En Vichada fue desarticulada una red señalada de robarse 8 mil millones de pesos a través de licencias de maternidad a mujeres en estado de gestación que eran engañadas. Fueron más de 400 mujeres víctimas en toda Colombia.

El modus operandi de esta organización criminal, dicen los investigadores, iniciaba ubicando y perfilando a mujeres embarazadas en diferentes municipios del país.

“Una organización dedicada a estafar el sistema de salud y a las mujeres en estado de gestación”, indicó el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía de Vichada.

“Afiliaban al sistema de salud a las mujeres embarazadas entre el 5 y 7 mes de gestación por medio de una empresa fachada, que le decían que era una ONG o era una entidad del Estado”, contó Fajardo a Caracol noticias que informó en primicia.

Lo que no sabían las víctimas es que estaban firmando un contrato como si fueran empleadas de una empresa.

“Les ofrecían entre un millón de pesos y al final de su gestación les incrementaban ese sueldo, el cual que pasaba entre los 4 y los 12 millones de pesos al final”, explicó el coronel.

“Después de ahí seguí con mi embarazo y estas personas seguían contactándose conmigo y me decían que les avisara cuando yo tuviera el bebé”, aseguró la víctima.

Ya cuando las mujeres daban a luz se llevaban la sorpresa de que el dinero correspondiente a su licencia de maternidad ya había sido reclamado por miembros de esta red criminal.

“Al momento que dan a luz, la empresa fachada o de papel cobran las licencias de maternidad ante las EPS y a las mujeres embarazadas les entregan una suma irrisoria de 100 a 200 mil pesos”, agregó Fajardo a Caracol que dio a conocer la noticia.

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Tras una larga investigación, la Policía del Vichada ubicó a ocho señalados integrantes de esta red delictiva que habría engañado a 428 mujeres en diferentes municipios colombianos para apropiarse de dineros del Estado.

“A ellas les daban una mínima cuantía, pero el resto iba para las empresas fachada de esta estructura criminal, logrando desfalcar al Estado y a la seguridad en salud de aproximadamente 8 mil millones de pesos”, aseguró un investigador de la Sijín de la Policía de Vichada.

“Esas personas contaban con una documentación que certificaba la legalidad de más o menos 19 empresas que tenían como fachada para cometer los ilícitos”, puntualizó el coronel Fajardo.

Los ocho capturados fueron imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Seis de ellos fueron enviados a la cárcel y a los otros dos le dieron casa por cárcel.

María nació hace 22 años de una madre seropositiva pero nunca contrajo el virus gracias al tratamiento oportuno que ambas recibieron durante el embarazo y en los primeros días después del nacimiento.

Fue la Fundación Innocens, una la ONG en el estado Zulia, oeste de Venezuela, que coordinó todo, desde los medicamentos, pasando por la cesárea obligatoria y el suministro de la leche maternizada.

Pero la mayoría de las mujeres en esta condición dependen del sistema público de salud, en crisis perenne, plagado de estigmas, sin un proceso estandarizado y muy «a discreción» del tratante.

María, que pidió cambiar su nombre, recién se enteró a los 14 años de la condición de su madre, es ahora voluntaria en la ONG que les brindó asistencia y que desde hace tres décadas atiende a miles de mujeres en uno de los principales hospitales de Maracaibo, la capital de Zulia.

Su madre «cumplió el tratamiento al pie de la letra y así fue como nací completamente sana», relata la joven a la AFP.

Venezuela suma unos 100.000 contagiados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), según un informe del ministerio de Salud publicado en 2020, que precisa que del total, 73.147 conoce su estado serológico y 56.038 recibe tratamiento de forma gratuita.

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Un total de 404 mujeres embarazadas con VIH fueron atendidas en la red pública en 2020, otras 75 fueron diagnosticadas después de dar a luz y sus bebés pasaron a recibir el protocolo para expuestos al virus; 2,8% de los recién nacidos fueron seropositivos ese año, refleja el reporte oficial.

«Se logró incrementar la entrega de antirretrovirales a las mujeres que fueron diagnosticadas durante su etapa de gestación», según el informe.

