El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en las elecciones de finales de año para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Boric, que dejará el poder el próximo 11 de marzo, indicó que la que fuera la primera mujer en la historia en llegar a la presidencia chilena ya cuenta con el apoyo de México y Brasil, «los dos países más poblados de América Latina».

 «Esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo», aseguró el mandatario desde el palacio La Moneda, junto a la exmandataria socialista, de 74 años.

El sistema internacional, agregó Boric, «puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global».

🗣️ BACHELET CANDIDATA A LA ONUEl presidente chileno, @GabrielBoric, anunció la candidatura oficial de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, que será presentada junto a los países aliados Brasil y México, en un esfuerzo por reforzar su respaldo regional pic.twitter.com/vnrF9SeQaI

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🔴 AHORA | Presidente Boric anuncia la candidatura oficial de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU: "La candidatura será presentada con los países hermanos de Brasil y México" » https://t.co/MY5Y5WxPmj pic.twitter.com/UkIoBKPjkH

La elección para reemplazar a partir del 1 de enero de 2027 al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, tendrá lugar a finales del próximo año y se prevé disputada, con varios nombres que surgen desde Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Además de Bachelet, desde la región anunciaron su candidatura la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; o el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

Exdirectora de ONU Mujeres y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su candidatura está «respaldada por una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo», apuntó Boric, sobre quien fue también la primera mujer en la historia chilena en ocupar los cargos de ministra de Salud y de Defensa.

«Cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas, en un momento en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida», agregó el mandatario.

Bachelet, por su parte, declaró que el apoyo de tres países a una candidatura común «es una señal de la importancia que tiene la organización para América Latina».

«Para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común en un contexto de crisis, múltiples conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas debe renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados», añadió.

Según el artículo 97 de la Carta de Naciones Unidas, el secretario general es nombrado por la Asamblea General, por recomendación del Consejo de Seguridad, un cargo que hasta ahora no ha sido liderado por ninguna mujer.

Por el momento, se desconoce si el próximo presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, que asume el poder el 11 de marzo, apoyará la candidatura de Bachelet.

Chile nominará a la expresidenta Michelle Bachelet al puesto de secretaria general de las Naciones Unidas, anunció el martes el presidente chileno, Gabriel Boric.

Bachelet será la candidata de Chile para reemplazar al portugués Antonio Guterres, dijo Boric durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Michelle Bachelet, de 73 años y pediatra de profesión, ha hecho historia en Chile, siendo la única mujer en llegar a la presidencia en dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018). Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

"Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran a esta organización", agregó Boric durante su intervención, en el que estuvo acompañado por Bachelet.

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El nombre de la chilena suena habitualmente entre los posibles candidatos a la secretaría general de la ONU, junto con el de la mexicana Alicia Bárcena, excanciller de México y ex secretaria general de la Cepal.

"Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza. La experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer", aseguró el presidente chileno.

Militante del Partido Socialista chileno, Bachelet había deslizado una posible candidatura en marzo pasado.

Guterres, de 75 años, concluye su segundo periodo como secretario general al frente de Naciones Unidas el 31 de diciembre de 2026.

Desde su fundación en 1945, la ONU nunca ha tenido una mujer al mando y solo un latinoamericano, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

Con información de AFP

Con una votación de 19 países a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobó por dos años más la continuidad de la Misión de Determinación de Hechos, que investiga la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El Consejo se reunió la mañana de este viernes #7Oct para decidir si era necesario que la misión continuara con las averiguaciones sobre las supuestas violaciones de los derechos fundamentales en el país, después de que hiciera un informe completo, en donde estableció responsabilidades directas hacia la administración de Nicolás Maduro, sobre todo hacia sus organismos de inteligencia.

#LOÚLTIMO Con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, el Consejo de DDHH aprobó renovar por dos años más la Misión de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela Vía @monitoreamos@ImpactoVE ?pic.twitter.com/mzxrTYT3pz

Trascendió que entre los países que votaron en contra de la continuidad de la misión son, además de Venezuela, China, Cuba y Eritrea.

La abstención es un número considerable en dicha votación. sobre todo porque muchos de los países que cambiaron su posición política, y por ende, su opinión sobre la misión de derechos humanos, prefirieron finalmente abstenerse.

Por ejemplo, los gobiernos de izquierda de México y Argentina, así como Honduras prefirieron abstenerse.

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Los países que votaron a favor de la permanencia de la misión fueron: Brasil, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Japón, Lituana, Luxemburgo, Malaui, Islas Marshall, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.

Dentro de la aprobación que renovara la ONU también resaltan, además de los dos años de prolongación, el que la administración de Nicolás Maduro coopere «plenamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la misión internacional independiente de determinación de los hechos».

Además, pide que se les permita «acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, también a las víctimas y los lugares de reclusión».

Vale recordar que esta misión seguirá las averiguaciones llevadas a cabo por la gerencia de Michelle Bachelet, quien señaló de manera directa a Maduro y su Gobierno.

Posteriormente, en un segundo informe de la misma oficina, se determinó que la administración de Nicolás Maduro habría utilizado a los organismos de inteligencia para torturar, detener y hostigar a la disidencia política.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, nominó al austríaco Volker Türk en el cargo de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según un documento enviado a la Asamblea General.

Guterres señaló a los Estados miembros de la ONU que desea que Türk desempeñe ese cargo para reemplazar a la chilena Michelle Bachelet, que dejó el cargo el 31 de agosto. Actualmente, ejerce como secretario general adjunto.

«El secretario general propone nombrar a Volker Türk (Austria) como Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos», escribió Guterres a la Asamblea General, en una carta que AFP consultó el jueves. «El secretario general confía en que la Asamblea aprueba su nombramiento».

