La nueva ‘Coalición de Venezolanos en USA’ denunció el “sufrimiento” por las deportaciones y expresó su “indignación” por el manejo del presidente Donald Trump de la situación electoral en Venezuela, además de avisar que movilizarán el voto ante las elecciones legislativas estadounidenses.

Los activistas entregaron una carta firmada por 20 agrupaciones y 126 líderes sociales en Doral, la ciudad con mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos y un epicentro de las deportaciones, al congresista republicano Mario Díaz-Balart para exigirle que se “pronuncie” sobre los arrestos migratorios.

 “Nosotros, como organizaciones sin fines de lucro, definitivamente tenemos el poder de llamar al voto y, por supuesto, también queremos que vuelva al balance de poder al Congreso, definitivamente que sí”, declaró el viernes Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), ante una pregunta de EFE.

“Los que están aquí, la gran mayoría son ciudadanos y son residentes. Y vamos a salir a votar, claro que sí. Vamos a incentivar el voto, no vamos a patrocinar candidatos políticos, pero vamos a patrocinar el voto, definitivamente que sí”, agregó la activista.

“Miedo” y movimiento en la ciudad más venezolana de EE.UU.

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Villalonga advirtió de que Doral, donde 40% de la población tiene raíces de Venezuela, “también concentra una importante población de electores venezolanos”, por lo que “estas realidades respaldan la necesidad de que toda decisión migratoria se base en hechos individuales y no en estereotipos o sospechas generalizadas”.

La ciudad, en la zona metropolitana de Miami, vive con “miedo” desde hace semanas por la presencia de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que afecta a negocios y familias de ciudadanos estadounidenses, denunció Jani Méndez, de la nueva coalición, que agrupa a republicanos, demócratas e independientes.

“Porque siendo yo ciudadana, vine acá de 6 años, pequeña, también tengo miedo. Tengo miedo de que mi hermana no esté, que a mi mamá la saquen porque no tiene un estatus. Tengo mucho miedo”, manifestó Méndez.

La líder de Amavex también sostuvo que los venezolanos están “indignados” por las declaraciones de Trump del miércoles en la celebración del Mes de la Herencia Hispana, en la que afirmó que la gente en Venezuela “tiene una sonrisa en su cara”.

José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos en el Exilio Político (Veppex), lamentó que Trump insista, como lo hizo en una entrevista con la revista Time esta semana, que aún no hay condiciones para elecciones en Venezuela, pero en tanto persisten las deportaciones a ese país.

“Ese mismo tiempo prudencial que hay que esperar para desmantelar el aparato represor y para convocar a las elecciones, es el mismo tiempo que le deberían dar a los venezolanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos solicitando asilo político o buscando algún tipo de protección”, demandó.

Con información de Efe

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que durante las últimas semanas han estremecido a la ciudad de Doral en Florida, encendieron también las alarmas entre miles de venezolanos de Nueva York. Aunque el temor no se manifiesta de la misma manera en las dos ciudades, porque afecta a comunidades construidas bajo circunstancias totalmente diferentes, publicó el Diario de Nueva York

En Doral, conocida también como ‘Doralzuela’ por ser uno de los enclaves venezolanos más importantes de Estados Unidos, la preocupación se hizo visible en las calles: inmigrantes detenidos durante sus rutinas cotidianas, familias que temen salir de sus casas y denuncias de personas con solicitudes de asilo pendientes y permisos de trabajo vigentes que terminaron bajo custodia federal.

 En la Gran Manzana, la preocupación adopta otros matices. No existe la misma concentración geográfica de venezolanos en un solo vecindario, ni la cooperación local con La Migra que caracteriza a Florida. Las leyes santuario limitan la participación de la policía y otras agencias municipales en la aplicación de las normas migratorias federales.

Pero eso no convierte a la ciudad en un refugio absoluto. El temor se concentra en las citas migratorias, las audiencias en 26 Federal Plaza y lo complicado que es para cualquier migrante sobrevivir aun teniendo un trabajo.

En este contexto, hay un grupo en específico que tiene razones para estar muy angustiado sobre su futuro: para miles de venezolanos que atravesaron la frontera sur durante la crisis migratoria de 2022 a 2024, presentarse ante las autoridades significa descubrir que los documentos que les permitieron trabajar, no son necesariamente suficientes para permanecer. Y que ciertos cambios políticos en el país petrolero empiezan a cambiar la forma en que los oficiales de migración abordan la situación del país. Específicamente para quienes solicitaron asilo político tras declarar que tienen miedo a regresar.

“Si tantos políticos de alto perfil están regresando públicamente a Venezuela, ¿por qué usted no puede? fue una de las primeras preguntas que me hizo el oficial de asilo en la entrevista que estuve esperando por nueve años”, relató a El Diario un caraqueño luego de varias semanas de haber acudido a su entrevista en Manhattan.

Esta pregunta empezó a adquirir fuerza después de la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y del retorno público y ampliamente celebrado de exalcaldes, gobernadores y dirigentes opositores que durante años afirmaron desde el exilio que eran víctimas de persecución.

Como destacan varios activistas, la reciente imagen de una figura política atravesando libremente un aeropuerto está fortaleciendo la narrativa de que Venezuela “se arregló” y que ese régimen ahora encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, dejó de representar un peligro para miles de solicitantes de asilo sin notoriedad, contactos, ni posibles garantías políticas.

Ahora el complicado desafío consiste en demostrar por qué el riesgo particular de cada solicitante no desapareció.

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La mayoría de la comunidad venezolana del sur de Florida surgió de redes familiares, profesionales, empresariales y políticas que facilitaron la llegada e integración de sucesivas oleadas desde los años 80.

En cambio, Nueva York experimentó otro fenómeno. Una proporción visible de los venezolanos que arribaron desde 2022 cruzaron el Darién y la frontera sur. Muchos llegaron a la deriva dependiendo inicialmente de centros humanitarios y albergues municipales.

La promesa que circulaba durante el trayecto desde Suramérica estuvo marcada por la desinformación: en Nueva York encontrarían techo, comida y ayuda para obtener documentos.

La ciudad efectivamente desplegó una operación humanitaria sin precedentes. Más de 239,000 solicitantes de distintas nacionalidades recibieron servicios entre 2022 y 2025. Se pondera que más del 60% de estos migrantes eran venezolanos. En el lenguaje municipal a todos se les denominó como “solicitantes de asilo”

Como se puede recoger en muchos testimonios, para muchos ciudadanos de este país caribeño, esa política de brazos abiertos creó una expectativa equivocada: interpretaron esa ayuda municipal de una ciudad santuario, como el primer paso de una regularización prácticamente garantizada.

Ante esta coyuntura, Niurka Meléndez, cofundadora de Venezuelan and Immigrants Aid (VIA), define ese periodo que puso incluso contra las cuerdas al presupuesto municipal, con una expresión: “Nueva York se convirtió en una especie de fábrica de solicitudes de asilo. Miles asumieron que porque los dejaron pasar por la frontera, los recibieron en hoteles y los ayudaron con los papeles, automáticamente tenían resuelto su asunto migratorio”.

En efecto, las jornadas legales financiadas por la Alcaldía permitieron a miles de personas presentar documentos dentro de los plazos correspondientes. Pero como precisan las leyes, llenar un formulario, hacer una solicitud de asilo, recibir una tarjeta de Seguro Social y un permiso de trabajo no significa que el Gobierno hubiera reconocido como tal la existencia de una persecución.

Meléndez sostiene que numerosos expedientes fueron construidos alrededor de la pobreza, el hambre, la falta de medicinas o la inseguridad general, pero aunque esas circunstancias humanitarias justifican la decisión de emigrar, por sí solas no satisfacen la definición legal del asilo.

