Arroz o arepa sin acompañante, granos o el agua de la pasta, son algunos de los alimentos que forman parte del menú de los privados de libertad en las cárceles venezolanas.

La denuncia la hizo la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“Seguimos pasando hambre, seguimos con compañeros con cuadros severos de desnutrición, con enfermos y sin ningún tipo de atención médica. Hasta ahora no hay una respuesta o una mejoría”.

Esto dijeron algunos presos que fueron consultados por el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en diversos penales venezolanos, donde aseguran que el principal problema es la alimentación.

En ese sentido, denuncian que ven llegar camiones con alimentos y saben que en ellos viene proteína pero ninguno es servido. Por el contrario, la única forma de comer bien es cuando sus familiares les llevan o compran la comida dentro del penal, donde un plato puede tener un costo de entre 5 y 10 dólares.

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“No todos tenemos dinero para pagar una comida todos los días y la alimentación a través de nuestros familiares es cuando tenemos acceso a la visita, que puede ser dos veces al mes”, relatan al OVP.

Es de resaltar que no todos los privados de libertad reciben visita de sus familiares porque muchos están detenidos en penales fuera de su jurisdicción. Lo costoso de la movilización a otros estados imposibilita la visita de sus seres queridos.

Por último, los presos denunciaron que estos pagos se hacen en algunos casos de forma directa a custodios penitenciarios o a presos que trabajan en el área de comida, y ellos supuestamente transfieren el dinero a los funcionarios de los penales.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que los líderes en las cárceles conocidos como «pranes», manejan «alrededor de cuatro millones de dólares al año» que obtienen a través de actividades ilícitas.

«Fuentes extraoficiales aseguran que los ‘pranes’ manejan alrededor de 4 millones de dólares al año en servicios de ‘seguridad’ a otros reclusos, cobro de deudas e impuestos extorsivos llamados ‘causas’ a todas las actividades carcelarias», detalló la ONG en una infografía publicada en su sitio web.

Explicó que «estos impuestos «la causa» tienen un valor semanal que oscila entre los 25 y 50 dólares, y que son los familiares de los detenidos quienes deben costear el pago para garantizar el bienestar de los privados de libertad.

Añadió que estos líderes negativos también trafican con armas y drogas y «disponen de lujosas instalaciones» dentro de los penales.

El observatorio aseguró que el poder de los pranes «trasciende las paredes de las cárceles» y los convierte en jefes de estructuras criminales que usan delitos como las extorsiones y los asesinatos para atacar a la ciudadanía en general.

A juicio del OVP, «el poder de las mafias» que controlan los centros de detención «aumentó de forma desmedida» la crisis de las cárceles que, aseguró, están «azotadas» por el hambre, el hacinamiento y las enfermedades.

#27Dic OVP: presos obtienen 4 millones de dólares al año ?El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que en cárceles venezolanas presos obtienen unos 4 millones de dólares al año producto de diferentes actividades ilícitas.? Reportó @SYaguare Déjanos tu opinión?? pic.twitter.com/PpDtMysTS0

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El pasado mes de julio, esta ONG denunció que las condiciones de higiene e infraestructura de los centros penitenciarios de Venezuela son «precarias» y que, además, existe un «problema de alimentación grave», especialmente desde 2018, cuando empezaron a registrar muertes por desnutrición y tuberculosis.

El OVP también denunció la precaria situación en la que se encuentran los privados de libertad en el Centro de Formación Hombre Nuevo Winnie Mandela, en el estado Zulia.

Durante una reunión con activistas de la ONG los reclusos clamaron por atención, ya que aseguraron estar “desesperados por comida”.

En este sentido, aseguraron que solo reciben tres cucharadas de raciones por persona. Ante esta situación, sufren a diario los efectos de la desnutrición.

El OVP precisó que el centro penitenciario fue “inaugurado” en el 2018 por el Ministerio de Servicio Penitenciario, pero los presos están ocupando el anexo femenino de la antigua cárcel de Sabaneta que fue desalojada en el año 2013.

