En una trasmisión de VTV, el ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó que arribó a Venezuela el vuelo número 94 de este año con 304 venezolanos deportados de EE.UU.

El vuelo de Conviasa, organizado por el Plan Vuelta a la Patria, arribó al Aeropuerto Internacional Maiquetía procedente de México.

Yván Gil dijo que los 304 venezolanos solicitaron su regreso de forma voluntaria.

Gil destacó que "más de 18 mil venezolanos han arribado al país mediante el Plan Vuelta a la Patria por vía aérea, demostrando que los migrantes que fueron obligados a irse de Venezuela por la guerra económica implantada por el imperialismo estadounidense, retornan porque ven el cambio y crecimiento financiero que ha tenido la nación, gracias al trabajo y compromiso del pueblo en conjunto con el Gobierno para garantizar bienestar social e integral para todas y todos".

Resaltó que "los compatriotas llegan con el ánimo de incorporarse al rumbo de desarrollo productivo que mantiene el país".El ministro precisó que el Gobierno "seguirá trabajando para retornar a todos los compatriotas que deseen regresar a Venezuela".

Por ello, adelantó que en las próximas horas arribará al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el vuelo 95 con migrantes venezolanos, a solicitud de la administración estadounidense.

Kristi Noem, elegida por el presidente electo Donald Trump como secretaria del Departamento de Seguridad Interior (DHS), aseguró este viernes ante el Senado que se debe garantizar la seguridad “de nuestras fronteras” contra “el tráfico y la inmigración ilegal”, ya que “es la prioridad máxima”.

“El presidente Trump fue elegido con un mandato claro; necesita cumplir esa misión”, dijo sobre su política migratoria días antes de la investidura del republicano, reseña la agencia AFP.

Para “liberar” Estados Unidos de lo que considera una “invasión” de migrantes, Trump promete “la mayor operación de deportación en la historia” del país en cuanto asuma el cargo el lunes.

Promete invocar la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sellar la frontera con México, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes.

Aseguró que desde el primer día eliminará el CBP One. Esta es la aplicación móvil creada en 2023 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para registrar las solicitudes de migrantes que buscan entrar de forma legal a los Estados Unidos.

Intentará resucitar el programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera, prohibir las ciudades santuario, que los protege de la expulsión, y suprimirles “todos los beneficios federales y de asistencia social”.

Además, quiere poner fin o limitar otras vías legales de entrada como un amparo migratorio que les otorga permiso de residencia y trabajo (Estatus de Protección Temporal, TPS) o la posibilidad de solicitar cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) o mediante trámites en los países por los que pasan.

Para llevar a cabo su programa se ha rodeado de leales escuderos que respaldan sus ideas durante sus audiencias ante el Senado para confirmarlos en el cargo.

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Respecto al TPS, insiste en que “el programa estaba destinado a ser temporal” y critica al gobierno de Biden por haber ampliado 18 meses este estatus de protección a unos 600.000 venezolanos y más de 230.000 salvadoreños que ya viven en Estados Unidos.

“Esta extensión de más de 600.000 venezolanos (…) es alarmante, cuando ves lo que hemos visto en diferentes estados, incluido Colorado, con pandillas causando daño”, protestó Noem.

Las declaraciones de la funcionaria se producen una semana después de la Administración del presidente Joe Biden, anunció la extensión por otros 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que permite a unos 600.000 venezolanos residir y trabajar legalmente en el país.

Hay “más de 13.000 asesinos sueltos en este país que han cruzado esa frontera, tenemos casi 16.000 violadores y perpetradores de agresiones sexuales sueltos en este país en este momento, más de 425.000 personas con antecedentes penales”, afirmó la gobernadora de Dakota del Sur.

Se refiere a cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés), según la cuales habría 425.000 migrantes con condenas penales que viven en libertad en Estados Unidos, incluidos más de 13.000 sentenciados por homicidio.

Según el DHS, los datos “se remontan a décadas atrás” y algunos entraron en el país “en los últimos 40 años»”

La administración del presidente saliente demócrata Joe Biden “no está haciendo nada para reunirlos y sacarlos de nuestro país. Lo haremos de inmediato, y esa será la prioridad”, afirmó Noem este viernes.

Una vez deportados “los criminales, los que han violado nuestras leyes” la “próxima prioridad” de Trump “va a ser aquellos con órdenes de expulsión definitiva”, dijo.

También afirmó estar de acuerdo “al 100%” con Trump en “reinstaurar la política de Quédate en México” y en cerrar CBP One.