“Miles terminaron solicitando protección porque no podían sostenerse económicamente en Venezuela. La ley exige demostrar persecución pasada o un temor de persecución futura vinculado con la raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social”, recordó la activista quien desde 2015 trabaja de cerca con solicitantes de esta protección migratoria.

Pero, como insisten activistas y abogados, el nuevo escenario no significa que el asilo haya desaparecido para los venezolanos.

La Junta de Apelaciones de Inmigración determinó el 4 de septiembre, en ‘Matter of A-E-V-M’, que la salida de Maduro y la transferencia de la autoridad ejecutiva constituyen un cambio relevante en las condiciones del país. La decisión obliga a examinar cómo esa transformación afecta el riesgo específico de cada solicitante.

En los hechos, no se declara que Venezuela sea segura para todos, ni ordena rechazar automáticamente los casos. La propia Junta advirtió que un cambio de liderazgo nacional no elimina necesariamente un temor fundado de persecución.

En este sentido, el abogado Luis Cortes Romero explica que la decisión elevó la exigencia probatoria, pues cada solicitante debe demostrar que las personas o instituciones temidas permanecen con capacidad e interés para hacerle daño.

Asimismo, la abogada Denisse Ilabaca coincide en que los casos dependerán ahora, con mayor rigor, de pruebas individualizadas. El regreso de un político conocido puede ser considerado dentro de las nuevas condiciones del país, pero no determina la seguridad de una persona amenazada por un policía, colectivo, funcionario regional o estructura comunitaria que continúa activa.

Ante el regreso de decenas de dirigentes políticos en el exilio, que inundan en las últimas semanas las redes sociales, la portavoz de VIA subraya que algunas figuras de alto perfil podrían contar con garantías que son totalmente inaccesibles para un ciudadano común.

“Nosotros sabemos que muchos son solo ‘politiqueros’, supuestamente de oposición, que están regresando no viven la misma realidad de miles de personas que no tienen alianzas encubiertas con el régimen. El sistema chavista sigue haciendo daño. No se ha desmantelado ni un milímetro”, acotó.

La activista sospecha que algunos retornos responden a acuerdos directos con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, precisamente para enviar al mundo el mensaje de que en el país se respetan los Derechos Humanos.

Meléndez rechaza la versión de que toda esta crisis pueda explicarse de manera simplista como una operación destinada a expulsar a los venezolanos, como se ha escuchado en algunos discursos recientes en el sur de la Florida.

“Es muy fácil y reduccionista decir que hay una guerra contra los venezolanos. Yo prefiero verlo como una tormenta perfecta que debe analizarse desde varios ángulos, alejada además de cualquier tipo de polarización partidista”, refirió.

En esa tormenta descrita por la activista confluyen el rápido crecimiento de la población venezolana, miles de expedientes con fundamentos jurídicos débiles, el fin del parole humanitario y la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), el endurecimiento general de la política migratoria, el impacto político de delitos cometidos por una minoría y la nueva interpretación de las condiciones en Venezuela.

Lo que significa que al ser el grupo migratorio de mayor crecimiento en el país, en un estrecho margen de tiempo, su peso cuantitativo significa que cualquier cambio migratorio afecta a un número elevado y visible de personas.

A esta situación se sumaron delitos de gran repercusión atribuidos a una pequeñísima fracción de los recién llegados, que ha sido relacionada no pocas veces por el gobierno federal como una consecuencia de la política de “fronteras abiertas” de la Administración Biden.

Por ejemplo, el inmigrante José Vera, de 48 años, cree que ese daño reputacional se extendió incluso a quienes respetaron las normas.

“Un grupito muy pequeño de delincuentes que llegó por la frontera terminó afectándonos a todos. Ahora estamos pagando justos por pecadores. Sí hay un estigma”, reaccionó.

Después de esperar diez años por una entrevista de asilo que describe como “complicadísima”, Vera asegura que luego de meses todavía espera por la respuesta.

“Yo tenía un caso muy sólido. Tenía mis pruebas y lo reforcé con ayuda profesional. Es un proceso costoso, pero como insisten los abogados, lo importante es que cada quien blinde su caso”, acotó.

“Quiero irme de aquí”En el extremo opuesto está “Beatriz” (un seudónimo utilizado para proteger su identidad) una madre caraqueña que llegó en 2022 a un albergue municipal influida por el espejismo del “sueño americano” promovido por coyotes.

Ahora comprende que sus motivos económicos no necesariamente cumplen los requisitos del asilo, por ello contempla marcharse antes de su primera audiencia, pero el costo de la vivienda, los alimentos y el transporte le impide ahorrar para regresar con su hija.

“Todo lo que gano se va en sobrevivir. ¿Cómo compro los pasajes y regreso con algo que me permita comenzar otra vez?”, se preguntó.

Asimismo, Silvio, un migrante venezolano que pidió reservar su apellido, reconoce que existen solicitudes débiles y que el Gobierno tiene autoridad para aplicar la ley migratoria. Pero considera que las detenciones de personas integradas a sus comunidades alimentan la idea de un castigo colectivo. Asegura que su mejor amigo fue detenido en Florida pese a no tener antecedentes, ni siquiera una infracción de tránsito.

“En realidad, hemos visto que incluso médicos y profesionales que están esperando por su entrevista han sido detenidos. Es absolutamente inhumano que luego de años esperando y pagando impuestos, exista la discrecionalidad de detenerlos. Pueden decir lo que sea, pero yo creo que sí hay una estigmatización por la presencia comprobada del Tren de Aragua”, concluyó.

El Diario de Nueva York

Andreína Zárraga, una venezolana de 35 años, pregunta por la situación de sus padres antes de hacer un trámite en una oficina de Migración Colombia en Bogotá. Le dice a la oficial en la entrada que ellos se encuentran en situación irregular. “Deberían haber entrado a Colombia con un sello en el pasaporte”, reprocha la funcionaria. 

No pueden optar por un Permiso por Protección Temporal (PPT), que desde finales de 2023 se limita a menores de edad que cursen estudios en Colombia. La única opción entonces, piensa Zárraga, es que puedan quedarse como abuelos de un niño que estudia en Bogotá. 

“Solo si tienen la custodia legal”, responde la oficial. Zárraga se angustia: su papá le contó que otros venezolanos que viajan en TransMilenio dicen que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya ha empezado a deportar a los indocumentados.

El presidente de Colombia anunció a finales de agosto, menos de tres semanas después de tomar posesión, que iniciaría operativos para enfrentar la migración irregular. “No solo voy a deportar a los extranjeros que cometen ilegalidades, sino también a los que han violado la norma para quedarse”, advirtió, antes de matizar que el primer grupo debía priorizarse. 

Aunque no mencionó a los venezolanos, sus palabras se interpretaron como una amenaza directa contra ellos: son casi tres millones, cerca del 90% de los inmigrantes en Colombia, y alrededor de 850.000 no tienen documentos. 

“Primero, los colombianos. Segundo, los colombianos. Y tercero, los colombianos”, enfatizó el mandatario, un eco del lema America First de Donald Trump. Sus declaraciones circularon rápidamente en redes sociales. A los pocos días, los venezolanos comenzaron a comentar que ya veían operativos de control de documentos migratorios en barrios como Bosa y Kennedy, en el sur de Bogotá.

 Zárraga defiende al nuevo presidente. “Muchos vinieron a hacer las cosas mal: tengo una fábrica de muebles y he tenido empleados venezolanos que me quisieron robar”, dice. También valora la política de seguridad del nuevo Gobierno y la respuesta a la emergencia por el terremoto que el 10 de agosto azotó al occidente de Colombia. “No es perfecto, pero es mejor que el que estaba antes”, apunta. Lo que le frustra es que De la Espriella no distinga entre los venezolanos que delinquen y los que solamente están indocumentados. “No todos somos malos, tendría que mirar caso por caso”, afirma. Considera que “estar ilegal es un delito”, pero que debería tenerse en cuenta que no hay vías para regularizarse. “Tenemos las manos atadas”, comenta, con pocas expectativas de encontrar una opción para sus padres.

