Importantes pronunciamientos hizo Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de las Naciones Unidas del gobierno interino, reclamando justicia para el concejal Fernando Albán.

Albán falleció en prisión en 2018 al caer de un décimo piso, por lo que condenaron a cinco años y diez meses de prisión dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El comisionado Pizarro afirma que «Fernando Albán lo asesinó el régimen de Nicolás Maduro hace tres años».

«Hasta el día de hoy los familiares de Fernando no han tenido acceso a la justicia, derecho a la reparación y tampoco han recibido respuesta sobre su petición de exhumación».

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Pizarro recordó que «tanto la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas, como distintos organismos internacionales, han hecho hincapié en que existen motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en el asesinato del concejal».

«Exigimos justicia», en el caso Albán, quien murió el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Sebin en Caracas.

Allí permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con drones, contra Nicolás Maduro.

El comisionado para la Organización de las Naciones Unidos, Miguel Pizarro, aprovechó que se va a celebrar la 76° Asamblea General de la ONU, para alertar sobre la grave crisis que vive Venezuela.

Aprovechó, para visibilizar las cifras que evidencian la emergencia humanitaria y violación sistemática de derechos humanos en el país.

Pizarro, estableció que de acuerdo a cifras de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU que la emergencia humanitaria actualmente afecta a 7 millones de venezolanos.

Añadió que actualmente “6 millones de venezolanos son migrantes y/o refugiados. Una realidad que impacta a toda la región y que es la segunda más importante del mundo, después de Siria”.

Recordó que de acuerdo a cifras del Programa Mundial de Alimentos, 9.3 millones de venezolanos padecen de inseguridad alimentaria moderada a severa. Lo cual ratifica el reporte mundial de Human Rights Watch (HRW) que refiere que 1 de cada 3 venezolanos necesita asistencia alimentaria. A ellos se suma el impacto de la pandemia.

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“Hasta ahora Venezuela, un país de 30 millones de habitantes, ha recibido solo 3.2 millones de vacunas contra el COVID-19. De esa cantidad, solo se conoce el destino del 40% de las inmunizaciones. Consecuencia de la opacidad con la que el régimen de Maduro administra las dosis y la ausencia de un plan público de vacunación que responda a criterios científicos”, alertó Miguel Pizarro.

El comisionado de la ONU denunció que solo 98 mil trabajadores de la salud están vacunados de acuerdo a cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

También alertó sobre el fallecimiento de 692 profesionales de la salud, de acuerdo a las estadísticas de la organización Médicos Unidos de Venezuela, a consecuencia del COVID-19.

“La primera línea de acción frente a la pandemia permanece vulnerable”, afirmó.

Añadió que el 89% de los laboratorios públicos de Venezuela están cerrados, forzando a los venezolanos a acudir a centros privados de salud bajo una dolarización de facto y una economía muy deprimida.

Así mismo, tras la suspensión del programa nacional de trasplantes por parte del régimen de Maduro, 960 intervenciones dejaron de efectuarse, 150 de ellas afectando directamente a niños y adolescentes, algunos de ellos quienes ya han fallecido, como Niurka Camacho, de 15 años.

Dentro de estos indicadores, UNICEF alertó que 7.9 millones de estudiantes venezolanos se han visto afectados por el cierre de escuelas producto de la pandemia. Adicionalmente, los casos de depresión ascendieron a 4.2%.

En cuanto a la escasez de medicamentos para este padecimiento se disparó a 64,4%. Por su parte, la escasez de medicación para el tratamiento de condiciones como diabetes e hipertensión supera el 40%. Esto mantiene los venezolanos en alto riesgo.

“Venezuela está en crisis y los venezolanos están indefensos ante los abusos y violaciones sistemáticas de derechos humanos”, señaló el exparlamentario.

Insistió que en Venezuela se violan los derechos humanos, y alertó que hay imposibilidad de acceder a la justicia y al respeto de sus libertades.

Por eso pidió a la comunidad internacional continuar con la presión para encontrar una solución a la crisis que vive Venezuela.

“Hemos logrado grandes avances como la investigación de la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU”, concluyó Pizarro.

El informe de la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, ha generado reacciones a favor y en contra. A favor, lógicamente desde el punto de vista de la oposición y en contra, del titular del Ministerio Público, uno de los principales señalados como responsables de las violaciones de DD.HH. en Venezuela.

El dirigente opositor, Miguel Pizarro, por ejemplo, señala que «este nuevo informe no solo reafirma la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela». Todo «a pesar de las recomendaciones y denuncias realizadas por organismos internacionales».

