América se convirtió en la región con el mayor número de personas desplazadas por la fuerza a nivel mundial, al registrar 22.8 millones de personas en esta condición al cierre de 2025, según el informe anual Tendencias en las Américas presentado este jueves por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La cifra representa un incremento respecto a los 21.9 millones contabilizados a finales de 2024 y coloca al continente por encima de regiones tradicionalmente afectadas por conflictos y crisis humanitarias como África Oriental y Meridional, así como Oriente Medio y el Norte de África.

 De acuerdo con ACNUR, el aumento del desplazamiento forzado en América está estrechamente relacionado con las situaciones que enfrentan Venezuela, Haití, Colombia, Nicaragua y los países del norte de Centroamérica, donde persisten factores como la violencia, la inestabilidad política, la inseguridad y las dificultades económicas.

Los venezolanos continúan siendo una de las poblaciones desplazadas más numerosas del mundo. El informe indica que al cierre de 2025 había 417,000 refugiados venezolanos y cerca de 6 millones de personas con necesidad de protección internacional fuera de su país.

Colombia se mantiene como el principal país de acogida a nivel mundial al albergar a 2.8 millones de ciudadanos venezolanos. Le siguen Perú con 1.1 millones, Brasil con 699,000, Chile con 662,600 y Ecuador con 435,800.

ACNUR destacó que los programas de regularización implementados por Colombia han permitido que millones de venezolanos accedan al empleo formal, servicios básicos y oportunidades de integración económica y social.

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La agencia también señaló que los retornos voluntarios hacia Venezuela han aumentado en los últimos años. Una encuesta realizada en seis países de acogida reveló que alrededor del 9 % de los venezolanos desplazados planea regresar a su país durante el próximo año.

En Haití, la crisis de seguridad continúa impulsando desplazamientos masivos. El número de desplazados internos alcanzó los 1.4 millones de personas durante 2025, lo que representa un aumento del 38 % en comparación con el año anterior.

Además, ACNUR reportó que existen 153,700 refugiados haitianos y 230,900 solicitantes de asilo. Solo durante 2025, unos 84,600 ciudadanos haitianos solicitaron protección internacional en diferentes países del mundo.

Respecto a Centroamérica, el informe contabiliza 181,900 refugiados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, así como 406,400 solicitantes de asilo y aproximadamente 1.1 millones de desplazados internos en esos tres países.

 En el caso de Nicaragua, la agencia de Naciones Unidas estima que hay 30,000 refugiados nicaragüenses y 264,000 solicitantes de asilo, reflejando el impacto de la situación política y social que atraviesa esa nación.

ACNUR subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos regionales de protección, integración y asistencia humanitaria para atender a millones de personas desplazadas que continúan buscando seguridad y mejores condiciones de vida dentro y fuera de sus países de origen.

Con información de EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó  el envío al Congreso de dos reformas que buscan endurecer el control migratorio en el país, ampliando de cinco a 60 días prorrogables la retención de extranjeros irregulares para concretar su expulsión.

“Las emergencias en Chile, sean las emergencias en salud, educación, vivienda y sobre todo en seguridad, tenemos que enfrentarlas juntos. Todos tenemos claro que tenemos que enfrentar el tema de la inmigración irregular y no se puede hacer con un plazo de retención de las personas de solo cinco días”, afirmó el mandatario desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la región de Arica.

La iniciativa, que contempla una reforma constitucional que permita modificar la Ley de Migración y Extranjería para adecuarla a los nuevos parámetros, incluye dos posibles prórrogas de hasta 60 días con razones debidamente fundadas.

“Son más herramientas que el Estado podría tener para llevar adelante una sanción administrativa, no penal, que recae sobre las personas que han ingresado regularmente y que están ya con decretos de expulsión”, detalló el mandatario, que además visitó las líneas fronterizas para supervisar la construcción de zanjas.

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En la misma línea, Kast anunció un proyecto de ley que busca castigar la entrada y salida irregular de migrantes, además de “perseguir” a quienes faciliten su traslado.

“Estamos planteando una modificación al Código Penal para que también constituya delito y un agravante trasladar a inmigrantes irregulares dentro de nuestra nación, y agregar el tema del tráfico de inmigrantes en el retorno a sus países en la medida que sea irregular”, señaló el jefe de Estado.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en Chile desde el retorno a la democracia, prometió en campaña mano dura contra migración irregular, por lo que impulsó desde su llegada a La Moneda la construcción de zanjas en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.

En Chile hay actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En 2025 hubo 26.275 denuncias de ingreso por paso no habilitado, una bajada del 10,2 % respecto a 2024 y del 53,6 % respecto al máximo histórico de 2021 de 56.586 denuncias; las autoridades informaron que la mayoría de ellos son ciudadanos venezolanos.

El año pasado fue el año con más expulsiones administrativas dictadas desde 2016: 23.778, de las cuales el 64,2 % afectó a venezolanos, el 12,7 % a colombianos y el 11,9 % a bolivianos.

De las expulsiones materializadas, no obstante, el 50,7 % correspondió a colombianos, ya que Chile y Venezuela suspendieron relaciones diplomáticas el 30 de enero de 2025, imposibilitando la ejecución de expulsiones a nacionales venezolanos.

Con información de Efe

Un tribunal de EE.UU. emitió una resolución de gran alcance para los migrantes.

El juez de distrito John McConnell, con sede en Providence, Rhode Island, ha determinado que la administración de Donald Trump incurrió en “acciones ilegales al congelar procesos migratorios fundamentales”. 

McConnell manifestó que la medida afectó directamente a solicitantes provenientes de 39 países de África, Asia, América Latina y el Medio Oriente, impidiéndoles avanzar en sus trámites de asilo, obtención de green cards, permisos laborales y procesos de naturalización desde noviembre del año pasado.

​El magistrado, nombrado originalmente por el expresidente Barack Obama, fue contundente al calificar las políticas gubernamentales como una causa de "limbo legal indeterminado" para incontables personas. 

McConell señaló que USCIS ejerce una autoridad de la que carece y «justifica sus acciones con preocupaciones ‘de seguridad nacional’ meramente pretextuales, que encubren sentimientos antiinmigrantes que (la agencia) tiene prohibido que influyan en su proceso de toma de decisiones».

La agencia pausó la adjudicación de beneficios migratorios para 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio, a cuyos ciudadanos se les ha impedido «recibir decisiones finales» sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta verde y ciudadanía en EE.UU.

El juez sostuvo que la pausa de USCIS «no puede atribuirse a nada que estas personas hicieran mal, sino que emana solo de la casualidad de su nacimiento», y declaró que la agencia «violó las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encargó administrar, así como las leyes administrativas» por las que se rige.

Esas políticas, que incluyen el llamado ‘veto migratorio’ y una pausa a las solicitudes de asilo, se aplicaron después de que en noviembre de 2025 un ciudadano afgano presuntamente disparara contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otra herida.