A unos metros, Valeria Guzmán hace un reclamo similar. “Debería buscar maneras de regularizar a quienes estamos acá por algo bueno”, señala esta mujer de 22 años, que prefiere mantener su nombre real bajo reserva. En su caso, hace nueve años que vive en Colombia sin papeles. 

A diferencia de su mamá y su hermano, no tramitó el Permiso por Protección Temporal (PPT) con el que se regularizaron más de un millón de venezolanos. “Quería irme a Estados Unidos y no se podía si tenía un documento colombiano. Después, eso no salió y me quedé acá, pero el registro para el PPT ya estaba cerrado”, explica. No ve una diferencia sustancial entre ella y su mamá, así el presidente las separe en categorías de “malos” y “buenos” migrantes.

Durante años, Guzmán descartó buscar otras opciones para regularizarse, como un visado por estar casada con un colombiano. No quería pagar una multa que, según le dijeron, podía ser de hasta 10 millones de pesos (unos 3.000 dólares). Y, peor aún: temía que la penalidad fuera que la deportaran. 

Optó por quedarse en la irregularidad, así implicara no tener una cuenta bancaria y enfrentar dificultades para acceder a tratamientos médicos. Su postura cambió tras el anuncio de De la Espriella en agosto, apenas unas semanas después de que naciera su hija. “Le conté a mi esposo y me dijo que pagáramos lo que tuviéramos que pagar. Que no podíamos arriesgarnos, sobre todo por la bebé”, comenta.

Ya pagó una multa que, tras explicar sus circunstancias, fue de 2,5 millones de pesos (alrededor de 750 dólares). Ahora tramita un salvoconducto que le dé tiempo para postular a una visa como madre de un nacional colombiano. Está preocupada porque un requisito es acreditar que tenía un permiso de residencia vigente al momento del nacimiento de la bebé. Aunque un oficial de Migración Colombia le dijo que “no necesariamente”, sabe que hay un componente de discrecionalidad en las decisiones de la entidad. Si la rechazan, optará por un visado específico para venezolanos que el Gobierno de Gustavo Petro lanzó a finales de 2024. Cumple con el requisito de haber entrado antes de diciembre de ese año y tener un pasaporte, pero lo ve como la última alternativa. “No quiero llegar a esa opción: es solo por dos años y no da acceso a una residencia permanente”, dice.

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El interés de los venezolanos por regularizarse se ha disparado en las últimas semanas, señala por teléfono Gabriela Thiriat, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Javeriana en Bogotá. “Antes, recibíamos una solicitud de atención cada 15 días. Desde el anuncio del presidente, tenemos ocho semanales”, comenta la experta, especializada en asuntos migratorios. Aunque la Administración de Petro no logró concretar una serie de proyectos para regularizar a los indocumentados, el riesgo de ser enviado de regreso a Venezuela era mínimo.

 “La tendencia era deportar exclusivamente a quienes tuvieran antecedentes penales”, explica Thiriat, antes de matizar que hubo alguna excepción. Los venezolanos se enfocaban en otras prioridades que podían satisfacer sin necesidad de documentos, como conseguir un trabajo informal o un lugar para vivir.

Hay vacíos de información respecto a cuántas deportaciones se han llevado a cabo desde la toma de posesión de De la Espriella, el 7 de agosto. “No tenemos reportes todavía. En Colombia, no hay deportaciones en caliente como en Estados Unidos, donde llega el ICE, los ve y los manda de regreso a Venezuela. Acá los agentes tienen que abrir un proceso, que puede demorar una hora, cinco días o tres meses. Y a veces el migrante ni siquiera sabe que se lo han abierto”, explica la experta. Sin embargo, los patrullajes de Migración Colombia en los barrios donde habitan los venezolanos ya son una señal de alarma. 

“No teníamos reportes desde hace muchos años, y menos con puestos móviles de control migratorio”, señala Thiriat. Asimismo, se han incrementado las solicitudes denegadas en el sistema de refugiados, un mecanismo que está saturado desde hace años y que implica probar que el solicitante sufre algún tipo de persecución en su país de origen.

En las últimas semanas, el Gobierno se ha limitado a informar de deportaciones de inmigrantes con antecedentes penales, sin hacer referencia a los irregulares. “Migración Colombia suma cerca de 40 expulsiones y deportaciones de extranjeros en Bogotá, desde el 7 de agosto. Todos con antecedentes de delitos, comparendos y afectaciones a la convivencia”, se lee en una publicación en Instagram del 18 de septiembre. “Migración Colombia continúa articulándose con autoridades locales, la Policía y el Ejército Nacional, en todo el país, para recuperar la seguridad en la #PatriaMilagro”, celebra, en referencia al lema del Gobierno. La entidad no ha respondido a las solicitudes de este periódico para conocer el número total de deportaciones desde el anuncio del presidente y la cantidad de ellas que son por el estatus migratorio.

Rosmel Flores, un hombre de 22 años que prefiere mantener su nombre real bajo reserva, se ha resignado a seguir sin papeles. “Pregunté en varias partes y me dicen que el PPT es solo para menores de edad. Y la visa [de venezolanos] no sirve para nada”, dice este trabajador de un lavadero de camiones en el sur de Bogotá. 

Aunque la visa sí le permitiría quedarse, perdió su pasaporte y no tiene dinero para pagar ese trámite y el de los apostillados de antecedentes penales. “Mi abuela y mi tía me dicen que saque algo. Pero, ¿qué voy a sacar? Si me quieren mandar a Venezuela, que me manden. ¿Qué más hace uno?”, comenta. No tiene miedo. “Normal, hay que confiar en Dios”, apunta.

Tiene claro que no va a regresar por voluntad propia. “Acá uno está tranquilo. Puedo ver la televisión en mi casa y sé que no se va a ir el agua o la luz. Y puedo comer tres veces al día o incluso cinco”, valora. En su trabajo, señala, son casi todos venezolanos. Se aseguran de que las canastillas de los pollos en los camiones queden sin ningún rastro de sangre, baba o piel. “Entiendo que deporten a los que roban. ¿Pero por qué a los que hacemos las cosas bien? No veo la necesidad”, dice. 

“Trabajamos, pagamos arriendo, uno no vive en la calle”, agrega. No cree que alguien lo extrañaría si lo deportan. “Hay clientes fijos que me buscan, pero van a lavar su carro igual. Quizá me extrañen dos lavadas y ya”, afirma. Tampoco su novia. “Un mes y ya”, evalúa. La excepción es su abuela, que se hizo cargo de él tras la muerte de su mamá en la adolescencia. “Obvio que ella sí”.

Con información de El País

El Gobierno de Colombia despejó la incertidumbre generada por el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre el inicio de operativos para identificar y deportar a migrantes en situación irregular.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que la medida no contempla a los venezolanos que ingresaron al país durante los años más críticos de la crisis migratoria y que posteriormente obtuvieron algún mecanismo de regularización o protección.

En entrevista con Noticias Caracol, Lara señaló que entre 2019 y 2021 cerca de dos millones de venezolanos llegaron a Colombia y que alrededor del 90 % fue incorporado a algún régimen legal. Según el funcionario, esta población no está incluida en los operativos anunciados por el Ejecutivo.

 “El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis”, afirmó Lara.

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El ministro sostuvo que el objetivo principal de la nueva política migratoria es combatir las organizaciones criminales que se benefician del tráfico y la trata de personas, particularmente en la región del Darién, corredor utilizado por migrantes que buscan continuar su ruta hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Lara mencionó específicamente al Clan del Golfo entre las estructuras que, según el Gobierno, obtienen ganancias del tránsito irregular de personas por esta zona.

