El Gobierno de José Antonio Kast ha concretado este jueves el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares. En el avión que despegó desde Chile al mediodía iban 19 colombianos, 17 bolivianos y cuatro ecuatorianos. 

Existen algo más de 44.000 extranjeros sin papeles listos para ser expulsados, 65% de ellos venezolanos, según la Administración chilena, lo que supone un desafío económico y diplomático mayúsculo. 

Al estar congeladas las relaciones consulares con Venezuela, el Ejecutivo chileno apuesta a que se vayan por su cuenta. Desde que Kast ganó la presidencia el 14 de diciembre pasado, 2.180 venezolanos irregulares han salido de Chile de manera voluntaria, según informó este jueves el Gobierno.

 No existen datos disponibles para comparar la cifra entregada por el Gobierno con el mismo período de años anteriores, es decir, de mediados de diciembre a mediados de abril. Pero en los últimos cuatro años, entre 2022 y 2025, 24.525 venezolanos han utilizado ese mecanismo, un 76% del total de salidas voluntarias. Es decir, un promedio de 6.130 anuales.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, han anunciado que están “estudiando posibilidades de facilitar esa salida voluntaria” y que la próxima semana se debieran dar a conocer los detalles de esta medida.

Lea también:  Yvan Gil repudia palabras del presidente de Chile sobre supuesto "restablecimiento" de relaciones

En 2025, un total de 6.613 inmigrantes irregulares salieron voluntariamente de Chile. De ellos, 5.212 eran venezolanos, según cifras oficiales.

 En 2024, la cifra alcanzó los 11.004, -8.813 venezolanos; en 2023, salieron 8.886, -6.616 venezolanos; y en 2022, el año que asumió la presidencia Gabriel Boric, 5.711 inmigrantes irregulares hicieron lo propio, -3.884 eran venezolanos-.

El mecanismo consiste en que un inmigrante sin papeles, ya sea por haber ingresado a Chile por un paso no habilitado o por tener su residencia caducada, acude al Servicio Nacional de Migraciones con su pasaje aéreo y pide un permiso para salir. 

De obtenerlo, lo debe presentar a la Policía de Investigaciones (PDI) y tiene 15 días para cruzar la frontera chilena.

En el primer trimestre de este año, entre enero y marzo, las salidas voluntarias suman 1.831, según el Servicio Nacional de Migraciones.

A poco más de un mes desde que Kast llegó a La Moneda para liderar un Gobierno de emergencia, enfocado en la seguridad, economía y control migratorio, la Administración expulsó a los primeros extranjeros irregulares en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). 

En un punto de prensa en la pista de aterrizaje de la FACh, el subsecretario Pavéz remarcó que el primer vuelo de expulsión del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) se ejecutó en octubre de su primer año de mandato y que aumentarán la frecuencia de los vuelos, aunque no especificó en cuánto.

 “Las expulsiones se hacen, no se anuncian y por razones de seguridad interior estamos impedidos a anunciar la programación de cuáles son los vuelos”, argumentó. “Las expulsiones aéreas como las de hoy son ocasionales, pero todos los días tenemos expulsados que salen en vuelos comerciales en grupos pequeños de 2 o 3 personas”, añadió.

 Las coordinaciones se hacen entre las cancillerías de los países y las policías respectivas, quienes esperan a los expulsados en sus países de origen.

En el vuelo no iba ningún venezolano. Consultado sobre las gestiones con la Administración de Delcy Rodríguez, Sauerbaum sostuvo que para el Gobierno de Kast “es prioritario poder tener las conversaciones necesarias y en eso está el ministerio respectivo (el canciller Francisco Pérez Mackenna), para abrir un camino que nos permita expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela”. 

Como las relaciones diplomáticas con Caracas están suspendidas, el Ejecutivo quiere impulsar la salida voluntaria de los venezolanos, que bajo esa vía sí son recibidos en su país de origen. No así los expulsados.

 Con información de El País.

 En una mañana reciente de abril, Stephen Miller encabezó una llamada entre varias agencias con una pregunta: ¿por qué los países no estaban aceptando a más deportados desde Estados Unidos?

En el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, el arquitecto de su agenda migratoria había supervisado una maquinaria de deportación que, según el Departamento de Seguridad Nacional, ha expulsado del país a más de 675.000 inmigrantes indocumentados.

Eso está por debajo del objetivo de la administración de 1 millón de deportaciones al año, aunque funcionarios de Seguridad Nacional sostienen que cientos de miles de otras personas han salido del país voluntariamente.

Así que, en un esfuerzo por sortear a algunos países que se negaban a readmitir a sus ciudadanos, la administración ideó un plan para firmar acuerdos con otros países para que aceptaran deportados independientemente de si eran de esos países o incluso si hablaban el idioma.

Sin embargo, aunque alrededor de dos decenas de países —que abarcan desde África y Asia Central hasta América Latina— siguieron suscribiendo acuerdos o memorandos de entendimiento para aceptar deportados desde Estados Unidos, ese plan solo ha representado una fracción mínima de las deportaciones.

El Migration Policy Institute, un centro de estudios no partidista, estimó que 15.000 personas fueron deportadas a terceros países —13.000 de ellas enviadas a México— entre enero y diciembre de 2025. Los acuerdos con cada país varían: algunos ofrecen más detalles que otros, incluidos parámetros sobre a quién se aceptará.

Lea también: Denuncian detención de médico venezolano en EE. UU.: se lo llevó el ICE y no saben dónde está 

“La Administración Trump está utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para llevar a cabo la mayor operación de deportación legal de extranjeros ilegales criminales en la historia”, dijo a CNN en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. El Departamento de Estado dijo de manera similar en un comunicado que “implementar las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad máxima para el Departamento de Estado”.

El único país que ha aceptado un número significativo de migrantes deportados de otros países es México, y eso mediante un acuerdo que comenzó durante la administración del presidente Joe Biden. Algunos países firmaron acuerdos, pero no se sabe públicamente si han aceptado a algún migrante.

 Miller pareció frustrado en la llamada y dirigió su enojo a funcionarios del Departamento de Estado, según dos funcionarios estadounidenses. A pesar de haber alcanzado todos estos arreglos con países lejanos para aceptar migrantes desde Estados Unidos, la expulsión de inmigrantes hacia esos países parecía haberse estancado; o quizá nunca haber comenzado realmente.

Su mensaje a los funcionarios fue claro: si no podían lograr que los países avanzaran más rápido y aceptaran a más personas, él se involucraría.

“Está al límite con esto”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que no ha habido quejas internas sobre el ritmo del programa, sino conversaciones sobre trabajar con más países en acuerdos de expulsión a terceros países, argumentando que esos arreglos han permitido a Estados Unidos expulsar a inmigrantes con antecedentes penales cuyos países de origen no los aceptan.

El intenso impulso por conseguir que países acepten deportados desde Estados Unidos es una parte crítica de la estrategia agresiva de la administración Trump para cumplir la promesa de campaña del presidente de deportaciones masivas.

Históricamente, Estados Unidos ha enfrentado desafíos para deportar a ciertas nacionalidades de regreso a sus países de origen, ya sea por relaciones diplomáticas tensas entre Estados Unidos y esos países, o por los antecedentes penales de algunos de los ciudadanos que Estados Unidos pedía que esos países readmitieran.