El fallo incluye en la explicación del contexto unas declaraciones de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, suscritas por Trump, que recomendó «un veto migratorio en cada maldito país que ha inundado a nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y yonquis de la ayuda social», y arremetía contra los «invasores extranjeros».

La mayoría de países afectados por estas políticas eran africanos, y los americanos eran Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica y Haití.

La decisión fue celebrada por ‘Democracy Forward’, una de las organizaciones que

Con información de agencias.

Replicando el programa que utiliza Estados Unidos para la salida voluntaria de inmigrantes irregulares en su territorio, conocido como la aplicación ‘CBP One’, Chile ha puesto en marcha el Plan Retorno, al que se podrá postular dentro de los próximos 180 días.

 El presidente José Antonio Kast implementó inmediatamente la medida, anunciada este lunes, con la firma del instructivo que le indica al Servicio de Migraciones que cree un sistema de registro al que se acerquen los inmigrantes irregulares que no tengan cuentas pendientes con la justicia y soliciten su repatriación.

Esto les permitiría, después de abandonar Chile, optar a un ingreso legal en el cual se pondrá acento en cuestiones como la reunificación familiar

 Por el contrario, quienes sean detenidos y no se hayan inscrito en ese plazo, serán expulsados administrativamente sin la posibilidad de retornar.

Durante las semanas pasadas, el Gobierno ha ido afinando su plan nacional para dar cumplimiento a la promesa de campaña de expulsar a los 300.000 inmigrantes irregulares que residen en el país, cuestión que Kast definió como una «hipérbole» cuando se le pidieron cuentas por su retraso.

Desde entonces, las autoridades han anunciado medidas como la fiscalización de la Dirección del Trabajo a las empresas que contratan inmigrantes irregulares para multarlas. En la actualidad, los empleadores pueden hacer firmar un contrato a un irregular y hacerle cotizaciones previsionales (para lo cual el sistema previsional, AFP, les entrega un DNI provisional). 

Pero con el plan de fiscalización se busca terminar con esta práctica y dificultar la permanencia en Chile de esos trabajadores.

También se modificará la ley de Migraciones para establecer que los servicios de salud (hospitales y seguros de salud), educación y previsional hagan un registro de los inmigrantes irregulares que acudan por prestaciones, incluidos el nombre y la dirección.

 La titular de Salud, May Chomalí, objetó este anuncio y descartó que sus funcionarios se convirtieran en una suerte de delatores porque ellos están obligados a prestar atención médica a todo el que lo necesite.

Las autoridades del Ministerio del Interior, encargado de las materias de migración, aclararon que esta medida pretende elaborar un padrón en caso de que la justicia o las fuerzas de seguridad requieran dicha información para una eventual deportación.

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Hasta el momento, se han realizado dos vuelos en aviones de la Fuerza Aérea y un ‘chárter’ de expulsiones tanto judiciales como administrativas que suman un total de 487 extranjeros deportados durante el Gobierno de Kast. 

Si se suman a este grupo los expulsados en los últimos meses de la administración Boric y el número de inmigrantes que ha partido voluntariamente, en total se registra la salida de 3.229 extranjeros en lo que va de 2026.

Aunque Kast prometió en campaña transformar en delito el ingreso irregular (hoy es solo una falta), para lo cual se tramitará una ley en el Congreso, las autoridades están analizando en paralelo ampliar el plazo de retención de quienes son apresados en la frontera de cinco a 180 días, que es el tiempo necesario para dictar la expulsión. En la actualidad, muy pocos de los detenidos en el límite fronterizo pueden ser reconducidos a las naciones vecinas.

 Diferente es la situación de aquellos que son detenidos por algún delito, ya que estos ingresan al entramado judicial y, de haber sanción penal, deben cumplirla antes de poder ser expulsados del país. Otra de las modificaciones legales que analiza el Congreso es limitar el acceso de los irregulares a beneficios de cargo fiscal, incluidos los cupos para estudiantes en escuelas y otros.

Con información de El País y AFP

Un grupo de migrantes, representados por varias organizaciones no gubernamentales, demandó a Estados Unidos por condiciones “inhumanas” en Camp East Montana, el mayor centro de detención para migrantes del país, ubicado en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas.

El recurso, presentado el pasado viernes 29 de mayo por la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, en inglés) en el Distrito Oeste de Texas, recoge denuncias de cuatro personas detenidas actualmente en el centro en mención, en donde detallan “negligencia médica grave”, golpizas y acoso sexual por parte de los guardias, uso “excesivo” del confinamiento solitario, comida inadecuada y condiciones insalubres.

Los demandantes solicitan al tribunal que se certifique el caso como una acción colectiva en nombre de todos los detenidos en el centro y que declare que las condiciones allí violan el derecho constitucional al debido proceso.

El megacentro, compuesto por carpas y con capacidad para alojar hasta 5.000 detenidos, fue inaugurado el pasado agosto y ya registra tres muertes oficiales y una cuarta supuestamente relacionada con negligencia médica.

El gobierno rechaza las acusaciones de los demandantes y asegura que son “categóricamente falsas”.

“Ningún detenido está siendo abusado o golpeado”, señaló a EFE un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, quien agregó además que la agencia “se toma en serio la salud y la seguridad” de todas las personas bajo su custodia.

En los testimonios recogidos en el recurso, los demandantes denuncian estar sujetos a hambre crónica, atención médica deficiente, confinamiento solitario como herramienta de castigo y una sensación de que el sufrimiento es deliberado, con la meta de que los detenidos abandonen sus casos migratorios y acepten una deportación voluntaria.

Los migrantes describen que el centro está dividido en varias carpas, recintos cerrados “sin ventanas” donde hay espacio para 72 personas en literas, baños y unas pocas mesas para comer. La demanda detalla que en estas unidades se desbordan frecuentemente “las aguas negras” y que el personal no las repara con rapidez, por lo que el olor a “orina, heces y sudor” está presente en todo momento.

Los guardias que rigen el centro, detalló el recurso, “incurren de manera rutinaria” en compartimentos abusivos y “uso irracional de la fuerza”.

Akari Angye, uno de los demandantes, fue golpeado duramente por parte de los guardias por insistir en hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento. La paliza fue tal, relata la demanda, que tuvo que ser trasladado a un hospital local, donde fue puesto en una silla de ruedas.

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“Las condiciones en este campamento en el desierto son inhumanas y crueles (…) ya había vivido torturas en mi país de origen, Camerún, y nunca pensé que iba a ser tratado de manera tan violenta en EE. UU.”, escribió el migrante, detenido hace un mes, en una carta anexa al documento judicial.

Erik Iván Rodríguez, otro de los migrantes que ha demandado, lleva detenido desde enero, pese a no tener un récord criminal y tras estar radicado en Minnesota por ocho años.

Su salud se deterioró “rápidamente” en el centro, detalla el documento: tiene problemas respiratorios y le cuesta caminar, tras haberse herido la rodilla en detención.

