Centenares de venezolanos en el exilio que celebraron en enero la detención de Nicolás Maduro en un ataque estadounidense, con la esperanza de que la intervención armada de Washington provocara un cambio de régimen, no se atreven a salir a las calles de Estados Unidos ahora que Donald Trump ha recibido a Delcy Rodríguez en Nueva York como jefa de Estado y socia comercial y ha bloqueado el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Ya ni siquiera es un consuelo que Maduro esté, mientras tanto, encarcelado en la misma ciudad donde se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas.

El País

En nueve meses, la relación de Estados Unidos con el chavismo ha dado un giro que muchos opositores venezolanos no anticiparon. El reconocimiento político del régimen chavista por parte de la Casa Blanca, a cambio de la participación y control en la explotación de petróleo y otros recursos de Venezuela, ha puesto en vilo la permanencia de quienes vinieron al país en busca de refugio.

 Al ver el aterrizaje de Rodríguez en Manhattan, la reunión con Trump y el discurso de Rodríguez en el podio de Naciones Unidas, Alberto se ha sentido de pronto atrapado entre dos sistemas hostiles. El de Venezuela, donde militaba en un partido de la oposición y fue arrestado e interrogado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y atacado por los grupos paramilitares del chavismo conocidos como “los colectivos”. Y el de Estados Unidos, donde llegó en 2019 huyendo de la persecución política, y obtuvo el estatus de asilado en 2025. Y este es un sentimiento compartido de otros venezolanos que han buscado refugio en el país.

“Pusimos todas nuestras esperanzas en Donald Trump para que cambiara la situación de Venezuela y lo que está haciendo ahorita es echarle escarcha y lo pinta todo de otro color, mientras acá nos están metiendo presos, nos están deportando y nos están disparando”, dice él, que ha pedido mantener su nombre verdadero en reserva por temor a represalias.

Alberto ha vivido en Washington desde que llegó a Estados Unidos y durante el primer gobierno de Trump trabajó junto a los representantes del líder opositor Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente de Venezuela y era reconocido por más de 60 países democráticos, incluyendo a Estados Unidos.

En aquel momento, él acompañaba a los portavoces de Guaidó en sus recorridos por la Casa Blanca y el Congreso, y ahora teme que las autoridades de migración utilizarán la nueva relación entre el gobierno de Trump y el chavismo para revisar su asilo y denegar su petición de residencia permanente: “La administración está dispuesta a afirmar que todo está bien en Venezuela para poder decir que la operación militar que hicieron fue un éxito y tener un pretexto para deportar a los venezolanos con más facilidad. Para decir: ‘Me metí en tu país a sacar a Maduro, entonces ya no tienes razón para estar acá’”.

Para los venezolanos, dentro y fuera de su territorio, la situación solo ha empeorado. En Venezuela, se mantiene el mismo sistema de represivo, según han documentado Naciones Unidas y organizaciones como Amnistía Internacional. Y fuera de Venezuela, la nueva era en las relaciones con Washington ha debilitado los casos de asilo y refugio de miles de solicitantes, que ahora son blanco de la deportación a la misma situación de la que huyeron.

“El miedo que tenemos es que esta administración se está vendando los ojos por sus intereses, por tener acceso a los minerales y al petróleo venezolano, y nosotros, como migrantes y como seres humanos, no valgamos nada. Por eso nos fuimos de Venezuela, porque al gobierno no le valíamos nada, y sentir eso acá es bastante triste”, dice Alberto.

Los acuerdos y pactos que hasta ahora han establecido el gobierno de facto de Caracas y la Casa Blanca no han satisfecho la mayor demanda de los venezolanos: que haya elecciones transparentes, con observación internacional, para elegir un nuevo presidente.

“Hace falta un calendario electoral ya”, opina el excanciller venezolano Milos Alcalay, quien también fue representante permanente de su país ante la Organización de las Naciones Unidas. “La inmensa comunidad internacional ha señalado que la transición no es una transacción, no es eternizar y normalizar al régimen, sino que los venezolanos elijan su propio destino”, ha comentado el exembajador.

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En Miami, la organización de exiliados venezolanos Amavex ha documentado una decena de casos de venezolanos que han sido deportados a Venezuela en medio de sus procesos de asilo y luego entregados a los cuerpos de seguridad, tan pronto aterrizan en el aeropuerto que sirve a Caracas.

“Las personas que están siendo removidas de los Estados Unidos son recibidas por los mismos órganos de los cuales posiblemente son perseguidos”, ha asegurado Helene Villalonga, presidenta y fundadora de Amavex. “En muchos casos, las personas dicen que son perseguidas por el Sebin [la policía política de Venezuela]”.

El ejemplo más emblemático de esta práctica fue la llegada del vuelo 164 el 24 de junio de 2026, justo el día del doble terremoto. En ese avión venían 146 venezolanos deportados y al aterrizar fueron recibidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia y recluidos en el Hotel Sanitario Negra Hipólita de La Llanada. La mayoría de ellos murieron tras el colapso del edificio durante los sismos.

Villalonga ha sido una de las voces más beligerantes del exilio venezolano durante los últimos 19 años. Una de las responsables de movilizar a decenas de miles de personas de la diáspora hacia las plazas de Doral o al restaurante venezolano El Arepazo, el Versalles venezolano, cuando la situación política lo ameritaba.

Pero con los agentes del ICE rondando las calles de la ciudad y Delcy Rodríguez alojada en Nueva York, la situación ha cambiado: “Lo que estamos viviendo era para que las calles de Doral estuvieran abarrotadas, protestando. Un Arepazo full de gente protestando por la presencia de esa señora [Delcy Rodríguez]. Pero ya no me atrevo”, confiesa.

La exiliada venezolana, que acompañó a la líder opositora María Corina Machado en su visita a Washington en enero de este año, también compara el recibimiento que tuvo la premio Nobel de la Paz con el de la vicepresidenta de Nicolás Maduro. “Casi que la sacaban por las puertas laterales, por donde entran los estudiantes. No le dieron un trato diplomático. Mientras a esta señora [Rodríguez] la bajan de las camionetas como si ella fuera una diplomática. De verdad, eso le parte el alma a cualquiera”, dice.

Ahora a María Corina Machado ni siquiera le ha sido posible regresar a su país por un aparente bloqueo de Estados Unidos, aunque lo ha intentado en muchas oportunidades.

El País

Las autoridades colombianas han puesto en marcha en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, su primer operativo migratorio para identificar y devolver a extranjeros en situación irregular desde la llegada a la presidencia de Abelardo de la Espriella.

Los operativos, desarrollados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta en coordinación con la Policía Nacional y Migración Colombia, buscan reforzar los controles y verificar los antecedentes de ciudadanos extranjeros en el municipio en línea con lo prometido por el presidente.

 Desde que De la Espriella anunció que los migrantes en situación irregular serían identificados y deportados, aumentó la llegada de venezolanos a los puntos de atención de Migración Colombia, donde buscan conocer las opciones que tienen para permanecer legalmente en el país.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona, aclaró que las medidas no están dirigidas contra la población venezolana en general, sino que, según dijo, buscan combatir la delincuencia y a quienes vulneran la tranquilidad de los ciudadanos.

«La instrucción de la administración municipal no es atacar a las personas venezolanas. Es sí atacar a los delincuentes, a esas personas que se han dejado en libertad, a las personas que vienen a afectar la seguridad ciudadana», enfatizó el funcionario.

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Hasta el momento, un total de 10 extranjeros en situación irregular detectados en Cúcuta han sido expulsados. Entre ellos, las autoridades detectaron a una persona que tenía una solicitud activa en Venezuela por el delito de homicidio, lo que permitió su salida del país tras la verificación de sus antecedentes.

 El funcionario reiteró que la Alcaldía de Cúcuta mantiene garantías para los migrantes que ingresan a la ciudad de manera regular para trabajar, hacer compras o realizar otras actividades, siempre que cumplan con los requisitos legales, en una frontera caracterizada por un alto flujo de personas.

Los operativos consisten en recorridos por calles, parques y establecimientos comerciales, donde las autoridades solicitan la documentación a los extranjeros y verifican su situación y sus antecedentes.

El más reciente tuvo lugar este martes, cuando agentes se desplegaron en una zona céntrica de la ciudad para pedir documentación.

Con información de Efe

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, defendió este viernes su propuesta para pedir en el Congreso una extensión del tiempo de detención de migrantes irregulares, presuntamente vinculados a organizaciones criminales transnacionales, para poder terminar todos los trámites antes de que tengan que ser liberados.

Fujimori, en entrevista con la emisora Exitosa, dijo que, para llevar adelante esa política de expulsión de migrantes indocumentados, “también se necesitan facultades (legislativas) para poder ampliar este periodo en el momento que están detenidos” en territorio peruano.