El impulso de la administración para deportar migrantes a terceros países busca cumplir dos objetivos: sortear la cooperación de países que no trabajarían con Estados Unidos y servir como elemento disuasorio para migrantes que estén pensando en entrar ilegalmente a Estados Unidos, para que no sean enviados a un país desconocido a miles de kilómetros de su hogar.

Aproximadamente 13.000 personas de nacionalidad no mexicana fueron enviadas por Estados Unidos a México durante el primer año del mandato de Trump, y probablemente unos pocos miles más ya este año, según datos recopilados por Refugees International y Human Rights First.

Este arreglo es una extensión de un programa que comenzó bajo la administración de Biden, que en 2022 anunció que expulsaría a México al creciente número de migrantes venezolanos que cruzaban entonces la frontera sur.

“El acuerdo informal con México continúa, y ahí es donde la gran mayoría de los nacionales de terceros países han sido realmente deportados”, dijo Yael Schacher, directora para las Américas y Europa de Refugees International.

En virtud de los acuerdos, los países aceptan —a menudo a cambio de dinero, favores políticos o ambas cosas— recibir a inmigrantes procedentes de Estados Unidos que no son ciudadanos de esos países. Muchos de los esfuerzos para deportar a estos nacionales de terceros países se han enfrentado a impugnaciones legales.

Aparte de México, otros países han aceptado, como máximo, a unos pocos cientos de deportados —como El Salvador, Panamá, Costa Rica y Uzbekistán— según el recuento de Refugees International y Human Rights First.

Países como Eswatini, Guatemala y Guinea Ecuatorial han aceptado cada uno desde un puñado hasta varias decenas de migrantes, mientras que parece que se ha enviado a menos de 10 a Ruanda, Sudán del Sur y Kosovo.

No se sabe públicamente que más de 10 países que aparentemente tienen arreglos o acuerdos hayan aceptado a algún deportado. Eso no incluye a la República Democrática del Congo, que anunció su propio acuerdo con Estados Unidos apenas este mes.

El portavoz del Departamento de Estado declinó comentar sobre comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos.

Los acuerdos se presentan principalmente en dos formas: mediante arreglos en los que personas con órdenes finales de expulsión están siendo deportadas a terceros países, y mediante Acuerdos de Cooperación en Materia de Asilo, en los que solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido terminadas en Estados Unidos son enviados a solicitar asilo en otros países.

Los esfuerzos de la administración Trump por deportar migrantes a países desconocidos comenzaron temprano en el segundo mandato de Trump. En marzo de 2025, Estados Unidos —invocando una autoridad en tiempos de guerra bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) del siglo XVIII— comenzó a deportar a cientos de migrantes venezolanos a El Salvador, donde fueron encarcelados en la notoria prisión de máxima seguridad CECOT de ese país.

Para el verano, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos estaba “buscando activamente otros países para que reciban a personas de terceros países”.

 El Gobierno de Trump gastó más de US$ 30 millones para deportar a inmigrantes a países que no son los suyos, según un informe

“Estamos trabajando con otros países para decir: ‘Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países; ¿harían eso como un favor para nosotros?’ Y cuanto más lejos de Estados Unidos, mejor, para que no puedan volver a cruzar la frontera”, dijo.

Otro intento de alto perfil ocurrió el año pasado, cuando un grupo de migrantes, inicialmente con destino a Sudán del Sur, fue retenido por Estados Unidos en una base militar en Djibouti. 

Los migrantes, incluidos algunos de Cuba, Vietnam y Laos, fueron mantenidos en un contenedor marítimo Conex reconvertido. Eso provocó una demanda y, finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema, que permitió a Estados Unidos reanudar la deportación de migrantes a países distintos de su país de origen con un aviso mínimo.

También estuvo el caso de Kilmar Ábrego García, a quien la administración Trump ha intentado deportar repetidamente a África desde que el inmigrante salvadoreño regresó tras su detención en la megacárcel de El Salvador, donde jueces habían dictaminado previamente que no debía ser deportado.

En febrero, los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado publicaron un informe que describía los costos asociados con las expulsiones a terceros países. El informe concluyó que la administración “ha gastado decenas de millones de dólares para trasladar a un número relativamente pequeño de migrantes a terceros países, en algunos casos pagando más de un millón de dólares por persona”.

El programa, según el informe, tuvo “poco impacto medible” en la agenda de deportaciones de la administración.

Con información de CNN

 Según un estudio reciente del Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV),  44,5 % de los migrantes venezolanos consideraría regresar al país si las condiciones internas mejoran.

​ Tomás Páez, presidente del ODV, comentó en entrevista con Unión Radio que una de las principales exigencias para el retorno es la garantía al derecho a la vida y la seguridad. 

“Es garantizar que no me van a perseguir, garantizar que no me van a asaltar. Es todo”,  afirmó Páez.

Explica que esta demanda abarca la seguridad en su sentido más amplio, integrando tanto la protección personal como la seguridad jurídica.

El estudio destaca que  11,4 % se plantea un regreso a corto plazo y el 9,6 % considera posible un regreso a largo plazo. Entre los condicionales para el regreso, también se encuentran la economía, la estabilidad política y la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos.

Lea también: UNT aboga para que José Antonio Kast no persiga a los migrantes venezolanos en Chile al asumir el poder 

Por otro lado, un 19,3 % de la población migrante ha decidido no regresar, optando por permanecer en el extranjero de forma definitiva. 

Páez explica que este fenómeno responde al fuerte arraigo y la consolidación de proyectos de vida. “Esto se debe a que muchos de los que migraron en estos 20 años ya tienen familia y raíces en su país de acogida. Esta tendencia se ve respaldada por los altos niveles de adaptación reportados, donde un 57 % de los encuestados se considera completamente integrado y un 32 % se siente medianamente integrado en su país de acogida”.

“La diáspora está conformada por personas entre los 18 y 50 años, casi todos en edad productiva y reproductiva, y la población está creciendo en otras fronteras, lo que impacta en la decisión de retornar”, según Páez.

Aunque no deseen regresar, el sociólogo destaca que la gran mayoría de los venezolanos en el exterior quiere participar en la reconstrucción del país. 

“Más allá de que un porcentaje elevado no va a retornar a Venezuela porque Venezuela ya cambió (…), Más del 95% está interesado en participar, está comprometido con el desarrollo de Venezuela”, afirma.

Páez señala que la migración venezolana no se ha detenido, aunque el flujo se ha ralentizado en comparación con años anteriores. El sociólogo explica que los ciudadanos continúan saliendo del país en búsqueda de mejores oportunidades.

 Con información de Unión Radio

La construcción del muro negro fronterizo entre Estados Unidos y México en la zona de Santa Teresa, frente a Ciudad Juárez, forma parte de un proyecto impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump que contempla una inversión aproximada de 4.500 millones de dólares para reforzar la seguridad en distintos puntos de la frontera.

Entre las características del nuevo tramo destaca la construcción de un muro metálico pintado en color negro con acabado mate, diseñado para absorber más calor con la exposición solar y dificultar así la escalada de los migrantes.

El proyecto, desarrollado en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), prevé la edificación de alrededor de 230 millas de barrera fronteriza, de las cuales 110 kilómetros millas se ubicarán entre El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua), una de las zonas con mayor flujo migratorio entre ambos países.

En entrevista para EFE, el religioso Javier Calvillo, señaló que a lo largo de los años las distintas estrategias aplicadas por autoridades estadounidenses —como programas migratorios restrictivos, operativos de seguridad y la construcción de barreras físicas— no han logrado detener el flujo migratorio en la frontera norte de México.

