La Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunció la falta de avances en el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Gobierno venezolano en torno al salario de los trabajadores.

En un comunicado, la OIT instó al gobierno interino de Delcy Rodríguez a fijar el salario mínimo en “consonancia con los métodos consensuados”. 

El Consejo de Administración de la organización expuso que después de una encuesta efectuada en 2019 han recomendado medidas en tres oportunidades al Estado en cada una de sus plenarias, las cuales hasta ahora no han sido tomadas en cuenta.

Recordaron que, aunque algunas centrales sindicales no participaron en las discusiones para establecer un método en pos de la fijación del salario mínimo, se acordó avanzar en el establecimiento de este, que permanece estancado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, menos de 0,30 centavos de dólar.

“Constatamos con profunda preocupación que no se procedió aún a la aplicación de dicho método y que el salario mínimo no ha sido actualizado desde 2022 a pesar de la creciente y sostenida inflación. Urgimos firmemente al gobierno a que con la participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesados, proceda sin demora, a aplicar el o los métodos acordados para la fijación de los salarios mínimos”, reza el texto de la OIT.

La organización reiteró la solicitud al Gobierno nacional para que su oficina pueda brindar asistencia técnica a los interlocutores sociales durante las sesiones del foro que tendrán lugar en la segunda quincena de abril de 2026 en Ginebra, Suiza.

Asimismo acogió con agrado la excarcelación de varios dirigentes sindicales entre enero y marzo de 2026, luego de que se produjera la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores a manos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

“Instamos firmemente al gobierno a tomar las medidas necesarias para asegurar la liberación inmediata de todo sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones”, expresó.

La OIT igualmente instó al gobierno  a subsanar las “graves violaciones de derechos sindicales examinadas por el Comité de Libertad Sindical”.

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Decisión relativa a la evolución de la situación con respecto a la plena aplicación por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del plan de acción acordado a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la comisión de encuesta respecto de los Convenios núms. 26, 87 y 144 Lamentando la falta de progresos en el cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta adoptadas en 2019, así como en la aplicación de las medidas solicitadas por el Consejo de Administración en su 352.ª reunión (octubre-noviembre de 2024), en su 353.ª reunión (marzo de 2025) y en su 355.ª reunión (noviembre de 2025), el Consejo de Administración:

a) expresa su firme esperanza de que, con la asistencia técnica de la Oficina, de preferencia en persona, en la quinta sesión del foro de diálogo social prevista en la segunda quincena de abril de 2026 se adopte un plan de acción actualizado que propicie la plena aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta, a fin de impulsar el diálogo social y promover la reconciliación nacional y la justicia social como base de una paz y una prosperidad duraderas en la República Bolivariana de Venezuela;

b) acoge con agrado la excarcelación de varios dirigentes sindicales entre enero y marzo de 2026 e insta al Gobierno a que subsane las graves violaciones de derechos sindicales examinadas por el Comité de Libertad Sindical, aplicando sus recomendaciones con carácter prioritario;

c) reitera su solicitud al Gobierno a fin de que adopte las medidas necesarias para que la Oficina pueda prestar asistencia técnica, de preferencia en persona, a los interlocutores sociales durante y entre las sesiones del foro de diálogo social;

d) toma nota del inicio del proceso de consultas para determinar el salario mínimo en 2026, que no ha variado desde 2022, e insta al Gobierno a fijar el o los salarios mínimos en consonancia con los métodos consensuados;

e) invita al Gobierno a que presente al Director General, a más tardar el 21 de septiembre de 2026, información sobre las medidas concretas adoptadas en relación con los apartados a) a d) supra, con miras a transmitir dicha información al Consejo de Administración en su 358.ª reunión (noviembre de 2026).

Casi toda la población de Gaza «vive en la pobreza» tras un año de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, que devastó la economía del territorio, advirtió el jueves la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe.

«El impacto de la guerra en la Franja de Gaza ha cobrado un precio que va mucho más allá de la pérdida de vidas, las desesperadas condiciones humanitarias y la destrucción física», declaró Ruba Jaradat, directora regional de la OIT para los Estados Árabes.

El conflicto «ha alterado fundamentalmente el panorama socioeconómico de Gaza, mientras que ha afectado gravemente la economía y el mercado laboral» de Cisjordania ocupada, añadió. «El impacto se sentirá por generaciones», alertó.