Agregó que ese tema lo discutió este jueves con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita a Lima, con el fin de “expulsarlos y que regresen a Venezuela”.

 La jefa de Estado ha pedido facultades al Congreso para legislar sobre una serie de temas referidos a seguridad ciudadana, materia migratoria y de nacionalidad, entre otros asuntos.

Por otro lado, durante la visita de Rubio, Fujimori anunció el ingreso de Perú al Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado impulsada por Donald Trump, a la que se han adherido una quince países de América Latina con gobiernos de derecha.

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“Hay una criminalidad internacional organizada y entonces los países tenemos que aliarnos también para enfrentarlos”, afirmó la mandataria peruana, quien destacó que la entrada al Escudo de las Américas es “una excelente noticia” para su país porque “los criminales no respetan fronteras”.

“Podrán mudarse de ciudad, irse a otro país, pero con la entrada del Escudo de las Américas sabremos perfectamente dónde están”, añadió Fujimori.

La gobernante anticipó que, cuando tenga una Policía Nacional “mucho mejor equipada” y mejoren el sistema de administración de justicia, junto con la información que ofrecerá la iniciativa de Trump, “en pocos meses vamos a tener a todos los cabecillas capturados”.

En tal sentido, Fujimori pidió celeridad a ambas cámaras del Parlamento, en el debate de las facultades legislativas, porque “es lo que la población nos está exigiendo con justa razón”, “que tomemos decisiones más rápidas” en el combate al crimen organizado.

Con información de EFE

El anuncio del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de que migrantes en situación irregular serán «identificados y deportados» ha convertido la regularización en una carrera contra el tiempo para miles de migrantes venezolanos que llevan años en el país, muchos con familias, empleos y tratamientos médicos que ahora sienten en riesgo.

Para Dariana Andrea, ese temor tiene nombre y rostro: el de su esposo, que permanece en situación irregular mientras ella tiene un Permiso por Protección Temporal (PPT). «No me gustaría irme de Colombia», reconoce a EFE.

Tras cinco años en el país, Dariana ha construido amistades, familia y una vida que no quiere dejar atrás. Aquí nació su hijo menor, pero una eventual deportación de su pareja podría obligarla a abandonar Colombia junto con el niño, que padece epilepsia y necesita controles frecuentes con un neurólogo.

 Venezuela, además, no aparece para ella como una alternativa sencilla porque conseguir allí la atención médica que necesita su hijo sería difícil y por eso su angustia se concentra ahora en un trámite: regularizar a su esposo.

Dariana indica a EFE que consultó en Migración Colombia cómo podía regularizar a su esposo e indica que le pidieron tramitar «una cita por internet y pagar una tasa», un proceso que sería corto, precisa. Y aunque no ha logrado realizar el agendamiento, por ahora, eso le basta para mantener la esperanza.

El problema es que regularizarse no es igual de sencillo para todos porque el PPT ya no está abierto para nuevos registros de adultos y las alternativas dependen de cada caso.

Según Migración Colombia, el PPT mantiene abierto el registro para niños, niñas y adolescentes que cumplen determinadas condiciones, también hay un Permiso Especial de Permanencia para representantes o custodios de menores, que está dirigido a padres, madres o responsables de menores venezolanos que cumplen los requisitos establecidos.

Además, la Visa V-Visitante Especial, permite permanecer y trabajar legalmente en Colombia durante dos años, está disponible para venezolanos que ingresaron al país antes del 4 de diciembre de 2024 y cumplen las condiciones exigidas.

El anuncio se siente en las oficinas de Migración, donde en un punto de atención en el norte de Bogotá, una fuente de la entidad le reconoció a EFE que el flujo de venezolanos aumentó entre un 300 % y un 400 % desde entonces.

Muchos llegan buscando saber si todavía tienen una opción para quedarse y afuera del establecimiento, la urgencia también mueve un pequeño mercado de asesorías para visas, regularización, duplicados del PPT y corrección de datos.

«Todos no somos malos», cuenta a EFE José, otro migrante que obtuvo su PPT en 2022, pero lo perdió después de viajar a Venezuela. Desde que regresó, hace tres años, intenta conseguir un duplicado sin éxito.

El hombre refiere que Migración lo remitió al consulado venezolano para obtener los documentos, pero asegura que «nunca recibió respuesta». Además, hizo una nueva solicitud y tampoco le llegó el correo para continuar el trámite.

Historias como la suya muestran que detrás de la etiqueta de «migrante irregular» hay documentos perdidos, trámites inconclusos y personas que buscan una salida en el laberinto administrativo.

Para Dariana, esa salida marcará también el futuro de su familia, porque si su esposo no logra regularizarse, contempla marcharse antes de una eventual deportación.

EFE

Desde Estados Unidos  y en varios países de América Latina han comenzado a endurecer sus políticas migratorias, principalmente contra los venezolanos, en especial contra aquellos qu no cuentan con documentación vigente o no están regularizados,

En EE. UU. los migrantes venezolanos están sujetos a detenciones y deportaciones, puesto que el asilo, el refugio o  el TPS ya no les protege.

Del lado suramericano, Perú, Chile, Colombia y Ecuador figuran entre las naciones que han anunciado nuevas medidas o modificaciones a sus políticas migratorias, en un contexto marcado por el éxodo venezolano registrado durante la última década.

 Perú es uno de los casos más recientes. El Gobierno anunció que busca alcanzar acuerdos con Venezuela para facilitar la deportación de migrantes que no puedan acreditar su permanencia regular en el país, incluso mediante traslados marítimos.

El ministro del Interior peruano, César Astudillo, afirmó el 7 de septiembre que las autoridades han expulsado hasta ahora a 1.635 venezolanos en situación irregular. También señaló que espera incrementar considerablemente esa cifra una vez que se concreten los acuerdos con Venezuela.

Astudillo vinculó las medidas con la lucha contra la delincuencia y la inseguridad, aunque reconoció que no todos los migrantes venezolanos están relacionados con actividades criminales y que muchos trabajan y permanecen legalmente en el país.

Estimaciones de organizaciones no gubernamentales sitúan en alrededor de 1,6 millones la cantidad de venezolanos residentes en Perú, de los cuales aproximadamente 1,2 millones estarían en Lima.  

Chile acelera los procesos de expulsión

En Chile, el presidente José Antonio Kast planteó en abril de 2026 la necesidad de establecer mecanismos con Venezuela que permitan agilizar la repatriación de ciudadanos que se encuentren en situación irregular.

Durante su campaña electoral, Kast había planteado la expulsión de personas sin documentación que acreditara su permanencia en territorio chileno. En abril, medios locales informaron sobre 75.000 órdenes de expulsión de migrantes, más de la mitad de ellas correspondientes presuntamente a venezolanos.

 Máximo Pavez, subsecretario del Interior, señaló entonces que era necesario establecer conversaciones con Caracas para facilitar las expulsiones por vía aérea.

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Colombia también ha experimentado un cambio de postura después de años de políticas orientadas a la regularización e integración de los venezolanos.

Durante el gobierno anterior se implementaron mecanismos como el Estatuto Temporal de Protección, creado en 2021 para facilitar la regularización de migrantes venezolanos, incluidos aquellos que ingresaron al país sin documentación.  

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, el discurso oficial cambió hacia una política centrada en priorizar a los ciudadanos colombianos.

Colombia alberga alrededor de 2,8 millones de venezolanos, lo que convierte al país en el principal destino de la migración venezolana. La situación documental de una parte de esta población genera preocupación ante la posibilidad de nuevas medidas de expulsión.

Noboa justificó entonces la decisión en la falta de recursos para mantener el programa de regularización migratoria.

Las estimaciones sobre la población venezolana en Ecuador oscilan entre 460.000 y 600.000 personas, según los datos citados en el informe.

Cambio de políticas migratorias en varios países de la región coincide con una etapa en la que numerosos venezolanos enfrentan dificultades para renovar sus documentos desde el extranjero. Las limitaciones institucionales y económicas en Venezuela han complicado los trámites relacionados con pasaportes y documentos de identidad, dejando a parte de la población migrante en condición irregular. 

Con información de la Prensa de Lara

El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, anticipó que el Gobierno de la presidenta, Keiko Fujimori, suscribirá acuerdos con  la presidenta encargada, Delcy Rodríguez para deportar a través de barcos a venezolanos en situación migratoria irregular, tras haber expulsado hasta el momento a 1.635 migrantes en esa condición.

Durante una comparecencia ante la comisión de Defensa del Parlamento peruano, Astudillo explicó que, “con muchísimo esfuerzo”, han logrado expulsar a 1.635 venezolanos migrantes irregulares.

“Esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela para mandarlos por barco, y una buena cantidad. Espero que las cosas se den así”, aseveró el titular de la cartera del Interior.

