En los últimos meses una ola de migrantes llega a México como país puede para cumplir el tan anhelado sueño americano, aunque en su intento arriesguen la vida. En el caso de los venezolanos que ha quintuplicado la cifras según el organismo oficial del país azteca.

A finales de  2021, agencias internacionales de noticias dieron a conocer citando a una fuente anónima del gobierno Mexicano que existe la posibilidad de que este imponga el requisito de visa a las personas procedentes de Venezuela.

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Los aeropuertos mexicanos recibieron entre enero y noviembre de 2021 un total de 160.379 venezolanos, frente a los 29.789 que llegaron en el mismo periodo de 2020.

Esto representa  cinco veces más, de acuerdo con cifras del boletín de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México.

Nada más en noviembre de 2021 llegaron por vía aérea 27.013 venezolanos, ocho veces más que los 3.508 registrados en el mismo mes de 2020.

La prensa mexicana advierte que «se trata del mayor número de venezolanos desde que hay registros mensuales disponibles, a partir de enero de 2007».

Los venezolanos no requieren visa para ingresar al país azteca como turistas. Solo deben presentar el pasaporte.

Sin embargo, a finales de 2021 se encendieron las alarmas ante la posibilidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador imponga el requisito de visa a las personas procedentes de Venezuela.

La razón de una eventual exigencia de visa es el creciente flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacia Estados Unidos a través de México, reseñó El Pitazo.

La Embajada del país azteca en Venezuela aclaró en diciembre pasado que los requisitos migratorios exigidos a los venezolanos que deseen viajar no han cambiado; e instó a las personas a mantenerse informados mediante sus cuentas oficiales.

En 2022, habrá unos 8,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en 17 países de América Latina y el Caribe, un aumento importante comparado con este año.

La estimación forma parte de la información que maneja el Plan de Respuesta 2022 de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

Ante esta proyección, los 192 socios del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) 2022 solicitaron este jueves 1.790 millones de dólares; 800.000 dólares más que el año pasado, para apoyar las «crecientes necesidades» de estas personas.

«Habrá 8,9 millones de refugiados y migrantes de Venezuela en 17 países para diciembre de 2022, incluyendo 6 millones en destino; 1,9 millones en movimiento regular y casi 1 millón de retornados colombianos», dijo el representante especial conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, Eduardo Stein, durante el lanzamiento del plan.

Hasta noviembre de este año, más de 6 millones de personas abandonaron Venezuela y la mayoría; cerca de unos 5 millones, migraron a otros países de Latinoamérica, siendo Colombia el principal destino, según cifras de la Plataforma R4V.

El RMRP 2022 estima que habrá un aumento de 8,4 millones de personas que necesitarán asistencia el próximo año; lo que «refleja los crecientes desafíos a los que se enfrentan tanto los refugiados y migrantes de Venezuela como las comunidades de acogida», señaló Stein.

«Y unos 3,8 millones recibirán asistencia, para alcanzar ese objetivo, un número sin precedentes de 192 socios del RMRP (…) requieren de 1.790 millones de dólares», indicó Stein.

Stein apuntó que en 2022, “la mayoría de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela habrán pasado varios años en sus comunidades de acogida”; por lo que sus necesidades «van más allá de las intervenciones inmediatas».

El RMRP 2022 está centrado en la integración a largo plazo y en promover el desarrollo de los países de acogida para garantizar el acceso a la educación, protección, regularización, mercado laboral y programas nacionales de salud y bienestar social.

«El apoyo a las iniciativas de regularización y documentación para los refugiados y migrantes de Venezuela en situación irregular es una prioridad clave para el 2022», señaló Stein.

Así como la «prioridad de facilitar la integración local efectiva promoviendo su integración en los sistemas nacionales de protección social».

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 «(Deben incluirse en) todos los planes de vacunación de COVID-19; así como en el acceso de protección social a largo plazo para garantizar el derecho a la salud, educación y vivienda y otros servicios esenciales», añadió Stein.

Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi; declaró que «muchos países han iniciado procesos de regularización para cambiar millones de vidas» y que «los esfuerzos necesitan apoyo para tener éxito».

Sin embargo, «un documento no significa nada si no hay una estructura detrás de él para promover la integración de refugiados y migrantes en las comunidades de acogida».

Entre los 192 socios del RMRP 2022, un número inédito de participantes, se encuentran las agencias de las Naciones Unidas, ONG internacionales y nacionales, sociedad civil y organizaciones dirigidas por refugiados, migrantes y comunitarias.