“Nos referimos es básicamente al tráfico, a la trata de personas, que tiene unas redes de criminales que operan particularmente en el Darién”, explicó el ministro.

La aclaración se produce después de que De la Espriella ordenara a Migración Colombia y a la Policía Nacional comenzar operativos para localizar y deportar a extranjeros que se encuentren en situación irregular, con prioridad para aquellos vinculados a actividades delictivas.

De acuerdo con las precisiones del ministro, la deportación estaría dirigida principalmente a personas que permanecen en Colombia sin un mecanismo vigente de regularización y a extranjeros involucrados en actividades delictivas.

En contraste, los venezolanos que cuentan con un régimen de protección o regularización no serían considerados migrantes irregulares para efectos de la medida anunciada.

Lara enfatizó que los venezolanos que llegaron durante la crisis migratoria y fueron regularizados “no son migrantes ilegales de ninguna manera”.

La decisión del Gobierno colombiano representa un giro frente a la política migratoria que el país había mantenido durante los últimos años, en medio de la llegada masiva de venezolanos. El anuncio presidencial ya ha generado críticas y preocupación entre organizaciones y sectores políticos que cuestionan el alcance de los operativos.

Por ahora, uno de los principales interrogantes está en cómo las autoridades implementarán los operativos y cuáles serán los procedimientos para determinar la situación migratoria de cada persona antes de aplicar eventuales medidas de deportación.

Con información de Noticias  Caracol

Llegó a Venezuela el primer vuelo de deportación desde EEUU tras los terremotos; mientras crece la preocupación entre migrantes en el sur de Florida. 

Este hecho despertó los temores de los migrantes venezolanos en ese país, que temen ser deportados en medio de la crisis que hay en el país, tras los terremotos.

 Uno de ellos es el que cuenta Oreanna Burgos , quien denunció que su padre y su hermano fueron detenidos por agentes de ICE el pasado 27 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami y teme que ambos puedan ser incluidos en un próximo vuelo hacia Venezuela.

De acuerdo con información difundida en redes sociales por  Mervin Maldonado, 147 venezolanos fueron trasladados en la aeronave, que despegó desde el sur de Florida y aterrizó el lunes en el aeropuerto de Barcelona, en el estado Anzoátegui.

La reanudación de estos vuelos ocurre mientras activistas venezolanos en el exilio sostienen que las condiciones en el país han empeorado tras el desastre natural y piden que Estados Unidos mantenga las protecciones migratorias para quienes permanecen en territorio estadounidense.

José Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, cuestionó la decisión de reanudar las deportaciones: “Y pareciera que ha primado la política migratoria agresiva, por encima de la cordura, la protección y el sentido común”.

Colina aseguró que, a su juicio, Venezuela no reúne las condiciones para recibir a personas deportadas tras los terremotos. “La situación política y física del país está completamente dañada por el terremoto. De hecho, un vuelo de deportados murió casi completo producto de esa tragedia natural”, señaló.

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Poco después de los terremotos, el congresista republicano por Florida Carlos Giménez defendió mantener protecciones para los venezolanos que residen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

 En una declaración enviada a Telemundo 51, la oficina del legislador afirmó: “El congresista Giménez apoya que todo venezolano con un caso de asilo político creíble y verificable debe tener la oportunidad de presentar su caso ante un juez para ajustar su estatus y se opone a enviar a los beneficiarios de TPS a Venezuela durante esta época”.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha anunciado cambios sobre una posible extensión del TPS para ciudadanos venezolanos.

La llegada del nuevo vuelo también ha generado preocupación entre familias venezolanas en el sur de Florida.

Oreanna Burgos dijo que “Ya son nueve años esperando el asilo”, afirmó Burgos.

Sobre el caso, ICE informó a Telemundo 51 que “Carlos Enrique Burgos Acosta Sr. y su hijo adulto, Carlos Enrique Burgos Acosta Jr., son inmigrantes indocumentados de Venezuela. Burgos Acosta Sr. fue admitido en Estados Unidos en enero de 2018, y Burgos Acosta Jr. fue admitido en marzo de 2018. Ambos dejaron de mantener un estatus migratorio legal. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron a ambos el 27 de julio de 2026. Permanecerán bajo custodia de ICE mientras se desarrollan sus procesos migratorios”.

Burgos sostiene que su familia continúa esperando una audiencia migratoria. “No eres indocumentado. Simplemente, el proceso de corte no se ha realizado porque el mismo Estado no tiene jueces”.

Según datos de la organización Human Rights First, entre enero y junio de 2026 Estados Unidos realizó 138 vuelos de deportación con destino a Venezuela, en los que fueron expulsados al menos 25,183 migrantes venezolanos.

Con información de Telemundo 51.

 Las terribles condiciones en Venezuela provocaron un éxodo. Tras la incursión de fuerzas militares de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores, la cuestión es si las cosas han cambiado lo suficiente como para que el retorno resulte atractivo.

El 3 de enero, en medio de una noche de verano en Buenos Aires, un migrante venezolano sacudió a su novia para despertarla y decirle que Nicolás Maduro, el líder autoritario de su país, se había ido.

Otro migrante se levantó sobresaltado en Santiago de Chile cuando su teléfono vibró con la noticia de que Estados Unidos lo había capturado. Muchos más se despertaron con una fotografía de Maduro esposado a bordo de un buque de guerra estadounidense.

Las reacciones fueron inmediatas.

Yanitze Gutiérrez, migrante venezolana en Uruguay, llamó a su hijo en España, donde él vive, para decirle que volvería.

Cuando Andreína Di Giovanni abrió su tienda de comestibles venezolanos en Buenos Aires, dijo que empezaron a entrar clientes frenéticos.

Di Giovanni dijo que las personas lloraban de felicidad y ella empezó a escuchar a la gente repetir que volverían.

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Pero hasta ahora la enorme diáspora venezolana, repartida por muchos países, se está quedando donde está, según las Naciones Unidas.

Tras la conmoción inicial que muchos sintieron al enterarse de que Maduro era arrastrado a una cárcel de Nueva York, se ha impuesto una realidad aleccionadora. Los factores que obligaron a muchos de ellos a marcharse —una economía quebrada y dirigentes represivos— siguen vigentes.

Greces Vicuña, de 32 años, quien emigró a Chile en 2018 después de que, según dijo, la encarcelaran durante tres meses por asistir a protestas antigubernamentales, dijo que no piensa volver porque los problemas no se han resuelto.

El éxodo de venezolanos creó una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Alrededor de ocho millones de venezolanos, casi una cuarta parte de la población del país, han huido en los últimos 11 años, según la ONU, lo que quizá constituye la consecuencia más visible del opresivo gobierno de Maduro.

Aunque algunos se fueron a Estados Unidos y otros a España, una gran mayoría, casi siete millones, se quedaron en Latinoamérica y se dirigieron a Colombia, Perú y Brasil.

Los migrantes venezolanos han irrumpido en los mercados laborales de la región y han ocupado millones de puestos de trabajo. En algunos lugares, como Estados Unidos, su gran número ha provocado reacciones violentas y se ha convertido en un tema de debate en las elecciones nacionales.

Esta migración masiva también ha trastornado las vidas y las carreras de los venezolanos, ha vaciado barrios en toda Venezuela y ha separado a las familias.

Muchos venezolanos esperaban que la intervención estadounidense produjera algo más que la destitución de Maduro. Lo veían como el comienzo de una gran vuelta a casa, una nueva era de reunificación familiar y alivio del temor a que padres y abuelos murieran sin despedirse.

 Yanitze Gutiérrez, quien vive en Uruguay, dijo que todos quienes tienen familia en Venezuela saben que la situación no ha cambiado.

En cambio, Estados Unidos dejó al partido gobernante en el poder, lo que abre, para muchos, un nuevo capítulo de incertidumbre. Después del golpe, las organizaciones que hacen un seguimiento de la migración no informaron de ningún movimiento significativo de personas que regresaran a Venezuela.