“He vivido los peores días y meses de vida en este lugar”, dijo Rodríguez, originario de Venezuela, en un testimonio escrito. “Lo que se vive aquí en este lugar, no se lo deseo ni a mi propio enemigo”, añade.

Tres personas también han fallecido allí: una de ellas por suicidio, otra tras una falla renal y el tercero por “homicidio” en un enfrentamiento con el personal del centro, según versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

El cuarto fallecido, que se menciona en la demanda y no cuenta en las cifras oficiales, murió días después de haber sido liberado del centro y las oenegés denuncian que se debió a la “negligencia médica” que vivió en detención.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE. UU. alcanzaron nivel récord: en enero EE. UU. mantuvo detenidos a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001 y este año al menos dieciocho personas han muerto en custodia de autoridades migratorias, lo que supone el nivel más mortífero en dos décadas.

Con información de Efe

En las cercanías de la frontera entre Estados Unidos y México encontraron un tráiler  con 20 migrantes hacinados.

Según la cadena Univisión, un patrullero del DPS detuvo un tráiler Volvo de color blanco para una revisión de tráfico en la carretera Interestatal 35 (IH-35), a la altura del marcador de milla 28.

Al detener la marcha, el conductor del vehículo intentó darse a la fuga a pie, pero los agentes lograron capturarlo de manera inmediata. 

Tras asegurar al sospechoso, los oficiales procedieron a revisar la cabina del tráiler y descubrieron a las 20 personas ocultas en el área del camarote. 

El grupo de migrantes estaba integrado por ciudadanos originarios de México y Guatemala, entre los cuales se identificó a cuatro menores de edad. 

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Todos fueron puestos a disposición de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 18 de mayo de 2026, poco después de las 6:00 p.m.

 El chofer fue identificado como Miguel Ángel Velázquez Chávez, de 25 años y de nacionalidad mexicana. Tras su arresto, fue trasladado a la cárcel del condado Webb, donde enfrenta cargos por:

La División de Investigaciones Criminales (CID) del DPS informó que el caso continúa bajo investigación para determinar el origen y destino final de la operación de contrabando.

Con información de Univisión.

Grupos defensores de los inmigrantes presentaron una demanda por daños y perjuicios, en favor de 18 personas presuntamente sometidas a brutalidad policial y detenidas ilegalmente en una redada realizada por agentes federales en Chicago, durante la polémica Operación Midway Blitz.

Cada demandante, entre los cuales hay una cantidad de inmigrantes venezolanos no especificada, exige al gobierno federal el pago de una compensación de cinco millones de dólares por daños sufridos durante una redada ocurrida el pasado septiembre en un edificio por parte de decenas de agentes camuflados, transportados por helicópteros.

Según la demanda, los agentes derribaron puertas sin contar con órdenes judiciales y detuvieron a adultos y niños por igual, manteniéndolos a punta de pistola.

Las quejas describen cómo a plena noche los individuos fueron retenidos bajo amenaza armada, golpeados con fusiles y obligados a salir al exterior con escasa o nula vestimenta.

La mayoría de los afectados eran ciudadanos estadounidenses afroamericanos, y en el edificio residían algunos indocumentados venezolanos, que fueron detenidos durante la redada.

Las autoridades dijeron en ese momento que se sospechaba la presencia de integrantes del “Tren de Aragua” en el edificio, lo que luego no se confirmó.

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Según una investigación del Departamento de Derechos Humanos de Illinois, habría sido el propietario del complejo residencial quien propició la redada al informar al gobierno federal que allí vivían inmigrantes venezolanos.

La redada, que fue dirigida por el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, constituyó uno de los episodios más impactantes de la operación migratoria realizada por la Administración Trump en Chicago y zonas suburbanas.

“Esta redada figura entre las acciones más aborrecibles de la Operación Midway Blitz, la cual forma parte de la campaña militarizada de la actual administración dirigida contra las comunidades de color en ciudades de todo el país”, dijo en un comunicado Susana Sandoval Vargas, del Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef), uno de los grupos patrocinantes de la demanda.

Otros demandantes son el Centro de Justicia MacArthur, la Clínica de Inmigración de la Universidad de Chicago y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

La administración Trump justificó el operativo alegando que se perseguía a personas que representaban un riesgo para la seguridad pública, pero luego no se presentaron cargos penales contra ninguna persona en relación con la redada.

La documentación presentada alega, además, que “en medio del caos, un equipo de filmación contratado por el Departamento de Seguridad Nacional, acompañado de drones, siguió a los agentes y grabó la operación que luego fue difundida en las cuentas de redes sociales del DHS a modo de contenido promocional”.

Las imágenes del operativo fueron acompañadas de música instrumental, el sonido de los helicópteros y haces de luz de focos que iluminaban el edificio.

Con información de Efe

El Gobierno de José Antonio Kast ha concretado este jueves el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares. En el avión que despegó desde Chile al mediodía iban 19 colombianos, 17 bolivianos y cuatro ecuatorianos. 

Existen algo más de 44.000 extranjeros sin papeles listos para ser expulsados, 65% de ellos venezolanos, según la Administración chilena, lo que supone un desafío económico y diplomático mayúsculo. 

Al estar congeladas las relaciones consulares con Venezuela, el Ejecutivo chileno apuesta a que se vayan por su cuenta. Desde que Kast ganó la presidencia el 14 de diciembre pasado, 2.180 venezolanos irregulares han salido de Chile de manera voluntaria, según informó este jueves el Gobierno.

 No existen datos disponibles para comparar la cifra entregada por el Gobierno con el mismo período de años anteriores, es decir, de mediados de diciembre a mediados de abril. Pero en los últimos cuatro años, entre 2022 y 2025, 24.525 venezolanos han utilizado ese mecanismo, un 76% del total de salidas voluntarias. Es decir, un promedio de 6.130 anuales.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, han anunciado que están “estudiando posibilidades de facilitar esa salida voluntaria” y que la próxima semana se debieran dar a conocer los detalles de esta medida.

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En 2025, un total de 6.613 inmigrantes irregulares salieron voluntariamente de Chile. De ellos, 5.212 eran venezolanos, según cifras oficiales.

 En 2024, la cifra alcanzó los 11.004, -8.813 venezolanos; en 2023, salieron 8.886, -6.616 venezolanos; y en 2022, el año que asumió la presidencia Gabriel Boric, 5.711 inmigrantes irregulares hicieron lo propio, -3.884 eran venezolanos-.

El mecanismo consiste en que un inmigrante sin papeles, ya sea por haber ingresado a Chile por un paso no habilitado o por tener su residencia caducada, acude al Servicio Nacional de Migraciones con su pasaje aéreo y pide un permiso para salir. 

De obtenerlo, lo debe presentar a la Policía de Investigaciones (PDI) y tiene 15 días para cruzar la frontera chilena.

En el primer trimestre de este año, entre enero y marzo, las salidas voluntarias suman 1.831, según el Servicio Nacional de Migraciones.