En cuanto a los programas humanitarios que permiten a algunos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela solicitar la entrada en Estados Unidos por un periodo de dos años, si tienen un patrocinador en el país y pasan una verificación de seguridad, Noem afirmó que volverá a “la evaluación caso por caso”.

Maribel Hidalgo huyó de su natal Venezuela hace un año con un hijo de 1 año, caminando penosamente durante días por el tapón del Darién en Panamá, y luego viajando por los rieles a través de México hacia Estados Unidos.

Vivían en Estados Unidos cuando el gobierno de Biden anunció que a los venezolanos se les ofrecería el Estatus de Protección Temporal, que permite a las personas que ya están en Estados Unidos quedarse y trabajar legalmente si sus países de origen se consideran inseguros.

Personas de 17 países, entre ellos Haití, Afganistán, Sudán y recientemente Líbano, están recibiendo actualmente este tipo de ayuda.

Pero el presidente electo Donald Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, han prometido deportaciones masivas y han sugerido que reducirían el uso del TPS que cubre a más de 1 millón de inmigrantes, reseña la AP.

Han destacado las afirmaciones infundadas de que los haitianos que viven y trabajan legalmente en Springfield, Ohio, como titulares de TPS, se estaban comiendo las mascotas de sus vecinos.

Trump también amplificó las disputadas afirmaciones hechas por el alcalde de Aurora, Colorado, sobre pandillas venezolanas que se apoderan de un complejo de apartamentos.

“Lo que Donald Trump ha propuesto hacer es que vamos a dejar de hacer libertad condicional masiva”, dijo Vance en un mitin en Arizona en octubre, mencionando un estatus migratorio separado llamado libertad condicional humanitaria que también está en riesgo. “Vamos a dejar de hacer concesiones masivas de Estatus de Protección Temporal”.

Hidalgo lloró mientras discutía su difícil situación con un reportero mientras su hijo, ahora de 2 años, dormía en un cochecito afuera del hotel de migrantes de Nueva York donde viven.

Al menos 7,7 millones de personas han huido de la violencia política y la agitación económica en Venezuela, en uno de los mayores desplazamientos del mundo.

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“Mi única esperanza era el TPS”, dijo Hidalgo. “Mi preocupación, por ejemplo, es que después de todo lo que sufrí con mi hijo para poder llegar a este país, que me envíen de regreso”.

Los venezolanos, junto con los haitianos y salvadoreños, son el grupo más grande de beneficiarios del TPS y tienen más en juego.

Las designaciones del secretario de Seguridad Nacional ofrecen un alivio de hasta 18 meses, pero se extienden en muchos casos. La designación de El Salvador termina en marzo. Las designaciones para Sudán, Ucrania y Venezuela terminan en abril. Otros caducan más tarde.

Las regulaciones federales dicen que una designación puede ser terminada antes de que expire, pero eso nunca ha sucedido, y requiere un aviso de 60 días.

El TPS es similar al menos conocido Programa de Salida Diferida de Cumplimiento que Trump utilizó para recompensar a los partidarios del exilio venezolano cuando su primera presidencia estaba terminando, protegiendo a 145,000 de la deportación durante 18 meses.

Los tribunales bloquearon la expiración de las designaciones para Haití, Sudán, Nicaragua y El Salvador hasta bien entrado el mandato del presidente Joe Biden. Luego, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los renovó.

La comunidad haitiana en Estados Unidos, país donde suma al menos un millón de personas, la mitad de ellas en el sur de Florida, está hastiada de los comentarios del expresidente y candidato republicano Donald Trump sobre que comen perros y gatos.

Indignados, ciudadanos de ese país en la Pequeña Haití en Miami cuentan a EFE que Trump y su aspirante a vicepresidente, el senador por Ohio JD Vance, deben parar ya de contar “esas peligrosas mentiras” que solo buscan demonizarlos.

Sentada al frente de una colorida vivienda al lado de una camioneta en la que vende ropa, Yolande Fertil, de 75 años, no para de mover la cabeza del malestar que le producen las palabras de Trump.

“En Springfield (Ohio) la gente que llegó se está comiendo a los perros, se está comiendo a los gatos, se está comiendo a las mascotas de la gente que vive allí”, señaló el magnate neoyorquino en su debate el martes frente a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

“Está mal, mal, mal. Los haitianos estamos enojados”, expresa a EFE Fertil, quien el 5 de noviembre va a votar “demócrata”.

Mirando unos gatos que toman agua dentro de una barbería de la zona, uno de los trabajadores del lugar se toca la cabeza en signo de incredulidad y sin ganas de hablar.