Se espera que la asamblea general de la ONU aborde esta cuestión en una reunión,e ste mismo jueves o viernes, según las fuentes entrevistadas.

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Türk, de 57 años, trabaja en las Naciones Unidas desde hace más de treinta años y colaboró estrechamente con Guterres cuando ocupaba el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

«En mis 30 años de trabajo con refugiados en ACNUR, he visto una y otra vez las consecuencias de los discursos de odio y su impacto deshumanizador en las personas», dijo en Twitter en julio, durante la campaña «No al odio» de la ONU.

La elección de Guterres de un diplomática desconocido por el público en general contrasta con su elección hace cuatro años de nombrar a la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, para este delicado puesto.

«En todos los nombramientos anteriores, el candidato recomendado por el secretario general fue aprobado por consenso», destacó la organización International Service for Human Rights (ISHR) en un comunicado.

Si es nombrado, Türk encontrará una mesa de trabajo bien cargada. Bachelet decidió hacer público, unos minutos antes del final de su mandato, un informe largamente esperado sobre posibles crímenes de lesa humanidad en la provincia china de Xinjiang, cuyo delicado seguimiento corresponderá a su sucesor.

Criticado duramente por China, que ejerció una presión muy fuerte y realizó una campaña para impedir su publicación, este documento de 48 páginas fue elogiado por muchos países occidentales que lo consideran una base sólida para denunciar los abusos cometidos por las autoridades chinas.

En este informe, la ONU hace referencia a posibles «crímenes contra la humanidad» y menciona «pruebas creíbles» de torturas y violencias sexuales contra la minoría uigur y llama a la comunidad internacional a actuar.

Aunque no revela nada nuevo sobre la situación en Xinjiang, da el visto bueno de la ONU a las acusaciones que desde hace tiempo se hacen a las autoridades chinas.

Sin embargo, no se utiliza la palabra «genocidio», que fue utilizada en enero de 2021 por Estados Unidos y posteriormente adoptada por los diputados de otros países occidentales.

Las organizaciones de derechos humanos pidieron al próximo jefe de derechos humanos de la ONU que sea valiente a la hora de denunciar las violaciones, incluso en los países más poderosos.

«Lo que está en juego nunca ha sido tan importante», afirma Sarah Brookes, directora de programas del SIDH, en un comunicado. Esta ONG y otras organizaciones han sido muy críticas con la opacidad del proceso de nombramiento.

Fuentes diplomáticas en Ginebra, donde tiene su sede la oficina de derechos humanos de la ONU, también criticaron una falta de transparencia. «Este ha sido un proceso notablemente turbio», dijo un diplomático occidental.

«El secretario general ha perdido una oportunidad clave para construir la legitimidad y la autoridad del próximo alto comisionado», comentó el director ejecutivo de ISHR, Phil Lynch, asegurando, sin embargo, que su organización y otras «tratarán de trabajar estrechamente y en colaboración con el próximo alto comisionado para proteger los derechos humanos».

La ONU publicó a última hora del miércoles un demoledor informe sobre los graves abusos de derechos humanos en la región china de Xinjiang, en el cual advirtió de posibles «crímenes contra la humanidad» y denuncias creíbles de torturas.

El documento fue divulgado en Ginebra a las 11 y 43 de la noche del 31 de agosto, 13 minutos antes de la conclusión del período de cuatro años de la expresidenta chilena Michelle Bachelet como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), reseñó la agencia AFP.

Bachelet estaba decidida a divulgar el informe pese a la intensa presión de Pekín.

«El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes (…) puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad», afirma el informe en sus conclusiones.

Advierte que «se han cometido serios abusos de derechos humanos en XUAR (Región Autónoma Uigur en Xinjiang) en el contexto de la aplicación de estrategias gubernamentales de contraterrorismo y contraextremismo».

Cita en particular la preocupación por el tratamiento de personas detenidas en los llamados «Centros de Educación y Entrenamiento Vocacional» (VETC) de China.

«Denuncias de patrones de tortura o maltrato, incluyendo tratamientos médicos forzados y condiciones de detención adversas, son creíbles, como lo son las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género», indica el informe.

El organismo de derechos humanos de la ONU no precisó cuántas personas fueron afectadas por los VETC pero destacó que el sistema operó a «gran escala» en toda la región.

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Bachelet, dos veces presidenta de Chile, señaló en un mensaje de correo electrónico enviado a la AFP que «yo dije que lo publicaría antes del fin de mi mandato y lo hice».

«Los temas son serios y los discutí con altas autoridades nacionales y regionales» de China, aseguró.

Bachelet insistió en que el diálogo con Pekín no significó «aprobar, pasar por alto o hacer la vista gorda» a los hechos en Xinjiang.

China ha sido acusada por años de detener a más de un millón de uigures y otras minorías musulmanas en la remota región occidental de Xinjiang.

Activistas han señalado a China por numerosos abusos que Pekín ha refutado con vehemencia, insistiendo en que se trata de centros de entrenamiento vocacional en Xinjiang para contrarrestar el extremismo.

El informe urge a Pekín, la ONU y al mundo a poner atención a la situación descrita en Xinjiang.

«La situación de derechos humanos en XUAR requiere también atención urgente del gobierno, los órganos intergubernamentales de la ONU y el sistema de derechos humanos, así como la comunidad internacional en general», agrega.

Pero el documento de 49 páginas no hace referencia al genocidio, una de las principales denuncias de los críticos de Pekín, incluyendo Washington.

La misión china en Ginebra fustigó el informe y defendió su rechazo a su divulgación.

