Un grupo de familiares de militares detenidos por motivos políticos, en especial los de la Operación Gedeón, acudieron a la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas para entregar una carta dirigida a Laura Dogu, con la finalidad de que interceda por ellos.

“Estamos aquí para ver si le aprueban la amnistía. Nada de lo que se le acusa es real”, dijo Yajaira de Bello, madre del capitán Marcos Bello Corona, quien fue condenado a 30 años de cárcel por terrorismo y traición a la patria.

En la sede diplomática, los familiares entregaron una carta en la que denunciaron que, además de torturas, los presos militares han sufrido pérdida de peso, de entre 20 y 30 kilos.

Además, piden que les sea concedida la amnistía.

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A continuación publicamos la carta completa:

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La dirigente opositora, María Corina Machado, denunció la situación en que se encuentran los militares presos por motivos políticos.

“Hoy hay 179 presos políticos militares en Venezuela. El régimen se ha ensañado con ellos por años, los ha desaparecido, los ha torturado, humillado a sus familias”, dijo Machado en su cuenta en X.

Lo hizo en referencia a los reclamos que los familiares de estos presos han hecho en las últimas semanas, debido a que además de los maltratos les han negado la amnistía.

“En los últimos días, incluso les han reducido sus porciones de alimento en las cárceles”, remarcó Machado.

Comentó que “muchos de ellos son de los mejores oficiales en sus respectivas promociones. Sus compañeros presionan porque excarcelan a civiles y no a los militares”, destacó.

Finalmente, la dirigente afirmó que “no descansaremos hasta que cada ciudadano militar preso por razones políticas sea liberado. Libertad para TODOS, civiles y militares”.

El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional, anunció la excarcelación de 31 militares presos.

“Nos satisface anunciar que, con el noble objetivo de contribuir a la paz y el reencuentro nacional, el día de ayer, 27 de febrero, el Sistema de Justicia Militar de la FANB, acordó otorgar medidas alternativas a 31 efectivos militares procesados, que ya se encuentran en libertad”, publicó Arreaza en su cuenta en X.

La cifra casi cuadriplica la anunciada por la ONG Foro Penal, que dijo que este 27 de febrero habían sido excarcelados 8 militares presos por motivos políticos.

A través de su cuenta en X, el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó este viernes por la noche la excarcelación de por lo menos 8 militares presos.

“#27feb 8:00 pm., al menos 8 militares presos políticos han sido excarcelados el día de hoy”, publicó Romero en el post.

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#27feb 8:00 pm. Al menos 8 militares presos políticos han sido excarcelados el día de hoy.

Antes que Romero, el otro integrante de la ONG, Gonzalo Himiob, informaba que se estaban  registrando excarcelaciones de militares en distintos estados del país.

“Se están produciendo en varios estados del país excarcelaciones de militares. Aún no está claro si estas excarcelaciones están vinculadas a la Ley de Amnistía o son revisiones de las medidas privativas de libertad (medidas cautelares)”, escribió en su cuenta en X.

#27Feb 7:15 p.m. Se están produciendo en varios estados del país excarcelaciones de militares. Aún no está claro si estas excarcelaciones están vinculadas a la Ley de Amnistía o son revisiones de las medidas privativas de libertad (medidas cautelares).

Entre los excarcelados figuran el teniente de corbeta de la Armada Jesús Molina Sifontes, el soldado Eduin José Peña Peña, Régulo Reina y Ángel González.

Luego de más de seis meses sin saber nada de ellos, este jueves los familiares de los militares presos, especialmente aquellos de la “Operación Gedeón”, pudieron verlos.

Son desgarradores los testimonios de las madres, hermanas y esposas de estos presos políticos, quienes informaron que solo les permitieron verlos por 20 minutos, de dos en dos, en un cuarto cerrado, pero no podían tocarlos.

Los familiares denunciaron que los militares están desnutridos, tienen la mirada perdida y están desorientados, además de que “tienen mucho miedo: Nos los están matando”, alertaron.

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Un grupo de 27 efectivos castrenses presos en el Centro de Procesados y Penados Militares (Cepropemil) de Charallave, en el estado Mirada, se declaró en huelga de hambre frente a amenazas de reclusos civiles, denunció este martes una ONG.

«La protesta es una señal de auxilio porque sienten que corren peligro» tras «amenazas» de presos comunes en demanda de mejores condiciones de reclusión, según una nota de prensa del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La huelga de hambre la comenzaron el lunes con la exigencia de una reunión con las autoridades del penal.

De acuerdo con el OVP, los 27 militares comparten este centro con ocho policías detenidos y 52 civiles. La ONG no precisa si están recluidos por delitos políticos.

Los presos comunes, que denuncian falta de agua, comida insuficiente y negación de tratamientos médicos, «amenazan con arremeter contra los militares y funcionarios policiales sino reciben respuestas inmediatas» ante esa situación.

