Los 32 miembros activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinan este viernes la creación de un grupo voluntario de países para intentar un diálogo con Nicaragua, aislada políticamente ante la deriva autoritaria de su gobierno.

Los cancilleres o representantes ante la OEA se reúnen a partir de las 11H00 locales (15H00 GMT) en Washington para aprobar una declaración especial sobre el país centroamericano, tras semanas de negociación interna.

El borrador de la declaración final, consultado por la AFP, señala la preocupación de la región ante el "desmantelamiento continuo de la democracia representativa en Nicaragua", donde la oposición quedó vetada de participar en futuras elecciones.

El borrador propone establecer "un grupo ministerial voluntario de seguimiento", que podría reportar de nuevo a los cancilleres de la OEA en 60 días.

Nicaragua es gobernada con mano de hierro por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

La última vez que la OEA convocó una "reunión de consulta" (de urgencia) de cancilleres fue a finales de 2019, para debatir medidas contra Venezuela.

Tras la detención por Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, Managua se ha quedado aún más aislada en una región que además, ha protagonizado un acusado giro a la derecha.

Washington ha visto una oportunidad histórica para avanzar sus intereses en el actual ciclo político.

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La OEA no puede aplicar colectivamente medidas de aislamiento o sanciones contra Nicaragua, que además abandonó la organización hemisférica en noviembre de 2023.

Pero Estados Unidos y sus aliados quieren que cada miembro de la OEA  se posicione públicamente ante el régimen de Ortega y Murillo.

El secretario de Estado Marco Rubio ha ido aplicando desde hace meses una serie de sanciones contra la pareja presidencial, sus familiares y buena parte del gobierno y empresas públicas del país.

Rubio pidió hace un mes a sus socios "poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esa brutal dictadura".

Aunque Nicaragua no forme parte de la OEA, está obligada a respetar la Carta Democrática Interamericana de 2001 y los compromisos en materia de derechos humanos, recuerda el borrador de la declaración.

Ese es el criterio que utiliza también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la hora de examinar la situación política y humanitaria en el país centroamericano, al que denuncia regularmente mediante informes.

Ortega y Murillo endurecieron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU.

La Iglesia católica ha sido uno de los objetivos predilectos del gobierno, que ha encarcelado y acosado a obispos y párrocos. Además, gran parte de los dirigentes sandinistas históricos han sido encarcelados o perseguidos.

Managua considera a la oposición como "traidores a la patria", que además están "al servicio"  de Washington.

El Departamento de Estado no solamente critica el balance de derechos humanos, sino la influencia china en Managua, aunque Estados Unidos es el principal socio comercial del país.

Ortega estableció relaciones con China en 2021, después de romper con Taiwán, isla que Pekín considera como parte de su territorio.

Uno de los puntos en litigio que subsiste entre los países miembros de la OEA es precisamente si hay que denunciar en la declaración final la influencia "extranjera" en la región.

La represión política en Nicaragua tiene "repercusiones en materia de seguridad que tienen que ver con el crimen transnacional o la persecución de exiliados nicaragüenses en países vecinos, pero no podemos caracterizar esto como una amenaza a la paz y la seguridad", explicó a la AFP una fuente diplomática cercana a las discusiones en la OEA.

"Esto es algo muy complicado, porque una vez que se define de esa manera, se está invitando al uso de la fuerza militar", añadió.

AFP

Estados Unidos exhortó a sus socios a romper vínculos con Nicaragua, tras la decisión del Congreso de ese país de prohibir la participación de opositores en las elecciones, según una declaración del secretario de Estado Marco Rubio.

En ese comunicado, Washington llama a sus aliados internacionales a "poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura" del presidente Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

"Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas" advirtió Rubio.

La votación en la Asamblea Nacional nicaragüense "erosionó aún más la ficción de la democracia en Nicaragua", denunció el jefe de la diplomacia estadounidense.

Sin referirse a la condena de Rubio, Ortega manifestó la noche del miércoles que Estados Unidos es el "enemigo que tienen" países como Nicaragua.

"Simplemente porque es un poder militar mundial, se siente con el derecho de agredir (...) en cualquier parte del mundo", dijo el mandatario durante el aniversario del ejército nicaragüense, a quien agradeció por el apoyo a la enmienda.

"A los que nos amenazan constantemente, aquí está un pueblo y un ejército que ni se vende ni se rinde jamás", añadió.

La Asamblea, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), prohibió el martes que en los comicios participen "traidores a la patria", personas vinculadas con intentos de golpe de Estado o que pidan "intervención militar" o "bloqueos económicos".

La pareja lanza sistemáticamente esas acusaciones contra todos sus adversarios.

La reforma deberá ser ratificada en una segunda legislatura, en enero de 2027, y en la práctica daría paso a un sistema de partido único, el FSLN.

Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control social, tras las protestas de 2018 cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.

Washington ha aumentado en los últimos meses la presión económica y diplomática sobre Managua, con sanciones contra las principales figuras del régimen y movilizando también a sus aliados en América Latina, mediante comunicados conjuntos.

"La Administración Trump sigue comprometida a identificar e implementar acciones para abordar las violaciones de derechos humanos del régimen de Murillo-Ortega, incluso en foros como la Organización de los Estados Americanos" añadió el texto.

Washington y sus aliados regionales lograron que la OEA aprobara el 19 de agosto la convocatoria de una reunión "urgente" de cancilleres de la región, una medida inusual.

La OEA celebrará un Consejo Permanente este jueves para abordar la fecha y el lugar de ese encuentro.

La Organización de Estados Americanos (OEA) sostendrá una reunión "urgente" de cancilleres, por pedido de Estados Unidos, para debatir acciones frente al plan del gobierno de Nicaragua de excluir a la oposición de elecciones.