El RMRP es implementado en 17 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador y Guyana.

Asimismo en México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Durante la pandemia desalojaron a cerca de 40% de los migrantes y refugiados de Venezuela y otro 38% corre el mismo riesgo. La consecuencia es que, por la crisis de varios países de acogida, muchas de estas personas podrían quedar en la indigencia.

La advertencia la hizo un estudio realizado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los datos indican que tres de cada cuatro hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo. Además, «una quinta parte de las personas afectadas estaban embarazas o eran madres».

“Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes. En el contexto actual hay más riesgo, principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas”. Así lo dijo Julissa Mantilla, Comisionada, Relatora sobre derechos de las personas migrantes de la CIDH.

“En este sentido, la CIDH observa que la recopilación de datos es importante. Los mismos permiten identificar las afectaciones diferenciadas. También los factores de discriminación y los múltiples aspectos, incluyendo el enfoque de género paraorientar de forma precisa las políticas y medidas de protección necesarias en los países de la región», explicó.

Relata que «muchas personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe, dependientes de la economía informal para sobrevivir, perdieron sus trabajos durante la pandemia. Se encuentran viviendo en situación de pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler», alertó.

El estudio incluyó a migrantes en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, la República Dominicana y Guyana. «La mitad de loshogares entrevistados viven en una sola habitación. El estudio también muestra que 11% de todos los desalojos resultaron en indigencia. Además, tres de cada cuatro de los hogares caerían en indigencia si fueran desalojados. Esto aumentaría el riesgo de contagio de COVID-19″, destaca.

También destaca que los migrantes desalojadas que viven en las calles «se enfrentan a la estigmatización. También al riesgo de ser explotadas y abusadas laboral y sexualmente».

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El estudio recomienda «garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda». Esto como «paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año”, dijo a su vez Eduardo Stein. Él es Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.

En este sentido, el funcionario destacó que que «algunos gobiernos de la región hacen esfuerzos para prevenir la indigencia durante la pandemia. Por ello han declarado prohibiciones temporales a los desalojos y otras iniciativas».

Sin embargo, alerta que «algunas de estas regulaciones ya han expirado o culminarán una vez finalice la declaración de emergencia».

De acuerdo con los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 hogares que enfrentaron desalojos no tenían contrato formal. La falta de presencia y asistencia institucional incrementa los niveles de vulnerabilidad. Esto, especialmente para mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas.

Los migrantes ¡No deben ser los últimos en la cola de vacunación!

La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) pidió a todas las naciones priorizarlos en sus planes de inmunización contra COVID-19.

Mientras las grandes potencias ya empezaron a vacunar contra el virus a sus ciudadanos, la pregunta de la FICR es qué pasará con los millones de migrantes en el mundo.

Por eso pidió que los migrantes sean incluidos en las campañas de vacunación contra el COVID-19.

Asimismo advirtió que no deben quedarse como los últimos de la cola en el acceso a las herramientas para combatir la pandemia.

“Es esencial abordar las barreras hacia la cobertura sanitaria internacional y que los migrantes sean incluidos completamente en las campañas de vacunación nacionales”, señaló el presidente de la FICR, Francesco Rocca.

Agregó que «la pandemia está teniendo un impacto catastrófico en las personas en movimiento, quienes con frecuencia quedan en el olvido al acceder a los servicios de salud».

Y el llamado lo hace la FICR ante el riesgo de que los migrantes de ser excluidos de estas campañas de vacunación.

La directiva del organismo humanitario internacional también recordó que la distribución desigual de las vacunas va a dejar atrás a los más marginados.

Y si esto llega a pasar, es un riesgo para la salud global si el virus no es controlado en las comunidades vulnerables.

Además, los refugiados son los que más han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia, subrayó.

La FICR explicó como los refugiados en el mundo han sido los más afectados con la pandemia.

En Turquía, por ejemplo, las deudas domésticas entre refugiados se han duplicado y más del 80 % de los encuestados en un estudio de la Cruz Roja dicen haber perdido su trabajo.

La situación de los refugiados en Honduras y Guatemala es crítica por el impacto de la pandemia, la temporada de huracanes, que, además, han incrementado la violencia.

En Grecia, después del incendio que destruyó el campo de refugiados de Moria en septiembre, las condiciones en las que viven ahora distan de cumplir los estándares internacionales.