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La esposa del sargento mayor de tercera Geomer Martínez, detenido por el caso Cotiza, explicó que la situación de inseguridad en el centro se acrecentó luego de que los detenidos protestaran para pedir atención médica para un policía detenido que se cayó de una cama litera.

Los custodios indicaron que los detenidos recibirían «una sorpresita» por haber protestado, según la esposa de Martínez, recogió el medio El Nacional.

Por otra parte, Dilienyi Escalona, hermana del sargento de segunda Édgar Jesús Díaz Cárdenas, otro de los funcionarios detenidos en Cepropemil, también hizo un video en el que hace responsable de la vida de su pariente y de los demás apresados a las autoridades del centro.

Escalona reveló que el pasado 17 de octubre ocurrió un motín en el que presos comunes trataron de agredir a los funcionarios detenidos y los amenazaron con un segundo motín.

Luego de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión el primer teniente del Ejército Nacional Bolivariano Eduardo Antonio Martos Hidalgo (37), y los civiles Pedro José Gómez Ávila (40) y Jorge Efrén Crespo Hernández (52) por el tráfico de 189 panelas de marihuana.

La droga fue incautada cuando transitaban, el 21 de agosto de 2019, por el municipio San Genaro de Boconoito del estado Portuguesa.

Por este caso fue condenada a 17 años de prisión el también primer teniente de ese componente militar y esposa de Martos Hidalgo, Ginet Graciela Gómez Ávila, luego de admitir su participación en ese hecho.

En horas de la mañana de ese día, funcionarios de un punto de control de la policía regional les llamó la atención que una camioneta Chevrolet, modelo Silverado, y otra Toyota, modelo Terios, pasaran a exceso de velocidad por el lugar, razón por la que optaron por perseguirlos en motocicletas.

Luego de darles alcance, los policías observaron que en uno de los vehículos viajaban los tenientes Martos Hidalgo y la mujer, mientras que en el otro estaban los otros hombres.

Durante el procedimiento, los efectivos castrenses se mostraron nerviosos, por lo que ambas camionetas y sus ocupantes fueron sometidos a una revisión, en la que se hallaron 189 panelas de marihuana ocultas en un enfriador que transportaban los tenientes, cuyo peso total de la droga arrojó 183 kilogramos.

Ante tales evidencias, las personas fueron detenidas y puestas a la orden del Ministerio Público.

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Durante el juicio, la Fiscalía 9ª del primer circuito de esa jurisdicción ratificó la acusación contra el militar como coautor en el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento, y asociación.

Igualmente, Gómez Ávila Crespo Hernández fueron condenados como cooperadores necesarios en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y asociación.

Tales tipos penales están previstos en las leyes orgánicas de Drogas y Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente, reseña una nota del MP.

Una vez evaluados los medios de prueba presentados por los fiscales del caso, el Tribunal 3° de Juicio de Guanare dictó la citada condena contra Martos Hidalgo, Gómez Ávila y Crespo Hernández, quienes permanecen recluidos en la sede de la comandancia general de la policía regional.

El tribunal militar primero de Caracas, condenó al general retirado del Ejército, Ángel Vivas, a siete años y seis meses de prisión por el delito de instigación a la rebelión.

La información la dio a conocer la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y la confirmó uno de sus abogados, Alonso Medina Roa.

Vivas está acusado, desde el 2014, por incitar a la violencia en las protestas contra Nicolás Maduro.

Kelvi Zambrano, otro de sus defensores, detalló que Vivas está detenido desde 2017 y se encuentra bajo libertad condicional desde 2018. Ese año Maduro ordenó la revisión de casos de 39 «actores políticos» encarcelados.

El tribunal resolvió absolver a Vivas por los cargos de traición a la patria y rebelión militar, de los que también estaba acusado.

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Vivas fue señalado por Maduro de «entrenar» a los que cruzaron cables en las barricadas levantadas en algunas calles durante las protestas de 2014, contra los que impactaron algunos motoristas.

El 23 de febrero de 2014, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se presentaron en la vivienda del militar retirado, ubicada en la urbanización Prados del Este, con una orden de detención sin firma o sello de un juzgado. El general Vivas dijo que no se entregaría, se atrincheró en su casa y se declaró como un civil en rebeldía contra las autoridades establecidas.

En abril de 2017, detuvieron al militar tras salir a auxiliar a una persona que chocó su vehículo contra el portón de su casa. Su familia denunció que esa fue una estrategia para aprehenderlo.

Durante varios días estuvo desaparecido, hasta que se supo que estaba en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Luego, el 1 de junio de 2018, excarcelaron a Vivas con medidas cautelares, debido a problemas de salud, como consecuencia de los tratos crueles que recibió en el Sebin.

Tenía fractura en la columna vertebral y una hiperplasia prostática que le ocasionaba dificultades al orinar.

