Dos ciudadanos venezolanos que fueron detenidos por agentes federales el mes pasado durante un incidente en el que uno de ellos recibió un disparo en la pierna, recibieron la orden de ser liberados por un juez federal en su caso penal, pero poco después fueron puestos bajo custodia de agentes de inmigración.

Según la cadena  CNN, Alfredo Alejandro Aljorna y Julio Sosa-Celis están acusados de agredir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de que intentó detener a Aljorna, aunque un video y familiares disputan la versión de los hechos del Departamento de Seguridad Nacional. 

Ambos están acusados de agredir a un agente de ICE.

El juez federal Paul A. Magnuson ordenó la liberación de los dos hombres durante una audiencia judicial este martes, según los abogados.

Tras la liberación de Sosa-Celis de la custodia federal, su abogada Robin Wolpert dijo   que fue a visitarlo a la oficina de los sheriffs, donde le informaron que había sido puesto bajo custodia de inmigración.

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Aunque Wolpert se mostró satisfecha con la decisión del juez Magnuson, expresó su “decepción porque fue inmediatamente puesto bajo custodia de ICE, aunque no le sorprende”.

Frederick Goetz, abogado de Aljorna, señaló que su cliente también fue puesto bajo custodia de ICE tras ser liberado de la custodia federal. 

Goetz calificó de inconsistente la actuación del Gobierno, ya que si desean procesarlo penalmente, no deberían trasladarlo a custodia de ICE, donde podría ser deportado.

El juez Magnuson emitió una orden oral durante la audiencia que prohíbe la deportación de todos los testigos del caso, de acuerdo con Goetz, quien indicó que ambos hombres están incluidos como testigos. Espera que el Gobierno federal cumpla la orden y, de no hacerlo, el tribunal deberá intervenir nuevamente.

Con información del CNN

Unos 35.000 venezolanos se afiliaron a la fuerza laboral española entre  finales del 2024 y octubre de este año, según datos estadísticos de la Seguridad Social del país europeo, siendo el país que más creció en dicho lapso de tiempo.

En España hay, aproximadamente, 210.000 venezolanos afiliados al sistema de seguridad laboral, de los cuales el 87 % está en el general, el 9 % en autónomos y el 2,8 % en empleados de hogar.

Según cifras publicadas por la agencia EFE, las personas procedentes de América Latina superaron este año el millón de afiliados, de los que más de 250.000 trabajadores proceden de Colombia, seguidos por los venezolanos, y un total de 99.000 peruanos. 

Tales cifras representan un incremento del 9 % de latinoamericanos trabajando en España con respecto al año anterior, lo que supone unos 92.300 ocupados más procedentes de la región.

Ecuador ocupa el cuarto lugar con 75.240 afiliados tras sumar 2.300 en el último año y Argentina el quinto lugar, con unos 5.140 afiliados más, comparando el dato medio de octubre con el final de 2024.

En total, en España hay 3 millones de afiliados extranjeros (200.000 más que el año pasado y un crecimiento del 7,3 %), de los que los latinoamericanos representan un tercio. En conjunto, los afiliados extranjeros representan el 14,1 % de los cotizantes.

Con el último dato disponible y mirando a los países con mayor peso, el grueso de los afiliados de Colombia, el 84 %, está en el régimen general, el 8 % en el de autónomos y el 6 % en el de empleados de hogar.

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"La aportación de los trabajadores extranjeros al crecimiento de la afiliación en el último año es muy positiva. Su presencia es fundamental en algunos sectores como la hostelería y en otros crece de manera muy interesante, como en las actividades de alto valor añadido", destacó con los últimos datos la ministra española de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz.

Según recoge un estudio del Real Instituto Elcano, importantes sectores económicos de España dependen de modo mayoritario o muy relevante de la inmigración: el servicio doméstico, la hostelería, la construcción y la agricultura tienen entre sus empleados al menos a un 30 % de inmigrantes y entre ellos tienen especial peso las personas originarias de América Latina.

No obstante, añade el informe, la llegada en los últimos años de miles de inmigrantes latinoamericanos de renta media y alta, con educación universitaria, empieza a cambiar el perfil, aunque aún es un fenómeno minoritario.

"El 75 % de los empleos generados durante el último año por la hostelería y otras actividades asociadas al turismo están ocupados por inmigrantes. En otras palabras, la inmigración ha servido de palanca para batir un nuevo récord de ingresos por turismo internacional", recogía en un reciente artículo el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, que también destacaba su papel en la construcción.

Con información de Efe

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro  confirmó la tarde de este viernes que los 252 migrantes deportados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador fueron liberados.

«Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales, a través de un canje con las autoridades de los Estados Unidos de América de un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia», señaló la cancillería en un comunicado publicado en su cuenta en  Telegram.

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A continuación el documento completo:

Entre tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que entregó a todos los venezolanos detenidos en su país, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. “Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato y otros delitos graves”, aseguró.

🗣️ TRAS MESES DE NEGOCIACIONESPresidente de El Salvador, @nayibbukele informó que entregó a todos los venezolanos detenidos en su país, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. “Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato y otros delitos graves”, aseguró. pic.twitter.com/GiwCKc28Tc

“Instruí a Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional) para que hable con el Nuncio Apostólico, monseñor Ortega, porque le estoy mandando una carta al papa León XIV para que interceda. Le pido ayuda a la iglesia católica de EE. UU. y de El Salvador para que proteja a los migrantes”.