Tampoco es mejor la situación de los campos de refugiados en Sudán.

Allí han recibido más de 50.000 etíopes desde que comenzó el conflicto en su país a principios de noviembre, recordó la federación con sede en Ginebra.

Situación que no dista de los casi 5 millones de migrantes venezolanos en el mundo.

La polémica se exacerba con la población migrante venezolana ante a crisis humanitaria que representan para la región.

Recientemente Colombia, donde se encuentran más de ´700.000 migrantes y el país con el mayor número de esta población, determinó que solo quienes estuviesen regularizados serían inmunizados.

Esto representa tan solo 800 mil ciudadanos venezolanos residentes en el país suramericano.

Las leyes colombianas son claras frente a quienes deben recibir la vacuna contra COVID-19 en su territorio.

Extranjeros que estén en las bases de datos del Ministerio de Salud y de acuerdo con la Ley Estatutaria de Salud, tienen la misma cobertura sanitaria que un ciudadano colombiano.

El presidente Juan Manuel Duque salió en defensa del sistema, pero, advirtió que si la comunidad mundial apoya, Colombia podría vacunarlos a todos.

Para la agencia internacional de refigiados, ACNUR, los servicios de salud deben incluir a todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas internas y apátrida.

«Si queremos construir sistemas sólidos que nos protejan a todos», confirma Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

Insta a los líderes mundiales a que aprovechen esta oportunidad para asegurar que las personas refugiadas y migrantes se incluyan en los planes estatales de asignación y distribución de las vacunas y en los servicios sanitarios esenciales existentes.

“Es fundamental que las poblaciones vulnerables en movimiento, incluidas las personas refugiadas y migrantes, no se queden atrás en las respuestas de salud pública. La pandemia de COVID-19 muestra en términos inequívocos que la cobertura sanitaria universal nunca ha sido tan importante”, explicó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. “Globalmente, el desplazamiento forzoso se encuentra en niveles sin precedentes, por lo tanto, necesitamos una mayor inclusión y apoyo para las personas refugiadas en el mundo y las comunidades que las acogen”.

Según los últimos datos de ACNUR, el desplazamiento forzoso en el mundo superó la marca de los 80 millones de personas a mediados de 2020, más de 50 millones de las cuales son personas desplazadas dentro de las fronteras de sus países. 

«el desplazamiento forzoso en el mundo superó la marca de los 80 millones de personas a mediados de 2020, más de 50 millones de las cuales son personas desplazadas dentro de las fronteras de sus países»

Más de 3000 migrantes han muerto durante el 2020, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones. El número de fallecidos en todo el mundo es menor que en otros años, por las restricciones de movimiento de la pandemia.

Sin embargo, han muerto más venezolanos en Sudamérica y más personas que intentaban llegar a las islas Canarias en España, describe ese organismo.

La Organización Internacional para las Migraciones pide rutas seguras y legales para los migrantes y que se les dé cobertura de salud ante el COVID-19.

«Para ser honesto, lo que encuentro intolerable en esta crisis actual, es que, aunque se les deja atrás, los migrantes han estado en primera línea de la respuesta a la pandemia, asumiendo riesgos por el bienestar de todos», asegura dijo el director Antonio Vitorino.

Vitorio también confirma que esto ha pasado en muchos sectores, no solo la salud, sino la alimentación, el comercio, la investigación, el cuidado, «lo que sea”.

 Por su parte la Organización Mundial de la Salud ha dicho que firmó acuerdos con los productores de las vacunas para garantizar 2.000 millones de biológicos contra COVID-19.

Estos se distribuirán en los países participantes en la iniciativa internacional COVAX y no descartan que parte impirtante de esas vacunas sean para migrantes.

Pero, no ha especificado cuantas y en dónde.

Entre los acuerdos está uno con AstraZeneca Oxford para obtener 170 millones de dosis y otro con Johnson & Johnson para 500 millones de dosis. 

El organismo ha oficializado que su objetivo es comenzar a distribuir en el primer trimestre de 2021, pero va a depender de tres cosas.

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Casi 50 millones de niños están “desarraigados” en todo el mundo, la cifra es de UNICEF, organismo que es uno de los mayores distribuidores de vacunas del mundo.

Unicef tiene una tarea “gigantesca e histórica”. Tiene el reto de transportar 850 toneladas de vacunas al mes en 2021, entre ellas las de COVID-19.