No obstante, María Graciela López, expresidenta de la sociedad de Infectología de Venezuela, estima que «la atención a las embarazadas seropositivas queda a discreción de los profesionales de cada centro» de salud.

La organización especializada Acción Solidaria ha denunciado por su parte «estigma y discriminación» hacia la mujer infectada en los hospitales.

En Zulia, otrora capital petrolera venezolana, el protocolo común en centros de salud ha sido remitir a las pacientes a Inoccens, que Cecilia Bernardoni fundó en 1994 como una promesa al primer niño con sida que atendió como odontóloga tras el rechazo de otros colegas, temerosos de contagiarse.

«Necesitamos fortalecer el programa de prevención en las maternidades», insiste esta mujer de 79 años bautizada como el «ángel de los niños con VIH». «No solo es atenderlos sino garantizarles la vida, que puedan continuar viviendo».

«El programa solo se cumple acá» en Inoccens, crítica por su parte Arelis Lleras, infectóloga de la fundación.

Los casos, no obstante, han saltado en la fundación en los últimos años: de 30 en 2019 a 64 en 2021 y en lo que va de este año ya suman 68. El confinamiento por el covid-19, la falta de controles y la imposibilidad de trasladarse a centros asistenciales impulsaron el salto.

«Hemos tenido semanas con casos nuevos todos los días», alerta por su parte Clara Urbina, psicóloga de la ONG.

Más allá de la detección, tratamiento y cesárea, la leche maternizada es un verdadero dolor de cabeza para Inoccens, pues el bebé no puede ser amamantado para evitar el contagio.

«Son siete potes mensuales por niño, por aproximadamente nueve meses, y llevamos 68 cesáreas», explica Bernardoni. «Antes les dábamos todo, pero ya no podemos». 

Un envase de fórmula cuesta entre 5 y 13 dólares, inalcanzable para muchos en un país con un salario mínimo equivalente a unos 10 dólares. Muchas les dan a los bebés agua con avena, plátano o arroz, lamenta Bernardoni, que llama a donaciones.

María evita hablar en la universidad de la condición de su mamá, de nuevo por el estigma en este país conservador, pero sigue fiel a su trabajo voluntario. «Cada vez que veo a un niño que nace con el virus se me eriza la piel, porque yo pude ser uno de ellos».

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentó su “Reporte de la situación en Venezuela en octubre de 2020″ de embarazadas.

En el informe destacó que el 23,9 % de las mujeres embarazadas atendidas en ambulatorios monitoreados por el organismo padecen algún tipo de desnutrición.

Unicef señaló que durante las pruebas de detección se identificaron desnutridas 409 en gestación, entre ellas, 68 adolescentes.

Para el estudio examinaron a  1.714 mujeres embarazadas, de las cuales, 267 son adolescentes.

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Por ello, el informe de la Unicef determinó que el 23,9% de las mujeres examinadas presentan signos de desnutrición.

De estas estadísticas, el 25,5% de las mujeres en gestación con algún tipo de desnutrición son adolescentes.

Estas mujeres fueron examinadas en todo el mes octubre, y las estadísticas corresponden a ese mes que se estableció el estudio.

El organismo resaltó que proporcionaron tratamiento a estas mujeres subalimentadas para mejorar su estado y reducir los riesgos.

Además, prestaron servicios nutricionales preventivos y curativos en todo el país a un total de 9.313 niños menores de cinco años.

Unicef detalló que son: 4.654 niñas y 4.659 niños, incluidos 70 niños indígenas y 7 niños de ascendencia africana.

Asimismo, explicó que aplicaron exámenes antropométricos en 4.625 niños menores de cinco años.

De esos niños, registraron malnutrición aguda global en 700 niños, incluidos 184 con malnutrición aguda grave y 516 con malnutrición aguda moderada.

Unicef pidió más ayuda de la comunidad internacional para enfrentar “las necesidades derivadas de la triple carga presente en Venezuela”.

Esto incluye los efectos de la prolongada crisis humanitaria, la pandemia del COVID-19 y las corrientes migratorias entrantes y salientes”.