«El tribunal consideró que el general Ángel Vivas fuese condenado por el delito de instigación a la rebelión y fuese por los delitos de traición a la patria y rebelión militar. Dejándole una pena de siete años y seis meses», detalló Zambrano.

Sin embargo, recordó que como «ya el general Vivas ha cumplido más de la mitad de esta condena», completará el resto de la sentencia -alrededor de dos años- bajo régimen de presentación en tribunales, cada 30 días.

«Denunciamos que en Venezuela, a partir del caso del general Vivas, se ha institucionalizado lo que se conoce como el derecho penal del enemigo que es que se le da un tratamiento a las personas como si fuesen un peligro para el país o unos enemigos del Estado», apuntó Zambrano, en entrevista con Efe.

La defensa recordó que en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Vivas y su familia medidas cautelares.

La CIDH consideró que «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo» a sus derechos en Venezuela.

Varios ONG sostiene que el Estado tiene un patrón de violación de los Derechos Humanos contra los militares presos por motivos políticos, entre ellos el retardo procesal y la nula atención a su salud.

Tribunal Militar Primero de Juicio, dicta sentencia condenatoria de 7 años y 6 meses, en contra del Gral Ángel Vivas Perdomo, por el delito de Instigación a la Rebelión y lo ABSUELVE por los delitos de Traición a la Patria y Rebelión Militar. pic.twitter.com/KpCXcM6M6Z

Los militares institucionales en Venezuela suman años siendo objetivo político. Sin embargo, desde 2014, las acciones contra los oficiales se han acentuado sin distingo de rango o componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por ello, las ONG Justicia Venezolana y Coalición por los DD.HH., denunciaron un «patrón» del Estado contra los militares que están presos por motivos políticos.

«Estos patrones, por parte del Estado, se han configurado en un ciclo de persecución política que culmina con la prisión del militar. Y, posteriormente al oficial se le violan sus derechos y garantías procesales», señala Justicia Venezolana.

La directora de la ONG, Lilia Camejo G. refiere que actualmente hay 252 militares procesados por motivos políticos. «De ellos 190 están privados de libertad. En la mayoría de los casos analizados, los castrenses sufrieron detenciones arbitrarias», expresó.

«Esto se evidencia porque la orden de aprehensión muestra una fecha que no corresponde con la real. Otra irregularidad que se repite es la desaparición forzada breve tras la detención». También se produce «la imputación del mismo grupo de delitos. Los más comunes son: traición a la patria y rebelión militar».

Camejo destaca que además es necesario denunciar que la justicia penal, en el caso de los militares, «usa las normas para aplicar castigos anticipados. La prisión preventiva es uno de ellos. Muchos oficiales tienen más de tres años en esta condición. Según el Código Orgánico Procesal Penal no debería sobrepasar los dos años».

La abogada exigió «la liberación de los presos políticos militares que permanecen en prisión injustamente. Se les han atribuido falsos delitos, sin pruebas ni fundamento».

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En la misma línea se manifestó la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Por ello, este lunes, la organización introdujo una solicitud de amparo constitucional a favor de tres presos políticos militares.

El abogado Kelvi Zambrano dijo que el amparo tiene el objetivo de que se «otorgue libertad plena a estos militares». Entre ellos figuran: el capitán de corbeta Carlos Gustavo Macsotay y el mayor Abraham Suárez.

Recordó que diversos organismos, entre ellos el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, se ha pronunciado sobre la situación.

La Coalición registra a al menos 120 militares presos de distintos componentes.

Recordó que, a principios de este mes, el Grupo de Trabajo de la ONU afirmó que los ocho militares implicados en la «Operación Armagedón», en el 2018, están «detenidos arbitrariamente». Y por ello solicitó su liberación, además del pago de una indemnización.

Sin embargo, permanecen presos, sus juicios se han suspendido en varias ocasiones. Sus familiares han denunciado la condición «inhumana» de su reclusión, además de torturas y la negación de atención médica adecuada.

Desde que Nicolás Maduro llegó al poder, en el 2013, era evidente que su mayor debilidad estaba en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Así lo aseguró la periodista Sebastiana Barráez, quien publicó una lista de los militares, de todos los componentes, a quienes la administración de Maduro, considera sus enemigos.

«La institución castrense no lo recibió como un líder, y aunque insistió con varios oficiales, finalmente aceptó a que Vladímir Padrino fuera su puente con la institución castrense», relata Barráez.

«Esto no ha impedido que haya militares presos por 24 causas conspirativas. Esto, según está plasmado en un informe de la organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPMV)», cita la comunicadora.

“Hemos procesado información de violaciones de derechos humanos en más de 100 casos ocurridos desde el 2014 al 2020. La tortura hacia ellos inicia desde el momento en que son detenidos, violando sus garantías procesales. Sus compañeros los señalan como ‘traidores a la patria’, sin haber pisado un tribunal».