“Dicho centro penitenciario fue destinado para extranjeros y comenzó con 54 presos de distintas nacionalidades”, detallaron.

Asimismo, puntualizaron que en la actualidad hay 120 reclusos, más de 70 de ellos son colombianos, entre otras nacionalidades y algunos venezolanos.

Hacinamiento, desnutrición y tuberculosis, así está la población carcelaria en Venezuela. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la “precariedad” con la que viven más de 30 mil reos.

La directora de la OVP, Carolina Girón, calificó como “critica” la situación por el hacinamiento, reseñó La Verdad del Zulia.

Según el informe de la ONG, hay 37.500 presos, cuando la capacidad instalada es para 26.238 en el país.

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En una audiencia pública realizada por el 141° período ordinario de sesiones de la CorteIDH, precisó que en 2020 fallecieron 292 reos.

Precisó que de esa cifra, 184 fallecieron a causa de la desnutrición y la tuberculosis; es decir casi el 60%.

«El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros a personas de grupos vulnerables», dijo.

Entre esos grupos están: «adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de postparto y lactantes».

Girón explicó que hay dos tipos de penales: los abiertos, «controlados por presos», y los que permanecen bajo régimen «con estricto control» del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

«La actual infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, y la gran mayoría no cuenta con agua potable, esta es surtida mediante camiones cisternas, una vez a la semana los más favorecidos».

Asimismo, denunció que desde el 13 de marzo de 2020, «no se han practicado pruebas para descartar contagio por la COVID-19”.

“No conocemos si en las cárceles  de Venezuela ha habido contagios o muertes por esta enfermedad».

El Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, informó que al menos 40 reclusos del Internado Judicial Rodeo III, en Miranda, padecen tuberculosis, hepatitis o desnutrición severa, durmiendo en el piso y sin adecuada alimentación.

La ONG recibe reportes de familiares de los presos enfermos y aseveran que son aislados en enfermería o el comedor.

«El tratamiento de los enfermos con tuberculosis sí se los proporciona el penal, pero a veces no se lo pueden dar porque no han comido y les cae mal”, dijo la madre de uno de los reclusos.

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Alertó que su hijo está destruido, “no pesa más de 40 kilos y temo por su vida, hoy les dieron agua de frijoles”, dijo.

Además denunció que este martes falleció un reo el director no lo quiso trasladar a un centro de salud.

Destacó que la víctima tenía la orden de un tribunal.

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Arroz sin proteínas o una arepa sin relleno en la alimentación diaria en Rodeo III, donde los presos además deben cocinar con leña porque tienen meses sin el suministro de gas.

Según el relato de los familiares al equipo del (OVP), hay privados de libertad que en menos de un año han bajado hasta 50 kilos de peso.

Esto los convierte en presa fácil de enfermedades infecciosas.

De igual manera, Carolina Girón, directora del OVP, conoció que el agua potable es suministrada cada seis días.

Pero deben distribuir un solo camión cisterna entre toda la población penal que es de 1.300 personas.

Es por esta razón que la mayoría de los presos tienen sarna porque se les hace imposible asearse con frecuencia.

Así como tampoco pueden lavar su ropa u otros artículos personales.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este sábado que al menos 100 reclusos se fugaron de la Comandancia General de San Felipe en Yaracuy.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la ONG informó que los cuerpos de seguridad del Estado iniciaron un operativo de seguridad para dar con el paradero de estos sujetos. Lograron recapturar a casi 40 reclusos.

Las celdas de la Comandancia General de San Felipe tienen una capacidad para mantener a aproximadamente 80 reclusos, pero allí hacen vida 738 privados de libertad. Es decir hay un hacinamiento del 922%.

El observatorio informó que el último despistaje realizado a los reclusos el pasado jueves 30 de julio arrojó que 12 reos padecen de tuberculosis.