“Mientras más difícil pongas tu muro o tus vallas, afectan más a la migración, la haces más complicada, y de todos modos, aunque el migrante se ponga este muro, seguirá pasando.”, expresó.

Lea también: ¿MÁS? Trump quiere aumentar la presencia de EE. UU. en el MUNDO y la CASA BLANCA revela la estrategia

Calvillo recordó que en distintos momentos Ciudad Juárez ha enfrentado episodios de alta presión migratoria, cuando miles de personas se concentraron en los alrededores de los puentes internacionales en espera de cruzar hacia EE. UU.

De acuerdo con el religioso mexicano, las medidas de endurecimiento fronterizo, incluyendo las impulsadas por autoridades estatales y federales en EE. UU., han tenido efectos limitados para frenar el fenómeno migratorio.

“Nunca van a poder frenar la migración. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a pensar más en grande, a pesar de los muros, a pesar de los programas o a pesar de las estrategias.”, indicó.

El sacerdote explicó que experiencias previas, como las restricciones aplicadas durante la pandemia mediante Título 42 o el programa ‘Quédate en México’ (MPP), provocaron que muchos migrantes permanecieran por largos periodos en ciudades fronterizas o buscaran alternativas más peligrosas para cruzar.

El religioso reconoció que cada país tiene derecho a proteger su soberanía y reforzar sus controles fronterizos, pero subrayó que también debe considerarse el derecho de las personas a buscar mejores condiciones de vida.

“Cada país tiene todo el derecho y toda la libertad de cuidar su soberanía, de cuidar su seguridad, de cuidar todas, todo lo que hay, pero también hay que reconocer que la persona tiene todo el derecho de moverse”, afirmó.

Finalmente, advirtió que el incremento de barreras físicas en la frontera, como los nuevos tramos de muro que se construyen en la región, podría elevar el nivel de riesgo para quienes intentan cruzar hacia territorio estadounidense.

“Por muchos muros que pongan, por muchas estrategias que pongan, nunca podrán superar la inteligencia o la voluntad, o sobre todo la fuerza que tiene el migrante de buscar una mejor vida para él, para su familia.”, concluyó.

Con información de Efe

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos abrió el lunes la puerta a la deportación de migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS) para vivir en el país norteamericano.

El TPS permite a grupos reducidos de personas residir y trabajar en territorio estadounidense si se considera que corren peligro si regresan a sus países de origen, debido a guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Luego de volver a la Casa Blanca el año pasado, el presidente Donald Trump tomó medidas para poner fin a ese sistema de protección temporal que ha permitido a decenas de miles de ciudadanos hondureños, nicaragüenses y nepalíes permanecer legalmente en Estados Unidos.

Un juez federal había anulado esa orden, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el lunes un dictamen que permite al gobierno proceder con las deportaciones mientras avanza el proceso para recurrir esa decisión.

La "orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación", se lee en la decisión del lunes.

El TPS se había aplicado a más de 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos después de que el huracán Mitch devastara esos países centroamericanos en 1998.

Alrededor de 7.000 nepalíes cuentan con el estatus de protección tras el terremoto que azotó el país asiático en 2015.

Históricamente, los presidentes estadounidenses han renovado el TPS a los migrantes en lugar de revocarlo y convertirlos en indocumentados.

Pero Trump ha prometido una campaña de deportación masiva, y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió el lunes que "el TPS nunca se diseñó para ser permanente".

Su cartera ha dicho que el retiro de ese estatus responde a la mejoría de las condiciones en esos países, hasta el punto de que sus ciudadanos pueden regresar a sus hogares de forma segura.

Con información de AFP

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó este  lunes una ley de California que iba a prohibir a los agentes federales, incluidos los de inmigración, cubrirse el rostro durante las operaciones, aunque estableció que deben mostrar su identificación.

El uso de máscaras por parte de algunos agentes fuertemente armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de la campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump, suscitó críticas de los líderes locales de las ciudades gobernadas por los demócratas.

La jueza federal Christina Snyder consideró que la normativa firmada en septiembre y conocida como "Ley contra la policía secreta" es discriminatoria, ya que no se aplica también a los agentes del orden estatales.

La prohibición propuesta "discrimina ilegalmente a los agentes federales", escribió.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se atribuyó una victoria en redes sociales después de que su Departamento de Justicia impugnara la ley, lo que suspendió su entrada en vigor.

"Seguiremos luchando y ganando en los tribunales por la agenda de ley y orden del presidente Trump, y SIEMPRE respaldaremos a nuestros grandes agentes federales", dijo en un comunicado.

Sin embargo, la jueza confirmó una medida que exige a los agentes mostrar su identificación y su número de placa.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aprovechó que el tribunal ratificó ese requisito para proclamar su propia victoria parcial.

"Un tribunal federal acaba de mantener la ley de California que EXIGE a los agentes federales identificarse. California seguirá defendiendo los derechos civiles y nuestra democracia", aseguró en la red social X.

La jueza Snyder sugirió en su fallo que la prohibición sería constitucional si se ampliara para abarcar también a las fuerzas del orden estatales.

El senador demócrata Scott Wiener, coautor de la legislación, dijo el lunes que modificaría la ley y propondrá una nueva prohibición que incluya a todos los funcionarios estatales.

Con información de AFP

"Un nuevo amanecer para Venezuela". Así describió un alto diplomático el futuro de ese país tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses.

Pero para varios de los ocho millones de venezolanos exiliados en la última década, la alegría de ver a Maduro comparecer ante un tribunal de Nueva York se vio empañada al saber que sus altos funcionarios siguen al mando.

La salida por la fuerza de Maduro de Venezuela provocó inicialmente escenas de júbilo entre la diáspora. Muchos se emocionaron al recordar las penurias de las que huyeron y a los familiares que dejaron atrás durante su mandato iniciado en 2013.

Pero aunque varios dijeron soñar con volver a su país, aún no hacen maletas ante lo incierto del panorama.

Lea también: Reducen mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles en la acusación en su contra

"En Venezuela no ha habido un cambio de régimen. En Venezuela no hay transición", dijo a la AFP Ligia Bolívar, socióloga venezolana y defensora de derechos humanos que vive en Colombia desde 2019.

"Nadie en esa circunstancia va a salir corriendo para Venezuela", agregó.

A las afueras del consulado venezolano, donde esperaba para renovar su pasaporte, Alejandro Solórzano, de 35 años, coincidió con esa visión. "Todo está igual", dijo.

La maltrecha economía es uno de sus principales motivos para mantenerse fuera de Venezuela. En el extranjero trabajan y pueden enviar remesas a casa.

Algunos también mencionaron su temor al aparato de seguridad y a los grupos armados afines al gobierno que recorrieron las calles de Caracas en los últimos días para reprimir cualquier celebración de la caída de Maduro.

En sus primeras declaraciones tras la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró dispuesto a trabajar con la presidenta interina Delcy Rodríguez, dejando a un lado a la líder opositora y nobel de la Paz María Corina Machado.

Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro, se posesionó el lunes al frente del mismo gobierno que dirigía el depuesto mandatario y que incluye a los ministros del Interior, Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino.

Cabello es una figura temida, tras haber ordenado reprimir las protestas poselectorales de 2024, en las que fueron detenidas unas 2.400 personas.