De esta manera, el presidente Nicolás Maduro anunció el envío de una misiva a su santidad, para que abogue por el respeto a los derechos humanos de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y los que están presos en El Salvador.

Durante el programa Con Maduro +, el mandatario calificó como “horroroso” el trato que se le da a los migrantes en Estados Unidos, lo cual va contra todas las leyes que rigen los derechos humanos en el mundo.

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“Es un sistema horroroso. Van a inaugurar una cárcel rodeada de pantano y cocodrilos y serpientes y allí van a depositar 3000 migrantes”, dijo Maduro, en relación con la nueva cárcel que están construyendo en EE. UU. para albergar migrantes.

Así como más temprano lo hizo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, el jefe del Estado reclamó al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, por su inacción en estos casos.

“¿Qué dice Volker Türk sobre esto? Él podría tomar un avión y ver a los niños secuestrados y ver estas cárceles ilegales, y dar una orden para frenar todo esto, y no lo hace”, cuestionó.

“Migrar no es un delito, porque todos los que gobiernan en EE. UU., empezando por Marco Rubio o María Elvira Salazar, son descendientes de migrantes o son migrantes y se han dedicado a perseguir a los migrantes, ¿es esto justicia? ¿Es esto humano? Tenemos que levantar la cara y decir nuestra verdad y lograremos el milagro de recuperarlos a todos”, sentenció.

Un migrante venezolano de 19 años, identificado como Yomeykert R.S., fue detenido tras atacar brutalmente a Klaudia K., una joven polaca de 24 años, en el parque Glazja de la ciudad de Toruń, Polonia.

El hecho ocurrió la madrugada del jueves 12 de junio, cuando la víctima regresaba a casa desde su trabajo, informaron medios locales.

El sujeto agredió a la mujer con un cuchillo en la cabeza, el cuello y el pecho, puntos en los que también la golpeó con el mango del arma blanca.

Un testigo que escuchó los gritos de auxilio logró intervenir y ahuyentar al atacante.

La Policía capturó al venezolano poco después, a pocas calles del lugar, según la información que ofreció el vecino.

Las autoridades polacas trasladaron a Klaudia en estado crítico a un hospital, donde falleció la noche del pasado viernes 27 de junio.

“Puedo confirmar que la joven murió. Ahora la fiscalía realizará más actividades porque las circunstancias cambiaron”, expresó Andrzej Kukawski, portavoz de la Fiscalía del Distrito de Toruń, al medio Polskie Radio 24.

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Debido al temor real de fuga y a la gravedad del hecho, el fiscal presentó una solicitud ante el Tribunal de Distrito de Toruń para solicitar su arresto temporal por un período de tres meses.

Simultáneamente, se dictó una orden para su comparecencia ante el tribunal.

El sospechoso se enfrenta a una pena de al menos 10 años de prisión o cadena perpetua.

La investigación la lleva a cabo la Fiscalía del Distrito de Toruń, que ha obtenido diversas pruebas y ha anunciado nuevas medidas intensivas en este caso.

Con información de Superexpress

La Policía Nacional ecuatoriana informó sobre el rescate de once venezolanas, entre ellas una adolescente de 15 años, en tres inmuebles situados en Guayaquil, donde funcionaban prostíbulos y eran explotadas sexualmente.

Durante el operativo, también fueron detenidos tres ciudadanos venezolanos señalados como los responsables de esta red de explotación.

Las investigaciones iniciaron en febrero, cuando las autoridades liberaron a otras tres menores de edad que también eran víctimas de explotación sexual y se arrestaron a dos personas.

Edwin Íñiguez, el jefe de la Unidad Nacional de Trata de Personas de la policía, explicó «las tenían encerradas en el inmueble en muchos casos y sometidas a maltrato si no aceptaban ciertas actividades de índole sexual. Eran amenazadas y mantenían una deuda permanente con sus captores».

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Algunas de las víctimas fueron captadas directamente en Ecuador, mientras que a otras las engañaron en Venezuela con la promesa de un viaje pagado, que se convertía en una deuda que nunca terminaba de saldar.

«Muchas de las chicas sabían a lo que venían. La actividad sexual no es un delito (en Ecuador), pero sí las circunstancias en las que se desarrollaba. Una vez que ingresaban (a los inmuebles), no les dejaban salir, o si salían eran controladas», precisó Íñiguez.

La adolescente de 15 años rescatada fue trasladada a un centro de acogida mientras se busca a sus familiares. Durante el allanamiento a uno de los prostíbulos, la policía encontró un arma de fuego, entre otras pruebas que serán usadas en la investigación.

A principios de semana, otras ocho mujeres venezolanas, también víctimas de explotación sexual en Ecuador, lograron regresar a su país de origen con la ayuda de las autoridades ecuatorianas y colombianas, tras haber sido rescatadas días antes.

Con información de Efe

Cuatro mujeres, dos de ellas de origen venezolano, y un menor de 3 años, fueron asesinados en España durante las últimas 48, horas presuntamente por sus parejas.