A poco más de un mes desde que Kast llegó a La Moneda para liderar un Gobierno de emergencia, enfocado en la seguridad, economía y control migratorio, la Administración expulsó a los primeros extranjeros irregulares en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). 

En un punto de prensa en la pista de aterrizaje de la FACh, el subsecretario Pavéz remarcó que el primer vuelo de expulsión del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) se ejecutó en octubre de su primer año de mandato y que aumentarán la frecuencia de los vuelos, aunque no especificó en cuánto.

 “Las expulsiones se hacen, no se anuncian y por razones de seguridad interior estamos impedidos a anunciar la programación de cuáles son los vuelos”, argumentó. “Las expulsiones aéreas como las de hoy son ocasionales, pero todos los días tenemos expulsados que salen en vuelos comerciales en grupos pequeños de 2 o 3 personas”, añadió.

 Las coordinaciones se hacen entre las cancillerías de los países y las policías respectivas, quienes esperan a los expulsados en sus países de origen.

En el vuelo no iba ningún venezolano. Consultado sobre las gestiones con la Administración de Delcy Rodríguez, Sauerbaum sostuvo que para el Gobierno de Kast “es prioritario poder tener las conversaciones necesarias y en eso está el ministerio respectivo (el canciller Francisco Pérez Mackenna), para abrir un camino que nos permita expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela”. 

Como las relaciones diplomáticas con Caracas están suspendidas, el Ejecutivo quiere impulsar la salida voluntaria de los venezolanos, que bajo esa vía sí son recibidos en su país de origen. No así los expulsados.

 Con información de El País.

 En una mañana reciente de abril, Stephen Miller encabezó una llamada entre varias agencias con una pregunta: ¿por qué los países no estaban aceptando a más deportados desde Estados Unidos?

En el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, el arquitecto de su agenda migratoria había supervisado una maquinaria de deportación que, según el Departamento de Seguridad Nacional, ha expulsado del país a más de 675.000 inmigrantes indocumentados.

Eso está por debajo del objetivo de la administración de 1 millón de deportaciones al año, aunque funcionarios de Seguridad Nacional sostienen que cientos de miles de otras personas han salido del país voluntariamente.

Así que, en un esfuerzo por sortear a algunos países que se negaban a readmitir a sus ciudadanos, la administración ideó un plan para firmar acuerdos con otros países para que aceptaran deportados independientemente de si eran de esos países o incluso si hablaban el idioma.

Sin embargo, aunque alrededor de dos decenas de países —que abarcan desde África y Asia Central hasta América Latina— siguieron suscribiendo acuerdos o memorandos de entendimiento para aceptar deportados desde Estados Unidos, ese plan solo ha representado una fracción mínima de las deportaciones.

El Migration Policy Institute, un centro de estudios no partidista, estimó que 15.000 personas fueron deportadas a terceros países —13.000 de ellas enviadas a México— entre enero y diciembre de 2025. Los acuerdos con cada país varían: algunos ofrecen más detalles que otros, incluidos parámetros sobre a quién se aceptará.

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“La Administración Trump está utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para llevar a cabo la mayor operación de deportación legal de extranjeros ilegales criminales en la historia”, dijo a CNN en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. El Departamento de Estado dijo de manera similar en un comunicado que “implementar las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad máxima para el Departamento de Estado”.

El único país que ha aceptado un número significativo de migrantes deportados de otros países es México, y eso mediante un acuerdo que comenzó durante la administración del presidente Joe Biden. Algunos países firmaron acuerdos, pero no se sabe públicamente si han aceptado a algún migrante.

 Miller pareció frustrado en la llamada y dirigió su enojo a funcionarios del Departamento de Estado, según dos funcionarios estadounidenses. A pesar de haber alcanzado todos estos arreglos con países lejanos para aceptar migrantes desde Estados Unidos, la expulsión de inmigrantes hacia esos países parecía haberse estancado; o quizá nunca haber comenzado realmente.

Su mensaje a los funcionarios fue claro: si no podían lograr que los países avanzaran más rápido y aceptaran a más personas, él se involucraría.

“Está al límite con esto”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que no ha habido quejas internas sobre el ritmo del programa, sino conversaciones sobre trabajar con más países en acuerdos de expulsión a terceros países, argumentando que esos arreglos han permitido a Estados Unidos expulsar a inmigrantes con antecedentes penales cuyos países de origen no los aceptan.

El intenso impulso por conseguir que países acepten deportados desde Estados Unidos es una parte crítica de la estrategia agresiva de la administración Trump para cumplir la promesa de campaña del presidente de deportaciones masivas.

Históricamente, Estados Unidos ha enfrentado desafíos para deportar a ciertas nacionalidades de regreso a sus países de origen, ya sea por relaciones diplomáticas tensas entre Estados Unidos y esos países, o por los antecedentes penales de algunos de los ciudadanos que Estados Unidos pedía que esos países readmitieran.

El impulso de la administración para deportar migrantes a terceros países busca cumplir dos objetivos: sortear la cooperación de países que no trabajarían con Estados Unidos y servir como elemento disuasorio para migrantes que estén pensando en entrar ilegalmente a Estados Unidos, para que no sean enviados a un país desconocido a miles de kilómetros de su hogar.

Aproximadamente 13.000 personas de nacionalidad no mexicana fueron enviadas por Estados Unidos a México durante el primer año del mandato de Trump, y probablemente unos pocos miles más ya este año, según datos recopilados por Refugees International y Human Rights First.

Este arreglo es una extensión de un programa que comenzó bajo la administración de Biden, que en 2022 anunció que expulsaría a México al creciente número de migrantes venezolanos que cruzaban entonces la frontera sur.

“El acuerdo informal con México continúa, y ahí es donde la gran mayoría de los nacionales de terceros países han sido realmente deportados”, dijo Yael Schacher, directora para las Américas y Europa de Refugees International.

En virtud de los acuerdos, los países aceptan —a menudo a cambio de dinero, favores políticos o ambas cosas— recibir a inmigrantes procedentes de Estados Unidos que no son ciudadanos de esos países. Muchos de los esfuerzos para deportar a estos nacionales de terceros países se han enfrentado a impugnaciones legales.

Aparte de México, otros países han aceptado, como máximo, a unos pocos cientos de deportados —como El Salvador, Panamá, Costa Rica y Uzbekistán— según el recuento de Refugees International y Human Rights First.

Países como Eswatini, Guatemala y Guinea Ecuatorial han aceptado cada uno desde un puñado hasta varias decenas de migrantes, mientras que parece que se ha enviado a menos de 10 a Ruanda, Sudán del Sur y Kosovo.

No se sabe públicamente que más de 10 países que aparentemente tienen arreglos o acuerdos hayan aceptado a algún deportado. Eso no incluye a la República Democrática del Congo, que anunció su propio acuerdo con Estados Unidos apenas este mes.

El portavoz del Departamento de Estado declinó comentar sobre comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos.