La Unión Europea exigió el lunes que cualquier transición incluya a Machado y a su candidato en las presidenciales de 2024, Edmundo González Urrutia, cuyo triunfo reivindica la oposición.

Pero Andrea, una asesora de inmigración de 47 años que vive en Buenos Aires y prefirió no dar su apellido, consideró que aún no es la hora de Machado.

"Hasta que Trump vea que esa situación está controlada, hasta que tenga agarrados por las bolas a todos estos criminales, no va a poder poner a María Corina", dijo.

Luis Peche, analista político que sobrevivió a un atentado con arma de fuego en Bogotá el año pasado, presuntamente por motivos políticos, también se mostró a favor de una transición negociada.

"Hay que ver las cosas como un proceso", dijo Peche. "Necesitas igual la parte de ese aparato estatal" para mantener al país en pie, agregó.

Tamara Suju, experta en derechos humanos afincada en España, afirmó que mantener al mismo elenco al mando era un mal necesario, al menos a corto plazo.

"Son ellos con los que el gobierno de Trump negocia la transición, porque es que no hay otra forma de hacerlo", dijo a la estación española esRadio. Consideró que eventualmente Washington les obligará a dimitir.

Edwin Reyes, un instalador de ventanas de 46 años que vive en Colombia desde hace ocho, dijo que una vez que Venezuela sea "completamente libre", consideraría volver.

"Hemos esperado, ya yo tengo ocho años fuera en el exilio", dijo. "¿Qué me cuesta esperar tres, cuatro, cinco, seis meses más?".

Con información de AFP

 Transportar ilegalmente migrantes desde Norte de Santander hasta la frontera con Ecuador y la región de Urabá, fue la actividad ilegal que durante año y medio desplegó una red delictiva descubierta por la Fiscalía General de Colombia, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional.

El grupo delictivo captaba extranjeros, la mayoría de nacionalidad venezolana, en inmediaciones de la terminal de transportes de Cúcuta, Pamplonita y Los Patios (Norte de Santander). 

Posteriormente, los llevaba a tres agencias de viajes para venderles paquetes que incluían traslados en buses de turismo a Quito (Ecuador), Lima (Perú) y ciudades de Chile, además de hospedaje, alimentación, chip para llamadas, acompañamiento de guías y entrega de documentos para supuestamente eludir los controles policiales y migratorios. 

Estos papeles en realidad eran extemporáneos o falsos y no tenían validez.

De esta manera, en seis eventos ilícitos acreditados, fueron movilizadas 222 personas, 27 de ellas menores de edad.

Lea también: Dan de baja a dos miembros del Clan del Golfo en Antioquia

Gran parte de los migrantes quedaron abandonados en zona de frontera con Ecuador, sin cumplir la mitad del trayecto prometido.

Por estos hechos, fueron capturados seis de los señalados integrantes de la red. 

Se trata de Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado. 

Por disposición de un juez de control de garantías, cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Becerra Vera permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.

Con información de prensa Fiscalía de Colombia

Un vuelo con migrantes venezolanos que intentaban regresar al  país desde Panamá fue suspendido por falta de una autorización del gobierno de Venezuela, que inicialmente lo había aprobado, dijo este miércoles a la AFP el gobierno panameño.

El primer vuelo directo de este tipo entre Ciudad de Panamá y Caracas debía partir el pasado 22 de diciembre, según anunció el presidente panameño, José Raúl Mulino.

El grupo lo conformaban entre 70 y 100 personas que retornaban voluntariamente, tras fracasar en su intento por llegar a Estados Unidos.

Pero "lastimosamente no pudimos concretar ya en el último minuto el visto bueno de las autoridades venezolanas para que el avión pudiera despegar de Panamá y aterrizar en Caracas", dijo a la AFP el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego.

Debido a ello, los migrantes continuaron el viaje hacia Colombia por sus propios medios, agregó el funcionario, al confirmar que el vuelo había sido pactado con el consulado venezolano en Ciudad de Panamá.

Lea también:  Panamá anuncia primer vuelo directo a Caracas con migrantes venezolanos para el 22DIC

Ábrego indicó que su gobierno busca reunir un nuevo grupo de migrantes y retomar las conversaciones con las autoridades venezolanas para ayudar con su repatriación.

Es una forma de "evitar que estas personas corran un riesgo", afirmó el ministro, al mencionar que en días pasados un migrante murió cuando regresaba por vía marítima.

Desde 2024, Panamá ha realizado medio centenar de vuelos, financiados por Washington, con migrantes deportados a distintos países de Sudamérica, pero los venezolanos eran enviados a Colombia debido a que Mulino suspendió las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

Con información de AFP

La Iglesia católica y diversas organizaciones que operan en la frontera sur de México alertaron sobre la presencia de amplios asentamientos de migrantes en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, una situación que comienza a impactar directamente espacios parroquiales y comunidades locales.

El responsable de la Diócesis de Tapachula para la pastoral de la movilidad humana, César Augusto Cañaveral, explicó que las zonas donde antes se concentraban migrantes centroamericanos han visto crecer el número de personas varadas, ahora provenientes de Venezuela, Haití, Cuba, Guatemala y El Salvador.

“Antes teníamos asentamientos de migrantes centroamericanos, pero ahora se han acrecentado los grupos y las personas que están viviendo en las zonas parroquiales”, señaló el sacerdote en declaraciones a la agencia EFE.

A su juicio, muchos migrantes esperan una eventual apertura de Estados Unidos, lo que mantiene a esta población en una situación de alta vulnerabilidad.

 Lea también: Juez ordena a TRUMP que permita "debido proceso" a migrantes venezolanos enviados a El Salvador

Cañaveral advirtió que quienes permanecen fuera de los albergues son los menos atendidos, aunque algunos han comenzado a trabajar informalmente. “Los que están en los albergues son los más necesitados, pero estos otros están intentando sobrevivir trabajando, y eso dice mucho de la realidad en estos asentamientos”, afirmó.

El religioso aseguró que toda la periferia de Tapachula y numerosas colonias registran presencia de migrantes, por lo que llamó a la población local a aprender a convivir con ellos. “Somos una iglesia de frontera. Tenemos que trabajar en la integración y en crear relaciones sanas”, sostuvo.

También cuestionó la respuesta del Estado mexicano ante la situación. “El Gobierno no está a la altura de un fenómeno migratorio que, aunque viene a la baja, sigue siendo un enorme pendiente”, denunció.

Tapachula, con una población estimada de 350.000 habitantes según el censo de 2020, se ha convertido en el principal punto de recepción de solicitudes de asilo en México. Datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) indican que hasta septiembre de 2025 se registraron más de 52.000 solicitudes de asilo en el país, de las cuales 66 % se concentraron en Chiapas, con Tapachula a la cabeza.

Desde el sector laboral, Teodoro Vázquez Castillo, secretario general de la Federación Obrera Revolucionaria de Chiapas, reconoció que cientos de migrantes llevan meses en el municipio, algunos ya incorporados a empleos formales. “Es una molestia, pero también es una necesidad”, dijo, al tiempo que cuestionó las expectativas con las que muchos llegaron a la ciudad.

“La migración es un fenómeno que, en una zona ya golpeada por la pobreza y la crisis económica, termina agravando la situación de quienes viven y trabajan aquí”, advirtió.

Las declaraciones reflejan una realidad compleja en la frontera sur mexicana, donde la presión migratoria, la precariedad local y la falta de políticas efectivas siguen tensionando la convivencia y la capacidad de respuesta institucional.