La dirección que tome el país en los próximos meses puede ofrecer pistas más claras sobre si quienes están en el extranjero regresarán en cantidades significativas.

En una encuesta de la ONU realizada en febrero, el 9 por ciento de los venezolanos entrevistados en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala y Chile dijeron que tenían previsto regresar a su país en el próximo año.

Si la gigantesca migración fuera de Venezuela era una señal del colapso del país, las decisiones sobre el regreso podrían ser una medida clave de la realidad que dejó tras de sí la intervención estadounidense.

La vacilación puede indicar que, a pesar del éxito militar de la operación y de algunas mejoras graduales, aún no se ha producido el cambio que muchos venezolanos querían.

En 2022, cuando la economía de Venezuela se desmoronaba bajo el gobierno de Maduro, Maritza Durán, que ahora tiene 59 años, y sus dos nietos, de 7 y 4 años, abandonaron su hogar. Cruzaron a pie un tramo de los Andes bolivianos y se adentraron en Chile.

Durán, quien trabajó como secretaria en el gobierno durante 35 años y vivía en  Mérida, dijo que no fue por voluntad propia. Fue porque no podían alimentar a sus nietos.

En medio de las devastadoras sanciones estadounidenses y de la mala gestión de la economía por parte del gobierno, cientos de miles de venezolanos como Durán huyeron de la grave escasez de alimentos y de la hiperinflación.

Muchos caminaron hasta Colombia y luego viajaron en aventón en autos particulares hasta Ecuador. Otros caminaron hasta Brasil, luego a Bolivia y después cruzaron la frontera montañosa de Chile. La imagen de familias venezolanas con mochilas en la espalda se convirtió en un elemento fijo en las carreteras de montaña.

Colombia concedió la residencia temporal a casi dos millones de venezolanos.

Los venezolanos añadieron nuevas palabras a los dialectos locales y arepas a los menús de los restaurantes. Los cómicos venezolanos llenaron los teatros de Buenos Aires.

Los migrantes de Venezuela trabajan de forma desproporcionada en el sector informal, a menudo en aplicaciones de reparto, y tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Los venezolanos en Chile también se enfrentan a un aumento del sentimiento antiinmigrante, y José Antonio Kast, el recién elegido presidente derechista del país, dijo recientemente que la destitución de Maduro facilitaría su repatriación.

A muchos de quienes huyeron a Estados Unidos se les concedió el Estatus de Protección Temporal, otorgado a ciudadanos de países designados que enfrentan disturbios u otras condiciones adversas. Pero el año pasado, el gobierno de Donald Trump eliminó esta protección para más de medio millón de venezolanos, con lo que los hizo también potencialmente elegibles para la deportación.

Otros pensaban que la captura de Maduro crearía un flujo natural de personas que regresarían a Venezuela.

“Todos ustedes van a volver”, dijo Patricia Bullrich, una poderosa senadora argentina, en una concentración de venezolanos en Buenos Aires al día siguiente de la operación estadounidense en Caracas. “Los vamos a extrañar”.

En pódcasts y en videos de YouTube y TikTok, los migrantes venezolanos que reaccionaban a la noticia del derrocamiento de Maduro hablaban de regresar. Se difundieron chistes sobre retornados venezolanos con acento peruano.

“La pregunta que nos estamos haciendo todos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela es: ‘¿Y tú te regresas?’”. dijo en su pódcast Daniel Enrique, un cómico venezolano que vive en Ciudad de México.

Génesis Hidalgo, una profesora venezolana que el año pasado relató su regreso de Argentina a Venezuela en las redes sociales, dijo que había recibido una avalancha de nuevos mensajes de seguidores que mostraban interés en regresar tras la caída de Maduro.

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, ahora presidenta del país, ha instado a los migrantes a regresar y, en un anuncio televisivo, el gobierno de Venezuela prometió a los que llamó sus hijos que los esperaba con los brazos abiertos. Ayrton Monsalve Barrios, de 31 años, periodista venezolano que aboga por la democracia, detuvo el traslado de sus gatos de Caracas a Buenos Aires, donde vive.

Ha vendido sus muebles y ha rescindido su contrato de renta; está haciendo planes para regresar a casa. Visitó un antiguo complejo militar en Buenos Aires donde la dictadura militar argentina torturó a presos políticos para aprender a reconvertir los brutales centros de detención de Venezuela en lugares de memoria.

Dijo que los venezolanos tienen una oportunidad única.

Y que no quiere regresar cuando todo esté listo, sino que quiere estar ahí para construir la democracia.

Con información de The New York  Times.

Dos ciudadanos venezolanos que fueron detenidos por agentes federales el mes pasado durante un incidente en el que uno de ellos recibió un disparo en la pierna, recibieron la orden de ser liberados por un juez federal en su caso penal, pero poco después fueron puestos bajo custodia de agentes de inmigración.

Según la cadena  CNN, Alfredo Alejandro Aljorna y Julio Sosa-Celis están acusados de agredir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de que intentó detener a Aljorna, aunque un video y familiares disputan la versión de los hechos del Departamento de Seguridad Nacional. 

Ambos están acusados de agredir a un agente de ICE.

El juez federal Paul A. Magnuson ordenó la liberación de los dos hombres durante una audiencia judicial este martes, según los abogados.

Tras la liberación de Sosa-Celis de la custodia federal, su abogada Robin Wolpert dijo   que fue a visitarlo a la oficina de los sheriffs, donde le informaron que había sido puesto bajo custodia de inmigración.

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Aunque Wolpert se mostró satisfecha con la decisión del juez Magnuson, expresó su “decepción porque fue inmediatamente puesto bajo custodia de ICE, aunque no le sorprende”.

Frederick Goetz, abogado de Aljorna, señaló que su cliente también fue puesto bajo custodia de ICE tras ser liberado de la custodia federal. 

Goetz calificó de inconsistente la actuación del Gobierno, ya que si desean procesarlo penalmente, no deberían trasladarlo a custodia de ICE, donde podría ser deportado.

El juez Magnuson emitió una orden oral durante la audiencia que prohíbe la deportación de todos los testigos del caso, de acuerdo con Goetz, quien indicó que ambos hombres están incluidos como testigos. Espera que el Gobierno federal cumpla la orden y, de no hacerlo, el tribunal deberá intervenir nuevamente.

Con información del CNN

Unos 35.000 venezolanos se afiliaron a la fuerza laboral española entre  finales del 2024 y octubre de este año, según datos estadísticos de la Seguridad Social del país europeo, siendo el país que más creció en dicho lapso de tiempo.

En España hay, aproximadamente, 210.000 venezolanos afiliados al sistema de seguridad laboral, de los cuales el 87 % está en el general, el 9 % en autónomos y el 2,8 % en empleados de hogar.

Según cifras publicadas por la agencia EFE, las personas procedentes de América Latina superaron este año el millón de afiliados, de los que más de 250.000 trabajadores proceden de Colombia, seguidos por los venezolanos, y un total de 99.000 peruanos. 

Tales cifras representan un incremento del 9 % de latinoamericanos trabajando en España con respecto al año anterior, lo que supone unos 92.300 ocupados más procedentes de la región.

Ecuador ocupa el cuarto lugar con 75.240 afiliados tras sumar 2.300 en el último año y Argentina el quinto lugar, con unos 5.140 afiliados más, comparando el dato medio de octubre con el final de 2024.

En total, en España hay 3 millones de afiliados extranjeros (200.000 más que el año pasado y un crecimiento del 7,3 %), de los que los latinoamericanos representan un tercio. En conjunto, los afiliados extranjeros representan el 14,1 % de los cotizantes.

Con el último dato disponible y mirando a los países con mayor peso, el grueso de los afiliados de Colombia, el 84 %, está en el régimen general, el 8 % en el de autónomos y el 6 % en el de empleados de hogar.