«Basado en la desinformación y mentiras inventadas por las fuerzas anti China y por presunción de culpabilidad, la llamada ‘evaluación’ distorsiona las leyes y políticas de China, difama y calumnia sin sentido a China e interfiere en asuntos internos de China», reclamó la misión.

«Gente de todos los grupos étnicos de Xinjiang llevan una vida feliz en paz y contenta. Es la mayor protección de los derechos y la mejor práctica de derechos humanos», insistió.

Organizaciones no gubernamentales y activistas afirmaron que el informe debe servir como plataforma para futuras acciones en la región.

La directora de Human Rights Watch para China, Sophie Richardson, consideró que las conclusiones «condenatorias» de los amplios abusos de derechos humanos muestran por qué Pekín «luchó con uñas y dientes» para impedir su publicación.

Indicó que el organismo de derechos humanos de la ONU debe investigar los supuestos crímenes chinos contra la humanidad y «hacer que los responsables rindan cuenta».

Por su parte, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, apuntó que el documento «deja al descubierto la escala y severidad de los abusos de derechos humanos que ocurren en Xinjiang».

Urgió a China a «liberar de inmediato a todos los individuos» detenidos arbitrariamente en campamentos, «terminar la persecución» de minorías y permitir el ingreso libre de investigadores.

«Esto cambia la respuesta internacional a la crisis uigur», expresó el director ejecutivo del Proyecto de Derechos Humanos uigur, Omer Kanat.

«A pesar de las enérgicas negaciones del gobierno chino, la ONU ha reconocido ahora oficialmente que se están produciendo crímenes horribles», agregó.

El presidente del Congreso Mundial Uigur, Dolkun Isa, consideró que el informe prepara el terreno para una «acción significativa y tangible» por parte de países, empresas y la ONU. «La rendición de cuentas empieza ahora».

A tan solo horas de entregar el cargo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, entregó su último informe sobre violación de Derechosa Humanos, en donde acusa formalmente a China.

Desde hace días el gobierno de China ha manifestado su preocupación ante dicho informe, ya que consideran que sobre el mismo habría varias incongruencias y esto podría poner en jaque las relaciones de China con occidente.

El informe en específico habla sobre la región autónoma Uigur de Xinjiang en China. Allí, el gobierno chino habría cometido delitos de Lesa Humanidad, al discriminar y detener a dirigentes regionales, que en su mayoría son musulmanes.

«La evaluación se inició luego de graves denuncias de violaciones de derechos humanos contra los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas que se señalaron a la atención de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y los mecanismos de derechos humanos desde fines de 2017, particularmente, en el contexto de las políticas y medidas del gobierno chino para combatir terrorismo y extremismo», dice parte del comunicado de prensa de la ONU.

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Durante su intervención, la alta comisionada dijo que «el alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes (…) puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad», manifestó Bachelet.

Según el comunicado de la ONU, hubo diversas entrevistas, evaluaciones y pruebas fílmicas, así como fotografías, que fueron evaluadas por los expertos de la ONU.

Además, se hizo una evaluación minuciosa sobre las leyes internacionales y del propio país, que permiten cotejar el nivel de las acusaciones sobre el trato a las minorías y los defensores de derechos humanos sometidos por el gobierno chino.

«La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está lista para ayudar a China a abordar los problemas y las recomendaciones articuladas en la evaluación», dice parte del comunicado.

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, concluye su mandato el 31 de agosto y este jueves, durante una rueda de prensa, donde presentó el balance de su gestión, se refirió expresamente a la situación de Venezuela.

En este contexto, anunció que llamará a Nicolás Maduro, para recordarle las promesas que no cumplió, en relación con los informes emitidos sobre el país y sus recomendaciones.

«Tengo la intención de tener una nueva conversación con el presidente Maduro antes de dejar el cargo, probablemente la próxima semana, porque no quiero que las conversaciones y las promesas se olviden. Siempre que hablo con él, le doy un largo listado de temas en los que consideramos que se debe trabajar mucho más», dijo la alta comisionada.

Recordó sus conversaciones con las víctimas de violaciones de DD.HH, en el país, durante sus visitas. «Compartí el dolor de un padre en Venezuela que me enseñó las medallas deportivas que su hijo adolescente había ganado, antes de que lo mataran durante las protestas de 2017″l, lamentó.

Sin embargo, aclaró que durante su gestión y ante los problemas con los Derechos Humanos en el país, ha habido algunos avances.

«Lo que hemos logrado es construir cooperación y confianza con autoridades, sociedad civil y víctimas en los últimos tres años. No teníamos nada, estábamos fuera de Venezuela y ahora podemos tener ahí 16 oficiales de derechos humanos y personas», resumió, según una reseña de la agencia Efe.

Los representantes de la oficina de Bachelet en Caracas trabajan con víctimas de violaciones de derechos humanos y han podido visitar cárceles donde se encuentran prisioneros políticos, aunque las visitas se suspendieron, por la pandemia de COVID-19. Se desconoce si estos enviados especiales han seguido con esas visitas.

Por otra parte, la expresidenta chilena, insistió en que el oficialismo y la oposición hagan todos los esfuerzos por retomar el diálogo.

«Es muy importante que prosigan las conversaciones de la oposición y el gobierno», afirmó Bachelet en su rueda de prensa de despedida, pocos días antes de dejar su cargo el 31 de agosto.

«Espero que se reanuden para que haya algunos acuerdos y que así las próximas elecciones se celebren de manera transparente y justa. De esa forma todos sentirán que los resultados realmente representan lo que el pueblo venezolano quiere», añadió.

En junio de este año, decenas de ONG recordaron las 43 recomendaciones que la oficina de Bachelet hizo a Nicolás Maduro, en materia de respeto a los DD.HH, entre el 2019 y el 2021.