Con información de Efe

“Tenemos que unirnos… buscar una solución que vea, dentro de la dignidad de las personas, el cómo solucionar algo que nos afecta a todos”, dijo esta semana el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en Quito, al reunirse con jeefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa.

Y es que a   Kast le faltan aún dos meses y medio para asumir como presidente de Chile, pero ya comenzó a moverse como la estrella emergente de la política sudamericana que es, con viajes a Argentina, Perú y Ecuador.

 Sabe que no tiene tiempo que perder porque la más arriesgada de sus promesas, devolver a todos los inmigrantes irregulares a sus países, no depende sólo de él. Necesita, incluso, de la colaboración del propio Nicolás Maduro y del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que considera que Kast es «un nazi».

Un par de horas antes había hecho escala en Lima, donde se vio con el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela. Días antes había estado en Buenos Aires visitando al presidente Javier Milei, y ya en esas horas comenzó a insistir con el difuso concepto de «corredor humanitario».

Lea también: Comienza la transición en Chile: Gabriel Boric se reúne con José Antonio Kast

¿A qué se refiere Kast? El líder de la derecha dura chilena fue elegido en la segunda vuelta con el 58,16% de los votos, un rotundo triunfo sobre Jeannette Jara, la dirigente comunista que postulaba la coalición de izquierdas del actual presidente, Gabriel Boric. 

Pero a Kast le fue siendo cada vez más difícil explicar cómo llevaría a cabo su promesa, sostenida sobre una cuenta regresiva, día a día, que plantea que el 11 de marzo, día del cambio de gobierno, los 330.000 inmigrantes en situación irregular deberán haber abandonado Chile si no se quieren exponer a situaciones complejas.

«No vamos a regularizar ni a empadronar a ninguno. Les quedan 92 días [el tiempo que faltaba ese día hasta la asunción del nuevo presidente] para que dejen nuestro país libremente. Lo mismo les decimos a los prófugos, regresen hoy día, porque si luego al buscarlos nos cuestan un peso, lo van a pagar con más cárcel», dijo Kast.

«¿Cómo harás eso, José Antonio?», le preguntó Jara. «Has dicho primero que expulsarías a los inmigrantes irregulares, luego que los invitarías a salir y ahora tienes una tercera derivada y dices que les negarás los servicios públicos. ¿Cuál es tu política?».

«Todo junto», respondió Kast, que añadió que expulsará incluso a los inmigrantes que sean padres de hijos nacidos en Chile: «Si ellos abandonan a sus hijos tendremos que hacernos cargo nosotros».

Al día siguiente, el hoy presidente electo se topó con Bianca, una inmigrante irregular venezolana que tiene una hija chilena. Kast le dijo que debe irse del país: «Nosotros vamos a estudiar todo, pero el primer mensaje que quiero darle es que ustedes se tienen que ir, y mejor antes que después, porque ahora, además, podrán irse con todos sus bienes. Después, no».

En caso de que Kast envíe en efecto a la frontera a todos los inmigrantes irregulares, nada podrá hacer si no cuenta, para empezar, con la cooperación de los países fronterizos, Argentina, Bolivia y Perú. 

Por eso está conversando con sus líderes en una coyuntura política que le es favorable, ya que son presidentes ideológicamente afines.

Jaime Ravinet, ex alto cargo del Gobierno del socialista Ricardo Lagos y hoy consultor político, cree que Kast arriesgó más de la cuenta con la que fue una de las promesas estrella que lo llevó a la Presidencia, aunque entiende que lo haya hecho.

 «Estoy convencido de que aquí hay venezolanos que están moviendo cosas, como lo hicieron los cubanos en 2019. ¿O nos olvidamos del asesinato de [el exmilitar venezolano, Ronald] Ojeda [en febrero de 2024]?», dijo Ravinet a EL MUNDO. "Pero lo que se propone es muy difícil de lograr y él no sabe explicarlo bien. La primera promesa de Kast puede ser el primer problema de Kast".

Otro observador de primera línea, un hombre al que Kast consulta en temas de política exterior, dijo a este diario que el presidente electo chileno trabaja ya en coordinación con el Gobierno de Donald Trump.

«Hay varias razones para un alineamiento estrecho entre Kast y Trump. Y el embajador que mandaron [Brandon Judd llegó en noviembre] calza perfecto en la agenda de seguridad y migración. Hay un giro de Estados Unidos hacia Latinoamérica absolutamente inusual.

Con información de El Mundo

  Un juez federal falló este lunes que el gobierno de Donald Trump debe otorgar el debido proceso legal a los migrantes venezolanos trasladados a una notoria prisión en El Salvador, ya sea proporcionándoles audiencias judiciales o devolviéndolos a Estados Unidos.

El juez de distrito James Boasberg ordenó al gobierno que presente un plan en un plazo de dos semanas para dichos migrantes, quienes desde entonces han sido devueltos a Venezuela en un intercambio de prisioneros.

"Los demandantes no debieron haber sido removidos de la manera en que lo fueron, prácticamente sin ningún aviso y sin oportunidad de impugnar las bases de su remoción, en clara contravención de su derecho al debido proceso", escribió Boasberg.

Es el último desarrollo en un caso que ha sido un punto álgido jurídico en la batida del gobierno estadounidense contra la inmigración. 

Comenzó en marzo, después de que Trump invocara una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para enviar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una prisión salvadoreña conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.

Dos aviones llenos de hombres fueron trasladados a la prisión, a pesar de una orden verbal de Boasberg para que las aeronaves dieran la vuelta. Posteriormente, Boasberg inició una investigación por desacato, aunque la dramática batalla entre los poderes judicial y ejecutivo ha sido pausada por un tribunal de apelaciones.

El gobierno niega haber violado su orden. La Casa Blanca no había hecho hasta el momento comentarios sobre el fallo del lunes.

Más de 200 migrantes fueron liberados y enviados de regreso a Venezuela en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos en julio.

El fallo de Boasberg, quien fue nombrado en el tribunal federal por el presidente demócrata Barack Obama, abre un camino para que impugnen la acusación de que son miembros de la pandilla Tren de Aragua y que por ello están sujetos a remoción bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

 La decisión también autoriza que el caso avance como una demanda colectiva, lo que habilita a todos los venezolanos trasladados en marzo pasado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a cuestionar legalmente su clasificación como enemigos extranjeros.

"Este fallo crucial deja claro que la administración Trump no puede simplemente llevar a personas a una notoria prisión extranjera sin ningún debido proceso y luego irse. Hay consecuencias", comentó el abogado de la ACLU Lee Gelernt, quien representa a los migrantes.

Con información de Telemundo y AP

 Los migrantes venezolanos realizan un aporte económico "clave" a los países donde residen, lo que desvirtúa afirmaciones de que solo representan una carga, señala un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) difundido, a propósito de la conmemoración del Día del Migrante.

Más de siete millones de venezolanos viven fuera de su país por la crisis que soporta la nación petrolera bajo el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo gobierno es desconocido por una parte de la comunidad internacional.

La mayoría vive en América Latina y el Caribe, donde han protagonizado una de las diásporas más grandes en la historia de la región.

"La población migrante venezolana ha emergido como un motor económico clave en los países de acogida, dinamizando el comercio y fortaleciendo el tejido productivo a través de su patrón de gasto", señala el informe.