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El ministro destacó que en Perú hay más venezolanos que aimaras, pues en este país se encuentra la segunda mayor comunidad venezolana en el exterior que alcanza los 1,6 millones entre migrantes y refugiados.

“No todos son delincuentes. Hay gente que trabaja, pero tenemos una gran cantidad de delincuentes y de criminales perversos, de esos que cortan cabezas y dedos que caminan por acá por la calle. De esos estamos detrás de ellos. Todos los días hacemos operativos en las calles”, apostilló.

La gran mayoría de los 1,6 millones de venezolanos que residen en Perú están en situación irregular ante la dificultad de lograr un trabajo formal que les permita conseguir un visado de residente regular, y por la dificultad de renovar los visados especiales emitidos durante los distintos procesos de regularización realizados años atrás.

La migración venezolana en Perú se concentró principalmente en la capital Lima, lo convierte en la ciudad con más venezolanos en el exterior, con un número superior incluso a la mayoría de ciudades de Venezuela.

Con información de EFE

“Me enteré de que sería deportado a África apenas unas horas antes del vuelo. Nadie me lo notificó; lo descubrí yo mismo por casualidad al alcanzar a ver mi nombre en la lista de personas que, sin saberlo, seríamos trasladados a Liberia, un país del que nunca antes había oído hablar. No tuve tiempo de defenderme legalmente ni de despedirme de mi familia. No pude hacer nada: ya estaba todo decidido”.

C. es un venezolano de 36 años que llevaba cinco años viviendo y trabajando en Estados Unidos. El 19 de agosto, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo embarcaron en un vuelo chárter que despegó desde Alexandria, Luisiana, deportándolo a Liberia, en África Occidental, junto a otros ciudadanos procedentes de América Latina, el Caribe y el África subsahariana. 

Se trata del primer grupo de las cerca de 1.200 personas en total que el Gobierno liberiano de Joseph N. Boakai aceptó recibir en el plazo de un año mediante uno de los mayores acuerdos bilaterales suscritos por la Administración Trump en el marco de su política antiinmigración.

A la llegada a la capital, Monrovia, de las 20 personas destinadas a Liberia, seis se habrían negado a bajar del avión y fueron deportadas posteriormente a Malabo, en Guinea Ecuatorial. Las personas que se quedaron en Liberia, como C., llevan más de una semana pasando los días en un hotel de Marshall —una ciudad costera a unos 50 kilómetros de la capital— adonde fueron trasladadas justo después del desembarco y del que nadie sabe cuándo saldrán.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026, el Gobierno estadounidense ha firmado acuerdos de traslado con más de 35 países de África, Asia y América. En ese mismo periodo, ha deportado a más de 23.000 personas a 26 naciones, según Human Rights First y Refugees International, dos ONG que monitorean estos traslados forzados. Más de 300 detenidos han sido llevados a 14 países de África, entre los que se encuentran Liberia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Esuatini y Sudán del Sur.

 Lo más alarmante, agregan las organizaciones, es que entre los expulsados hay personas con situación migratoria regularizada y con una retención de remoción, una protección que prohíbe la repatriación forzada al país de origen cuando existe un riesgo real de persecución o tortura, obligación consagrada en la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y en la Convención contra la Tortura.

C., que cuenta con esta protección, jamás imaginó terminar en uno de los países más pobres del mundo.

 Pasó toda su vida en la región de los Andes venezolanos y salió en 2021, acorralado por la crisis política y económica. “Como opositor político, arriesgué mucho en mi último año allá. Huí de Venezuela porque estuve a punto de que me mataran”, relata. Una vez en EE UU, obtuvo un permiso de residencia temporal con renovación anual que le permitía trabajar legalmente en el país.

“De día trabajaba en la venta de vehículos y por las noches entregaba comida a domicilio. Llevaba una vida normal, respetando la ley”, cuenta. “Un día de diciembre de 2025, me presenté en las oficinas de inmigración para los controles de rutina. Después de una media hora, me dijeron que me iban a detener, que tenían que hacer una investigación especial sobre mi caso y que me mantendrían en custodia durante las dos semanas siguientes hasta tomar una decisión”. 

Esas dos semanas se convirtieron en ocho largos meses de detención administrativa que terminaron en un traslado forzoso a un país con el que C. no tiene ningún vínculo familiar ni legal, y del que ni siquiera conoce el idioma.

“En ocho meses me trasladaron por nueve centros de detención diferentes. Son lugares donde nadie querría estar: sucios, llenos de ratas. Son centros donde también hay personas que han cometido delitos, pero yo soy inocente”. 

Lo que más lo conmueve es no haber podido ver nacer a su único hijo. “Cuando nació, yo ya estaba detenido. Ahora tiene cinco meses y no puedo abrazarlo; solo puedo verlo por videollamada. Son cosas que no se le desean a nadie”.

El poco consuelo que le queda es que, a diferencia de otros deportados en África, no ha terminado en una prisión. El gobierno liberiano aseguró que las personas deportadas a Liberia serían libres de moverse por el país, solicitar asilo allí o marcharse.

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El Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes (USCRI, por sus siglas en inglés) ha denunciado que las detenciones administrativas, gestionadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE, son otra herramienta de control migratorio cada vez más utilizada bajo la actual Administración para mantener privadas de libertad de manera ilegal a personas sin una sospecha razonable.

 Además, como señala el American Immigration Council, los continuos traslados de un centro a otro “a menudo alejan a las personas de sus seres queridos y de otras redes de apoyo, llevándolas a lugares donde el acceso a la asistencia legal es prácticamente imposible”.

En marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un documento con las directrices para agilizar la deportación de extranjeros hacia terceros países. Establece que, antes de expulsar a una persona, EE. UU. verifica si ese país ofrece garantías de que el detenido no sufrirá expulsión ni tortura. Si esas garantías existen y el Departamento de Estado las considera creíbles, la persona puede ser trasladada sin procedimientos adicionales y sin preguntarle si se siente inseguro.

A., otro venezolano de 45 años deportado a Liberia, cuenta que antes de ser expulsado de EE. UU. fue trasladado por cuatro centros de detención diferentes en cuestión de pocos meses, sin que su abogado fuera informado en ningún momento de los traslados ni de su deportación. “Todo empezó cuando, al principio de este año, fui con mi esposa a la oficina de inmigración para el chequeo de rutina. Ambos contábamos con la protección contra la repatriación a Venezuela y teníamos el récord limpio [sin antecedentes penales]. Sin embargo, a ella la dejaron ir y a mí me detuvieron para después expulsarme”, relata el hombre, que trabajaba en el sector de la energía eólica.

Durante los meses de detención, relata, sufrió fuertes ataques de ansiedad y depresión. Cuando lo embarcaron en el vuelo hacia Liberia, temió que quisieran acabar con su vida. “Estaba en pánico. Los agentes del ICE tienen ese poder: te aterrorizan psicológicamente con sus silencios, sus respuestas vagas y sus malos tratos”, cuenta A. “Cuando llegamos frente al avión intenté resistirme, pero el agente me frenó de inmediato: ‘O te subes colaborando o te subimos a la fuerza’. Apenas nos sentamos adentro, todos rompimos a llorar. Nos tuvieron encadenados de pies y manos durante todo el viaje [que duró unas 15 horas]”.

Al igual que gran parte de las personas deportadas a Liberia, A. también tenía esta protección. Cuando inicialmente le dijeron que lo repatriarían a Venezuela, respondió que no era posible, que allá correría el riesgo de ser perseguido por ser opositor político. “Me contestaron: ‘Ya no arriesgas nada. Venezuela ahora es libre’, pero no es libre para nada. Amigos míos de la oposición que viven allá todavía temen por su seguridad”.

“Desde que me deportaron, mi hija está en terapia. Siempre me pregunta: ‘Papá, ¿por qué estás allá? Tú no hiciste nada’”, dice A. y rompe a llorar. “Mi hijo mayor dice que quiere dejar la escuela para ponerse a trabajar y ayudar a la familia en mi ausencia. Trato de estar presente con mis hijos por videollamada, pero la realidad es que somos una familia traumatizada. Están destruyendo familias enteras”. A. teme ahora que el ICE detenga también a su esposa. “Si se la llevan a ella también, mis hijos quedan desamparados; no tienen a nadie allá aparte de nosotros”, dice. “Yo ya no quiero vivir en EE UU. Prefiero pedir asilo en Europa y llevarme a toda mi familia. Lo lograron: me quitaron el deseo de volver. Si antes no creía en la política, ahora ni siquiera me queda fe en los seres humanos”.

 A. asegura que han recibido “una buena acogida por parte del país desde el principio” y que “las habitaciones del hotel están limpias, cada uno tiene su propio espacio y podemos entrar y salir cuando queramos. No quiero quedarme aquí, pero al menos soy un hombre libre”.