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"La aportación de los trabajadores extranjeros al crecimiento de la afiliación en el último año es muy positiva. Su presencia es fundamental en algunos sectores como la hostelería y en otros crece de manera muy interesante, como en las actividades de alto valor añadido", destacó con los últimos datos la ministra española de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz.

Según recoge un estudio del Real Instituto Elcano, importantes sectores económicos de España dependen de modo mayoritario o muy relevante de la inmigración: el servicio doméstico, la hostelería, la construcción y la agricultura tienen entre sus empleados al menos a un 30 % de inmigrantes y entre ellos tienen especial peso las personas originarias de América Latina.

No obstante, añade el informe, la llegada en los últimos años de miles de inmigrantes latinoamericanos de renta media y alta, con educación universitaria, empieza a cambiar el perfil, aunque aún es un fenómeno minoritario.

"El 75 % de los empleos generados durante el último año por la hostelería y otras actividades asociadas al turismo están ocupados por inmigrantes. En otras palabras, la inmigración ha servido de palanca para batir un nuevo récord de ingresos por turismo internacional", recogía en un reciente artículo el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, que también destacaba su papel en la construcción.

Con información de Efe

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro  confirmó la tarde de este viernes que los 252 migrantes deportados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador fueron liberados.

«Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales, a través de un canje con las autoridades de los Estados Unidos de América de un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia», señaló la cancillería en un comunicado publicado en su cuenta en  Telegram.

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A continuación el documento completo:

Entre tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que entregó a todos los venezolanos detenidos en su país, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. “Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato y otros delitos graves”, aseguró.

🗣️ TRAS MESES DE NEGOCIACIONESPresidente de El Salvador, @nayibbukele informó que entregó a todos los venezolanos detenidos en su país, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. “Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato y otros delitos graves”, aseguró. pic.twitter.com/GiwCKc28Tc

“Instruí a Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional) para que hable con el Nuncio Apostólico, monseñor Ortega, porque le estoy mandando una carta al papa León XIV para que interceda. Le pido ayuda a la iglesia católica de EE. UU. y de El Salvador para que proteja a los migrantes”.

De esta manera, el presidente Nicolás Maduro anunció el envío de una misiva a su santidad, para que abogue por el respeto a los derechos humanos de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y los que están presos en El Salvador.

Durante el programa Con Maduro +, el mandatario calificó como “horroroso” el trato que se le da a los migrantes en Estados Unidos, lo cual va contra todas las leyes que rigen los derechos humanos en el mundo.

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“Es un sistema horroroso. Van a inaugurar una cárcel rodeada de pantano y cocodrilos y serpientes y allí van a depositar 3000 migrantes”, dijo Maduro, en relación con la nueva cárcel que están construyendo en EE. UU. para albergar migrantes.

Así como más temprano lo hizo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, el jefe del Estado reclamó al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, por su inacción en estos casos.

“¿Qué dice Volker Türk sobre esto? Él podría tomar un avión y ver a los niños secuestrados y ver estas cárceles ilegales, y dar una orden para frenar todo esto, y no lo hace”, cuestionó.

“Migrar no es un delito, porque todos los que gobiernan en EE. UU., empezando por Marco Rubio o María Elvira Salazar, son descendientes de migrantes o son migrantes y se han dedicado a perseguir a los migrantes, ¿es esto justicia? ¿Es esto humano? Tenemos que levantar la cara y decir nuestra verdad y lograremos el milagro de recuperarlos a todos”, sentenció.

Un migrante venezolano de 19 años, identificado como Yomeykert R.S., fue detenido tras atacar brutalmente a Klaudia K., una joven polaca de 24 años, en el parque Glazja de la ciudad de Toruń, Polonia.

El hecho ocurrió la madrugada del jueves 12 de junio, cuando la víctima regresaba a casa desde su trabajo, informaron medios locales.

El sujeto agredió a la mujer con un cuchillo en la cabeza, el cuello y el pecho, puntos en los que también la golpeó con el mango del arma blanca.

Un testigo que escuchó los gritos de auxilio logró intervenir y ahuyentar al atacante.

La Policía capturó al venezolano poco después, a pocas calles del lugar, según la información que ofreció el vecino.

Las autoridades polacas trasladaron a Klaudia en estado crítico a un hospital, donde falleció la noche del pasado viernes 27 de junio.

“Puedo confirmar que la joven murió. Ahora la fiscalía realizará más actividades porque las circunstancias cambiaron”, expresó Andrzej Kukawski, portavoz de la Fiscalía del Distrito de Toruń, al medio Polskie Radio 24.

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Debido al temor real de fuga y a la gravedad del hecho, el fiscal presentó una solicitud ante el Tribunal de Distrito de Toruń para solicitar su arresto temporal por un período de tres meses.

Simultáneamente, se dictó una orden para su comparecencia ante el tribunal.

El sospechoso se enfrenta a una pena de al menos 10 años de prisión o cadena perpetua.

La investigación la lleva a cabo la Fiscalía del Distrito de Toruń, que ha obtenido diversas pruebas y ha anunciado nuevas medidas intensivas en este caso.

Con información de Superexpress

La Policía Nacional ecuatoriana informó sobre el rescate de once venezolanas, entre ellas una adolescente de 15 años, en tres inmuebles situados en Guayaquil, donde funcionaban prostíbulos y eran explotadas sexualmente.

Durante el operativo, también fueron detenidos tres ciudadanos venezolanos señalados como los responsables de esta red de explotación.

Las investigaciones iniciaron en febrero, cuando las autoridades liberaron a otras tres menores de edad que también eran víctimas de explotación sexual y se arrestaron a dos personas.

Edwin Íñiguez, el jefe de la Unidad Nacional de Trata de Personas de la policía, explicó «las tenían encerradas en el inmueble en muchos casos y sometidas a maltrato si no aceptaban ciertas actividades de índole sexual. Eran amenazadas y mantenían una deuda permanente con sus captores».

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Algunas de las víctimas fueron captadas directamente en Ecuador, mientras que a otras las engañaron en Venezuela con la promesa de un viaje pagado, que se convertía en una deuda que nunca terminaba de saldar.

«Muchas de las chicas sabían a lo que venían. La actividad sexual no es un delito (en Ecuador), pero sí las circunstancias en las que se desarrollaba. Una vez que ingresaban (a los inmuebles), no les dejaban salir, o si salían eran controladas», precisó Íñiguez.

La adolescente de 15 años rescatada fue trasladada a un centro de acogida mientras se busca a sus familiares. Durante el allanamiento a uno de los prostíbulos, la policía encontró un arma de fuego, entre otras pruebas que serán usadas en la investigación.

A principios de semana, otras ocho mujeres venezolanas, también víctimas de explotación sexual en Ecuador, lograron regresar a su país de origen con la ayuda de las autoridades ecuatorianas y colombianas, tras haber sido rescatadas días antes.

Con información de Efe

Cuatro mujeres, dos de ellas de origen venezolano, y un menor de 3 años, fueron asesinados en España durante las últimas 48, horas presuntamente por sus parejas.

En Valencia está previsto que un hombre colombiano pase este jueves a disposición judicial por la muerte de Alejandra Villegas, venezolana de 41 años, y el hijo de ambos, que iba a cumplir 3 años en julio.

Los hechos se produjeron este miércoles, después de una discusión en la vivienda familiar de la localidad valenciana Algemesí, de la que alertaron a la policía la madre y abuela de las víctimas.

Los agentes encontraron al llegar los dos cadáveres y detuvieron al supuesto agresor, Leonardo David Arenas, que ya había llamado a las fuerzas de seguridad para confesar los hechos.