El Consejo Permanente de la OEA adoptó la propuesta estadounidense a pocos días de que el Congreso de Nicaragua, controlado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluye a sus adversarios de los comicios y establece un mandato presidencial de siete años "renovables".

Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.

La reunión extraordinaria de cancilleres -aún sin fecha- fue aprobada con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México, luego de que el pasado 5 de agosto no se reunieron los apoyos necesarios.

Todo cambió después de un llamamiento que lideró Estados Unidos a "tomar acciones reales" frente al régimen de los copresidentes, sin especificar qué tipo de medidas.

"La repetición de condenas sin una acción institucional significativa enseña a Murillo y Ortega que pueden simplemente esperar a que nos cansemos", dijo Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

La OEA ha celebrado en los últimos años decenas de sesiones sobre Nicaragua que solo terminaron en comunicados de condena, pero una reunión de cancilleres podría promover rupturas o degradación de nexos diplomáticos o presión económica.

El gobierno de Ortega y Murillo retiró a Nicaragua del foro en noviembre de 2023, por lo que una expulsión, como ocurrió con Cuba en 1962, no procede.

La decisión en la OEA fue aplaudida por la oposición en el exilio. El exprecandidato presidencial y expreso político, Juan Sebastián Chamorro, la calificó como una "apabullante victoria de la democracia en Nicaragua".

Tras la votación, Murillo arremetió contra los opositores, a quienes llamó "mercenarios", "traidores" y "cobardes". "¡Cuánta falta de legitimidad!", dijo, sin mencionar a la OEA, en su mensaje diario por medios oficialistas.

Ortega gobernó en la década de 1980 tras la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 y se mantiene en él acusado por sus críticos de elecciones fraudulentas y de instaurar una "dictadura dinástica".

En 2021 encarceló a los candidatos con opción de vencerlo y, al señalarlos de "traición a la patria", los desterró y despojó de su ciudadanía, al igual que a medio millar de activistas políticos, humanitarios, intelectuales, periodistas y sacerdotes.

"Todos estamos a favor de los derechos humanos. Pero no queremos que ningún medicamento mate al paciente", sostuvo el embajador de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, que votó en contra, en referencia a eventuales sanciones que adopten miembros de la organización.

Para el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Cherniak, la situación de Nicaragua es "urgente". "Todos nuestros países están preocupados por organizaciones criminales. ¿No es acaso un régimen que cancela la democracia una plataforma para organizaciones criminales?", expresó.

Pese a la presión del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que también recibe crédito de bancos internacionales y del FMI, por lo que la oposición ha pedido a la comunidad internacional acciones económicas concretas.

En vísperas de la aprobación de la reforma constitucional -prevista para septiembre-, una docena de grupos opositores acordó un plan de transición política, que incluye la excarcelación de opositores y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, controladas por el gobierno.

Ortega camina con dificultad, padece lupus y problemas renales. La oposición en el exilio advierte que la eliminación de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo.

AFP

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó este domingo cualquier posibilidad de elecciones en su país para evitar que la oposición, en el exilio, llegue algún día al gobierno.

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró Ortega al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007. Desde entones ejerce el poder, tras cuestionadas elecciones o con medidas que anularon a sus rivales, con su esposa Rosario Murillo.

Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre próximo, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027.

Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, sobre todo tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

Los opositores fueron encarcelados o forzados al exilio, despojados de sus nacionalidad y bienes, así como periodistas, intelectuales y religiosos críticos del gobierno. Miles de nicaragüense viven refugiados en Costa Rica, España y Estados Unidos.

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Movimientos de la oposición en el exilio han expresado esperanza de que la presión internacional logre una transición o comicios libres en Nicaragua.

"Ellos vienen conspirando (...) buscando cómo organizar partidos para que en una elección que ellos suponen, entonces que esos partidos ganen las elecciones", afirmó Ortega, ante miles de seguidores reunidos en una plaza en Managua.

Sin embargo, "aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos) volverán a llegar al gobierno, jamás, jamás, jamás", añadió el presidente.

Ortega, en el acto público junto a su esposa y algunos de sus hijos, adelantó que serán aprobadas leyes para frenar a la oposición.

"Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán" llegar al poder, afirmó.

En febrero de 2025 entró en vigor en Nicaragua una reforma a la Constitución Política que anuló la independencia de poderes y otorgó poder total a Ortega y Murillo, cuyo rango fue elevado de vicepresidenta a copresidenta.

El mandatario nicaragüense llevaba dos meses sin aparecer en público. Al acto de este domingo llegó manejando un auto.

En los últimos meses se le había visto en actos públicos con dificultad para caminar.

Opositores aseguran que Murillo realiza una purga interna en todas las instituciones del Estado ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien sufre lupus e insuficiencia renal.

Ambos acusan a la oposición de "traición a la patria" y de buscar dar un golpe de Estado, como en las masivas protestas de 2018. También culpan a los organismos internacionales, que los señalan de graves violaciones de derechos humanos, de "injerencistas" y "mentirosos".

Ortega es un exguerrillero del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, gobernante) que derrocó en julio de 1979 a la dictadura de 42 años de la familia Somoza.

Con información de AFP

Un mapa físico-político sobre una mesa de madera muestra rutas marcadas con hilos rojos desde Nicaragua hacia Europa, junto a símbolos de narcóticos, cajas de plátanos y sacos de café.

49% de la cocaína que salió de Nicaragua entre 2024 y 2026 tenía como destino Europa, no Estados Unidos, una cifra que desmiente la narrativa sobre el país centroamericano como simple corredor hacia el norte y confirma su transformación en un nodo de distribución global, destaca una investigación del medio Confidencial. digital.