Lea también: Más de 21.000 migrantes han retornado este año desde EE. UU.: entre ellos venezolanos

El documento analiza la situación de la migración venezolana entre los años 2021 y 2025 en Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana.

Solo en consumo, los migrantes venezolanos aportaron en ese período 10.600 millones de dólares, destacó Julio Croci, de la oficina de la OIM para América Latina y el Caribe, durante la presentación del informe.

El gasto se destina principalmente a alimentación, vivienda y servicios. Además, su aporte a los sistemas de salud y educación echa por tierra el argumento de que la población migrante "sobrecarga" el sector público, agregó Croci.

Adicionalmente, contribuyen con otros 2.000 millones de dólares en el pago de tasas e impuestos, lo que representa casi un 10% del total.

Sin embargo, el documento advierte que más del 80% trabajan de manera informal, lo que dificulta su integración y el pago de mayores tributos.

Los migrantes venezolanos representan "un potencial considerable para el crecimiento económico de los países receptores", por lo que es "crucial" que se facilite su regularización para facilitar su ingreso al mercado laboral formal, subraya el documento.

Con información de AFP

 El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció el establecimiento de una unidad especializada para fortalecer la capacidad del sistema de inmigración estadounidense para identificar terroristas, delincuentes extranjeros y otros ciudadanos extranjeros que representan una amenaza potencial para la seguridad pública o que han cometido fraude u otros delitos. 

Una vez plenamente operativo, el Centro de Verificación de Antecedentes del USCIS, con sede en Atlanta, centralizará la verificación mejorada de antecedentes de extranjeros y permitirá a la agencia responder con mayor agilidad a los cambios en un panorama de amenazas en constante evolución.

“El papel del USCIS en el sistema de inmigración del país nunca ha sido tan crucial. Tras varios incidentes violentos recientes, incluyendo un ataque de un extranjero a miembros de la Guardia Nacional en territorio estadounidense, establecer este centro de verificación nos brindará capacidades mejoradas para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la seguridad pública”, declaró el director del USCIS, Joseph B. Edlow.

“Bajo la administración Biden, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se vio presionado a agilizar los procesos de inmigración y naturalización sin tener en cuenta cómo esto afectaba la seguridad nacional y la seguridad de nuestras comunidades”, agregó.

 “Cambiamos ese enfoque desde el primer día de la administración Trump. Bajo la presidencia de Trump, estamos implementando más medidas de protección que garantizan que el fraude, el engaño y las amenazas no vulneren la integridad de nuestro sistema de inmigración”.

Lea también: EE. UU. reduce vigencia de permisos de trabajo para migrantes de 5 años a 18 meses

Una vez que el nuevo centro de verificación esté plenamente operativo, aprovechará todas las capacidades de selección y verificación de datos clasificados y no clasificados, y realizará una revisión complementaria más exhaustiva de las solicitudes y peticiones de inmigración. Estas revisiones se basarán en tecnologías de vanguardia, incluyendo inteligencia artificial.

El centro utilizará los recursos de investigación del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias policiales y de inteligencia para llevar a cabo esta labor crucial. Se encargará de revisar las solicitudes pendientes, así como una revisión más integral de las solicitudes de extranjeros ya aprobadas. Las revisiones priorizarán las solicitudes de países de interés designados por el presidente.

Este anuncio se suma a una serie de esfuerzos recientes que se alinean con la Orden Ejecutiva presidencial 14161, Protegiendo a los Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública . 

Estos incluyen la reciente implementación de medidas de seguridad nacional que permiten a los oficiales de inmigración considerar factores negativos específicos del país (como la falta de documentos de identidad emitidos por el gobierno y la incapacidad de realizar verificaciones de antecedentes penales) al investigar a extranjeros de 19 países de alto riesgo.

Agrega  la reciente pausa en las decisiones afirmativas sobre solicitudes de asilo; números récord de contrataciones para nuevos defensores de la patria de USCIS ; una regla propuesta para garantizar una selección y verificación más sólidas de ciertos extranjeros antes de extender sus autorizaciones de empleo; y el establecimiento de agentes especiales de USCIS con autoridad policial para investigar, arrestar y enjuiciar violaciones de inmigración.

Con información de UCIS

Al menos 23 inmigrantes que viajaban escondidos en la cabina de descanso de un camión fueron hallados cerca a la frontera de Texas con México, después que el vehículo llamara la atención de las autoridades por manejar por la orilla de una carretera interestatal.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) informó este martes sobre la detención ocurrida la tarde del pasado viernes 28 de noviembre en el condado de La Salle, al norte de Laredo.

El camión llamó la atención de los agentes del DPS que realizaban un control de tráfico de la operación Estrella Solitaria, lanzada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en 2021.

Durante la inspección, el agente descubrió que el conductor, identificado como John David Amaya, de 24 años y residente de Laredo, conducía el vehículo sin la licencia de conducir comercial (CDL) correspondiente.

El Departamento de Transporte de EE. UU. ha instruido a las autoridades locales a vigilar el cumplimiento de las nuevas reglas para conductores comerciales, como hablar inglés.

El conductor también llamó la atención de las autoridades al transitar por el arcén de la carretera.

Lea también: En EE. UU. PARALIZAN proceso de residencia para migrantes venezolanos y de otros 18 países

Con la ayuda de un perro policía, el agente finalmente encontró a 23 inmigrantes indocumentados escondidos en la zona de descanso del camión.

Los inmigrantes, que eran de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y México, fueron entregados a la Patrulla Fronteriza.

Amaya fue arrestado y acusado de 23 cargos de tráfico de personas, un delito grave a nivel estatal.

Abbott firmó una ley en 2023 que establece una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión para las personas condenadas por tráfico de personas.

El encuentro de los inmigrantes se da a pesar de la agresiva campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.

Con información de Efe

Estados Unidos suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes de 19 países, incluidos Cuba, Haití y Venezuela, en una medida que intensifica la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

El magnate republicano ha endurecido particularmente su posición frente a estas tres naciones latinoamericanas, especialmente con Venezuela los últimos meses al ordenar un despliegue militar sin precedentes en el Caribe.

Trump asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, pero Caracas denuncia que el objetivo es derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Cuba, en tanto, se halla bajo un embargo comercial estadounidense desde hace más de seis décadas y Haití, el país más pobre de América, está sumido en una crisis humanitaria por la violencia pandillera.

Según un memorando oficial divulgado el martes y al que accedió la AFP, la administración de Trump paralizó la tramitación de "green cards" o tarjetas de residencia así como los procesos de ciudadanía para las personas procedentes de un total de 19 países que ya habían estado sujetos a restricciones de viaje en junio.

La medida afecta, además de Cuba, Haití y Venezuela, a Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán y Yemen.

Altos cargos estadounidenses habían indicado los últimos días que endurecerían las políticas migratorias luego de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros cerca de la Casa Blanca en Washington.

El sospechoso del ataque, que se cobró la vida de una guardia, es un ciudadano afgano que el martes se declaró no culpable de cargos de asesinato.

El hombre llegó a Estados Unidos durante las evacuaciones masivas que siguieron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán en 2021.

Lea también: Senador de origen colombiano propone Ley para “poner fin a la doble nacionalidad” en EE. UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) "tiene un papel central en impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos y de garantizar que sus procesos de selección, investigación y adjudicación den prioridad a la seguridad del pueblo estadounidense y respeten todas las leyes", señala el memorando.

