La política migratoria de 'tolerancia cero' de Donald Trump no se detiene. Tras el tiroteo de la semana pasada (26 de noviembre) en Washington DC en el que falleció un Guardia Nacional y otro resultó gravemente herido, el gobierno adoptó una serie de severas medidas migratorias para restringir aún más la entrada y la permanencia de extranjeros en el país.

El ataque a tiros contra dos miembros de la Guardia Nacional en la capital estadounidense fue perpetrado por un hombre que las autoridades han identificado como un ciudadano de origen afgano, quien entró a Estados Unidos en 2021 tras la retirada de tropas de ese país asiático.

Uno de los soldados atacados, Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció a consecuencia de las graves heridas recibidas. En respuesta, Trump dijo que pausaría permanentemente la inmigración de lo que llamó países del “tercer mundo”, que incluye a Afganistán.

En junio, ese país figuraba en una lista junto a otras 18 naciones que tienen restricción parcial o total para que sus ciudadanos entren a Estados Unidos. El ataque puso nuevamente sobre el tapete el listado, ahora bajo la promesa de una prohibición permanente, según un post publicado por la Casa Blanca el fin de semana en la red social X.

“Ley de Inmigración y Nacionalidad, Sección 212(f): Cuando el Presidente determine que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a los Estados Unidos sería perjudicial para los intereses del país, podrá, mediante proclamación y por el período que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o de cualquier clase de extranjeros, ya sean inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros las restricciones que considere apropiadas”, se lee en el mensaje.

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Poco antes, Trump había publicado un mensaje en su red social donde resumió las nuevas directrices en respuesta al ataque:

“A pesar de los avances tecnológicos, la política migratoria ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos. Detendré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, eliminaré los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por el Autopen de Sleepy Joe Biden, y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos, o que sea incapaz de amar a nuestro país, que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental. 

Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas, incluidas las admitidas a través de un proceso de aprobación no autorizado e ilegal de Autopen. Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede remediar por completo esta situación. Por lo demás, ¡FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que Estados Unidos representa! ¡No estarán aquí por mucho tiempo!”, se le en el mensaje de Trump.

Desde que el presidente llegó a la Casa Blanca la primera vez el 20 de enero de 2017, activó una vieja sección de la Ley de Inmigración que le otorga poderes para cambiar partes de la ley de inmigración sin la aprobación del Congreso y convertir los cambios temporales en permanentes.

Fue así como durante su primer mandato la política migratoria de 'tolerancia cero' cambió el escenario construido a partir del gobierno de Ronald Reagan, quien en 1986 promulgó la Immigration Reform and Control Act, una amnistía que permitió regularizar la permanencia de unos tres millones de indocumentados que vivían en el país.

El plan, que contó con amplio respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso, era poner fin a la inmigración indocumentada, pero en los siguientes 25 años el número de extranjeros no autorizados pasó de 1.9 millones que quedaron después de la amnistía a 12 millones al término del gobierno de Barack Obama, que deportó a más de 2.5 millones de personas sin papeles en sus dos mandatos (2009-2017).

Una semana después de llegar a la Casa Blanca en 2017, Trump se estrenó en el cargo con la promulgación de dos órdenes ejecutivas migratorias, una sobre las denominadas jurisdicciones o ciudades santuario y otra sobre la construcción del muro en la frontera con México. 

Contrario a lo que muchos pensaron en un comienzo, los decretos no solo respondieron a sus promesas de campaña, sino al despertar y uso de la Sección 212 (f), una oscura y dormida parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para cambiar normas y modificar radicalmente la interpretación de reglamentos redactados por el Congreso con un propósito, que según algunos expertos en leyes, es distinto al que ahora existe.

Los cambios hechos por Trump a la INA entre 2017 y 2021 y los que busca hacer ahora tras el ataque en Washington DC la semana pasada, se apoyan en tal sección que faculta al presidente a suspender la entrada de extranjeros.

La Sección 212(f) otorga al mandatario poderes dependiendo de la situación que viva el país. “Siempre que el presidente considere que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos…”, señala la herramienta tal y como publicó la Casa Blanca.

Incluso en 2017 la invocatoria cubrió otros, entre ellos que una aerolínea comercial no haya cumplido con las regulaciones en relación con los requisitos para la detección de documentos fraudulentos utilizados por los pasajeros que viajan a Estados Unidos (incluida la capacitación del personal en dicha detección).

Además, el entonces Departamento de Justicia de Trump durante el primer mandato dijo que la vieja herramienta le concedía al mandatario amplios poderes para hacer excepciones, por ejemplo, con los cónyuges o hijos solteros o adoptados legalmente de un ciudadano o de un extranjero admitido legalmente para residencia permanente, o de un extranjero que ha recibido una visa de inmigrante.

La 'tolerancia cero' de Trump en este segundo mandato va más allá de las restricciones de viajes.

 La frontera está cerrada, la política de asilo ha sido restringida al máximo, se redujo a un máximo de 7,500 cupos la entrada de refugiados, se implementó una nueva directriz migratoria para determinar buen carácter moral, se ampliaron las discreciones tanto a agentes como a fiscales para desestimar casos, aumentaron las detenciones y deportaciones expeditas, existen mayores escrutinios para aprobar beneficios y se suman las nuevas prohibiciones, entre otras medidas.

Todas han modificado una o más partes de reglamentos aprobados por el Congreso y no han contado con el apoyo del legislativo. Además, Trump sigue asegurando sin aportar evidencias concretas que la inmigración ha convertido a Estados Unidos en un caos y reclama constantemente acciones inmediatas para restablecer el orden.

Debemos “adoptar un sistema de inmigración que sirva al interés nacional”, se lee en la mayoría de de medidas y decretos publicados por el gobierno. Y para restablecer el estado de derecho y asegurar las fronteras, el presidente insiste en que se ha comprometido a construir un muro y garantizar la pronta eliminación de la inmigración indocumentada.

 El Proyecto 2025, documento conservador que dibuja la reestructuración del gobierno federal, en su capítulo sobre inmigración recomienda cambios como los sugeridos por Trump “mediante acciones ejecutivas que sean legales y apropiadas”. Y respecto a la implementación de nuevas restricciones o prohibiciones, dice que “ICE debería aclarar quién es responsable de aplicar sus leyes penales y civiles”.

En otro apartado recomienda que las Operaciones de Deportación y Control de Aduanas (ERO) de ICE deben ser identificadas como las principales responsables de hacer cumplir las regulaciones migratorias civiles, incluyendo el arresto, la detención y la deportación de infractores migratorios en cualquier lugar de Estados Unidos, sin orden judicial cuando corresponda, sujeto únicamente a los requisitos de la INA para órdenes judiciales civiles, cuando corresponda.

Y también sugiere que “todos los memorandos del ICE que identifican zonas sensibles donde su personal tiene prohibido operar deben ser revocados”. Y que, para maximizar el uso eficiente de sus recursos, “ICE debe aprovechar al máximo las facultades existentes para la Deportación Expedita (ER)”.