#1DeAgosto Aproximadamente 100 privados de libertad se dieron a la fuga en horas de la madrugada de este sábado de la comandancia general de San Felipe, estado #Yaracuy. Hasta el momento se han recapturado casi 40 reclusos. Noticia en desarrollo

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este martes 21 de julio el Informe Anual 2019 sobre la situación del sistema penitenciario en Venezuela y anunció que desde 1999 hasta el 2019 la muerte, las enfermedades y el hacinamiento es la realidad de los privados de libertad en el país.

OVP, dirigido por Carolina Girón, recoge cada año las incidencias en cada uno de los centros penitenciarios del país, gracias al apoyo de los privados de libertad y sus familiares, destacó la ONG en nota de prensa.

El informe de 2019 detalla particularmente las cifras comparativas con años anteriores, tomando como referencia el 2017 y 2018.

En cuanto a las muertes en las cárceles venezolanas, cabe destacar que en 2017 murieron 143 presos, mientras que en 2018 se reportaron 291 fallecimientos, lo que representó un incremento de 50,85%.

En tanto, en 2019 estas cifras se redujeron considerablemente y se registraron 104 decesos, lo que se traduce a una reducción  de 64,26%.

Desde 1999 hasta 2019, 7.374 personas murieron en las cárceles del territorio nacional y otras 17.715 resultaron heridas, lo que engloba una cifra total de víctimas, entre muertos y heridos, de 25.089 víctimas.

En ese sentido, Girón manifestó que esto no quiere decir que la situación ha mejorado en los recintos penitenciarios. “Disminuyeron las muertes por violencia, pero nos empezamos a alarmar porque aumentaron las muertes por salud”.

En el 2017 fallecieron 28 reos por condición salud, en el 2018 aumentó a 40 y en 2019 lamentablemente se incrementó a 66 muertos por falta de atención médica, medicamentos, entre otras causas.

“Es un marcador que está subiendo, se está incrementando y ¿cuáles son las causas de estas muertes?, pues la desnutrición. La desnutrición genera que las enfermedades ya erradicadas, como la tuberculosis, provoquen estas muertes. Estas personas no cuentan con los suficientes nutrientes o defensas para enfrentar enfermedades de este tipo”, sentenció la directora de esta organización no gubernamental.

Retardo procesal, enfermedades y hacinamiento

Enfermedades como tuberculosis, afecciones cardiovasculares y circulatorias, infecciones en la piel y respiratorias van de la mano con el hacinamiento existente en las cárceles de Venezuela.

En 2017 se contaban 57.359 reos y en 2018 eran 46.915; mientras que en 2019 era de 167,66%, porque la capacidad instalada es de 26.238 y en el país se sumaban 43.992 privados de libertad. Sin embargo, la capacidad instalada se mantenía.

“A pesar de que ha bajado la población penitenciaria, esto hace que la población en calabozos policiales vaya en aumento. Hay una consecuencia proporcional”, detalló la directora del OVP.

Otra de las consecuencias del hacinamiento es el retardo procesal y eso se puede evidenciar con la cantidad de presos procesados y penados que se encuentran en las cárceles del país.

En el 2017 69% de la población reclusa estaba procesada, en el 2018 el 64% y en el 2019 el 61%; es decir, más de la mitad de los presos en Venezuela están procesados.

En ese mismo orden de ideas, Girón expresó que corresponde al Poder Judicial, al Ministerio Público y a todo el sistema de justicia revertir esta situación que afecta a los privados de libertad.

Aseguró además que la pirámide penitenciaria está invertida. “Se supone que yo debo tener en los centros penitenciarios a gente penada, para de este modo ofrecer programas socioeducativos, de trabajo y deportes que puedan darle herramientas para reinsertarse a la sociedad”.

Según los datos manejados por OVP la población penitenciaria en Venezuela se encuentra entre los 18 y 26 años de edad. “Es una población muy joven que merece esa oportunidad. Cuando nosotros peleamos la protección y promoción de los derechos humanos de las personas privados de libertad, lo que estamos pidiendo son derechos y no privilegios”.