W., de 40 años y originario de Honduras, añade que el personal de la OIM los visita a diario y que a él le están prestando asistencia con su diabetes. Ninguno de los entrevistados desea quedarse en Liberia y, a través de un abogado liberiano, están en contacto con bufetes jurídicos en Estados Unidos para trabajar en cada caso. “La realidad es muy distinta cuando sales del hotel. Todos sentimos que no estamos en un país seguro”, señala W., quien por miedo a agresiones o robos nunca se aleja más de 10 metros de la puerta del recinto.

W. todavía conserva la esperanza de regresar. “A mí me han deportado dos veces bajo la Administración Trump: primero a Honduras y, luego, a Liberia”, relata. El hondureño fue interceptado por agentes de la policía en julio en Nueva Orleans, mientras iba en automóvil a recoger a su esposa al trabajo. Terminó en el centro Jackson Parish Correctional, en Luisiana, y, de ahí, fue llevado un día al aeropuerto de Alexandria. Recuerda que en la sala de embarque algunos cubanos y guatemaltecos entraron en pánico y empezaron a rebelarse. “En ese momento, los agentes del ICE los amarraron y los sujetaron así”, dice y hace el ademán de un cuerpo inmovilizado casi de pies a cabeza. “Al ver esa escena, me puse a llorar. Me pregunté qué había pasado con el EE UU que yo conocía, el país donde me sentía libre y seguro para vivir y salir con mis hijos”.

 Las personas que se negaron a desembarcar del avión en Liberia fueron deportadas a Guinea Ecuatorial, entre ellas un hombre cubano con un delicado estado de salud a raíz de una gran hernia ventral. Las organizaciones que monitorean las deportaciones a terceros países han denunciado las graves violaciones de derechos humanos y los abusos que sufren quienes son deportados a este país.

El primer acuerdo, de septiembre de 2025, entre EE. UU. y Liberia es hoy objeto de impugnación en el marco del litigio UT contra Bondi sobre los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA, por sus siglas en inglés), puesto que la legislación norteamericana establece que un solicitante de asilo solo puede ser enviado a un tercer país si este es realmente “seguro” y ofrece un sistema de asilo integral y equitativo. El segundo acuerdo, anunciado hace unas semanas, está en vigor.

 Sin embargo, Savi Arvey, directora de Políticas y Derechos de los Refugiados e Inmigrantes de Human Rights First, afirma que Liberia carece de la capacidad para procesar solicitudes de asilo. “Esto plantea una seria preocupación de que estos refugiados queden en un limbo indefinido o se vean sometidos a una devolución en cadena, siendo finalmente expulsados de nuevo a los mismos países y condiciones de los que huyeron”, comenta.

La Administración Trump ha gastado más de 40 millones de dólares (unos 36 millones de euros) de los contribuyentes estadounidenses para firmar estos acuerdos, según un informe publicado en febrero por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Los pactos son, por lo general, opacos: los documentos no se hacen públicos y difícilmente trascienden los detalles de qué ganan los terceros países al aceptar las personas detenidas.

Los acuerdos se firman, en medio de presiones diplomáticas y económicas: por un lado, la amenaza de aranceles, sanciones, restricciones de visados y el corte de fondos a organizaciones internacionales; por el otro, la promesa de ayudas e inversiones. Liberia no ha sido la excepción.

Después de que en octubre del año pasado el Gobierno de Boakai anunciara que aceptaría a un ciudadano salvadoreño expulsado de EE. UU., Washington extendió la validez de los visados de negocios y turismo para los ciudadanos liberianos de 12 a 36 meses. En diciembre, firmaron un acuerdo en el que EE. UU. se comprometió a destinar 124 millones de dólares al sector sanitario liberiano. Ese mismo mes, la compañía Ivanhoe Atlantic —respaldada por EE. UU.— aceptó pagar 1.800 millones de dólares por una concesión quinquenal para el transporte de mineral de hierro a lo largo del corredor ferroviario liberiano. En ese mismo periodo, según confirmó una investigación del New York Times, el Departamento de Estado accedió a proporcionar al Gobierno liberiano cinco millones de dólares para la gestión de los ciudadanos de terceros países trasladados desde EE. UU., a pesar de que el Gobierno liberiano había declarado previamente que no había recibido compensación alguna y que se trataba de un acuerdo “con fines estrictamente humanitarios”.

Yael Schacher, directora para las Américas y Europa de Refugees International y codirectora de Third Country Deportation Watch, declaró que la estrategia impulsada por la actual Administración estadounidense es una política exterior opaca y corrupta donde el dinero destinado cuenta con muy poco o ningún control, al contrario de lo que se afirma o se firma en los papeles.

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos exigió el lunes a Estados Unidos que rinda cuentas por las crecientes muertes de migrantes bajo custodia y detenga las deportaciones a países donde las personas enfrentan "daños irreparables".

"Cuatro personas más han muerto bajo custodia migratoria en Estados Unidos desde junio, para un total de 23 muertes solo en 2026. Tiene que haber rendición de cuentas por estas muertes", dijo Volker Türk en el discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una de las prioridades de su segundo mandato y ha procedido a detener a miles de personas.

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Un informe conjunto de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights publicado en junio señala que la tasa de personas que mueren bajo custodia del ICE ha alcanzado su nivel más alto en más de una década.

Türk denunció este lunes otras prácticas en la aplicación de la ley migratoria estadounidense, entre ellas obligar a migrantes a regresar a lugares peligrosos y a países con los que no tienen ninguna conexión.

"Insto a Estados Unidos a detener el retorno de personas a lugares donde podrían sufrir daños irreparables, incluido Haití, y a garantizar el debido proceso en todas las expulsiones a terceros países", dijo Türk al Consejo.

El alto comisionado de la ONU también dijo estar alarmado por los supuestos planes de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de "dotar a los agentes de inmigración de guantes de descarga eléctrica" y advirtió que esto "incrementaría la violencia asociada a las operaciones".

ICE ha sido objeto de críticas por varias muertes por arma de fuego durante operaciones de control, incluidas las de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota en enero que participaban en protestas contra ICE.

AFP

 La Casa Blanca, que suele difundir contenido escandaloso sobre sus políticas antiinmigratorias, lanzó el jueves un videojuego que representa la deportación de inmigrantes indocumentados.

Grupos de derechos humanos criticaron rápidamente su publicación, que se produce en un contexto en el que el gobierno de Trump intensifica su programa de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes.

"Me da asco. Llevan años jugando con la vida de la gente y ahora hacen un videojuego con sus acciones", declaró a la AFP Amérika García Grewal, codirectora de la ONG Frontera Federation, con sede en el sureño estado de Texas.

La Casa Blanca defendió la iniciativa, afirmando en un comunicado enviado a la AFP que el videojuego "resalta aún más el contraste entre una cultura 'divertida' y 'del éxito' y la oscura visión socialista que tienen los demócratas para Estados Unidos".

El juego, accesible en la página web oficial de la Casa Blanca, está inspirado en el clásico juego "Snake", adoptando sus gráficos retro.

El jugador debe guiar a un personaje que representa a Tom Homan, principal asesor de inmigración del presidente Donald Trump, para reunir a la mayor cantidad posible de personas que hayan cruzado el Río Grande en la frontera con México, y deportarlas.

Otro juego publicado el jueves por la Casa Blanca consiste en construir un muro en la frontera con México, un proyecto promovido por Donald Trump, basado en los principios del famoso juego "Tetris". El título es sugerente: "Protege la frontera de la horda que se avecina".

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"Quienes lo diseñaron han perdido de vista lo que significa ser humano y preocuparse por los demás", añadió García Grewal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó recientemente un video que muestra la deportación de inmigrantes haitianos esposados, después de que Washington revocara un estatuto que les permitía permanecer legalmente en el país.

El video, con música de fondo, fue considerado degradante y racista por los opositores a Donald Trump.

El DHS afirmó haber arrestado a una cifra récord de casi 51.000 inmigrantes indocumentados en agosto.

La estrategia de comunicación de la Casa Blanca emplea abiertamente el principio del "trolling" en las redes sociales, que consiste en difundir contenido provocador para generar indignación y lograr un efecto viral.

AFP

Humberto Castro, un venezolano de 59 años, iba conduciendo al trabajo como todos los días desde su casa en el Doral, donde vive desde hace ocho años, cuando fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Mi papá tiene su permiso de trabajo con validez hasta el 2030. Su asilo está pendiente. Estaba yendo a su trabajo, manejando normal, y lo pararon y esposaron”, dice su hija, Arianna Castro, de 29 años. El hombre llegó a EE UU con una visa y tiene una solicitud de asilo pendiente, según explicó su hija. No tiene antecedentes criminales.

