magnicidio del presidente Jovenel Moise. Pudo verificar que los connacionales están en buenas condiciones de salud y que su sitio de reclusión es adecuado

Muy poco se sabe de los 26 exmilitares colombianos señalados por el Gobierno de Haití de haber cometido el magnicidio contra el presidente Jovenel Moise.

Algunos videos dan cuenta que se encuentran en deficientes condiciones de salud y nutricionales, sin acceso a abogados ni al apoyo por parte de Colombia.

A los connacionales no se ha podido acceder fácilmente, por eso la Cancillería enviará una misión consular a Haití.

Viajará lo antes posible y estará conformado por cuatro funcionarios, quienes durante tres días les brindarán asistencia a los detenidos en ese país.

Justo el viceministro de Relaciones Exteriores sostuvo este miércoles reunión con las familias de los connacionales que han pedido asistencia urgente para sus parientes.

En el encuentro, el funcionario les explicó la agenda y el propósito de la misión consular que viajará el domingo.

La misión consular a Haití iría a ese país este domingo, su labor será para verificar las condiciones en las que se encuentran los colombianos-mercenrios.

Así como adelantar gestiones para la repatriación de los cuerpos de los exmilitares que fallecieron luego del asesinato del Presidente Jovenel Moise.

Una petición que han hecho explícita las familias de los colombianos muertos.

El Gobierno colombiano, que estaba a la espera de la aprobación de esta visita de trabajo, de parte del Gobierno de Haití.

De esta manera la delegación estará conformada por cuatro funcionarios.

El embajador Luis Fernando Cuartas, director de asistencia a connacionales; dos funcionarios de la Embajada de Colombia en República Dominicana, y el Cónsul Honorario en Puerto Príncipe.

Por su parte la agenda de la misión consular se adelantará entre el 25 y el 27 de julio.

Tiempo en el cual se brindará asistencia a los connacionales privados de la libertad y se verificarán las condiciones de reclusión, así como el respeto al debido proceso.

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El Gobierno Duque ha reiterado que seguirá colaborando con las investigaciones que permitan esclarecer el asesinato del presidente de Haití.

De igual forma, velará porque los colombianos señalados de participar en el crimen, tengan todas las garantías humanitarias.

El itinerario que cumplió el jet privado de matrícula HI-949, se convirtieron en pistas clave, en manos del FBI, sobre el crimen del presidente de Haití, Jovenel Moïse,.

Por medio de una foto, que El Timepo reveló en exclusiva, se muestra al médico haitiano Christian Emmanuel Sanon, señalado de ser uno de los autores intelectuales del magnicidio, en las escalinatas de la aeronave.

Una aeronave de 1,2 millones de dólares operada por la firma Helidosa S.A. vinculada al excandidato a la presidencia de República Dominicana, Gonzalo Castillo.

Al lado de Sanon, hoy preso por el crimen de Moïse, está un colombiano al que casi nadie le conoce el rostro: el exmilitar Arcángel Pretelt Ortiz.

Y al otro lado, el ecuatoriano Walter Veintemilla, todos relacionados con el crimen ocurrido el pasado 7 de julio en Puerto Príncipe.

Tanto Sanon, Veintemilla, Intriago y Pretelt– se desplazaron hasta el aeropuerto La Isabela, de Santo Domingo, para afinar la contratación del comando colombiano.

Tal como lo reveló EL TIEMPO, Pretelt es un exmiembro del Ejército que asegura vivir en EE.UU por haber colaborado en un caso federal por narcotráfico contra un exintegrante de las exFarc.

Además su nombre aparece en los documentos de la firma CTU Security LLC, con sede en Miami, junto con el venezolano Antonio Intriago, otro de los de la foto.

CTU Security LLC es la empresa de seguridad desde donde se articuló el reclutamiento y envío de los exmilitares colombianos a Haití y quienes que terminaron involucrados en el crimen.