Así lo relata Molly de La Sotta, esposa de uno de los militares presos, citando el informe de la FPPMV.

«Es a través de las torturas, con las manos esposadas hacia atrás, los ojos cubiertos por capuchas o una carpeta con cinta plástica, que les dan la ‘Bienvenida al infierno’. Un infierno que puede durar días, meses o años en sótanos y celdas infrahumanas donde muchas veces la luz del sol puede ser un privilegio”, agregó.

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Las 24 causas en las que los tribunales tienen presos a los militares, están divididas en varias «conspiraciones»: Operación Jericó (2014), Golpe Azul (2015), Movimiento Uno (2015).

A ellas su suman: «el Golpe Fénix (2015), Francotiradores – Raúl Baduel (2017), Escudo Zamorano (2017), Movimiento Espada de Dios (2017) y Operación Victoria (2017)».

Además, destacan: «la Operación David – Paramacay (2017), Operación Gedeón I- caso Oscar Pérez (2018) ty Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo (2018)».

También se encuentran «Paramacay II (2018), Causa Armagedón (2018), Causa Drones – Magnicidio frustrado (2018), Causa Sargentos de Cotiza (2019) y Operación Constitución (2019)».

Se añaden a estas causas: «la Operación Libertad (2019), Operación Vuelvan Caras (2019), Operación Aurora (2019) y la Causa gobernadora de Monagas (2019)».

Y, finalmente, resaltan «la Operación Europa (2020), Causa Puerta Morocha (2020), Operación Gedeón II (2020) y Operación Boicot (2020)».

El informe subraya que «todas esas causas están concentradas en 8 tribunales, 4 militares de control y 4 penales ordinarios con competencias en terrorismo».

Se trata de detenidos de la siguiente manera: «49 militares del Ejército, además de 6 de la Armada, 13 de la Aviación y 56 de la GN».

Igbert José Marín Chaparro, teniente coronel del Ejército, cumple martes dos semanas en huelga de hambre. La denuncia la hicieron las activistas por los Derechos Humanos, Delsa Solórzano y Tamara Suju.

A través de sus cuentas en Twitter, recordaron que Marín Chaparro tomó la media el 21 de diciembre pasado, para denunciar las torturas a las que someten a los militares presos.

También exigió la presencia de miembros de la oficina de la alta comisionada por los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet. Además, llamó la atención del Comité de la Cruz Roja Internacional, del encargado de negocios de la Unión Europea en Venezuela y del nuncio apostólico del Vaticano.

En una carta publicada en diciembre, el militar pidió estas visitas «para que verifiquen in situ los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales somos sometidos a diario y yo, particularmente, por dos años consecutivos”.

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“Solicito la eliminación de la Casa de los sueños como depósito de seres humanos y centro de torturas y violaciones a los derechos fundamentales”, agregó. Al teniente lo sentenciaron a siete años y medio de prisión.

Y entre otras exigencias, pidió la reanudación de la mesa de negociación en México entre Nicolás Maduro y la oposición.

En este sentido, exigió que se incorpore a ese proceso una delegación de expresos políticos.

Delsa Solórzano, denunció que ninguna de las exigencias del preso político se han cumplido. Destacó que no ha recibido la visita de algún representante de los organismos mencionados.

#3Ene ? Tamara Suju (@TAMARA_SUJU), informó que el Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro, cumple 14 días en huelga de hambre, clama por el cese de la "tortura y tratos crueles", el preso político se encuentra recluido en el piso 3 de la DGCIM.Vía @Dayanakrays @ImpactoVE pic.twitter.com/yWa4eWFloQ

La ONG Justicia Venezolana denunció este miércoles que en el país hay 252 militares procesados por razones políticas en el país, de los cuales 180 están detenidos. La situación de estas personas es tan precaria que este 21 de diciembre, uno de ellos se declaró en huelga de hambre.

A través de su cuenta en Twitter, la organización señala que de esos uniformados presos 72 son de la Guardia Nacional Bolivariana, 40 del Ejército, 11 de la Armada, 10 de la Aviación. Mientras que de otros 47 no se tiene información.

De los militares detenidos, 32 padecen de diversas patologías y no reciben atención médica.

De hecho, Igbert José Marín Chaparro, teniente coronel del Ejército que se declaró en huelga de hambre, está enfermo y, además, denunció que a los oficiales los someten a torturas y tratos crueles.

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La ONG recordó, además, que este año murió un militar preso político en custodia del Estado. Se trata del general Raúl Isaías Baduel. El otrora aliado de Hugo Chávez y quien ayudó a retornarlo al poder en 2002, murió como consecuencia de la falta de atención. Esto, pese a que tenía COVID-19.

El balance igualmente reclama por el retraso procesal de hasta 700 días en los casos de estos militares.

De hecho, la Lilia Camejo, directora ejecutiva de la ONG, ha denunciado que las autoridades de los centros de reclusión, como el Sebin, Ramo Verde o Dgcim, no han hecho nada para que se cumplan las condiciones de reclusión mínimas.

