“Conforme aumenta la violencia en la mujer, múltiples serán las consecuencias y variaciones como ésta pueda responder, incluso hasta convertirse en victimaria”.

Esta es una de las conclusiones del foro “Mujeres victimarias y víctimas”, desigualdad social y violencia en Venezuela, que se realizó en las instalaciones de la Universidad Católica del Táchira, ubicada en San Cristóbal.

El evento estuvo organizado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y contó con la presencia de más de cien personas, entre estudiantes, periodistas, fiscales y expertos en materia de violencia de género, reseña una nota de prensa.

El coordinador del OVV Táchira, Yensy Meneses y la investigadora Ximena Biaginni, expusieron el resultado de una muestra basada en entrevistas realizadas a mujeres privadas de libertad en la entidad, inmersas en distintas tipologías de delito, entre ellos homicidio, abuso sexual infantil y posesión de sustancias ilícitas.

Además se contó con la participación en la muestra, de dos grupos focales compuestos por efectivos de cuerpos policiales y fiscales expertos en materia de violencia de género.

Yensy Meneses aseguró que “son muchos los factores que determinan la urgencia de hacer visible lo que sucede con la presencia de violencia a grandes rasgos en la vida de una mujer. Las transforma y empodera partiendo de la necesidad de despertar alertas tempranas sobre lo que sucede en su entorno”.

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Esta realidad se ha convertido en una modalidad de violencia, sobre todo en el eje fronterizo donde se producen constantes agresiones entre mujeres que terminan siendo víctimas y victimarias de tales hechos.

Además algunas se han visto involucradas en explotación sexual de otras mujeres e incitación al transporte de sustancias ilícitas.

A juicio del equipo investigador, las mujeres incurren en tales delitos motivadas por la necesidad económica al ser en muchos casos madres solteras y sostén de hogares, por lo tanto «buscan alternativas de supervivencia sin tener que estar sujetas a un hombre para su sustento las impulsa a realizar cualquier tipo de actividad y no importa que se incurra en algún hecho delictivo».

Según los hallazgos de la investigación, la mujer que ejerce algún tipo de violencia en contra del hombre busca resguardarse tras el amparo y empoderamiento legal de los derechos de las mismas, para buscar justificar sus actos de violencia.

“La mujer al sentirse es un status de supra protección ha logrado denunciar hombres por motivos económicos y sociales, logrando hacer efectivas estafas y sobornos a algunos hombres”, explica Meneses.

«La violencia doméstica de la mujer hacia el hombre ha llegado a ser incluso superior, pero es desconocida e invisibilizada, sobre todo por hábitos culturales de una sociedad machista que no está interesada en divulgar tal fenómeno».», señala el estudio.

Además, «no se equipara con la provocada por un hombre hacia una mujer, pues es mucho más proporcional de él hacia ella», agrega.

Por otro lado, el estudio señala que «la intensa búsqueda por la igualdad de género, ha dejado consecuencias donde algunas mujeres se han visto inmersas en un entorno nada parecido a su cotidianidad. Agresiones, homicidios, riñas, abuso sexual infantil es parte del perfil que recrean en muchas oportunidades, producto de antecedentes familiares o circunstancias personales, marcados por patrones de violencia y abuso, que pretenden seguir repitiendo».

Los especialistas consideran que «la violencia femenina y la incursión de mujeres en delitos no violentos en Táchira, son fenómenos crecientes en cifras que requieren atención».

La evidencia más crítica de este fenómeno se hizo presente durante «el confinamiento forzoso durante la pandemia, un detonante que generó enfrentamientos en el hogar entre los familiares».

Durante este lapso «aumentaron a más del doble los casos procesados en los tribunales de violencia contra la mujer, en los que, por sorpresa, aunque las mujeres se denunciaban como víctimas, todo obedecían a un problema económico».

La investigación puso en relieve que «la vulnerabilidad femenina está disminuyendo y emerge una nueva vulnerabilidad masculina, basada ya no en diferencias biológicas, físicas o sociales, sino más bien políticas y jurídicas, al impulsarse un empoderamiento desmedido y desequilibrado».

Desde el OVV Táchira se cree que las acciones tomadas desde el Estado Venezolano están procurando la integración de la perspectiva de género, más no la contribución a la verdadera igualdad de género que garantice que los problemas, experiencias, necesidades prácticas e intereses de mujeres y hombres, sean tenidos en cuenta equitativamente.

Con casi 12.000 fallecidos, la violencia en Venezuela fue «más letal» que la pandemia de COVID-19. Así lo informó la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Al presentar su informe anual, indicó que en 2020 se registraron 11.891 muertes violentas. Esto es 45,6 por cada 100.000 habitantes.

La cifra representa una disminución en comparación con 2019. Esto, principalmente por la pandemia, pero Venezuela es aún el país con más muertes violentas en América Latina.

«En el año 2020, Venezuela ha sido azotada por dos epidemias: la COVID-19 y también la epidemia de la violencia». La frase pertenece a Roberto Briceño-León, presidente del OVV.

«Cuando uno observa los datos encontramos que la epidemia de la violencia resultó 11 veces más letal que la epidemia de a COVID-. Dijo que hay 4 personas muertas por coronavirus por cada 100.000 habitantes en el país, publicó la AFP.

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Del total de muertes violentas, 4.231 (35,5%) fueron a manos de policías en lo que se clasifica como «resistencia a la autoridad». Esta cifra está por encima de los homicidios, que cerraron en 4.153 y las llamadas «muertes en averiguación», 3.507.

«Por primera vez fueron más los muertos por la policía que los asesinados por los delincuentes», resaltó Brinceño-León, que alertó que «se ha generalizado» la violencia policial.

«En 12 estados (de 24) del país la policía mató más que los delincuentes», añadió el sociólogo. «En 18 municipios del país no hubo homicidios cometidos por delincuentes, pero sí hubo víctimas de violencia policial».

La mitad de las muertes fueron cometidas por el cuerpo de investigaciones criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional, a través de la temida Fuerza de Acciones Especiales (FAES), que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió disolver tras denuncias de miles de ejecuciones extrajudiciales.

El OVV destacó una reducción «importante» de «las oportunidades del delito» debido a la crisis en Venezuela, cuya economía se redujo a la mitad y enfrenta una violenta hiperinflación.

«Pero también se vaciaron las ciudades (por la pandemia) y eso restringió las ocasiones para el delito», siguió Briceñó-León. «Durante la cuarentena se cerraron los comercios, lugares de diversión… los toque de queda, salvoconductos, todo eso desconcertaron a los grupos delictivos y los obligaron a un estancamiento».

Indicó además que si bien en Venezuela «hay menos delincuentes porque han emigrado» en medio de un éxodo por la crisis económica, «no es posible desestimar el impacto que puede haber tenido también el proceso de exterminio aplicado por las acciones extrajudiciales» de las fuerzas del orden.

Entre los muertos a manos de la policía en 2020, destacó Briceño-León, hay 82 adolescentes entre 12 y 17 años y tres niños menores de 11 años «que supuestamente murieron por resistirse a la autoridad».

Señaló por otra parte un aumento en el uso de armas blancas y violencia doméstica, y reportó al menos 1.150 suicidios en el año: tres cada día, 22 cada semana.