Al parecer fueron estos mercenarios quienes torturaron y luego dispararon en siete oportunidades contre Moïse.

También están vinculados con el intento de asesinato de la Primera Dama.

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Además de compartir en el jet privado, en otras fotos reveladas por la policía haitiana a Christian Sanon, el venezolano Intriago y el exsenador John Joel Joseph se les ve en un lujoso hotel de Santo Domingo.

Todo indica que allí se reunieron también el enlace haitiano-estadounidense James Solages (Capturado), el alcalde Marky Kessa y Veintemilla.

El ecuatoriano Veintemilla ha cobrado relevancia en la investigación, en la que participan la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, (DNI), la Policía e Interpol Colombia, con sus cabezas en terreno.Al quiteño se le atribuye financiar parte del plan criminal, pues desde su empresa Worldwide Capital Lending Group salió dinero para que viajara parte del contingente deel vieja de los mercenarios.

Uno de los receptores es el capitán (r.) Germán Rivera García, quien mantenía contacto con CTU y quien, el día del magnicidio coordinó el anillo de seguridad.

Además de las cuentas bancarias de Veintemilla, buscan conexión con empresarios haitianos y con el señalado capo Rodolphe Jaar, alias Dodof, quien ya tiene orden de captura.

Se calcula que el plan pudo haber costado más de 20 millones de dólares y el rastro del dinero puede llevar a los otros autores intelectuales.

De otro lado El Tiempo conoció un audio en el que un informante le entregó a un agente de inteligencia de República Dominicana.

En el sonido dio datos de la contratación de los vehículos usados y de los hombres que entraron a la habitación de Moïse a matarlo.Según el informante, la noche del magnicidio alguien importante de la Policía llamó a la residencia presidencial para que dejaran pasar a los colombianos. 

Y por eso, la puerta de seguridad estaba abierta, no hubo intercambio de disparos y fue fácil reducir y esposar a la guardia.En francés, la fuente le dijo al agente dominicano que quienes mataron a Moïse fueron policías haitianos. Y la prueba es que le sacaron el ojo izquierdo.

“Es un ritual vudú, para que el muerto no te siga mirando desde el más allá”, explicó.

Y también dio pistas sobre uno de los fugitivos: Mario Antonio Palacios, un exsoldado del Chocó que sigue con vida. Dijo que él sí ingresó hasta la habitación del Presidente.Y varios exmilitares presos han reiterado que a ellos les dijeron que iban a hacer efectiva una orden de captura contra Moïse. Solo al final les revelaron que iban a asesinarlo y a avanzar al Palacio para proteger a un nuevo mandatario.

De nuevo, el capitán Rivera y el sargento (r.) Duberney Capador aparecen como los únicos enterados del supuesto plan.

Se conoció también que los tiquetes usados por los mercenarios fueron gestionados por Ok Mundo Travel una reputada agencia de viajes ubicada en Doral, Florida.

Aunque es ajena al caso, se espera que a través de sus registros se conozcan más responsables.

Todo indica que a través de Dimitri Hérard, jefe de seguridad del Palacio (tambipen preso, se coordinó desde Ecuador la llegada a Haití de los exmilitares.

Hérard, se negó a declarar ante la Fiscalía cómo fue que al Presidente lo torturaron, le sacaron el ojo izquierdo y lo acribillaron, sin que a sus guardaespaldas les pasara nada. Tampoco ha explicado sus asiduos viajes a Ecuador, con seis escalas en Bogotá, en donde se habría encontrado con Capador y Rivera.EE.UU. ya lo investigaba por tráfico de armas, un dato que conocía el presidente Moïse desde mayo.EL TIEMPO estableció que los investigadores tienen un audio en el que una mujer entrega más detalles clave sobre la relación del presidente con Hérard y el reclutamiento de exsoldados.La mujer asegura que Hérard le dijo a Moïse que debían contratar a los colombianos para controlar a las bandas que ejecutan secuestros, asesinatos selectivos, saqueos y hasta violaciones de mujeres.