Los acuerdos se presentan principalmente en dos formas: mediante arreglos en los que personas con órdenes finales de expulsión están siendo deportadas a terceros países, y mediante Acuerdos de Cooperación en Materia de Asilo, en los que solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido terminadas en Estados Unidos son enviados a solicitar asilo en otros países.

Los esfuerzos de la administración Trump por deportar migrantes a países desconocidos comenzaron temprano en el segundo mandato de Trump. En marzo de 2025, Estados Unidos —invocando una autoridad en tiempos de guerra bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) del siglo XVIII— comenzó a deportar a cientos de migrantes venezolanos a El Salvador, donde fueron encarcelados en la notoria prisión de máxima seguridad CECOT de ese país.

Para el verano, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos estaba “buscando activamente otros países para que reciban a personas de terceros países”.

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“Estamos trabajando con otros países para decir: ‘Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países; ¿harían eso como un favor para nosotros?’ Y cuanto más lejos de Estados Unidos, mejor, para que no puedan volver a cruzar la frontera”, dijo.

Otro intento de alto perfil ocurrió el año pasado, cuando un grupo de migrantes, inicialmente con destino a Sudán del Sur, fue retenido por Estados Unidos en una base militar en Djibouti. 

Los migrantes, incluidos algunos de Cuba, Vietnam y Laos, fueron mantenidos en un contenedor marítimo Conex reconvertido. Eso provocó una demanda y, finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema, que permitió a Estados Unidos reanudar la deportación de migrantes a países distintos de su país de origen con un aviso mínimo.

También estuvo el caso de Kilmar Ábrego García, a quien la administración Trump ha intentado deportar repetidamente a África desde que el inmigrante salvadoreño regresó tras su detención en la megacárcel de El Salvador, donde jueces habían dictaminado previamente que no debía ser deportado.

En febrero, los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado publicaron un informe que describía los costos asociados con las expulsiones a terceros países. El informe concluyó que la administración “ha gastado decenas de millones de dólares para trasladar a un número relativamente pequeño de migrantes a terceros países, en algunos casos pagando más de un millón de dólares por persona”.

El programa, según el informe, tuvo “poco impacto medible” en la agenda de deportaciones de la administración.

Con información de CNN

 Según un estudio reciente del Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODV),  44,5 % de los migrantes venezolanos consideraría regresar al país si las condiciones internas mejoran.

​ Tomás Páez, presidente del ODV, comentó en entrevista con Unión Radio que una de las principales exigencias para el retorno es la garantía al derecho a la vida y la seguridad. 

“Es garantizar que no me van a perseguir, garantizar que no me van a asaltar. Es todo”,  afirmó Páez.

Explica que esta demanda abarca la seguridad en su sentido más amplio, integrando tanto la protección personal como la seguridad jurídica.

El estudio destaca que  11,4 % se plantea un regreso a corto plazo y el 9,6 % considera posible un regreso a largo plazo. Entre los condicionales para el regreso, también se encuentran la economía, la estabilidad política y la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos.

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Por otro lado, un 19,3 % de la población migrante ha decidido no regresar, optando por permanecer en el extranjero de forma definitiva. 

Páez explica que este fenómeno responde al fuerte arraigo y la consolidación de proyectos de vida. “Esto se debe a que muchos de los que migraron en estos 20 años ya tienen familia y raíces en su país de acogida. Esta tendencia se ve respaldada por los altos niveles de adaptación reportados, donde un 57 % de los encuestados se considera completamente integrado y un 32 % se siente medianamente integrado en su país de acogida”.

“La diáspora está conformada por personas entre los 18 y 50 años, casi todos en edad productiva y reproductiva, y la población está creciendo en otras fronteras, lo que impacta en la decisión de retornar”, según Páez.

Aunque no deseen regresar, el sociólogo destaca que la gran mayoría de los venezolanos en el exterior quiere participar en la reconstrucción del país. 

“Más allá de que un porcentaje elevado no va a retornar a Venezuela porque Venezuela ya cambió (…), Más del 95% está interesado en participar, está comprometido con el desarrollo de Venezuela”, afirma.

Páez señala que la migración venezolana no se ha detenido, aunque el flujo se ha ralentizado en comparación con años anteriores. El sociólogo explica que los ciudadanos continúan saliendo del país en búsqueda de mejores oportunidades.

 Con información de Unión Radio

La construcción del muro negro fronterizo entre Estados Unidos y México en la zona de Santa Teresa, frente a Ciudad Juárez, forma parte de un proyecto impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump que contempla una inversión aproximada de 4.500 millones de dólares para reforzar la seguridad en distintos puntos de la frontera.

Entre las características del nuevo tramo destaca la construcción de un muro metálico pintado en color negro con acabado mate, diseñado para absorber más calor con la exposición solar y dificultar así la escalada de los migrantes.

El proyecto, desarrollado en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), prevé la edificación de alrededor de 230 millas de barrera fronteriza, de las cuales 110 kilómetros millas se ubicarán entre El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua), una de las zonas con mayor flujo migratorio entre ambos países.

En entrevista para EFE, el religioso Javier Calvillo, señaló que a lo largo de los años las distintas estrategias aplicadas por autoridades estadounidenses —como programas migratorios restrictivos, operativos de seguridad y la construcción de barreras físicas— no han logrado detener el flujo migratorio en la frontera norte de México.

“Mientras más difícil pongas tu muro o tus vallas, afectan más a la migración, la haces más complicada, y de todos modos, aunque el migrante se ponga este muro, seguirá pasando.”, expresó.

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Calvillo recordó que en distintos momentos Ciudad Juárez ha enfrentado episodios de alta presión migratoria, cuando miles de personas se concentraron en los alrededores de los puentes internacionales en espera de cruzar hacia EE. UU.

De acuerdo con el religioso mexicano, las medidas de endurecimiento fronterizo, incluyendo las impulsadas por autoridades estatales y federales en EE. UU., han tenido efectos limitados para frenar el fenómeno migratorio.

“Nunca van a poder frenar la migración. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a pensar más en grande, a pesar de los muros, a pesar de los programas o a pesar de las estrategias.”, indicó.

El sacerdote explicó que experiencias previas, como las restricciones aplicadas durante la pandemia mediante Título 42 o el programa ‘Quédate en México’ (MPP), provocaron que muchos migrantes permanecieran por largos periodos en ciudades fronterizas o buscaran alternativas más peligrosas para cruzar.

El religioso reconoció que cada país tiene derecho a proteger su soberanía y reforzar sus controles fronterizos, pero subrayó que también debe considerarse el derecho de las personas a buscar mejores condiciones de vida.

“Cada país tiene todo el derecho y toda la libertad de cuidar su soberanía, de cuidar su seguridad, de cuidar todas, todo lo que hay, pero también hay que reconocer que la persona tiene todo el derecho de moverse”, afirmó.

Finalmente, advirtió que el incremento de barreras físicas en la frontera, como los nuevos tramos de muro que se construyen en la región, podría elevar el nivel de riesgo para quienes intentan cruzar hacia territorio estadounidense.