Añadió que “cuando pedimos que tengan acceso a una buena alimentación, a medicinas, son derechos no privilegios. No estamos defendiendo a la delincuencia porque cuando caen presos ya están vencidos y ¿cuál es la función del Estado? La función del Estado es hacer posible su reinserción en la población, pero lo que están haciendo es orden cerrado que se usaba en 1935 cuando no existía la política penitenciaria”.

El sufrimiento de las mujeres

Para el 2019 la cantidad de mujeres detenidas en cárceles venezolanas era de 2.536, lo que representa 6% de la población reclusa. Es de resaltar que la capacidad instalada es de 2.154, presentando un hacinamiento de 117%.

Más de la mitad de las mujeres recluidas son procesadas, según los datos recabados por OVP.

La directora de OVP resaltó que las internas sufren la misma problemática que los internos. Asimismo, señaló que las mujeres por condiciones físicas naturales tienen otras necesidades que no son protegidas ni atendidas.

Girón relató cómo es que existen niños junto a privadas de libertad cumpliendo prisión que no les corresponde, niños que están expuestos a enfermedades. “Las condiciones de las mujeres nos preocupa muchísimo porque están bajo condiciones que no son las adecuadas”.

“La situación de las mujeres ha estado un poco olvidada y debemos levantar la voz por las presas”, manifestó Girón, al tiempo que indicó que la opacidad con la información por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios es grande.

Presos del exterior

En 2017 la población reclusa de extranjeros era de 1.198 internos, en 2018 de 1.081 y en 2019 de 958, lo que representa el 2% de la población en todo el territorio nacional. Es de resaltar que éste porcentaje de reos es albergado en el Centro Penitenciario Winnie Mandela en el estado Zulia y La Planta en Caracas.

Desde 2002 hasta 2018 han sido clausurado 8 centros penitenciarios por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, los cuales no han sido sustituidos por nueva infraestructura.

Los penales que han sido cerrados son: Internado Judicial de El Junquito, Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso La Planta, ambas en Caracas; Cárcel Nacional de Maracaibo, Penitenciaría General de Venezuela, Internado Judicial de San Juan de los Morros, ambos en Guárico; Internado Judicial de Barinas I, estado Barinas; Internado Judicial de Apure, estado Apure e Internado Judicial Región Capital Rodeo I, estado Miranda, los cuales permanecen desalojados.

“Cuando el Ministerio Penitenciario dijo que han construido nuevos centros penitenciarios hablan con falsedad porque en el caso de La Pica en Monagas, lo que hicieron fue colocar unas carpas, no hay nada nuevo en construcción”, señaló Girón a la vez que manifestó que así han hecho en otros establecimientos, ocupan una de las edificaciones y la inauguran con un nombre nuevo, cuando en realidad se trata del mismo centro penitenciario.

“Todo ha sido una mentira y queda demostrado, no hay ninguna construcción. Cuando el Ministerio dice que tiene 86 centros penitenciarios, no señor es falso, tienen los mismos 26 centros de toda la vida y ahora con menos capacidad porque se dieron el lujo de cerrar 8”, enfatizó Girón.

Acciones internacionales

La directora de OVP indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido siete medidas provisionales en centros penitenciarios, de las cuales cinco fueron solicitados por la organización.

Aún cuando estos penales gozan de medidas de protección no son cumplidas y como evidencia es que en el 2019 murieron 34 presos, de los cuales 19 fueron por condiciones de salud. Ninguno recibió atención médica, según la información del informe anual.

Por último, Girón expresó que el Estado continúa sin cumplir con lo que establece la Corte IDH y tampoco dan respuesta.

“Allí siguen muriendo y siguen incumpliendo, por lo tanto es una doble violación a los Derechos Humanos. Se trata de un Estado contumaz, es decir que se niega a cumplir, no tienen capacidad ni formación, no hay voluntad y esta situación debe acabar. En la cárceles no debe morir un preso más”, puntualizó.