El gigante estadounidense de las redes sociales Meta, empresa matriz de Facebook, fue multado el lunes por el regulador irlandés en nombre de la Unión Europea con 265 millones de euros (277 millones de dólares) por no proteger adecuadamente los datos de sus usuarios.

«La Comisión de Protección de Datos (CPD) ha anunciado hoy la conclusión de una investigación sobre Meta Platforms», filial del gigante que «controla los datos de la red social Facebook, imponiéndole una multa de 265 millones de euros y una serie de medidas correctoras», informó el organismo en un comunicado.

La CPD había anunciado en abril de 2021 la apertura de una investigación a Facebook en nombre de la UE, tras conocerse el pirateo de más de 530 millones de datos de usuarios en una acción que se remonta a 2019.

Facebook tiene su sede europea en la República de Irlanda, por lo que corresponde al regulador irlandés realizar la investigación.

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Esta se centró en las aplicaciones «Facebook Search, Facebook Messenger Contact Importer e Instagram Contact Importer (…) entre el 25 de mayo de 2018 y septiembre de 2019» y buscaba averiguar si Meta había protegido suficientemente los datos de sus usuarios según la normativa de la UE.

«La decisión» de multar a Meta y a sus correspondientes filiales se adoptó el viernes tras constatarse «incumplimientos de la normativa europea», detalla el CPD.

Pirateo

El pirateo informático detectado en 2019 utilizó un método conocido como «scraping», el saqueo de perfiles de Facebook mediante un software que imita la funcionalidad de la red identidad a ayudar a los usuarios a encontrar fácilmente a sus amigos, para lo que accede a su lista de contactos. 

«La protección de los datos personales de las personas es fundamental para el funcionamiento de nuestro negocio», reaccionó un portavoz de Meta el lunes.

«Por eso hemos cooperado plenamente con la Comisión de Protección de Datos en esta importante cuestión» y «hemos hecho cambios en nuestros sistemas», añadió.

El Tribunal Supremo de Justicia de España anunció este miércoles que anuló una condena que obligaba al futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué a reembolsar 2,1 millones de euros (2,37 millones de dólares) a Hacienda por presunto fraude en la tramitación de sus derechos de imagen.

El Supremo indicó en una nota de prensa que admitió el «recurso de casación» de Piqué contra la sentencia de mayo de 2019 de la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid, por lo que esta última se «anula».

El asunto se remonta a 2016, cuando un tribunal administrativo concluyó que Piqué había «simulado» la cesión de sus derechos de imagen a su sociedad Kerad Project para pagar menos impuestos en los años 2008, 2009 y 2010.

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Por tanto, lo obligaba a aportar 1,5 millones de euros de impuestos atrasados y una multa de más de 600.000 euros, 2,1 millones de euros en total.

En su sentencia de 2019, la Audiencia Nacional ratificó la condena.

Pero ahora, a diferencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo rechazó que Kerad Project haya sido solo una tapadera y avaló la labor de la sociedad, donde el que llevaba las cuentas era el hermano de Piqué.

Además, la sentencia consideró que las cotizaciones que pagó en Reino Unido cuando en 2008 todavía formaba parte del Manchester United «deben considerarse como gasto deducible de los rendimientos del trabajo» para el pago del impuesto sobre la renta, también corrigiendo lo que afirmaban las jurisdicciones inferiores.

Por lo tanto, anuló la multa contra Piqué, ganador del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012 con España, reseñó AFP.

La pareja de Piqué, la cantante colombiana Shakira, también ha tenido problemas con la Hacienda española, y podría ir a juicio acusada de no haber pagado 14,5 millones de euros (16,4 millones de dólares) en impuestos entre 2012 y 2014.

La pareja vive cerca de Barcelona con sus dos hijos.

Autoridades de la ciudad portuaria, levantaron la alerta luego de que se detectara que una clínica privada estaba depositando clandestinamente desechos bio sanitarios en áreas prohibidas, como la franja de seguridad de los oleoductos ubicados en Puerto La Cruz.

«Debemos ser más concientes humanos y responsables con la seguridad de todos los ciudadanos. Los desechos médicos requieren un tratamiento especial y no se pueden botar en cualquier espacio porque podría contagiarse cualquier vecino o vecina de alguna enfermedad», precisó.

Por otra parte, el director de la Corporación de Servicios Ambientales de Sotillo (Coservas), Glen Chaguan, indicó que El Centro Clínico fue multado con 50 millones, aunado al procedimiento administrativos que se les aperturó.

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«Ellos pagaron un transporte para que botara los desechos clínicos y este los habría arrojado en la franja de seguridad. Ya el equipo de Conservas hizo la recolección de los desechos antes mencionados», precisó.

En la entidad porteña la recolección de desechos sólidos se ha visto afectada producto de la imposibilidad de que las compactadoras descarguen en el vertedero.

García detalló que la administración de Cerro de Piedra es competencia de la gobernación del estado, y la falta de mantenimiento se debe a un acto de «irresponsabilidad del gobernador», que retrasa el proceso de recolección de desechos sólidos.

«Es por eso que vemos acumulación de basura en varios espacios de la ciudad y puntos críticos que se habían eliminado, cosa que habíamos superado en el primer semestre de nuestra gestión», concluyó la funcionaria.