«Esto es más del doble de la cantidad que UNICEF transporta actualmente”, explicó Henrietta Fore, la directora ejecutiva de UNICEF.

Además, la agencia además instalará 70.000 refrigeradores para las vacunas en países pobres y de ingresos medianos para finales de 2021.

Lo cierto es que las naciones deben entender que la crisis migratoria, toca de alguna manera a todos los países del mundo.

Por eso los migrantes no deben ser lo últimos en los planes de vacunación. ¡No deben ser los últimos en la cola!

Las dos organizaciones expusieron en un documento los retos y riesgos de los migrantes venezolanos, el informe recomienda a ONG de la Iglesia Católica, a Naciones Unidas y a otras instancias nacionales e internacionales, juntos promover el desarrollo integral de las personas refugiadas y migrantes.

En un informe titulado Pies para que los tengo, de la Red Clamor y el Consejo Episcopal Lationamericano (Celam), junto al apoyo de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), se expusieron los restos y riesgos de los migrantes venezolanos.

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“Superemos la barrera de la indiferencia, creemos conciencia sobre el valioso aporte que las personas refugiadas y migrantes venezolanas hacen al país que las acoge”, expresó el arzobispo Gustavo Rodríguez.

“En el marco de la III Jornada Mundial de los Pobres, esta publicación nos recuerda la importancia del valor de la compasión y la solidaridad hacia las personas que han tenido que dejar su país en búsqueda de una vida digna y segura.” Recalcó el Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano.

En el documento los más de 200 testimonios de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en diferentes países de América Latina, mencionan retos comunes como la xenofobia y la discriminación.

Obstáculos que hacen más difícil el acceso a derechos e integración social e inclusión laboral.

Según Acnur cerca de 4,7 millones de venezolanos abandonaron su país, principalmente debido a la calidad de vida que hay en Venezuela.

“Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales”, señaló la organización.

*Amparo cruzó la frontera por la trocha, a sus tres meses de embarazo debía elegir entre aguantar hambre y necesidades en Venezuela, o buscar mejores condiciones y acceso al servicio de salud en Colombia para que su hijo tuviera algo de dignidad al nacer y en sus primeros años. Eligio lo segundo.

Como ella son miles los venezolanos quienes, entre las múltiples razones para pasar al país vecino, eligen que su salud es condición para huir.  

Y es justamente a ellos que entidades en Colombia como PROFAMILIA enfocan proyectos que les permiten identificar las necesidades, desigualdades y expectativas en el acceso a los servicios de salud de la población migrante y refugiada venezolana.

Profamilia es una  organización privada sin ánimo de lucro que promueve el respeto y el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Colombia.

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A finales de 2019 y comienzos de 2020 decidió iniciar una investigación para de generar evidencia y mejorar la respuesta del sistema de salud a nivel local de las condiciones de salud de los migrantes venezolanos. Los resultados del estudio se presentaron recientemente.

Encontró que evidentemente hay desigualdades marcadas en el uso de servicios de salud y las necesidades en salud de la población migrante y refugiada en Colombia.

Pero, además identificó las oportunidades para innovar en la adaptación de servicios de salud equitativos que lleguen a las personas migrantes y refugiadas más vulnerables dentro de la emergencia humanitaria.

Y con ello busca incidir en las oportunidades para innovar en la adaptación de servicios de salud equitativos que lleguen a los migrantes y refugiados venezolanos.

Aunque el sistema de salud colombiano se ha propuesto asegurar la atención en salud básica para la población migrante y refugiada.

En la práctica aún existen múltiples dificultades que tienen que ver con el complejo funcionamiento del sistema de salud, la falta de apropiación del marco legal en salud para atender a la población migrante y refugiada, los altos flujos migratorios que afectan áreas geográficas con altas necesidades insatisfechas y la exclusión social.

“La migración es un determinante estructural y tiene un impacto diferencial en la salud a lo largo de la vida de las personas, la necesidad en evaluar el uso de servicios de salud y la oportunidad de aprovechar la información disponible sobre la salud de migrantes y refugiados; constituyen tres de las razones que motivaron la realización de esta investigación”, asegura Marta Royo Directora Ejecutiva Profamilia.

Una investigación que se concentró en el análisis de la salud sexual y reproductiva, salud materna, salud infantil y adolescente, enfermedades transmisibles y no transmisibles, violencia contra las mujeres y salud mental.

El área geográfica analizada fue: Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Riohacha y Santa Marta.