Durante la campaña, Trump se desmarcó del Proyecto 2025, pero la 'tolerancia cero' es una versión muy cercana a las sugerencias hechas por sus autores, la Fundación Heritage.

Con información de Univisión

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que planea suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de "países del tercer mundo", al día siguiente de que un afgano disparara presuntamente contra dos guardias nacionales en Washington, uno de los cuales murió.

"Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió el magnate republicano en redes sociales.

También amenazó con revocar "millones" de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden, y con "expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos".

Su airada publicación, que terminaba deseando a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias, marca una nueva escalada en las políticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por una campaña de deportaciones masivas.

El presidente estadounidense había anunciado previamente la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacada la víspera en un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

El ataque, descrito por las autoridades como una "emboscada", se perpetuó contra dos soldados de este cuerpo militar, desplegado en Washington y otras ciudades demócratas como parte del controvertido dispositivo de Trump para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.

Trump, de hecho, vinculó el tiroteo con su decisión de enviar a cientos de efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad. "Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos", sugirió.

Las autoridades identificaron al presunto autor de los disparos como un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se radicó en Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró a sus tropas de Afganistán.

El FBI, por su parte, inició una investigación por terrorismo.

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🇺🇸 | Trump afirma que Estados Unidos “pausará permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo”.Anunció que “pausará permanentemente” la inmigración desde “todos los países del Tercer Mundo” en un plan que incluirá eliminar “millones de admisiones ilegales”… pic.twitter.com/uLfX6bcLqI

En sus redes sociales, Trump añadió que pondrá fin a todas las prestaciones y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses, y que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad o que "no sea compatible con la civilización occidental".

"Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas", añadió el mandatario.

"Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede resolver completamente esta situación", clamó.

Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció el jueves que revisará el estado migratorio de cada residente permanente o titular de una "green card" de 19 países.

Afganistán, así como Cuba, Haití, Venezuela, Irán y Birmania figuran en la lista.

La administración Trump también ordenó la suspensión inmediata de la tramitación de solicitudes de inmigración procedentes de Afganistán.

El otro soldado herido en el ataque del miércoles, Andrew Wolfe, de 24 años, "lucha por su vida", informó Trump el jueves. El presunto autor de los disparos también se encuentra en un estado crítico.

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que el presunto atacante, Rahmanullah Lakanwal, vivía en el estado de Washington, al otro extremo del país, y que llegó en auto al lugar del tiroteo.

Abrió fuego con un revólver Smith and Wesson .357 contra un grupo de Guardias Nacionales que patrullaban a unas cuadras de la Casa Blanca.

Las autoridades siguen sin tener indicios de los motivos del ataque.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso había formado parte de un comando respaldado por Washington que combatió contra los talibanes en Afganistán, y que llegó a Estados Unidos gracias a un programa de evacuación de afganos que colaboraron con el organismo.

Los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, además de otros altos cargos nombrados por Trump, insistieron en que Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión debido a políticas de asilo laxas tras la retirada militar de Afganistán ordenada por el expresidente Joe Biden.

Pero AfghanEvac, una oenegé que ayudó a asentar afganos en Estados Unidos, afirmó que estos pasan por "algunos de los procesos de verificación de seguridad más exhaustivos" de todo el mundo.

Lakanwal solicitó asilo en Estados Unidos durante el mandato de Biden, pero su petición fue aprobada con Trump en la Casa Blanca, según el grupo.

"El acto aislado y violento de este individuo no debería ser usado como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad", dijo el presidente del grupo, Shawn VanDiver.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente, funcionarios de la Policía de Migración en conjunto con agentes del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) desarrollan un dispositivo de inspección en establecimientos de hospedaje de Caracas y en los municipios Los Salias y Guaicaipuro del estado Miranda. Posteriormente, el operativo se trasladará a La Guaira.

La iniciativa contempla la revisión de los libros oficiales de registro de entrada y salida de huéspedes, así como la verificación de los datos de los empleados mediante el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL). 

En el caso de ciudadanos extranjeros, se realiza además la evaluación del estatus migratorio correspondiente.

Durante el despliegue, se orienta a los dueños y trabajadores de los establecimientos sobre los procedimientos y la importancia de mantener la documentación de sus huéspedes y empleados en reglas para así cumplir con las normativas migratorias y de registro. 

El operativo forma parte de las acciones preventivas orientadas a detectar y combatir factores de riesgo para la seguridad ciudadana, a fin de fortalecer el control migratorio y la articulación interinstitucional en espacios de alojamiento turístico y residencial.

Con información de VTV

La ONG Equilibrium publicó su más reciente estudio que señala que la migración venezolana, ha generado un mercado de 15.500 millones de dólares.

Se trata de un análisis realizado en colaboración con Diálogo Interamericano, donde se demuestra que los más de siete millones de venezolanos que conforman la diáspora  ha modificado los patrones laborales y fiscales de los países receptores.

Incluso, este mercado se ha generado a pesar de que cuatro de cada diez migrantes aún no tienen acceso al sistema financiero de cada nación receptora. Sin embargo, el sondeo señala que su integración al trabajo formal e informal representa un impacto significativo en las economías locales.

  David Licheri, director de la ONG explicó que la mayor parte del gasto de los migrantes se concentra en alojamiento, alimentación, educación y salud, con una mínima proporción destinada al envío de remesas, debido a los salarios limitados que perciben en la mayoría de los países de acogida. 

En contraste, los venezolanos que viven en Estados Unidos y Europa, donde los ingresos son más altos, sí pueden sostener el envío regular de dinero a sus familias.

El estudio abarca naciones como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana, y calcula que la contribución de los migrantes venezolanos a los ingresos fiscales oscila entre 0,3% y 1,9%, dependiendo del país. 

Estos aportes aumentan de manera considerable cuando los trabajadores logran integrarse al mercado formal.

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 En Colombia, un venezolano con contrato legal gana en promedio 427 dólares mensuales, mientras que en la informalidad apenas supera los 100 dólares. 

En Chile, los sueldos pueden alcanzar los 958 dólares en la economía formal, pero se reducen a la mitad si no hay regularización laboral.

El informe también destaca que más del 80% de los migrantes aún se desempeñan en la economía informal, lo que limita su potencial contributivo.

 Sin embargo, los casos de Perú y Ecuador muestran un progreso: entre 2021 y 2024, el aporte fiscal per cápita de los venezolanos se triplicó, lo que refleja un proceso de integración económica en marcha.

La investigación concluye que la diáspora venezolana no solo ha sido un desafío humanitario, sino también un motor económico emergente en los países que la han recibido, al dinamizar sectores como vivienda, alimentación y servicios, pese a las barreras estructurales que persisten.

Con información de Equilibrium

Entre el desarraigo y la esperanza, miles de venezolanos en Colombia buscan reconstruir su identidad lejos de casa. 

