La ONG de Venezuela Provea denunció este miércoles que las mujeres detenidas en el país viven «condiciones inhumanas» de reclusión, al afirmar que permanecen «hacinadas, sin acceso regular a agua potable, atención médica especializada o productos para una menstruación con dignidad».

«Venezuela incumple las reglas de Bangkok de la ONU, que exigen proveer condiciones dignas, productos de higiene gratuitos y atención médica adecuada en los centros de reclusión», manifestó la ONG a través de su cuenta en X.

Denuncia que «las familias cargan con todo: comida, analgésicos, toallas sanitarias, agua para beber y asearse».

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También señala que el «Estado venezolano se desentiende por completo, incluso de lo más básico».

Igualmente, destaca que «durante la represión postelectoral de 2024, al menos 2400 personas fueron detenidas en solo 16 días. Aproximadamente unas 293 eran mujeres. Hoy, 92 siguen presas por motivos políticas, muchas de ellas en un sistema diseñado para olvidarlas».

Provea alerta que «esta omisión puede constituir un trato degradante, como ha advertido el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura».

El Presidente Gustavo Petro sancionó este miércoles en la capital del departamento del Chocó la ley que sustituye, con enfoque de género, las penas de prisión de cerca de cinco mil mujeres condenadas que son cabeza de hogar y están en condición de marginalidad.

“Este es el proyecto de ley que yo voté siendo congresista en la Comisión Primera del Senado y que ahora, qué paradoja, no lo sabía en ese momento, como Presidente de la República firmo para que se convierta en ley”, expresó el Jefe de Estado en el acto de sanción de la norma, celebrado en la sede del Comando de la Policía de Quibdó.

La ley pasó a sanción presidencial en julio de 2021, pero fue objetada. Por lo tanto, pasó a examen de la Corte Constitucional, que se pronunció por medio de la sentencia C-256 del 6 de julio de 2022, rechazando las objeciones y devolviendo el texto del proyecto de ley a la Cámara de Representantes, que la remitió nuevamente a la Presidencia de la República para la respectiva sanción presidencial.

El Presidente Petro explicó que el objetivo de la ley es el de evitar que “si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crezcan sin afecto y muchos, en el futuro, se conviertan en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión, una especie de sifón suicida. Pues aquí cortamos esa cadena y que esos niños tengan a su mamá”.

En eso, añadió el gobernante, radica la importancia de la norma sancionada, “porque inicia otra manera de hacer las cosas”.

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En el acto estuvo presente el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien indicó que la norma se aplicará solo a mujeres que tengan condenas inferiores a 8 años. A cambio, deberán prestar servicios de utilidad pública no remunerados que favorezcan a la comunidad y reconstruyan el tejido social que se afectó por la comisión del delito.

El objetivo de la norma, recalcó el funcionario, es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, de las familias vulnerables y pretende propiciar la inclusión social de mujeres cabeza de hogar en estado de marginalidad. Además, da respuesta al histórico estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario.

Las medidas alternativas a la prisión que contempla la ley favorecen la reducción de la reincidencia y evitan el rompimiento de vínculos sociales, familiares, y la generación de estigmas y discriminación.

Fuente: Presidencia de Colombia

Violencia sexual, favores de este tipo a cambio de comida y todo tipo de abusos. Este es el drama de las mujeres presas en las comisarías en Venezuela. La ONG Una Ventana a la Libertad hizo la denuncia.

“En marzo de 2019 ya hablábamos de esta manera de violencia sexual contra la mujer. Las utilizaban a manera de intercambio, de favores sexuales a cambio de alimentación o de seguridad”. Así lo dijo Carlos Nieto Palma, coordinador de la Organización.

Explicó que esto ocurre desde hace tiempo. Y destacó que todo empeora con el hecho de que un sitio de reclusión temporal se transforma en una cárcel con el tiempo.

“La realidad es que en esos lugares las personas no deberían estar por más de dos días. Son espacios sin las condiciones para tener a presos ahí por lapsos mayores a 48 horas. Los policías no tienen dentro de su línea de trabajo cuidar presos porque no están preparados para eso”, comentó, para Voz de América.

Alertó que en las comisarías no hay separación entre hombres y mujeres. Por ello, se producen los abusos sexuales hacia las detenidas. “A veces consensuado, a veces no, pero es una situación complicada”, alertó.

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Las declaraciones de Nieto Palma vienen a propósito de la muerte de una joven de 19 años, tras recibir un disparo en la cabeza mientras estaba en un calabozo. Ella se resistió a mantener relaciones sexuales con un oficial. Todo ocurrió en una estación policial en Guatire, estado Miranda.

Al responsable le imputaron cargos por homicidio intencional por motivos innobles. Además de uso indebido de arma orgánica, violencia sexual y traición a la patria.

Nieto informó que el caso del oficial fue enviado a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.