En Gaza, «casi el 100% de la población vive en la pobreza, lo que refleja la grave situación a la que se enfrentan las familias que luchan por cubrir sus necesidades básicas», subrayó el informe de la agencia de la ONU.

En Cisjordania, la contracción económica «ha más que duplicado la tasa de pobreza a corto plazo», pasando del 12% en 2023 al 28% a mediados de 2024, indicó el organismo. La tasa de desempleo en este territorio se situó de media en un 34,9% entre inicios de octubre de 2023 y finales de septiembre de 2024.

En Gaza, la tasa de desempleo en el mismo periodo se situó en 79,7%, un promedio «impactante», precisó la OIT.

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El coste económico de la guerra para los territorios palestinos no tiene precedentes, señaló el organismo. El Producto Interior Bruto (PIB) de Cisjordania se contrajo un 21,7% respecto a los 12 meses anteriores y el de Gaza cayó un 84,7%.

Las estadísticas de Naciones Unidas «reflejan la paralización de la mayoría de las actividades económicas en Gaza debido a la destrucción de viviendas e infraestructuras, y al desplazamiento recurrente de trabajadores y empleadores», explicó la OIT.

Además de ver reducidos sus ingresos, la población de Gaza se enfrentó a un alza de los precios. La inflación interanual alcanzó el 248% en agosto de 2024.

El conflicto en Gaza empezó el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamás en el sur de Israel, donde los milicianos mataron a 1.206 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes y que incluye los rehenes que murieron en cautiverio en Gaza.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva en Gaza que ya mató a más de 42.400 palestinos, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio, considerados fiables por la ONU.

Unas 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil, agrupadas en el Foro Cívico de Venezuela, pidió este lunes a la delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que haga seguimiento a los reclamos laborales de los trabajadores en el país.

«Es importante señalar que dentro de lo que significa este foro de diálogo tripartito (…) se está solicitando que quede un funcionario (de la OIT) permanente en el país, precisamente, para hacerle seguimiento a toda la situación», indicó el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, en conferencia de prensa, tras la reunión del Foro Social en Margarita.

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Por su parte, Keta Stephany, secretaria de información de la Federación de Asociación de Profesores de Venezuela (Fapuv), señaló que es necesario que haya un «avance real» en la negociación y que se puedan construir acuerdos entre los distintos sectores.

«Hacemos votos porque el diálogo entre los trabajadores, empleadores y el Estado venezolano realmente rinda frutos, realmente produzca soluciones con el carácter de urgencia que se requiere (…) Entendemos que el diálogo es un proceso lento, no se decretan las soluciones, pero necesitamos que haya avance real», añadió, en reseña de la agencia Efe.

Stepahny explicó que desde que comenzó el diálogo con el apoyo de la OIT se han debido instalar tres mesas sobre criterios para la fijación del salario mínimo, la libertad sindical y la revisión de la legislación laboral venezolana, pero que hasta el momento no se ha concretado.

«Nosotros vemos cómo se sigue hostigando (…) se sigue persiguiendo a dirigentes sindicales, no solamente con detenciones arbitrarias (…) este año el mecanismo ha sido el acoso, el hostigamiento a través de órganos de represión del Estado que van a las asambleas (sindicales) y filman, le toman fotos a la gente que está protestando», agregó.

En abril pasado, la administración de Nicolás Maduro, empleadores y sindicatos instalaron, con el apoyo técnico de una comisión de alto nivel de la OIT, mesas de diálogo social para revisar los avances en el cumplimiento de varios convenios relativos al establecimiento del salario mínimo, a la libertad sindical y a la consulta tripartita.

Para este #30Ene está previsto que comience el diálogo Tripartita entre la administración de Nicolás Maduro, los trabajadores, representados en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y el gremio de empresarios (Fedecámaras).

Esta reunión, que se llevará a cabo en el estado Nueva Esparta, busca consolidar soluciones a la problemática económica y social por la cual atraviesa Venezuela, por lo que dos de las tres partes presentan un plan de discusión.

Para la CTV es necesario que se establezcan cuatro mesas técnicas de discusión, en donde temas como un ajuste del salario mínimo cónsono con la realidad del país, el cese de persecución judicial en contra de los dirigentes sindicales y elecciones sindicales autónomas sean los temas bandera.

Además, ya han preparado una carta donde solicitan explicación del por qué no se ha cumplido ni siquiera el 10% delas recomendaciones que se hiciesen en el 2019.