Desde ese año, siguiendo las recomendaciones de la ACNUDH, el Estado venezolano debía: «Poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, detener y prevenir el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, garantizar los derechos a la alimentación, el agua, el saneamiento, la salud, la seguridad y la dignidad de todas las personas privadas de libertad».

Las organizaciones denuncian que «lamentablemente, ninguna de esas recomendaciones se ha cumplido».

En sus informes, la funcionaria hizo énfasis en la «independencia del Poder Judicial», como elemento indispensable para reducir las violaciones a los DD.HH. y garantizar que cese la impunidad.

Por ello, recomendó: «Llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos.Garantizar el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, y adoptar medidas efectivas para restablecer la independencia e imparcialidad del sistema judicial, la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo».

A ello se suma «establecer un mecanismo independiente, imparcial y transparente para aumentar el número de jueces y fiscales titulares por medio de un proceso público transparente».

No obstante, «la independencia e imparcialidad de jueces y fiscales continúa seriamente deteriorada», aseguran las ONG.

Asimismo, el Estado debía «adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud». Además de «garantizar ingresos suficientes para los trabajadores públicos».

«Desafortunadamente, la totalidad de dichas recomendaciones continúan sin ser implementadas, lo que ha mantenido una situación crítica en ese ámbito, al punto que, a la fecha, la gravedad de los indicadores de la Emergencia Humanitaria Compleja no se ha disipado».

Las organizaciones y activistas por los DD.HH. enfatizan que «entre 2019 y 2021 la ACNUDH emitió un total de 43 recomendaciones. Lamentablemente, el Estado venezolano no ha dado cumplimiento integral a ninguna de ellas, mostrando en un total de 33 recomendaciones un franco retroceso».

En este sentido, destacan «las detenciones arbitrarias y la separación de poderes. El margen de tolerancia al incumplimiento del Estado dado por la ACNUDH ha debilitado sus recomendaciones y la ha llevado a replantearse en términos menos contundentes».

Para las ONG, «el incumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades gubernamentales ratifica la necesidad de contar con otros mecanismos complementarios para el establecimiento de responsabilidades, pudiendo ser la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos uno de ellos».

?@MBachelet recalls how deeply the world has changed in 4 years:?Profound impact of COVID-19?Climate change?Reverberating shocks of food-fuel-finance crisis following #UkraineWar? Polarization within & among States? Protests to #FightRacism ? https://t.co/G8iIuaz7s2 pic.twitter.com/l9qOse5lOU

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, la emprendió nuevamente contra Michelle Bachelet, alta comisionada para los DD.HH. de la ONU y aseguró que la funcionaria tiene una «fijación» con Venezuela.

«Es obsesivo, es una fijación que tiene con Venezuela. Claro, esto son órdenes de por medio», dijo Cabello, horas después de que Bachelet emitiera su mensaje en el Consejo de DD.HH. de la ONU, donde volvió a manifestar su preocupación sobre Venezuela.

«El mes de agosto va a ser bueno, se va mucha gente que odia a Venezuela, que odia a los venezolanos, que le tiene una gran envidia a Venezuela», prosiguió Cabello, en alusión a que Bachelet abandonará su cargo el 31 de ese mes.

Recriminó que la expresidenta chilena guarde silencio sobre otros casos como el asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh.

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También la acusa de no decir nada acerca del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien podría ser extraditado a EE.UU. donde es acusado de espionaje.

«Señora Bachelet, diga algo por favor», instó Cabello, en su programa Con el mazo dando.

«¿Por qué Bachelet no toma el caso de Julián Assange, no ha dicho nada; por qué no habla de la periodista que asesinaron en Israel? Es obsesivo, es una fijación que tiene con Venezuela», agregó.

«De la señora Bachelet no nos extraña nada, aquí hay gente que habla de la dictadura y tienen como 20 micrófonos al frente. El tema de la libertad de expresión no es de los medios, sino del pueblo», expresó.

Cabello cuestionó que Leopoldo López, fundador de VP, evada su responsabilidad con el caso de Monómeros.

«¿Cómo va a decir Leopoldo López de que no tiene nada que ver con Monómeros?», interrogó y señaló que «Leopoldo López es un descarado», dijo.

«Debería decir la verdad, aunque fuera una vez en su vida. Debería amarrarse los pantalones para decir la verdad, pero para hacerlo hay que ser hombre y tener un nivel de valentía que no tiene. Para todo tiene un excusa y culpa a los demás», sostuvo.

Agregó que López «culpa de la administración de Monómeros a un partido, del cual no dio nombre, pero lo cierto es que quien lo administró fue la pillería».

En este sentido advirtió que «esa plata es de los venezolanos, pero se la robó la oposición y de seguro pagarán algún día»

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, piensa que la situación de Venezuela sigue siendo preocupante, a pesar de que su oficina ha detectado algunos cambios que podrían ser favorables.

Asimismo, Bachelet aseguró que su oficina colaborará con la Corte Penal Internacional en su investigación sobre Venezuela.

«También observo que el fiscal de la CPI anunció un acuerdo para establecer una oficina en Caracas. Estamos dispuestos a apoyar los esfuerzos para promover la rendición de cuentas por violaciones de DD.HH.», enfatizó.

La alta funcionaria destacó que siguen estando presentes las violaciones a los DD.HH, restricciones a la libertad de expresión y acoso a los medios, así como las limitaciones a los espacios de expresión de la sociedad venezolana.

Durante el 50º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet reportó el bloqueo de 24 sitios web de medios de comunicación independientes y seis suspensiones de estaciones de radio, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel.

Alertó sobre «la violación del derecho a la libertad y de expresión y de opinión que afecta a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Venezuela».