“Los contratos de los mercenarios fueron con el gobierno”, dice la mujer. Y coincide en que habría miembros de la Policía involucrados.

Los exmilitares colombianos van a ser trasladados a las mismas cárceles donde están recluidos cabecillas de las bandas que supuestamente iban a combatir. 

Y algunos creen que allí los pueden van a empezar a matar. Podrían ser condenados por el delito de alta traición.

Un delito que puede ser castigado con trabajos forzados de por vida sin que se permita conmutación de la pena.

Podrían ser enviados a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe –con un hacinamiento superior al 400 por ciento– o a Croix-des-Bouquets, una cárcel en las afueras de Puerto Príncipe.

Por ahora los mercenarios llevan 10 días presos en la sede de la Policía Nacional, incomunicados y sin que el consulado los haya podido visitar.De hecho, nadie sabe en qué condiciones se encuentran y, según fuentes federales, algunos habrían sido torturados, para que admitieran su participación en el crimen.Por su parte la Cancillería colombiana ya envió una carta en la que se plantea la «urgente necesidad de que el Gobierno de Haití apruebe la visita consular a los ciudadanos colombianos detenidos».Incluso, la comisión colombiana que viajó a Puerto Príncipe a apoyar la investigación judicial, tampoco ha tenido acceso a los connacionales.

A propósito el embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, señaló que podrían ser asesinados por quienes los contrataron para callarlos.«Quienes los hicieron llegar allá son capaces de envenenarlos o hacer cualquier cosa con ellos para que no hablen», puntualizó.Con información de El Tiempo.

Los Mercenarios colombianos detenidos por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, aseguraron que fueron contratados para capturarlo y entregarlo a DEA.

Así lo reveló este jueves la policía de Colombia que apoya la investigación junto a agentes estadounidenses.

El general Jorge Vargas, jefe del organismo, dijo en rueda de prensa que los exmilitares dieron esa versión en el marco de las pesquisas que llevan a cabo las autoridades haitianas.

Inicialmente su idea era «planear el arresto del presidente y ponerlo a disposición -y esto es lo que dicen ellos (…)- de la DEA», comentó el oficial.

Moise fue asesinado el 7 de julio por un comando armado que irrumpió en su residencia de Puerto Príncipe.

En el ataque -en el que participaron unos 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano.

Por su parte su esposa Martine, resultó gravemente herida.

Según Vargas, el comando se dividió en dos grupos.

Uno de siete hombres que fueron los que finalmente asaltaron la vivienda donde «no se produjo el supuesto arresto, sino la muerte del presidente».

El resto del grupo les prestó apoyo; mientras las fuerzas haitianas mataron a tres colombianos y detuvieron a otros 18 supuestamente implicados. 

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Policía colombiana estableció que los exmilitares Duberney Capador y Germán Rivera, el primero abatido y el segundo bajo arresto, fueron los encargados de planear la supuesta «operación de arresto».

Ellos informaron a los demás colombianos «que esa era la actividad que iban a realizar», recalcó el general Vargas.

Sin embargo, la investigación no ha determinado si en algún momento comunicaron a los otros miembros del comando sobre el complot para asesinar a Moise. 

Por su parte el presidente Iván Duque, en entrevista con la emisora La FM, dijo que «todo apunta» a que entre los exmilitares que viajaron a Haití solos algunos sabían del propósito real de la operación.

«Hay un grupo importante (de colombianos) que fueron llevados con una supuesta misión de protección, pero dentro del grupo hay uno más reducido que eran los que aparentemente tenían el conocimiento detallado de lo que sería una operación criminal», sostuvo.

Y añadió que Colombia está aportando esa información «para que las autoridades haitianas reconstruyan todo el rompecabezas». 

Se sabe que Capador y Rivera, viajaron en mayo a República Dominicana para cruzar la frontera con Haití, donde tuvieron contacto cada uno con más de 10 personas, detalló el policía colombiano. 

