Para la Asociación Civil SÚMATE, tanto las cámaras municipales de Independencia (Anzoátegui) y Jesús María Semprún (Zulia), así como el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), se encuentran en mora, ya que han transcurrido 90 días después de que fuesen detenidos los alcaldes de ambos municipios y no se ha declarado la «ausencia absoluta».

A través de las redes sociales la ONG manifiesta que según la Ley del Poder Público Municipal, en el artículo 87, indica que una vez cumplido el lapso de 90 días, se debe declarar la «ausencia absoluta» y por ende, llamar a nuevas elecciones.

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El artículo 87 reza lo siguiente: «Si la falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta».

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«Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa, antes de tomar posesión del caro o antes de cumplir la mitad de su periodo legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente», expresa el artículo 87 de la Ley del Poder Público Municipal.

Para entrar un poco en contexto sobre la posición de SÚMATE, el pasado 27 de enero de este año, en un operativo antidrogas en el estado Falcón, fue detenida la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, del estado Zulia, Keyrineth Fernández, militante del PSUV.

Al día siguiente se anuncia la detención de Carlos Vidal Bolívar, alcalde chavista del municipio Independencia del estado Anzoátegui. La aprehensión del burgomaestre obedece a su participación en una banda dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de combustible.

Esta semana el municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia, está alborotado por una serie de protestas de las comunidades indígenas que exigen la realización de nuevos comicios para elegir alcalde en esa localidad.

Desde este miércoles, los indígenas cerraron la troncal 6, a la altura del trayecto Machiques – Colón, en el sector El Cruce y eso generó enfrentamientos con la Policía Nacional Bolivariana (GNB) y Guardia Nacional (GNB).

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La situación se tornó muy violenta cuando los funcionarios decidieron abrir el paso, tanto que se movilizaron más de 150 funcionarios y eso recrudeció la protesta.

Voceros de las comunidades indígenas conversaron con los medios locales y aseguraron que el cierre de vías es para exigir se celebren nuevas elecciones.

A finales de enero, la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, Keyrineth Fernández, la detuvieron en el estado Falcón por presuntamente estar involucrada en el contrabando de drogas.

Estas comunidades tienen más de 12 días protestando para exigir su derecho constitucional de elegir nuevas autoridades.

Estos cierres de vías están afectando a los transportistas de alimentos e insumos que reportan importantes pérdidas económicas, al no cumplir a tiempo con la entrega de los pedidos.

Para levantar la protesta, los representantes de las comunidades indígenas exigen la presencia de la ministra de los Pueblos Indígenas, Clara Vidal.

La exhortarán a asumir la vocería correspondiente ante las autoridades electorales y se programen cuanto ante los citados comicios.

Entre tanto, continuarán durante estos días las protestas hasta que se cumpla con lo establecido en la Ley.