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Fedecámaras por su parte, orienta su discusión hacia la eliminación del Impuesto a Las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y la seguridad social necesaria para poder operar en Venezuela, entre otros temas.

El evento que se llevara a cabo en la población de Pedro González, a unos 40 kilómetros de Porlamar, contará con la presencia de veedores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El ente internacional está al tanto de la situación en Venezuela y estarían atentos a la posibilidad de lograr el cumplimiento del 90% de las recomendaciones que se hicieron en el 2019 y la administración de Nicolás Maduro no ha cumplido.

El empresario y expresidente de Fedecámaras Jorge Roig, ahora integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informó que en enero de 2023 se realizará una nueva reunión de la tripartita en la isla de Margarita.

Manifestó en una entrevista en Unión Radio que se trata del tercer encuentro entre representantes de la OIT, trabajadores y la administración Maduro.

«En esa reunión tenemos unas mesas técnicas que están convocadas para discutir el salario», explicó.

Roig aseguró que Venezuela se está tratando de generar una cultura de diálogo social y «lo hemos logrado gracias a la OIT y a la voluntad que está teniendo el Gobierno de sentarse en la mesa con nosotros y los trabajadores.»

En una entrevista para el programa A Tiempo, Roig respaldó la propuesta de elevar los salarios siempre y cuando exista una ley que permita temporalmente -y electiva para el trabajador- que no entre ese pago adicional en el recálculo de las prestaciones.

«Esto está discutido con muchos sectores sindicales de trabajadores que están de acuerdo, creo que quien tiene más dificultades es el sector público. Lo que estamos pidiendo es que esto se visibilice, se legalice, para que uno no sienta que está haciendo algo extraño, sino simplemente si ya saben que esto está sucediendo, démosle el marco legal apropiado».

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«Cuando empezó el 2022 teníamos un dólar en 4 bolívares y hoy en más de 15. ¿Cómo se le dice a una persona que debe vivir con un salario mínimo de 8,22 dólares mensuales?», pregunta la diputada de Primero Justicia  Karim Vera.

«Es obvio que las políticas económicas no han funcionado en Venezuela porque la verdadera guerra económica fue impuesta por aquellos que dicen defender la patria, los mismos que insisten en enemigos extranjeros, los que ejecutan planes constantemente para empobrecernos y someternos a la miseria”, lamentó.

En ese sentido precisó que “de continuar con medidas erradas y el no reconocer que tenemos a la cabeza del BCV personas no capacitadas que lo menos que hacen es proteger nuestra moneda y, por ende, aumenta diariamente la inflación, la crisis en Venezuela superará lo que ya hemos vivido”.

Karim Vera lamentó que “los venezolanos estamos destinados a tener unas Navidades sin lo básico para celebrar estas fiestas, ya que el ingreso promedio no alcanza para cubrir los gastos de sobrevivencia, menos los navideños”.

Más de una persona de cada cinco ha sufrido alguna forma de violencia y acoso en su puesto de trabajo en todo el mundo, reveló una investigación publicada este lunes por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«La violencia y el acoso en el trabajo están muy expandidos en el mundo», recoge esta investigación conjunta de la OIT, la fundación Lloyd’s Register y el instituto de sondeos Gallup.

Así, «más de una persona empleada de cada cinco (22,8%, es decir, 743 millones de personas) sufrió al menos una forma de violencia y de acoso en el trabajo durante su vida profesional», según los datos recabados el año pasado.

Un 31,8% de las víctimas declararon haber padecido más de una forma de violencia y acoso, y el 6,3% de ellas se vieron confrontadas a las tres formas (física, psicológica y sexual) de este fenómeno en el marco de su trabajo.

Sin embargo, menos del 55% de las víctimas hablaron de su situación.

Esto «puede reflejar que, en numerosos casos, esto no es solo una cuestión tabú, sino que las personas interrogadas sentían vergüenza y culpa, pues pueden pensar que, de un modo u otro, su comportamiento o su conducta puede haber llevado a otra persona a faltarles al respeto», explicó en rueda de prensa Manuela Tomei, subdirectora general de la sección de la OIT dedicada a la gobernanza, los derechos y el diálogo.

El estudio fue realizado con 75.000 personas encuestadas en 121 países, sobre todo por teléfono.

La violencia psicológica es la más corriente y afecta al 17,9% de los hombres y mujeres. Le sigue la violencia física, que afecta a menos de una persona de cada diez (8,5%).

