El Tribunal Supremo de Justicia acaba de cambiar las reglas de juego que se suponían que regían para esta etapa de reconciliación, al determinar que los delitos establecidos en la Ley contra el odio no prescriben.

La medida ha generado preocupación entre juristas y ONG de DD. HH., por las implicaciones sobre los amnistiados y también sobre el peligro que se cierne sobre la disidencia y la posibilidad de que persista la persecución.

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Al menos 31 asociaciones y ONG venezolanas y españolas se han unido para condenar de manera categórica los «crímenes de odio promovidos o tolerados por el régimen chavista» contra opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas sociales y sectores vulnerables de la sociedad venezolana.

«Exigimos justicia, verdad y reparación integral para todas las víctimas de estos crímenes, así como la investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales sin impunidad«, según un manifiesto conjunto publicado este viernes en Madrid por organizaciones sociales y de los derechos humanos de varias partes de España.

Demandan, por ello, el «cierre inmediato y definitivo de todos los centros de tortura y detención clandestina del régimen, utilizados como instrumentos de terror y represión política«. Y reclaman el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos para verificar la situación de los detenidos.

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Igualmente, la disolución inmediata de los «grupos armados» responsables de acciones de «terrorismo» contra el pueblo venezolano y el procesamiento de sus miembros por tribunales democráticos.

En esta línea, hacen un llamado en defensa de la libertad, de la dignidad humana y de todas las víctimas de la represión, la persecución política y los crímenes de odio «ejercidos desde el poder» en Venezuela.

Suscriben Plataforma Ayuda Venezuela, Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, Coordinadora Iberoamericana Contra el Racismo, el Antisemitismo y la Intolerancia, Movimiento Contra la Intolerancia y Organización Geopolítica América Latina, entre otras entidades.

«Denunciamos ante la comunidad internacional la existencia de presos políticos, detenidos arbitrariamente por motivos de conciencia, opinión o participación cívica, sometidos a procesos judiciales sin garantías, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como a la separación forzada de sus familias. Exigimos su liberación plena, inmediata e incondicional«, prosiguen.

Demandan también que cese «toda forma de criminalización de la disidencia«. Y reafirman el compromiso con los principios universales de los derechos humanos, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas.

«La memoria de quienes han sufrido persecución, exilio, cárcel o muerte nos obliga a no guardar silencio«, argumentan en el manifiesto.

También instan a los gobiernos democráticos del mundo, a las instituciones europeas, a los organismos internacionales y a la sociedad civil a no aceptar ni normalizar la represión, a vigilar de manera «activa» la situación del país y a acompañar al pueblo venezolano en su legítima aspiración de libertad, justicia, democracia y pleno respeto de los derechos humanos.

Y todo ello porque «la libertad no se negocia, la dignidad no se persigue, los derechos humanos no prescriben».

Finalmente, respaldan de manera «clara y pública» a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, como «líderes legítimos del proceso de transición democrática en Venezuela».

Con información de EFE

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este lunes que el Ministerio Público (MP) inició investigación contra joven que difundió contenido en TikTok burlándose de la muerte de una persona con cáncer.

Para dicha investigación el MP designó a la Fiscalía 59 Nacional para sancionar con privativa de libertad «el atroz hecho donde la joven pseudo ‘Tiktoker’ Ashely Ways, a través de la mencionada plataforma, publica un infame video: burlándose de la muerte de una adulta mayor con cáncer», se argumenta.

El texto lo acompaña del referido video, donde la joven, en disputa contra otra fémina, se deja llevar por conductas viscerales por rivalidad y venganza.

«Todo esto a los fines de atentar contra los buenos sentimientos y moral de la hija de la fallecida con el único objetivo de hacerle daño», agrega el comunicado del MP.

? POR BURLARSE EN TIKTOKFiscal general Tarek William Saab, anunció que @MinpublicoVEN inició investigación contra la joven que difundió contenido en TikTok burlándose de la muerte de una persona con cáncer. pic.twitter.com/0TnC6LtX9p

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El castigo de actitudes como estas está tipificada en Venezuela la Ley contra el Odio, que tiene como tiene como objetivo promover la convivencia pacífica y la tolerancia.

Por emitir opiniones críticas en contra de la dictadura, el tribunal Primero de Control en Carabobo emitió una orden de detención en contra de Nelson Piñero. La razón es que Nelson escribe juicios de valoraciones sobre la marcha del gobierno nacional y local en el estado Carabobo. Eso se interpreta como una medida represiva que solo se aplican en regímenes dictatoriales, para cuyos cabecillas cualquier cuestionamiento equivale a “odio”.