En 2019, aproximadamente 372.835 migrantes y refugiados venezolanos accedieron a servicios de salud en toda Colombia, lo cual representa un incremento del 46% con respecto a 2018 (203.771).

“Los resultados de esta investigación tienen el propósito de apoyar la migración segura, efectiva y libre de discriminación dentro de la respuesta humanitaria, al tiempo que hace un llamado por mejorar la cobertura en salud de las comunidades de acogida”, dice Marta Royo.

Estamos en un momento crítico de la respuesta humanitaria y no puede haber ninguna complacencia con prejuicios, discriminación y xenofobia en los servicios de atención en salud.

Esto solo se logra eliminando barreras administrativas y logrando un impacto diferencial para mejorar la vida de las personas migrantes y refugiadas que llegan en busca de salud a Colombia.

En el contexto la población migrante y refugiada venezolana llega a Colombia con necesidades insatisfechas en salud.

Todos  presentan mayores riesgos en su salud, dada la discriminación, la falta de información, las dificultades y la falta de acceso a servicios de atención primaria.

Los resultados permitieron identificar las necesidades más urgentes en el acceso a métodos anticonceptivos, prevención del embarazo adolescente, prevención y manejo de violencias de género y educación integral para la sexualidad en situaciones humanitarias.

Así mismo, la investigación contribuyó a entender las barreras en el uso de servicios por parte de las personas migrantes.

Y evaluar en el uso de servicios de salud en otros diagnósticos por parte de la población migrante y refugiada.

Así como las necesidades en salud materna, infantil y adolescente, enfermedades transmisibles y no transmisibles, violencia contra las mujeres y salud mental, más urgentes.

Entre 2017 y 2019 del número total de migrantes venezolanos regulares el 21,94% se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de los cuales el 66,4% están afiliados al régimen contributivo y el 33,9% al régimen subsidiado.

De los migrantes es relevante destacar cinco eventos que requieren atención:

Además, es urgente prestar servicios de salud para las niñas, adolescentes, personas trans, personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores y mujeres víctimas violencia de género y sin regularizar su estatus migratorio.

Así como pensar en los más de 300 indígenas Yukpa que no son reconocidos como ciudadanos binacionales, tienen barreras de lenguaje y son especialmente vulnerables a la pobreza extrema en las ciudades fronterizas.

Además de otros grupos vulnerables dentro de la migración.

Parte de la investigación de Profamilia se fundamentó en conocer qué dicen los migrantes del servicio de salud en Colombia.

Testimoniales que compartimos a continuación, resumen su percepción:

“Aquí el que no tiene el PEP no lo atienden en salud, ahí te puedes quedar muriéndote, te mueres mientras no tengas. Incluso, los que tienen el PEP sino se está en el SISBEN, tampoco te atienden,”. Participante Barranquilla.

«Porque sí hay un tema de calidad humana en los sistemas de salud, no sé si es que se les cauterizan los sentimientos o han visto tantas cosas que pierden la sensibilidad, pero son unos maestros para manejar las normas, para manejar la letra chiquita de la ley y que no te atiendan ni afilien». Participante Santa Marta

“¿Ustedes conocen puntualmente cuáles son sus derechos frente al acceso de servicios de salud en Colombia? – No. – Bueno, los únicos derechos que ellos [los prestadores] dicen que por emergencia entra y si no es emergencia no entra» Participante Bogotá.

«[…] estábamos haciendo la cola para que nos atendieran porque estaba así con bastantes flemitas y nos dijeron: “— ¿Tiene PEP? — No. — Chao, adiós papá.” Compré un remedio… Y gracias a Dios se me mejoró» Participante Bogotá

“[…] no tenemos cómo hacernos un chequeo de mamografía, citología, si estamos enfermas, por ejemplo, yo, hace como un mes me enfermé y fui para el médico y no me aceptaron porque era venezolana, tenía que pagar la consulta”. Participante Barranquilla.

“Y eso es un trauma, entonces, si te lo ven [al niño], sí, pero como “no es nada grave señora, tiene que pagar $18.000, la pura consulta, más los medicamentos que el niño requiera y si se queda hospitalizado es otra cantidad de plata. Y uno aquí que no tiene trabajo porque como uno no tiene papeles” Participante Barranquilla.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: durante la migración, las personas, particularmente las mujeres, experimentan acceso insuficiente e inequitativo a los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva.