Los 4.374 kilos de cocaína decomisados por cinco países —El Salvador, Rusia, Italia, Honduras y el Reino Unido— entre enero de 2024 y abril de 2026 alcanzan un valor total de USD 283,86 millones. La droga fue transportada oculta entre cajas de plátanos, sacos de café, en “caletas” y mediante lanchas rápidas, según los registros oficiales de cada país, destaca la investigación del periódico nicaragüense.

¿Qué revela el mapa de incautaciones?

De acuerdo a los datos recopilados por Confidencial. digital, la mayoría de los cargamentos fue detectada fuera de Centroamérica.En enero de 2024, fuerzas de seguridad rusas confiscaron 1,086 kilos en el puerto de San Petersburgo.

Para marzo de 2026, la National Crime Agency británica interceptó 943 kilos ocultos en un contenedor de plátanos en el puerto de Southampton, con un valor estimado de USD 100 millones.

El Salvador registró la incautación más elevada entre ambos decomisos, con 2,147 kilos confiscados entre junio de 2025 y febrero de 2026.

Italia sumó 116 kilos en 2024 y Honduras, 82 kilos en marzo de 2026.

Nicaragua no produce cocaína

Un experto nicaragüense en seguridad que habló bajo anonimato al medio citado, señaló que toda esa droga “estaba almacenada en el país” antes de su salida.

Una infografía detalla la incautación de 4374 kilogramos de cocaína procedente de Nicaragua, con un valor estimado de 283.86 millones de dólares, distribuidos entre El Salvador, Honduras, Rusia, Italia y el Reino Unido, desde enero de 2024 hasta abril de 2026.

El choque entre Managua y San Salvador

El ministro salvadoreño de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, publicó en X seis mensajes señalando a Nicaragua como origen de los cargamentos interceptados por su país y describió a El Salvador como la “Muralla del Pacífico”.

Detalló que la ruta seguía “el mismo trayecto y modus operandi: Nicaragua–Guatemala–Estados Unidos”.

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua respondió con dos comunicados. 

El 14 de enero de 2026, rechazó “categóricamente” las afirmaciones de Villatoro y sostuvo que la droga proviene del sur de la región, navegando “en aguas lejanas de nuestros litorales”.

Las Fuerzas Armadas nicaragüenses no se han pronunciado sobre las incautaciones en Rusia, Italia o el Reino Unido.

El mismo Ejército afirmó en sus comunicados que “en Nicaragua no existen carteles de la droga, no tenemos maras, no somos bodega del narcotráfico” y reafirmó su estrategia “Muro de Contención” como política de Estado.

Cómo funciona el “embodegamiento” en Centroamérica

La criminóloga costarricense Marcela Ortiz, exdirectora general adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas, explicó a Confidencial. digital que la región ha evolucionado hacia un modelo de “reexportación”.

La cocaína llega desde Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia por vía marítima y, una vez en Centroamérica, entra en una fase de almacenamiento estratégico.

“Acá se almacenan, se enfrían, por decirlo de alguna forma”, indicó Ortiz.

El objetivo es que las autoridades pierdan el rastro del cargamento antes del traslado.

Alex Papadovassilakis, analista de Centroamérica en InSight Crime, y también citado en la nota, puntualizó que el sistema está dominado por grupos conocidos como “transportistas”.

“Es una relación de subcontratar a los grupos centroamericanos para mover cocaína a través de la región, siempre con la intención de entregar un cargamento a México”, expuso.

Estos grupos eligen zonas boscosas o montañosas para ocultar la droga, acumulan hasta reunir envíos mayores y después trasladan los cargamentos en furgones hacia el norte. 

“Guardar la droga, esperar a tener una mayor cantidad y después ponerlo en el furgón para llegar a México”, señaló Papadovassilakis.

El papel específico de Nicaragua en la red

El experto nicaragüense en seguridad identificó los puntos de apoyo de las redes criminales dentro del país: Rivas, las costas de Managua, la zona fronteriza de Madriz y Nueva Segovia, los departamentos de León y Chinandega, además de las regiones del Caribe Norte y Caribe Sur.

Las incautaciones salvadoreñas muestran que la franja del Pacífico es la principal vía de salida.

En ese litoral se encuentra Puerto Corinto, la principal terminal marítima de contenedores de Nicaragua.

Las redes operativas se camuflan bajo estructuras legales. De acuerdo con el mismo investigador, brindan “protección o seguridad a los grandes cargamentos bajo la fachada de empresas exportadoras, bodegas y empresas de transporte”. 

El pago por esos servicios se realiza con la misma mercancía, que después se comercia en el mercado interno.

El aislamiento de Nicaragua y la presión de Washington

La cooperación entre Managua y Washington se suspendió en junio de 2025, cuando la DEA cerró su oficina en Nicaragua. 

El país es, además, el único de Centroamérica excluido de Escudo de las Américas, la iniciativa antinarcóticos del gobierno estadounidense.

Un vocero del Departamento de Estado declaró al diario La Prensa en marzo de 2026 que Nicaragua “incumple” sus “obligaciones internacionales en materia de control de drogas” y que “a lo largo de la historia, ha ignorado las solicitudes de colaboración del Gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico en su país y en toda nuestra región”.

El funcionario agregó que la dictadura orteguista y el FSLN mantienen “vínculos con el narcotráfico de larga data”.

Ortiz alerta sobre la inutilidad de respuestas nacionales aisladas, lo que denomina el “efecto cucaracha”: “Le echamos veneno a la cucaracha en esa esquina, pero se nos va para la otra. Apretamos el globo acá, pero nos explota allá”. Según la criminóloga, la única salida es “cooperación técnica internacional”. Esa recomendación, precisó, no tiene ningún eco en Managua.