El documento agrega que el gobierno comprobó recientemente "lo que la falta de evaluación, verificación y priorización de adjudicaciones rápidas puede hacerle al pueblo estadounidense", citando como ejemplo al presunto autor del ataque a los guardias nacionales de la semana pasada.

Trump, que hizo campaña para regresar a la Casa Blanca con la promesa de deportar a millones de migrantes indocumentados, dijo el 26 de noviembre tras el tiroteo que planea "pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo".

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, también instó el lunes a ampliar la lista de países cubiertos por las restricciones de viaje de junio.

"Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundado nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo", dijo en la red social X, sin nombrar las naciones que, en su opinión, deberían incluirse.

El martes, medios estadounidenses informaron de que las autoridades federales tienen previsto poner en marcha en los próximos días una importante operación de control de la inmigración en Minnesota, que se centraría en ciudadanos somalíes, lo que provocó la reacción de los dirigentes locales, que afirmaron que la policía estatal no cooperará.

Con información de AFP

Un análisis de la agencia Bloomberg alertó sobre un giro abrupto en la dinámica migratoria de Sudamérica: venezolanos que decidieron abandonar Chile por temor a eventuales expulsiones, provocando tensiones en la frontera con Perú y presionando al Gobierno en plena campaña presidencial.

El medio atribuye directamente este movimiento al endurecimiento del discurso migratorio del candidato José Antonio Kast, cuyas declaraciones ya estarían generando efectos concretos más allá del país.

Según Bloomberg, lo ocurrido en los últimos días podría ser “el comienzo de una avalancha proveniente del país más antiinmigrante de América Latina”.

Todo comenzó la semana pasada, cuando   Kast visitó la frontera y lanzó una advertencia a los migrantes indocumentados: deben irse en los próximos meses o serán expulsados.

“Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con lo puesto”, aseveró Kast el pasado 20 de noviembre.

Luego   comenzaron a reportarse grupos de venezolanos intentando cruzar desde Arica hacia Perú, temiendo que un eventual triunfo del candidato endurezca aún más las políticas migratorias.

La reacción peruana fue rápida: el presidente José Jerí anunció planes de declarar estado de emergencia y anunció medidas para reforzar el control militar en Tacna. 

Para Bloomberg, ese movimiento muestra que la retórica electoral chilena ya está impactando en decisiones de seguridad de otro país.

 Uno de los puntos centrales del análisis es que Chile lidera en rechazo ciudadano a la inmigración. 

Según datos de la encuesta LatAm Pulse, citados por Bloomberg, 92% de los chilenos respalda políticas migratorias más estrictas, una cifra que no tiene paralelo en otras economías grandes de la región.

Ese clima —advierte el medio— ha convertido la migración irregular en un tema de seguridad nacional dentro de la actual campaña presidencial en Chile, y explica por qué las promesas de Kast están encontrando terreno fértil.

“La estrategia parece dar resultados: quedó en segundo lugar en la primera vuelta con 23,9% de los votos frente al 26,9% de Jara, y ahora es el claro favorito para el balotaje”, cita la agencia.

Lea también: CHILE a segunda vuelta: izquierdista Jara y ultraderechista Kast se disputarán la presidencia

Bloomberg recoge además la preocupación de autoridades chilenas frente a las medidas adoptadas por Perú. Un cierre o endurecimiento fronterizo, dicen, podría generar un atasco de migrantes en Arica y Parinacota, obligando a los municipios a enfrentar una eventual crisis humanitaria.

El medio cita al alcalde de Arica, Orlando Vargas, quien alertó que se podrían formar nuevos campamentos si Perú no permite el paso de quienes intentan salir de Chile. “Se va a crear un caos”, afirmó.

También resalta que la población venezolana está abandonando Chile por miedo a permanecer en situación irregular. Bloomberg lo describe como un “síntoma político” de un país que alguna vez destacó por su estabilidad, pero que hoy vive un intenso debate interno sobre seguridad, fronteras y control migratorio.

Incluso citan testimonios de personas que aseguran que prefieren regresar a Venezuela antes que enfrentar una eventual deportación.

La conclusión del análisis es que lo que comenzó como un mensaje de campaña “ya está generando consecuencias reales” en la región.

Bloomberg advierte que, si la tendencia se mantiene, la frontera chileno–peruana podría convertirse en un nuevo punto crítico para Sudamérica, con impacto político, humanitario y diplomático.

Entre tanto, Radio BioBio reportó desde el complejo fronterizo Chacalluta una alta presencia de ciudadanos extranjeros en situación irregular, muchos de ellos varados y protestando por ayuda, lo que derivó en el bloqueo de la ruta tanto en dirección a Perú como hacia Chile.

“Estamos hace varios días aquí, piensen en los niños, tienen hambre, hay mujeres embarazadas”, reclamaron algunos migrantes a Carabineros, que intentaban despejar el tránsito en la zona.

Mientras tanto, siguen llegando familias completas, cargadas de bolsos y mochilas, buscando salir del país, pero quedando atrapadas en un limbo: no quieren permanecer en Chile, pero tampoco logran entrar a Perú.

Con información de Bloomberg y BioBio

Un avión de Estados Unidos con 175 migrantes deportados aterrizó este miércoles en Venezuela, en medio de la crisis por la cancelación en cascada de vuelos internacionales, provocada por el reciente aviso del país norteamericano sobre «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, en medio del despliegue militar de Washington en la región.

Una fuente del Ministerio de Transporte venezolano dijo a EFE que el avión de la estadounidense Eastern Airlines, procedente de Arizona (EE.UU.), aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, con 142 hombres y 26 mujeres, además de dos adolescentes y cinco niños.

 «Aterrizó un avión estadounidense en Maiquetía con tripulación estadounidense y no hay peligro en el espacio aéreo venezolano. Llegaron y se van seguros. Es el doble discurso de la Administración de (Donald) Trump», dijo la fuente.

Pero, además, en la cuenta de Telegram de la Misión Vuelta a la Patria, se confirma la llegada del vuelo, con las respectivas fotografías.

El vuelo de repatriación, el número 92 en lo que va de 2025, llegó a las 11.45 hora local (15.45 GMT), quince minutos antes del vencimiento del plazo de 48 horas que otorgó el Gobierno venezolano a las aerolíneas para que retomen las operaciones, con la advertencia de que, en caso contrario, revocará sus permisos de «vuelo permanente».

Lea también: Suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela representa 40% del flujo aéreo internacional: AVAVIT

Iberia, Air Europa y Plus Ultra, así como Tap, Avianca, Gol, Latam y Turkish Airlines, anunciaron la suspensión de sus vuelos tras la alerta emitida el viernes por EE.UU.

Las compañías aéreas españolas consultadas por EFE dicen que, ante todo, priman la seguridad y siguen las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) que pidió no sobrevolar el país latinoamericano y parte del Caribe.

Al menos 6.000 pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y Caracas durante estos días se han visto afectados.

Las venezolanas Laser y Estelar, que viajan hacia Madrid con los proveedores Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, también anunciaron la suspensión de sus vuelos hasta el 1 de diciembre, luego de la recomendación de AESA.

Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las locales Avior y Conviasa (estatal), mantienen sus operaciones activas.

Para este miércoles, según constató EFE, están confirmados los vuelos desde Colombia, Curazao y Panamá, mientras que los previstos desde Madrid y Turquía no aparecen publicados en el Sistema de Información de Vuelos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Con información de EFE

 La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) emitió   un ‘mensaje especial’ sin precedentes en el que condenó la política de deportaciones y la estigmatización de los inmigrantes del Gobierno del presidente Donald Trump, aunque sin mencionar su nombre.

