La defensora de derechos humanos y socióloga peruana Sofía Macher Batanero será la nueva presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por Naciones Unidas para investigar abusos en ese país desde 2014.

Macher, con más de 30 años de experiencia en justicia transicional, memoria y reparación o cuestiones de género, sustituye en el cargo a la portuguesa Marta Valiñas, que presidió la comisión de tres expertos desde su creación en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Acompañarán en su misión a la peruana el canadiense Alex Neve y la experta argentino-mexicana María Eloísa Quintero, también nombrados recientemente.

En los últimos siete años, la misión ha denunciado con frecuencia los abusos de las autoridades venezolanas, y en su último informe, publicado en marzo, señaló que la maquinaria represiva en Venezuela continúa pese a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

En ese sentido, la misión ha denunciado por lo menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos desde el relevo en el poder venezolano, ahora con Delcy Rodríguez como "presidenta encargada".

Macher presidió en su país el Consejo de Reparaciones y formó parte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

A nivel internacional, ha colaborado con la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y ONU Mujeres, además de trabajar en comisiones de la verdad para Libia, Yemen, Colombia y las Islas Salomón. 

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Macher Batanero es socióloga con más de 30 años de experiencia en justicia transicional, reparaciones y temas de género.

Ha investigado violaciones de derechos humanos, diseñado programas nacionales de reparación y asesorado a comisiones de la verdad y mecanismos de las Naciones Unidas y ha contribuido con iniciativas internacionales de la Organización de Estados Americanos.

Ha desempeñado funciones de liderazgo en comisiones de la verdad en Libia, Yemen, Colombia y las Islas Salomón.

Fue presidenta del Consejo de Reparaciones e integró la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú.

Con información de EFE

Para los integrantes de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela,  el ataque militar de Estados Unidos sobre el país, para capturar a Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, significó una violación del derecho internacional.

Sin embargo, “la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, continúa operativa”.

La afirmación la hizo  María Eloísa Quintero, integrante de la misión en la jornada de actualización del informe sobre la crisis en Venezuela, donde destacaron los hechos que rodearon la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Quintero dijo que, si bien es cierto que tienen motivos para creer que Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, eso no justifica una acción militar de parte de EE.UU.

 Asimismo, destacó que todos los funcionarios que están involucrados en violaciones a los derechos humanos deben responder ante un juez.

Resaltó que luego de esos hechos, se siguieron registrando detenciones arbitrarias en Caracas y otras ciudades del interior del país.

“Al menos 87 personas fueron apresadas, entre ellas 14 periodistas que cubrían la juramentación de Delcy Rodríguez y que fueron detenidas por unas horas… 27 fueron apresados por celebrar la captura, incluyendo 15 niños”, dijo la experta..

También tomó nota de las denuncias sobre el encarcelamiento de 30 personas vinculadas al CICPC, así como sus familiares, luego que presuntamente se negaran a falsificar evidencias del ataque militar del 3 de enero.

Igualmente, se pronunció la sobre Ley de Amnistía y alerta que “no establece una amnistía general”.

Dice que la norma fue aprobada de forma acelerada y sin un "proceso consultivo transparente", además de excluir a militares y civiles vinculados con hechos seleccionados discrecionalmente, y además "no reconoce la responsabilidad del Estado".

La actualización oral de la Misión de Determinación de Hechos presentada por  Quintero, abarca el período de septiembre de 2025 hasta la fecha.

En los últimos meses de 2025 se evidenció una continuidad de patrones de varias violaciones de derechos humanos. 

Entre septiembre y diciembre de 2025, se registraron 135 presuntas detenciones arbitrarias, varias de ellas con tortura, violencia sexual y de género. 

Un tercio de los detenidos eran familiares de los detenidos, entre estos, también hubo niños, niñas y adolescentes. Además, murieron 3 personas bajo custodia por condiciones de salud que no fueron oportuna ni debidamente atendidas.

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Los familiares de las personas detenidas sufren la falta de información sobre los casos de sus seres queridos, afectando de manera desproporcionada a las mujeres, quienes han llegado incluso a realizar huelgas de hambre.

Durante septiembre-diciembre de 2025, las autoridades venezolanas continuaron aplicando una política estatal de represión.

La Misión de la ONU continúa recibiendo testimonios directos y declaraciones de víctimas y familiares sobre violaciones de derechos humanos cometidas después del 3 de enero de 2026. 

“La información recibida por la #MisiónONU confirma que los colectivos continúan operando. El espacio cívico y democrático sigue restringido. Aún hay ataques, hostigamiento o persecución”.

Dijo que “las posibilidades de elecciones libres siguen siendo remotas. La estructura que permitió la comisión de violaciones de derechos humanos sigue intacta; no hay reportes de cambios estructurales y aún hay responsables ejerciendo altos cargos en el Gobierno. La legislación represiva sigue vigente, como la Ley contra el Odio o la Ley contra las ONG”.

Por ello, la misión pide su derogación o modificación.

  La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela acogió este lunes con cautela la aprobación por la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Amnistía, destacando que podría servir para restablecer el «tejido político», pero que corre el riesgo de no beneficiar a todos los presos políticos.

«Una ley de amnistía ofrece una oportunidad para brindar justicia y aliviar el sufrimiento de las numerosas personas que han sido detenidas ilegalmente por motivos políticos en Venezuela», reconoció en un comunicado el experto de la misión Alex Neve, quien subrayó que el impacto de la ley dependerá de que se aplique de forma transparente y amparada en los derechos humanos.

 María Eloísa Quintero, también miembro de la misión, manifestó por su parte preocupación por el hecho de que la amnistía pueda concederse únicamente a delitos políticos, «dejando fuera otras formas de criminalización, como la civil, administrativa, laboral o disciplinaria».

«Una amnistía de alcance limitado corre el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución plena de sus derechos», advirtió.

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La misión explicó que, tal como está redactada actualmente, la ley podría no aplicarse a personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos que, en apariencia, no son políticos, como aquellos contra el patrimonio público.