La plataforma Gran Acuerdo Venezuela, se ha convertido en un puente de integración que no solo reconoce el duelo migratorio, sino que transforma el talento profesional de los migrantes en fuerza social y económica. 

En tiempos donde el exilio se volvió rutina, esta iniciativa demuestra que migrar no es rendirse: es volver a empezar con dignidad.

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El gobierno británico anunció este viernes su intención de crear un documento de identidad digital para los ciudadanos y residentes del Reino Unido, con el objetivo de combatir el trabajo y la inmigración ilegales.

El documento, que no tendrá soporte sólido, estará almacenado en los teléfonos celulares.

El ejecutivo del laborista Keir Starmer defendió en un comunicado que esto hará "más difícil el hecho de trabajar ilegalmente en el país", y "ofrecerá numerosas ventajas a los ciudadanos, como la posibilidad de probar su identidad para acceder rápidamente a servicios esenciales".

A diferencia de muchos otros países europeos, en Reino Unido no existe un documento nacional de identidad, y la gente suele identificarse con su pasaporte o el permiso de conducir.

La introducción de esta cédula es un asunto de debate desde hace décadas, y toca un punto sensible que es la privacidad de los datos personales.

En virtud del dispositivo previsto por el gobierno, los titulares de dicho documento no deberán llevarlo siempre encima. Sin embargo, de aquí a 2029 será "obligatorio a la hora de demostrar el derecho a trabajar" en el país, precisó el gobierno.

"Esta medida impedirá que quienes carecen del derecho a estar aquí puedan encontrar trabajo, y frenará sus perspectivas de ganar dinero, lo cual es uno de los factores que atraen a gente a venir al Reino Unido ilegalmente", agregó el comunicado del ejecutivo.

El gobierno del laborista Tony Blair ya intentó en los años 2000 crear un documento de identidad. La ley fue votada en 2006, pero el gobierno conservador de David Cameron la revocó en 2011.

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Desde su llegada al poder en julio de 2024, Starmer ha promovido distintas medidas para combatir la inmigración ilegal, centrándose sobre todo en el trabajo irregular.

En este sentido, aumentaron un 50% las detenciones en casos de trabajo irregular, y se introdujeron medidas para que las plataformas de entrega de comida a domicilio refuercen los controles de identidad de sus repartidores.

La vecina Francia suele criticar la facilidad con la que personas llegadas clandestinamente al Reino Unido consiguen trabajar, lo que a su juicio es uno de los motores de la inmigración ilegal a través del canal de la Mancha.

El plan, insistió Downing Street en su comunicado, ayudará a "combatir las redes criminales que prometen acceso al mercado de trabajo británico".

Según datos oficiales del año 2023, alrededor del 8,8% de la población adulta del Reino Unido participa en la economía informal.

El 57% de los británicos apoya la instauración de una cédula de identidad, de acuerdo con un sondeo realizado en julio por el instituto Ipsos. Pero ese apoyo cae al 38% en cuanto a la cédula digital, por temores en cuanto a la seguridad de los datos.

La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, aseguró este mismo viernes que su partido se posicionará en contra de "cualquier intento (...) de imponer un documento de identidad obligatorio a los ciudadanos honestos".

"No veo ningún beneficio en que el gobierno disponga de un documento de identidad digital, más allá de controlar lo que hacemos, lo que gastamos y adónde vamos", abundó Nigel Farage, líder del partido nacionalista y antiinmigración Reform UK.

El ejecutivo asegura que el sistema constará de una tecnología "puntera de encriptamiento", para garantizar la seguridad de los datos personales.

La desesperanza se consolida como la fuerza que mueve a millones de ciudadanos a dejar Venezuela. Según un informe difundido esta semana, el 24% de la población tiene un plan activo de migración antes de octubre.

Las razones son contundentes: más de la mitad de los encuestados asegura estar peor que hace un año, y cuatro de cada diez no tienen trabajo formal. la mayoría ya no cree en una salida política, y eso está acelerando el éxodo. Génesis Pérez con más información.

De acuerdo al Informe Social del Venezolano, elaborado por la consultora Datos es Noticia, la intención de migrar aumentó casi tres puntos en solo tres meses, alcanzando el 46,5% de la población. Lo alarmante no es solo el número que proyecta una nueva ola migratoria de hasta 4,7 millones de personas antes de octubre, sino el trasfondo político, económico y social que explica este éxodo.

Este crecimiento sostenido responde a un doble desencanto: por un lado, el agravamiento de las condiciones de vida bajo el gobierno de Nicolás Maduro y, por otro, la pérdida de fe en una salida democrática, sobre todo después de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, que estuvieron marcadas por un sinfín de irregularidades.

«Más del 41% de los venezolanos consideraría irse del país, lo que a todas luces indica que veríamos un nuevo éxodo migratorio venezolano tanto a países de Sudamérica como también buscando hacia Europa, justamente porque ya se conoce entre la población migrante los retos en materia de integración socioeconómica de regularización y el aumento de xenofobia que ha experimentado la región en los últimos años”, señala la investigadora María Gabriela Trompetero.

España, Colombia y Estados Unidos lideran los destinos preferidos por quienes planean dejar el país, y la elección varía según el género: mientras que las mujeres se inclinan por España, donde sienten mayor seguridad o ya cuentan con redes familiares, los hombres optan por Colombia, pese a sus rutas migratorias más riesgosas y muchas veces informales.

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El informe subraya también el deterioro económico como motor de la migración: más del 50% de los venezolanos afirma estar peor que hace un año, y un 40% asegura no tener empleo formal.

“En esta respuesta al éxodo venezolano no estaríamos frente a esa dinámica de solidaridad. Habría mayores retos para la población migrante venezolana, sobre todo aquella que emigra en condiciones de vulnerabilidad, ya que Venezuela todavía experimenta una emergencia humanitaria compleja”, agrega Trompetero.

En definitiva, este nuevo impulso migratorio no es espontáneo ni circunstancial. Es el resultado de una combinación de pobreza crónica, represión política y desesperanza generalizada. Y, aunque los números reflejan intenciones, si se concretan, marcarían un nuevo hito en el ya histórico desplazamiento venezolano, superando incluso el récord registrado entre 2018 y 2019.

Estados Unidos y Colombia firmaron el jueves un acuerdo de cooperación para frenar la migración irregular y combatir el crimen organizado, durante una visita oficial en Bogotá de la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem.

Es la primera reunión de altos funcionarios estadounidenses y colombianos desde la disputa diplomática y arancelaria entre ambos gobiernos en enero.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó entonces un vuelo militar de Estados Unidos con deportados al denunciar maltratos a sus ciudadanos. En respuesta, el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles, lo que escaló la crisis.

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Noem y la canciller colombiana, Laura Sarabia, firmaron una declaración de intenciones para instalar sistemas de identificación biométrica en el país sudamericano, punto clave en el corredor migratorio hacia Estados Unidos.