 El caso de Castro se produce en medio de una ola de arrestos de inmigrantes en el sur de la Florida que ha encendido las alarmas entre la mayor comunidad de venezolanos de Estados Unidos. Ahora está pidiendo respuestas y exigiendo medidas concretas a sus representantes en el Congreso, a poco menos de tres meses de las elecciones de medio término.

Dos de las principales organizaciones del exilio, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) han preparado un informe que han enviado a congresistas y senadores pidiendo investigar las detenciones de venezolanos con solicitudes de asilo y otros procesos migratorios pendientes.

El informe dice que los venezolanos en EE UU se han visto afectados por la eliminación de protecciones temporales y humanitarias, y que las personas con solicitudes de asilo pendientes y otros procesos están siendo detenidas para su deportación, incluso a terceros países lejanos, como Liberia. También señala que las autoridades no publican registros sobre cuántos venezolanos detenidos tienen antecedentes penales o procesos migratorios abiertos.

Como referencia, el reporte señala que hasta julio había unas 65.765 personas bajo custodia del ICE, de las que más del 70% no tenía antecedentes criminales. También documenta al menos tres casos de venezolanos detenidos entre julio y agosto que tenían autorización de empleo y casos de asilo pendientes.

Helen Villalonga, presidenta de Amavex, dice que la política migratoria de la Administración de Donald Trump ha “lastimado de manera brutal” a la comunidad.

Casi la mitad de la población de Doral, una ciudad del condado Miami-Dade, es venezolana. La municipalidad suscribió un acuerdo 287(g) para colaborar con inmigración el año pasado.

Buena parte de la comunidad venezolana del sur de Florida respaldó a Trump en las elecciones pasadas, con la expectativa de que aumentaría la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y que la campaña de deportaciones masivas que prometió estaría dirigida a criminales y personas con vínculos con el chavismo, señala Villalonga. Ahora, incluso venezolanos vinculados al Partido Republicano la han llamado tras publicar el informe para decirle: “Esto no era por lo que votamos. Esto no era lo que estábamos esperando”, apunta.

Villalonga indica que el reporte tiene la intención de poner presión sobre los congresistas del sur de la Florida antes de las elecciones de noviembre. Si bien algunos legisladores han mostrado simpatía con la causa de los venezolanos, no se ha traducido en soluciones, y el informe pide resultados concretos, apunta. Los legisladores no han dado acuse de recibo después de que les enviaron el reporte, afirma.

“Ya estamos cansados de que [los legisladores] se pronuncien a través de sus redes sociales o que manden una carta. Lo que necesitamos son acciones dentro del Congreso inmediatas, son acciones dentro del Departamento de Seguridad Nacional, dentro del Departamento de Estado”, señala.

El informe reclama al Congreso que haga audiencias de supervisión sobre las detenciones de venezolanos, así como reportes del DHS y del ICE con datos de nacionalidades de los detenidos, si tenían antecedentes penales y casos migratorios pendientes, además de una auditoría de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, en inglés) sobre arrestos en los aeropuertos. 

También reclama al DHS y al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que revise de manera individual cada caso y busque alternativas para las personas que no tienen antecedentes y cumplen con sus procesos migratorios que no sea la detención.

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“Pareciera que todo lo que hemos estado pidiendo, la Administración ha hecho lo contrario”, señala José Antonio Colina, presidente de Veppex. “Estamos de acuerdo en que [el Gobierno] quiera hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos, eso me parece que está bien. Lo que no nos parece que está bien es que intenten criminalizar la inmigración venezolana”.

La Administración ha tomado medidas que han dejado a muchas personas en situación de ilegalidad, apunta Colina. “Muchos de los que pidieron asilo político ahora están siendo detenidos porque eso no es un estatus”.

En su opinión, los legisladores “tienen que pasar de lo comunicacional a los hechos, porque los hechos y las acciones lo que demuestran es que ni han sido contundentes ni consistentes”.

“Yo particularmente creo que ellos [los legisladores del sur de la Florida] no tienen ningún tipo de poder dentro de la Casa Blanca en estos momentos. No los escuchan”, señala. Los representantes María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, republicanos, no respondieron a solicitudes de comentario para este reporte. El DHS tampoco respondió.

La congresista demócrata Debbie Wasserman-Schultz dijo a EL PAÍS que le “preocupa profundamente la reciente ofensiva del ICE para arrestar en los aeropuertos a venezolanos, haitianos y otros inmigrantes que respetan la ley” y que se ha comunicado con el DHS sobre varios asuntos relacionados con el ICE, “incluido el aumento de sus operaciones en los aeropuertos y en nuestras comunidades”, y hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta concreta.

La oficina de Wasserman Schultz agregó que varios reportes “han mostrado un aumento de la actividad del ICE en los aeropuertos, y no solamente contra venezolanos”, pero que para que GAO inicie una investigación, esta debe ser solicitada por “altos líderes del Congreso y presidentes o miembros de mayor rango de la minoría de comités o subcomités con jurisdicción” sobre el asunto. “De lo contrario, las solicitudes suelen ser rechazadas o quedar sin respuesta. 

La congresista no pertenece a ninguna de esas categorías en lo referente a la supervisión del ICE, pero está explorando las opciones que tiene a su alcance para impulsar una investigación y una supervisión más rigurosa”.

El punto pone el foco sobre dos legisladores de Miami con posiciones de supervisión en el Congreso: Giménez, que preside el subcomité de Seguridad Nacional encargado de la seguridad en los aeropuertos, y Salazar, que preside el Subcomité del Hemisferio Occidental de Exteriores, que tiene jurisdicción sobre la relación con América Latina.

Desde enero del año pasado, al comienzo del segundo mandato de Trump, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejó sin efecto el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que el Gobierno de Joe Biden había prolongado hasta octubre de 2026, y programas humanitarios. Luego el DHS terminó las designaciones de TPS de 2021 y 2023. Más recientemente, la ofensiva antiinmigrante se ha ampliado a personas con casos de asilo pendientes que les permitían tener un permiso de trabajo. Ahora los agentes del ICE están deteniendo a personas cuyos casos de asilo siguen pendientes, pero sus visas expiraron. El DHS también ha permitido que ciertos casos de asilo pasen directamente a los tribunales de inmigración, sin entrevista con USCIS.

Los tres legisladores republicanos del sur de Florida pidieron el año pasado que los venezolanos sin antecedentes que habían huido de la persecución del chavismo fueran tratados diferente, y prometieron “hacer todo lo posible” para protegerlos. Giménez pidió en enero a Noem una “solución caso por caso” para los exiliados, y Salazar impulsó un proyecto de ley bipartidista para otorgar TPS a los venezolanos “que respetan la ley”. En marzo pasado, Salazar volvió a reclamar protección para los venezolanos.

Maduro fue capturado en enero en un operativo militar y se encuentra detenido en Nueva York a la espera de juicio. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, está fungiendo como encargada. EE. UU. y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas en marzo y este viernes el presidente Trump anunció un acuerdo bajo el cual Estados Unidos toma el control de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas, más del doble de las reservas estadounidenses.

Mientras, Ariana Castro dice que su padre está detenido en las oficinas del ICE en Miramar, al norte de Miami, y está tratando que lo liberen bajo fianza. “Se siente totalmente irreal. Nosotros vinimos buscando una vida mejor y lo único que hemos hecho es trabajar, construir una vida acá y aportar a la comunidad. Mi hermana se graduó en la universidad, yo también me gradué; soy enfermera. Ahora mi esposo no quiere que yo salga de la casa. Es raro volver a ese miedo que tuvimos alguna vez en Venezuela, de que no podíamos salir, porque nos iban a perseguir. No puedes vivir así”, agrega.

Con información de El País de España

Al menos 3.000 familias afectadas por el doblete sísmico ocurrido en Venezuela el 24 de junio, podrían migrar del país a través de la frontera con Colombia, en las próximas semanas.

Así lo estimó el analista en temas de frontera, William Gómez, en entrevista con el Diario La Nación.

El experto indicó que esto podría convertirse en un posible repunte migratorio por la zona de Táchira con el Norte de Santander y agregó que Colombia, Perú, Ecuador y Chile serían los lugares de destino de los migrantes.

“Antes de la tragedia en el centro de Venezuela, Migración Colombia había informado que los flujos migratorios entre este país y Venezuela presentaron una disminución del 28,6% en el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, esto pudiera cambiar en las próximas semanas”, dijo.

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“La pérdida de viviendas y puestos de empleo en La Guaira y otras zonas afectadas en el país por el doble terremoto serían las causas de esta migración”, indicó Gómez.

Aseveró que un número importante de connacionales retornaron en los últimos días para buscar a sus familiares desaparecidos o para apoyar a sus familiares que perdieron todo.