Agrega que «también evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de Derechos Humanos». Y agrega que «en Venezuela no hay posibilidad de justicia bajo el sistema ordinario».

Para Pizarro, «queda demostrado que el Ministerio Público y los tribunales han negado la reparación, la verdad y la justicia a las víctimas. El Estado venezolano no castiga las violaciones de DD.HH. y no está en disposición de hacerlo”.

Al dirigente, lo que más le llama la atención del informe es «la ausencia de investigaciones y juicios a funcionarios de alto nivel». El escrito «revela que solo los perpetradores de menor rango enfrentan un proceso penal», lo que empeora con que «las investigaciones del sistema judicial venezolano hacen caso omiso a las investigaciones más arriba en la cadena de mando».

“El informe además reafirma algo que hemos venido denunciado desde hace meses. En las instalaciones del SEBIN y la DGCIM continúan ingresando y torturando a todo aquel que denuncie y se oponga al régimen», remarcó.

Para finalizar, Pizarro dijo que «es importante continuar documentando los casos de violación de derechos humanos. Todo ello permitirá hacer justicia e iniciar un proceso de reparación de las víctimas».

Entre tanto, el fiscal de Nicolás Maduro, rechazó de plano el informe y asegura que sí hay funcionarios de organismos de seguridad y fiscales investigados.

Saab desestimó el escrito, porque procede de “una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolano. Los fiscales afrontamos a diario el asedio y exponemos nuestra integridad por mostrar cómo se deben hacer las cosas”, sostuvo.

«Rechazamos el informe de la mencionada comisión que mancilla la imagen de nuestros funcionarios. A pesar de la pandemia seguiremos trabajando día a día en pro de los derechos humanos», afirmó.

«Frente a ello debe actuar el MP, al igual que se actúa contra aquellos que atentan contra los derechos humanos supuestamente amparados por una credencial», agregó.

Aseguró que «en Venezuela tenemos a más de 150 agentes del Estado procesados por presuntas violaciones de derechos humanos».

«Todo lo que hemos hecho nosotros para imponer acciones judiciales oportunas ante violaciones de DD.HH. revela la necesidad de justicia de esta institución. Dudo que en los países del Grupo de Lima puedan decir lo mismo», insistió.

«¿Qué esperaban?, ¿Qué no se actuara? ¿Cómo se puede llamar a las personas detenidas por esos hechos? ¿Son personas pacíficas? ¿Qué se puede decir sobre los grupos armados en Altamira? ¿Cómo se les llaman?, ¿Agentes de la libertad? No nos parece», lamentó.

Aprovechó para anunciar, «en el marco de agilización e impulso procesal de las causas que son investigadas como presuntas violaciones a los derechos humanos, la creación inmediata de la Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de Derechos Humanos”.

La oposición denunció que niños y mujeres indígenas son obligados a realizar trabajos forzados en el Arco Minero del Orinoco.

«Hoy, Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, quisiéramos creer que este tipo de crímenes quedo atrás y no es así. En el sur del país, en el Arco Minero, obligan a niños y mujeres a trabajar a cambio de protección. Allí, grupos paramilitares y militares han tomado el control», denunció por el exdiputado opositor Miguel Pizarro.

Pizarro aseguró que «la gran mayoría de las víctimas del trabajo forzado son los niños y mujeres de la comunidad indígena». Ellos «han sido abandonados y se ven obligados a sobrevivir con estos grupos criminales en sus zonas sagradas».

En julio del año pasado, la oficina de la alta comisionada para los DD.HH. Michelle Bachelet, publicó un informe que denunció las malas condiciones de los trabajadores en esa zona. Aseguraba que están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.

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Destaca que los mineros de la zona «están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral. también a altos niveles de violencia» por parte de grupos criminales, reseñó la agencia Efe.

«Las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», subrayó Bachelet.

Ante esta situación, el documento urge a investigar los abusos en la zona y poner coto a la corrupción y actividades ilegales que se desarrollan en el Arco Minero del Orinoco.

Hoy, #DiaMundialContraLaEsclavitudInfantil, quisiéramos creer que este tipo de crímenes quedo atrás y no es así. En el sur del país, en el Arco Minero, donde grupos paramilitares y militares han tomado el control y obligan a niños y mujeres a trabajar a cambio de protección.

El dirigente opositor Miguel Pizarro, aseguró que Venezuela tener acceso a 12 millones de dosis de vacunas del mecanismo Covax. «Es decir 6 millones de personas vacunadas en el primer esfuerzo de ese mecanismo para llegar a 20% de la población”.

