La Audiencia Nacional (AN) ha fijado para el 19 de octubre el juicio contra la empresa asturiana Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por los presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela, informó Europa Press.

 En una providencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal señala los días 19, 20, 21 y 22 de octubre para la celebración de la vista oral. Las sesiones, que arrancarán a partir de las 10.00 horas, se celebrarán en la sede del tribunal de la calle García Gutiérrez.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pide 9 años y 6 meses de cárcel, así como multa de 160.000.000 euros para el expresidente de Duro Felguera por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y un delito continuado de falsedad de documento mercantil.

El Ministerio Público solicita que la empresa sea condenada a 160.000.000 euros de multa e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante dos años por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Para Villalobos, la Fiscalía pide una condena de 8 años y 9 meses de prisión y multa de 3.600.000 euros por tres delitos continuados de falsedad de documento mercantil y por otro de blanqueo de capitales. Por los mismos delitos, Anticorrupción solicita que Ochoa Alvarado sea condenado a 3 meses de cárcel y multa de 1.625.000 euros.

En el banquillo de los acusados también se sentarán las mujeres de los ex viceministros venezolanos, María Consuelo Pardí y Milagros Coromoto Torres, y el exCEO de Duro Felguera Ángel Antonio del Valle.

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Fue en julio de 2023 cuando el juez instructor, Ismael Moreno, procesó a 12 personas y cuatro empresas. En cuanto a la docena de investigados, el magistrado apuntaba a presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por hechos que se remontan a 2009 cuando hubo «una gran crisis energética en Venezuela» que llevó a restricciones y una declaración de «emergencia eléctrica».

El instructor relataba que, «como una de las soluciones para paliar dicha emergencia se decidió por la administración venezolana la construcción de la central termoeléctrica ‘Planta El Sitio’, en Santa Lucía (estado de Miranda)» con el objetivo de surtir a la Gran Caracas, con 4,5 millones de habitantes.

 «Para la adjudicación de esa obra, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguió que se designara a la empresa española Duro Felguera» y «ésta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación», indicaba.

Moreno detallaba que, para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro, que firmó «una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil».

En concreto, precisaba que se pagaron al menos 105 millones de dólares a Villalobos a través de «sociedades interpuestas» a fin de que «éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil».

El magistrado afirmaba que fue ese «trato de favor» obtenido mediante presuntos sobornos lo que permitió que Duro Felguera consiguiera el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.

Con información de Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, ordenó   registros en propiedades en España del exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, en cumplimiento de una comisión rogatoria cursada desde Suiza en relación con un procedimiento que tiene abierto en ese país.

Los registros, a cargo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, se produjeron de forma simultánea a otros dos que fueron decretados en otra causa en la que Pedraz investiga al empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt por presuntos delitos de blanqueo a través de la sociedad Derwick Associates Corporation.

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Según las fuentes consultadas por EFE, y pese a que en un principio se señaló que en esa causa también estaría investigado Villalobos, el magistrado solo estaría investigando por el momento en ese procedimiento a Betancourt y dos personas más.

Ambas actuaciones, la que afecta a Betancourt y la otra en la que se practicaron los registros solicitados, se encuentran bajo secreto en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Pedraz.

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Según ha adelantado el Periódico de España y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, la causa abierta por Pedraz trata de determinar la posible utilización de Derwick Associates Corporation en una presunta trama de blanqueo. Uno de los accionistas de la empresa es Betancourt, quien fue detenido la semana pasada en Londres por orden de la Audiencia Nacional y posteriormente puesto en libertad.

Entre las propiedades de Betancourt que fueron registradas se encontraría el Castillo de Alamín, en Toledo, que fue propiedad del expresidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán, quien fue condenado hace años por la Audiencia Nacional por el llamado caso Marsans, un proceso abierto por alzamiento de bienes y vaciamiento patrimonial.

Según un informe policial, Villalobos habría entregado en un banco de Andorra «un contrato firmado por su esposa, por el que la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick a conseguir adjudicaciones con empresas públicas venezolanas dentro del sector energético».

Un hecho que se considera que se da «ya que Derwick obtuvo en el periodo de estas transferencias varios contratos con la empresa pública venezolana EDC».

Villalobos se encuentra procesado ya en el caso Duro Felguera, que se centró en los presuntos sobornos del grupo español homónimo a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos para nuevos proyectos en Caracas y su zona de influencia.

Con información de Efe

La Audiencia Nacional de España decidió este miércoles archivar, de forma provisional, una de las investigaciones que por blanqueo de capitales se le seguía a varios exfuncionarios de Pdvsa, entre ellos al exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, su esposa Milagros Coromoto Torres y Alfonso Garrido Picón.