La misión que preside desde su creación en 2019 la portuguesa Marta Valiñas también manifestó su inquietud por la ausencia de consultas públicas para elaborar el proyecto de ley, y señaló que es necesario un proceso transparente, «con participación significativa de las víctimas, sus familiares y la sociedad civil».

También destacó que la Ley de Amnistía deberá ir acompañada de otras reformas estructurales para «desmantelar el marco legal y las prácticas que han permitido la persecución por motivos políticos, a fin de prevenir nuevas detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos».

La Ley de Amnistía contempla liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo, y excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos. 

Con información de EFE

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década, denuncia un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada por la ONU para investigar los abusos en ese país desde 2014.

El informe de 123 páginas publicado este jueves concluye que responsables del cuerpo de seguridad y orden público «perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual o de género».

 Estos crímenes fueron cometidos tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva, unos abusos que se vieron facilitados por «un entorno prolongado de impunidad», según concluyó la misión presidida por la portuguesa Marta Valiñas.

La misión investigadora explicó que las autoridades venezolanas fusionaron funciones militares y policiales a través de esta guardia nacional, lo que legitimó la militarización de la seguridad ciudadana y amplió el papel de este cuerpo en operaciones orientadas al control social y la represión interna.

Ello se vio facilitado mediante una cadena de mando sin contrapesos para la rendición de cuentas y «altamente centralizada» bajo la dirección del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Fuerza desproporcionada

El informe estudia el papel de la GNB en la represión de olas de protestas como las vividas en Venezuela en 2014, 2017, 2019 y 2024, durante las cuales este cuerpo «ejerció un uso desproporcionado de la fuerza» que incluyó el empleo de armas, algunas de carácter letal, «disparadas de forma indebida».

La misión, destaca el informe al respecto, halló motivos razonables para creer que funcionarios de este cuerpo dispararon armas de fuego «de forma indiscriminada» y «directamente en zonas vitales de los cuerpos de las víctimas».

La investigación también denuncia posibles prácticas de modificación de proyectiles utilizados por la GNB, con el fin de infligir mayor daño a las víctimas.

La misión documentó en su estudio detenciones arbitrarias tanto masivas como selectivas, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencias, torturas y malos tratos e incluso violencia sexual y de género dentro de las instalaciones utilizadas como centros de detención transitoria.

«No fueron incidentes aislados, formaron parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas», destacó Valiñas.

El informe resaltó que la GNB fue determinante en la comisión del crimen de lesa humanidad de «persecución con motivos políticos», siendo además, según datos de la sociedad civil, la institución que ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020, o desempeñando un papel clave en la captura y criminalización de opositores tras las elecciones de 2024.

En vista de los indicios obtenidos, la misión considera que funcionarios de la GNB y altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, por cuyo cumplimiento vela la Corte Penal Internacional (CPI).

La misión tripartita de investigación fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en los últimos años también incluyó entre sus miembros a los juristas Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina), quienes finalizaron su mandato el pasado 31 de octubre.

El informe se publica un día después de que en Oslo se oficializara la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, un galardón que debido a su ausencia en la ceremonia tuvo que recibir su hija Ana Corina Sosa.

Con información de EFE

La Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela se encuentra «alerta» ante la situación en Venezuela, donde las detenciones arbitrarias continúan, mientras que han aumentado las violaciones a los procesos legales, justo para los detenidos, entre los que cada vez hay más extranjeros.

El anuncio lo hizo, en entrevista con EFE, la presidenta de la Misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas.

En distintos informes, desde que se creó la Misión, se ha establecido que “en Venezuela se comenten desde hace al menos diez años una serie de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, con la intención de silenciar a la oposición y perpetuar a la cúpula en el poder”.

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La situación empeora

Valiñas hace especial énfasis en lo ocurrido tras las elecciones del 28 de julio del año pasado.

“Hablando sobre todo del período poselectoral desde 2024, la situación no mejoró y en varios sentidos ha empeorado. Seguimos viendo la detención selectiva de personas con perfiles de defensores de derechos humanos, periodistas o miembros de la oposición, su número no ha disminuido y en ciertos casos, como el de personas extrajeras, se ha incrementado”, afirmó.

 “Hemos identificado un patrón que indica que las detenciones de miembros de la oposición política se intensifica en momentos que, desde una perspectiva política, son más tensos y llevan a un mayor número de violaciones de derechos humanos. En ese sentido, sí, estamos alertas”, dijo la abogada.

Destacó que muchas de las detenciones y posteriores sentencias se han emitido por participar en una protesta  o escribir algo  en una red social que le disgusta al poder, “lo que hace que sean violaciones complejas y múltiples que se han mantenido (en el tiempo)”,  agregó Valiñas.

Valinas dice que, “desde la perspectiva del gobierno, esto tiene un impacto muy grande y eficaz al crear temor y silenciar”, lo que explica que las protestas cada vez duran menos tiempo.

 “Esto es el efecto de una amenaza que no es retórica, sino de una amenaza real”, dijo.

  Valiñas también denunció “un agravamiento de la situación por la cantidad de violaciones al debido proceso”.

“Antes una persona era detenida arbitrariamente, pero tenía acceso a abogados, fuesen privados o del Foro Penal. Ahora, esto casi nunca pasa o por ejemplo casi nunca se reciben los recursos de hábeas corpus cuando no se sabe del paradero de alguien”, lamentó.

Igualmente, destacó “el aumento significativo del número de personas extranjeras acusadas de participar en acciones contra el gobierno”, entre ellos estadounidenses.

“La situación actual (de amenazas constantes del presidente Donald Trump) puede incrementar esta práctica”, advirtió.

Para finalizar, se le preguntó sobre la trascendencia del   premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado. Al respecto, aseveró que “es una señal muy importante en un periodo en el que parecía que la comunidad internacional se estaba olvidando de Venezuela o que se estaba ‘normalizando’ la situación”.