Los tribunales tampoco garantizan el debido proceso. «Los militares presos corren peligro por no recibir atención médica adecuada, permanecer en recintos carcelarios sin las condiciones, y además siendo sometidos a una serie de irregularidades en todas las fases procesales, con la intención de mantenerlos, de manera ilegal, en prisión», señala la ONG.

#Balance2021 Al repasar la situación de los #presospolíticos militares en #Venezuela al cierre del año, encontramos que están afectados por una administración de justicia penal alejada de las más básicas garantías procesales. Revisa nuestra infografía #DDHH #InjusticiaMilitarVE. pic.twitter.com/55eYtpweda

Tres oficiales del ejército colombiano fueron enviados a prisión luego de ser investigados por presunta corrupción en el pago de recompensas. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los uniformados reclamaban dineros por operaciones que no ejecutaban.

La Fiscalía, a través del Eje Transversal de Administración Pública de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, presentó ante un juez de control de garantías a dos oficiales y a un suboficial en retiro de las fuerzas militares, quienes estarían involucrados en dos hechos distintos de corrupción.

Según la información presentada por la entidad, los procesados son el teniente coronel Robert Antonio Muñoz Legarda, comandante del Batallón BR-18, adscrito al Batallón Vencedores N°23 en Cartago (Valle del Cauca); el capitán Edgar Andrés Ballesteros Perdomo, de Inteligencia del Batallón Vencedores N°23; y el sargento segundo (r) Luis Fernando Vélez Ramírez, también adscrito al componente de inteligencia del citado batallón.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que los uniformados, al parecer, elaboraron informes y promovieron trámites administrativos para soportar el pago de informantes por procedimientos que no existieron o fueron ejecutados por otras unidades militares”, aseguró Eduar Alirio Calderón Muñoz, fiscal director especializado contra la corrupción.

A estas personas la Fiscalía les imputó, según el posible nivel de participación en cada una de las supuestas operaciones, los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con las investigaciones, se conoció que, al parecer, los militares elaboraron informes y promovieron trámites administrativos para dar soporte al pago de informantes que habrían colaborado en procedimientos que nunca existieron o que fueron ejecutados por otras unidades militares.

Según la Fiscalía, el primer evento está relacionado con la presunta apropiación de 5′500.000 pesos, los cuales fueron reclamados ante la Tercera Brigada del Ejército Nacional con el supuesto de que serían entregados a la fuente humana que proporcionó la información para ubicar 170 cilindros, que serían utilizados para ataques contra la fuerza pública.

En la investigación llevada a cabo se constató que esta incautación fue producto de un patrullaje de rutina y no habría lugar al pago de recompensa, puesto que en ningún momento se necesitó de un informante.

Para agosto de 2020, aprovechando que, con razón de su función, mediando un acuerdo común y con división de trabajo presentaron informes de inteligencia y soportes, en los cuales consignaron falsedades sobre la obtención de información de una fuente humana ante el comando de la Tercera Brigada, que soportó la incautación de 170 cilindros de gas y, con ello, el desembolso de $5′500.000. Es decir, el desembolso de recursos públicos de las Fuerzas Armadas, por lo que se apropiaron en provecho suyo de bienes del Estado.

Pero ese no sería el único caso, pues también se reveló de un hecho ocurrido en septiembre de 2020 cuando los dos oficiales obtuvieron 4′000.000 de pesos de la Alcaldía de El Dovio (Valle del Cauca). El dinero, al parecer, fue tramitado con documentos en los que los uniformados se atribuían la operación en la que murió alias Negro Antonio, cabecilla del ELN. De acuerdo con la Fiscalía, hay elementos de prueba que indican que el procedimiento fue adelantado por una unidad distinta.

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Por disposición del juez de control de garantías, los tres procesados, quienes se declararon inocentes, deberán cumplir medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La Fiscalía tiene cerca de tres meses para culminar las pesquisas y, si halla mérito, llamar a juicio a los uniformados. De lo contrario, puede pedirle a un juez de conocimiento que precluya la investigación. Comunicó Infobae

Ante las violaciones de los DD.HH. y las denuncias ante instancias internacionales como la ONU y la CPI, la administración de Nicolás Maduro, emitió un decreto que trae consigo una nueva estrategia para calificar a los presos políticos como delincuentes comunes.

¿Cómo se hace? «Cambiando la figura y el nombre de los principales centros de tortura en el país, al pasarlos de los organismos de Inteligencia al Ministerio Penitenciario», denunció la ONG Control Ciudadano.

La organización señala que el reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos y la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, «apuraron la medida».

Recuerda que «militares como el general Raúl Baduel, le imputaron conspiración y traición a la patria cuando estaba a punto de terminar su condena por corrupción». Solo lo hicieron «para mantenerlo preso por casi cinco años, sin juicio, en el centro de tortura conocido como La Tumba del Sebin». Luego, «lo pasaron a otra cárcel del Sebin a la que le cambiaron el nombre. Pero, el general murió ahí».