Con información de Infobae

El Gobierno de Nicaragua anunció su salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), tras la entrega del Premio Mundial Guillermo Cano a la Libertad de Prensa al diario La Prensa.

Según el comunicado oficial, la medida responde a la postura del medio, al que se señala por «promover injerencia extranjera y respaldar intervenciones militares en el país».

En el documento, el Ejecutivo nicaragüense calificó al medio como “representante de la vil traición” a la Patria y cuestionó su rol en la política nacional.

Asimismo, fundamentó la medida en el artículo 2, inciso 6 de la Constitución de la Unesco, subrayaron el carácter soberano e irrevocable de la decisión. 

El reconocimiento en cuestión es el Premio Mundial Guillermo Cano a la Libertad de Prensa, galardón que lleva el nombre del periodista colombiano Guillermo Cano Isaza, asesinado en 1986 tras denunciar el narcotráfico y la corrupción.

La distinción busca resaltar el compromiso de profesionales de la comunicación en contextos adversos. 

Las autoridades nicaragüenses han reiterado su posición respecto a los organismos internacionales, señalaron la importancia de decisiones soberanas en la política interna.

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Mediante otro comunicado, Audrey Azoulay directora general de la UNESCO, se pronunció y dijo:

«Lamento esta decisión, que privará a la población de Nicaragua de los beneficios de la cooperación en áreas como la educación y la cultura. La UNESCO también cumple plenamente su función cuando defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa en todo el mundo».

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó este jueves a Nicaragua de no respetar el derecho internacional y advirtió que tomará medidas si el exmandatario panameño Ricardo Martinelli sigue lanzando mensajes políticos desde la embajada nicaragüense, donde está asilado.

«Nicaragua es un país que no tiene ni Dios ni ley, no estamos trabajando con un país común y corriente y respetuoso del derecho internacional. No respeta ni el internacional ni el interno ni ningún derecho», señaló Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino exigió al gobierno de Daniel Ortega que cumpla con los convenios internacionales sobre asilo, según los cuales las personas asiladas deben abstenerse de lanzar mensajes políticos.

«No transformemos ni esa ni ninguna embajada en un centro político y de actividad político partidista, ni a favor ni en contra de nadie. Espero que la República de Nicaragua entienda eso, es la primera advertencia que hacemos», afirmó.

Mulino hizo estas declaraciones luego de que la cancillería panameña presentara una queja a la embajadora de Nicaragua, Consuelo Sandoval Meza, por el activismo político que lleva a cabo Martinelli (2009-2014) desde la sede diplomática nicaragüense, donde se asiló hace 10 meses para evitar ir a prisión.

El canciller panameño, Javier Martínez Acha, anunció la víspera que Sandoval fue convocada la semana pasada a la cancillería con tal fin.

«En el lenguaje diplomático cuando tú llamas a un embajador a la cancillería es porque el tema es serio y sí, lo es, y sobre todo que no se puede permitir», afirmó Mulino.

Si Nicaragua no cumple «entonces actuamos», agregó Mulino sin dar detalles.

Martinelli, de 72 años, se asiló el 7 de febrero tras perder el último recurso judicial para evitar cumplir una condena a casi once años de cárcel por blanqueo de capitales. 

En la embajada opina sobre temas panameños en las redes sociales y es visitado con frecuencia por aliados políticos. Incluso, felicitó a Ortega el día de su cumpleaños. 

Luego de ingresar a la legación nicaragüense, Martinelli hizo campaña en favor de Mulino, quien lo sustituyó como candidato tras ser inhabilitado por su situación con la justicia.

Mulino, que ganó los comicios impulsado por la popularidad del controvertido expresidente, ha tomado distancia de él luego de asumir el poder.

«Yo no tengo ningún problema con Ricardo Martinelli, si él lo tiene conmigo es otro tema», afirmó Mulino este jueves.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió este martes a la Asamblea Nacional (Parlamento) una iniciativa de Ley para regular la cooperación brindada por los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en el país centroamericano.

El proyecto, que prevé ser discutido el próximo jueves, contempla que la cooperación que se brinde deberá estar conforme a las prioridades nicaragüenses y alineadas a los planes, programas y estrategias nacionales establecidas por el Gobierno de Nicaragua, reseña EFE.

En su exposición de motivos, Ortega indicó que el objetivo es regular las acciones que desarrolla la cooperación en Nicaragua y garantizar que se cumpla «con las finalidades para las que están siendo recibidas».

«En tal sentido, en aras de fortalecer la cooperación internacional dirigida al bienestar de las familias y comunidades nicaragüenses, considera oportuno contar con normas legales que aseguren el buen uso de la cooperación», alegó el mandatario sandinista.

El pasado 2 de septiembre, Ortega dijo que Estados Unidos intentó «acabar» con su Gobierno durante las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, y que, en ese presunto complot, preparó, entrenó, organizó y utilizó a las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Ortega, que no ofreció pruebas, tildó entonces de «jauría internacional» a los organismos internacionales y a los países que criticaron su respuesta a la revuelta popular que estalló en Nicaragua, porque, a su juicio, creyeron que él se iba a rendir.

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Desde que estalló la crisis en abril de 2018, las autoridades han disuelto más de 5.600 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esas ONG al Estado.

Con información de EFE

El Congreso de Nicaragua aprobó este viernes una reforma constitucional que otorga al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, como «copresidenta», un control absoluto de los poderes del Estado.

La Asamblea Nacional, controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó «por unanimidad» la iniciativa presentada el martes por el mandatario, anunció el jefe parlamentario Gustavo Porras, ante el plenario.