También planteó que si el Gobierno de Colombia agiliza la aprobación del proyecto de ley del Permiso Especial de Contingencia (PEC), que actualmente está en fase de consulta pública por parte de su Cancillería, sería de gran apoyo para las familias venezolanas que decidan migrar, ya que lo harían de forma regular, indica la nota.

Con información de Diario La Nación.

El esposo de Roymar Contreras volvió a Venezuela hace dos meses. Regresó a su tierra natal, Barquisimeto, luego de haber estado siete años en España. Desde el año pasado estaba decidido a volver y probar suerte y, cuando encontró una oferta de pasajes, vio la oportunidad ideal para hacerlo.

Ahora, la joven, también oriunda del centro-occidente del país, se cuestiona junto a su hija si es propicio seguir sus pasos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela y dejaron 3.535 fallecidos, según la cifra oficial más reciente, paralizaron también los planes de cientos de venezolanos dentro y fuera del país. 

Es el caso de Roymar, quien hasta hace unos días trabajaba atendiendo un café en Madrid y hoy dedica su tiempo como voluntaria en un centro de acopio para enviar ayuda a los afectados.

La decisión de regresar ha quedado en pausa. Su esposo evita darle malas noticias y prefiere mantenerse optimista en cada llamada tras la tragedia que golpeó con fuerza a Caracas y La Guaira, dejando a miles de personas sin hogar y provocando daños físicos directos estimados en US$37.000 millones, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

“Cuando creíamos que la economía podía empezar a mejorar, ahora yo lo veo muy difícil. Creo que incluso puede retroceder y quedar peor de lo que estaba antes”, comenta Contreras en conversación con Bloomberg Línea.

Confiesa que ese temor ha crecido tras la magnitud de la catástrofe y la lenta respuesta de las autoridades durante las primeras horas de la emergencia.

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Durante los últimos meses, algunos venezolanos residentes en el exterior habían comenzado a replantearse la posibilidad de volver al país. Aunque la migración seguía siendo una realidad para millones de personas, la desaceleración de la inflación, una mayor disponibilidad de bienes, el incremento de la actividad petrolera y las expectativas generadas por el nuevo escenario político hicieron que algunas familias consideraran que era el momento de regresar.

El esposo de Roymar fue uno de ellos. Después de siete años en España, decidió apostar nuevamente por Venezuela, convencido de que encontraría mejores oportunidades. Ella esperaba reunirse con él más adelante, una decisión que hoy ha quedado suspendida por tiempo indefinido.

“Uno quiere volver porque es su país, porque extraña a la familia, pero ahora todo cambió”, dice.

Otros venezolanos en España afectados por la suspensión de vuelos viven el drama desde una perspectiva distinta. Quienes viajaban por vacaciones y quienes ya habían decidido regresar definitivamente tras meses o años de emigración aseguran que la tragedia reforzó su deseo de volver cuanto antes.

“Después de esto solo quiero estar con mi gente. Yo sé que no va a ser fácil, que se va a necesitar mucha ayuda, pero no quiero que vuelva a pasar algo así y estar lejos de los míos”, comenta Fabiana Rodríguez desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, mientras esperaba una reprogramación de su vuelo hacia Valencia, estado Carabobo, operado por Plus Ultra.

Para otros, la distancia ha significado vivir el duelo sin posibilidad de despedirse. Es el caso de Ángel Oliveros, un venezolano residente en España cuya madre murió entre los escombros en La Guaira. Antes de la tragedia ya tenía previsto viajar a Venezuela en julio para visitarla.

Ahora espera que se restablezcan los vuelos para poder hacerlo, aunque el motivo sea muy distinto al que imaginó.

“Todo esto que está pasando, me doy cuenta de que es importante estar con la familia”, dice. Asegura que la tragedia reforzó la necesidad de estar cerca de los suyos, aun cuando el viaje implique enfrentarse al dolor de despedir a su madre.

 “Sé que va a ser doloroso, pero en el fondo está bien, es algo que tengo que hacer”, afirma.

Sin embargo, descarta que esta experiencia cambie su decisión de establecerse nuevamente en Venezuela. Explica que, pese a lo ocurrido, su intención es viajar únicamente de visita, ya que sigue sintiendo temor de regresar definitivamente por distintas razones relacionadas con la situación del país.

Con información de Bloomberg.

América se convirtió en la región con el mayor número de personas desplazadas por la fuerza a nivel mundial, al registrar 22.8 millones de personas en esta condición al cierre de 2025, según el informe anual Tendencias en las Américas presentado este jueves por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La cifra representa un incremento respecto a los 21.9 millones contabilizados a finales de 2024 y coloca al continente por encima de regiones tradicionalmente afectadas por conflictos y crisis humanitarias como África Oriental y Meridional, así como Oriente Medio y el Norte de África.

 De acuerdo con ACNUR, el aumento del desplazamiento forzado en América está estrechamente relacionado con las situaciones que enfrentan Venezuela, Haití, Colombia, Nicaragua y los países del norte de Centroamérica, donde persisten factores como la violencia, la inestabilidad política, la inseguridad y las dificultades económicas.

Los venezolanos continúan siendo una de las poblaciones desplazadas más numerosas del mundo. El informe indica que al cierre de 2025 había 417,000 refugiados venezolanos y cerca de 6 millones de personas con necesidad de protección internacional fuera de su país.

Colombia se mantiene como el principal país de acogida a nivel mundial al albergar a 2.8 millones de ciudadanos venezolanos. Le siguen Perú con 1.1 millones, Brasil con 699,000, Chile con 662,600 y Ecuador con 435,800.

ACNUR destacó que los programas de regularización implementados por Colombia han permitido que millones de venezolanos accedan al empleo formal, servicios básicos y oportunidades de integración económica y social.

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La agencia también señaló que los retornos voluntarios hacia Venezuela han aumentado en los últimos años. Una encuesta realizada en seis países de acogida reveló que alrededor del 9 % de los venezolanos desplazados planea regresar a su país durante el próximo año.

En Haití, la crisis de seguridad continúa impulsando desplazamientos masivos. El número de desplazados internos alcanzó los 1.4 millones de personas durante 2025, lo que representa un aumento del 38 % en comparación con el año anterior.

Además, ACNUR reportó que existen 153,700 refugiados haitianos y 230,900 solicitantes de asilo. Solo durante 2025, unos 84,600 ciudadanos haitianos solicitaron protección internacional en diferentes países del mundo.

Respecto a Centroamérica, el informe contabiliza 181,900 refugiados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, así como 406,400 solicitantes de asilo y aproximadamente 1.1 millones de desplazados internos en esos tres países.

 En el caso de Nicaragua, la agencia de Naciones Unidas estima que hay 30,000 refugiados nicaragüenses y 264,000 solicitantes de asilo, reflejando el impacto de la situación política y social que atraviesa esa nación.

ACNUR subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos regionales de protección, integración y asistencia humanitaria para atender a millones de personas desplazadas que continúan buscando seguridad y mejores condiciones de vida dentro y fuera de sus países de origen.

Con información de EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó  el envío al Congreso de dos reformas que buscan endurecer el control migratorio en el país, ampliando de cinco a 60 días prorrogables la retención de extranjeros irregulares para concretar su expulsión.

“Las emergencias en Chile, sean las emergencias en salud, educación, vivienda y sobre todo en seguridad, tenemos que enfrentarlas juntos. Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de solo cinco días”, afirmó el mandatario desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la región de Arica.

La iniciativa, que contempla una reforma constitucional que permita modificar la Ley de Migración y Extranjería para adecuarla a los nuevos parámetros, incluye dos posibles prórrogas de hasta 60 días con razones debidamente fundadas.

“Son más herramientas que el Estado podría tener para llevar adelante una sanción administrativa, no penal, que recae sobre las personas que han ingresado regularmente y que están ya con decretos de expulsión”, detalló el mandatario, que además visitó las líneas fronterizas para supervisar la construcción de zanjas.

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En la misma línea, Kast anunció un proyecto de ley que busca castigar la entrada y salida irregular de migrantes, además de “perseguir” a quienes faciliten su traslado.

“Estamos planteando una modificación al Código Penal para que también constituya delito y un agravante trasladar a inmigrantes irregulares dentro de nuestra nación, y agregar el tema del tráfico de inmigrantes en el retorno a sus países en la medida que sea irregular”, señaló el jefe de Estado.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en Chile desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra migración irregular, por lo que impulsó desde su llegada a La Moneda la construcción de zanjas en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.

En Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En 2025 hubo 26.275 denuncias de ingreso por paso no habilitado, una bajada del 10,2 % respecto a 2024 y del 53,6 % respecto al máximo histórico de 2021 de 56.586 denuncias; las autoridades informaron que la mayoría de ellos son ciudadanos venezolanos.