En Valencia está previsto que un hombre colombiano pase este jueves a disposición judicial por la muerte de Alejandra Villegas, venezolana de 41 años, y el hijo de ambos, que iba a cumplir 3 años en julio.

Los hechos se produjeron este miércoles, después de una discusión en la vivienda familiar de la localidad valenciana Algemesí, de la que alertaron a la policía la madre y abuela de las víctimas.

Los agentes encontraron al llegar los dos cadáveres y detuvieron al supuesto agresor, Leonardo David Arenas, que ya había llamado a las fuerzas de seguridad para confesar los hechos.

La mujer y el niño serán enterrados en España, informaron a EFE sus familiares, a la espera de que llegue este viernes la hija mayor de la mujer, que por problemas económicos solo pudo comprar un billete de avión de ida a Madrid, según Leidy Rodríguez, cuñada de Alejandra Villegas.

También el miércoles fue detenida la pareja de una mujer venezolana de 41 años, Ramy Virginia T., encontrada muerta el mismo día en una cueva de Ruguilla, provincia de Guadalajara, donde hace una semana se le perdió la pista cuando se dirigía con su novio a la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

La mujer era buscada por la policía, que el martes solicitó la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

En la ciudad insular atlántica de Las Palmas de Gran Canaria, una mujer de 57 años fue asesinada con un cuchillo en su domicilio, presuntamente por su novio, un hombre con antecedentes por violencia machista con una pareja anterior.

El sospechoso se suicidó tras el crimen, según fuentes policiales.

Los cuerpos de la mujer y el hombre fueron descubiertos este miércoles por la hija de la víctima, cuando llevaban muertos unas 36 horas, de acuerdo con las primeras indagaciones.

El martes se encontraban los restos en descomposición de una mujer -Susana, de 49 años- en un cubo de basura de una casa de Gijón (Asturias, norte) desaparecida desde el pasado mayo. Su presunto asesino, con el que mantenía una relación, fue detenido.

A estos crímenes se añade otro cometido la semana pasada por un colombiano que presuntamente asesinó a su pareja, de la misma nacionalidad, en la localidad costera de Fuengirola (sur).

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, alertó de que el país se encuentra en situación de «alerta máxima por violencia de género».

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, apeló hoy a los entornos familiares y sociales para denunciar a las autoridades «cualquier indicio de abuso o acoso» que sufran las mujeres.

Según las estadísticas oficiales, los meses de junio, julio y agosto, son los tres en que más crímenes machistas se cometen en España.

En lo que va de año, 17 mujeres fueron asesinadas en España en crímenes machistas confirmados, cifra que asciende a 1.311 desde que comenzó el recuento oficial, en 2003. EFE

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a 17 migrantes ilegales, entre ellos 13 venezolanos, en un complejo de apartamentos en restauración ubicado en Filadelfia, Pensilvania.

Según el Diario de Nueva York, las autoridades confirmaron que los detenidos tienen «infracciones migratorias».

Detallaron en la nota que la operación se realizó en el inmueble conocido como Five 10 Flats, en 510 East 3rd Street, tras la emisión de una notificación de inspección por parte de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) de ICE.

Además de los 13 venezolanos, fueron arrestados 2 mexicanos, 1 ecuatoriano y 1 nicaragüense.

Todos estaban contratados para las labores de restauración del edificio a través de un subcontratista, aunque la propiedad no se encontraba ocupada por inquilinos.

“Garantizar el cumplimiento normativo en el lugar de trabajo es una responsabilidad fundamental”, declaró Edward V. Owens, agente especial a cargo de HSI Filadelfia.

En su comunicado oficial, ICE reiteró que cualquier extranjero que viole las leyes migratorias puede ser arrestado, detenido y, en caso de orden judicial, deportado del país.

“Estas inspecciones permiten identificar prácticas ilegales que afectan a trabajadores estadounidenses y exponen la infraestructura crítica a riesgos de explotación”, afirmó.

El pasado 30 de marzo, el Ministerio Público (MP), envió una comunicación formal a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, para solicitar información detallada sobre la situación de los migrantes venezolanos detenidos en ese país.

Traa 80 días de espera, la Corte Suprema de Justicia de esa nación dio una respuesta «vergonzosa para desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos».

Por ello, el MP rechaza categóricamente la respuesta por parte de la nación centroamericana.

A través de un comunicado, se expresa que «en esta comunicación, la Corte declara improcedente nuestra intervención alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados.

Además, con respecto al habeas corpus realizado por un grupo de abogados que representan a las víctimas, la Corte señala que los solicitantes no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales», reza el comunicado.

Igualmente, señala que «así se niega a atender nuestra solicitud, mientras que por otra parte, ha optado por no analizar los hechos ni entrar al fondo del habeas corpus realizado por los abogados, escudándose en una serie de formalismos falaces y exigencias desproporcionadas, con el único objetivo de evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad.

Al pedirles a los defensores que especifiquen si ‘realmente’ los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al Cecot en medio de un espectáculo mediático, la Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica».

En ese sentido, la Fiscalía, como garante de la legalidad, resalta que «no aceptaremos que se someta a personas a detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están. No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales».