Según el estudio, los hombres son más proclives que las mujeres a denunciar ese tipo de violencia. 

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Por otro lado, la violencia y el acoso de tipo sexual afectan a un empleado de cada quince (6,3%), siendo «las mujeres las que están más expuestas».

Más de un 8% de las mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia, frente a un 5% de hombres.

Las cifras del estudio reflejan que la violencia psicológica suele afectar más a las mujeres que a los hombres, mientras que estos últimos son más a menudo víctimas de violencia física.

Con información de AFP

Este 26 de septiembre se instaló en Caracas la segunda sesión presencial del Foro de Diálogo Social con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sindicatos y empresarios.

Sin embargo, desde el sector petrolero, los trabajadores denuncian que se trata de «un circo que el gobierno y la burocracia sindical y corrupta roja rojita organizó con personeros de la OIT».

Así lo expresó, en conversación con Impacto Venezuela, Luis Hernández, director laboral del Frente de Trabajadores Petroleros.

«Es una mesa de diálogo social entre sindicaleros que representan a Maduro, no a los trabajadores. Allí está Fedecámaras y algunos representantes del régimen, escogidos por Nicolás Maduro, con la asistencia técnica de una comisión de la OIT. Es la continuación de una anterior mesa que se llevó a cabo en abril de este mismo año, de la cual, hasta la fecha, no ha surgido nada a favor de los trabajadores y menos ha abogado por la libertad de los dirigentes sindicales presos», lamentó.

Sostiene que ese «falso diálogo que está vociferando el régimen con el apoyo de un sector sindical del PSUV no representa a los trabajadores, cuyos dirigentes en su mayoría no fueron elegidos por nadie, sino que son impuestos y van en contra de los trabajadores».

Hernández lamentó que «la OIT sabe de la situación de crisis económica y social que vivimos todos los venezolanos, saben del control partidista de las organizaciones sindicales, saben que no existe democracia sindical ni elecciones libres de los dirigentes», pero no ha podido hacer nada al respecto.

También denunció que el sindicato que representa a los trabajadores en ese foro, que es la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, «no hace elecciones desde el 2009, sus directivos vienen entregando grandes conquistas laborales como la asistencia médica, el suministro de medicamentos, el préstamo para viviendas, la ayuda educativa, entre otros beneficios laborales».

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De su parte, Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, considera que el foro debe «agilizar soluciones concretas al problema de los trabajadores y sus familias, pues requieren a la brevedad posible mejoras en su calidad de vida».

«Nos preocupan temas cruciales como salario mínimo y la remuneración, libertad sindical y una legislación adecuada a la realidad económica y laboral actual. Esperamos que se abran espacios tripartitos para avanzar en todas las áreas, especialmente en las que atañen al trabajador», agregó.

reiteró la «disposición del empresariado de entablar un diálogo real, directo, efectivo y urgente; con participación del sector empleador en su rol de productor e inversor, así como del Estado en su rol de generador de condiciones propicias para garantizar la producción y el empleo digno».

Venezuela y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) evaluaron este miércoles los preparativos para la segunda etapa del foro de diálogo social en el país.

La primera fase comenzó en abril por el Gobierno, empleadores y sindicatos-, que se celebrará en septiembre, informó el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba.

«Realizamos una evaluación junto a la OIT Andina y la OIT para los preparativos de la segunda etapa, que se realizará en septiembre, avanzando junto a los actores del mundo del trabajo en la construcción de acuerdos por el país», escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, señaló que, durante una «reunión de trabajo» virtual sostenida con el director general de la OIT, Guy Ryder, el país presentó los «avances y cumplimientos de acuerdos vinculados al Foro de Diálogo Social realizado en abril», aunque no detalló cuáles han sido esos resultados.

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En abril, la administración de Maduro, empleadores y sindicatos instalaron, con el apoyo técnico de una comisión de alto nivel de la OIT, mesas de diálogo social.

La idea era revisar los avances en el cumplimiento de varios convenios relativos al establecimiento del salario mínimo, a la libertad sindical y a la consulta tripartita.

En este foro, celebrado del 25 al 28 de abril, se acordó «resolver temas puntuales, sobre todo concernientes a procesos judiciales o intimidación a dirigentes gremiales».