Pizarro hizo la afirmación este martes, durante una intervención en la Comisión Delegada de la AN de Juan Guaidó. Advirtió que Venezuela «tiene en la vacuna contra la COVID-19 un asunto de vida o muerte».

Por ello, dijo que el equipo de Guaidó trabaja «en lograr armar un plan de vacunación guiado por los principios humanitarios. La idea es buscar los recursos para que bajo el mecanismo de COVAX», afirmó.

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Indicó que para que este mecanismo funcione, hace falta un plan diseñado por la OPS y OMS, en conjunto con el mundo de la medicina. Igualmente, requiere un monitoreo robusto por parte de la sociedad civil, la iglesia y actores sociales.

Pizarro aseguró que están en la disposición de garantizar un mecanismo certero y así evitar una tragedia mayor. Por lo tanto, insistió que Venezuela sea parte del mecanismo COVAX. «Es un mecanismo neutral liderado por agencias como la Unicef y OPS para la procura de un plan que cada día se vuelve más importante».

Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional y Comisionado para la ONU, anunció la llegada a Venezuela de 32 toneladas de suministros médicos.

A través de su cuenta en Twitter, dijo que el cargamento de suministro es para combatir la crisis en el sector salud. Explicó que entre los rubros destacan suplementos nutricionales e insumos para enfrentar la COVID-19.

Destacó que los «insumos son para los venezolanos, con el fin de subsanar la precariedad del sistema de salud. Es imprescindible que su distribución sea de acuerdo a los principios humanitarios», argumentó Pizarro.

Asimismo, dijo que «los insumos llegan producto del esfuerzo de la Comunidad Internacional. Las agencias de Naciones Unidas que se encuentran en el terreno las administran y distribuyen. Ellas cumplen la labor de que la asistencia llegue a la población más vulnerable», aseveró.

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Expresó «agradecimiento a la comunidad internacional por este esfuerzo”.

Asimismo, publicó un comunicado donde resalta que «estos insumos son para ayudar a salvar la vida de los venezolanos».

Remarca que son para «subsanar la precariedad del sistema de salud. La ayuda humanitaria es en apoyo al país. Llega a Venezuela producto de la solidaridad de gobiernos y organismos multilaterales”, dijo.

Los insumos que han llegado al país producto del esfuerzo de la Comunidad Internacional son administrados y distribuidos por las agencias de Naciones Unidas que se encuentran en el terreno, las cuales cumplen la labor de que la asistencia llegue a la población más vulnerable.

Miguel Pizarro comisionado para la Organización de Naciones Unidas, aplaudió la resolución de la ONU que condena los crímenes del régimen. El parlamentario destacó que la resolución permite que se investiguen estos hechos, con más profundidad.

Dijo que la prórroga de los mandatos de «la ACNUDH y la Misión de Determinación es un mensaje de comprensión sobre lo que pasa en Venezuela».

Destacó como «59 países patrocinaron esta resolución. Todos «manifestaron su preocupación por la situación de DD.HH. en Venezuela».

A su juicio, se debe destacar que «esta resolución transciende diferencias políticas e ideológicas». Además, «prorroga un mandato que permite hacer un seguimiento y una investigación más profunda de los crímenes cometidos». Pero, no solo eso, sino que aseguró que estos crímenes «siguen ocurriendo en nuestro país”.

“Esta resolución permite dar un paso más en la dirección correcta para conseguir justicia», afirmó Pizarro. A su juicio, sirve «para demostrar que las víctimas tienen la razón en todas sus denuncias».

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Recalca que «la relatoría de los hechos vale la pena en este camino». Asimismo, dijo que «este mandato representa la gran labor de ONG, defensores de DD.HH., víctimas y familiares».

Ellos alzaron «la voz contra de la impunidad y van a seguir trabajando por la justicia y la libertad”, señaló el Comisionado.

Pizarro agradeció a la coalición de países que hicieron esto posible: “Gracias por reafirmar su compromiso con la defensa y la protección de los DD.HH. en Venezuela”.

La resolución fue propuesta por una coalición de países conformada por: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia y Brasil.

Se sumaron Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca y Ecuador.

También la suscribieron El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guyana y Honduras.

Se sumaron Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo y Japón.

Igualmente, recibió el apoyo de Macedonia del Norte, Malta, Marruecos, Micronesia, Mónaco, Montenegro, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay y Perú.

De igual forma apoyaron Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Rumania, Suecia, Suiza y Ucrania.

“Me llama terrorista y asesino quien tiene relatos de sangre y sufrimiento sobre sus hombros”, así de contundente fue la respuesta del diputado Miguel Pizarro a los señalamientos que le hizo Nicolás Maduro.