“Creemos que este premio tiene el valor de llamar la atención sobre las violaciones que han sufrido muchas personas en Venezuela por motivos políticos, no solamente miembros de la oposición, sino muchas otras personas simplemente por expresar su opinión contra el gobierno”, sostuvo.

Con información de  EFE

En el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se celebra en Ginebra,  la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, presentó este lunes un informe actualizado sobre la situación de los DD. HH. en Venezuela.

Se trata de una actualización de los hechos registrados en el país, entre el 2024 y 2025, sobre todo tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

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Lo que tiene el informe

En primer lugar, el documento, expone con detalle asesinatos en protestas, muertes bajo custodia estatal, más de 2.200 detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, todo ello enmarcado en una estrategia de persecución política que, según la Misión, constituye crímenes de lesa humanidad.

El informe, elaborado tras una investigación que abarcó el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024, sostiene que la represión desatada a partir del 29 de julio de ese año representa una continuación agravada de un plan estatal para aniquilar a opositores reales o percibidos.

“La Misión considera que la represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”, señala.

La Misión atribuye la responsabilidad de estos hechos al régimen venezolano y a sus fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las víctimas identificadas abarcan opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, niños, niñas y adolescentes, así como personas extranjeras.

Detenciones arbitrarias y persecución política

Durante el periodo analizado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos documentó más de 2.200 detenciones arbitrarias, muchas de ellas en dos momentos clave: la toma de posesión presidencial de enero de 2025 y las elecciones regionales y parlamentarias de mayo de ese año.

 Las detenciones afectaron a políticos de oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de opositores y personas extranjeras. El informe subraya que estas detenciones no solo se produjeron en el contexto de manifestaciones, sino también de manera selectiva y como represalia contra voces críticas, extendiéndose incluso a familiares de opositores.

La Misión identificó patrones de actuación de los agentes estatales: detenciones violentas, uso de fuerza desproporcionada, irrupciones en domicilios por parte de individuos encapuchados y armados, y traslados en vehículos sin identificación. 

En muchos casos, los captores no presentaron órdenes judiciales ni explicaron los motivos de la detención. El informe recoge testimonios de víctimas que relatan haber sido arrestadas en la vía pública o en sus casas, sin justificación legal y bajo amenazas.

El uso de la legislación antiterrorista y de la Ley contra el Odio para criminalizar la disidencia se mantuvo como práctica habitual. La Misión sostiene que el Ministerio Público utilizó de forma arbitraria sus facultades investigativas y acusatorias con motivaciones políticas, y que el sistema judicial avaló y perpetuó estas detenciones.

Muertes bajo custodia estatal

El informe atribuye al menos 30 víctimas fatales a la represión estatal, de las cuales 25 murieron durante protestas y cinco bajo custodia del Estado. Además, tres personas fallecieron tras su excarcelación debido al deterioro de su salud, consecuencia directa de las condiciones de detención. 

La Misión documentó el uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones, así como la falta de investigaciones independientes sobre la responsabilidad de los agentes estatales en estas muertes.

En casos emblemáticos, como la protesta en la redoma del obelisco de San Jacinto en Maracay, la Misión identificó a miembros de la cadena de mando militar y policial presentes durante la represión, y concluyó que los disparos que causaron la muerte de manifestantes provinieron de las fuerzas de seguridad. 

El informe también señala la falta de participación de los familiares de las víctimas en las investigaciones y la existencia de amenazas y represalias contra quienes intentaron denunciar los hechos.

Tortura, aislamiento y tratos crueles

La Misión de la ONU documentó el uso sistemático de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. Los métodos incluyeron golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado en celdas de castigo y privación de alimentos y agua. 

El informe destaca el uso del aislamiento y la incomunicación como castigo y herramienta de represión, en condiciones que, según los estándares internacionales, pueden constituir tortura.

Las condiciones de detención en centros como Tocorón y Tocuyito fueron descritas como inhumanas: hacinamiento, falta de acceso a agua potable, alimentación deficiente, ausencia de atención médica y castigos colectivos. La Misión identificó casos de muertes bajo custodia estatal directamente relacionadas con la falta de atención médica y las condiciones insalubres.

La Misión de la ONU documentó el uso sistemático de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. Los métodos incluyeron golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado en celdas de castigo y privación de alimentos y agua.

Desapariciones forzadas y violencia sexual

El informe recoge 30 casos de desaparición forzada, de los cuales 12 fueron confirmados como tales, según los estándares internacionales. Las desapariciones afectaron tanto a opositores como a personas extranjeras, quienes permanecieron incomunicadas durante semanas o meses, sin acceso a abogados ni contacto con sus familias. La Misión subraya la falta de cooperación de las autoridades venezolanas y la negativa sistemática a recibir recursos de habeas corpus o denuncias de desaparición forzada.

La violencia sexual y de género fue identificada como un patrón de represión, especialmente contra mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT privadas de libertad.

 El informe documenta casos de sexo transaccional coercitivo, desnudez forzada, abuso sexual y amenazas de violación por parte de funcionarios estatales. La Misión concluye que estos actos no son incidentes aislados, sino parte de una política de represión y humillación dirigida a silenciar a la disidencia.

Impacto en niños, niñas y adolescentes

La Misión documentó la detención arbitraria de 220 niños, niñas y adolescentes en el contexto de las protestas postelectorales y la toma de posesión presidencial. Las detenciones se produjeron sin considerar el interés superior de la niñez, y los menores fueron sometidos a tratos crueles, incomunicación, violencia sexual y procesos judiciales sin garantías. El informe señala que las condiciones de detención y la falta de acceso a defensa técnica adecuada agravaron la vulnerabilidad de este grupo.

Restricción al espacio cívico y ataques a defensores y periodistas

El informe denuncia la aprobación y aplicación de leyes restrictivas para las organizaciones no gubernamentales, la criminalización de la defensa de derechos humanos y el hostigamiento a periodistas y trabajadores de la prensa. 