El año pasado fue el año con más expulsiones administrativas dictadas desde 2016: 23.778, de las cuales el 64,2 % afectó a venezolanos, el 12,7 % a colombianos y el 11,9 % a bolivianos.

De las expulsiones materializadas, no obstante, el 50,7 % correspondió a colombianos, ya que Chile y Venezuela suspendieron relaciones diplomáticas el 30 de enero de 2025, imposibilitando la ejecución de expulsiones a nacionales venezolanos.

Con información de Efe

Un tribunal de EE.UU. emitió una resolución de gran alcance para los migrantes.

El juez de distrito John McConnell, con sede en Providence, Rhode Island, ha determinado que la administración de Donald Trump incurrió en “acciones ilegales al congelar procesos migratorios fundamentales”. 

McConnell manifestó que la medida afectó directamente a solicitantes provenientes de 39 países de África, Asia, América Latina y el Medio Oriente, impidiéndoles avanzar en sus trámites de asilo, obtención de green cards, permisos laborales y procesos de naturalización desde noviembre del año pasado.

​El magistrado, nombrado originalmente por el expresidente Barack Obama, fue contundente al calificar las políticas gubernamentales como una causa de "limbo legal indeterminado" para incontables personas. 

McConell señaló que USCIS ejerce una autoridad de la que carece y «justifica sus acciones con preocupaciones ‘de seguridad nacional’ meramente pretextuales, que encubren sentimientos antiinmigrantes que (la agencia) tiene prohibido que influyan en su proceso de toma de decisiones».

La agencia pausó la adjudicación de beneficios migratorios para 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio, a cuyos ciudadanos se les ha impedido «recibir decisiones finales» sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta verde y ciudadanía en EE.UU.

El juez sostuvo que la pausa de USCIS «no puede atribuirse a nada que estas personas hicieran mal, sino que emana solo de la casualidad de su nacimiento», y declaró que la agencia «violó las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encargó administrar, así como las leyes administrativas» por las que se rige.

Esas políticas, que incluyen el llamado ‘veto migratorio’ y una pausa a las solicitudes de asilo, se aplicaron después de que en noviembre de 2025 un ciudadano afgano presuntamente disparara contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otra herida.

El fallo incluye en la explicación del contexto unas declaraciones de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, suscritas por Trump, que recomendó «un veto migratorio en cada maldito país que ha inundado a nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y yonquis de la ayuda social», y arremetía contra los «invasores extranjeros».

La mayoría de países afectados por estas políticas eran africanos, y los americanos eran Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica y Haití.

La decisión fue celebrada por ‘Democracy Forward’, una de las organizaciones que

Con información de agencias.

Replicando el programa que utiliza Estados Unidos para la salida voluntaria de inmigrantes irregulares en su territorio, conocido como la aplicación ‘CBP One’, Chile ha puesto en marcha el Plan Retorno, al que se podrá postular dentro de los próximos 180 días.

 El presidente José Antonio Kast implementó inmediatamente la medida, anunciada este lunes, con la firma del instructivo que le indica al Servicio de Migraciones que cree un sistema de registro al que se acerquen los inmigrantes irregulares que no tengan cuentas pendientes con la justicia y soliciten su repatriación.

Esto les permitiría, después de abandonar Chile, optar a un ingreso legal en el cual se pondrá acento en cuestiones como la reunificación familiar

 Por el contrario, quienes sean detenidos y no se hayan inscrito en ese plazo, serán expulsados administrativamente sin la posibilidad de retornar.

Durante las semanas pasadas, el Gobierno ha ido afinando su plan nacional para dar cumplimiento a la promesa de campaña de expulsar a los 300.000 inmigrantes irregulares que residen en el país, cuestión que Kast definió como una «hipérbole» cuando se le pidieron cuentas por su retraso.

Desde entonces, las autoridades han anunciado medidas como la fiscalización de la Dirección del Trabajo a las empresas que contratan inmigrantes irregulares para multarlas. En la actualidad, los empleadores pueden hacer firmar un contrato a un irregular y hacerle cotizaciones previsionales (para lo cual el sistema previsional, AFP, les entrega un DNI provisional). 

Pero con el plan de fiscalización se busca terminar con esta práctica y dificultar la permanencia en Chile de esos trabajadores.

También se modificará la ley de Migraciones para establecer que los servicios de salud (hospitales y seguros de salud), educación y previsional hagan un registro de los inmigrantes irregulares que acudan por prestaciones, incluidos el nombre y la dirección.

 La titular de Salud, May Chomalí, objetó este anuncio y descartó que sus funcionarios se convirtieran en una suerte de delatores porque ellos están obligados a prestar atención médica a todo el que lo necesite.

Las autoridades del Ministerio del Interior, encargado de las materias de migración, aclararon que esta medida pretende elaborar un padrón en caso de que la justicia o las fuerzas de seguridad requieran dicha información para una eventual deportación.

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Hasta el momento, se han realizado dos vuelos en aviones de la Fuerza Aérea y un ‘chárter’ de expulsiones tanto judiciales como administrativas que suman un total de 487 extranjeros deportados durante el Gobierno de Kast. 

Si se suman a este grupo los expulsados en los últimos meses de la administración Boric y el número de inmigrantes que ha partido voluntariamente, en total se registra la salida de 3.229 extranjeros en lo que va de 2026.

Aunque Kast prometió en campaña transformar en delito el ingreso irregular (hoy es solo una falta), para lo cual se tramitará una ley en el Congreso, las autoridades están analizando en paralelo ampliar el plazo de retención de quienes son apresados en la frontera de cinco a 180 días, que es el tiempo necesario para dictar la expulsión. En la actualidad, muy pocos de los detenidos en el límite fronterizo pueden ser reconducidos a las naciones vecinas.

 Diferente es la situación de aquellos que son detenidos por algún delito, ya que estos ingresan al entramado judicial y, de haber sanción penal, deben cumplirla antes de poder ser expulsados del país. Otra de las modificaciones legales que analiza el Congreso es limitar el acceso de los irregulares a beneficios de cargo fiscal, incluidos los cupos para estudiantes en escuelas y otros.

Con información de El País y AFP

Un grupo de migrantes, representados por varias organizaciones no gubernamentales, demandó a Estados Unidos por condiciones “inhumanas” en Camp East Montana, el mayor centro de detención para migrantes del país, ubicado en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas.

El recurso, presentado el pasado viernes 29 de mayo por la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, en inglés) en el Distrito Oeste de Texas, recoge denuncias de cuatro personas detenidas actualmente en el centro en mención, en donde detallan “negligencia médica grave”, golpizas y acoso sexual por parte de los guardias, uso “excesivo” del confinamiento solitario, comida inadecuada y condiciones insalubres.

Los demandantes solicitan al tribunal que se certifique el caso como una acción colectiva en nombre de todos los detenidos en el centro y que declare que las condiciones allí violan el derecho constitucional al debido proceso.

El megacentro, compuesto por carpas y con capacidad para alojar hasta 5.000 detenidos, fue inaugurado el pasado agosto y ya registra tres muertes oficiales y una cuarta supuestamente relacionada con negligencia médica.

El gobierno rechaza las acusaciones de los demandantes y asegura que son “categóricamente falsas”.

“Ningún detenido está siendo abusado o golpeado”, señaló a EFE un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, quien agregó además que la agencia “se toma en serio la salud y la seguridad” de todas las personas bajo su custodia.

En los testimonios recogidos en el recurso, los demandantes denuncian estar sujetos a hambre crónica, atención médica deficiente, confinamiento solitario como herramienta de castigo y una sensación de que el sufrimiento es deliberado, con la meta de que los detenidos abandonen sus casos migratorios y acepten una deportación voluntaria.

Los migrantes describen que el centro está dividido en varias carpas, recintos cerrados “sin ventanas” donde hay espacio para 72 personas en literas, baños y unas pocas mesas para comer. La demanda detalla que en estas unidades se desbordan frecuentemente “las aguas negras” y que el personal no las repara con rapidez, por lo que el olor a “orina, heces y sudor” está presente en todo momento.

Los guardias que rigen el centro, detalló el recurso, “incurren de manera rutinaria” en compartimentos abusivos y “uso irracional de la fuerza”.

Akari Angye, uno de los demandantes, fue golpeado duramente por parte de los guardias por insistir en hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento. La paliza fue tal, relata la demanda, que tuvo que ser trasladado a un hospital local, donde fue puesto en una silla de ruedas.

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“Las condiciones en este campamento en el desierto son inhumanas y crueles (…) ya había vivido torturas en mi país de origen, Camerún, y nunca pensé que iba a ser tratado de manera tan violenta en EE. UU.”, escribió el migrante, detenido hace un mes, en una carta anexa al documento judicial.