Durante una alocución por la estatal VTV, Maduro culpó a Pizarro y a Leopoldo López de ser “los responsables de la violación más grande de derechos humanos en Caracas”.

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Esta declaración la hizo el jefe del PSUV en referencia a las protestas contra el régimen en 2017.

Estas protestas fueron impulsada por la oposición que en aquel momento encabezaba Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional.

Para el momento, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 6.729 protestas desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2017.

Durante esas manifestaciones fallecieron 163 personas.

“Miguel Pizarro se encargó de dar el material a las personas del este de Caracas, en las redes sociales están los videos; de como se vio cuando Neomar Lander se mató”, dijo Maduro al recibir el informe titulado “La Verdad de Venezuela”. 

Ante estas declaraciones, Pizarro dijo que el régimen podrá mentir las veces que quiera, “pero los perseguirá siempre la voz de asesinados y torturados”.

Recordó en su cuenta en Twitter que “los crímenes que han cometido no prescriben”.

“Deshonran e insultan la memoria de cientos de venezolanos caídos”.

Me llama terrorista y asesino quien tiene relatos de sangre y sufrimiento sobre sus hombros. Deshonran e insultan la memoria de cientos de venezolanos caídos. Podrán mentir, pero los perseguirá siempre la voz de asesinados y torturados. Los crímenes que han cometido no prescriben

En la tarde de este jueves, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a los opositores Miguel Pizarro y Leopoldo López de violar DD.HH en Venezuela.

Durante un acto de entrega del “Informe de la Verdad” en respuesta al informe de la comisión de la ONU.

Destacó que desde el régimen han trabajado por prevalecer los DD.HH. en el país.

En ese sentido, dijo que en el 2014, en Venezuela se apegaron a la Constitución cuando hubo la “revolución de colores”.

Y, tildó al líder de Voluntad Popular Leopoldo López, de psicópata.

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Asimismo, cuestionó a las autoridades que estaban en ese momento en la Fiscalía General.

“No le sumaron un conjunto de otros delitos públicos y notorios que incursionó y que cometió este psicópata de la derecha venezolana”, aseveró.

Además, recalcó que en Venezuela la oposición está en manos de sectores extremistas violentos que han ensayado todas las formas de violencia y han llevado al país a las puertas de una guerra civil por lo menos en dos oportunidades.

Recordó que «en el 2014 quisieron justificar un Golpe de Estado promoviendo acciones de calles de forma terrorista».

Asimismo, mencionó que «la oposición ha convocado a dos ‘guarimbas’ en 2014 y en 2017 para atacar al pueblo».

Por otra parte, Nicolás Maduro acusó al comisionado para la ONU, Miguel Pizarro de comer “la violación más grande de DD.HH. en el este de Caracas”.

«Miguel Pizarro estuvo al frente de los grupos que promovieron la violación más grande de los DDHH en esos lados por Chacao en 2017», aseveró.

Asimismo dijo que se encargó de dar el material a las personas del este de Caracas, en las redes sociales están los videos.

Nicolás Maduro hizo referencia a la muerte de Neomar Lander, “hay videos de lo que ocurrió debajo del puente en la avenida Libertador”, dijo.

“Hemos tenido una oposición en manos de grupos terroristas que han llevado a Venezuela a la violencia en varias oportunidades”, recalcó Maduro.

Para Miguel Pizarro, la contundencia del informe de la ONU sobre Venezuela es total. Lo que diferencia este documentos de otros emitidos por la organización es que establece responsabilidades directas en los crímenes cometidos por el régimen, desde el 2014. Se refirió expresamente a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Néstor Reverol, quienes ordenaron que se cometieran esos delitos.

“La afirmación de que hay indicios suficientes para presumir que Maduro, Reverol y Padrino, eran parte de todas las decisiones de allanamientos y desapariciones forzadas», dijo Pizarro, tras la publicación del informe de más de 400 páginas.

Agregó que ellos también estaban tras «las torturas e interrogatorios con tratos crueles e inhumanos que ordenaron». Esto, a su juicio, «abre la puerta a la investigación de tipo penal en los organismos internacionales y de justicia universal”.

Pizarro destacó igualmente que se trata «un procedimiento especial, independiente y que no está bajo la rectoría de la alta comisionada. Hay un grupo especial de investigadores».

Dijo que la semana que viene será la demostración más importante. Se conocerán las consideraciones de los estados miembros sobre el informe. Al respecto, explicó que se podrían plantear dos escenarios.

«Uno es que este informe va a ser motivo de un diálogo interactivo entre los expertos de la misión y los países miembros del Consejo de DD.HH. Y dos, la votación de la resolución que renueva los mandatos para que la misión pueda seguir su trabajo y profundizarlo”, explicó.