Entre otras personas, se reunieron con el doctor Christian Emmanuel Sanon, y James Solages, detenidos por su presunta participación en el complot, agregó.

Los mercenarios fueron contratados por medio de la firma CTU Security, con sede en Miami.

Según dio a conocer este jueves la policía de Haití, el asesinato de Moise fue planeado desde la vecina República Dominicana. 

Veintiún personas han sido detenidas incluidos 18 colombianos y tres haitianos.

El asesinato de Moise ahondó más la grave crisis de este país de 11 millones de habitantes.

Con información de AFP

Un venezolano está detrás de la contratación de los exmilitares colombianos que asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Se trata de Antonio Intriago, dueño de la empresa de seguridad privada CTU Security (registrada como Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC).

La empresa tiene como sede Miami, Estados Unidos.

En rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, Jorge Rodríguez, la nombró.

Aseguró que Intriago, quien reside en Miami, también está involucrado en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018.

Este empresario venezolano está vinculado a grupos de venezolanos en el exilio.

Intriago se ha hecho más reconocido en la comunidad por su activismo y oposición a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Según autoridades del gobierno de Haití, varios de los exmilitares colombianos manifestaron que esa empresa de seguridad fundada en Florida en 2019 es la que hizo el contacto con los ahora llamados mercenarios.

Las autoridades de Colombia han identificado a cinco compañías, pero los focos se concentran en firma CTU Security LLC.

El diario El país señala que esa empresa compró con una tarjeta de crédito registrada en Estados Unidos, 19 billetes aéreos desde Bogotá hasta República Dominicana.

Estos vuelos los abordaron un grupo de 21 exmilitares colombianos que más tarde cruzaron la frontera con Haití.

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“Hemos logrado establecer unos vínculos de comunicación de Germán Rivera García y de Duberney Capador [dos de los exmilitares muertos] con la empresa de CTU Security basada en Miami”, afirmó el director de la policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas.

Según el diario Miami Herald, Intriago hizo la contratación supuestamente por intermedio de un médico haitiano llamado Emmanuel Sanon.

Las autoridades de Haití señalan al médico también como supuesto autor intelectual.

“Los colombianos aseguraron haber sido contratados para proporcionar seguridad VIP con un salario de alrededor de $3.000 dólares mensuales”.

Una cifra que el exmilitar Carlos Arturo García dijo a Caracol Radio, «es un sueldo estándar, que depende del riesgo y el lugar donde los envían».

Precisa el Miami Herald que en la página web de la empresa CTU Security LLC (Counter Terrorist Unit Federal Academy), Intriago afirma que es una compañía que produce equipamiento militar y de policía, además de elementos de protección.

Asimismo, ofrece asesorías a cuerpos de seguridad y tiene consultores bilingües para trabajar tanto en Estados Unidos como en América Latina.

Intriago aparece como su presidente y ahora tras lo ocurrido en Haití, se reveló que registró como domicilio personal el mismo de esa empresa.

Además el de la academia mencionada anteriormente, por lo que no ha sido posible conocer su paradero.

El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, le puso más gasolina a la candela para que se avivara y profundizara las turbulencias políticas y sociales en ese país.

Según expertos que hablaron a la BBC Mundo, el magnicidio es el último hito de un país desestabilizado por una profunda crisis, donde la “hegemonía del crimen” es el pan nuestro de cada día.

Un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), explica que sólo en junio en la capital haitiana, “asesinaron a más de 150 personas, entre ellos 30 policías”.

Además, “200 personas las han secuestrado sólo en la zona metropolitana de Puerto Príncipe”.  

Con el incremento de la delincuencia, la concatenación de desastres naturales que por más de una década tienen al pueblo haitiano sumido en la miseria, el hambre y las enfermedades, se podía prever que criminales internos se atrevieran a un hecho de esta magnitud.