“Por muchos muros que pongan, por muchas estrategias que pongan, nunca podrán superar la inteligencia o la voluntad, o sobre todo la fuerza que tiene el migrante de buscar una mejor vida para él, para su familia.”, concluyó.

Con información de Efe

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos abrió el lunes la puerta a la deportación de migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS) para vivir en el país norteamericano.

El TPS permite a grupos reducidos de personas residir y trabajar en territorio estadounidense si se considera que corren peligro si regresan a sus países de origen, debido a guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Luego de volver a la Casa Blanca el año pasado, el presidente Donald Trump tomó medidas para poner fin a ese sistema de protección temporal que ha permitido a decenas de miles de ciudadanos hondureños, nicaragüenses y nepalíes permanecer legalmente en Estados Unidos.

Un juez federal había anulado esa orden, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el lunes un dictamen que permite al gobierno proceder con las deportaciones mientras avanza el proceso para recurrir esa decisión.

La "orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación", se lee en la decisión del lunes.

El TPS se había aplicado a más de 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos después de que el huracán Mitch devastara esos países centroamericanos en 1998.

Alrededor de 7.000 nepalíes cuentan con el estatus de protección tras el terremoto que azotó el país asiático en 2015.

Históricamente, los presidentes estadounidenses han renovado el TPS a los migrantes en lugar de revocarlo y convertirlos en indocumentados.

Pero Trump ha prometido una campaña de deportación masiva, y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió el lunes que "el TPS nunca se diseñó para ser permanente".

Su cartera ha dicho que el retiro de ese estatus responde a la mejoría de las condiciones en esos países, hasta el punto de que sus ciudadanos pueden regresar a sus hogares de forma segura.

Con información de AFP

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó este  lunes una ley de California que iba a prohibir a los agentes federales, incluidos los de inmigración, cubrirse el rostro durante las operaciones, aunque estableció que deben mostrar su identificación.

El uso de máscaras por parte de algunos agentes fuertemente armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de la campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump, suscitó críticas de los líderes locales de las ciudades gobernadas por los demócratas.

La jueza federal Christina Snyder consideró que la normativa firmada en septiembre y conocida como "Ley contra la policía secreta" es discriminatoria, ya que no se aplica también a los agentes del orden estatales.

La prohibición propuesta "discrimina ilegalmente a los agentes federales", escribió.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se atribuyó una victoria en redes sociales después de que su Departamento de Justicia impugnara la ley, lo que suspendió su entrada en vigor.

"Seguiremos luchando y ganando en los tribunales por la agenda de ley y orden del presidente Trump, y SIEMPRE respaldaremos a nuestros grandes agentes federales", dijo en un comunicado.

Sin embargo, la jueza confirmó una medida que exige a los agentes mostrar su identificación y su número de placa.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aprovechó que el tribunal ratificó ese requisito para proclamar su propia victoria parcial.

"Un tribunal federal acaba de mantener la ley de California que EXIGE a los agentes federales identificarse. California seguirá defendiendo los derechos civiles y nuestra democracia", aseguró en la red social X.

La jueza Snyder sugirió en su fallo que la prohibición sería constitucional si se ampliara para abarcar también a las fuerzas del orden estatales.

El senador demócrata Scott Wiener, coautor de la legislación, dijo el lunes que modificaría la ley y propondrá una nueva prohibición que incluya a todos los funcionarios estatales.

Con información de AFP

"Un nuevo amanecer para Venezuela". Así describió un alto diplomático el futuro de ese país tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses.

Pero para varios de los ocho millones de venezolanos exiliados en la última década, la alegría de ver a Maduro comparecer ante un tribunal de Nueva York se vio empañada al saber que sus altos funcionarios siguen al mando.

La salida por la fuerza de Maduro de Venezuela provocó inicialmente escenas de júbilo entre la diáspora. Muchos se emocionaron al recordar las penurias de las que huyeron y a los familiares que dejaron atrás durante su mandato iniciado en 2013.

Pero aunque varios dijeron soñar con volver a su país, aún no hacen maletas ante lo incierto del panorama.

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"En Venezuela no ha habido un cambio de régimen. En Venezuela no hay transición", dijo a la AFP Ligia Bolívar, socióloga venezolana y defensora de derechos humanos que vive en Colombia desde 2019.

"Nadie en esa circunstancia va a salir corriendo para Venezuela", agregó.

A las afueras del consulado venezolano, donde esperaba para renovar su pasaporte, Alejandro Solórzano, de 35 años, coincidió con esa visión. "Todo está igual", dijo.

La maltrecha economía es uno de sus principales motivos para mantenerse fuera de Venezuela. En el extranjero trabajan y pueden enviar remesas a casa.

Algunos también mencionaron su temor al aparato de seguridad y a los grupos armados afines al gobierno que recorrieron las calles de Caracas en los últimos días para reprimir cualquier celebración de la caída de Maduro.

En sus primeras declaraciones tras la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró dispuesto a trabajar con la presidenta interina Delcy Rodríguez, dejando a un lado a la líder opositora y nobel de la Paz María Corina Machado.

Rodríguez, quien era la vicepresidenta de Maduro, se posesionó el lunes al frente del mismo gobierno que dirigía el depuesto mandatario y que incluye a los ministros del Interior, Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino.

Cabello es una figura temida, tras haber ordenado reprimir las protestas poselectorales de 2024, en las que fueron detenidas unas 2.400 personas.

La Unión Europea exigió el lunes que cualquier transición incluya a Machado y a su candidato en las presidenciales de 2024, Edmundo González Urrutia, cuyo triunfo reivindica la oposición.

Pero Andrea, una asesora de inmigración de 47 años que vive en Buenos Aires y prefirió no dar su apellido, consideró que aún no es la hora de Machado.

"Hasta que Trump vea que esa situación está controlada, hasta que tenga agarrados por las bolas a todos estos criminales, no va a poder poner a María Corina", dijo.

Luis Peche, analista político que sobrevivió a un atentado con arma de fuego en Bogotá el año pasado, presuntamente por motivos políticos, también se mostró a favor de una transición negociada.

"Hay que ver las cosas como un proceso", dijo Peche. "Necesitas igual la parte de ese aparato estatal" para mantener al país en pie, agregó.

Tamara Suju, experta en derechos humanos afincada en España, afirmó que mantener al mismo elenco al mando era un mal necesario, al menos a corto plazo.

"Son ellos con los que el gobierno de Trump negocia la transición, porque es que no hay otra forma de hacerlo", dijo a la estación española esRadio. Consideró que eventualmente Washington les obligará a dimitir.

Edwin Reyes, un instalador de ventanas de 46 años que vive en Colombia desde hace ocho, dijo que una vez que Venezuela sea "completamente libre", consideraría volver.

"Hemos esperado, ya yo tengo ocho años fuera en el exilio", dijo. "¿Qué me cuesta esperar tres, cuatro, cinco, seis meses más?".