Uno de los clientes, quien no quiere decir su nombre, asegura que Trump “no respeta a ningún país ni a nadie y solo juega a la política”: “No quiere que voten por Kamala”, dice al explicar que el republicano incita al racismo.

Mientras limpia los pisos de la iglesia First Interdenominational Haitian Church, Virginia Francois manifiesta a EFE que es sólo cuestión de respeto. “Respete a la gente para que la gente lo respete”, exclama.

Para Paul Christian Namphy, director político del Movimiento Red de Acción Familiar (FANM), es “muy grave” que Trump haya repetido esas mentiras en un debate “del cargo más alto del país, frente a la nación entera”.

Son “palabras insultantes, feas, demonizando nuestra comunidad”, asegura el activista de una de las mayores organizaciones haitianas de Florida al recordar que esta conspiración contra los haitianos se remonta a días antes.

“Es un plan para demonizar y criminalizar no solamente a la comunidad haitiana, sino a todas las comunidades inmigrantes, y también es un ataque contra personas de color en general”, señala a EFE.

“Cuando escuchamos a Elon Musk (dueño de la red X que también ha difundido la mentira), cuando escuchamos a JD Vance, para nosotros es un insulto”, reitera.

Las mentiras de Trump parecen causar mella en Springfield (Ohio), donde en los últimos años se han asentado unos 10.000 haitianos y que ha sufrido amenazas de bomba los dos últimos días en escuelas y oficinas públicas.

Aunque oficialmente no se han vinculado ambos hechos, el alcalde, Rob Rue, ha pedido “ayuda, no odio”.

El director político de FANM lamenta que comunidades haitianas sufren racismo en estados como Ohio e Indiana, a los que han estado llegando en los últimos años al parecer por la necesidad de mano de obra.

“Infelizmente”, subraya, hay mucho racismo en esos estados ligado, entre otros, con la teoría conspirativa del Gran Reemplazo, con el argumento de que los migrantes “van a llegar para volverse la mayoría”.

La mayoría de migrantes haitianos están en el sur de Florida y hay otras concentraciones en Nueva York, Massachusetts, Georgia, Pensilvania y California.

Las palabras inaceptables y de desesperación de Trump y un tema fundamental para ellos, como son las deportaciones, “definitivamente van a impactar el voto” de esta comunidad, subraya Namphy.

“Tenemos que saber quién está promoviendo nuestros intereses (…) tenemos que rechazar el odio, la división, el racismo y las mentiras”, recalca.

Especialmente en Georgia, que es un estado muy reñido, los haitianos pueden ser decisivos electoralmente.

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El activista añade que esta comunidad tiene puestos los ojos en una nueva designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los 300.000 que ya tienen este auxilio migratorio que los protege de la deportación y para 200.000 nuevos migrantes de Haití que lo necesitan.

Con información de EFE

La administración de Joe Biden anunció la actualización del proceso de revisión de solicitudes del programa de acogida para migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, debido a que la cantidad de patrocinadores que han presentado el Formulario I-134A “es significativamente mayor que las (…) autorizaciones de viaje mensuales disponibles”.

Con este programa permite el ingreso por avión a Estados Unidos a 30.000 migrantes de esas cuatro naciones, pero que tengan patrocinadores en el país y que los apoyarán financieramente.

A través de un comunicado, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) comenzó a seleccionar al azar aproximadamente la mitad del total mensual de solicitudes, independientemente de la fecha de recepción, explicó la agencia en un comunicado.

La otra mitad del total mensual se revisará en función de cuándo se presentó la solicitud, dando prioridad a los casos más antiguos, como se hacía anteriormente.

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USCIS actualizó el proceso debido a que la cantidad de patrocinadores que han presentado el Formulario I-134A “es significativamente mayor que las 30.000 autorizaciones de viaje mensuales disponibles”.

El objetivo de este cambio en el proceso de revisión “es mantener una oportunidad significativa y equitativa para que todos los solicitantes” puedan presentar su caso, señaló el organismo, según reseña de Efe.

Asimismo, advirtió que no acepta más de una solicitud por cada caso. Los solicitantes y patrocinadores pueden consultar en la página web de la agencia el avance de sus casos.

El Gobierno Biden implementó el programa en octubre del año pasado para los venezolanos y en enero de 2023 sumó a los solicitantes de Cuba, Haití y Nicaragua.