Pizarro destacó que, por sobre todo, el documento mantiene la constante de que en Venezuela «la violación de los Derechos Humanos es una política de Estado». Allí, la responsabilidad recae en Nicolás Maduro, el Ministro de Interior y  funcionarios de las FAES, OLP, DGCIM y Sebin.

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Pizarro explicó que «hay una orden denominada código 80 que es la luz verde para disparar a matar y asesinar. Esta es una luz verde que en el informe se narra como parte de la cadena de mando de las Faes y las acciones de la OLP».

Enfatizó que «esto quiere decir que el asesinato extrajudicial no es solamente un abuso individual del funcionario que está en el terreno del momento. No es un abuso del operativo. Es una parte de una de una estructura de la lógica del despliegue y de la cadena de mando”.

Para el comisionado resalta la recomendación a la Corte Penal Internacional, para que profundice su investigación. «Ante la ausencia de buena investigación de la CPI,  este tipo de investigaciones, pormenorizadas y detalladas, ayudan a sustanciar los expedientes. Hacen que la CPI se mueva”.

Resaltó además, la exhortación a que los países determinen «la responsabilidad penal y el enjuiciamiento de las personas señaladas en la cadena de mando y decisiones».

“Esto permite que vayamos más allá del tema diplomático o económico de las sanciones. Permite escalar y que las investigaciones y acusaciones tengan ahora un fundamento y una investigación penal y de delitos contra la humanidad”.

Por último Pizarro indicó que este informe grafica  el patrón y la conducta del Estado en los últimos años.»Hace una radiografía más clara del tipo de régimen que tiene el país  y cuáles son las herramientas que los mantienen en el poder».

“Maduro y el régimen en general, es una dictadura de nuevo tipo que apalanca su  poder en el uso de la represión. Abusa de las instituciones y organismos de seguridad», expresó.

También alertó que «no tenemos ninguna esperanza de que esas recomendaciones sean acatadas por Maduro. Tenemos muy claro que parte de las razones que nos llevan a luchar por el cambio político en Venezuela están sustentadas en esta violación de DD.HH. y en la emergencia humanitaria”.

RUEDA DE PRENSA – Declaraciones sobre la presentación del informe de la Misión de Determinación de los Hechos establecida por el Consejo de DDHHv https://t.co/FkLHl5DRWr

El diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, explicó las razones por las cuales se ha retrasado la entrega del bono de 100 dólares el personal de salud que prometió Juan Guaidó.

Dijo que los fondos comenzarán a implementarse a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esto «ha significado un retraso en el proceso».

Durante una entrevista con VPI TV, dijo: “Es la primera vez que vamos a tener la implementación directa de recursos. A diferencia de los mecanismos de agencias internacionales, este ha tenido un retraso, que si bien es injustificado para el beneficiario final, creo que nos da una tranquilidad en el proceso”, aclaró.

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Pizarro habló una plataforma que implica una billetera digital. En este sentido, aseguró que la transferencia y cada una de las etapas del proceso serán auditadas. Serán seleccionadas en conjunto con los mecanismos de la tesorería estadounidense.

“Eso, si bien nos pone ahorita a pasar aceite y a tener muchos reclamos de la opinión pública, es la única garantía que después de ejecutados los recursos no salga un tonto a decir que alguien se robó los reales; o que los recursos se otorgaron a personas que no eran médicos. Preferimos llevar golpe en opinión pública, pero garantizar 100% la transparencia del mecanismo”, afirmó.

El comisionado reconoció que al no dar estas explicaciones, desde la presidencia encargada, se presentan más críticas de los ciudadanos. “Hay problemas de pedagogía. Teniendo cómo explicarlo, teniendo cómo justificarlo, el no ponerle la cara a la explicación hace que haya más reclamos del que debería”, dijo.

El diputado Miguel Pizarro informó este martes que el apoyo monetario que se le está dando a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Federación Internacional de la Cruz Roja, tiene como objetivo prioritario la importación de equipos de protección.

Los insumos se distribuirán entre el personal de salud y administrativo, así como todos los que estén en primera línea contra la COVID-19, para evitar que sean el eslabón más débil en el contagio, explicó Pizarro en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de este martes.

La referida información forma parte del informe presentado por el parlamentario sobre los recursos aprobados para atender la crisis de la pandemia.

Pizarro explicó que parte del financiamiento también está destinado para poder aumentar la capacidad de detección del virus dentro de Venezuela, asimismo, descentralizar la realización de las pruebas PCR.