Pero las primeras investigaciones han sorprendido al mundo entero. El asesinato lo perpetraron exmilitares colombianos, uno de ellos el mejor preparado en las fuerzas élites del Ejército de Colombia.

Para el exembajador de Venezuela en la ONU, Milos Alcalay, “es terrible” la forma como se ejecutó el magnicidio. Considera “muy grave” para el continente americano que quienes perpetraran este atroz crimen sea en su mayoría colombianos.

Esto pone a la diplomacia del hermano país en un terreno minado que tiene al gobierno colombiano moviendo a los mejores equipos de investigación para esclarecer esta situación.

El presidente colombiano, Iván Duque, se comunicó con el primer ministro haitiano, Claude Joseph, y le ofreció «toda la colaboración», incluyendo una misión de inteligencia en Haití, para dar con «los autores materiales e intelectuales del asesinato».

Jovenel Moïse recibió 12 impactos de bala la madrugada del 7 de julio, cuando un grupo armado irrumpió en su residencia en Puerto Príncipe. Su esposa Martine Moïse está herida de gravedad.

“Esta mañana mismo, a la una de la mañana, 7 de julio, un grupo de personas no identificadas, que hablaban en español e inglés, asesinaron al presidente de la República. El presidente ha muerto a causa de sus heridas”, dijo el primer ministro Joseph en un comunicado.

Medios locales daban por muerta a la primera dama, pero horas después el embajador de Haití en República Dominicana informó que Martine la trasladaron en una aeronave a un hospital en Miami, Estados Unidos.

La hija de la pareja estaba en la misma estancia que sus padres en el momento del ataque. Pero consiguió esconderse en la habitación de su hermano, quien también resultó ileso.

El diario “Le Nouvelliste” publicó las declaraciones del  juez Carl Henry Destin, quien confirmó que el cadáver de Moïse “tenía doce orificios”. Los mismos corresponden a “armas de gran calibre y también de 9 milímetros”, explicó.

“Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera, uno en el abdomen”, relató el juez de paz.

La policía haitiana informó que el grupo que perpetró el magnicidio está conformado por 28 hombres, entre ellos 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, reseño la agencia AFP. 

Un total de 19 personas, entre ellas 17 colombianos y dos estadounidenses, han sido arrestadas por su implicación en el asesinato.

De los 17 colombianos, la policía haitiana ultimó a dos de ellos, tras un operativo que inició horas después de conocerse la muerte del presidente del país más pobre del continente americano.

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Taiwán informó el viernes que 11 presuntos miembros del comando irrumpieron en su embajada en Puerto Príncipe en un intento de huir, pero fueron detenidos por la policía.

Los últimos dos colombianos arrestados, según la agencia EFE, los capturaron personas en Puerto Príncipe y se los entregaron a la Policía en la comisaría de Pétion-Ville, en la capital haitiana.

En un comunicado, las autoridades de Haití publicaron la lista de los 19 colombianos detenidos.

Entre ellos Germán Alejandro Ribera García, John Jader Andela, Neil Cáceres Durán, Alex Miyer Lástima, Carlos Giovani Guerrero Torres, Ángel Mario Yacce Sierra, Jheyner Alberto Carmona Flórez.

También están, Francisco Eladio Uribe Ochoa, Nacer Franco Castañeda, Enalder Vargas Gómez, John Jairo Suárez Alegría, Alejandro Zapata Giraldo y John Jairo Gómez Ramírez.

Además, Víctor Albeiro Pineda Cardona, Manuel Antonio Grosso Guarín, Juan Carlos Yepes Clabijo, Edwin Blaunicet, James Solages y Joseph Vincent.

Las autoridades haitianas todavía buscan a seis supuestos integrantes del comando, compuesto por 28 personas, y que están en paradero desconocido.

En el documento que fue difundido en los medios locales, la Policía pidió la colaboración de la población para capturar a los seis fugitivos y entregarlos a la justicia.