Como parte de nuestro esfuerzo por ofrecer apoyo a las víctimas y favorecer la búsqueda de la justicia, este Ministerio Público localizó y entrevistó a 116 familiares de 118 connacionales detenidos ilegalmente en El Salvador. Esas entrevistas están a disposición de los abogados que los representan y del sistema de justicia salvadoreño, si está dispuesto a escucharlos.

Con esta respuesta «el Estado salvadoreño ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos. Esto ocurre a la vista de organismos multilaterales y bajo el silencio cómplice de quienes dicen defender los mismos», continúa el escrito.

En Colombia, donde más de once millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares por el conflicto armado interno, crecen los riesgos que enfrentan los migrantes retornados, especialmente de nacionalidad venezolana, que vuelven a ingresar al país tras recorrer sin éxito la larga ruta hacia Estados Unidos.

«Estamos viendo un aumento de lo que llamamos migración inversa, personas que tras intentar llegar al norte del continente ahora regresan sin garantías, muchas veces víctimas de violencia, trata o naufragios», advirtió la defensora del pueblo, Iris Marín.

Uno de los principales corredores de retorno para los migrantes que cruzan la selva del tapón del Darién comienza en el poblado panameño de La Miel y termina en el pueblo colombiano de Capurganá, en el departamento del Chocó.

Este último punto marca el final del trayecto selvático de una de las rutas más peligrosas del continente, que hasta hace poco era recorrida por cientos de miles de personas en dirección a Estados Unidos, pero que hoy, debido a las restricciones migratorias del gobierno de ese país, comienza a ser transitada en sentido inverso por quienes retornan sin haber logrado su objetivo.

Desde Capurganá, los migrantes cruzan por mar el golfo de Urabá hasta llegar al puerto de Necoclí, en el departamento de Antioquia, donde suelen buscar vías de transporte hacia otras ciudades del interior del país.

Este corredor marítimo se ha convertido en una ruta crítica para el retorno, pero también evidencia los vacíos institucionales en materia de atención humanitaria, especialmente en lugares apartados y de difícil acceso, como Capurganá y Necoclí.

A pesar de que los datos oficiales de tránsito por el Darién los divulgan mensualmente las autoridades panameñas, Migración Colombia advirtió de la entrada al país de 10.246 migrantes en tránsito inverso entre enero y mayo de 2025, lo que supone más de 80 personas al día que vuelven a Colombia.

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Otras rutas de reingreso se han detectado también por Bahía Solano y Juradó, en la costa pacífica del Chocó, donde la ausencia estatal complica la atención humanitaria.

«La falta de presencia institucional en puntos clave de la costa Pacífica está generando una emergencia silenciosa que requiere atención urgente», advirtió Marín.

En este contexto, preocupa el cierre este lunes de la oficina de Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Apartadó (Antioquia), una de las zonas más críticas del país para la atención de población migrante, desplazada y retornada.

Esta sede, operativa desde 1998, brindaba asistencia directa a miles de personas que cruzan el Darién o regresan por vía marítima desde Panamá.

Su cierre, confirmado por la agencia y atribuido a recortes presupuestarios, podría agravar los vacíos de protección en el Urabá, donde se concentra buena parte del tránsito migratorio.

Solo en 2024, la oficina de ACNUR en Apartadó atendió a más de 8.000 personas, según datos de la agencia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que entre enero y febrero de este año, más de 1.800 personas retornaron por mar desde Panamá, en su mayoría hombres, mujeres y menores de edad venezolanos.

«Colombia debe reafirmar su compromiso con los derechos humanos y con los principios del asilo y refugio», concluyó la defensora.

A propósito del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora este viernes, el Consejo Noruego para Refugiados advirtió que 60 de cada 100 jóvenes refugiados y migrantes en Colombia enfrentan serias barreras para acceder a empleos dignos o emprender.

Esto se debe a la discriminación, la falta de reconocimiento de títulos educativos y el escaso acceso a programas de formación técnica, señaló esa ONG en un comunicado.

«La solidaridad del país debe traducirse en oportunidades reales para que estas personas puedan construir una vida digna y productiva», manifestó el director de NRC en Colombia, Giovanni Rizzo, al instar al Estado y al sector privado a invertir en inclusión económica.

El informe alerta que casi la mitad de los jóvenes encuestados no se sienten escuchados por las instituciones públicas y que un 30 % percibe su nacionalidad como causa de exclusión laboral.

Con información de EFE

Como Miguel Sergio Cordero Toleo, fue identificado el hombre que asesinó de un tiro de escopeta a la venezolana Yaidy Garnica, hecho ocurrido hace algunos días, en un barrio en santiago de Chile.

Cordero se entregó voluntariamente en la subcomisaría de Talagante, días después de cometer el crimen que ha sido catalogado como un «delito de odio».

El domingo pasado, en la residencia donde vivía Yaidi había una fiesta y al parecer el volumen de la música era muy alto.

Habitantes de la zona comenzaron a rodear la casa y protestar cuando se acercó Cordero, armado con una escopeta, quien es vecino de la víctima y tras gritar improperios y expresiones xenofóbicas, le disparó en el pecho.