Igualmente, se espera ayudar a la OPS en la detección de laboratorios que estén aptos para llevar a cabo esas pruebas y pueda equiparlos. Esto con la finalidad de aumentar la capacidad de detección y aumentar la capacidad de respuesta ante el virus.

“Toda la implementación de una respuesta humanitaria debe estar en manos de las agencias internacionales y los organismos multilaterales, en este caso, en manos de la OPS y de la Federación Internacional de la Cruz Roja”, dijo Pizarro.

“Esto quiere decir que la distribución, el acopio, la implementación y el esquema de seguimiento estará dirigido por protocolos internacionales, estará enmarcado por los reglamentos internacionales, procedimientos y respuestas humanitarias, permitiendo con ello, construir las garantías de no politización, no interferencia y no revictimización de cara al acceso que el régimen de Nicolás Maduro debe dar a estos mecanismo de apoyo y a estas formas de respuesta”, señaló.

Indicó que la priorización de las instalaciones y los espacios geográficos hacia donde va la ayuda, estará determinada por los principios humanitarios, es decir, los estados donde haya más casos y a su vez mayor dificultad de condiciones serán las primeras regiones atendidas o beneficiadas y en ese orden sucesivamente, hasta que se atiendan los sitios en el país que tengan menor incidencia de la pandemia.

El comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, aseguró que la muerte de los siete mineros en Bolívar es producto de la política de explotación y violación absoluta de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Mediante su cuenta en la red social Twitter destacó que esto es parte de la actividad ilegal que reina en el sur del Orinoco a manos de la cúpula que lidera Maduro.

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Pizarro resaltó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó esta triste realidad que se vive en el Arco Minero. “Hoy alzamos la voz para que se haga justicia. Nuestra solidaridad con sus familiares”.

El martes, siete mineros (4 hombres y 3 mujeres) perdieron la vida tras caerles un alud de tierra en El Callao, estado Bolívar.

7 mineros, víctimas de la política de explotación y violación absoluta de los DDHH que reina en el sur del Orinoco a manos de este régimen. El ACNUDH documentó esta realidad y hoy alzamos la voz para que se haga justicia. Nuestra solidaridad con sus familiares. https://t.co/baAmwZXnka

El comisionado para la ONU, Miguel Pizarro, celebró este miércoles que, en el marco del 44° período de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se haya dado a conocer el horror que rodea el origen del llamado oro de sangre en Venezuela.

“En los dos informes presentados sobre Venezuela se han incorporado elementos nuevos, en una primera instancia el concepto de espacio democrático que se narra la persecución, el hostigamiento y las restricciones a los derechos civiles y políticos, las sentencias del TSJ designando ilegalmente un CNE y los ataques a los partidos políticos, y en esta segunda oportunidad, se hace mención a dos pilares fundamentales que son la independencia judicial y  acceso a justicia y el Arco Minero del Orinoco”, explicó Pizarro.

“En esta oportunidad, el informe no solo afirma, sino que demuestra la erosión del estado de derecho en Venezuela, la ausencia de independencia judicial, el inexistente acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humano, y la explotación de las riquezas nacionales para el beneficio de la corrupción, las masacres indígenas y el control del sur del país bajo grupos armados y criminales” señaló el también diputado de la Asamblea Nacional.

También remarcó que “el ACNUDH recibió información fidedigna en la que se denunciaba que las personas privadas de libertad por la Dgcim fueron sometidas a sesiones que involucraban una o varias formas de tratos crueles, se hacía referencia a palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales”.

Sobre la mención del Arco Minero del Orinoco, Pizarro aseguró que hasta este momento no se había discutido y ni siquiera narrado por el Sistema De Naciones Unidas lo que viene sucediendo en el sur de Venezuela.

“Gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del Arco Minero, está controlada por grupos delictivos organizados, son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas”, dijo.

El comisionado especial para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, aseguró este jueves que el informe presentado por la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, demuestran que al régimen lo siguen vigilando de cerca, a propósito de los detalles sobre las violaciones a los derechos fundamentales que dio a conocer la expresidenta de Chile.

«Hoy ha sido un día importante, fue el resultado de lo que se vio el año pasado con el primer informe y que Maduro intentó pasar por debajo de la mesa», dijo Pizarro, en relación con que el régimen no cumplió con el compromiso de dejar trabajar en Venezuela a los representantes del Alto Comisionado.

«Es una prueba que las instancias internacionales siguen visibilizando la crisis social, política y económica de Venezuela; en este caso con énfasis en la violación de DDHH que el régimen utiliza como arma política», agregó.