«La colaboración de la población es de suma importancia en la localización de estos matones para que la Policía Nacional pueda tenerlos bajo su control y remitirlos a un tribunal competente para responder por sus actos», afirma la nota.

La tarde de este jueves salió a la luz pública el nombre de Manuel Antonio Grosso Guarín, quien según investigaciones del diario El Tiempo es uno de los «militares mejor preparados del ejército colombiano».

Presumen es el cabecilla de este grupo de 26 colombianos que perpetró el crimen. Salió de Bogotá el 4 de junio hacia República Dominicana junto a otros tres exmiembros del ejército.

Según información suministrada por AFP, Grosso Guarin, estuvo en el ejército colombiano hasta el 2019, no se conoce si renunció o fue expulsado.

El informe que detalla el diario El Tiempo dice que este ex militar recibió «entrenamiento del comando especial, con instructores estadounidenses. Y, en 2013, estaba asignado al Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas”.

Grosso Guarin estuvo de turismo en Punta Cana, incluso en su Facebook publicó fotos en Faro Colón y el 6 de junio junto a otros tres exmilitares cruzó la frontera con Haití.

El gobierno de Colombia en rueda de prensa presentó avances de la investigación que se realiza a los exmilitares colombianos involucrados en el magnicidio.

Según explicó el Director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas Valencia, en dos vuelos salieron los exmilitares colombianos.

Asimismo, indico que las labores de inteligencia para perpetrar el magnicidio duraron 32 días y que las aerolíneas involucradas en los traslados están siendo investigadas.

#9Jul ?¡Colombia ofrece detalles del MAGNICIDIO!Revelan nombres de militares colombianos retirados implicados en crimen de Moise en HaitíDe acuerdo con Interpol Colombia, estas personas fueron capturadas en Haití tras el asesinato del mandatarioReporta Liz Castrellón ? pic.twitter.com/r9JdrOnBEy

Los exmilitares Alejandro Rivera García y Duberney Capador Giraldo, viajaron en Copa Airlines a Panamá y luego a República Dominicana el 6 de mayo.

El 10 mayo, asegura, estos exmilitares salieron de Santo Domingo a Puerto Príncipe.

Por Avianca a Punta Cana el 4 de junio salieron, Víctor Alberto Pineda, Manuel Antonio Grosso Guarin, Jhon Jairo Ramírez, Jhon Jairo Suarez y Germán Alejandro Rivera García.

También salieron, Maiger Franco Castañeda, Ángel Mario Yarce Sierra, Carlos Giovanny Guerrero, Francisco Eladio Uribe Ochoa y Alejandro Giraldo Zapata.

El 6 de junio estos últimos salieron de República Dominicana a Haití por el puesto fronterizo Carrizal, ubicado en Elías Piña.

Expertos aseguran que la participación de mercenarios colombianos en el magnicidio puso en evidencia “un lucrativo mercado transnacional”.

El investigador de fenómenos criminales de la Universidad de Illinois en Chicago, Jorge Mantilla, dijo a la AFP que en términos de guerra irregular, «el soldado colombiano está capacitado, tiene experiencia en combate y además es una mano de obra barata».

El coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), en entrevista con W Radio, aseguró que miles de soldados se retiran por falta de posibilidades de ascenso, fallas de conducta o porque cumplen 20 años de servicio.

#7Jul #ImpactoVenezuela ?ÚltimoMinuto Fue asesinado en su casa el Presidente de Haití Juvenel Moïse. Su esposa también recibió un impacto de bala y está siendo atendida por el grupo de médicos. Noticia en desarrollo @ImpactoVE ? pic.twitter.com/s24iDZ1znT

“Cada año salen de nuestras filas del ejército entre 15.000 y 10.000 soldados (…) es un universo humano muy difícil de controlar».

Reiteró que en las Fuerzas Militares de Colombia, donde hay aproximadamente 220.000 uniformados, muchos se retiran jóvenes y con pensiones bajas.  