Se trata de una reforma constitucional que somete a los poderes del Estado al Ejecutivo, aumenta el control de los medios, amplía el periodo presidencial a seis años y crea los cargos de copresidente y copresidenta.

El paquete de reformas, enviado el martes a la Asamblea Nacional por el presidente Daniel Ortega con “carácter de urgencia”, fue aprobado en primera legislatura con el voto de la mayoritaria bancada sandinista.

Según la Constitución nicaragüense, las reformas a la Carta Magna deben ser aprobadas en dos periodos legislativos antes de que entren en vigor.

La actual legislatura finaliza en diciembre y la siguiente inicia el 10 de enero de 2025, cuando la reforma quedaría aprobada de forma total, estimó Gustavo Porras.

La oposición ha dicho que la iniciativa legaliza “el poder absoluto” de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y la Organización de Estados Americanos (OEA) ha acusado a la pareja presidencial de intentar “incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder”.

Otro cambio relevante es la creación de las figuras de “copresidente” y “copresidenta”, así como el aumento de cinco a seis años del mandato presidencial y de los diputados de la Asamblea Nacional.

Ortega, de 79 años, ha dicho varias veces que Murillo goza del mismo poder que él al frente del Ejecutivo.

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La reforma establece también que “el Estado vigilará que los medios de comunicación no sean sometidos a intereses extranjeros y divulguen noticias falsas”.

Desde 2020 rige en el país una “Ley de Ciberdelitos”, que castiga la difusión de “noticias falsas” con penas de hasta diez años de cárcel.

Además de definir al Estado como “revolucionario”, la reforma faculta a la Presidencia a “ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera”, y autoriza a policías y militares a “ocupar cargos temporalmente en el ámbito Ejecutivo”.

Crea también formalmente la Policía Voluntaria, surgida en respuesta a las protestas sociales de 2018 -saldadas con más de 300 muertos-, y compuesta mayoritariamente de ex militares que combatieron durante la revolución sandinista (1979-1990).

Con información de AFP, Efe y Reuters

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua autorizó este miércoles en Managua la entrada a ese país de tropas, naves y aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia entre el 1 de enero al 30 de junio de 2025, así como de Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela.

El Parlamento nicaragüense, bajo el control del oficialismo, ratificó con carácter urgente un decreto del mandatario sandinista, Daniel Ortega, aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, a través del cual permite el ingreso de un número no precisado de personal militar extranjero a Nicaragua, así como de naves y aeronaves.

El fin de esta medida es «de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo, en caso de situaciones de emergencia», durante el primer semestre de 2025, según el decreto presidencial.

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La presencia militar rusa en Nicaragua será para participar en «ejercicios de adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria, misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencia o desastres naturales» con la Unidad Humanitaria y de Rescate, así como con las fuerzas terrestres, Fuerza Aérea y Fuerza Naval del Ejército nicaragüense.

También para llevar a cabo intercambio de experiencias, adiestramiento, operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos en el mar Caribe y aguas jurisdiccionales en el océano Pacífico de Nicaragua con la Fuerza Naval de Nicaragua.

Además, el presidente Ortega facilitó el ingreso a Nicaragua de tropas rusas para participar con miembros del Comando de Operaciones Especiales, la fuerza élite del Ejército de Nicaragua, «en intercambio de experiencias y ejercicio de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria».

Asimismo, las tropas rusas participarán en intercambio de experiencias y de comunicación operacional en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, y adiestramiento en labores de seguridad, planeación de ejercicios de ayuda humanitaria y atención ante desastres.

En total, el Parlamento autorizó a Ortega que un número sin establecer de militares, naves y aviones rusos entren a Nicaragua del 1 de enero al 30 de junio de 2025.

El gobierno de Nicaragua ha expulsado a más de 150 sacerdotes de su territorio y 40 de ellos han sido enviados hacia El Vaticano en cuatro grupos en menos de un año, sin que hasta ahora el papa Francisco se haya pronunciado sobre estos destierros.

La cantidad de sacerdotes expulsados representa una cuarta parte de los sacerdotes que hasta 2018 reconocía oficialmente la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que trabajaban en la arquidiócesis de Managua y en las ocho diferentes diócesis del país, reseña el medio Infobae.

“Ya hay muchas parroquias que no tienen sacerdotes, especialmente en Matagalpa, y los sacerdotes que quedan hacen un esfuerzo por visitarlas y celebrar misas, pero en las comunidades más alejadas las iglesias han tenido que cerrar sus puertas”, afirma Martha Patricia Molina, una abogada dedicada a monitorear la persecución de la iglesia católica en Nicaragua.

“El plan es vaciar a Nicaragua de sacerdotes católicos”, dice un sacerdote nicaragüense que pide no se le mencione por su nombre. “Detrás de toda la persecución a la Iglesia Católica está la mano de la señora Rosario Murillo, que aparentemente se ha propuesto erradicar el catolicismo en Nicaragua”.

El sacerdote, pide anonimato, a pesar de permanecer exiliado en Costa Rica, porque El Vaticano ha impuesto un voto de silencio que impide al clero referirse a la persecución que enfrenta la iglesia católica en Nicaragua.

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Dice que la iglesia de Nicaragua “vive sus días más difíciles de los últimos 500 años”, porque ni durante la revolución de los años 80 hubo tanta saña como la que se ve ahora. “Pero, el Espíritu Santo protegerá a su iglesia y sobrevivirá como ha ocurrido”, dice.

Con información de Infobae

El gobierno de Nicaragua anunció este lunes a través del Ministerio del Interior la retirada de la personalidad jurídica a 1.500 organizaciones sin fines de lucro (OSFL), conocidas como organización No Gubernamentales  (ONG).