«Esto le ha generado al régimen un costo importante ante la Comunidad Internacional. Lo primero es que, en medio de una pandemia, Venezuela nuevamente está en el centro de la discusión», agregó.

Para Pizarro, las palabras de Bachelet dan «una nueva dimensión de gravedad y deja claro que Venezuela no será una crisis olvidada. La Alta Comisionada Michelle Bachelet hace unas afirmaciones que son importantes resaltar»

Resaltó cómo Bachelet está pendiente del sufrimiento de los venezolanos y de sus carencias. «Hoy en día la oficina de la Alta Comisionada afirma que el salario mínimo apenas llega a dos dólares para solo comprar poco más del 1% de la cesta básica», destacó.

Otro ejemplo de los detalles del informe sobre lo que pasa en Venezuela es que «la ONU no pudo precisar el paradero del diputado Gilbert Caro, detenido en enero. Un diputado desaparecido sería escándalo en España o Canadá», advirtió.

Por otra parte, anunció que en septiembre será difundido el informe de «verificación de hechos». Pero, aclaró que hasta el momento el régimen no ha permitido la primera visita de los relatores.

El Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, aseguró que aunque el pronóstico por la pandemia era la disminución de los esfuerzos humanitarios, ocurrió todo lo contrario.

Mediante un vídeo difundido por Plan País destacó que los esfuerzos del gobierno legítimo presidido por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, han logrado visibilizar la crisis del país para que los donantes humanitarios se interesen y envíen ayuda a los más vulnerables.

Pizarro aclaró que las estructuras de la ayuda humanitaria no pasan por el Parlamento Nacional ni por los funcionarios, “para ello hay un equipo humanitario en Venezuela, nosotros no podemos ser actores humanitarios, estaríamos violando los principios humanitarios”.

También destacó que Estados Unidos y la Unión Europea son los principales donantes humanitarios que tiene Venezuela.

«Venezuela ha recolectado una importante cantidad de dinero en ayuda humanitaria pero sigue siendo insuficiente para los cinco millones de ciudadanos que han emigrado y requieren atención», confirmó el comisionado.

Destacó que aproximadamente son 9,2 millones de venezolanos quienes requieren atención hospitalaria y están en condición de vulnerabilidad en el país.

Concluyó que el país requiere de un cambio político si quiere salir de la crisis en la que se encuentra sumergida y aclaró que la ONU continuará sumando esfuerzos para combatir la vulnerabilidad en la que se encuentran muchos connacionales.

El diputado @Miguel_Pizarro asegura que la pandemia lejos de disminuir la Ayuda Humanitaria, ha permitido a ampliar la voz del Gobierno Legítimo que alerta sobre la necesidad de aumentar los recursos para atender la emergencia humanitaria en Venezuela.https://t.co/XMAMBUWJ4L pic.twitter.com/gJzwZRuTYH

El diputado Miguel Pizarro, Comisionado para la Organización de Naciones Unidas y Comisionado Especial para la Ayuda Humanitaria, fue el encargado de explicar las soluciones que el Gobierno Legítimo viene articulando en materia humanitaria, en la emisión de Plan País Presente En Vivo de esta semana.

“Evitar que un médico se contagie de COVID-19 o garantizar que un paciente contagiado – que sabe que el régimen destruyó el sistema de salud – reciba gracias a organizaciones internacionales el tratamiento para salvarse beneficia a los venezolanos, no a Maduro”. Así responde el Comisionado Pizarro a la preocupación de que el acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud pueda dar aire al régimen.

Según nota de prensa, Pizarro aseguró que lo que tenga en el centro al Ser Humano, al venezolano, y no fortalezca el control político y social o la corrupción del régimen, serán acciones que el Gobierno Legítimo estudiará y tratará a toda costa de ejecutar.

“Este acuerdo ha permitido garantizar mejor protección para los médicos y personal de la salud, tratamientos para los contagiados, descentralización de las pruebas, mayor rapidez en la detección y mejoramiento en las áreas de aislamiento para fortalecer el sistema de salud ante el COVID-19; pero garantizando que el régimen de Maduro no tocará ni administrará, ni dirigirá un solo céntimo de estos recursos de los venezolanos en cuentas en el exterior protegidos de la corrupción de la dictadura”, amplió el diputado.

El Comisionado además explicó que ningún organismo internacional se prestará para lavar la cara a la dictadura poniendo en riesgo su credibilidad y los programas de gran envergadura que desarrolla en el mundo y que dependen del fondo de donaciones. Por ello “esperamos que la respuesta humanitaria no solo permita salvar vidas de venezolanos, sino también romper la dinámica del control social que ha impuesto el régimen al que menos tiene”, señaló.