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El sujeto se encuentra actualmente en prisión preventiva en el CDP Santiago 1.

Su caso quedó formalizado en el 5º Juzgado de Garantía de Santiago, donde la jueza Verónica Andrea Toledo López decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, quien fue ingresado a ese recinto penitenciario el mismo día de su entrega, informaron medios chilenos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Manuel Gabriel Zúñiga Rodríguez.

Garnica tenía 43 años y era madre de familia. Fue asesinada frente a sus hijas.

Relataron también que otros vecinos habrían pinchado los neumáticos del vehículo familiar para impedir que escaparan, lo que retrasó el intento de trasladarla a un centro médico.

El crimen ha sido calificado como un acto de odio por familiares, vecinos y voceros de la comunidad venezolana en Chile.

Una corte de migración de Estados Unidos fijó para el próximo 1 de julio la primera audiencia por el caso de asilo del expresionero político venezolano Gregory Sanabria, quien fue detenido en Texas por agentes de inmigración el pasado 12 de junio.

Génesis Dávila, activista y presidenta de la ONG Defiende Venezuela, explicó que Sanabria ingresó a territorio estadounidense tras entregarse a agentes migratorios en la frontera sur, en un momento en el que era válido realizar ese proceso.

En ese entonces, las autoridades determinaron que había miedo creíble sobre el riesgo que corría su vida si retornaba a Venezuela.

«A partir de ahí, Gregory comienza un proceso de asilo en libertad con el que ha tenido que presentarse de manera constante para dar fe de que su estadía está siendo regular en Estados Unidos».

Sin embargo, aclaró que debido a las políticas implementadas por la administración de Donald Trump, las autoridades migratorias detienen a todos los migrantes que cruzaron la frontera, es decir, no se trata solo del caso del venezolano.

«La detención de Gregory no ha sido en particular en su contra. Él no ha cometido ninguna infracción. No está con un expediente o récord criminal en Estados Unidos», añadió.

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Sanabria fue arrestado en 2014 durante las protestas antigubernamentales en el estado Táchira.

En mayo de 2018 se denunció que lo agredieron brutalmente dentro del centro de reclusión de El Helicoide, donde permanecía bajo custodia del Sebin.

Un informe de su defensa reportó fisuras en el cráneo y fractura nasal, lesiones por las que se le negó atención médica oportuna.

El mismo año fue excarcelado debido a una medida presidencial, y documentó en sus redes sociales la ruta migratoria que realizó hasta Estados Unidos.

Tres años después migró a Estados Unidos, donde pidió asilo y ahora corre el riesgo de ser deportado a El Salvador, tras ser detenido en su audiencia en un tribunal de migración.

Con información de NTN24

A través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, llegaron 135 migrantes venezolanos, en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos.

Se trata de una aeronave de la empresa Omni Air, que partió desde Texas, con migrantes que fueron recibidos con protocolos de salud, seguridad y documentación.

Los 135 repatriados contaron con acompañamiento en cada fase del traslado, a fin de asegurar una llegada digna y ordenada al territorio nacional.

Cabe destacar que este es el vuelo número 33 desde la reactivación del Plan Vuelta a la Patria.

En lo que va de año, ya han retornado más de 5.000 venezolanos repatriados mediante esta iniciativa.

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Asimismo, se trata de la primera jornada de esta semana.

Está previsto que este miércoles aterrice otro vuelo proveniente de México, con más migrantes venezolanos que decidieron retornar.

El pasado 4 de junio, 150 venezolanos, entre ellos 24 mujeres y 126 hombres, arribaron al país procedente de Honduras.

El congresista por el estado de Florida Mario Díaz-Balart, del Partido Republicano, pidió a la Administración de Donald Trump detener la deportación del venezolano Gregory Sanabria, quien fue recientemente detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

«Envié una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresando mi profunda preocupación por la reciente detención de Gregory Sanabria, un valiente preso político que pasó más de tres años en prisión, incluso en el infame centro de tortura de Maduro, El Helicoide», dijo Díaz-Balart en su cuenta en X.

«Durante ese tiempo, casi fue asesinado. Si regresa al régimen de Maduro, su vida correría grave peligro», agregó.

El congresista compartió en X la misiva dirigida a la secretaria de Estado, Kristi Noem, en la que le instaba a revisar el caso de Sanabria, quien fue detenido el pasado 12 de junio, según la organización estadounidense ‘Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo’.

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De acuerdo con la organización, Sanabria fue detenido cuando acudió a un control rutinario a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), y actualmente se encuentra en un centro del ICE en el estado de Texas.

El hombre, de 31 años, se encontraba actualmente en Estados Unidos en búsqueda de asilo, según el diario Washington Post.

Sanabria fue arrestado en 2014 en Venezuela durante una protesta contra Nicolás Maduro.

En 2018, cuando aún seguía en prisión, opositores venezolanos denunciaron que Sanabria había sido golpeado y sometido a torturas o tratos crueles e inhumanos junto a otros presos.

Sanabria era estudiante de ingeniería informática en el Táchira y estuvo más de tres años encarcelado en El Helicoide.