Se pudo conocer que la medida se tomó  por incumplimiento de sus obligaciones sobre los informes de estado financiero y decreta la incautación de sus bienes.

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Se trata del mayor cierre de organizaciones ordenado por el presidente Daniel Ortega desde las protestas en su contra de 2018.

La anulación de la inscripción de esas 1.500 oenegés se debe a que «no reportaron» sus «estados financieros» por «periodos de entre 01 hasta 35 años», y sus bienes serán incautados por el Estado.

El gobierno de Nicaragua anunció este jueves que envió al Vaticano a siete sacerdotes que, según la oposición, habían sido detenidos la semana pasada en una nueva ola de arrestos de religiosos de la Iglesia católica.

«Ayer miércoles 7 de agosto salieron de Nicaragua hacia Roma siete sacerdotes nicaragüenses, que han llegado bien y han sido recibidos por la Santa Sede», dijo la esposa del presidente Daniel Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, al leer un comunicado.

Los sacerdotes «desterrados al Vaticano» son Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Harvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero, según reportes del portal digital El Confidencial, crítico del gobierno de Ortega y que se edita en Costa Rica.

Los siete formaban parte de un grupo de 13 religiosos que fueron aprehendidos o puestos prisión domiciliar por la Policía nicaragüense hace una semana en Matagalpa, en el norte del país, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más.

No ha habido ningún reporte del resto de curas detenidos ni por parte del gobierno ni de la oposición.

Ortega y Murillo sostienen que la Iglesia apoyó las protestas de 2018 contra el gobierno que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que Managua considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

Murillo ha calificado a los religiosos de «hijos del demonio» o «agentes del mal» que hacen «terrorismo espiritual».

«Varias parroquias han sido asediadas y al menos 12 sacerdotes detenidos arbitrariamente, algunos de ellos con paradero desconocido y en situación de desaparición forzada», dijo el Colectivo tras las detenciones.

El gobierno de Ortega, sin embargo, no se ha referido a las detenciones y no ha calificado la salida de los siete sacerdotes de Nicaragua como expulsión.

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El periodista nicaragüense Emiliano Chamorro, exiliado en Estados Unidos, indicó en la red social X que actualmente «la Iglesia católica está siendo crucificada por la pareja dictadora», en referencia a Ortega y Murillo.

Y cuestionó el silencio de los obispos y cardenales que todavía siguen en Nicaragua ante estas nuevas expulsiones.

«Mientras la dictadura de Daniel Ortega, desterraba a 7 de 13 sacerdotes secuestrados, los obispos de la Conferencia Episcopal, estaban reunidos en Managua, pero como es costumbre, no hubo una carta pastoral o comunicado sobre la situación del país», agregó Chamorro en su publicación.

Hace una semana, un grupo de expertos de las Naciones Unidas denunció que el gobierno de Nicaragua mantiene ataques «sistemáticos» contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas desde las protestas de 2018.

Desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, ese grupo constató «73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas», aunque dijo que «la cifra total podría ser más alta».

El gobierno de Ortega excarceló en enero a dos obispos católicos, entre ellos Rolando Álvarez, y a otros religiosos y los envió a Roma.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este miércoles la liberación de 1.500 presos, sin incluir entre ellos a los 128 opositores que, según la CIDH, están encarcelados «arbitrariamente» en el país centroamericano.

Murillo, quien es esposa del presidente Daniel Ortega, informó en su comunicación diaria con los medios oficialistas nicaragüenses que estos reclusos gozarán de «beneficios legales de convivencia familiar», por lo que podrán «retornar a sus hogares» tras haber cometido «errores en la vida», reseñó AFP.

Sin embargo, indicó que son personas «humildes» y no los «forajidos», en relación a los opositores presos. 

Murillo no mencionó la solicitud hecha el martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a Nicaragua en una resolución la «liberación inmediata» de 25 opositores encarcelados por el gobierno de Ortega.

La Corte, con sede en San José, señaló en su escrito que los opositores mencionados «se encuentran privados de la libertad en un contexto de criminalización de personas con posturas críticas o de oposición al actual gobierno de Nicaragua» y cuyos procesos judiciales «habrían sido llevados a cabo sin las garantías del debido proceso».

Murillo dijo que los 1.500 presos serán excarcelados «en saludo» al 45º aniversario del triunfo de la revolución sandinista, que se cumple el 19 de julio.

En junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó en un informe sobre Nicaragua que al menos 128 opositores se encuentran encarcelados «arbitrariamente» en un contexto de «crisis de derechos humanos» en el país centroamericano.

Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), despojó de la nacionalidad a más de 300 opositores y críticos que envió al exilio, al acusarlos de «traidores» y «vendepatria» por haber participado o apoyado las protestas de 2018.

El presidente de Nicaragua, quien gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución y volvió al poder en 2007, asegura que esas manifestaciones, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU, fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

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La Corte Interamericana, además de solicitar la liberación de esos presos, pidió a Nicaragua a «determinar e informar del paradero de Freddy Antonio Quezada y Carlos Alberto Bojorge», ambos considerados «desaparecidos».

Asimismo, el tribunal solicitó permitir a los presos contacto «inmediato» con familiares y abogados mientras se tramita su liberación.

Con información de AFP

El gobierno del presidente Joe Biden «está tomando medidas para imponer restricciones de visa a un ejecutivo» de una compañía de vuelos chárter por «facilitar la migración irregular a Estados Unidos a través de Nicaragua», informó el Departamento de Estado en un comunicado.

El texto no da el nombre del sancionado ni de la aerolínea. Solo precisa que los vuelos a Nicaragua se llevan a cabo desde fuera del continente americano.