En abril pasado 28.738 migrantes de los cuatro países ingresaron a EE.UU. gracias a este programa, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó esta semana una demanda contra la administración de Joe Biden, alegando que el nuevo programa de migración que el presidente anunció el mes pasado y que permitiría que 360.000 personas al año, procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen al país, «es ilegal» y constituye un «abuso de poder».

Paxton lidera una coalición de fiscales 20 estados, quienes presentaron la demanda en un tribunal de distrito federal en Victoria, informó la cadena CBS.

La demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el DHS y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio, y sus responsables.

El mes pasado, Joe Biden y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., anunciaron un programa que permitiría a 30,000 personas por mes ingresar legalmente a EE.UU. desde los cuatro países, si presentan la solicitud desde sus naciones de origen, pasan una verificación de antecedentes y demuestran que tienen una patrocinador financiero en los EE.UU.

Si son aprobados, pueden permanecer en el país hasta por dos años y obtener un permiso de trabajo. Una vez en el país, podrían solicitar asilo.

Como parte del plan, la administración Biden también comenzó a utilizar el Título 42 para expulsar a la misma cantidad de migrantes de esos cuatro países a México si intentan ingresar ilegalmente a los EE.UU.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, México acordó aceptar hasta 30,000 migrantes al mes de esos países bajo el Título 42.

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La demanda dice que el programa de Biden se inspiró en el mismo que permitió a los ucranianos ingresar a los EE. UU. después de la invasión rusa en febrero de 2022.

Pero este último plan «no cumple con los criterios para ser legal», afirma la demanda.

“El programa establecido por el Departamento no cumple con cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es por razones humanitarias urgentes y no promueve ningún beneficio público significativo”, agrega el documento presentado por los fiscales.

También argumentaron que ese plan perjudica a varios estados, como Texas, «que se gasta cantidades significativas de dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales, debido a las violaciones del Gobierno federal al rechazar aplicar la ley federal».

Pusieron el ejemplo de Florida, que, alertaron, «quedará perjudicada de forma irreparable» por este programa, porque ya se gasta «recursos estatales significativos» para proporcionar servicios a los migrantes indocumentados que acoge.

A juicio de los fiscales el plan de Biden no han tenido en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez que se agote el permiso de dos años para estar en EE.UU.

Texas ha presentado más de 20 demandas en un tribunal federal contra la administración de Biden, varias de ellas relacionadas con las políticas de inmigración del presidente.

La mayoría de las demandas se han presentado en tribunales supervisados por jueces designados por Donald Trump.

La oficina de Paxton ha logrado detener temporalmente algunas de las políticas de migración de la administración Biden.

Más recientemente, Texas se unió a una demanda encabezada por Arizona que obligó a la administración a continuar haciendo cumplir el Título 42, que la administración Trump invocó en marzo de 2020 cuando la pandemia de COVID-19 comenzó a expulsar a los migrantes a México sin permitirles solicitar asilo.

Muchas personas que salen de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela huyen de la inestabilidad política y la violencia de las pandillas locales.

Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a los países y a algunos de sus líderes políticos, acusando a sus gobiernos de abusos contra los derechos humanos y corrupción política.

A la dura vida de los migrantes ilegales en Estados Unidos, situación que ha empeorado en los últimos meses, sobre todo con la llegada de miles de venezolanos a ese país, se une ahora otro peligro: la esclavitud moderna o lo que es peor, la «narcoesclavitud».

Se trata de un término acuñado recientemente, tras una investigación realizada por ABC News que revela que la desesperación de estas personas por conseguir un empleo y comenzar a generar ingresos, los ha llevado a convertirse en presas fáciles para administradores de las granjas ilícitas de marihuana en el estado de Oregón, por ejemplo.

En ese estado, la marihuana fue legalizada en 2015 y esto ha ocasionado que «abunde» el trabajo para ilegales, a quienes someten a condiciones inhumanas, muy similares a los de la esclavitud.

“Estábamos prisioneras, porque no podíamos salir. Trabajábamos muchas horas, a veces hasta las 2 o 3 de la mañana. Constantemente nos presionaban para trabajar más rápido, para recortar la olla”, dijo Alejandra, una de las migrantes que revelaron su testimonio.

De acuerdo a ABC News, los casos, como el de Alejandra, son cada vez más comunes al sur de Oregón, donde las autoridades están trabajando para combatir el creciente problema de la “narcoesclavitud”.

Puede que en Oregon, Estados Unidos, el cannabis sea legal, pero las autoridades están alarmando sobre las plantaciones ilegales la entidad que involucra tráfico de personas y sometimiento de los trabajadores a condiciones similares a la esclavitud.