Una fotografía del rostro del venezolano, con profundas heridas supuestamente atribuidas a estas prácticas, fue entonces ampliamente publicada en redes sociales. En el 2018 Sanabria salió de la cárcel.

En 2022, luego de una larga travesía que lo llevó a cruzar el tapón del Darién, llegó a la frontera mexicana, solicitó asilo, pasó la entrevista y entró a EE.UU.

Allí comenzó una nueva vida, en la que ya no era el estudiante, sino el obrero que trabajaba en labores de construcción o el reparador de aires acondicionados.

Por lo que Díaz-Balart sostuvo que «casos como el de Sanabria, y tantos otros con denuncias legítimas de persecución, requieren una revisión exhaustiva».

Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), aseguró a E que es un hecho que la deportación de Sanabria Tarazona lo situaría en una situación de vulnerabilidad.

“Existen sobrados motivos para creer que Gregory Sanabria puede ser sometido a graves abusos en Venezuela”, sostuvo. “Ha sufrido persecución por parte del régimen de Maduro y Estados Unidos debe protegerlo”, dijo.

Con información de Efe y El País

El diputado por la Región de Antofagasta (Chile), Jaime Araya, se refirió a la migración de venezolanos a Chile y aseguró que pese a que se considera «extremadamente tolerante», los enviaría a todos «de vuelta a Venezuela».

En conversación con el podcast 32 Minutos, indicó que no tiene «problema en decirlo: agarraría un barco, los echo a todos arriba y los mando de vuelta a Venezuela y ni siquiera me enredaría si se puede humanitariamente o no, porque creo que han dañado tanto la calidad de vida de las regiones del norte que nosotros tenemos que tomar decisiones de esa naturaleza».

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Sostuvo que «convivimos durante muchos años con gente que venía de Bolivia, de Perú, y ningún problema. De hecho, la mayor tasa de migrantes son provenientes de Perú, Bolivia y Colombia y el problema es acotado, pero lo de Venezuela es brutal».

El diputado planteó que su idea se debe a que «los tipos no respetan a nadie. Ni siquiera tienen el buen cuidado de decir ‘oye, ¿sabes qué? No hagamos la fiesta de lunes a lunes'».

«Anda a pedirles que bajen la música. Y esto lo cuenta todo el mundo, les pasa en todas las comunas, en todas las ciudades. Entonces, efectivamente, es un golpe cultural para el que nosotros no estábamos preparados», agregó el congresista.

Araya, además, cuestionó que «han actuado muchos migrantes, no todos por cierto, con una prepotencia que es brutal, y uno se da cuenta».

Con información de T13

Este martes llegaron a Venezuela 141 migrantes deportados desde EE. UU., informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

«Autoridades venezolanas reciben un nuevo grupo de 141 migrantes venezolanos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, retornados al país a través de un vuelo directo desde EE. UU. en el marco de la Gran Misión Vuelta a la Patria», indicó a través de su cuenta de Telegram.

Según datos oficiales, Venezuela ha recibido a más de 5.600 migrantes deportados desde EE. UU. en lo que va de este año, entre los que se contabilizan 3.903 hombres, 937 mujeres y 831 niños y adolescentes.

El 19 de mayo, la Corte Suprema de EE. UU. autorizó al Gobierno de Donald Trump a revocar el estatus de protección temporal (TPS, en inglés) a más de 350.000 inmigrantes venezolanos.

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Este programa les permitía residir en el país sin ser deportados y les daba la posibilidad de obtener un permiso de trabajo temporal.

Trump invocó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a cientos de venezolanos mayores de 14 años, aduciendo que integraban la banda delictiva Tren de Aragua, que carecían de pasaporte estadounidense o permiso de residencia permanente en EE. UU.

Mediante un acuerdo entre la administración de Trump y el Gobierno de El Salvador, más de 250 venezolanos fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano.

Caracas asegura que se trata de migrantes comunes y calificó la medida de «secuestro».

Con información de Efe

El Gobierno de Donald Trump impuso esta semana prohibiciones totales y restricciones parciales a la entrada a Estados Unidos desde casi una veintena de países, entre ellos Venezuela. Las restricciones entran en vigencia desde este 9 de junio.

A continuación algunas interrogantes acerca de las restricciones para los venezolanos.

¿Qué visas restringió Estados Unidos para la entrada de venezolanos?

La medida de Trump apunta a los venezolanos con ciertas visas. Puntualmente, aquellos que busquen entrar al país con casi cualquier visa de inmigrante o con las siguientes seis visas de no inmigrante:

B-1 | Visitante temporal por motivos de negocioB-2 | Turismo, visitar familiares y obtener tratamientos médicosB-1/B-2 | VisitanteF | Estudiantes académicosM | Estudiantes vocacionalesJ | Programas de intercambio cultural y educativoUn detalle importante: esta restricción de entrada con las visas antes mencionadas solamente aplica para los venezolanos (y para el resto de países bajo la orden) que están fuera de Estados Unidos y que no tienen una visa válida emitida antes del 9 de junio, señaló el Departamento de Estado de EE.UU. en un cable diplomático.

“La suspensión y las restricciones de la proclamación presidencial se aplican únicamente a los nacionales de los países designados que se encuentren fuera de Estados Unidos en la fecha de entrada en vigor y que no tengan visa en dicha fecha”, indica el cable.