Si por criticar a los gobernantes de una localidad, de una región o a un funcionario de alcance nacional, en cualquier país del planeta Tierra, se justificaría detener o privar de su libertad a un ciudadano, no quedaría lugar en las cárceles y habría, en consecuencia, que habilitar espacios deportivos, plazas, etc., para encerrar a los millones de personas que en ejercicio de sus derechos ciudadanos vierten por las redes sociales sus opiniones, que en ningún caso, pueden ser tachadas de ofensas o promoción de odios contra los funcionarios evaluados en suscribir reproches.

Opinar es un derecho, no un delito. Pero todo indica que para el régimen venezolano ese derecho a la crítica está proscrito. Por eso en Venezuela están repletas las cárceles de presos políticos civiles y militares. Por eso continúan asaltando, cerrando o comprando medios de comunicación. Por eso para esas dictaduras los periodistas son declarados enemigos de sus falsas revoluciones.

Odio es promover luchas de clases sobre supuestos manipulados. Odio es colocarle objetivos a los ciudadanos, como cuando se les califica de “escuálidos, majunches o cachorros del imperio”. Lo que sí es reprochable es presionar a la ciudadanía para que haga tal cosa o asuma tal conducta que complazca a los dictadores, so pena de ser privados de sus derechos garantizados en la Constitución Nacional.

Odio es haber amenazado con “freír la cabeza de los adecos” en plena campaña electoral de 1998. Odio es haber dicho “no pateo perro muerto”, tras la muerte del expresidente Carlos Andrés Pérez. Odio es estigmatizar a los prelados de la iglesia católica como la representación de “satanás con sotanas”. Ese tipo de expresiones sí generan aflicciones de rencor, odio o resentimientos.

Haber invadido fincas, expropiar irregularmente fábricas y pisotear el derecho de propiedad, sí que despierta animosidad en el espíritu de los venezolanos. Y eso es lo que han venido haciendo a lo largo de estos últimos cinco lustros de desgobierno chavomadurista. Repulsivas fueron las arremetidas contra los jóvenes que se echaron a las calles a defender la democracia que aspiraban levantar y con la que soñaban vivir. Condenables las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos perpetrados con la mayor impunidad por parte de los escuadrones al servicio de ese régimen que ahora pretende invertir la realidad, tildando de promotores de odios a simples ciudadanos que se limitan a decir las verdades que incomodan a los dictadores.

El lunes, durante una sesión de preguntas y respuestas con la prensa en un vuelo de regreso a Italia desde Grecia, el Papa comentó: “Los pecados de la carne no son los más graves”.

En cambio, aclaró que el orgullo y el odio eran “los pecados más graves”.

También le preguntaron sobre la renuncia del arzobispo de París, Michel Aupetit, quien ofreció su renuncia a principios de este mes después de que una revista francesa afirmara que tuvo una relación íntima con una mujer.

Tradicionalmente, los arzobispos y los miembros superiores de la Iglesia católica mantienen el celibato clerical, lo que significa que se abstienen de tener relaciones sexuales.

El arzobispo negó el asunto y declaró: “Manejé mal la situación con una persona con quien estuve en contacto muchas veces”.

El Papa, que aceptó la renuncia del arzobispo, aseguró que “fue una falta de su parte, una falta contra el sexto mandamiento, pero no por completo”.

El sexto mandamiento dice “no cometerás adulterio”, el cual se aplica a las personas que tienen relaciones sexuales extramaritales, pero el Papa sugirió que podría aplicarse a los sacerdotes que rompen el celibato.

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Durante el vuelo, el Papa dijo que destituyó al arzobispo por “chismes”.

“Todos somos pecadores. Cuando el chisme crece y crece y elimina el buen nombre de alguien, no puede gobernar”, añadió.

“Esto es una injusticia. Por eso acepté la renuncia de Aupetit: no sobre el altar de la verdad sino sobre el altar de la hipocresía”.

Durante su visita a Grecia, el Papa animó a los jóvenes a no dejarse tentar por las “sirenas” consumistas de hoy.

Explicó: “Las sirenas de hoy quieren encantarte con mensajes seductores e insistentes que se centran en las ganancias fáciles, las falsas necesidades del consumismo, el culto al bienestar físico, al entretenimiento a toda costa”, aseguró. “Todos estos son como fuegos artificiales: se encienden por un momento, pero luego se convierten en humo en el aire”.