Se documentaron detenciones arbitrarias, amenazas, censura y bloqueos digitales, así como el uso de tecnología para vigilar y reprimir a la disidencia. Las organizaciones defensoras de derechos humanos enfrentaron obstáculos legales, amenazas públicas y detenciones de sus miembros, en un contexto de creciente inseguridad jurídica y autocensura.

Impunidad y reacción internacional

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos concluye que la impunidad y la falta de acceso a la justicia son estructurales. 

El Estado venezolano no ha investigado ni sancionado a los responsables de las violaciones documentadas, y las víctimas y sus familias enfrentan obstáculos insalvables para obtener reparación. 

El informe destaca la falta de cooperación de las autoridades y la ausencia de garantías judiciales, así como la persistencia de un clima de miedo y represión que afecta a toda la sociedad civil.

El documento, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluye como anexo 19 casos ilustrativos que, según la Misión, representan solo una fracción de un universo mucho más amplio de violaciones, y reflejan la magnitud, extensión y gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), saludó la actualización del último informe de la Misión Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela, que denunció que «persiste la represión” contra la oposición o personas percibidas como tales tras las presidenciales del 28 de julio de 2024.

«Desde la Plataforma Unitaria saludamos el informe de actualización que presentó la Misión … en el marco del 58° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación de derechos humanos en Venezuela», destaca la Plataforma en su cuenta en X.

para la PUD se debe valorar que la instancia especial de la ONU haya documentado “la detención arbitraria de activistas políticos, periodistas y defensores de derechos humanos” y expusiera “la práctica sistemática de desapariciones forzadas” y “el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes por parte de los organismos de seguridad”.

Por otro lado, destacó que «es fundamental que la comunidad internacional mantenga su atención sobre Venezuela, que la Misión continúe con su labor de documentación y denuncia, y seguir exigiendo la rendición de cuentas por estas graves violaciones”, indicó.

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Sobre la posición de la Misión acerca de las elecciones del 28 de julio, dijo: «Los resultados de las elecciones presidenciales fueron impugnados ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el cual en octubre las declaró inadmisibles sin entrar en el fondo de las demandas.

El Consejo Nacional Electoral desconociendo lo que establece la legislación electoral venezolana nunca publicó ni el acta de totalización de votos ni las actas de escrutinio por mesa. La Misión ha recibido testimonios creíbles y corroborables de que miembros del Consejo recibieron instrucciones políticas para anunciar un resultado distinto al que se obtuvo en las urnas”.

Este martes, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU presentó, ante el Consejo de DD. HH., en Ginebra, el informe sobre Venezuela y alertó que la situación del país es «extremadamente preocupante».

En la presentación, efectuada en Ginebra, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, denunció que el Gobierno sigue cometiendo «persecución política y otros crímenes graves».

“El Gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades”, declaró.

La misión insiste en que los presos políticos deben ser liberados y se refirió expresamente a casos emblemáticos como los de Javier Tarazona y Rocío San Miguel, entre otros.

Asimismo, mencionó también el caso del dirigente de Voluntad Popular, Edwin Santos, quien murió bajo custodia de los organismos de seguridad del Estado, el 25 de octubre del 2024.

?? "CUESTIONAN LA POSICIÓN OFICIAL"Marta Valiñas, la presidenta de la Misión de la ONU sobre Venezuela, informó que están investigando la muerte del dirigente Edwin Santos, miembro del partido @VoluntadPopular en Apure que amaneció sin vida el 25Oct pic.twitter.com/dNC8Ih2ok9

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«La Misión solicita la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y que se les brinde atención médica adecuada», expresó Valiñas.

Y, además, acusó al ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, de amenazar a los opositores, situación que ha empeorado desde que él ocupa la cartera del Interior y Justicia.

“Cabello continúa amenazando públicamente. Las detenciones arbitrarias de opositores o percibidos como tales han continuado y se han incrementado. Las protestas antigubernamentales previas a la investidura presidencial fueron reprimidas por fuerzas de seguridad y grupos de civiles, presumiblemente colectivos”, dijo.

?? "CABELLO CONTINÚA AMENAZANDO PÚBLICAMENTE"La misión de la ONU sobre Venezuela señala al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, como el encargado de dirigir formalmente la persecución de opositores en el país.? @_Provea pic.twitter.com/irZnNG6Y8s

Valiñas recordó que la misión, desde 2019, la Misión «ha documentado violaciones de derechos humanos en Venezuela», por lo que su mandato fue extendido hasta 2026, con la finalidad de seguir investigando estos crímenes.

Insistió en que, «la comunidad internacional debe mantenerse alerta y exigir justicia para las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad».

«Las detenciones arbitrarias han continuado y se han incrementado en Venezuela. Las protestas previas a la investidura presidencial fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados», enfatizó Valiñas.

Por otro lado, la funcionaria mencionó la situación derivada de las elecciones del 28 de julio del 2024 y aseguró que el CNE «nunca publicó el acta de totalización de votos ni las actas de escrutinio por mesa, desconociendo lo que establece la legislación venezolana”.

Mencionó las protestas y encarcelamiento de cientos de personas luego de esa fecha, sobre todo la de menores de edad.

“La gran mayoría de los niños y adolescentes han sido excarcelados (…) las investigaciones demuestran que las detenciones arbitrarias fueron seguidas de periodos prolongados de desapariciones forzadas”, dijo.

??"NUNCA PUBLICÓ EL ACTA DE TOTALIZACIÓN"Misión de la ONU sobre Venezuela ha alertado al Consejo de DD.HH. sobre informes que indican que miembros del CNE recibieron instrucciones políticas para anunciar un "resultado diferente" al obtenido en las elecciones del 28j?@_Provea pic.twitter.com/6QD6I5effO

Entre tanto, Francisco Cox, experto de la Misión, expresó la preocupación de la instancia, por la situación de decenas de presos políticos de varias nacionalidades, de quienes sus familias desconocen su paradero.

“Los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con las personas detenidas son ignorados por el Gobierno de Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional”, afirmó .

“Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional”, agregó.