El objetivo del convenio es «ayudar al pueblo colombiano a detectar e impedir que criminales y terroristas intenten cruzar sus fronteras», dijo la funcionaria estadounidense en una rueda de prensa conjunta.

«Reafirmará nuestra fuerte, resiliente y duradera colaboración» en asuntos de seguridad pública, narcotráfico y tráfico de migrantes, agregó.

El miércoles, Noem inició una gira por Latinoamérica en El Salvador y visitó la cárcel de máxima seguridad donde están presos más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Washington afirmó que eran miembros de la banda criminal Tren de Aragua.

En enero, el presidente Petro arremetió contra Trump y lo acusó de defender una «tesis fascista» al «criminalizar» a los migrantes.

Pero la reunión diplomática del jueves se dio en términos amistosos. «Agradecemos al presidente y a su equipo (…) que trabajen para facilitar la repatriación de ciudadanos colombianos a su país», dijo la secretaria de seguridad de Trump.

La canciller colombiana aseguró que la firma del convenio supone «un paso más» en la «consolidación» de una relación de «amistad» entre ambos países.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y el mayor aliado en la lucha contra el narcotráfico con millonarias ayudas.

Tras su paso por Colombia, Noem continuará su gira latinoamericana en México.

Tres aviones procedentes de Estados Unidos llegan a El Salvador, en medio de un enorme despliegue de seguridad. A bordo, 238 venezolanos deportados y acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, que van a parar a una cárcel de máxima seguridad.

La migración de Venezuela está en la mira del presidente Donald Trump, quien llegó al poder con la promesa de deportaciones masivas, sin importar el apoyo que recibió de la diáspora de ese país sudamericano.

Ya cientos fueron expulsados.

Aquí, cuatro claves para reconstruir esta arremetida:

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Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones en 2019, cuando Trump encabezó durante su primer gobierno una ofensiva contra el presidente izquierdista Nicolás Maduro, con una batería de sanciones que incluyó un embargo al crudo y el oro de ese país.

Aunque no reconoce el tercer mandato de Maduro tras denuncias de fraude electoral de la oposición, el republicano envió a un emisario a Caracas pocos días después de regresar a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

La agenda de la negociación contempló la liberación de estadounidenses presos y, lo más importante, acordar la repatriación de venezolanos.

Venezuela envió a Texas dos aviones de la sancionada aerolínea estatal Conviasa para buscar a 190 deportados. Siguió el traslado de 176 detenidos en una recién abierta ala migrante en la cárcel de Guantánamo, en Cuba, entregados a las autoridades en Honduras en una escala previa.

No obstante, Trump consideró que Venezuela violó el «ritmo rápido» de repatriaciones «acordado», por lo que suspendió el permiso que tenía la petrolera Chevron para operar en el país suramericano.

La llegada de un avión prevista para esta semana fue pospuesta en dos oportunidades.

Nacido en una cárcel de Venezuela en 2014, el Tren de Aragua se expandió por varios países de América Latina y luego llegó a Estados Unidos. Sus delitos van desde extorsión y homicidio hasta tráfico de drogas y de migrantes.

Trump dedicó largas horas de campaña en hablar de la «invasión» de esa banda y acusó a Maduro de enviar criminales a su país.

La declaró organización terrorista al asumir por segunda vez la presidencia y amparado en una ley de 1798 envió a un grupo de supuestos pandilleros a El Salvador de manera sumaria.

En los primeros vuelos de deportados, la Casa Blanca dijo que iban a bordo miembros del Tren de Aragua, lo que el gobierno venezolano negó.

Los 238 migrantes fueron llevados al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que el gobierno de Nayib Bukele abrió hace tres años como parte de su cruzada contra las pandillas de ese país.

Fueron obligados a arrodillarse mientras decían sus nombres frente a agentes penitenciarios, que les raparon sus cabezas, según un video divulgado por Bukele.

Estados Unidos pagará una tarifa «muy baja» por su reclusión, dijo el mandatario salvadoreño.

Autoridades venezolanas tacharon la operación de «crimen de lesa humanidad» y al Cecot de «campo de concentración nazi», al tiempo que convocaron a manifestaciones el martes y el miércoles.

La Corte Penal Internacional (CPI) investiga a Venezuela por crímenes contra la humanidad en el control de protestas.

La líder opositora María Corina Machado apoyó la iniciativa de Trump contra miembros de organizaciones como el Tren de Aragua, aunque pidió un nuevo «régimen de protección» para los migrantes, así como evitar su «criminalización».

Unos 770.000 venezolanos vivían en Estados Unidos hasta 2023, según el Instituto de Política Migratoria (MPI), con sede en Washington.

La mayoría tenía un estatuto de protección temporal que otorgó el anterior presidente, Joe Biden, que Trump suspendió a finales de enero.

De acuerdo con la ONU, casi 8 millones de venezolanos dejaron su país en la última década para huir de una crisis que dejó salarios arrasados por la hiperinflación y una severa escasez de alimentos y medicinas.

Los migrantes, en principio, se instalaron en países de América Latina como Colombia, Perú y Chile, pero con las penurias que causó la pandemia de coronavirus viraron hacia Estados Unidos.

Miles cruzaron a pie la temida selva del Darién, entre Colombia y Panamá, sometidos a las amenazas de coyotes, narcotraficantes y hasta policías a lo largo de su camino en dirección a México.

Las nuevas medidas adoptadas por la administración de Donald Trump han puesto en jaque a varios países que han sido considerados como no gratos para esta nación, entre los cuales figuran Venezuela, Irán y Cuba, entre otros.

Por eso, Estados Unidos, a través de una orden ejecutiva, manifestó su intención de ampliar aún más la lista de países que no podrán ingresar legalmente, entre los que se encuentran varios del Caribe, Sudamérica, Asia y África, informó The New York Times que cita «un borrador», con la normatia.

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El gobierno de Donald Trump está evaluando la implementación de una prohibición de ingreso a Estados Unidos mucho más severa, las cuales abarcarán más aspectos que las ya vigentes en el país.

Esta nueva normativa contemplaría una clasificación por niveles, con limitaciones diferenciadas según el país de origen, en un intento por fortalecer el control migratorio.

En ese orden de ideas, se establecerían tres tipos de listas en las que se registrarán las restricciones y países afectados:

Una “lista roja” de países cuyos ciudadanos tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos.

Una “lista naranja”, con restricciones parciales.

Una “lista amarilla”, que otorgaría un plazo para corregir deficiencias antes de ser incluidos en las otras listas.

Según fuentes cercanas al gobierno citadas por The New York Times, la lista roja incluiría a países que ya se encuentran afectados por la prohibición de viajes de Trump, entre los que se enumeran:

CubaIránLibiaCorea del NorteSomaliaSudánSiriaVenezuelaYemen.

En esta ocasión, hay dos novedades: una tendría que ver con la inclusión en la lista de Afganistán, lo que repercutiría en el estado legal de miles de ciudadanos de este país que se encuentran en condiciones espaciales por haber colaborado con las fuerzas estadounidenses.