Se trata de la causa relacionada con el ingreso de unos fondos a favor del matrimonio, en el Banco de Madrid, con el argumento de que era un “contrato de asesoría” de parte de una sociedad controlada por el matrimonio y radicada en Madeira (Portugal).

Este contrato era ente la entidad Kingsway LDA, con otra institución radicada en Miami (Estados Unidos), Miami Export Equipment, dirigida por Luis Díaz y Luis Javier Díaz, por un importe de casi 10 millones de dólares.

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En el documento del tribunal, al final de esta nota, la jueza María Tardón acuerda «el sobreseimiento provisional» que es una de las cuatro investigaciones en las que se dividió el caso Pdvsa, por lavado de dinero, en España.

Se señala en el escrito que el contrato no respondía a servicios reales, sino a dar apariencia de legalidad al origen de los fondos controlados por el matrimonio y facilitar su introducción en el sistema financiero español mediante la compra de un inmueble en Madrid, entre otras operaciones.

Al analizar los hechos, la jueza recordó que la actuación ya fue «objeto de investigación en Portugal por supuesto delito de corrupción y blanqueo de capitales».

A su juicio, con la investigación, «no cabe excluir que nos encontremos ante la prestación de servicios realmente realizados y ante el pago de honorarios derivados de los mismos».

Agrega que los abogados de Villalobos aportaron documentos «justificativos de que la sociedad Kingsway LDA ha declarado ante la hacienda pública portuguesa los ingresos derivados de las transferencias realizadas por Miami Export Equipment».

Y sobre la presunta compra de inmuebles en la capital de España, Tardón destaca que de la forma en que se hizo el pago «no parece evidenciar una operativa sospechosa de blanqueo».

«No cabe, sino concluir que, tras una dilatada y extensa investigación, no resultan indicios bastantes para inferir, en los términos exigibles para continuar el procedimiento penal contra los tres investigados solicitantes del sobreseimiento, que la operativa que es aquí objeto de investigación -la introducción en España de 6.912.829,95 $ -importe total de las transferencias- pueda configurar el delito de blanqueo de capitales que, por ello, se les venía imputando», concluye la jueza.

La sentencia aclara en que se trata de un archivo «provisional» y que no libera por completo las otras investigaciones sobre el mismo caso.

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El exviceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, negó que conociera al exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. También rechazó que tuviera responsabilidades en Pdvsa, porque no dependía de su ministerio, sino de Hidrocarburos.

Nervis Villalobos declaró este martes como testigo ante la Audiencia Nacional de España. La institución investiga el presunto cobro de 4,5 millones de euros (unos 5,3 millones de dólares), procedentes de Pdvsa, por parte del hijo de Morodo. Lo habría hecho mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal entre 2012 y 2015 y el posterior blanqueo de esos fondos.

A Villalobos, además, lo investigan en otro procedimiento en la Audiencia Nacional, contra varios venezolanos. Este caso tiene que ver con presunto blanqueo de dinero en España, pero también sustraído de la petrolera estatal, reseñó Efe.

Su citación en la investigación contra Morodo parte de un documento hallado en su computadora. Allí figuran los nombres del exembajador y de su hijo, Alejo.

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Pero, el exfuncionario dijo que «se trata de un listado» que le dio la Policía española. Esto, cuando le ofrecieron colaborar para averiguar si empresas venezolanas blanqueaban dinero en España, informaron a Efe fuentes jurídicas.

En su comparecencia, Villalobos manifestó que no conocía a los Morodo. Dijo que a Juan Carlos Márquez, uno de los socios venezolanos de Alejo, solo lo conocía de «hola y adiós». Igualmente, aseguró que no sabía que tuviera relación con empresas del hijo del exembajador.

La fiscal le preguntó cuál era el motivo de que se hallara en su computadora un documento en el que aparecían referencias sobre Morodo. A esto respondió que no era suyo, sino que el listado lo facilitó un comisario de la Policía española.

También declaró, como imputado, Carlos Prada, uno de los dos supuestos socios venezolanos de Alejo Morodo en la presunta trama de blanqueo. Pero, el otro, Juan Carlos Márquez, se suicidó en 2019 tras declarar por esta causa.

Según las fuentes consultadas, este investigado defendió la legalidad de todas las empresas en las que estaba asociado con Márquez. Aseguró que sus negocios con Pdvsa estaban justificados por las correspondientes transferencias.

El juez tomó también declaración a la viuda de Márquez, cuyo nombre figura como partícipe en algunas sociedades. Ella señaló que nunca participó en negocios de su marido. Dijo que él solo le decía que firmase documentos con la intención de que ella tuviera un respaldo económico en España, si él moría.

El juez tiene previsto continuar este miércoles con la ronda de interrogatorios en esta causa. La misma comenzó el lunes pasado con la comparecencia de Morodo y su hijo, que se acogieron a su derecho a no declarar.