Habló del bloque en general de 41 sitios de Internet, incluidos medios de comunicación independientes, ONG y páginas web relacionadas con las herramientas de protección de la privacidad, por parte de proveedores de Internet estatales y privados.

Bachelet mencionó 34 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios en Venezuela.

Dijo que sigue preocupada por las restricciones al espacio cívico. “Mi equipo documentó 166 restricciones indebidas al espacio cívico. La desacreditación por medios institucionales continúa”, lamentó.

También le preocupa el uso de la Ley Antiterrorista y Delincuencia Organizada contra el trabajo de defensores de derechos humanos en Venezuela. “Estas prácticas deben cesar”, instó.

Igualmente, hizo un llamado a la administración de Nicolás Maduro a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente: «En especial quienes han cumplido condena o se les ha concedido boleta de excarcelación».

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Bachelet recordó que «han pasado tres años desde mi visita a Caracas. Quiero reconocer avances en la implementación de recomendaciones formuladas por mi oficina, como la reforma relacionada con la policía y la detención».

En este sentido dijo: «Quiero alentar a las autoridades a que tomen más medidas para promover cambios estructurales y a largo plazo en el país. Llamo para que las iniciativas legislativas se acompañen de consultas genuinas».

Asimismo, tomó «nota de la disolución de las FAES, de la PNB, en línea con mis recomendaciones anteriores. Esta restructuración es una oportunidad para instalar cambios adicionales y duraderos».

Pero, dijo que su «oficina documentó menos muertes en el contexto de las operaciones de seguridad que en años anteriores. Aun así, una muerte siempre es demasiado», resaltó.

«También tomo nota de las condenas de miembros de las fuerzas de Defensa y Seguridad en siete casos de muertes en protestas que ocurrieron en 2017, y quiero alentar a que se haga más», aseveró.

«En el caso del exconcejal Fernando Albán, dos agentes del Sebin fueron beneficiados con reducción de pena. Familiares de la víctima denunciaron que la investigación pasó por alto posibles signos de torturas», manifestó.

La expresidenta de Chile también se refirió a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia.

«Sobre la reforma del TSJ, noto la preocupación respecto a la reelección de magistrados, que podría contradecir las limitaciones constitucionales sobre el período único de 12 años, así como de vínculos políticos», dijo.

Considera que «es importante fortalecer la separación de Poderes. Exhorto a las autoridades aumentar el nombramiento de una proporción más amplia de jueces titulares mediante un proceso público y transparente».

#29JunMichelle Bachelet sobre informe Venezuela: "Han pasado tres años desde mi visita a Caracas. Quiero reconocer avances en la implementación de recomendaciones formuladas por mi oficina, como la reforma relacionada con la policía y la detención".@ImpactoVE ? pic.twitter.com/Q4M7pApzfo

A pesar de que hay un número considerable de averiguaciones ante la Corte Penal Internacional, la ONU y la OEA, sobre delitos de Lesa Humanidad, Diosdado Cabello considera que «es ridículo decir que en Venezuela hay violación de los Derechos Humanos».

Esta aseveración la hace el hombre fuerte del chavismo, durante su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, donde fue consultado sobre las recientes declaraciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien mostró preocupación reciente sobre los hechos de violencia en Venezuela.

«De la señora Bachellet no nos extraña nada, aquí hay gente que habla de «la dictadura» y tienen como 20 micrófonos al frente. El tema de la libertad de expresión no es de los medios, sino del pueblo», dice Cabello.

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«Queremos manifestar nuestra preocupación ante el silencio escandaloso de la OEA, de lo que queda del Grupo de Lima, de algunos Gobiernos que le encantan criticar, de la ONU, con su comisión de derechos humanos, del mundo entero, que hoy guardan silencio sobre lo que está ocurriendo en Ecuador y la masacre que están haciendo contra nuestros hermanos indígenas», dijo Cabello, quien asevera que en el caso de Ecuador se han cometido delitos más severos y hay un silencio de parte de dichos organismos».

Al primer vicepresidente del PSUV también le preguntaron sobre la supuesta ayuda que envía Estados Unidos a varios países para la manutención de los migrantes venezolanos.

Dice que han entrevistado a varios venezolanos y los mismos dicen no recibir ningún centavo. Según Cabello, ese dinero ha sido tomado por el actual presidente de Colombia, Iván Duque y los políticos venezolanos que según él están protegidos por el presidente saliente de Colombia.

Otro año que el Día del Periodista se celebra con cifras en rojo en Venezuela. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, denuncia que continúan los ataques a la libertad de expresión, el bloqueo de medios y la autocensura en Venezuela.

En su informe que presentará el próximo 29 de junio, Bachelet hablará de los casos que documentó la Oficina del Alto Comisionado donde da cuenta de 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación.

“El ACNUDH siguió documentando casos de violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión que afectan a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil”.

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El informe resalta la documentación que “hay 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación” y registra, además, relatos de autocensura por temor a represalias”.

Además, asegura que Bachelet está preocupada “por la estigmatización y criminalización de periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación que siguieron siendo desacreditados en los medios de comunicación institucionales”.

“Sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra el trabajo legítimo de los trabajadores de los medios de comunicación”, según el informe.

Entre las violaciones documentadas por el informe, destacan “11 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, incluidas tres mujeres, bajo restricciones judiciales, en algunos casos más allá de los límites legales”.

Reitera los 34 casos de ataques a periodistas y medios, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación.

Asimismo, el bloqueo de 41 sitios de Internet, incluidos medios de comunicación independientes, ONG y páginas web relacionadas con las herramientas de protección de la privacidad, por parte de proveedores de Internet estatales y privados.

