La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó la promulgación de la Ley Orgánica de Minas.

Este nuevo instrumento legal busca transformar la gestión de los recursos minerales, bajo un modelo que equilibra el crecimiento económico con la justicia social y el cuidado ecológico.

El evento contó con la presencia del vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, y la ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Anabel Pereira.

Asimismo, a través de una conexión vía satélite, participaron trabajadores, delegados estadales, representantes del sector privado y pequeños productores desde el Complejo Minero «Manuel Carlos Piar», en el estado Bolívar.

Luego, Delcy Rodríguez solicitó a las autoridades del sector crear la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (SUNAMIN).

Esta institución quedó establecida en la nueva Ley Orgánica y es el ente autónomo encargado de regular, fiscalizar, controlar y administrar los tributos del sector minero.

Rodríguez precisó que su objetivo es ordenar la actividad, fomentar inversiones bajo nuevas formas asociativas y supervisar toda la cadena de valor.

Con información de VTV y el Mazo Dando.

Venezuela intenta atraer inversión extranjera para desarrollar sus reservas de oro, hierro y bauxita, con el respaldo del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

 Sin embargo, enfrenta grandes desafíos, entre ellos la presencia de grupos armados con fuertes intereses en la industria minera caótica y en gran medida ilegal que se ha desarrollado durante los últimos 20 años, según nueve mineros, residentes y activistas comunitarios consultados por Reuters.

 Fuentes en el extenso estado Bolívar, en el sureste del país, señalaron que dudan que las empresas internacionales puedan invertir de manera significativa sin mejoras sustanciales en la seguridad, ya que en la región operan delincuentes locales junto a guerrillas colombianas, mientras fuerzas de seguridad del Estado han sido acusadas de colaborar con criminales para sostener operaciones ilegales de oro.

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“Los sindicatos criminales controlan las minas. Ellos son quienes establecen las reglas y hacen cumplir la ley en muchos de los yacimientos donde trabajamos. Dependiendo de la situación, imponen castigos y pueden ser muy violentos”, dijo Inés García, una minera informal de 51 años en el municipio El Callao. “Uno se cuida, porque incluso hablar es un riesgo”.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha respaldado las iniciativas del gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, para atraer inversionistas desde que asumió el poder en enero. 

Entre ellas destaca una nueva ley minera aprobada en abril por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, que permite a empresas privadas y extranjeras participar en la extracción de oro y minerales estratégicos.

La economía venezolana, altamente dependiente del petróleo, ha sido golpeada durante años por la hiperinflación, la emigración masiva, las sanciones internacionales, el deterioro de la infraestructura petrolera y la corrupción. 

El país necesita urgentemente ingresos para financiar las promesas del gobierno de mejorar los servicios públicos y los salarios. La inversión minera podría ofrecer una nueva fuente de impuestos, regalías y empleo.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, afirmó durante una visita en marzo que la nueva ley generará oportunidades para las empresas y que el gobierno venezolano garantizará su seguridad. 

Además, Estados Unidos ya ha emitido una licencia que autoriza ciertas transacciones relacionadas con oro de origen venezolano, incluyendo operaciones con la empresa estatal Minerven.

“Ustedes tienen garantías, certeza jurídica, seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones se desarrollen plenamente, no solo en el sector de hidrocarburos, donde hay muchas oportunidades, sino también en el sector minero”, dijo Rodríguez a inversionistas durante un evento en marzo. Sin embargo, el gobierno no ha ofrecido detalles sobre los planes de seguridad para el estado Bolívar.

La empresa canadiense Gold Reserve, que ha manifestado su intención de retomar operaciones en Venezuela, recibió posteriormente una licencia estadounidense que le otorga 30 días para negociar con el gobierno. La compañía no respondió a preguntas de Reuters sobre si busca recuperar la mina Brisas, expropiada en 2009.

El comerciante suizo de materias primas Trafigura ya trabaja con Minerven en un programa de abastecimiento responsable anunciado recientemente, y aseguró que sus actividades cumplen con una licencia emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

 Otras empresas como Hartree, Peabody Energy, Ivanhoe y TechMet, que según la prensa local participaron en la delegación que visitó el país, no respondieron a consultas de Reuters.

Aunque muchas compañías mineras internacionales tienen experiencia enfrentando problemas de seguridad, para quienes viven y trabajan en el llamado Arco Minero del Orinoco —una zona estratégica para el desarrollo minero— el interés corporativo parece adelantarse a las condiciones reales del terreno.