La OPS también ayudará a garantizar que el personal de salud que reciba el beneficio del programa “Héroes de la Salud” no sea perseguido por el régimen.

Sobre la Ayuda Humanitaria

A la par de estos recursos protegidos el Gobierno Legítimo ha logrado sensibilizar al mundo sobre la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país producto del robo indiscriminado de los recursos por parte del régimen.

“A pesar del intento de propaganda del régimen, la realidad es que Estados Unidos y Unión Europea son los primeros países en la carta humanitaria para Venezuela. “La gasolina que manda Irán no es un donativo, la estamos pagando con sobreprecio y sosteniendo el guiso de muchos aliados del régimen”, aclaró.

Asegura que la pandemia lejos de disminuir la ayuda humanitaria ha permitido, a través de los medios digitales, ampliar la voz del Gobierno Legítimo que alerta sobre la necesidad de aumentar los recursos para atender la emergencia humanitaria en Venezuela.

“Hace año y medio no se reconocía la emergencia humanitaria, no había una arquitectura humanitaria en terreno ni una respuesta multiagencias acorde a la necesidad de los venezolanos. Hoy hemos avanzado, pero la brecha entre la capacidad de financiamiento y la necesidad del pueblo venezolano es de 500%, lo que hace difícil percibir la intervención humanitaria”.

Gobierno de Emergencia Nacional

El Comisionado Miguel Pizarro explica que “somos después de Siria el segundo desplazamiento humano del mundo, con 5 millones 100 mil migrantes, pero la diferencia de financiamiento con ese país es de 10 a 1. A veces se oyen las cifras y pareciera que es un dineral y la verdad es que aunque es un montón de dinero no es suficiente para atender a los refugiados y migrantes, cuando 70% de ellos necesita acompañamiento y asistencia. Por ello seguimos luchando para que se le dé a este problema la dimensión real”.

Es imposible que la ayuda humanitaria se perciba cuando tienes 9.2 millones de venezolanos en situación vulnerable. “Hasta que no escales la ayuda – porque el régimen lo impide – y atiendas a la médula del riesgo vital, no podrás ver el impacto de lo que se está haciendo”.

Explica que para lograr salir de la emergencia humanitaria compleja requieres de un cambio político y de modelo económico que te permita atender y resolver las causas estructurales de la crisis.

“Venezuela podría en un período muy corto con un Gobierno de Emergencia Nacional tener capacidad logística y producción agropecuaria a la par de alimentos para atender a las familias más vulnerables, tener un programa de saneamiento de agua con intervenciones de gran envergadura en embalses para el agua potable, intervención en lo eléctrico con sistemas multilaterales, importación masiva de medicamentos y nutricionales”, señaló.

Por ello reiteró la importancia de continuar luchando por lograr la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional, más aún ante el avance represivo del régimen de Maduro con las últimas decisiones que ha tomado.

El Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, confirmó que el informe correspondiente al primer semestre de 2020 sobre la ayuda humanitaria recibida en Venezuela se actualizó y en él se detalla que más de 500 mil ciudadanos venezolanos han recibido algún tipo de apoyo.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter el funcionario destacó que hasta la fecha han recibido apoyo más de 675 mil personas en el país con el programa de ayuda humanitaria coordinado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La OCHA aclaró que implementa esquemas para continuar distribuyendo ayudas humanitarias dado que la escasez de combustible en Venezuela ha sido uno de sus mayores obstáculos para transportarlas y cumplir con su objetivo. Sin embargo, la institución explicó que tiene la responsabilidad de superar ese reto y continuar desarrollando su trabajo asistencial en este país.

El Comisionado detalló que el informe estima cuáles son las principales limitaciones de los actores humanitarios y describe que principalmente se relacionan con la precaria calidad y acceso a los servicios básicos, violencia organizada en algunas zonas del país y problemas de movilidad.

“Asimismo en el documento se plantea que niños, niñas y adolescentes de hogares vulnerables han vuelto a sufrir de desnutrición después de haber recibido tratamiento en ambulatorios o en los centros de atención”, destacó Pizarro este martes a través de su cuenta personal de Twitter.

«niños, niñas y adolescentes de hogares vulnerables han vuelto a sufrir de desnutrición después de haber recibido tratamiento en ambulatorios o en los centros de atención»

El representante ante la ONU informó de que la ayuda humanitaria benefició a más de 296 mil personas durante el primer trimestre de 2020 con 368 toneladas de medicamentos, insumos y equipos médicos en 14 estados del país. Pizarro agregó que 250.000 personas tuvieron acceso a agua potable.