“La libertad de los estadounidenses para usar cannabis es posible, pero a costo de las libertades personales de otros“, informó ABC News sobre la investigación, que duró un año.

La legalización no ha impedido que los carteles sigan cultivando y distribuyendo marihuana ilegalmente o, aún peor, explotando a las personas que la cultivan para ellos. A veces, esta explotación resulta en “consecuencias mortales”.

Durante el último año, ABC News ha seguido las redadas de las fuerzas de seguridad en granjas ilegales y ha descubierto trabajadores en condiciones similares a la esclavitud: sin sanitarios, obligados a dormir en carpas, sin cobrar y algunos incluso vendidos para ejercer la prostitución.

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Es “inhumano ver las condiciones en las que estas personas son arrastradas todos los días hasta el punto de que están literalmente muriendo”, dice a ABC News Robert Hamer, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del noroeste del Pacífico de EEUU. “Es desgarrador”.

Hamer comenta que de manera frecuente llegan cuerpos de estas personas a la comisaría, y afirma que esas personas han trabajado hasta la muerte. “Te puedo asegurar que si estuviesen vivos nos dirían que son esclavos”.

Estas organizaciones son como grandes corporaciones de EE.UU., dijo. “Son gigantes. Estamos ante la explotación de nuestros mercados inmobiliarios. Estamos presenciando la explotación de nuestro sistema bancario y todo se relaciona con esta amenaza que crece cada vez más”.

La corresponsal de la ABC, Mireya Villarreal, se unió con la HSI en una redada conjunta con las autoridades locales en octubre.

En una propiedad a unos 32 km de Medford, los agentes descubrieron a 17 trabajadores y a un niño de dos años. Registraron un total de tres propiedades en el barrio.

Las autoridades legales confirmaron la existencia de más de 100 invernaderos ilegales, más de 8.500 plantas ilegales de marihuana y casi 3200 kg marihuana procesada en el mercado ilícito.

“Estamos haciendo foco en el hecho de que esto es explotación de personas“, afirma Hamer, haciendo hincapié en que la HSI intenta enfocar el problema de manera distinta a otras operaciones relacionadas con el cannabis.

Después de cada redada, las autoridades locales utilizan excavadoras para demoler el lugar de cultivo, y así impedir que resurja la explotación ilícita. El principal problema es que estas explotaciones están en todas partes.

Un residente de Cave Junction en Oregon, Chris Hall, le comentó a ABC News que “el término ‘narcoesclavo’ no es una exageración. Los trabajadores vivían en condiciones de esclavitud. No podían salir de la propiedad. Los vigilaban guardias armados”.

A veces, estos sindicatos de crimen organizado entran en la propiedad de alguien, y si el propietarix vive lejos no tiene ni idea de lo que está pasando.

Según Hall, hay unas 800 zonas de cultivo ilegal en los alrededores de Cave Junction.

“Es imposible hacer la vista gorda al número de víctimas. Ocurre en tu patio trasero. Ocurre en mi patio trasero. Está sucediendo aquí en Cave Junction. Está ocurriendo en todo el suroeste de Oregon. Y está ocurriendo en todo el norte de California”, dijo Hall. kyard.

El cultivo ilegal de cannabis en California lleva muchos años perjudicando al medio ambiente.

California Hace muy poco, los congresistas Scott Peters (demócrata de California) y Doug LaMalfa (republicano de California) presentaron un proyecto de ley que pretende restringir el uso de pesticidas prohibidos en los cultivos ilegales de marihuana en terrenos públicos.

En octubre, el Procurador General de California, Rob Bonta, anunció sobre un programa nuevo llamado Fuerza Operativa para la Erradicación y Prevención del Cannabis Ilícito (EPIC).

Este programa tendrá como objetivo eliminar las plantaciones ilegales de cannabis una vez que el programa de erradicación de este año incautara de casi un millón de plantas de marihuana.

En aquel momento, Bonta también destacó que los trabajadores de estas plantaciones también son víctimas de trata de personas, “viviendo en condiciones miserables, solos durante meses y sin salida. Ellos no son quienes se benefician de la industria ilegal del cannabis. Son abusados y son víctimas. Son engranajes de una máquina mucho más grande y organizada”.

Por otro lado, el gobernador de California, Gavin Newsom, también estableció una Fuerza Operativa Unificada para la Aplicación de la Ley (UCETF), que tiene como objetivo eliminar operaciones ilegales de marihuana.

Los funcionarios pidieron a las granjas autorizadas y a sus trabajadores que informaran cualquier sospecha de tráfico sexual o de personas.