“Para que haya inversión real es esencial resolver la transparencia en la cadena de suministro, la seguridad —porque esta es una zona con presencia de grupos armados— y la supervisión del impacto socioambiental de las operaciones”, dijo un ingeniero que trabajó durante una década para Minerven y pidió anonimato por temor a represalias.

Fuentes señalaron que en Bolívar operan guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, disidentes de las FARC, así como organizaciones criminales locales como el Tren de Guayana y el grupo 3R, además de bandas dirigidas por líderes conocidos como “Juancho” y “Fabio”.

Según los testimonios, estas organizaciones han suministrado maquinaria, combustible y armas para la minería, además de extraer oro durante años. “No hay forma de que puedan hacer eso sin la complicidad y el permiso del gobierno”, afirmó Pedro Yépez, un minero con dos décadas de experiencia en la zona.

Un activista comunitario que ha monitoreado violaciones de derechos humanos en la región durante décadas también aseguró que los grupos armados controlan las minas en complicidad con el Estado. Otros residentes y líderes comunitarios coincidieron en que los criminales extorsionan regularmente a las empresas mientras el gobierno mira hacia otro lado.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela, encargado de responder a las consultas de prensa, no respondió a preguntas detalladas sobre las acusaciones de complicidad militar, los planes de seguridad ni los contactos con inversionistas potenciales.

La operación militar “Roraima”, iniciada en 2023 para combatir la minería ilegal en Bolívar, continúa activa, y sus líderes han difundido imágenes de la destrucción de campamentos y equipos ilegales, incluyendo explosiones controladas.

Con información de Reuters.

El Parlamento aprobó este jueves la Ley Orgánica de Minas que abre la puerta a inversores extranjeros a la explotación de las vastas reservas del país, bajo la presión de Estados Unidos.

"Se declara aprobada por unanimidad la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de minas", dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, desde la sede del Poder Legislativo, en Caracas.

Rodríguez afirmó entre aplausos que la ley es "un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro".

La ley se remitirá al TSJ "para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico".

La presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó semanas después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el 3 de enero, una reforma a la ley petrolera que ofrece garantías a la inversión privada y modifica el modelo estatista ideado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

Conocido por sus enormes reservas de petróleo, Venezuela es también un país rico en minerales como el oro, el diamante, la bauxita o el coltán. La actividad se concentra sobre todo en un territorio de 112.000 km² bautizado como el Arco Minero.

Bandas, grupos armados y, en ciertas zonas, las guerrillas colombianas del ELN o disidencias de las FARC controlan sectores enteros de las zonas mineras, con el acuerdo de las fuerzas de seguridad, según numerosos testigos.

Con información de AFP

  El diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), afirmó que el Poder Legislativo avanza en la agenda de paz y convivencia democrática del país, así como en el desarrollo económico de la nación. Destacó leyes como la de Hidrocarburos y la que actualmente se discute, que es la de Minas.

"La AN se ha enfocado en dar continuidad a la línea de trabajo orientada a promover la convivencia democrática y el desarrollo nacional, propuesta por la presidenta Delcy Rodríguez", resaltó, tras el tercer debate en segunda discusión de la Ley de Minas, donde se avanzó hasta más de 100 artículos.

"Hemos avanzado en la Ley Orgánica de Minas hasta el artículo 115, con el propósito de fortalecer la economía y atraer inversiones que contribuyan al bienestar de la población", expresó. En la continuación de esta segunda discusión de la propuesta de ley, fueron validados 12 de los 18 artículos que constituyen el Régimen Sancionatorio del futuro instrumento legal, informó la AN en sus cuentas de redes sociales.

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“Esta ley es una propuesta de la presidenta, como parte de la iniciativa del Ejecutivo para seguir fortaleciendo las capacidades económicas del país, y sin lugar a dudas, la actividad minera debe convertirse en un motor, en una de las áreas fundamentales para la recuperación económica y que se debe también traducir en bienestar social para nuestro pueblo, inversión social para el mejoramiento de los servicios, etc.”, declaró Infante.

Acotó que con 60 artículos aprobados  solo faltarían 20 por discutir y aprobar la ley, “que estoy seguro que en la próxima sesión deberíamos estar avanzando para allá, sancionar, aprobar esta ley definitivamente y mandarla al Ejecutivo para su promulgación. Así que son avances fundamentales que lleva la Asamblea Nacional”, finalizó.

Con información de prensa AN

Este jueves, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó hasta el artículo 55 del proyecto de Ley Orgánica de Minas, y acordó diferir el debate hasta la próxima sesión.

El diferimiento fue propuesto por el diputado Orlando Camacho, quien explicó que van a “seguir revisando temas y continuar escuchando para que esta ley quede robusta, tal como lo pidió la presidenta encargada".