Por otra parte, Pakistán podría ser incluido debido a preocupaciones sobre seguridad y los mecanismos de investigación de antecedentes de sus ciudadanos.

Aunque todavía no se ha implementado la medida, el Departamento de Estado (DOS), el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), deberán presentar una lista definitiva de países bajo restricciones migratorias antes del 21 de marzo.

La oficina encargada de su reasentamiento enfrentaría dificultades para obtener una exención, por lo que su estadía en Estados Unidos se está volviendo cada vez más incierta.

Shawn VanDiver, director de la organización #AfghanEvac, instó a los afganos con visas válidas a viajar cuanto antes a Estados Unidos, antes de que la medida en mención entre en vigor.

Además, algunos reportes indican que la oficina responsable de la reubicación de afganos podría cerrar en abril, lo que reduciría aún más las opciones para quienes buscan refugio.

Esta prohibición retoma medidas implementadas durante el primer mandato de Donald Trump. Política que afectó a varios países, la mayoría de ellos de origen musulmán, lo que generó controversia dentro y fuera de Estados Unidos.

Durante su campaña presidencial de 2023, Trump anunció su intención de reinstaurar y ampliar las restricciones migratorias, argumentando que bloquearía el ingreso de todas las personas que amenacen la seguridad del país.

La línea dura en contra de la migración del gobierno del presidente Donald Trump ha generado frutos, ya que las autoridades reportan 85% menos en los cruces de la frontera sur con México y el 93% de personas consideradas inadmisible en las entradas fronterizas.

Se trata del último reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza  (CBP, por sus siglas en inglés) que ofrece un breve balance de los 11 días del gobierno de Trump.

La CBP advierte que en enero hubo “una significativa disminución en los intentos de ingreso ilegal al país, tras la implementación de nuevas medidas ejecutivas”.

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Según las autoridades estadounidenses, todo se debe a las nuevas políticas que han puesto fin a la práctica de «atrapar y liberar» migrantes y a hacer efectivo que los extranjeros detenidos sean removidos rápidamente del país, cita EFE.

En el balance de enero, las autoridades fronterizas contabilizaron unos 47.300 cruces irregulares desde México, más de mil en comparación con el mes de noviembre, cuando se reportaron unos 46.000.

Este viernes fue publicada la Declaración de la Reunión sobre Movilidad Humana en la ruta Norte del continente, celebrada los días 16 y 17 de enero en Ciudad de México con autoridades de diez países de la región, en la que también participó el canciller venezolano Yván Gil.

En el documento se establece la reactivación de los encuentros sobre migración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con miras a tener un espacio amplio de discusión de propuestas de los diferentes organismos y mecanismos internacionales que atienden el tema de la migración.

Además, los representantes de las naciones firmantes de la declaración se comprometen a promover una migración segura y ordenada.

Respecto a esta declaración, el canciller Gil dijo: «hemos reafirmado nuestro compromiso de gestionar de manera humana y responsable los flujos migratorios irregulares. También hemos manifestado nuestra firme oposición a las agresiones externas que afectan las economías de nuestros países, lo que a menudo conduce a una migración forzada. Creemos firmemente que la migración debe ser una opción viable y no una necesidad apremian».

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Declaración-reunión sobre movilidad humana en la ruta norte del continente

Las y los ministros, viceministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela:

Reconocemos la importancia del diálogo constructivo y respetuoso entre países para una mejor gestión de los flujos migratorios y sus desafíos.

Hacemos un llamado a todos los países del hemisferio a conducirse con apego al derecho internacional, a los derechos humanos y a las propias legislaciones internas en la gestión de la movilidad humana, con un enfoque humanista, particularmente ante la amenaza de deportaciones masivas.

Nos solidarizamos con las personas que se ven obligadas a abandonar sus comunidades de origen, con la convicción de que la migración debe ser una opción y no una necesidad.

Reafirmamos que todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables, y que todos los Estados están obligados a respetarlos, protegerlos y a procurar adoptar medidas para su plena realización.

Nos comprometemos a defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, a rechazar su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio y a protegerlas prioritariamente de la delincuencia transnacional organizada que se lucra de la migración, así como de medidas que las coloquen en situación de vulnerabilidad y de otros factores de riesgo. Intensificaremos la cooperación intergubernamental y el intercambio de información y buenas prácticas en materia consular, y lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas migrantes.

Reafirmamos nuestro interés en sugerir la reactivación de las reuniones sobre migración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con miras a tener un espacio amplio de discusión de propuestas de los diferentes organismos y mecanismos internacionales que atienden el tema de la migración. Ello facilitará la identificación de sinergias y complementariedades entre las diferentes iniciativas, con el fin de promover una mayor coherencia y articulación entre ellas, y apoyar el fortalecimiento de sus respectivas agendas.

Guiados por el principio de responsabilidad compartida, redoblaremos esfuerzos nacionales y la cooperación entre gobiernos, sociedad civil, sector privado, países de destino, organismos internacionales, banca internacional de desarrollo y otros socios, para atender las causas estructurales del fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe. Comprendemos que los esfuerzos comunes hacia el desarrollo sostenible, así como el combate a la pobreza y el hambre, y la reducción de las brechas de desigualdad social, promueven el bienestar social.

Refrendamos nuestro compromiso de promover vías para una migración segura, ordenada y regular entre nuestros países y otros países del continente.

Destacamos que los factores externos, como las medidas coercitivas unilaterales, afectan negativamente a poblaciones enteras y, en mayor medida, a las personas y comunidades más vulnerables. Instamos a su levantamiento, en tanto son contrarias al derecho internacional y tienen graves repercusiones sociales más allá de los países a los que se imponen.

Son motivo de grave preocupación los anuncios de deportación masiva, sobre todo por su incompatibilidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y por no abordar de modo eficaz las causas estructurales de la migración.

Reiteramos nuestra intención de ampliar las vías regulares de movilidad laboral, y hacemos un llamado a otros países a hacerlo. Estamos convencidos de que ello contribuye a la prosperidad compartida de nuestros pueblos y de la región en su conjunto, y por eso trabajamos hacia la integración socioeconómica sostenible de las personas migrantes, a la luz de sus importantes aportaciones a los países y comunidades de destino.

Reconocemos la necesidad de lograr una gestión humana y responsable de los flujos migratorios irregulares. Esta gestión debe comprender políticas y medidas para fortalecer progresivamente los sistemas migratorios y de protección internacional, en los casos que proceda; brindar asistencia y servicios básicos para personas en movilidad; intercambiar información sobre las características y rutas de tales flujos; así como recurrir a mecanismos de retorno voluntario y asistido de manera digna, ordenada, respetuosa de los derechos humanos y con atención a la reinserción que permita a las personas contar con oportunidades de bienestar en sus comunidades de origen.