«Nadie debe beneficiarse de los migrantes vulnerables, ni los traficantes de personas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos», insiste el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en el comunicado.

«Seguiremos tomando medidas para imponer restricciones de visado a los propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de transporte sin escrúpulos», advierte.

A mediados de mayo, Estados Unidos impuso sanciones a Nicaragua, a la que acusó de hacer negocio con la migración, y emitió una alerta para advertir a las aerolíneas que eviten ser cómplices «en la explotación de migrantes».

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Estas sanciones se enmarcan en una política promovida por Washington desde febrero pasado para sancionar a directivos de compañías de transporte terrestre, marítimo o aéreo que promueven la migración irregular.

La afluencia de migrantes es uno de los temas que más preocupa a los votantes estadounidenses a pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre, que disputarán el demócrata Joe Biden, candidato a su reelección, y el republicano Donald Trump, 

La patrulla fronteriza estadounidense realizó en abril más de 179.000 interceptaciones de  migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos, que cruzaron ilegalmente la frontera con México, según datos oficiales. 

El régimen de Nicaragua canceló este martes la personería jurídica a 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que suman más de 3.600 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018, y la mayoría de sus bienes han sido traspasados al Estado.

La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua, reseñó EFE.

La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral 11 ONG por incumplimientos a las leyes que las regulan y las otras cuatro porque solicitaron su disolución voluntaria.

Entre las 15 ONG canceladas se encuentra la Asociación Instituto Tecnológico Victoria, que pertenece a la Compañía Cervecera de Nicaragua y que se definía como una institución de educación superior que formaba profesionales de éxito y altamente capacitados para las empresas de hoy.

Esa institución educativa, que brindaba anualmente más de 100 becas a bachilleres de escasos recursos para cursar las carreras técnicas que ofrecía, estaba autorizada para funcionar desde 2013 por el estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU).

El Ministerio del Interior indicó que cerró ese instituto educativo “por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y control de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, ya que existen inconsistencias en los saldos de los estados financieros y no reportó donaciones”, y tampoco promovía “políticas de transparencia en la administración de los fondos”.

Además, agregó, en cumplimiento a una resolución conjunta del CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), que aseguraron que las autoridades de ese instituto fueron convocados a una reunión desde el 2022 y no se presentaron a dicha convocatoria.

Otras ONG disueltas fueron la Cámara de Productores de Musáceas del Sur, Asociación Departamental de Canotaje León, Asociación de Ganaderos de Villa Sandino, Asociación Departamental de Tiro con Arco Managua, Fundación para la Promoción del Consumo Responsable y Estilos de Vida Sanos, Fundación de Familias en Apoyo a Personas con el Trastorno del Espectro Autista, entre otras.

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Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria.

Con el cierre de estas 15 ONG, suman más de 3.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones de hace seis años.

Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”.

Con información de EFE

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó este martes que su hermano y exjefe del ejército, Humberto Ortega, quien según opositores exiliados está bajo arresto domiciliario, cometió un acto de «traición a la patria» al condecorar a un militar de Estados Unidos en 1992.

Al referirse a Humberto Ortega como «el jefe del ejército en ese entonces», sin nombrarlo, el presidente nicaragüense calificó esa condecoración como un «acto de entreguismo» y «vergüenza nacional».

«Esta inconcebible acción se califica como vergüenza nacional al entregar a un militar yanqui una medalla de tanta relevancia y trascendencia y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria», dijo Ortega.

Esta afirmación ocurre una semana después de que la policía de Nicaragua instalara una unidad médica en la casa de Humberto Ortega, crítico del gobierno, una medida interpretada como detención domiciliar por opositores en el exilio.

La medida fue anunciada por la policía nicaragüense en un comunicado días después de que el exjefe del ejército dijera en una entrevista de prensa que Daniel Ortega, de 78 años, carece de sucesores y su poder no resistirá a un eventual fallecimiento.

El gobierno de Ortega ha despojado de la nacionalidad a más de 300 opositores y críticos de su gobierno que envió al exilio, al acusarlos de «traidores» y «vendepatria».

Una reforma a la constitución aprobada en febrero de 2023 y ratificada este año, estableció que las personas sentenciadas por delitos de «traición a la patria» perderán la nacionalidad.

En una entrevista con el portal Infobae, publicada el 19 de mayo, el general Ortega vaticinó que el entorno de su hermano no podrá mantenerse en el poder cuando muera.

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«Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres que se junten. Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política. Ni Somoza pudo establecer a su hijo», dijo el exjefe militar.

Según medios de prensa en el exilio, tras la publicación de la entrevista la policía visitó la casa del general, al sur de Managua, y lo despojó de teléfonos celulares y computadores. El gobierno no se ha pronunciado sobre estas versiones.

Los dos hermanos formaron parte de la guerrilla sandinista que combatió a la dictadura de Anastasio Somoza, el último dirigente de una dinastía que gobernó con mano de hierro el país durante cuatro décadas.

El general retirado Humberto Ortega, jefe del Ejército de 1979 a 1995, impuso en 1992 al agregado militar estadounidense Dennis Quinn la medalla «Camilo Ortega», que lleva el nombre del hermano menor que murió en la lucha contra el dictador Anastasio Somoza en 1978.

Según el presidente Ortega, «el jefe del ejército en ese entonces cometió el sacrilegio de entregarle esa orden», que según informes de esa época se hizo en reconocimiento a una relación de respeto.

«El jefe del ejercito ya tenía entregada su alma al diablo» en la década de 1990, agregó, al anular la condecoración por un decreto que leyó en el acto en Managua.

Ambos hermanos Ortega están distanciados por diferencias políticas desde la década de los 90.