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El Departamento de Estado mencionó que las representaciones diplomáticas deben continuar programando las solicitudes de visa de los solicitantes “de los países afectados” (entre ellos Venezuela) y “deberán continuar con el procesamiento normal de las visas, incluyendo la aprobación de los solicitantes elegibles, la impresión de visas y la devolución de los pasaportes con las visas emitidas”.

Incluso después de la entrada en vigor de la proclamación (9 de junio), las representaciones diplomáticas estadounidenses tienen instrucciones de continuar programando citas para los solicitantes de los países afectados y de revisar y aprobar, según corresponda, las solicitudes de visa de inmigrante para trámites acelerados.

No obstante, a los solicitantes de los 19 países excluidos se les denegarán las visas a menos que cumplan con uno de los criterios de excepción, indica el Departamento de Estado.

Lo anterior quiere decir que, si eres venezolano y tramitas una visa de inmigrante o de no inmigrante B-1, B-2, B-1/B-2, F, M o J, puedes continuar con el trámite, pero el Gobierno estadounidense te denegará la visa, a menos que cumplas con una de las excepciones.

Si a un solicitante de un país afectado se le había concedido una visa antes del 9 de junio y aún no la ha recibido, incluso si ya se había impreso, dicha visa será cancelada según la orden presidencial, a menos que el solicitante pueda demostrar una excepción.

Esto significa que, aunque te hayan aceptado tu visa de inmigrante o de no inmigrante B-1, B-2, B-1/B-2, F, M o J, el Gobierno de Estados Unidos te la puede cancelar si no la tienes en tu poder antes del 9 de junio, sin importar que ya esté impresa.

La orden de Trump tiene algunas excepciones, que indican qué personas no se verán afectadas al momento de entrar a Estados Unidos o de continuar con trámites.

La restricción de entrada a Estados Unidos para venezolanos no aplicará en los siguientes casos:

Cuando se trate de un residente legal permanente de Estados Unidos.

Si un venezolano tiene doble nacionalidad y viaja a EE.UU. con el pasaporte de una nación no afectada por la orden.

Cuando un venezolano viaje a Estados Unidos con las siguientes visas de no inmigrante: A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1, NATO‑2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 y NATO-6.

Pueden entrar a EE.UU. atletas o miembros venezolanos de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñan un papel de apoyo necesario y familiares inmediatos, que viajan para el Mundial, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según designe el Departamento de Estado.

También quedan exentos los venezolanos con visas de inmigrante para familiares inmediatos (IR-1/CR-1, IR-2/CR-2, IR-5) “con evidencia clara y convincente de identidad y relación familiar”, indica la orden de Trump.

De igual manera, hay excepción para aquellos con visas relacionadas a adopciones (IR-3, IR-4, IH-3, IH-4).

Visas especiales de inmigrante para empleados del Gobierno de Estados Unidos.

Individuos cuyo ingreso sirve a los intereses de Estados Unidos. El Departamento de Estado revisará “caso por caso” a las personas en esta situación.

Con información de CNE

Vestidos de calle, con el rostro totalmente cubierto unos y otros a cara descubierta, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se abalanzaron este viernes en el pasillo de un tribunal de inmigración del sur de Manhattan sobre dos inmigrantes que habían acudido a una cita rutinaria.

«¡No se mueva!», «¡No se resista!», gritaban los agentes a los dos hombres inmovilizados en el piso tras salir de la sala del tribunal adonde acudieron a una cita en su proceso migratorio.

Los agentes los maniataron por la espalda antes de desaparecer por los ascensores desde la planta 12 del Tribunal de Inmigración, donde este viernes podría haber acabado su sueño americano.

En las últimas semanas, el ICE ha intensificado sus operaciones dentro y en los alrededores de los tribunales de inmigración.

En enero, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por su sigla en inglés) revocó directrices previas que limitaban el acceso del ICE a «zonas protegidas» como los tribunales.

Un familiar que acompañó a la cita a uno de los detenidos, el dominicano Joaquín Rosario, de 34 años, explicó que éste había llegado hace un año a Nueva York «chequeado» (inscrito) en la frontera. Este viernes tenía su primera cita en la corte sobre su caso.

«Venía tranquilo, no pensaba que le iba a pasar nada», dijo a la AFP Julián Rosario, que no quiso especificar su parentesco, todavía impactado. Tan seguro venía que ni siquiera estaba acompañado por un abogado, agregó.

El otro detenido, de rasgos asiáticos, llegó solo y fue escoltado por uno de los numerosos voluntarios de organizaciones protectoras de los derechos humanos que abundan en torno a los ascensores, al lado de los agentes del ICE.

Los voluntarios acompañan a los inmigrantes en el camino a su cita en la sala de la corte y después hacia la salida, en un intento de garantizar su seguridad.

De nada sirvieron sus gritos para impedir que los agentes del ICE llevaran acabo su operación.

Antes, otros migrantes, incluidas familias, que habían acudido a su cita en la corte, se fueron sin ser perturbados.

Una pareja de venezolanos que no quisieron dar su nombre estaban exultantes porque la próxima cita será en 2027.