Otro de los militares presos políticos más simbólicos, Caguaripano Scott, también lo llevaron al Sebin, donde le obligaron a usar el uniforme de los presos de las cárceles comunes.

Todo es parte del decreto que en mayo firmó Nicolás Maduro para maquillar la cara de los centros de tortura, señala la ONG. «Todo para desaparecer la fachada y el nombre de los lugares donde han sido torturados y asesinados varios presos políticos».

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Destaca que «ya sucedió en El Helicoide y en la Dgcim de Boleíta, en Caracas. Lo mismo sucederá con las otras cárceles o centros de reclusión donde hay presos políticos civiles y militares, como Fuerte Tiuna. Incluso también ocurrirá con la única verdadera cárcel militar en Venezuela, el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda».

Los presos políticos pasan a tener estatus de presos comunes, agrega. «Los únicos que mantendrán un estatus distinto son los guerrilleros del Décimo Frente de las FARC que dirige Gentil Duarte, de los cuales hay bastantes en la Dgcim y en Ramo Verde», afirma.

El 15 de octubre se hizo el acto de entrega de la custodia en la Dgcim Boleíta, con retiro de los estandartes militares. Los sustituyeron por los del Ministerio Penitenciario. Obligaron a los militares detenidos a usar el uniforme de presos comunes. Esto causó la protesta de algunos de ellos, como también ocurrió en El Helicoide con Baduel y Caguaripano.

Familiares de presos políticos militares y civiles le entregaron a la representante de la ONU en Venezuela un documento sobre la situación de los militares presos políticos. Cuando poco después llegó uno de los delegados de Bachelet y reconoció que el gobierno venezolano no reconoce el estatus de preso político.

Las familias denuncian la inacción de los delegados en Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante los funcionarios. Todo en detrimento de los detenidos, torturados física y psicológicamente en los sótanos de la DGCIM, del SEBIN, de El Helicoide y otras instalaciones.

El primer caso ocurrió con los detenidos en La Tumba, centro de tortura, ubicado en el sótano del edificio principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Desde La Tumba hasta El Helicoide, que también estaba a cargo del SEBIN, trasladaron a Raúl Isaías Baduel, quien 12 días después muere en condiciones aún no esclarecidas totalmente.

También trasladan al capitán (GNB) Juan Carlos Caguaripano Scott, quien lideró la Operación David, la del asalto al Fuerte Paramacay en el 2017.

A El Helicoide le cambiaron el nombre por Centro de Reclusión Región Capital de Máxima Seguridad. Anteriormente habían pintado diversas áreas, arreglado la forma del lugar para hacerlo más agradable a la vista de los delegados de Bachelet.

Aunque Nicolás Maduro decretó en mayo que en un mes dichos lugares deberían pasar a manos del Ministerio Penitenciario, fue hace un par de semanas, quizá por el duro informe de la Misión de Determinación de los Hechos cuando se aceleró el traslado.

La ONG Justicia Venezolana, denunció este viernes que el retardo procesal está afectando a decenas de militares presos por razones políticas.

Yonathan Mustiola, director de la institución, habló de «la necesidad de respetar los lapsos procesales en los casos de presos políticos militares».

Mencionó varios casos en los cuales han pasado años para que se haga la audiencia preliminar, cuando las leyes señalan que no debe pasar de 20 días.

Uno de esos casos es el del general Miguel Rodríguez Torres. «Estuvo tres años esperando por la audiencia preliminar», dijo, en nota de prensa.

Mustiola reconoció que en algunos casos hay avances. Pero «aún existen casos que de manera injustificada y alarmante registran un grave retardo procesal. Esto es ilegal, inconstitucional y, por ende, violatorio de los derechos humanos”.

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Denunció que la totalidad de los casos «están signados por el irrespeto a las garantías de ley. Desde el mismo momento de llevarlos detenidos ante el juez de control, cuando ha pasado el lapso mayor a 48 horas».

“En lugar de ser liberados por esta violación de sus garantías, los presuntamente involucrados permanecen detenidos indefinidamente», insistió.

Recordó que estos casos forman parte de las denuncias de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas.

Mustiola dijo que el promedio de retardo procesal, según los registros de esta ONG, es de 225 días. «Es decir, más de siete meses, a pesar que el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) señala que, una vez presentada la acusación, la audiencia preliminar debe ser fijada en un lapso no mayor a 20 días».

 Asimismo, precisó que el promedio de días de retardo procesal para el acto de apertura del juicio contra los oficiales es de 633 días. Esto, pese a que el artículo 325 del COPP señala que, una vez llegado el expediente al tribunal, este debe iniciarse en un lapso no superior a 15 días».