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Uno de los aspectos más resaltantes del debate de este 26 de marzo es el relacionado con la responsabilidad ambiental y, al respecto, el vicepresidente de la AN, Pedro Infante, dijo que “las empresas que incurran en el daño tienen que asumir la reparación, porque se supone que el que haga actividad minera debe hacerlo con responsabilidad ambiental”.

Igualmente, se habló del Fondo Nacional Minero, que debe servir para proteger no solo lo social y lo económico, sino también el tema ambiental.

También se tocó el tema de los minerales de carácter estratégico y tierras raras  que tienen que estar bajo la reserva del Estado, con criterio de “seguridad nacional”.

La Asamblea Nacional (AN), comenzó este jueves la segunda discusión  de la Ley Orgánica de Minas, por la vía de la urgencia reglamentaria.

El debate sobre la normativa llegó hasta el artículo 12 y luego se propuso y se aprobó diferir la segunda discusión hasta la próxima semana.

La norma establece como principio fundamental que todos los yacimientos minerales del país  pertenecen  exclusivamente al Estado venezolano, por lo que se les considera bienes de “dominio público, inalienable e imprescriptible”.

La ley tiene como objetivo regular lo relativo a las minas, la gestión de los recursos minerales existentes en el territorio nacional y la actividad minera.  

La misma se aplica a personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, nacionales o extranjeras, que realicen actividades vinculadas a las materias señaladas en la ley cualquiera sea su naturaleza.

Destaca que el régimen y aprovechamiento de minerales No metálicos, no reservados por el Ejecutivo Nacional, es de lacompetencia exclusiva de los estados, según el artículo  164 literal 5 de la Constitucion.

Establece que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio con competencia en materia de minas, ejerce la rectoría total del sector.

Para apoyar al despacho  se crean nuevas instituciones como la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (SUNAMIN), encargada de la fiscalización y recaudación, y el Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), orientado a la investigación científica y generación de conocimiento técnico.

Modelo mixto

El modelo que se plantea en la ley es mixto, así que permite la participación de empresas estatales, empresas mixtas, privadas autorizadas, así como brigadas mineras y minería artesanal.

También se incorpora un enfoque de desarrollo sostenible, estableciendo la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, planes de mitigación, así como la prohibición de uso de sustancias nocivas, lo que apunta a una minería ecológica

Asimismo, garantiza la participación del Estado en los beneficios de la actividad mediante aportes obligatorios, como el financiamiento del Fondo Nacional Minero.

También otorga al Banco Central de Venezuela un rol estratégico, con el derecho preferente para la compra del oro.

Minerales estratégicos

Por otra parte, la normativa  introduce la figura de minerales estratégicos que pueden ser declarados como tales por el Ejecutivo.

Esto me permite al Estado reservar su explotación o establecer condiciones especiales, incluso declarando zonas de seguridad.

Inversiones externas 

Esta ley también  busca equilibrar el control estatal, pero con inversiones externas, además del desarrollo económico y la protección ambiental, configurando un modelo de gestión minera centralizado pero con participación diversa de actores.

En Azerbaiyán muere, en promedio, una persona cada dos días. 150 han sido víctimas de minas antipersonales durante los últimos diez meses; crímenes que conmocionan.

Azerbaiyán es un país caucásico, entre Europa oriental y Asia occidental, a orillas del mar Caspio, a más de doce mil kilómetros de Sudamérica.

Fue escenario de una intensa guerra entre Armenia y Azerbaiyán, acontecida durante cuarenta y cuatro días del otoño pasado, devenido en conflicto muy violento porque Armenia había ocupado ilegalmente territorios en Azerbaiyán durante casi treinta años, tres décadas durante las que la ONU emitió cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad exigiéndole a Armenia que saliera de Azerbaiyán, país que se vio obligado a sacar a los armenios a la fuerza.

En Colombia las FARC nunca entregaron las ubicaciones de las minas antipersonales que plantaron, y la situación en los territorios colombianos es igual -y hasta peor- que lo que pasa en Azerbaiyán.

Vean esta historia aquí:

Las explosiones generadas por acumulaciones de gases dentro las minas, acontecida este martes por la noche, en la zona de El Cajón, donde decenas de mineros trabajaban en varias galerías subterráneas de las que se extrae carbón de forma manual, siguen sumando muertes.

Socorristas de la Agencia Nacional de Minería (ANM), bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil y otros organismos siguen en la tarea de rescate en el municipio, situado unas dos horas al norte de Bogotá.