Refrendamos nuestro firme apoyo a la estabilidad de la República de Haití y a contribuir decididamente, conforme a las capacidades de cada país, a apoyarla en sus esfuerzos, junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas en particular, para restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social, con un enfoque de desarrollo sostenible.

Mantendremos estrecha comunicación para evaluar los avances hacia estos objetivos y atender con prioridad las situaciones que ameriten nuestra mayor atención.

El anuncio de la reelección del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude fue «el punto de quiebre» para Susej Ramos, quien hace maletas para dejar Venezuela, país que ha vivido un enorme éxodo migratorio durante la última década.

«Me voy el 2 de febrero», cuenta a la AFP Ramos, una enfermera de 30 años que vive de vender ropa deportiva por internet.

Cansada de remar contra la corriente en una eternizada crisis política y económica, venía madurando la idea de migrar junto a su hermano y unirse a los más de siete millones de venezolanos que han dejado su país desde 2014, según estimaciones de la ONU.

«Dejé de trabajar como enfermera porque los sueldos no sirven para nada (…). Si pagas alquiler, no comes; si comes, no pagas alquiler», lamenta. «Yo quiero trabajar para, ¿sabes?, comprar una casa por ejemplo».

«Acá no tengo acceso a un crédito. No tengo acceso a nada», añade.

Las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el opositor Edmundo González Urrutia reclama una victoria sobre Maduro, fueron el último empujón, «el punto de quiebre», según dice.

Ramos se irá a España, con la idea de esperar por el papeleo para moverse a Estados Unidos, donde planea instalarse de manera permanente. 

Un familiar solicitó para ella ante las autoridades estadounidenses el ‘parole humanitario’, un permiso de residencia temporal que le permitiría trabajar.

«Mi tía tiene 10 años viviendo en Florida. Ella tiene su residencia allá y ella ya me hizo la gestión y me dijo dónde puedo hacer el curso (para homologar los estudios cumplidos como enfermera)», expresa. «Como todavía no me ha salido el parole, yo decidí irme para España momentáneamente. Me voy para Sevilla».

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La reelección de Maduro ha sido desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y numerosos países de América Latina, en medio de temores sobre el impacto migratorio de la recrudecida crisis.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró preocupación frente a un eventual aumento del número de migrantes venezolanos que cruzarán el peligroso Tapón del Darién en ruta a Estados Unidos.

Unos 300.000 venezolanos tomaron esa ruta en 2024, 41% menos que en 2023.

Carol Pedroso, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo y especialista en Latinoamérica, considera que, en efecto, es «posible» que el número de migrantes desde Venezuela siga subiendo, aunque resalta que la principal motivación para ello es económica, tal como en el caso de Susej Ramos.

«Las condiciones económicas son la mayor causa de la migración venezolana. El segundo factor, por supuesto, es la expectativa de cambio político y el sentimiento de la gente de verse más perseguida o más insegura con la permanencia de Maduro en el poder», comenta Pedroso a la AFP.

Las tensiones políticas inyectan incertidumbre económica, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. 

Trump no ha anunciado aún su política sobre Venezuela. En su primer mandato como presidente de Estados Unidos impuso fuertes sanciones financieras contra Venezuela, incluido un embargo petrolero.

Esta vez el republicano vuelve al poder con un potente discurso antinmigrantes, que incluyó acusaciones contra Maduro de enviar criminales a desestabilizar su país. Su principal promesa de campaña: deportar masivamente a indocumentados.

«Después de las elecciones las ventas bajaron demasiado», dice Ramos sobre su tienda virtual de ropa. 

«Ha sido fatal (…). La gente me imagino que prioriza; no van a comprar ropa si las cosas están peor, van a comprar comida», expresa. «Puedo tener dos ventas a la semana, cuando antes tenía 10 ventas diarias».

«Ya me toca rematar lo que me queda. Rematar todo», sostiene.

El hermano de Susej Ramos tiene déficit de atención y problemas psicomotores, lo que ha sido otro factor decisivo por la falta de políticas públicas para su atención. «Me dicen que allá (en Estados Unidos) es más fácil que él pueda conseguir un buen trabajo con su condición, porque es otra mentalidad», relata. «Quiero abrirle otra perspectiva a él. No pienso por mí sola, sino por dos».

Actualmente existen 180.000 migrantes y refugiados en el territorio de Roraima, casi todos venezolanos, revela un informe del Observatorio Internacional de las Migraciones (Obmigra) del Ministerio de Justicia de Brasil.

Dicha cifra supone 25% de la población total del estado, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), y significa que una de cada cuatro personas que vive actualmente en Roraima proviene de Venezuela. 

Brasil se confirmó como país de tránsito de rutas migratorias que se inician en diversas partes del mundo, especialmente en Asia, y casi siempre terminan en Estados Unidos, de acuerdo con una nota de Infobae.

La principal puerta de entrada a la frontera terrestre de Brasil sigue siendo el norte, en particular el estado amazónico de Roraima, que desde hace tiempo se ha convertido en el refugio de los venezolanos que huyen de Venezuela.

Las autoridades migratorias brasileñas temen que el flujo pueda aumentar a partir del próximo 10 de enero, cuando se juramente de nuevo como presidente Nicolás Maduro

“Hoy vemos que personas de todo el sur están interesadas en crear una vida aquí en Brasil. Los dos mayores contingentes de inmigrantes haitianos y venezolanos son movimientos de los últimos 20 años”, afirmó Jonatas Pabis, coordinador de migración laboral del Ministerio de Justicia, durante la presentación del informe.

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El documento alerta que con el aumento de los migrantes también ha llegado el crimen organizado venezolano, en particular el Tren de Aragua. 

En los últimos seis años el número de venezolanos detenidos en Roraima ha crecido 538%, representando 9% de toda la población carcelaria del estado.

Datos del Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), del Ministerio Público de Roraima, muestran que, en el primer semestre de 2018, había 77 venezolanos detenidos en las cárceles del estado. En el mismo período de 2024, el número subió a 389 y actualmente ronda los 414. Según el sitio brasileño de noticias Metrópoles, en 2023, de cada tres víctimas de homicidio, una era venezolana.

“La región norte, a pesar de ser la ruta de entrada de los migrantes, presenta más vulnerabilidades, incluso en el acceso a beneficios y políticas públicas. Por ello, estos migrantes pasan cada vez menos tiempo en esta región”, afirmó Leonardo Cavalcanti, de la Universidad de Brasilia.

Apuntan además que el destino final preferido de los migrantes es el sur del país, que ofrece mejores condiciones de vida y de trabajo, y donde reside la mayoría de la población brasileña. En esta parte del país, entre 2022 y 2023, los trabajadores migrantes aumentaron 10,4%, pasando de 73.900 a 81.500. En el periodo enero-junio de 2024, el número subió a 87.500. La mayoría de ellos están empleados en el sacrificio de aves de corral y cerdos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó sendas críticas a las políticas de EE.UU. de aplicar bloqueo a algunos países, y luego rechazar la migración productos de esas medidas.