“En el caso Operación Espada de Dios por ejemplo, se llevó a cabo la audiencia preliminar el 7 de febrero del 2019. Desde entonces los nueve militares presuntamente implicados llevan esperando más de 850 días por el inicio del juicio”, agregó.

Según la ONG, Foro Penal, actualmente hay 129 militares presos.

La dirigente opositora, Delsa Solórzano abogó por los presos políticos militares. A través de sus redes sociales, Solórzano, recordó a la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, que su deber es la protección, precisamente, de quienes son violentados.

«Señora Bachelet, a pesar de que usted recomendó trasladar a Ramo Verde a los presos políticos que están en DGCIM, esto no ha ocurrido. Se mantiene a presos políticos militares torturados en sus sótanos y en las celdas insalubres de Fuerte Tiuna», publicó.

Recordó los nombres de algunos de los oficiales que están en las mazmorras. «El general Hernández Da Costa, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, el capitán de navío Luis De La Sotta. Además del coronel Juan Rodríguez Dos Ramos permanecen bajo custodia de DGCIM. La Comision de Bachelet en Venezuela tiene la obligación de protegerlos», dijo.

También mencionó al mayor Juan Carlos Marrufo y su esposa María Auxiliadora de Marrufo. Destacó especialmente la situación del coronel García Palomo. «Es otro caso de militares sepultados en los sótanos infernales de la DGCIM. Tiene 5 meses aislado, sin derecho a visitas, y sin que lo hayan podido ver sus abogados. Su familia se encuentra en el exilio a causa de la persecución política».

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Y sobre Igbert Marín Chaparro, dijo que «permanece en los sótanos de DGCIM por órdenes del general Hernández Dala. No permiten su traslado a Ramo Verde a pesar de la orden del Tribunal 1ro de Juicio quien lo sentenció en un juicio donde no le permitieron a ingresar a la comisión de la ONU».

Denunció que este oficial «tiene 3 años 3 meses en ese infierno y en 1año solo ha salido al sol por 24 horas. Su piel tiene un tono blanco verdoso. A pesar de haberse contagiado de COVID-19 no tuvo atención médica. Señora Bachelet esto debe ser atendido de inmediato», insistió.

Enfatizó en que «estos crímenes de lesa humanidad, deben ser atendidos por la ONU y pronto (los responsables) estarán siendo enjuiciados por la Corte Penal Internacional», remarcó.

Entre tanto, desde hace meses, las ONG de DD.HH denuncian constantemente la delicada situación en que se encuentran los presos políticos, civiles y militares, en las celdas de organismos como las FAES y la DGCIM.

Una de ellas es el Foro Penal que indicó que desde el 2014 a enero del 2021 seis civiles y dos militares han muerto en prisión.

El más reciente fue Salvador Franco, indígena de la etnia pemón, quien estaba detenido en la cárcel de Rodeo II. «La CIDH reiteró que el Estado venezolano tiene el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas bajo su custodia», recordó la ONG.

Salvador Franco murió el 3 de enero, aunque desde el 21 de noviembre de 2020 tenía una orden del tribunal cuarto en primera instancia de Control del Área Metropolitana de Caracas, para ser trasladado a un centro médico. Estaba preso en el Internado Judicial Rodeo II, en el estado Miranda, junto con 12 miembros más de la etnia pemón.

Una de las muertes más dolorosas fue la del capitán Rafael Acosta Arévalo. Murió en el 2019 víctimas de horribles torturas, mientras estaba bajo custodia del Estado.

Hasta el momento, el Foro Penal contabiliza 302 presos políticos en el país, 172 civiles y 130 militares.

Lilia Camejo, directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, cuestionó la transferencia de los presos políticos a penales ordinarios. Su rechazo es mayor, cuando se trata de la transferencia de los 140 militares presos por razones políticas.

Se refiere al decreto de Nicolás Maduro que ordena a la Dgcim y al Sebin pasar la custodia de estas personas al Ministerio de Asuntos Penitenciarios. 

Sobre los militares presos, Camejo dijo que la medida viola la premisa de la justicia militar sobre los lugares de reclusión para los funcionarios castrenses.

Alerta que las cárceles comunes «suponen un enorme riesgo para la integridad física» de los militares.

«Hemos denunciado por años las pésimas condiciones que existen tanto en la Dgcim como en el Sebin por tratarse de centros de detención preventivos. Hoy con profunda preocupación alertamos que pretendan trasladar a varios de los 140 militares presos políticos a sitios de reclusión. Allí reina la anarquía, abundan casos de enfermedades crónicas y existe desnutrición. No se garantizan los derechos humanos de los detenidos», detalló la jurista. 

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Agregó que el alto índice de propagación de la COVID-19 en el país es otra razón para otorgar medidas de arrestos domiciliarios.

La experta en justicia penal militar hizo un llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Pidió que «el equipo de su oficina se aboque a evitar que se ponga en riesgo la vida de presos políticos, militares y civiles».