Precisa que al menos hay la denuncia confirmada de una estación de radio cerrada y cuyo equipo fue confiscado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

También advierte de 6 suspensiones de estaciones de radio y de tres programas de radio críticos al gobierno.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció recientemente que no se presentará a un nuevo mandato, que asumió en 2018 y que concluirá en breve.

Por lo tanto, Michelle Bachelet deberá abandonar en septiembre el cargo que desempeña desde hace cuatro años.

Pero ya tiene listo un nuevo informe sobre Venezuela que será presentado por la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, donde se recoge que en el país se registraron nuevos casos de tortura.

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El nuevo documento recoge que desde 1 de mayo de 2021hasta el 30 de abril de 2022 siguen los casos de torturas y detenciones arbitrarias aunque asegura que existe una disminución en las ejecuciones extrajudiciales

Asimismo registran la detención de al menos 13 personas, incluidas dos mujeres durante operaciones de seguridad en Caracas, Táchira y Apure.

También están documentados 35 casos de violaciones de derechos a la libertad y que al menos 22 personas seguían con medidas coercitivas.

Asimismo, reiteran su preocupación por las condiciones de detención en el Sebin y la Dgcim.

El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo miércoles 29 de junio.

La salida de Bachelet de su puesto como Alta Comisionada obliga al secretario general de la ONU, António Guterres, a proponer a una persona como sustituta.

El nombramiento requiere del visto bueno de la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembro de Naciones Unidas.

La oficina, que echó a andar a mediados de los noventa, se rige por un criterio de reparto geográfico, y, al contrario que otros cargos de la ONU, ha tenido a lo largo de su historia más mujeres que hombres -cuatro frente a tres-.

Antes que Bachelet ejercieron como altos comisionados el jordano Zeid Raad al Hussein, la sudafricana Navy Pillay y la canadiense Louise Arbor, entre otros.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció el lunes en Ginebra que no se presentará para una segundo mandato.

«Como mi mandato de alta comisionada llega a su fin, esta 50ª sesión del Consejo será la última en la que me expreso», dijo la expresidenta chilena, de 70 años, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, reseñó AFP.

Bachelet no dijo nada más sobre las razones de su decisión. Hasta ahora, y teniendo en cuenta que su mandato acaba a finales de agosto, no habían trascendido sus intenciones.

El cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos está confrontado a fuertes presiones políticas por parte de muchos países de todo el mundo.

Aunque puede ser llevado a cabo durante dos mandatos, casi todos los predecesores de Bachelet evitaron quedarse más de un mandato.

Bachelet, la primera mujer presidenta de Chile, que durante la dictadura sufrió torturas, fue nombrada en el puesto por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en 2018.

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Recientemente, fue objeto de duras críticas por parte de Estados Unidos y de oenegés como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que la acusaban de haber mantenido una posición demasiado tolerante ante las violaciones de los derechos humanos en China.

Le reprochan no haber denunciado con más firmeza estos atropellos durante su visita al gigante asiático, la primera de un Alto Comisionado desde 2005.

También fue criticada por haber retrasado la publicación de un informe que documenta la situación de los derechos humanos en Xinjiang.

El lunes, Bachelet dijo que compartirá primero el informe con las autoridades chinas, como sucede con todos los países, antes de publicarlo.

Reiteró asimismo que, durante sus encuentros con los responsables chinos, también con el presidente Xi Jinping, habló de las violaciones de los derechos humanos.

«Siempre subrayé la importancia del diálogo en mis interacciones con todos los países miembros, incluso sobre las cuestiones más difíciles», añadió.

Bachelet anunció un acuerdo con China para mantener una reunión anual de alto nivel dedicada a los derechos humanos.

Nacida el 29 de septiembre de 1951 en Santiago, pasó su infancia en varias ciudades de Chile, donde su padre, piloto del ejército del aire, era destinado. En 1970, empezó a estudiar Medicina y entró en las Juventudes socialistas.

Vivió en carne propia el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y la cruenta dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). Su padre, Alberto Bachelet, murió en 1974 a causa de las torturas por mantenerse leal al gobierno del derrocado mandatario socialista Salvador Allende.

La muerte de su padre marcará para siempre la vida de Michelle, que siempre buscará estar a su altura.

En 1975, fue detenida junto a su madre por los servicios secretos. Fueron trasladadas al centro de Villa Grimaldi, un centro clandestino de torturas de Santiago.

Luego se exiliaron primero a Australia y después a la República Democrática Alemana, donde continuó sus estudios de Medicina. Regresó a Chile 1979, graduándose tres años después.

Esta pediatra de profesión, madre de tres hijos, fue presidenta de Chile en dos ocasiones.

Tras un primer mandato (2006-2010), que concluyó con niveles récord de popularidad, Bachelet no pudo presentarse inmediatamente, ya que la Constitución no permite ejercer dos veces consecutivas.

Fue nombrada entonces al frente del organismo ONU-Mujeres, en Nueva York, un cargo internacional desde el que propulsó el valor de las mujeres en política.

A finales de 2013, volvió a presentarse para dirigir su país y llevó a cabo un segundo mandato (2014-2018), durante el cual impulsó varias reformas progresistas, como la adopción del matrimonio entre personas del mismo sexo y la despenalización del aborto.

Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ve con buenos ojos la reanudación del diálogo entre el oficialismo y la oposición.

No obstante y, tomando en cuenta las anteriores experiencias, la funcionaria, pidió a las partes que terminen el proceso.

“Creemos que el diálogo político y la posición del gobierno es alentadora y me gustaría que todas las partes puedan terminar el diálogo y puedan terminar apoyando las iniciativas”, dijo.

Bachelet pronunció estas palabras en el Bloomberg New Economy Gateway Latin America realizado este miércoles.