 “Nos preocupa profundamente observar entre nuestro pueblo un clima de temor y ansiedad en torno a la discriminación racial y la aplicación de las leyes de inmigración”, dice la declaración, aprobada casi por unanimidad en la conferencia anual de obispos realizada esta semana en Baltimore (Maryland).

Los obispos aprobaron la moción  con más del 95% de los obispos estadounidenses que votaron: obtuvo 216 votos a favor, solo cinco en contra y únicamente tres abstenciones.

“Oramos por el fin del discurso deshumanizante y la violencia, ya sea contra los inmigrantes o contra las fuerzas del orden”, añade. “Oramos para que el Señor guíe a los líderes de nuestra nación y agradecemos las oportunidades pasadas y presentes de dialogar con funcionarios públicos y electos”.

Los obispos afirmaron que están “unidos a su pueblo por lazos de comunión y compasión en Nuestro Señor Jesucristo” y que les “entristece el estado del debate contemporáneo y la difamación de los inmigrantes”.

“Nos preocupan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a la atención pastoral”, precisaron.

🇺🇸 OBISPOS DE EE. UU. RECHAZAN DEPORTACIONES MASIVASLa Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. aprobó con más del 95 % de los votos una declaración que se opone a la "deportación indiscriminada de migrantes" y pide al gobierno defender su dignidad📷 @news_vaticano pic.twitter.com/DC3r2cBOzb

“Lamentamos que algunos inmigrantes en Estados Unidos hayan perdido arbitrariamente su estatus legal”, continuaron. “Nos preocupan las amenazas contra la inviolabilidad de los lugares de culto y la naturaleza especial de los hospitales y las escuelas. Nos entristece ver a padres que temen ser detenidos al llevar a sus hijos a la escuela y consolar a familiares que ya han sido separados de sus seres queridos”.

El mensaje reconoce la contribución de los inmigrantes y afirma que los obispos se sienten obligados a “alzar la voz en defensa de la dignidad humana que Dios les ha otorgado”. Instaron a una reforma migratoria y declararon que “la dignidad humana y la seguridad nacional no están reñidas”.

La declaración también reconoce que los gobiernos tienen la “responsabilidad de regular sus fronteras y establecer un sistema de inmigración justo y ordenado en aras del bien común”. Además, hace un llamado a establecer “vías seguras y legales” para la inmigración.

Las Escrituras exigen compasión por “los más vulnerables”, incluyendo “al extranjero”, señala el comunicado. La preocupación de la Iglesia por los migrantes “es una respuesta al mandato del Señor de amar como él nos ha amado”, añade.

El texto original del mensaje presentado no incluía la frase que expresaba claramente la oposición de los obispos a las deportaciones masivas, la cual se añadió en una enmienda de última hora.

El Cardenal Blase Cupich, Arzobispo de Chicago, presentó la enmienda. Afirmó que el mensaje debe ser claro al decirles a los migrantes “estamos con ustedes”, oponiéndose expresamente a “la deportación indiscriminada de personas que se está llevando a cabo”.

Ningún obispo se pronunció en contra de la enmienda de Cupich.

La última vez que los obispos aprobaron un mensaje pastoral especial fue en 2013, en oposición a una ley federal sobre anticoncepción. Según un comunicado de la USCCB, estos mensajes tienen como objetivo mostrar “el consenso del cuerpo” de obispos católicos estadounidenses.

El debate sobre las deportaciones y el control de la inmigración fue un tema principal durante toda la sesión plenaria.

El día anterior, el obispo Mark Seitz, presidente del Comité de Migración de la USCCB, anunció una iniciativa nacional para brindar acompañamiento a los migrantes que corren el riesgo de ser deportados, inspirada en esfuerzos similares que ya se están llevando a cabo en diócesis de todo el país.

La iniciativa se centrará en cuatro áreas: apoyo de emergencia y a las familias, acompañamiento y atención pastoral, comunicación de la doctrina de la Iglesia y solidaridad a través de la oración y el testimonio público.

En su discurso a sus hermanos obispos, Seitz criticó directamente a la administración del presidente Donald Trump por llevar a cabo la “promesa de campaña de deportaciones masivas”.  

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció a finales de octubre que la administración ha llevado a cabo más de 527.000 deportaciones este año y que otros 1,6 millones de personas se han autodeportado.

“Esto es solo el comienzo”, dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin en un comunicado del 27 de octubre.

El Papa León XIV ha animado a los obispos estadounidenses a unificar su voz en defensa de la dignidad de los migrantes. El mes pasado se reunió con Seitz y otros obispos y defensores de los migrantes para dialogar sobre la difícil situación de los inmigrantes en Estados Unidos.

Según Dylan Corbett, director ejecutivo fundador del Hope Border Institute, y uno de los presentes, el Papa León dijo al grupo: “La Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia. Ustedes están conmigo y yo estoy con ustedes”.

León XIV dijo la semana pasada que “es necesario hacer una profunda reflexión sobre lo que está sucediendo” con los migrantes detenidos, después de que se les negara la comunión en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Illinois.

Con información de Vatican News

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que enfocará parte de su gestión  en defender a los migrantes, especialmente venezolanos que han sido afectados por la revocatoria del TPS.

"El estado de limbo no beneficia a Nueva York, ni a las familias de los venezolanos" expresó el alcalde en una entrevista con Univision.

El político, autodenominado "socialista", dijo que  enfrentará  directamente a las políticas migratorias de  Donald Trump, las cuales calificó como “crueles” por dejar a miles de personas en un estado de incertidumbre legal.

 “Esta agenda ha creado caos … lo que la gente está buscando es claridad, y lo que esta agenda de migración de la administración federal ha creado es caos”, declaró.

También  aseguró que la situación migratoria actual es insostenible y  enfatizó que la ciudad no puede prosperar mientras parte de su población viva con miedo a ser deportada o detenida por las autoridades migratorias.

Especialmente, hizo énfasis en que va a proteger a los migrantes de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero afirmó que velará para que se cumpla la ley dentro de los límites de la ciudad.

Lea también: Trump y Mamdani dispuestos a dialogar: sepa sobre qué temas

🇺🇸 ALCALDE ELECTO DE NUEVA YORK APOYA A VENEZOLANOSZohran Mamdani afirmó que su gestión se enfocará en defender a los migrantes, especialmente venezolanos afectados por la revocatoria del TPS."El estado de limbo no beneficia a Nueva York, ni a las familias de los venezolanos" pic.twitter.com/tsIUzsKLGD

“El estado de limbo no beneficia a Nueva York, ni a los vecindarios, ni a las familias de los venezolanos”, sostuvo.  

Por otro lado, cuestionó  los “recortes crueles” del gobierno federal a programas sociales como el SNAP (asistencia alimentaria) y los servicios médicos.

“Mi compromiso es con las necesidades de los neoyorquinos. No sirve a la ciudad mantener a sus residentes en la confusión”, expresó.

Mamdani asumirá el cargo en enero y ratificó que Nueva York será “un refugio de justicia y dignidad” para quienes buscan una vida mejor en Estados Unidos.

“Mi compromiso es con las necesidades de los neoyorquinos. No sirve a la ciudad mantener a sus residentes en la confusión”, ratificó.