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«Esto no había pasado nunca», murmura perplejo a la AFP un guardia de seguridad que lleva trabajando «varios años» en el tribunal, también inmigrante.

Estas acciones han puesto en pie de guerra a los grupos defensores de los derechos humanos, que alegan que socavan la confianza en el sistema judicial y dejan a los inmigrantes en el dilema de acudir o no a una cita para su proceso migratorio.

Uno de los primeros detenidos bajo esta nueva modalidad en Nueva York fue el venezolano de 20 años Dylan López Contreras, el pasado 21 de mayo, tras acudir a una cita rutinaria en el tribunal de migración del sur de Manhattan.

Había entrado al país hace un año con un permiso humanitario y había solicitado asilo. Sus abogados presentaron el 29 de mayo una solicitud de habeas corpus porque su detención «viola la cláusula del debido proceso» y los procedimientos administrativos.

«Son secuestros ilegales», dice la activista y funcionaria del sistema judicial Karen Ortiz, que este viernes se manifestaba cerca de la corte para pedir que se «pare la guerra contra los inmigrantes».

«Estamos en el punto en que tenemos que hacer sonar la alarma y mostrar al público lo grave que es esto y una forma en la que podemos hacerlo es poniéndonos físicamente entre un agente del ICE enmascarado y alguien a quien están tratando de detener y enviar lejos» a las personas afectadas.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, la administración de Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración -a la que considera una «invasión» de criminales»- uno de los ejes de su política.

Además de proceder a redadas, detenciones arbitrarias y deportaciones -entre ellas las de 252 venezolanos enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador- así como detenciones de estudiantes propalestinos y revocación de visados a alumnos extranjeros- esta semana anunció el veto o restricciones de entrada a ciudadanos de 19 países, entre ellos Haití, Cuba y Venezuela.

Ello se suma a la decisión de revocar el permiso de estancia temporal a 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Henrique Capriles, diputado electo de la Asamblea Nacional (AN), criticó este jueves las políticas contra los migrantes venezolanos departe de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

«Estigmatizar el ser venezolano, es inhumano», publicó Capriles en su cuenta en X, donde destacó que «los migrantes venezolanos que escogieron EE. UU. como destino, lo eligieron buscando protección y oportunidades. Somos el 0.25% de la población de ese país», dijo.

Lamentó que, «lo que unos pocos hicieron jamás debía traducirse en todas las acciones tomadas desde el Gobierno norteamericano. Todas esas medidas solo aumentan su vulnerabilidad y estigmatización».

Recordó todas las medidas que se han tomado contra los venezolanos en EE. UU.

«Se les revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), la Corte Suprema autorizó eliminar el TPS, congelaron el programa de Parole Humanitario, aprobaron deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, les cerraron de la aplicación CBP One, impusieron el registro obligatorio de indocumentados, usaron Guantánamo y El Salvador para detenciones, han fomentado las auto deportaciones y suspendieron la entrada a EE. UU. de venezolanos con algunas excepciones», recordó.

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Capriles hizo estas preguntas: «¿Qué más tiene que padecer nuestra gente? ¿Es que acaso no han entendido que llegaron a EE. UU. a trabajar dignamente y a buscar lo que Maduro y su poder les negó?».

Asegura que se trata de «una gran INJUSTICIA que los venezolanos de bien, los que han hecho todos los pasos ajustados a la ley y han trabajado dignamente, sean perseguidos y abandonados de esta manera».

Por ello, exige «respeto a sus derechos, respeto a las leyes internacionales y a los principios fundamentales de humanidad y solidaridad».

Finalmente, dijo que está «y siempre estaremos con nuestra gente. Siempre orgullosos de haber nacido en Venezuela».

Este viernes, durante la transmisión del pódcast Sin Truco Ni Maña, el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, abordó el tema del Plan Vuelta a la Patria y la separación de las familias venezolanas.

«Hoy llegaron otros 192 nuevos venezolanos 156 hombres y 26 mujeres y 10 menores de edad, de los cuales dos vinieron sin acompañante ¿Por qué vinieron sin acompañante? Porque la niña Jasmely Samantha (Durante Angulo) de 8 añitos y el niño Josué Rafael (Durante Angulo) de 10 añitos son una familia: padre y madre, tres hijos», dijo Cabello.

En este contexto, destacó que la madre llegó en una primera vuelta sola, porque cuando llegaron a los Estados Unidos, «la metieron en una cárcel».

Dijo que a la hija mayor de 16 años la llevaron a un lugar y a los niños a otro sitio.

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«Nosotros empezamos una pelea en silencio… No la quisimos hacer pública. Aquí quedó grabado cuando conversamos con la hermana de ellos y me dijo: «Diosdado mis hermanitos están en EE. UU., yo pedí venirme a Venezuela, pero con ellos de allá al aeropuerto y no me dieron a mis dos hermanitos'», subrayó el secretario general del PSUV.

En ese sentido, destacó que después de una larga búsqueda fueron enviados los dos niños.

«Hoy en día solo queda el papá y esperamos que más temprano que tarde, el padre de esos niños sea enviado a Venezuela para que esa familia vuelva a estar unida», remarcó.