Calificó de «positivas» las reformas hechas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la reforma de su ley orgánica y la reducción de 32 a 20 magistrados.

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También mencionó la reestructuración de varios organismos de la seguridad.

No obstante, recalcó en que este proceso se lleve a cabo de una manera «genuina y efectiva para poder abordar las violaciones» a los Derechos Humanos.

Ya en marzo parado, durante la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en la presentación de una ampliación oral del informe sobre Venezuela, Bachelet abogó por un diálogo inclusivo.

Dijo que las partes deben comprometerse con un diálogo inclusivo y hacer una revisión considerable del sistema judicial venezolano, porque a su juicio, hay diversas anomalías.

Específicamente sobre el diálogo dijo que tanto la administración de Nicolás Maduro, como la propia oposición, deben llegar a un entendimiento, en donde las conversaciones sean más incluyentes. Debe escuchar a todos los ámbitos de la sociedad venezolana.

«Estamos listos para brindar apoyo técnico y animo a la comunidad internacional a facilitar las condiciones conducentes a alcanzar e implementar acuerdos significativos», expresó la alta comisionada.

El pronunciamiento de Bachelet se produce luego que el ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aplaudió el retorno de las negociaciones.

Mediante su cuenta en Twitter, el canciller valoró como “muy positivo el anuncio de la reanudación del diálogo entre Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. México dispuesto y listo para recibirles y contribuir a que sean todo un éxito. Enhorabuena”.

Hasta el momento de desconoce lugar y fecha de la reanudación de las negociaciones. Fuentes de la oposición aseguran que este diálogo no necesariamente retornaría a México, sino que podría realizarse en Venezuela.

La Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, dijo este lunes que estaba «horrorizada» por las imágenes de cadáveres descubiertos Bucha, Ucrania, después del repliegue de las tropas rusas.

«Las informaciones que están saliendo de esta zona y de otras plantean preguntas graves y preocupantes sobre posibles crímenes de guerra e infracciones graves del derecho internacional humanitario así como atropellos graves a los derechos humanos», subrayó Bachelet en un comunicado.

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Asimismo, exigió que se «preserven todas las pruebas» de este abominable hecho, entre ellos la identificación de los cuerpos para avisar a los familiares y poner en marcha una investigación para determinar causas de las muertes.

Los cadáveres de civiles en Bucha, esparcidos por las calles, algunos con las manos atadas detrás de la espalda, provocaron una oleada de condenas, reseñó AFP.

Las autoridades ucranianas y sus aliados acusan a los soldados rusos de haber cometido atrocidades, pero Moscú niega estas acusaciones y sugiere una puesta en escena por parte de Kiev.

«Es vital llevar a cabo una investigación independiente y eficaz» sobre lo que ocurrió en Bucha para que se haga justicia y reparación hacia las víctimas y sus familias, subrayó la expresidenta de Chile.

Nicolás Maduro informó este lunes, que mantuvo una reunión por videoconferencia con la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.

Mediante su cuenta en Twitter, Maduro, detalló que revisaron varios temas; entre ellos, «la lucha contra el COVID-19».

También destacó que abordaron la «voluntad» de aumentar la asistencia técnica en «pro de garantizar la justicia y la paz».

Hasta el momento la alta comisionada no se ha pronunciado sobre la reunión que mantuvo con Maduro.

Recordemos que la última reunión, también virtual que se efectuó entre ambos fue el 3 de marzo del 2022; en la cual evaluaron la cooperación del país con la oficina que lidera la funcionaria. Así como el impacto de las sanciones económicas.

En ese momento, Jorge Arreaza, quien fungías como canciller de la administración de Maduro destacó que se trató de una “cordial reunión”

«Se conversó sobre el avance en la cooperación con su oficina, el impacto negativo de las sanciones y nuestra política para controlar la covid-19», dijo sin ofrecer más detalles.

Durante su visita de tres días a Venezuela en junio de 2019, Bachelet instaló en el país una comisión de su oficina para vigilar la situación de los derechos humanos; y brindar asistencia técnica, con motivo de las denuncias de violaciones en esta materia.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó este jueves el ataque de Rusia contra Ucrania.

Alertó sobre el «masivo impacto» en millones de ucranianos y la amenaza nuclear que hace pesar sobre el «conjunto de la humanidad»

«La elevación del nivel de alerta de armas nucleares subraya la gravedad de los riesgos que pesan para el conjunto de la humanidad» declaró Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Bachelet advirtió que «el ataque militar de la Federación de Rusia contra Ucrania abrió un nuevo y peligroso capítulo de la historia mundial», reseñó AFP.

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El domingo, tras lanzar la invasión contra Ucrania el 24 de febrero, el presidente de Rusia, ordenó poner en alerta a la fuerza de disuasión nuclear.

Los 47 Estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU se reunieron en una sesión de emergencia a pedido de Ucrania.

Asimismo, la ONU redactó un proyecto de resolución pidiendo una investigación internacional.

Según el último balance de la ONU el conflicto ha dejado 230 civiles muertos – incluyendo 15 niños y 525 heridos.

Además, Bachelet indicó que las cifras en el terreno pueden ser mucho más altas.

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, denunció que hubo pocos avances en el procesamiento judicial de las cadenas de mando de funcionarios de la administración de Nicolás Maduro; responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

En el Informe de recopilación sobre Venezuela presentado ante el Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU); la oficina de Bachelet; destacó que aunque se han abierto algunas investigaciones; no ha habido ninguna sentencia definitiva sobre los casos de graves; violaciones a los derechos fundamentales.