Un juez federal prohibió el martes a las autoridades federales de inmigración usar una autoridad de salud pública conocida como Título 42 para expulsar rápidamente a los migrantes, entre ellos venezolanos.

La medida bloquea la herramienta principal que la administración de Joe Biden ha utilizado para manejar una ola migratoria sin precedentes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, reseña CBSNews.

El juez Emmet Sullivan del Tribunal del Distrito de Columbia anuló una orden emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que permitía a los funcionarios fronterizos de los EE. UU. expulsar a cientos de miles de migrantes por motivos de salud pública, diciendo que el edicto era no debidamente promulgada.

Emitida por primera vez en 2020 por la administración de Donald Trump al comienzo de la pandemia de coronavirus, la política del Título 42 se basa en una ley de finales del siglo XIX diseñada para detener la «introducción» de enfermedades contagiosas en los EE. UU. Los migrantes procesados ​​bajo el Título 42 no pueden solicitar asilo estadounidense y, en cambio, son expulsados ​​sumariamente del país.

El fallo del martes se deriva de una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que ha argumentado que el Título 42 pone en peligro a los migrantes y viola la ley de asilo de EE. UU.

Agregan que los migrantes en suelo estadounidense, incluidos aquellos que cruzan la frontera ilegalmente, pueden solicitar protección humanitaria.

“Este fallo es de enorme importancia para los solicitantes de asilo y, con suerte, pondrá fin al uso indebido de las leyes de salud pública para impedir que las personas desesperadas busquen protección”, dijo a CBS News Lee Gelernt, el abogado de la ACLU que presentó la demanda.

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Luego, los abogados de la administración de Biden le pidieron a Sullivan que detuviera su fallo durante 5 semanas hasta el 21 de diciembre, citando preocupaciones operativas sobre la finalización abrupta del Título 42 y la necesidad de una «transición ordenada» al procesamiento regular de inmigración.

“Este período de transición es fundamental para garantizar que el DHS pueda continuar con su misión de asegurar las fronteras de la nación y realizar sus operaciones fronterizas de manera ordenada”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la vigilancia fronteriza de Estados Unidos, dijo que la suspensión del fallo permitiría a los funcionarios implementar «nuevas políticas» para procesar a los inmigrantes, sin dar más detalles.

“Sabemos que los contrabandistas mentirán para tratar de aprovecharse de los migrantes vulnerables, poniendo vidas en riesgo”, dijo el departamento.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio cuenta de 185.527 migrantes interceptados a lo largo de la frontera con México en octubre, un aumento del 1,5% en un mes. Muchos, si no la mayoría, fueron rechazados por el Título 42.

«Esta es una gran victoria y una en la que está literalmente en juego la vida o la muerte», dijo el abogado de ACLU, Lee Gelernt, al frente de la demanda.

«Llevamos diciendo todo el tiempo que usar el Título 42 contra los solicitantes de asilo era inhumano y estaba impulsado puramente por la política. Esperemos que este fallo termine con esta política horrible de una vez por todas», añadió en un comunicado citado por la AFP.

En Ciudad Juárez, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, varios migrantes venezolanos aplaudieron la decisión del juez.

«Estamos súperalegres por esta noticia, eso no quita que debemos de esperar qué es lo que procede, qué mecanismos van a aplicar hacia nosotros para poder entrar a Estados Unidos», dijo Edixon Sierra, un migrante de 31 años que lleva 11 días en la ciudad.

«Dios metió su mano en eso y yo sé que todo va a ser real. Y, bueno, tenemos todos la misma fe, la misma lucha por todo lo que hemos pasado, todo el frío, toda el hambre, todo, los niños, todo, todo», dijo por su parte Juan Carlos Hernández, migrante de 45 años que lleva un mes en Ciudad Juárez.

El asesor de seguridad fronteriza del presidente Joe Biden renunció después de que le dieran un ultimátum para que dimitiera o sería despedido, en medio de la crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos con México, en la que hay miles de venezolanos implicados.

El jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Chris Magnus, presentó una carta de renuncia solo un día después de que aseguró que se quedaría en el cargo, a pesar de la solicitud del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reseñó el New York Post.

“Ha sido un privilegio y un honor ser parte de su administración”, escribió Magnus, de 61 años, en una carta enviada al presidente Biden.

La Casa Blanca anunció la renuncia en un comunicado, agradeciendo a Magnus por su servicio y deseándole lo mejor.