Con información de AFP

 Transportar ilegalmente migrantes desde Norte de Santander hasta la frontera con Ecuador y la región de Urabá, fue la actividad ilegal que durante año y medio desplegó una red delictiva descubierta por la Fiscalía General de Colombia, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional.

El grupo delictivo captaba extranjeros, la mayoría de nacionalidad venezolana, en inmediaciones de la terminal de transportes de Cúcuta, Pamplonita y Los Patios (Norte de Santander). 

Posteriormente, los llevaba a tres agencias de viajes para venderles paquetes que incluían traslados en buses de turismo a Quito (Ecuador), Lima (Perú) y ciudades de Chile, además de hospedaje, alimentación, chip para llamadas, acompañamiento de guías y entrega de documentos para supuestamente eludir los controles policiales y migratorios. 

Estos papeles en realidad eran extemporáneos o falsos y no tenían validez.

De esta manera, en seis eventos ilícitos acreditados, fueron movilizadas 222 personas, 27 de ellas menores de edad.

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Gran parte de los migrantes quedaron abandonados en zona de frontera con Ecuador, sin cumplir la mitad del trayecto prometido.

Por estos hechos, fueron capturados seis de los señalados integrantes de la red. 

Se trata de Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado. 

Por disposición de un juez de control de garantías, cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Becerra Vera permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.

Con información de prensa Fiscalía de Colombia

Un vuelo con migrantes venezolanos que intentaban regresar al  país desde Panamá fue suspendido por falta de una autorización del gobierno de Venezuela, que inicialmente lo había aprobado, dijo este miércoles a la AFP el gobierno panameño.

El primer vuelo directo de este tipo entre Ciudad de Panamá y Caracas debía partir el pasado 22 de diciembre, según anunció el presidente panameño, José Raúl Mulino.

El grupo lo conformaban entre 70 y 100 personas que retornaban voluntariamente, tras fracasar en su intento por llegar a Estados Unidos.

Pero "lastimosamente no pudimos concretar ya en el último minuto el visto bueno de las autoridades venezolanas para que el avión pudiera despegar de Panamá y aterrizar en Caracas", dijo a la AFP el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego.

Debido a ello, los migrantes continuaron el viaje hacia Colombia por sus propios medios, agregó el funcionario, al confirmar que el vuelo había sido pactado con el consulado venezolano en Ciudad de Panamá.

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Ábrego indicó que su gobierno busca reunir un nuevo grupo de migrantes y retomar las conversaciones con las autoridades venezolanas para ayudar con su repatriación.

Es una forma de "evitar que estas personas corran un riesgo", afirmó el ministro, al mencionar que en días pasados un migrante murió cuando regresaba por vía marítima.

Desde 2024, Panamá ha realizado medio centenar de vuelos, financiados por Washington, con migrantes deportados a distintos países de Sudamérica, pero los venezolanos eran enviados a Colombia debido a que Mulino suspendió las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

Con información de AFP

La Iglesia católica y diversas organizaciones que operan en la frontera sur de México alertaron sobre la presencia de amplios asentamientos de migrantes en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, una situación que comienza a impactar directamente espacios parroquiales y comunidades locales.

El responsable de la Diócesis de Tapachula para la pastoral de la movilidad humana, César Augusto Cañaveral, explicó que las zonas donde antes se concentraban migrantes centroamericanos han visto crecer el número de personas varadas, ahora provenientes de Venezuela, Haití, Cuba, Guatemala y El Salvador.

“Antes teníamos asentamientos de migrantes centroamericanos, pero ahora se han acrecentado los grupos y las personas que están viviendo en las zonas parroquiales”, señaló el sacerdote en declaraciones a la agencia EFE.

A su juicio, muchos migrantes esperan una eventual apertura de Estados Unidos, lo que mantiene a esta población en una situación de alta vulnerabilidad.

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Cañaveral advirtió que quienes permanecen fuera de los albergues son los menos atendidos, aunque algunos han comenzado a trabajar informalmente. “Los que están en los albergues son los más necesitados, pero estos otros están intentando sobrevivir trabajando, y eso dice mucho de la realidad en estos asentamientos”, afirmó.

El religioso aseguró que toda la periferia de Tapachula y numerosas colonias registran presencia de migrantes, por lo que llamó a la población local a aprender a convivir con ellos. “Somos una iglesia de frontera. Tenemos que trabajar en la integración y en crear relaciones sanas”, sostuvo.

También cuestionó la respuesta del Estado mexicano ante la situación. “El Gobierno no está a la altura de un fenómeno migratorio que, aunque viene a la baja, sigue siendo un enorme pendiente”, denunció.

Tapachula, con una población estimada de 350.000 habitantes según el censo de 2020, se ha convertido en el principal punto de recepción de solicitudes de asilo en México. Datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) indican que hasta septiembre de 2025 se registraron más de 52.000 solicitudes de asilo en el país, de las cuales 66 % se concentraron en Chiapas, con Tapachula a la cabeza.

Desde el sector laboral, Teodoro Vázquez Castillo, secretario general de la Federación Obrera Revolucionaria de Chiapas, reconoció que cientos de migrantes llevan meses en el municipio, algunos ya incorporados a empleos formales. “Es una molestia, pero también es una necesidad”, dijo, al tiempo que cuestionó las expectativas con las que muchos llegaron a la ciudad.

“La migración es un fenómeno que, en una zona ya golpeada por la pobreza y la crisis económica, termina agravando la situación de quienes viven y trabajan aquí”, advirtió.

Las declaraciones reflejan una realidad compleja en la frontera sur mexicana, donde la presión migratoria, la precariedad local y la falta de políticas efectivas siguen tensionando la convivencia y la capacidad de respuesta institucional.

Con información de Efe

“Tenemos que unirnos… buscar una solución que vea, dentro de la dignidad de las personas, el cómo solucionar algo que nos afecta a todos”, dijo esta semana el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en Quito, al reunirse con jeefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa.

Y es que a   Kast le faltan aún dos meses y medio para asumir como presidente de Chile, pero ya comenzó a moverse como la estrella emergente de la política sudamericana que es, con viajes a Argentina, Perú y Ecuador.

 Sabe que no tiene tiempo que perder porque la más arriesgada de sus promesas, devolver a todos los inmigrantes irregulares a sus países, no depende sólo de él. Necesita, incluso, de la colaboración del propio Nicolás Maduro y del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que considera que Kast es «un nazi».

Un par de horas antes había hecho escala en Lima, donde se vio con el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela. Días antes había estado en Buenos Aires visitando al presidente Javier Milei, y ya en esas horas comenzó a insistir con el difuso concepto de «corredor humanitario».

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¿A qué se refiere Kast? El líder de la derecha dura chilena fue elegido en la segunda vuelta con el 58,16% de los votos, un rotundo triunfo sobre Jeannette Jara, la dirigente comunista que postulaba la coalición de izquierdas del actual presidente, Gabriel Boric. 