Esto aumenta su vulnerabilidad y las expone a mayores riesgos de violencia sexual y de género, embarazos no deseados, embarazos tempranos (entre 10-14 años de edad), enfermedades de trasmisión sexual, abortos inseguros, morbilidad materna extrema, entre otros

ANTICONCEPCIÓN: durante la migración las mujeres enfrentan barreras en el acceso a los servicios de salud, y que en los lugares de paso y de llegada encuentran disponibilidad limitada de métodos anticonceptivos

SALUD MATERNA: las dinámicas de la migración, el acceso a atención prenatal, aborto, asistencia a partos calificados y atención obstétrica de emergencia pueden estar comprometidos o su atención continua puede ser negada.

Las demoras en la atención en salud, el trato no digno, la discriminación, el desconocimiento y la falta de apropiación de los lineamientos nacionales constituyen las barreras más comunes.

Pese a que las migrantes venezolanas tienen acceso a la atención del parto, enfrentan diversas situaciones que no garantizan una experiencia positiva.

Durante la migración el estrés, la ansiedad, los desplazamientos, los cambios en la alimentación, las dificultades para tener acceso a saneamiento básico, a los servicios de salud, el clima y los largos trayectos de un lugar a otro que enfrentan algunas de las personas migrantes y refugiadas tienen efectos negativos sobre la salud materna.

Las gestantes migrantes llegan al país en extrema vulnerabilidad y riesgo de sufrir alguna complicación relacionada con la enfermedad específica (eclampsia, pre eclampsia severa, sepsis o infección sistémica severa); con la disfunción orgánica (falla vascular, renal, hepática, metabólica, cerebral) y el manejo (necesidad de UCI, necesidad de trasfusión y necesidad de procedimiento quirúrgico de emergencia).

SALUD INFANTIL: durante la migración, aumentan los espacios de hacinamiento, los asentamientos en zonas periféricas sin condiciones adecuadas de habitabilidad y la asistencia a lugares con altos flujos de concentración como terminales de transporte, así como las condiciones insuficientes de higiene, saneamiento básico y acceso a agua potable para el lavado de manos, que aumentan el riesgo de infección respiratoria aguda y diarreica en niños.

Cáncer infantil: las niñas, niños y adolescentes migrantes que sufren de algún tipo cáncer son propensos a sufrir de trastornos adaptativos, de ansiedad o depresión, lo cual responde al doble impacto de tener una enfermedad y enfrentarse a una nueva realidad y cultura, resultado de la decisión de migrar.

En este sentido, las niñas, niños y adolescentes migrantes tienen una triple vulnerabilidad: ser menores de edad, ser migrantes y padecer algún tipo de cáncer

Salud adolescente: durante la migración, los adolescentes experimentan mayores tasas de depresión y síntomas de trastorno por estrés postraumático.

Sufren de abandono y omisión de cuidados que tiene la migración de los padres y madres sobre la salud de los niños y adolescentes que no migran y son más vulnerables a la explotación sexual.

El proceso migratorio y las condiciones laborales de la población migrante adolescente implican diferentes riesgos para su bienestar físico y mental los adolescentes migrantes están particularmente expuestos a diferentes tipos de violencia, enfermedades mentales, a la vez que presentan necesidades específicas en salud sexual y salud reproductiva.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: durante la migración, los factores de riesgo de transmisión del VIH/Sida pueden incrementarse debido a las dinámicas del desplazamiento y a las vulnerabilidades durante el tránsito y en las rutas migratorias.

Estas dinámicas ponen en mayor desventaja a mujeres y niñas migrantes, expuestas a la explotación sexual, que como resultado aumentan las probabilidades y riesgos de contraer infecciones como el VIH.

También son vulnerables a sufrir de hepatitis virales debido a la dificultad de acceso a servicios públicos (agua potable, acueducto y alcantarillado), la alta probabilidad de consumir alimentos sin higiene y prácticas de manejo saludables.  

Tras la emergencia humanitaria, la población migrante venezolana también se encuentra en un alto riesgo de contraer malaria.

ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES: las poblaciones en contextos de migración forzada tienen más riesgo de desarrollar enfermedades del sistema circulatorio, tales como enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares debido a los cambios en sus hábitos de vida.

Como es probable que los migrantes cambien su estilo de vida, hagan menos actividad física y consuman menos alimentos saludables.

También están más expuestos a los factores de riesgo de las enfermedades crónicas haciéndola propensa a padecer desordenes y enfermedades como la diabetes.