“Eso los hace presa de oportunidades económicas mejores», dijo el oficial en retiro.

Para Marulanda lo ocurrido en Haití es un «caso típico de reclutamiento» de exmilitares colombianos por parte de empresas privadas para adelantar operaciones en otros países.

Las autoridades colombianas también informaron la mañana del viernes en rueda de prensa que habría cuatro compañías involucradas en el asesinato.

La pareja de Francisco Eladio Uribe, uno de los colombianos capturados, aseguró que una empresa le hizo a su esposo una oferta de 2.700 dólares por unirse al comando.

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Uribe se retiró del ejército en 2019 y se encuentra vinculado a un proceso judicial por el escándalo conocido como «falsos positivos».

Este escándalo es el de los militares que ejecutaron a más de 6.000 civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar como bajas en combate a cambio de beneficios.

El medio colombiano BluRadio publicó unos audios que evidencian cómo se llevó a cabo el proceso de reclutamiento.

Los audios son presuntamente de un hombre, también militar retirado, que habrían reclutado para la misión en Haití y que no pudo viajar porque dio positivo a coronavirus

Explica que los militares, cuando los fueron a contratar, el único requisito que le exigían era el pasaporte.

Pero aclara que en ningún momento les habrían dicho que misión iban a realizar en Haití.

“Me llamaron y a gente que estuvieran en la Agrupación de Lanceros y en las unidades especiales. (…) No pidieron nada, solo que llevaran el pasaporte, (…) y que la misión allá la decían. (…) Gracias a Dios me enfermé, sino hubiera arrancado para allá”, dijo el exmilitar.

Otra versión toma fuerza en el país caribeño de 11,2 millones de habitantes, la del golpe de Estado.

Un senador colombiano dijo a los medios locales que para él los colombianos no asesinaron al presidente de Haití, sino que lo hizo la misma seguridad del mandatario asesinado.

Esta versión asegura  que los militares colombianos fueron contratados para ayudar en la lucha contras las bandas criminales en los barrios populares de ese país.

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Lo cual no es descabellado, pues el informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos en Haití dice que “más de 17.000 personas han tenido que ser desplazadas desde el comienzo de junio por los enfrentamientos en barrios como Martissant y Delmas, en la entrada sur de la capital.

Lo cierto es que esta otra hipótesis que se maneja es que los colombianos llegaron a la casa de Jovenel Moïse poco después de que fuera asesinado, y lo que hicieron fue ayudar a rescatar a la primera dama y a los hijos.

El exembajador Milos Alcalay considera que Naciones Unidas debe intervenir inmediatamente para evitar el caos en Haití, asediado por las bandas criminales que siembran el terror, asesinatos, secuestros y violaciones en Puerto Príncipe.

“Lo más importante es este momento es tratar de darle seguridad a los haitianos, no sólo por la angustia que genera que el presidente lo asesinaron, sino que Naciones Unidas trate de coadyuvar y trabajar para encontrarle solución a los diversos problemas políticos, sociales y económicos del país”, dijo en entrevista a Impacto Venezuela.

??Supuesto audio del tiroteo en la residencia del Presidente de Haití Jovenel Moise.Vía @niporwifi pic.twitter.com/Fk9BQyXxXl

Dos días después del asesinato del presidente Moïse, Haití pidió a Estados Unidos y la ONU el envío de tropas para proteger sus puertos, aeropuerto y otros sitios estratégicos.

«Pensamos que los mercenarios podrían destruir alguna infraestructura para crear caos en el país», dijo a la AFP el ministro de elecciones, Mathias Pierre.

«Durante una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos y la ONU hicimos esta solicitud», agregó.

El Departamento de Estado y el Pentágono confirmaron haber recibido una solicitud de «asistencia de seguridad e investigación» y dijeron estar en contacto con Puerto Príncipe, pero no especificaron si se desplegarían tropas militares.