En la sesión también intervinieron varias delegaciones, entre ellas la de la Unión Europea, que reprochó «todos los actos de represión y el acoso contra los opositores».

«Apoyamos todos los mecanismos de los derechos humanos en Venezuela. Condenamos todos los actos de represión contra los opositores y activistas de derechos humanos. Nos preocupa el número de detenciones arbitrarias, así como la restricción del espacio que se le da a la sociedad civil», dijo el embajador de la UE.

Mientras que México pidió “diálogo entre todos los sectores de la sociedad”.

«México agradece el informe presentado, subrayamos la necesidad de proteger el espacio cívico con el fin de construir soluciones inclusivas y sostenibles. La cooperación internacional pueden desempeñar un papel clave en la implementación de medidas que contribuyan a la estabilidad y respeto de los derechos humanos».

Asimismo, Chile denunció la «detención arbitraria» de los hermanos Améstica, relacionado con el caso del cantante “Canserbero”.

«Chile quiere expresar su preocupación por la situación de nuestros connacionales, María Natalia Améstica y Guillermo Améstica, siendo víctimas de torturas».

Uruguay también reclamó “por el deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela”.

«Agradecemos la actualización oral sobre la situación de Venezuela, hacemos un llamado y expresamos preocupación por el creciente uso de la desaparición forzada de opositores. Reiteramos nuestra condena a las detenciones de menores acusados de delitos graves como terrorismo».

El representante de Colombia instó a «Venezuela a garantizar el respeto al debido proceso y repudiamos el secuestro de venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador».

Luego de conocerse las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, la líder opositora María Corina Machado, dijo que lo presentado es inequívoco: “el régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad”.

Este martes 15 de octubre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, publicó en su sitio web las conclusiones detalladas en las que, con pruebas contundentes, relata todas las atrocidades cometidas por el régimen venezolano en los últimos tiempos, incluyendo los días posteriores al 28J, señala Machado.

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Destaca que “es un paso muy importante hacia la justicia y la reparación para las víctimas de torturas, persecución y violaciones sistemáticas de derechos humanos, así como también para sus familiares”.

Este informe representa un elemento crucial para el aislamiento cada vez mayor del régimen, y las pruebas para que se concrete la justicia internacional, agrega.

A juicio de María Corina “hoy hemos dado otro paso que nos acerca a la Libertad”.

#15Oct ?️ "ESTE ES UN PASO MUY IMPORTANTE"María Corina Machado (@MariaCorinaYA) asegura que con el informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela donde denunció que el Gobierno venezolano cometió crímenes de lesa humanidad, "hemos dado otro paso que nos acerca a la Libertad" pic.twitter.com/Zm3upqjulv

Más tarde, Machado envió un mensaje sentido a los trabajadores del Poder Judicial venezolanos.

Un mensaje que se da a pocos días de la sentencia de la sala Constitucional que ratifica los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral que dan como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro.

«Tú sabes la verdad. Nosotros sabemos lo que estás sufriendo, al igual que tu familia. Sé que te persiguen y amenazan, que te quieren callar la voz y doblegar tu conciencia», manifestó.

También exhortó a todos los funcionarios judiciales que sean el rostro del coraje y la dignidad; “que no acates órdenes que violan la Constitución y las leyes. Tú futuro esta aquí, con nosotros”, dijo.

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes, que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género, reseña la agencia Efe.

Las fuerzas de seguridad estuvieron «involucradas masivamente» en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (Sebin) y militar (Dgcim), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional, explica el documento.

Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión «se amplió de manera significativa» en el periodo electoral abarcando no solo a líderes de la oposición y sociales, agrega la agencia.

En el contexto electoral, los abusos también fueron sufridos por «ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades», ha indicado.

Ese tipo de campañas «sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil», ha señalado el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.

La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, «pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente», con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, «solo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019».

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La Misión ha informado que las personas detenidas son amenazadas, incluso con actos de tortura, para que se autoincriminen por hechos que constituyen delitos graves como terrorismo.

La falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas.

Particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes detenidos, quienes enfrentan las mismas amenazas y no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional.

El informe de la Misión confirma la conclusión de que algunas de las graves violaciones de derechos humanos investigadas durante este período fueron cometidas siguiendo la misma línea de conducta previamente calificada por la Misión como crímenes de lesa humanidad.

Además, dichas violaciones, cometidas con una intención discriminatoria, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en razón de la identidad de las víctimas.

Cabe recordar que la semana pasada, el Consejo de DD.HH. de la ONU aprobó renovar por dos años el mandato de esta misión de determinación de hechos.

#15Oct?️DENUNCIAN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó que ve motivos razonables para creer que el gobierno de Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones del #28Jul?@UN_HRC pic.twitter.com/sjObkndiV1

La Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela advirtió este viernes que el riesgo de la desintegración del Estado de derecho en el país “es muy alto”, tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación “de la maquinaria represiva” del gobierno a raíz de las elecciones del 28 de julio.

“Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al Gobierno del Presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales”, señaló en el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La Misión presentó este viernes 20 su último informe, en el que constata que los recientes abusos de los derechos humanos que pudo documentar (como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual) son una continuación de las violaciones que en el pasado consideró que constituían crímenes de lesa humanidad.

Valiñas señaló que durante la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión documentó hasta 121 detenciones de personas que fueron arrestadas simplemente por prestar algún servicio en los actos de campaña de la oposición, señala la agencia Efe.

#20Sep ?️ "OPERACIÓN TUN-TUN"La Misión de la ONU sobre Venezuela alertó de masivas detenciones en manos de agentes policiales que ingresaron a las casas sin órdenes judiciales. “En varios casos no conocían ni el nombre de la persona a detener”?: @_Provea pic.twitter.com/tnbeZrRZFv

Las detenciones investigadas por el equipo de la ONU fueron arbitrarias y en algunos casos “seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración”.

«La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos», dijo Marta Valiñas.