Pero a Kast le fue siendo cada vez más difícil explicar cómo llevaría a cabo su promesa, sostenida sobre una cuenta regresiva, día a día, que plantea que el 11 de marzo, día del cambio de gobierno, los 330.000 inmigrantes en situación irregular deberán haber abandonado Chile si no se quieren exponer a situaciones complejas.

«No vamos a regularizar ni a empadronar a ninguno. Les quedan 92 días [el tiempo que faltaba ese día hasta la asunción del nuevo presidente] para que dejen nuestro país libremente. Lo mismo les decimos a los prófugos, regresen hoy día, porque si luego al buscarlos nos cuestan un peso, lo van a pagar con más cárcel», dijo Kast.

«¿Cómo harás eso, José Antonio?», le preguntó Jara. «Has dicho primero que expulsarías a los inmigrantes irregulares, luego que los invitarías a salir y ahora tienes una tercera derivada y dices que les negarás los servicios públicos. ¿Cuál es tu política?».

«Todo junto», respondió Kast, que añadió que expulsará incluso a los inmigrantes que sean padres de hijos nacidos en Chile: «Si ellos abandonan a sus hijos tendremos que hacernos cargo nosotros».

Al día siguiente, el hoy presidente electo se topó con Bianca, una inmigrante irregular venezolana que tiene una hija chilena. Kast le dijo que debe irse del país: «Nosotros vamos a estudiar todo, pero el primer mensaje que quiero darle es que ustedes se tienen que ir, y mejor antes que después, porque ahora, además, podrán irse con todos sus bienes. Después, no».

En caso de que Kast envíe en efecto a la frontera a todos los inmigrantes irregulares, nada podrá hacer si no cuenta, para empezar, con la cooperación de los países fronterizos, Argentina, Bolivia y Perú. 

Por eso está conversando con sus líderes en una coyuntura política que le es favorable, ya que son presidentes ideológicamente afines.

Jaime Ravinet, ex alto cargo del Gobierno del socialista Ricardo Lagos y hoy consultor político, cree que Kast arriesgó más de la cuenta con la que fue una de las promesas estrella que lo llevó a la Presidencia, aunque entiende que lo haya hecho.

 «Estoy convencido de que aquí hay venezolanos que están moviendo cosas, como lo hicieron los cubanos en 2019. ¿O nos olvidamos del asesinato de [el exmilitar venezolano, Ronald] Ojeda [en febrero de 2024]?», dijo Ravinet a EL MUNDO. "Pero lo que se propone es muy difícil de lograr y él no sabe explicarlo bien. La primera promesa de Kast puede ser el primer problema de Kast".

Otro observador de primera línea, un hombre al que Kast consulta en temas de política exterior, dijo a este diario que el presidente electo chileno trabaja ya en coordinación con el Gobierno de Donald Trump.

«Hay varias razones para un alineamiento estrecho entre Kast y Trump. Y el embajador que mandaron [Brandon Judd llegó en noviembre] calza perfecto en la agenda de seguridad y migración. Hay un giro de Estados Unidos hacia Latinoamérica absolutamente inusual.

Con información de El Mundo

  Un juez federal falló este lunes que el gobierno de Donald Trump debe otorgar el debido proceso legal a los migrantes venezolanos trasladados a una notoria prisión en El Salvador, ya sea proporcionándoles audiencias judiciales o devolviéndolos a Estados Unidos.

El juez de distrito James Boasberg ordenó al gobierno que presente un plan en un plazo de dos semanas para dichos migrantes, quienes desde entonces han sido devueltos a Venezuela en un intercambio de prisioneros.

"Los demandantes no debieron haber sido removidos de la manera en que lo fueron, prácticamente sin ningún aviso y sin oportunidad de impugnar las bases de su remoción, en clara contravención de su derecho al debido proceso", escribió Boasberg.

Es el último desarrollo en un caso que ha sido un punto álgido jurídico en la batida del gobierno estadounidense contra la inmigración. 

Comenzó en marzo, después de que Trump invocara una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para enviar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una prisión salvadoreña conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.

Dos aviones llenos de hombres fueron trasladados a la prisión, a pesar de una orden verbal de Boasberg para que las aeronaves dieran la vuelta. Posteriormente, Boasberg inició una investigación por desacato, aunque la dramática batalla entre los poderes judicial y ejecutivo ha sido pausada por un tribunal de apelaciones.

El gobierno niega haber violado su orden. La Casa Blanca no había hecho hasta el momento comentarios sobre el fallo del lunes.

Más de 200 migrantes fueron liberados y enviados de regreso a Venezuela en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos en julio.

El fallo de Boasberg, quien fue nombrado en el tribunal federal por el presidente demócrata Barack Obama, abre un camino para que impugnen la acusación de que son miembros de la pandilla Tren de Aragua y que por ello están sujetos a remoción bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

 La decisión también autoriza que el caso avance como una demanda colectiva, lo que habilita a todos los venezolanos trasladados en marzo pasado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a cuestionar legalmente su clasificación como enemigos extranjeros.

"Este fallo crucial deja claro que la administración Trump no puede simplemente llevar a personas a una notoria prisión extranjera sin ningún debido proceso y luego irse. Hay consecuencias", comentó el abogado de la ACLU Lee Gelernt, quien representa a los migrantes.

Con información de Telemundo y AP

 Los migrantes venezolanos realizan un aporte económico "clave" a los países donde residen, lo que desvirtúa afirmaciones de que solo representan una carga, señala un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) difundido, a propósito de la conmemoración del Día del Migrante.

Más de siete millones de venezolanos viven fuera de su país por la crisis que soporta la nación petrolera bajo el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo gobierno es desconocido por una parte de la comunidad internacional.

La mayoría vive en América Latina y el Caribe, donde han protagonizado una de las diásporas más grandes en la historia de la región.

"La población migrante venezolana ha emergido como un motor económico clave en los países de acogida, dinamizando el comercio y fortaleciendo el tejido productivo a través de su patrón de gasto", señala el informe.

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El documento analiza la situación de la migración venezolana entre los años 2021 y 2025 en Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana.

Solo en consumo, los migrantes venezolanos aportaron en ese período 10.600 millones de dólares, destacó Julio Croci, de la oficina de la OIM para América Latina y el Caribe, durante la presentación del informe.

El gasto se destina principalmente a alimentación, vivienda y servicios. Además, su aporte a los sistemas de salud y educación echa por tierra el argumento de que la población migrante "sobrecarga" el sector público, agregó Croci.

Adicionalmente, contribuyen con otros 2.000 millones de dólares en el pago de tasas e impuestos, lo que representa casi un 10% del total.

Sin embargo, el documento advierte que más del 80% trabajan de manera informal, lo que dificulta su integración y el pago de mayores tributos.

Los migrantes venezolanos representan "un potencial considerable para el crecimiento económico de los países receptores", por lo que es "crucial" que se facilite su regularización para facilitar su ingreso al mercado laboral formal, subraya el documento.

Con información de AFP