Erik Iván Rodríguez, otro de los migrantes que ha demandado, lleva detenido desde enero, pese a no tener un récord criminal y tras estar radicado en Minnesota por ocho años.

Su salud se deterioró “rápidamente” en el centro, detalla el documento: tiene problemas respiratorios y le cuesta caminar, tras haberse herido la rodilla en detención.

“He vivido los peores días y meses de vida en este lugar”, dijo Rodríguez, originario de Venezuela, en un testimonio escrito. “Lo que se vive aquí en este lugar, no se lo deseo ni a mi propio enemigo”, añade.

Tres personas también han fallecido allí: una de ellas por suicidio, otra tras una falla renal y el tercero por “homicidio” en un enfrentamiento con el personal del centro, según versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

El cuarto fallecido, que se menciona en la demanda y no cuenta en las cifras oficiales, murió días después de haber sido liberado del centro y las oenegés denuncian que se debió a la “negligencia médica” que vivió en detención.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE. UU. alcanzaron nivel récord: en enero EE. UU. mantuvo detenidos a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001 y este año al menos dieciocho personas han muerto en custodia de autoridades migratorias, lo que supone el nivel más mortífero en dos décadas.

Con información de Efe

En las cercanías de la frontera entre Estados Unidos y México encontraron un tráiler  con 20 migrantes hacinados.

Según la cadena Univisión, un patrullero del DPS detuvo un tráiler Volvo de color blanco para una revisión de tráfico en la carretera Interestatal 35 (IH-35), a la altura del marcador de milla 28.

Al detener la marcha, el conductor del vehículo intentó darse a la fuga a pie, pero los agentes lograron capturarlo de manera inmediata. 

Tras asegurar al sospechoso, los oficiales procedieron a revisar la cabina del tráiler y descubrieron a las 20 personas ocultas en el área del camarote. 

El grupo de migrantes estaba integrado por ciudadanos originarios de México y Guatemala, entre los cuales se identificó a cuatro menores de edad. 

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Todos fueron puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 18 de mayo de 2026, poco después de las 6:00 p.m.

 El chofer fue identificado como Miguel Ángel Velázquez Chávez, de 25 años y de nacionalidad mexicana. Tras su arresto, fue trasladado a la cárcel del condado Webb, donde enfrenta cargos por:

La División de Investigaciones Criminales (CID) del DPS informó que el caso continúa bajo investigación para determinar el origen y destino final de la operación de contrabando.

Con información de Univisión.

Grupos defensores de los inmigrantes presentaron una demanda por daños y perjuicios, en favor de 18 personas presuntamente sometidas a brutalidad policial y detenidas ilegalmente en una redada realizada por agentes federales en Chicago, durante la polémica Operación Midway Blitz.

Cada demandante, entre los cuales hay una cantidad de inmigrantes venezolanos no especificada, exige al gobierno federal el pago de una compensación de cinco millones de dólares por daños sufridos durante una redada ocurrida el pasado septiembre en un edificio por parte de decenas de agentes camuflados, transportados por helicópteros.

Según la demanda, los agentes derribaron puertas sin contar con órdenes judiciales y detuvieron a adultos y niños por igual, manteniéndolos a punta de pistola.

Las quejas describen cómo a plena noche los individuos fueron retenidos bajo amenaza armada, golpeados con fusiles y obligados a salir al exterior con escasa o nula vestimenta.

La mayoría de los afectados eran ciudadanos estadounidenses afroamericanos, y en el edificio residían algunos indocumentados venezolanos, que fueron detenidos durante la redada.

Las autoridades dijeron en ese momento que se sospechaba la presencia de integrantes del “Tren de Aragua” en el edificio, lo que luego no se confirmó.

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Según una investigación del Departamento de Derechos Humanos de Illinois, habría sido el propietario del complejo residencial quien propició la redada al informar al gobierno federal que allí vivían inmigrantes venezolanos.

La redada, que fue dirigida por el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, constituyó uno de los episodios más impactantes de la operación migratoria realizada por la Administración Trump en Chicago y zonas suburbanas.

“Esta redada figura entre las acciones más aborrecibles de la Operación Midway Blitz, la cual forma parte de la campaña militarizada de la actual administración dirigida contra las comunidades de color en ciudades de todo el país”, dijo en un comunicado Susana Sandoval Vargas, del Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef), uno de los grupos patrocinantes de la demanda.

Otros demandantes son el Centro de Justicia MacArthur, la Clínica de Inmigración de la Universidad de Chicago y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

La administración Trump justificó el operativo alegando que se perseguía a personas que representaban un riesgo para la seguridad pública, pero luego no se presentaron cargos penales contra ninguna persona en relación con la redada.

La documentación presentada alega, además, que “en medio del caos, un equipo de filmación contratado por el Departamento de Seguridad Nacional, acompañado de drones, siguió a los agentes y grabó la operación que luego fue difundida en las cuentas de redes sociales del DHS a modo de contenido promocional”.

Las imágenes del operativo fueron acompañadas de música instrumental, el sonido de los helicópteros y haces de luz de focos que iluminaban el edificio.

Con información de Efe

El Gobierno de José Antonio Kast ha concretado este jueves el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares. En el avión que despegó desde Chile al mediodía iban 19 colombianos, 17 bolivianos y cuatro ecuatorianos. 

Existen algo más de 44.000 extranjeros sin papeles listos para ser expulsados, 65% de ellos venezolanos, según la Administración chilena, lo que supone un desafío económico y diplomático mayúsculo. 

Al estar congeladas las relaciones consulares con Venezuela, el Ejecutivo chileno apuesta a que se vayan por su cuenta. Desde que Kast ganó la presidencia el 14 de diciembre pasado, 2.180 venezolanos irregulares han salido de Chile de manera voluntaria, según informó este jueves el Gobierno.

 No existen datos disponibles para comparar la cifra entregada por el Gobierno con el mismo período de años anteriores, es decir, de mediados de diciembre a mediados de abril. Pero en los últimos cuatro años, entre 2022 y 2025, 24.525 venezolanos han utilizado ese mecanismo, un 76% del total de salidas voluntarias. Es decir, un promedio de 6.130 anuales.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, han anunciado que están “estudiando posibilidades de facilitar esa salida voluntaria” y que la próxima semana se debieran dar a conocer los detalles de esta medida.

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En 2025, un total de 6.613 inmigrantes irregulares salieron voluntariamente de Chile. De ellos, 5.212 eran venezolanos, según cifras oficiales.

 En 2024, la cifra alcanzó los 11.004, -8.813 venezolanos; en 2023, salieron 8.886, -6.616 venezolanos; y en 2022, el año que asumió la presidencia Gabriel Boric, 5.711 inmigrantes irregulares hicieron lo propio, -3.884 eran venezolanos-.

El mecanismo consiste en que un inmigrante sin papeles, ya sea por haber ingresado a Chile por un paso no habilitado o por tener su residencia caducada, acude al Servicio Nacional de Migraciones con su pasaje aéreo y pide un permiso para salir. 

De obtenerlo, lo debe presentar a la Policía de Investigaciones (PDI) y tiene 15 días para cruzar la frontera chilena.

En el primer trimestre de este año, entre enero y marzo, las salidas voluntarias suman 1.831, según el Servicio Nacional de Migraciones.

A poco más de un mes desde que Kast llegó a La Moneda para liderar un Gobierno de emergencia, enfocado en la seguridad, economía y control migratorio, la Administración expulsó a los primeros extranjeros irregulares en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). 

En un punto de prensa en la pista de aterrizaje de la FACh, el subsecretario Pavéz remarcó que el primer vuelo de expulsión del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) se ejecutó en octubre de su primer año de mandato y que aumentarán la frecuencia de los vuelos, aunque no especificó en cuánto.

 “Las expulsiones se hacen, no se anuncian y por razones de seguridad interior estamos impedidos a anunciar la programación de cuáles son los vuelos”, argumentó. “Las expulsiones aéreas como las de hoy son ocasionales, pero todos los días tenemos expulsados que salen en vuelos comerciales en grupos pequeños de 2 o 3 personas”, añadió.

 Las coordinaciones se hacen entre las cancillerías de los países y las policías respectivas, quienes esperan a los expulsados en sus países de origen.

En el vuelo no iba ningún venezolano. Consultado sobre las gestiones con la Administración de Delcy Rodríguez, Sauerbaum sostuvo que para el Gobierno de Kast “es prioritario poder tener las conversaciones necesarias y en eso está el ministerio respectivo (el canciller Francisco Pérez Mackenna), para abrir un camino que nos permita expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela”. 

Como las relaciones diplomáticas con Caracas están suspendidas, el Ejecutivo quiere impulsar la salida voluntaria de los venezolanos, que bajo esa vía sí son recibidos en su país de origen. No así los expulsados.

 Con información de El País.