“El presidente Biden aprecia los casi cuarenta años de servicio del comisionado Magnus y las contribuciones que hizo a la reforma policial durante su mandato como jefe de policía en tres ciudades de Estados Unidos”, dijo la secretaria de prensa de Biden, Karine Jean-Pierre, en el escrito.

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La renuncia se produce menos de un año después de la confirmación de Magnus por parte del Senado de los EE. UU., cuando comienza una importante reorganización en Seguridad Nacional mientras aumentan los cruces de inmigrantes en la frontera de EE. UU. con México.

Se ha registrado una cantidad récord de encuentros con migrantes en la frontera sur de los EE. UU., llegando a más de 2 millones por primera vez en agosto, una marca que es el doble que en 2019, el nivel más alto durante la administración Trump, informó Associated Press.

Unos 2,38 millones de inmigrantes fueron detenidos en la frontera en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, un aumento de 37% con respecto al año anterior.

Ante la avalancha de migrantes venezolanos ilegales que estaban ingresando a EE.UU., por la frontera con México, la administración Biden estableció nuevas medidas restrictivas que comenzaron a regir el 12 de octubre.

Magnus le había dicho a Los Ángeles Times que no renunciaría en un comunicado el viernes, después de que el periódico fuera el primero en informar sobre el ultimátum.

Le dijo al periódico: “Estoy entusiasmado con el progreso que hice y espero continuar con ese trabajo”.

El pedido de su renuncia se produjo después de que, a través de los medios en EE.UU. se comentara que el líder de seguridad fronteriza «se perdió o se durmió», durante las reuniones sobre la crisis fronteriza, y rutinariamente criticaba a sus colegas en otras agencias.

La exmiss Venezuela en la década de 1980, Carmen María Montiel, apoya el traslado de migrantes, entre ellos venezolanos, desde Texas a otros estados de la unión americana, puesto que asegura, no es justo que esa entidad y otras de la frontera del sur absorban a las personas que llegan a esa nación.

Montiel es miembro del partido republicano y se postula para representar al distrito 18 de Texas en el Congreso estadounidense, ha visto cómo el gobierno de ese estado envía a los migrantes venezolanos recién llegados en autobuses hasta Nueva York o Washington.

“Tenemos que dispersar todo esto o que se cierren las fronteras, esa es la realidad”, dijo Montiel durante una entrevista telefónica con la agencia The Associated Press (AP)

El estado de Texas, bajo las órdenes del gobernador republicano Greg Abbott, ha transportado en autobús a unos 8.000 inmigrantes a Washington desde abril.

Muchos de ellos son venezolanos y se trasladan luego a Nueva York. Texas también ha transportado alrededor de 2.200 personas a Nueva York y 300 a Chicago.

Arizona, otro estado republicano, ha seguido los pasos de Texas y ha transportado en autobús a más de 1.800 inmigrantes a Washington desde mayo.

El gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, se sumó a estas operaciones de traslado recientemente enviando a más de 40 recién llegados venezolanos desde a Texas a la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts.

Los decenas de autobuses y vuelos han provocado una batalla política entre republicanos —usualmente favorables a limitar la migración— y demócratas, abiertos a ofrecer un camino a la legalización de migrantes.

Los alcaldes demócratas de Nueva York y Washington han dicho que necesitan ayuda federal para lidiar con la ola de migrantes que están recibiendo y que han colapsado refugios y agencias de ayuda públicas.

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Montiel, nacida en Maracaibo, se coronó Miss Venezuela en 1984 y representó a Venezuela en el certamen Miss Universo de ese mismo año celebrado en Miami, Florida, donde obtuvo el título de segunda finalista. Su familia se trasladó a Estados Unidos hace 34 años. Montiel trabajó como periodista de televisión y tiene la ciudadanía estadounidense.

Tras ganar las primarias del partido republicano en marzo de este año, Montiel aspira a derrotar a la demócrata Sheila Jackson Lee en las elecciones de medio término del 8 de noviembre.

Montiel dijo que la situación de Venezuela y la falta de oportunidad allí “es grave”, sin embargo está en contra de llegar a Estados Unidos de forma irregular. También dijo que los migrantes no autorizados tampoco tienen grandes oportunidades en Estados Unidos debido a su estatus migratorio.

“Tenemos que hacer un llamado al gobierno federal para que por favor se cierre la frontera”, afirmó Montiel, que aspira llegar a la cámara baja federal.

“Esto es una crisis humanitaria porque lo que pasa esta gente realmente para llegar acá es inhumano. Mueren en el camino, pasan por la selva del Darién. Las mujeres y los niños son violados. Esto hay que detenerlo. Yo no entiendo como nadie puede estar de acuerdo con que esto esté pasando”, expresó.