La mujer y el niño serán enterrados en España, informaron a EFE sus familiares, a la espera de que llegue este viernes la hija mayor de la mujer, que por problemas económicos solo pudo comprar un billete de avión de ida a Madrid, según Leidy Rodríguez, cuñada de Alejandra Villegas.

También el miércoles fue detenida la pareja de una mujer venezolana de 41 años, Ramy Virginia T., encontrada muerta el mismo día en una cueva de Ruguilla, provincia de Guadalajara, donde hace una semana se le perdió la pista cuando se dirigía con su novio a la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

La mujer era buscada por la policía, que el martes solicitó la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

En la ciudad insular atlántica de Las Palmas de Gran Canaria, una mujer de 57 años fue asesinada con un cuchillo en su domicilio, presuntamente por su novio, un hombre con antecedentes por violencia machista con una pareja anterior.

El sospechoso se suicidó tras el crimen, según fuentes policiales.

Los cuerpos de la mujer y el hombre fueron descubiertos este miércoles por la hija de la víctima, cuando llevaban muertos unas 36 horas, de acuerdo con las primeras indagaciones.

El martes se encontraban los restos en descomposición de una mujer -Susana, de 49 años- en un cubo de basura de una casa de Gijón (Asturias, norte) desaparecida desde el pasado mayo. Su presunto asesino, con el que mantenía una relación, fue detenido.

A estos crímenes se añade otro cometido la semana pasada por un colombiano que presuntamente asesinó a su pareja, de la misma nacionalidad, en la localidad costera de Fuengirola (sur).

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, alertó de que el país se encuentra en situación de «alerta máxima por violencia de género».

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, apeló hoy a los entornos familiares y sociales para denunciar a las autoridades «cualquier indicio de abuso o acoso» que sufran las mujeres.

Según las estadísticas oficiales, los meses de junio, julio y agosto, son los tres en que más crímenes machistas se cometen en España.

En lo que va de año, 17 mujeres fueron asesinadas en España en crímenes machistas confirmados, cifra que asciende a 1.311 desde que comenzó el recuento oficial, en 2003. EFE

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a 17 migrantes ilegales, entre ellos 13 venezolanos, en un complejo de apartamentos en restauración ubicado en Filadelfia, Pensilvania.

Según el Diario de Nueva York, las autoridades confirmaron que los detenidos tienen «infracciones migratorias».

Detallaron en la nota que la operación se realizó en el inmueble conocido como Five 10 Flats, en 510 East 3rd Street, tras la emisión de una notificación de inspección por parte de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) de ICE.

Además de los 13 venezolanos, fueron arrestados 2 mexicanos, 1 ecuatoriano y 1 nicaragüense.

Todos estaban contratados para las labores de restauración del edificio a través de un subcontratista, aunque la propiedad no se encontraba ocupada por inquilinos.

“Garantizar el cumplimiento normativo en el lugar de trabajo es una responsabilidad fundamental”, declaró Edward V. Owens, agente especial a cargo de HSI Filadelfia.

En su comunicado oficial, ICE reiteró que cualquier extranjero que viole las leyes migratorias puede ser arrestado, detenido y, en caso de orden judicial, deportado del país.

“Estas inspecciones permiten identificar prácticas ilegales que afectan a trabajadores estadounidenses y exponen la infraestructura crítica a riesgos de explotación”, afirmó.

El pasado 30 de marzo, el Ministerio Público (MP), envió una comunicación formal a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, para solicitar información detallada sobre la situación de los migrantes venezolanos detenidos en ese país.

Traa 80 días de espera, la Corte Suprema de Justicia de esa nación dio una respuesta «vergonzosa para desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos».

Por ello, el MP rechaza categóricamente la respuesta por parte de la nación centroamericana.

A través de un comunicado, se expresa que «en esta comunicación, la Corte declara improcedente nuestra intervención alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados.

Además, con respecto al habeas corpus realizado por un grupo de abogados que representan a las víctimas, la Corte señala que los solicitantes no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales», reza el comunicado.

Igualmente, señala que «así se niega a atender nuestra solicitud, mientras que por otra parte, ha optado por no analizar los hechos ni entrar al fondo del habeas corpus realizado por los abogados, escudándose en una serie de formalismos falaces y exigencias desproporcionadas, con el único objetivo de evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad.

Al pedirles a los defensores que especifiquen si ‘realmente’ los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al Cecot en medio de un espectáculo mediático, la Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica».

En ese sentido, la Fiscalía, como garante de la legalidad, resalta que «no aceptaremos que se someta a personas a detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están. No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales».

Como parte de nuestro esfuerzo por ofrecer apoyo a las víctimas y favorecer la búsqueda de la justicia, este Ministerio Público localizó y entrevistó a 116 familiares de 118 connacionales detenidos ilegalmente en El Salvador. Esas entrevistas están a disposición de los abogados que los representan y del sistema de justicia salvadoreño, si está dispuesto a escucharlos.

Con esta respuesta «el Estado salvadoreño ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos. Esto ocurre a la vista de organismos multilaterales y bajo el silencio cómplice de quienes dicen defender los mismos», continúa el escrito.

En Colombia, donde más de once millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares por el conflicto armado interno, crecen los riesgos que enfrentan los migrantes retornados, especialmente de nacionalidad venezolana, que vuelven a ingresar al país tras recorrer sin éxito la larga ruta hacia Estados Unidos.

«Estamos viendo un aumento de lo que llamamos migración inversa, personas que tras intentar llegar al norte del continente ahora regresan sin garantías, muchas veces víctimas de violencia, trata o naufragios», advirtió la defensora del pueblo, Iris Marín.

Uno de los principales corredores de retorno para los migrantes que cruzan la selva del tapón del Darién comienza en el poblado panameño de La Miel y termina en el pueblo colombiano de Capurganá, en el departamento del Chocó.

Este último punto marca el final del trayecto selvático de una de las rutas más peligrosas del continente, que hasta hace poco era recorrida por cientos de miles de personas en dirección a Estados Unidos, pero que hoy, debido a las restricciones migratorias del gobierno de ese país, comienza a ser transitada en sentido inverso por quienes retornan sin haber logrado su objetivo.

Desde Capurganá, los migrantes cruzan por mar el golfo de Urabá hasta llegar al puerto de Necoclí, en el departamento de Antioquia, donde suelen buscar vías de transporte hacia otras ciudades del interior del país.

Este corredor marítimo se ha convertido en una ruta crítica para el retorno, pero también evidencia los vacíos institucionales en materia de atención humanitaria, especialmente en lugares apartados y de difícil acceso, como Capurganá y Necoclí.

A pesar de que los datos oficiales de tránsito por el Darién los divulgan mensualmente las autoridades panameñas, Migración Colombia advirtió de la entrada al país de 10.246 migrantes en tránsito inverso entre enero y mayo de 2025, lo que supone más de 80 personas al día que vuelven a Colombia.

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Otras rutas de reingreso se han detectado también por Bahía Solano y Juradó, en la costa pacífica del Chocó, donde la ausencia estatal complica la atención humanitaria.

«La falta de presencia institucional en puntos clave de la costa Pacífica está generando una emergencia silenciosa que requiere atención urgente», advirtió Marín.

En este contexto, preocupa el cierre este lunes de la oficina de Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Apartadó (Antioquia), una de las zonas más críticas del país para la atención de población migrante, desplazada y retornada.

Esta sede, operativa desde 1998, brindaba asistencia directa a miles de personas que cruzan el Darién o regresan por vía marítima desde Panamá.

Su cierre, confirmado por la agencia y atribuido a recortes presupuestarios, podría agravar los vacíos de protección en el Urabá, donde se concentra buena parte del tránsito migratorio.

Solo en 2024, la oficina de ACNUR en Apartadó atendió a más de 8.000 personas, según datos de la agencia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que entre enero y febrero de este año, más de 1.800 personas retornaron por mar desde Panamá, en su mayoría hombres, mujeres y menores de edad venezolanos.