A pesar de las advertencias del gobierno sobre la posibilidad de un estallido de violencia si Maduro no ganaba las elecciones, entre el 29 y 31 de julio hubo 915 protestas en todo el país, en las que se pudo confirmar la muerte de 25 personas, que fallecieron por disparos de arma de fuego, según el informe.

“La Misión no tienen aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos, pero en varios se documentó la presencia de efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas”, indicó Valiñas.

#20Sep?️ "FUERON IMPUTADOS POR TERRORISMO"Misión de la ONU sobre #Venezuela documentó que 158 niños, algunos con discapacidad, fueron detenidos tras las protestas postelectorales. "Hay graves violaciones de los estándares internacionales de protección de la niñez”?@_Provea pic.twitter.com/C7MkpVMzME

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La presidenta de la Misión indicó que se identificó “una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico” entre otros.

La jurista sostuvo que la comunidad internacional “enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se cometieron y que continúan cometiéndose no queden impunes y para dar aliento a las víctimas asegurando que podrán obtener justicia”.

El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yáñez, rechazó con vehemencia las denuncias de la Misión y afirmó que la ola de violencia postelectoral fue generada “por la derecha fascista de Venezuela” que “empleó bandas criminales para atacar personas y quemar y destruir instituciones públicas”.

“No fueron protestas pacíficas”, señaló el diplomático y pidió al los países que rechacen el informe de la Misión, que calificó de “grotesca burla escrita”.

Ecuador, que tomó la palabra en nombre de Argentina, Chile, Canadá, Paraguay, Guatemala, Uruguay y el suyo propio, pidió al Gobierno de Venezuela que cese con la represión y deploró “la falta de independencia de la Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia”.

Pidió que se trate a los menores detenidos de acuerdo a las normas internacionales, exhortó a la “verificación imparcial de los resultados electorales” y se mostró a favor de que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión de Establecimiento de los Hechos para Venezuela, que expira en breve.

#20Sep ?️ "VIOLACIONES DOCUMENTADAS"Misión de la ONU sobre Venezuela concluye que las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país "constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos”?: @_Provea pic.twitter.com/ZpQfoq7cFy

El ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público, rechazaron el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, acerca de los hechos ocurridos en el país, después de las elecciones del 28 de julio.

«Venezuela rechaza, de manera categórica, la presentación, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, del informe vulgar y panfletario, redactado por una misión ilegítima, politizada e ideologizada».

Así lo manifestó el MRE, a través de sus redes sociales, en un comunicado donde esta misión fue «creada por el cartel de gobiernos del fracasado Grupo de Lima, con el único objetivo de cumplir órdenes emanadas desde Washington, para aplicar la política estadounidense de “cambio de régimen” en contra del gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela».

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De su parte, el Ministerio Público también repudió el documento de la misión.

La denominada Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha emitido un nuevo compendio de ataques a las instituciones venezolanas que pretende presentar como informe.

Este mecanismo fue creado en 2019 para agredir a Venezuela por mandato de Estados Unidos y del fenecido Grupo de Lima. Se creó para boicotear los acuerdos y el trabajo que ha adelantado la República Bolivariana de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a partir de ese mismo año 2019.

Nuevamente los integrantes de la engañosa Misión presentan información sesgada, incontrastable, basada en testimonios anónimos, interpretada en base a sus prejuicios y sin detalles ni evidencias que permitan su revisión.

Es un informe diseñado y ejecutado para alimentar los ataques internacionales contra Venezuela, que niega la existencia de las medidas coercitivas unilaterales que han producido graves daños al país y sus habitantes; que niega los intentos de golpe de Estado y de magnicidio, así como las operaciones con mercenarios ejecutadas con apoyo extranjero y la continua intromisión extranjera en los asuntos internos de Venezuela.

En su deformada representación de la situación del país, niega también las numerosas investigaciones, imputaciones y acusaciones realizadas por el Ministerio Público contra funcionarios que han cometido violaciones a derechos humanos, así como las condenas dictadas por el Poder Judicial contra muchos de ellos.

Los graves hechos de violencia desatados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio incluyeron, además de la muerte de 27 personas, 2 de ellas funcionarios de la GNB, produjeron 195 personas heridas, de las cuales 97 son funcionarios.

El Ministerio Público contabilizó 486 ataques a instituciones y bienes públicos y privados, entre ellos 75 Centros educativos, 41 Centros de salud, 50 Instalaciones y medios de transporte, 253 Instalaciones de cuerpos de seguridad, 10 Centros electorales, 7 Sedes de instituciones de la Administración Pública, 27 Estatuas y monumentos.,13 Establecimientos comerciales y 10 Sedes de Organizaciones Políticas.

#20Sep ?? "VULGAR Y PANFLETARIO"La Administración de Nicolás Maduro rechaza, "de manera categórica", el informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela presentado ante el Consejo de DD.HH. de la ONU?: #Comunicado pic.twitter.com/xs2kExqUhS

El Gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.

La advertencia la hizo Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en su último informe, relacionado con los hechos posteriores a las elecciones del 28 de julio.

Las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, señaló el informe.

«Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.

“Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.

El informe de la Misión, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indicó que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio. Las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder.

#17Sep ?️ "ESTA REPRESIÓN ALCANZÓ UN NIVEL SIN PRECEDENTE" Misión de la ONU sobre Venezuela denuncia que la "Operación Tun, Tun" generó 2.229 detenciones, donde se cometieron graves violaciones al debido proceso, incluyendo torturas y malos tratos?: @_Provea pic.twitter.com/iXM6IbQ0vV

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En el período previo a las elecciones, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra, y se emitieron órdenes de arresto para otras personas.

Entre estas se incluyen personal militar, así como defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.

Solo en julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición.

En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.

Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país. Los procedimientos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso.

La Misión de Determinación de los Hechos reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social.

«Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso», dijo Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”.

Como adelanto de la ola de represión previa a las elecciones, Maduro y otros altos funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de un baño de sangre si no lograban la victoria.

«El plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales. Se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima», dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos.

“La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico”.

El informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de actores clave de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos y periodistas.