El cáncer en mujeres migrantes tiene más probabilidades de ser diagnosticado en una etapa avanzada.

Y se puede suponer que, teniendo en cuenta las dificultades de las mujeres migrantes para acceder a servicios y productos de salud sexual y reproductiva, las personas se encuentran en un alto riesgo de contraer VPH.

A esto se le debe sumar las complicaciones que usualmente tienen las mujeres migrantes para acceder a servicios ginecológicos y a exámenes de diagnóstico que permitan identificar de manera oportuna este tipo de cáncer.

Los hombres migrantes venezolanos pueden estar expuestos a desarrollar cáncer de próstata producto de las dificultades para llevar estilos de vida saludables que les permita prevenir esta situación.

En relación con la violencia contra las  mujeres en los contextos de migración, el factor que tienen las niñas y las mujeres de sufrir violencia sexual aumenta.

Esto debido a que se pueden ver enfrentadas a casos de trata de personas con fines comerciales, al trabajo sexual forzado, abusos laborales y de poder que se manifiestan en agresiones sexuales, entre otras.

A esto se le debe sumar la falta de acceso de las migrantes a servicios de salud, protección y de justicia que les garantice el restablecimiento de sus derechos ante casos de violencia sexual.

En contextos de migración, el riesgo de enfrentarse a violencia psicológica aumenta producto de la xenofobia, la discriminación, la separación familiar.

Además de las dificultades económicas, de alimentación y de vivienda, los problemas de adaptación, entre otros.

Principalmente, las mujeres se pueden ver enfrentadas a situaciones extremas de depresión y ansiedad.

SALUD MENTAL: las tasas de suicidio e intentos de suicidio se pueden incrementar durante el proceso de migración, debido a que está acompañado de situaciones de estrés y sufrimiento psíquico.

La preparación del viaje, el viaje, la separación de los grupos familiares, la búsqueda de asilo y la reinstalación pueden devenir en distintas circunstancias que pueden llevar a pensamientos suicidas, intentos de suicidio o el suicidio en sí.

Las personas migrantes son más vulnerables de sufrir un deterioro de su salud mental.

Debido ala separación familiar, las dificultades para cumplir sus expectativas y las múltiples barreras que enfrentan al satisfacer necesidades básicas y adaptarse a nuevos contextos.

La secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en conjunto con organizaciones de la sociedad civil venezolana establecidas en las Américas y el Caribe, publicaron este jueves un documento con algunas propuestas para atender la situación de los migrantes y refugiados venezolanos que se han visto afectados ante la pandemia por COVID-19.

El documento se gestó durante 13 reuniones sostenidas entre la Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos y la Coalición por Venezuela, conformada por 63 organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia a venezolanos en 23 países de la región.

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 “La situación de migrantes y refugiados venezolanos representa uno de los más grandes desafíos durante la pandemia por COVID-19, toda vez que ha supuesto el incremento de la dificultad para ejercicio pleno de sus derechos, tales como: acceso a la salud, a la educación, el derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo y la salvaguarda de los medios de vida”, expresa el documento.

En el texto se reconoce el esfuerzo realizado por los Estados miembros de la Organización, al igual que el desempeño de la sociedad civil organizada, al considerar que los recursos asignados por la comunidad internacional han sido insuficientes para “superar las dificultades e implementar políticas de atención idóneas que permitan a la población migrante venezolana integrarse de manera estable y segura a la dinámica social y económica de los países de acogida”.

El mensaje del documento se extiende a la opinión pública con la intención de ayudar a los Estados miembros a alcanzar soluciones comunes y pertinentes que mejoren las condiciones de los venezolanos en sus respectivos países de acogida a través de la colaboración necesaria con los diferentes sectores de la sociedad.

En línea con ese propósito, se indican recomendaciones y propuestas en los siguientes ámbitos:

El documento emite nueve recomendaciones en el área de la salud, cinco relacionadas con educación, nueve con empleo u otros medios de vida, seis con relación a la seguridad alimentaria, otras seis relativas a la necesidad de protección y cuatro en el área de vivienda, todas enfocadas en mejorar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos.

Por otra parte, el documento señala los múltiples beneficios de la implementación de las propuestas para los países receptores, tales como un mejor desarrollo económico, la disminución de la violencia y el fortalecimiento del sistema sanitario para atender la emergencia de la pandemia.

El documento se encuentra disponible aquí