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“El ACNUDH prosiguió su diálogo periódico con el Ministerio Público; y observó algunos avances en la actuación judicial en casos de violaciones graves de los derechos humanos; incluida la investigación de 79 casos documentados; de presuntas ejecuciones extrajudiciales; por las fuerzas de seguridad. 18 casos de muertes en el marco de protestas. El ACNUDH observó pocos avances en el establecimiento de una cadena de mando de las responsabilidades de las autoridades superiores; indicó que no se había dictado ninguna sentencia definitiva sobre esos casos“, reseñó el informe.

En ese sentido, la oficina de Bachelet se refirió a los casos de tortura o malos tratos. Destacó, “la necesidad de garantizar la responsabilidad; tanto de los autores directos como de los que están en la cadena de mando; a fin de desmantelar las estructuras y prácticas que han facilitado la tortura y los malos tratos y evitar que se repitieran”.

El documento también reiteró la recomendación para que “los delitos perpetrados por funcionarios públicos se investigaran de forma rápida; exhaustiva e imparcial y que los presuntos autores, incluidos los de la cadena de mando, fueran llevados ante la justicia.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro,  junto a Carlos Vecchio, Gustavo Tarre Briceño y el abogado Omar Mora Tosta; ofrecieron declaraciones desde la sede de la OEA sobre el reciente fallecimiento del general Raúl Isaías Baduel; mientras estaba privado de libertad por razones políticas.

Almagro aseguró que «el pueblo de Venezuela solicita investigación sobre la muerte del general Baduel y otros presos políticos».

Ante la situación de los presos políticos en Venezuela, el secretario general de la OEA, solicitó a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet y a la misión que se encuentra en el país, que se realice la autopsia del cuerpo del general Baduel para dar con las causas reales sobre su muerte.

“Solicito a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; y a la misión en Venezuela para que se realice exhumación y autopsia del cuerpo del General Baduel para determinar las razones y las causas de su fallecimiento”, dijo.

Asimismo, recordó que las Naciones Unidas tiene una misión en el terreno. Además, insistió que esta autopsia es “absolutamente relevante para atender este caso y determinar responsabilidades que pueda haber al respecto“, expresó.

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El Secretario insistió en la liberación de todos los presos políticos.

“El general Baduel es el décimo preso político que muere en prisión en Venezuela. No es admisible que nadie muera en prisión; no es admisible que haya este nivel de inhumanidad que haya este nivel de tratos crueles e inhumanos a los presos políticos, que tengan que morir en prisión”, señaló.

Destacó que no existe ningún atenuante posible. “La liberación de todos los presos políticos es un imperativo moral;  es un imperativo ético; es un imperativo jurídico y es un imperativo de todos los que buscamos la democracia en el continente; el hemisferio y el mundo”, sentenció.

Los representantes de Juan Guaidó en el exterior, Gustavo Tarre y Carlos Vecchio reiteraron las condolencias a la familia del general Baduel.

Tarre informó que adelantará acciones ante el Consejo Permanente de la OEA, así como ante la Comisión Interamericana de DDHH.

“Estamos en presencia de un gobierno asesino y eso es lo que la comunidad internacional. Muchos de ellos ya lo saben y voltean hacia otro lado; deben condenar enérgicamente. Ahora tienen una nueva ocasión de rectificar y llamar las cosas por su nombre: Nicolás Maduro es un dictador que encarcela, persigue y asesina a su pueblo”.

Por su parte, Carlos Vecchio afirmó que “al general Baduel lo mataron”.

Explicó que “la política de Estado en Venezuela es muy clara: asesinar a los presos políticos. Los detienen; los torturan; les niegan atención médica y luego los dejan morir. Eso fue lo que pasó con el general Baduel y está pasando con los presos políticos”, sentenció.

En este sentido, Vecchio enfatizó que “hay que presionar para que le abran un proceso a Maduro ante la Corte Penal Internacional; que él y sus esbirros respondan ante la justicia por sus crímenes”.

Naciones Unidas exigió este miércoles una «investigación independiente» por la muerte bajo custodia del general venezolano Raúl Isaías Baduel.

Baduel es el general que ayudó a Hugo Chávez a regresar al poder tras un golpe, fue ministro de Defensa y terminó como preso político.

«Lamentamos profundamente la muerte en detención de Raúl Baduel. Llamamos a Venezuela que garantice una investigación independiente», escribió en Twitter la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet.

La ONU pidió además «atención médica para todos los detenidos» y «que se consideren medidas alternativas a la detención y se liberen aquellos en detención arbitraria».

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El fiscal de Maduro, Tarek William Saab, anunció la muerte el martes, reseñó AFP.

Indicó que el general murió por complicaciones del COVID-19 después de recibir tratamiento médico y haber recibido la primera dosis de la vacuna.

No obstante, familiares de Baduel, que reclaman se enteraron con el anuncio en redes, niegan que el general tuviera el virus.

«El régimen asesinó a mi amado y valiente papá @RaulBaduel», escribió la hija, Andreína Baduel, en Twitter.

«Recientemente tuvimos la fe de vida de él, ES FALSO que tenía COVID-19», agregó.

Siendo comandante de una base en Maracay, Baduel ayudó a restituir a Chávez tras el golpe de Estado de abril de 2002 que lo sacó brevemente del poder.

En 2004 fue nombrado comandante general del Ejército y, en 2006, ministro de Defensa.

Pasó a retiro en 2007, año en que se convirtió en adversario del chavismo al manifestarse contra una reforma a la Constitución promovida por Chávez.

En 2009 fue detenido bajo cargos de corrupción y purgó una pena de casi ocho años.

Tras salir en libertad en 2015, es nuevamente encarcelado en 2017.

Lo acusaron de conspiración contra el actual presidente Nicolás Maduro, que lo destituyó de la Fuerza Armada y degradó.