Camejo reiteró que en Venezuela no se cumplen las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, comúnmente conocidas como Reglas Mandela. Por eso, hizo un llamado a los organismos a velar y garantizar por la vida de todos los detenidos. 

La ONG Foro Penal pidió este jueves la excarcelación del teniente coronel Ruperto Sánchez, quien ya cumplió su pena. La ONG considera que Sánchez como preso político, acusado de instigación a la rebelión militar.

Sánchez «ya cumplió formalmente su condena. Con redenciones judiciales. Ha cumplido todos los días de su condena. Violando el debido proceso y el derecho a la libertad, el tribunal de ejecución no le otorga la libertad», dijo Alfredo Romero, director del Foro Penal.

Romero publicó un video a través de Twitter. Asegura que acudió a los tribunales militares para solicitar la liberación de Sánchez. Argumenta, mantenerlo tras las rejas «implica una violación al derecho a la libertad».

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Por su parte, Kerling Sánchez, esposa del teniente, explicó a la agencia Efe que su cónyuge presenta «varias condiciones difíciles de salud» durante su tiempo en prisión. Destaca la hipertensión recientemente diagnosticada y «una tos que no cesa» desde hace cuatro años. Siguen sin conocer sus causas.

Sánchez, nacido en Valladolid (España) tiene una condena de 7 años y 3 meses, de la que ya ha pagado 6 años, 10 meses y 3 días. «Debió salir en libertad en agosto de 2019» debido a las redenciones judiciales realizadas durante su tiempo en prisión.

El militar estuvo más de cinco años preso en el estado oriental de Monagas. Está en la cárcel de Ramo Verde desde julio pasado.

Desde entonces, su esposa no lo ha visto. Las visitas están prohibidas en ese centro penitenciario debido a las restricciones relacionadas con la pandemia.

El Foro Penal aseguró esta semana que 320 personas están tras las rejas en el país por razones políticas. Hay más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad.

«El retardo procesal se ha convertido en la máxima de los juicios a presos políticos militares en Venezuela. En algunos casos se llega hasta 750 días sin impartir justicia». La denuncia la hizo el director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola.

«Denunciamos el grave retardo procesal que arrastran las causas penales contra los presos políticos militares. Nuestra organización ha denunciado este hecho incluso desde antes del confinamiento por la COVID-19», explicó.

Argumentó que actualmente hay más riesgo, porque los oficiales corren peligro. «Se arriesgan a contagios y hasta a la muerte por coronavirus«, insistió.

Mustiola subrayó que todo proceso judicial debe ser breve. Así lo establece el principio de eficacia procesal, definido en el artículo 257 de la Constitución. «En Venezuela, se está aplicando absolutamente lo contrario con estos oficiales», recalcó.

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Dijo que no solo se viola la Constitución, sino varios artículos de Código Orgánico Procesal Penal. Puso como ejemplo los artículos que señalan que un juicio se llevará a cabo sin interrupciones. También en el menor número de días posible. Hay otro que señala que las medidas de coerción personal no podrán durar más de dos años.

«Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los comandantes de los batallones blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio. En el caso operación Vuelvan Caras, más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público», indicó.

Todo esto, «a pesar de que el artículo 325 del Coopp señala, que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de los 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al tribunal de Juicio», agregó.

Al respecto, el defensor de los Derechos Humanos acotó que este grave retardo procesal registrado en la mayoría de las causas seguidas a los presos políticos militares no tiene su génesis en la pandemia.

Sin embargo, dijo que la paralización de la justicia penal ha acrecentado esta situación que vulnera las garantías procesales de los uniformados que permanecen tras las rejas. 

El régimen preparó la escena para que algunos detenidos en la Dgcim hablaran con los enviados de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

La denuncia la hizo el periodista Javier Ignacio Mayorca, en su Blog. Citó como fuente a la hermana del capitán de navío Luis de la Sotta, Molly de la Sotta.

Indicó que al oficial, ex comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada (Turiamo), lo sacaron a un patio interno para que se asoleara. Esto ocurrió en los días previos a esa entrevista que ocurrió el 12 de septiembre.

Al oficial también «le permitieron ducharse tres veces a la semana, lo que en ese lugar es aparentemente algo inusual», señala el comunicador.

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Relata que en los días posteriores a ese sábado, tanto a él, como el general de brigada de la GN, Héctor Hernández da Costa los confinaron nuevamente.

«Las cosas volvieron a ser como antes. Ahora, sin embargo, en la sección donde ellos permanecen día y noche no hay aire acondicionado», destacó Mayorca.

Según Molly de la Sotta, «el régimen hizo una concesión al permitir las visitas de la ONU a la Dgcim y el Sebin. De esta forma, posibilitar la permanencia del grupo de Bachelet en el país. Guardaron «ciertas formas ante la comunidad internacional», dijo.