“Los latinos vinieron debido al sueño americano, y ahora con la situación económica, por la política de Biden, pues está afectando sus bolsillos”, señaló Montiel. “Esto ha forzado al latino a despertar y a decir ‘¿sabes qué?’ Esto no nos conviene”, dijo.

La medida conocida como Título 42,  que permitía al gobierno expulsar rápidamente a migrantes en la frontera sur durante la pandemia, ya no será derogada el 23 de mayo, como estaba previsto, esto es por instrucciones de un juez.

Fue este lunes cuando un juez federal de Estados Unidos impidió temporalmente que el presidente Joe Biden, ponga fin a una política a la aplicación de la norma Título 42, informó AFP.

Se trata del juez Robert Summerhays , quien determinó que el Gobierno debe suspender inmediatamente y durante 14 días sus preparativos para levantar esa polémica norma migratoria, reseñó EFE.

La suspensión de la norma Título 42 anunciada por la administración Biden causó indignación entre los republicanos y a muchos demócratas, así como a los defensores de controles fronterizos más estrictos.

Cabe destacar que desde su aplicación en el gobierno de Donald Trump las autoridades norteamericanas estiman que se han expulsado 1,7 millones de inmigrantes.

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Luego de una videoconferencia con abogados, una corte distrital de Luisiana dijo que había «anunciado su intención de conceder la moción».

Esta propuesta de suspender la terminación de la norma, la hicieron anteriormente los estados de  Missouri, Luisiana y Arizona.

El fallo contempla que «las partes consultarán sobre los términos específicos que debe contener la Orden de Restricción Temporal e intentarán llegar a un acuerdo».

La orden impide a la administración de Biden tomar cualquier acción antes de una audiencia el 13 de mayo para determinar si el Título 42 puede ser levantado.

Es de resaltar que los tres estados republicanos que interpusieron la demanda -a la que luego se sumaron otros 18,  celebraron una victoria que esperan que frene el flujo sin precedentes de migrantes previsto por los funcionarios de Seguridad Nacional.

El fiscal de Missouri, Eric Schmitt aseguró que «Esta es una gran victoria para la seguridad fronteriza, pero la lucha continúa». Mientras que su par de Arizona, Mark Brnovic, dijo en un tuit que estaba «muy orgulloso» de los abogados de su administración.

«Continuaremos luchando contra las políticas de fronteras abiertas del gobierno de Biden», dijo.

A comienzos de abril, la Casa Blanca anunció que levantaría la medida tras meses de presión de defensores de migrantes, que dijeron que negaba a las personas el derecho a pedir asilo, lo que motivo a que los que rechazan la medida presentarán una demanda.

Cabe destacar que el máximo organismo sanitario estadounidense, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijeron que la medida «ya no era necesaria» debido a «una disponibilidad incrementada de herramientas para combatir el COVID-19».

La mayoría de los venezolanos en Florida aprobarían suavizar las sanciones económicas de Estados Unidos a la industria petrolera de Venezuela. Lo harían si los ingresos adicionales son utilizados para aliviar la emergencia humanitaria del país.

La información la dio a conocer la agencia AFP que cita una encuesta divulgada este jueves, por parte del grupo de expertos del Atlantic Council.

77% de los encuestados dijeron que apoyaban el embargo petrolero impuesto por el expresidente estadounidense Donald Trump.

No obstante, a pesar de estar a favor del embargo, más de la mitad (52%) dijeron que la nueva administración de Joe Biden debe eliminarlo. Pero, siempre y cuando el dinero del petróleo se destine a enviar alimentos y medicinas al país. también dicen que Nicolás Maduro no debe tener acceso a los recursos.

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63% de los encuestados votaron por Trump en las presidenciales de noviembre. «Estos votantes están dispuestos a considerar políticas que promuevan esfuerzos humanitarios en Venezuela. Los mismos deben generar un camino a la democracia mediante el ajuste de las sanciones», señala el estudio.

Respecto a las sanciones individuales, 82% dijeron que apoyan las medidas contra individuos de Maduro. Esto porque están «acusados de violaciones de los derechos humanos, esquemas de corrupción, actividades ilícitas y la erosión de las instituciones democráticas en Venezuela», según el estudio.

Más de la mitad estima, además, que Washington debe mantener su «máxima presión» para promover una salida de Maduro. Y el 65% considera que Estados Unidos y la comunidad internacional deben proveer más asistencia humanitaria al país.