Afirmó El Espectador, que la mina en donde se registró la emergencia es legal y tiene todos los permisos en orden:

“La zona cuenta con título minero a nombre de la empresa Minas y Minerales Minminer, el cual expedido en noviembre de 2002 y tiene vigencia hasta 2032″.

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En declaraciones dadas por el capitán de los Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, explica que la primera explosión se produjo por una acumulación de gases, provocando “una reacción en cadena” que afectó a otras cinco minas, según informan medios locales.

“Estas minas estaban llenas de gas metano y, además, polvo de carbón. Estas cinco minas están comunicadas entre sí y hubo una reacción en cadena. Se genera la explosión de una mina y posteriormente las otras cuatro”, agregó.

En el departamento de Cundinamarca, aledaño a Bogotá, hay centenares de minas de carbón, donde trabajan miles de mineros, no siempre con las condiciones de seguridad necesarias, lo que ha ocasionado varios accidentes con muchísimas víctimas mortales durante décadas.

Las niñas adolescentes, mujeres e indígenas que son víctimas de distintas formas de explotación sexual, son vendidas como concubinas y esclavas sexuales en redes de prostitución.

La trata de blancas es una de las principales fuentes de ingresos de la criminalidad organizada a nivel mundial y Venezuela no escapa de esta realidad.

En el sur del país específicamente en el estado Bolívar existen las zonas mineras, donde no solo sacan el oro ilegal y otras riquezas, también reclutan, transportan y reciben mujeres con fines de explotación.

Según un monitoreo de varias ONG, el 45% de los trabajadores de las minas en Bolívar son menores de edad, mientras que al menos 2.300 niños están en trabajos informales en Táchira y Zulia.

Esto se presenta por la fácil vulnerabilidad ante la situación socioeconómica, migración, autoestima que está viviendo Venezuela.

La prostitución: El sexo por supervivencia

La pervivencia en Venezuela arrastra a mujeres a viajar a las minas del estado Bolívar, su misión es producir el mayor dinero para mandarle a su familia.

Sus expectativas son cocinar para los mineros, pero terminan en el sexo por supervivencia.

Testigos que mantenemos en anonimato por seguridad, relatan que cobran 30 reais (moneda de curso legal en Brasil), por la actividad coita o generar alguna actividad sexual con estos mineros, esos 30 reais equivalen a 5,5 dólares.

Los propios mineros les prometen una mejor vida, ellas se sacrifican para ahorrar y luego irse, pero en su mayoría estos planes se frustran pues lo que ganan ahí también lo gastan por ser un lugar caro.

Muchas de ellas terminan mal, con enfermedades de transmisión sexual, infecciones por paludismo y en muchos de sus casos maltratadas y asesinadas. 

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) denunció que en lo que va del año ha documentado cuatro desapariciones en el estado Bolívar, específicamente en las minas.

El perfil de los desaparecidos comprende tanto mineros como comerciantes y, en general, todo aquel que tenga una vinculación con el negocio del oro, indicó la ONG en su informe semestral, publicado en El Correo del Caroní.

Codehciu registra 66 desaparecidos entre 2012 y 2020 en las zonas mineras del sur del estado Bolívar: 11 mujeres y 55 hombres; solo 11 han aparecido. Los casos han sido documentados desde julio de 2019.

En ese período, el 2019 fue el año con más desapariciones documentadas: 22 personas desaparecieron entre marzo y diciembre del año pasado. Al menos 50% de los desaparecidos manifestó que volverían a su hogar en los días próximos, y nunca llegaron.

El balance de Codehciu arrojó que 13 personas desaparecidas en Bolívar decidieron movilizarse desde Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Mérida, Miranda, Sucre y Táchira hasta las minas del sur para dedicarse a la minería o a comerciar dentro de las minas y en ese contexto desaparecieron.

El 18,18% de las personas desaparecidas se dedican a la minería, mientras que el 12,12% se dedica al comercio informal dentro de las minas, en municipios urbanos o solo fue a vender un artículo en las minas y nunca regresó.

El Arco Minero del Orinoco (AMO) es el epicentro de una espiral de violencia en la que se enfrentan grupos armados irregulares, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y miembros del Ejército Nacional y Guardia Nacional Bolivariana por el control de los territorios mineros.

En medio del conflicto, mineros ilegales que vieron en los yacimientos del sur de Bolívar una oportunidad de soportar la emergencia humanitaria compleja que azota al país desde hace al menos 4 años y que deben someterse a condiciones de trabajo inseguras, deben pagar vacunas de lo que sacan en los yacimientos auríferos toda vez que líderes negativos imponen sus normas con castigos inhumanos.