“Me mataron a mi sobrino en mis brazos”, así lo confiesa Argenis Portillo, el zuliano que junto a otros 18 miembros de su familia se abrió paso en el Darién, y fueron víctimas del ataque despiadado de un grupo de delincuentes.

El grupo de sujetos armados atacaron a la familia; y es entonces cuando Argenis Portillo, recibe un disparo en la cara. La bala le entró por la nariz, salió por el oído. Milagrosamente se salvó.

Se trata de un nuevo episodio de horror en la selva del Darién, esa extensión de tierra entre Colombia y Panamá, que miles migrantes atraviesan con el sueño de llegar a Estados Unidos.

Portillo relató que su sobrino Yulvis Caridad, de 6 años y a quien llevaba en brazos, no corrió con la misma suerte y murió de un balazo en la sien.

Portillo avisó de la situación a su esposa Yennifer Meléan, quien reside en el barrio José Gregorio Hernández en Maracaibo, estado Zulia.

“Me mataron a mi sobrino en mis brazos con un tiro que le dieron en la sien”, le dijo.

Fue la esposa de Meleán quién ofreció detalles de esta dolorosa situación a El Pitazo en entrevista telefónica.

“Él me contó que cuando les faltaba poco para llegar a un campamento y salir del Darién, salió un grupo de indios y personas con otros acentos, y empezaron a disparar. Todos (los migrantes) se dispersaron, empezaron a gritar y a llorar”, relató.

Portillo se salvó gracias a su astucia, ya que se lanzó a un río y se hizo el muerto para sobrevivir al ataque.

“Yo resistí y me puse boca abajo. Cuando ya no escuché nada, abrí los ojos y comencé a caminar con mi sobrino en brazos, pero ya estaba muerto”, le dijo a su esposa.

La mujer indicó que su esposo caminó con el cuerpo de su sobrino hasta un puesto de policías, donde reportó el ataque y la muerte del niño.

Este miércoles las autoridades panameñas confirmaron el infierno que vivió la familia de migrantes venezolanos.

El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) emitió un comunicado en donde anuncia la liberación de la familia zuliana que fue sometida por un grupo de antisociales.

En el comunicado colgado en Twitter, el Senafront informa que la situación irregular «se registra en el área de Tres Bocas, provincia de Darién, en donde un grupo de migrantes fue asaltado por personas con acento extranjero, en combinación con indígenas panameños, lo que dio como resultado un niño aproximadamente de 6 años fallecido, una mujer y un hombre mayores de edad heridos».

También destacan que las víctimas ya fueron rescatadas, evacuadas y trasladadas a un centro de los heridos son atendidos.

Como parte del procedimiento efectuado lograron ubicar un arma calibre .380 en la comunidad de Marragantí y sustancias prohibidas.

 Con información El Pitazo

#COMUNICADOSituación de asalto registrado a un grupo de migrantes en la provincia de Darién y donde nos mantenemos en operativos de búsqueda para dar con los responsables del hecho. pic.twitter.com/o0GiM6SJJn

Dos abogados pidieron una investigación penal para determinar las circunstancias de la muerte, el pasado febrero, de un niño venezolano que migraba junto a su madre en una embarcación a Trinidad y Tobago. El pequeño falleció tras recibir varios disparos.

Christon Williams y Siddiq Manzano demandan una investigación penal por la muerte Yoelvis Sarabia Santoyo, de 1 año.

Williams y Manzano también quieren que se investigue si hubo manipulación de testigos o pruebas y cualquier intento de pervertir el curso de la Justicia. Esto después de que 29 personas que se encontraban a bordo, testigos del incidente del 5 de febrero de 2022, fueran repatriadas a Venezuela poco después del suceso.

En una carta dirigida al director de la Fiscalía, Roger Gaspard, copia de la cual fue obtenida por EFE, los abogados señalan que «la deportación de los testigos por parte de los servidores del Ministerio de Seguridad Nacional y del oficial jefe de Inmigración, alude a mala conducta en un cargo público y puede ser evidencia de interferencia intencional con una investigación criminal».

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La carta indica que cinco días después de la muerte del menor, los abogados escribieron al Ministerio de Seguridad Nacional, al oficial jefe de Inmigración y las Fuerzas de Defensa solicitando que los restantes ocupantes de la embarcación obtuvieran permisos que les permitiera permanecer en Trinidad y Tobago.

Los abogados volvieron a dirigirse al Ministerio de Seguridad Nacional poco después solicitando información sobre el estado de los migrantes, momento en el que se les comunicó que todos habían sido deportados.

Al dirigirse al Estado Mayor de la Defensa solicitando datos del suceso, la respuesta fue que no se enviaría la documentación solicitada en virtud de la sección 25 de la Ley de Libertad de Información.

No se ha dado ninguna otra respuesta por parte de las autoridades hasta la fecha, según la carta de los abogados.

Los abogados sostienen que, según la información de que disponen, las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago no han realizado ninguna investigación sobre el incidente.

La Guardia Costera argumenta que sus unidades patrullaban cuando detectaron la embarcación con el menor a bordo, desde la cual se habría, supuestamente, tratado de embestir la lancha de las fuerzas de seguridad de Trinidad y Tobago.

Ello habría provocado que la Guardia Costera abriera fuego después de ordenar al capitán del bote que cambiara de rumbo.

La Guardia Costera justifica que sus miembros solo se dieron cuenta de que había varios migrantes escondidos a bordo después de efectuar los disparos, varios de los cuales alcanzaron al niño en la cabeza.

El Gobierno venezolano ha pedido a Trinidad y Tobago que realice una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte del niño.