“Por aquí pasaron 6 millones de venezolanos y no nos asustamos porque los consideramos nuestros hermanos y siguieron hacia el sur y ahora van hacia el norte hacia los Estados Unidos”.

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Petro asegura que esos migrantes venezolanos, buscar ir a EE.UU., provienen de un país con bloqueos económicos.

“Que ideó bloquear a Venezuela, víctima de su propio invento: el bloqueo, que no es más que un boomerang que se tira contra un pueblo para matarlo y regresa al propio pueblo de quien lo tiró”, argumentó.

“Después se vuelven fascistas porque no quieren esos migrantes, de haitianos, ni cubanos, ni venezolanos, ni colombianos, ni latinoamericanos en los Estados Unidos, discriminación, étnica discriminación», agregó.

Comparó la situación actual con la época de la colonia. «Igual que en los tiempos de la esclavitud solo son buenos para trabajar forzadamente 18 horas, pero cuando hablan de derechos no son buenos. Sí, tienen que ser expulsados”.

La migración venezolana se ha convertido en un gran negocio para las organizaciones criminales que hacen vida en la Selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia. Pero también se ha convertido en un gran negocio para organizaciones criminales que operan en el archipiélago de San Andrés, Colombia, y en la Isla del Maíz (Corn Island) Nicaragua.

Así lo expone la organización no gubernamental Migrantes Venezolanos Desaparecidos (MIVED).

La investigación desarrollada por MIVED, entre noviembre de 2023 y junio de 2024, determinó que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegalde migrantes que opera entre San Andrés (Colombia) y Corn Island (Nicaragua) maneja entre 7 y 8 millones de dólares al año.

Esta determinó que cada semana salen en promedio desde San Andrés (Colombia) hacia Corn Island (Nicaragua) entre 4 y 5 lanchas. Son lanchas artesanales, utilizadas para la pesca, que son adaptadas para llevarpasajeros (migrantes) hacia Centroamérica.

Las lanchas tienen capacidad para entre 20 y 30 personas. Enalgunas ocasiones, como ocurrió con la lancha IAS-II que desapareció el 21 de octubre de 2023, los lancheros superan la capacidad de la embarcación y transportan hasta 40 pasajeros.

En promedio, un migrante cancela entre 1.000 y 1.500 dólares americanos por el viaje entre San Andrés y Corn Island. Este precio funciona solo para migrantes venezolanos, colombianos o ecuatorianos. Cuando se trata de migrantes chinos, sirios o de otras nacionalidades, el costo del pasaje aumenta hasta a 5.000 dólares.

En cifras, 5 viajes a la semana, multiplicado por 52 semanas alaño son aproximadamente 260 viajes durante un solo año. Si encada lancha viajara un promedio de entre 20 migrantes, tendríamos que, en un año, el promedio de viajeros es de 5.200 personas. Si cada uno de los migrantes cancela en promedio 1.500 dólares, tendríamos el resultado de 7.800.000 dólares.

La ONG considera que es preciso indicar que estas cifras se obtienen de estimaciones realizadas en función del número promedio de viajes y elnúmero promedio de migrantes.

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Las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico ilegal de migrantes son muy celosas, herméticas y silenciosas. Están acostumbradas a trabajar en la oscuridad de la noche. El poder económico que manejan es tan grande que han logrado corromper a funcionarios de Migración Colombia, oficiales de la Armada Colombiana y a organismos de seguridad de muchos países, incluyendo Venezuela, Colombia, Panamá y Nicaragua, entre otros.

El director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, indicó que aproximadamente 9 millones de venezolanos están distribuidos en 90 países y sigue creciendo porque un 68% de ciudadanos aún está pensando en emigrar.

«Con los hallazgos de otras investigaciones y estudios por empresas privadas y organizaciones no gubernamentales arroja que hay una tendencia a que la diáspora siga creciendo», aseveró.

En una entrevista concedida al programa «2+2« de Unión Radio aplaudió a los países que han acogido a los venezolanos, aun cuando no tienen pasaporte, con cédula o documentos vencidos, y los han regularizado como en Colombia, respecto al reconocimiento de tutores.

«Más allá de las críticas en algunos países, el tratamiento ha sido de hospitalidad», admitió.

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Detalló que oscila entre 18 y 50 años el rango de edad de las personas que apuestan por la diáspora.

En una cafetería de un barrio popular de Túnez, siete jóvenes se concentran en sus apuestas deportivas. Poco antes de las elecciones presidenciales, muestran más pasión por la Champions League que por el futuro de un país que desearían abandonar.

Mohamed, de 22 años, no votará este domingo. «No sirve de nada. La política no nos concierne, solo intentamos salir adelante día a día», afirma en la capital homónima de Túnez, sin dar su apellido por miedo a ser detenido.

Cerca de un tercio de los casi 10 millones de tunecinos llamados a las urnas tienen menos de 35 años, según cifras oficiales, pero muchos no están interesados en votar, recoge un trabajo especial de AFP.

Un estudio publicado en agosto por el Arab Barometer, un acreditado instituto, asegura que 7 de cada 10 jóvenes tunecinos de entre 18 y 29 años quieren emigrar.

«Si nos dieran inmediatamente tres barcos, nadie se quedaría aquí», explica a AFP Mohamed, contemplando la terraza de la cafetería.

Según Arab Barometer, el 46% de la población quería abandonar su país en 2023, frente al 22% en 2011, lo que sitúa a Túnez a la cabeza de los países árabes.

Todos los años, miles de tunecinos emigran gracias a visados de estudiante o permisos turísticos que intentarán prolongar. Otros miles, en su mayoría jóvenes, emprenden la peligrosa ruta por el mar Mediterráneo hacia Europa.

Esta semana, un barco que partió de la turística isla de Yerba (sur) se hundió a 500 metros de la orilla y al menos 15 tunecinos murieron ahogados, entre ellos bebés.

«Tan solo tengo 17 años y cuando veo a algunas personas más mayores que no hicieron nada en sus vidas, me hago muchas preguntas», explica Ghaith, un estudiante que también querría emigrar.

Los jóvenes son los más afectados por el desempleo, con un 41% de parados (frente a una tasa nacional del 16%) y un 23% entre los licenciados.

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Ninguno de los jóvenes entrevistados por AFP dio su apellido, en un contexto de creciente represión -según las oenegés- de las voces críticas con el presidente Kais Saied, que se presenta a un segundo mandato.

El mandatario, elegido democráticamente en 2019, ha sido acusado de deriva autoritaria desde que se atribuyó plenos poderes en julio de 2021.

«Más de 170 personas están detenidas actualmente en Túnez por motivos políticos o por haber ejercido sus derechos fundamentales», según la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW). Esta cifra incluye a opositores políticos, empresarios, sindicalistas, activistas y comentaristas políticos.