Con información de AFP

Estados Unidos sigue endureciendo las sanciones para quienes promuevan o se beneficien de la migración irregular hacia su territorio, tal es el caso de nuevas medidas impuestas a Nicaragua, a la que acusa de hacer negocio con la migración.

Específicamente, el Departamento de Estado acusa al mandatario Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de haber ideado «políticas migratorias permisivas» que favorecen la migración irregular.

Políticas que han facilitado que las redes «exploten a los migrantes con fines económicos y fomenten peligrosos viajes irregulares hacia la frontera suroeste de Estados Unidos» con México.

Asimismo, la administración de Joe Biden emitió una alerta para advertir a las aerolíneas que eviten ser cómplices «en la explotación de migrantes».

Este nuevo anuncio se suma la suspensión de visas a dueños de aerolíneas que habrían incurrido en traslados de migrantes, anunciadas hace varias semanas.

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Para algunos analistas se trata de un esfuerzo del residente Joe Biden de atajar la crisis migratoria desde todos los frentes y Nicaragua es uno de ellos.

En la ruta migratoria miles de personas atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia Estados Unidos.

Esta sanción es un alerta para a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.

Con información AFP

Después de haberle dado un triunfo y alegría al pueblo de Nicaragua, la Miss Universo 2023 y su familia, aparentemente han tenido que abandonar el país y no tendrían permiso de poder ingresar de nuevo.

Así lo dio a conocer la dueña de la franquicia Miss Universo,  Anne Jakrajutatip, quien a través de un comunicado oficial, según medios nicaragüenses, habría anunciado que este domingo el hermano de la modelo y su abuela habrían abandonado el país centroamericano.

#12May ¡CONFIRMADO! ??La dueña de la franquicia @MissUniverse, Anne Jakrajutatip, confirmó la salida del país de la abuela y el hermano de la nicaragüense Sheynnis Palacios (@sheynnis), coronada Miss Universo en 2023. Según explica Jakrajutatip, el gobierno de Daniel Ortega… pic.twitter.com/qVLD9nLMPa

La dueña del Miss Universo aseguró que el gobierno de Daniel Ortega habría ordenado el exilio de Palacios y su familia.

Pero según la tailandesa dueña del Miss Universo, la familia de la modelo no solamente han sufrido de los encontronazos con la administración de Daniel ortega.

Quien hasta este fin de semana era la representante de la franquicia Miss Universo Nicaragua, la también modelo Karen Celebertti, quien habría logrado junto a Palacios el primer título de Miss Universo para Nicaragua, también ha sido exiliada por la administración de Ortega, según Anne Jakrajutatip.

La familia de Celebertti habría sido exiliada hacia México. Actualmente, la modelo es la directora de talento del Miss Universo.

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Vale destacar que desde la semana pasada medios en Nicaragua habrían informado que el hermano de Palacios y su abuela, ya habrían abandonado el país centroamericano.

Los roces entre la Miss Universos 2023 y el gobierno de Daniel Ortega comenzaron una vez que la joven modelo ganara el certamen y esto generara en la población del país central manifestaciones en la calle, celebrando el triunfo.

Durante las acciones de calle, la policía de Ortega realizó algunas detenciones, entre ellas de jóvenes artistas, quienes pintaban un mural en honor a la Miss Universo

A través de un comunicado, la cancillería venezolana dejó clara la posición del gobierno y el presidente Nicolás  Maduro en torno las recientes sanciones que impuso estados Unidos a Nicaragua.

El comunicado surge un día después que EE.UU. anunciara una restricción en la importación y exportación de artículos y servicios de defensa de origen estadounidense “con destino o de origen en Nicaragua”.

Medida que fue anunciada por el Departamento de Estado a través de un comunicado, donde explica que se modificó el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) «para actualizar la política comercial de defensa hacia Nicaragua”, según CNN.

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A juicio del gobierno de Venezuela se trata de una nueva escalada «injerencista emprendida por el Gobierno de Estados Unidos contra Nicaragua, al imponer medidas coercitivas unilaterales en materia de defensa, que buscan afectar la capacidad de ese Estado para garantizar la seguridad y estabilidad de la nación».

En el comunicado queda expresa la condena hacia EE.UU., por esta restricción en materia de armamento. “El Presidente Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y Gobierno Bolivariano condena la nueva arremetida injerencista emprendida por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y Gobierno de Nicaragua, al imponer medidas coercitivas unilaterales en materia de defensa, que buscan afectar la capacidad de ese Estado para garantizar la seguridad y estabilidad de la nación”.

El anuncio del Departamento de Estado va en contra del derecho internacional, según el comunicado. “Esta nueva expresión de soberbia imperial manifiesta de manera clara y contundente el continuo desprecio del Gobierno de Estado Unidos frente al derecho internacional y demás principios fundamentales de convivencia pacífica entre los estados contenidos en la Carta de Naciones Unidas”.

También ratifican el apoyo al gobierno de Nicaragua. “Venezuela ratifica hoy ante el mundo su irrestricto apoyo solidario al pueblo y Gobierno de Nicaragua, y reitera su profunda admiración por el Comandante Presidente Daniel Ortega, y la Vicepresidenta, Compañera Rosario Murillo y su amoroso compromiso de lealtad, resistencia y defensa cotidiana de la soberanía, la paz, la estabilidad y el sagrado derecho del pueblo nicaragüense a continuar labrando su bienestar”.

#Comunicado ? El Presidente @NicolasMaduro, condena la nueva arremetida injerencista emprendida por el Gobierno de Estados Unidos contra Nicaragua, al imponer medidas coercitivas unilaterales en materia de defensa, que buscan afectar la capacidad de ese Estado para garantizar la… pic.twitter.com/wpSRtW40bC