Con información de Independent en Español

El 8 de noviembre se cumplieron tres años de vigencia de «Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia». Al amparo de esa norma, el madurismo cerró 6 medios de comunicación y proceso o encarceló a más 150 personas.

Aprobada por la ilegítima ANC, la ley es todo lo contrario a lo que reza su primer artículo: “ generar las condiciones para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco». Así como para «prevenir y erradicar toda forma de odio”.

La ONG Instituto de prensa y sociedad (Ipys-Venezuela), publicó un recuento de todo lo que ha hecho el régimen al amparo de la ley.

«La imposición de la censura, la autocensura y la detención arbitraria» es el resultado de su aplicación, dice el Ipys. También «el procesamiento judicial de al menos 55 civiles. Número que se suma a las 98 personas procesadas bajo el amparo del Código Penal. Se eleva así a 153 los ciudadanos imputados por delitos de odio, luego de estar detenidos», resume el Ipys.

La prensa no ha escapado de esta persecución. Solo en tres años, la norma es el instrumento idóneo para intimidar y censurar a medios de comunicación. También a reporteros en todo el país. «Son 12 trabajadores de la prensa y los seis medios víctimas de acciones legales o amenazas» desde el 2018, destaca la institución.

Estas cifras representan sólo una parte de los efectos de la censura sistemática del Estado. Todo a través de sus poderes Ejecutivo y Judicial, en compañía de la ANC.

Diversos sectores y organismos nacionales e internacionales rechazan la norma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), repudian su naturaleza ilegítima.

No solo porque la hizo «una ANC señalada de inconstitucional». Sino «también por sus términos ambiguos que favorecen la discrecionalidad. Son contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente los de libertad de expresión y opinión».

Dentro de esta normativa se pena el discurso de odio, pero no se establecen límites claros sobre su categorización. Ese escenario deja a criterio del Estado decidir qué mensajes promueven el odio en el discurso público.

Este nuevo mecanismo de censura se creó muy a pesar de lo que establece la Carta Magna en su artículo 57. Allí se señala que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos de viva voz”. Esto «por cualquier medio y sin que esto represente una causa censora».

Además la normativa también es contraria a lo señalado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 19, decreta que ninguna persona podrá ser molestada por sus opiniones.

Para el Estado venezolano, la libertad de expresión y de opinión es un delito. Sobre todo cuando las declaraciones críticas señalan a funcionarios públicos. Esto muy a pesar de que las autoridades están expuestas a un mayor escrutinio social.

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Al menos seis medios de comunicación y 17 trabajadores de la prensa, para un total de 23, han sido intimidados, acusados, amenazados y procesados por delitos de odio.

Desde el régimen, la postura contraria a su gestión es la excusa idónea para imputar a trabajadores de la prensa. En estos tres años, detuvieron y procesaron a nueve trabajadores de medios. Lo hicieron sin existir razones claras y públicas sobre la imputación de los delitos.

De las 23 víctimas de los medios de comunicación, 13 se produjeron durante 2020. A 17 afectados les aplicaron acciones legales, imputaciones de los tribunales y las denuncias formales de actores públicos.

Mientras que los otros seis los amenazaron e intimidaron con ser denunciados o procesados por incitación al odio. Todo ocurrió luego que publicaran información vinculada donde se veían afectados funcionarios públicos.

Los enjuiciamientos y las detenciones arbitrarias por estos delitos no se detienen. Según el Foro Penal, en 2020 procesaron a 57 personas. Solo 25 por debajo del registro de 2019 cuando imputaron al menos a 82 ciudadanos por estos delitos.

Los arrestos documentados por el Foro penal de enero a octubre de 2020 son: Yaracuy (12), Nueva Esparta (8), el Área Metropolitana de Caracas (8). Sigue Miranda (5), Lara (4), Mérida (4), Bolívar (3), Monagas (3), Barinas (2), Zulia (2). Hay un caso en Anzoátegui, Carabobo, Falcón, Portuguesa y Táchira, respectivamente.

Pero el récord de imputaciones por esta es el año 2020, caracterizado por la pandemia de COVID-19. Solo hasta el 20 de octubre, procesaron a 34 personas por incitación o promoción al odio. Así, esa ley es el principal instrumento de persecución del Estado.

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