«Teniendo en cuenta tanto los patrones de acción y la política estatal delineada en informes previos, como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes estatales, la misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato», concluyó el informe.

A solo horas para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncie acerca del “peritaje” de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que le dieron el triunfo al presidente Nicolás Maduro el 28 de julio, la misión de Determinación de Hechos de la ONU, alertó acerca de la falta de “independencia” de las instituciones en Venezuela.

«Alertamos sobre la fata de independencia e imparcialidad del TSJ y del CNE que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado», publicó la instancia de las Naciones Unidas, en sus redes sociales.

Agrega que «el Gobierno ejercer una injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ, a través de mensajes directos a magistrados, declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello», agrega.

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Recuerda que en el 2020, la AN «modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales, para ser controlada por la misma Asamblea y eligió a los actuales 20 magistrados del TSJ».

«La actual presidenta del TSJ y su sala Electoral, Caryslia Rodríguez, es militante del partido de Gobierno y ha ejercido cargos de elección popular», añade.

Igualmente, destaca que el «actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, ha sido diputado de la Asamblea Nacional representando al partido de Gobierno», además de haber sido Contralor General, «responsable de la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado y otros líderes de oposición».

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???️ Pronunciamiento de @UN_HRC a minutos de que el TSJ se pronuncie sobre los resultados anunciados por el CNE el #28Jul: “La Misión de Determinación de los Hechos alerta sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones.” pic.twitter.com/TN6v9a5ka5

El Gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo, dijo este lunes la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela.

Las protestas en la calle, así como en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones, «abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado», señala un comunicado de la Misión.

Agrega que «la Misión lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años».

“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, expresó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

“Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”, afirmó.

Después de analizar los datos publicados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, «la Misión puede concluir preliminarmente que al menos 1260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres».

La mayoría de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital (18%), seguido de los estados de Carabobo (16%) y Anzoátegui (9%). Datos anunciados por el Fiscal General de la República elevan la cifra a 2200 personas, calificadas de manera indiscriminada como “terroristas”, que han sido detenidas.

La Misión ha registrado elementos comunes en estas detenciones, que las convierten «en detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia».

Entre estos elementos «se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas».

“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión.

“Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares”.

Entre las personas que han sido detenidas hay dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas, así como defensoras y defensores de derechos humanos, consideradas o percibidas como opositoras por las autoridades.

Sin embargo, la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades.

Muchas de estas detenciones ocurrieron después de que las personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades las fueron a buscar selectivamente en sus casas.

La Misión ha recibido información especialmente preocupante sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas.

Además, los niños, niñas y adolescentes no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales

“La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, señaló Francisco Cox, experto de la Misión.

La Misión continúa su proceso de documentación, análisis, verificación e investigación de las violaciones a los derechos en la República Bolivariana de Venezuela, y exige que la represión desatada desde el 28 de julio se detenga de inmediato.

La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela expresó su profunda preocupación por la situación de la defensora de derechos humanos detenida el pasado viernes, e instó al Gobierno de Nicolás Maduro “a poner fin a la ola de represión contra los opositores” que se está intensificando en todo el país.

«Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar», reseña una nota de la misión de la ONU.

«El Fiscal General, Tarek William Saab, acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país», recordó.

«No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores», declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación.

«Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional, de los derechos humanos y de derecho internacional penal», agregó.

La Misión ha expresado su preocupación por una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional y que incluyen detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido político Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado.

Las autoridades han tratado de justificar estas y otras violaciones de los derechos humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el Gobierno y altas autoridades del Estado.

«El Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos «, afirmó Francisco Cox, miembro de la Misión de Investigación.

«Sin desconocer el derecho del Estado a investigar, ello se tiene que hacer con pleno respeto a los derechos humanos y sin cometer crímenes internacionales», sostuvo.

«De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes», dijo Patricia Tappatá, otra de las integrantes de la Misión Investigadora. «La información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al Gobierno, haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional.»

«En Venezuela, las medidas de represión e intimidación dirigidas a reducir el espacio cívico -ahora en mayor riesgo con la próxima aprobación de la ley que regula las organizaciones no gubernamentales y que afecta a su independencia- siguen combinándose con otras gravísimas medidas de represión», ha afirmado Valiñas. «Es preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos.»

Una vez terminada la presentación del cuarto infoeme de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, ante el consejo de DD.HH. de la ONU, el embajador de Venezuela, Héctor Constant, calificó el escrito como un «pseudo informe» y aseguró que se trata de «acusaciones ridículas».

«Si tuvieran respeto por los DD.HH. señalarían a las sanciones como la verdadera causa de la crisis», aseveró el funcionario.

«Utilizan los derechos humanos como excusa para provocar injerencias políticas», afirmó.

«El mandato de la llamada Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela, impuesto a mi país por razones políticas, es la síntesis de la antítesis del sistema de derechos humanos», expresó.

«Hay un interés financiero detrás de este circo (…) Inaudito que se destinen mayores recursos para mantener estos mecanismos politizados», espetó.

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Asimismo, a través de un comunicado, la cancillería de Nicolás Maduro manifestó: «su más categórico rechazo a las insólitas acusaciones falsas y sin fundamento, realizadas por la mal llamada Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo informe panfletario presentado este 25 de septiembre de 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas».

El escrito asegura que se trata de una estrategia para mancillar la imagen de Venezuela y legitimar la imposición de las sanciones.

#25Sep #AHORA #LaONUDetermina?️ PIDE QUE HABLEN DE LAS SANCIONES El representante de Maduro llama "pseudo informe" a la actualización de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y tilda de "ridículas" las acusaciones de crímenes de lesa humanidad¿Qué opinas? pic.twitter.com/UMLQ5SUWOo

Finalmente, este lunes fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cuarto informe de la Misión de Determinación de Hechos de la organización sobre Venezuela, encabezada por Marta Valiñas e integrada por un equipo que ha documentado las persistentes violaciones de la DD.HH, en el país.