Slim, un trabajador autónomo de 31 años, cree que no ganó «nada» durante los primeros cinco años de gobierno de Saied. «Me gusta, lucha contra la corrupción, pero personalmente no me he beneficiado», afirma.

Según él, la población está «cansada» de enfrentar las crecientes dificultades para comer o desplazarse. «¿Por qué si no creen que quieren marcharse? Se echan al mar sabiendo que pueden morir».

Algunos jóvenes se agarran sin embargo a la esperanza de cambiar el curso de los acontecimientos.

Souhaieb Ferchichi, de 30 años y miembro de la organización de observadores electorales I Watch, se manifestó recientemente frente al Parlamento de Túnez contra unas elecciones que calificó de «farsa», tras un proceso de selección que descartó a la mayoría de los competidores serios de Saied.

Salma Ezzine, médica de 25 años que también acudió a la manifestación, quiere quedarse en el país. «La gente debe comprender que un éxodo así solo puede agravar el problema. Si nadie se queda, ¿quién impulsará el cambio?»

Vale destacar que cualquier parecido con un país suramericano, que otrora fue la joya y envidia de muchos y hoy venido a menos, es pura coincidencia.

Con información de AFP

La crisis venezolana, la migración por el Darién y la situación del país frente a las listas de paraísos fiscales son los tres temas fundamentales que abordará el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El anuncio lo hizo este jueves, tras informar que viajará el sábado próximo a Nueva York, con los tres temas en agenda.

Para Mulino la migración y la crisis que se vive en Venezuela, están estrechamente relacionados, por lo que los temas que tratará durante su intervención y en reuniones bilaterales con algunos presidentes, en el marco de la Asamblea de la ONU.

Advirtió que aunque se ha reducido el flujo, los venezolanos siguen siendo el “67% de los (migrantes) que van entrando” a Panamá por la selva del Darién, con un aumento además de otras nacionalidades como la china y nepalí, reseña EFE.

Explicó que el problema de la crisis humanitaria en la frontera, afecta a Panamá, ya que es “receptora de un problema de magnitud internacional todos los días”.

Agregó que “la crisis humanitaria de nuestra frontera nos está causando costos económicos altísimos, pero también costos ambientales y en vidas humanas, por lo que ahí se vive que es una tragedia humanitaria en todo sentido”.

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Mulino dio los detalles de su agenda en la ONU, en una rueda de prensa, en la que le consultaron sobre la posibilidad de aceptar los pasaportes venezolanos vencidos, a lo que respondió que podría considerarlo, aunque no se lo han planteado.

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Prometió alejarse de la retórica y concentrar en los temas de interés para su país. “No voy a echar un recurso de retórica y de quiénes fueron, cuando la crearon, para qué se creó y de dónde nació las Naciones Unidas, eso todo el mundo lo sabe, ahí voy a un foro de denuncia y un foro de planteamiento de nuestra posición nacional”.

Indicó que su agenda de trabajo incluye foros empresariales, bancarios y de inversionistas, así como reuniones bilaterales con representantes de algunos países que han solicitado ese encuentro.

Cuando Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones, José Ochoa empezó a alistar maletas para caminar desde Colombia hacia Estados Unidos por la selva del Darién. Como a otros migrantes, la esperanza de volver a Venezuela se le esfumó tras los comicios.

Ochoa, de 38 años, confiaba en el triunfo de la oposición el 28 de julio para volver a su natal estado de Carabobo (centro-norte), cuatro años después de salir de Venezuela huyendo de la crisis económica.

Pero en medio de denuncias de fraude, Maduro fue reelegido para un mandato hasta 2031, en un país del que han salido más de siete millones de personas, según la ONU. De ellos, tres millones han llegado a Colombia, el principal receptor.

«Voy a tomar camino hacia Estados Unidos (…) no quería hacerlo, pero es una dura decisión», dijo Ochoa en Madrid, un municipio cercano a Bogotá.

Allí vivía solo en una pequeña habitación. Cuando la AFP lo visitó, días después de las elecciones, ya había vendido la cama y una bicicleta en la que se movilizaba hasta su trabajo en un campo de flores.

Tenía preparada una mochila con ropa para afrontar el viaje de unos 15 días.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha alertado de una «ola» de migración sin precedentes si Maduro continúa en la presidencia.

Después de la entrevista, la AFP perdió contacto con Ochoa.

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El día de los comicios Ochoa se sintió «muy molesto». «No le voy decir que me puse a llorar, pero sí me dio mucha rabia porque todos teníamos la esperanza de que esto cambiara», confesó.

Pese a la presión de organismos multilaterales y varios países para que revele las actas de las votaciones, la autoridad electoral aún no publica los resultados aduciendo un supuesto jaqueo al sistema de escrutinio.

Un triunfo del opositor Edmundo González Urrutia hubiera motivado a Ochoa para regresar a casa y reencontrarse con su padre. Su madre y una hermana murieron en su ausencia.

Ahora enfrentará los peligros de cruzar el Darién, una selva que divide a Colombia de Panamá donde operan paramilitares y bandas de ladrones.

Para Ronal Rodríguez, del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario, «ya estamos teniendo» una nueva ola migratoria que agravará la situación humanitaria en ese inhóspito corredor.

En 2023, más de medio millón de migrantes cruzaron esa jungla según cifras oficiales panameñas, la mayoría de ellos son venezolanos.

En Brasil, Yajaira Deyanira Resplandor se sintió «derrotada» al ver el triunfo del chavismo.

Estaba «triste, impotente por mi país, por la gente que se ha muerto y los que están presos», dijo la mujer de 56 años, que trabaja en una fábrica textil y vive en una favela en Río de Janeiro.

Siete años después de llegar por tierra junto con sus dos hijas, aún no se adapta a la vida fuera de Venezuela y anhela el regreso, «siempre y cuando salga el presidente».

Para William Clavijo, presidente de ONG Venezuela Global, que apoya la integración de venezolanos en Brasil, el resultado de la elección sumergió a los migrantes «en una situación de mucha tristeza».

«Se crea incertidumbre sobre la posibilidad de regresar, de poder reencontrarse con su país, de volver a tener vidas estables, salarios dignos», explicó.

Según cifras oficiales hasta junio de 2024, casi 600.000 venezolanos ingresaron y permanecieron desde 2017 en Brasil, donde el idioma es un obstáculo difícil de sortear.

Pese al desánimo, Resplandor aseguró que no pierde las esperanzas, y sentenció: «Dios lo va a sacar de ahí» (a Maduro).

«Estoy aquí con un ansia de que cambie todo allá y volver pronto. Quiero recobrar mi vida en Venezuela», suplicó Alba Olivero, de 70 años, en Montevideo.

En la capital uruguaya, Olivero no puede cobrar la jubilación de unos 25 dólares mensuales, pues el gobierno venezolano rompió en 2015 el convenio que regía para eso.

«En cuanto caiga el gobierno de Maduro me vuelvo para ayudar en la reconstrucción» del país, sostuvo. Quiero «vivir y morir» en Venezuela.