«Colombia debe reafirmar su compromiso con los derechos humanos y con los principios del asilo y refugio», concluyó la defensora.

A propósito del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora este viernes, el Consejo Noruego para Refugiados advirtió que 60 de cada 100 jóvenes refugiados y migrantes en Colombia enfrentan serias barreras para acceder a empleos dignos o emprender.

Esto se debe a la discriminación, la falta de reconocimiento de títulos educativos y el escaso acceso a programas de formación técnica, señaló esa ONG en un comunicado.

«La solidaridad del país debe traducirse en oportunidades reales para que estas personas puedan construir una vida digna y productiva», manifestó el director de NRC en Colombia, Giovanni Rizzo, al instar al Estado y al sector privado a invertir en inclusión económica.

El informe alerta que casi la mitad de los jóvenes encuestados no se sienten escuchados por las instituciones públicas y que un 30 % percibe su nacionalidad como causa de exclusión laboral.

Con información de EFE

Como Miguel Sergio Cordero Toleo, fue identificado el hombre que asesinó de un tiro de escopeta a la venezolana Yaidy Garnica, hecho ocurrido hace algunos días, en un barrio en santiago de Chile.

Cordero se entregó voluntariamente en la subcomisaría de Talagante, días después de cometer el crimen que ha sido catalogado como un «delito de odio».

El domingo pasado, en la residencia donde vivía Yaidi había una fiesta y al parecer el volumen de la música era muy alto.

Habitantes de la zona comenzaron a rodear la casa y protestar cuando se acercó Cordero, armado con una escopeta, quien es vecino de la víctima y tras gritar improperios y expresiones xenofóbicas, le disparó en el pecho.

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El sujeto se encuentra actualmente en prisión preventiva en el CDP Santiago 1.

Su caso quedó formalizado en el 5º Juzgado de Garantía de Santiago, donde la jueza Verónica Andrea Toledo López decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, quien fue ingresado a ese recinto penitenciario el mismo día de su entrega, informaron medios chilenos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Manuel Gabriel Zúñiga Rodríguez.

Garnica tenía 43 años y era madre de familia. Fue asesinada frente a sus hijas.

Relataron también que otros vecinos habrían pinchado los neumáticos del vehículo familiar para impedir que escaparan, lo que retrasó el intento de trasladarla a un centro médico.

El crimen ha sido calificado como un acto de odio por familiares, vecinos y voceros de la comunidad venezolana en Chile.

Una corte de migración de Estados Unidos fijó para el próximo 1 de julio la primera audiencia por el caso de asilo del expresionero político venezolano Gregory Sanabria, quien fue detenido en Texas por agentes de inmigración el pasado 12 de junio.

Génesis Dávila, activista y presidenta de la ONG Defiende Venezuela, explicó que Sanabria ingresó a territorio estadounidense tras entregarse a agentes migratorios en la frontera sur, en un momento en el que era válido realizar ese proceso.

En ese entonces, las autoridades determinaron que había miedo creíble sobre el riesgo que corría su vida si retornaba a Venezuela.

«A partir de ahí, Gregory comienza un proceso de asilo en libertad con el que ha tenido que presentarse de manera constante para dar fe de que su estadía está siendo regular en Estados Unidos».

Sin embargo, aclaró que debido a las políticas implementadas por la administración de Donald Trump, las autoridades migratorias detienen a todos los migrantes que cruzaron la frontera, es decir, no se trata solo del caso del venezolano.

«La detención de Gregory no ha sido en particular en su contra. Él no ha cometido ninguna infracción. No está con un expediente o récord criminal en Estados Unidos», añadió.

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Sanabria fue arrestado en 2014 durante las protestas antigubernamentales en el estado Táchira.

En mayo de 2018 se denunció que lo agredieron brutalmente dentro del centro de reclusión de El Helicoide, donde permanecía bajo custodia del Sebin.

Un informe de su defensa reportó fisuras en el cráneo y fractura nasal, lesiones por las que se le negó atención médica oportuna.

El mismo año fue excarcelado debido a una medida presidencial, y documentó en sus redes sociales la ruta migratoria que realizó hasta Estados Unidos.

Tres años después migró a Estados Unidos, donde pidió asilo y ahora corre el riesgo de ser deportado a El Salvador, tras ser detenido en su audiencia en un tribunal de migración.

Con información de NTN24

A través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, llegaron 135 migrantes venezolanos, en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos.

Se trata de una aeronave de la empresa Omni Air, que partió desde Texas, con migrantes que fueron recibidos con protocolos de salud, seguridad y documentación.

Los 135 repatriados contaron con acompañamiento en cada fase del traslado, a fin de asegurar una llegada digna y ordenada al territorio nacional.

Cabe destacar que este es el vuelo número 33 desde la reactivación del Plan Vuelta a la Patria.

En lo que va de año, ya han retornado más de 5.000 venezolanos repatriados mediante esta iniciativa.

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Asimismo, se trata de la primera jornada de esta semana.

Está previsto que este miércoles aterrice otro vuelo proveniente de México, con más migrantes venezolanos que decidieron retornar.

El pasado 4 de junio, 150 venezolanos, entre ellos 24 mujeres y 126 hombres, arribaron al país procedente de Honduras.

El congresista por el estado de Florida Mario Díaz-Balart, del Partido Republicano, pidió a la Administración de Donald Trump detener la deportación del venezolano Gregory Sanabria, quien fue recientemente detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

«Envié una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresando mi profunda preocupación por la reciente detención de Gregory Sanabria, un valiente preso político que pasó más de tres años en prisión, incluso en el infame centro de tortura de Maduro, El Helicoide», dijo Díaz-Balart en su cuenta en X.

«Durante ese tiempo, casi fue asesinado. Si regresa al régimen de Maduro, su vida correría grave peligro», agregó.

El congresista compartió en X la misiva dirigida a la secretaria de Estado, Kristi Noem, en la que le instaba a revisar el caso de Sanabria, quien fue detenido el pasado 12 de junio, según la organización estadounidense ‘Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo’.

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De acuerdo con la organización, Sanabria fue detenido cuando acudió a un control rutinario a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), y actualmente se encuentra en un centro del ICE en el estado de Texas.

El hombre, de 31 años, se encontraba actualmente en Estados Unidos en búsqueda de asilo, según el diario Washington Post.

Sanabria fue arrestado en 2014 en Venezuela durante una protesta contra Nicolás Maduro.

En 2018, cuando aún seguía en prisión, opositores venezolanos denunciaron que Sanabria había sido golpeado y sometido a torturas o tratos crueles e inhumanos junto a otros presos.

Sanabria era estudiante de ingeniería informática en el Táchira y estuvo más de tres años encarcelado en El Helicoide.

Una fotografía del rostro del venezolano, con profundas heridas supuestamente atribuidas a estas prácticas, fue entonces ampliamente publicada en redes sociales. En el 2018 Sanabria salió de la cárcel.

En 2022, luego de una larga travesía que lo llevó a cruzar el tapón del Darién, llegó a la frontera mexicana, solicitó asilo, pasó la entrevista y entró a EE.UU.

Allí comenzó una nueva vida, en la que ya no era el estudiante, sino el obrero que trabajaba en labores de construcción o el reparador de aires acondicionados.

Por lo que Díaz-Balart sostuvo que «casos como el de Sanabria, y tantos otros con denuncias legítimas de persecución, requieren una revisión exhaustiva».

Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), aseguró a E que es un hecho que la deportación de Sanabria Tarazona lo situaría en una situación de vulnerabilidad.

“Existen sobrados motivos para creer que Gregory Sanabria puede ser sometido a graves abusos en Venezuela”, sostuvo. “Ha sufrido persecución por parte del régimen de Maduro y Estados Unidos debe protegerlo”, dijo.

Con información de Efe y El País