«Las investigaciones de la misión han permitido construir un panorama de losmétodos de represión “duros” y “blandos” desplegados en la República Bolivariana de Venezuela contra opositores reales o percibidos como tales. Se trata de dos componentes de un aparato opresivo del Estado que se ha utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza de la disidencia social y de la percepción de su influencia», destacan las conclusiones del documento leído ante los asistentes a la reunión.

Por un lado, agrega, «durante el período anterior de protestas populares masivas en las calles venezolanas entre 2014 y 2019, las tácticas de “mano dura” más violentas se utilizaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos. Por otro lado, el uso por parte del Estado de tácticas coercitivas más “suaves”, aunque presente anteriormente, se ha vuelto más recurrente en los últimos años», señala.

Añade que «el uso por parte del Estado de su aparato opresivo se ha vuelto más selectivo, debido en parte al “efecto inhibitorio” de sus anteriores esfuerzos por anular la disidencia, al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado, así como al hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos».

Sin embargo, «el uso de mecanismos de represión más “suaves” se ve respaldado por la amenaza latente de que el Estado puede recurrir en cualquier momento a mecanismos más “duros”, que el Gobierno puede activar o desactivar a voluntad. Por ello, es imperativo que la justicia real y efectiva y la rendición de cuentas».

Alerta que «la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado, y el Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático, coartando las libertades individuales y colectivas y extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos».

“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, “duros” y “blandos”, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, dijo Francisco Cox, experto de la Misión. “Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica”.

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Para dar un ejemplo, cita el caso de los seis sindicalistas condenados a más de 16 de cárcel, por «conspiración», cuando lo que hicieron fue protestar por reclamar mejoras laborales.

“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, aseguró Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión.

“La falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el Consejo Electoral- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”, enfatiza.

#25Sep #AHORA #LaONUDeterminaInicia la presentación del cuarto informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pic.twitter.com/a9LFtgtTKD

«Hasta el día de hoy se están cometiendo graves violaciones de DD.HH. en Venezuela y estas violaciones no son aisladas, sino que son parte de una política estatal para reprimir la disidencia”.

La afirmación la hizo Marta Valiñas, presidenta de Misión Internacional de determinación de hechos sobre Venezuela, quien presentó un informe donde alerta que en el país se han registrado 43 nuevos casos de violación de DD.HH., 72 víctimas individuales, 58 detenciones arbitrarias y 28 casos de tortura en detención a disidentes.

Se trata del cuarto infoeme presentado por la misión desde el 2020, ante el Consejo de DD.HH. de la ONU.

Asimismo, se han documentado 51 casos de persecución contra medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos.

«Estas personas son acusadas de cargos como terrorismo por ejercer su libertad de expresión y protesta», señaló por su parte la otra integrante de la misión, Patricia Tappatá.

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El documento aclara que, aunque desde el 2020 «parecen haberse reducido los abusos» contra los opositores, hay «mecanismos más selectivos» para la represión.

«Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos, que recientemente se han llevado a cabo de manera selectiva contra personas de la sociedad civil tales como dirigentes sindicales, periodistas y defensores de los derechos humanos», subrayó Valiñas.

Alerta que «la crisis institucional en Venezuela, la pérdida del Estado de derecho y la incapacidad del régimen para resolver esos problemas son los puntos de inflexión para que en el país vuelva a prevalecer la garantía fundamental y los derechos que tienen los ciudadanos».

Igualmente, se denuncian las inhabilitaciones contra María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano y las calificó como «maniobras contra la disidencia política venezolana».

«La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre,que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los DDHH», alertó Valiñas.

«Siguen existiendo mecanismos de represión, lo que hace que la vigilancia internacional de los derechos humanos en Venezuela sea más crucial que nunca», enfatizó la experta.

#20Sep ?️ "LA REPRESIÓN SE HA VUELTO SELECTIVA"La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos entrega el cuarto informe sobre Venezuela ante el Consejo de DD.HH. de la ONU"Se envía el mensaje de que el Estado puede en cualquier momento reprimir de… pic.twitter.com/v97t8EKNLV

Con una votación de 19 países a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobó por dos años más la continuidad de la Misión de Determinación de Hechos, que investiga la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El Consejo se reunió la mañana de este viernes #7Oct para decidir si era necesario que la misión continuara con las averiguaciones sobre las supuestas violaciones de los derechos fundamentales en el país, después de que hiciera un informe completo, en donde estableció responsabilidades directas hacia la administración de Nicolás Maduro, sobre todo hacia sus organismos de inteligencia.

#LOÚLTIMO Con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, el Consejo de DDHH aprobó renovar por dos años más la Misión de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela Vía @monitoreamos@ImpactoVE ?pic.twitter.com/mzxrTYT3pz

Trascendió que entre los países que votaron en contra de la continuidad de la misión son, además de Venezuela, China, Cuba y Eritrea.

La abstención es un número considerable en dicha votación. sobre todo porque muchos de los países que cambiaron su posición política, y por ende, su opinión sobre la misión de derechos humanos, prefirieron finalmente abstenerse.

Por ejemplo, los gobiernos de izquierda de México y Argentina, así como Honduras prefirieron abstenerse.

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Los países que votaron a favor de la permanencia de la misión fueron: Brasil, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Japón, Lituana, Luxemburgo, Malaui, Islas Marshall, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.

Dentro de la aprobación que renovara la ONU también resaltan, además de los dos años de prolongación, el que la administración de Nicolás Maduro coopere «plenamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la misión internacional independiente de determinación de los hechos».

Además, pide que se les permita «acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, también a las víctimas y los lugares de reclusión».

Vale recordar que esta misión seguirá las averiguaciones llevadas a cabo por la gerencia de Michelle Bachelet, quien señaló de manera directa a Maduro y su Gobierno.

Posteriormente, en un segundo informe de la misma oficina, se determinó que la administración de Nicolás Maduro habría utilizado a los organismos de inteligencia para torturar, detener y hostigar a la disidencia política.