Además se quiso generar un espacio permanente de discusión efectiva para la fijación del salario mínimo» y revisar «vulneraciones a la propiedad privada», según un comunicado emitido entonces por Fedecámaras, la principal patronal del país.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si esa primera etapa tuvo algún avance en cuanto a los puntos importantes acordados en abril.

De hecho, desde varios sindicatos y gremios han anunciado que se harán elecciones, pero, por otro lado, hay trabajadores que siguen protestando por la reivindicación de sus derechos.

1/2 Sostuvimos una interesante reunión de trabajo con el Director General de la #OIT @GuyRyder, donde presentamos los avances y cumplimientos de acuerdos vinculados al Foro de Diálogo Social realizado en abril.#JuventudUniversitaria @NicolasMaduro pic.twitter.com/JTBr1SXSd2

Tras la llegada de una comisión de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó las elecciones internas en gremios y sindicatos, las cuales estaban paralizadas desde hace años.

para distintos dirigente gremiales sindicales, el hecho es positivo, pero recalcaron que el mérito no es del CNE, sino de la presión que ejerció la OIT.

Uno de ello es Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas e integrante de Monitor Salud.

«Tras la presión de la OIT se van a realizar estas elecciones. Es importante la renovación de los sindicatos del país para que los trabajadores manifiesten su voluntad», dijo, en entrevista con Unión Radio.

Lamentó que por las trabas del oficialismo, «hay sindicatos que llevan más de 20 años sin poder hacer elecciones».

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Por su parte, Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela y presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, aseguró que «la alternabilidad electoral es sinónimo de democracia».

Recordó que lleva 14 años en el cargo por el impedimento que tienen las universidades de hacer elecciones.

«Hay una decisión del TSJ que obligaba a las autoridades a mantenerse en su sitio hasta que se revisaran las elecciones», destacó.

Explicó que «todas las autoridades universitarias y sindicales del país están en la misma situación».

Igualmente, lamentó que, a pesar de que «hay un reglamento para evitar que las autoridades se sigan perpetrando en el poder, esto ha sido imposible por los mandatos del CNE».

«Me he mantenido al frente como todos los rectores de AVERU, no por querer perpetrarme en el poder, sino por cumplir con la universidad», recalcó.

De su lado, la Federación Médica Venezolana (FMV) presentó al CNE un cronograma de elecciones internas, tras más de 20 años, sin renovar sus autoridades.

Douglas León Natera, presidente de la FMV y otros directivos de la misma se reunieron con el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez.

“Esta es la vigésima séptima vez que la FMV solicita al poder electoral el apoyo para elegir a nuestras autoridades gremiales, a nivel nacional y estatal, que a la fecha el CNE mantiene bloqueado”, declaró León Natera, quien espera que el organismos les responda.

El dirigente gremial recordó que el levantamiento de las restricciones a los derechos laborales fue uno de los acuerdos alcanzados durante las reuniones entre la OIT, las principales centrales sindicales del país, Fedecámaras y Nicolás Maduro.

El respeto a los convenios sobre autonomía sindical, salarios ajustados a la canasta básica y diálogo tripartito. Estas son las exigencias básicas de los trabajadores agrupados en al menos cinco organizaciones, a la comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estas demandas, de acuerdo con un comunicado de prensa, las presentaron durante una reunión que el grupo sostuvo con la comisión de la OIT que se encuentra en el país desde este lunes.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (Codesa). A ellas se unieron la Confederación General de Trabajadores (CGT), Alianza Sindical Independiente (ASI) y Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNT).

De su parte, los sindicalistas Rubén González y José Patines denunciaron que fueron «expulsados y excluidos» del encuentro por «órdenes del Ministerio del Trabajo».

González abogó por la libertad plena y restitución de sus cargos laborales de 147 dirigentes sindicales presos desde 2015.

Asimismo, reclamó que el diálogo debe centrarse en el respeto a los convenios laborales firmados por Venezuela con la OIT, en especial la autonomía sindical.

«Maduro eliminó los contratos colectivos, desmejoró las condiciones laborales de los trabajadores e inhabilitó sindicatos y gremios profesionales», agregó Patines.

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La administración de Nicolás Maduro, empleadores y sindicatos instalaron esta semana mesas de diálogo social. Esto con el apoyo técnico de una comisión de alto nivel de la OIT,

La comisión es para revisar los avances en el cumplimiento de varios convenios relativos al establecimiento del salario mínimo, la libertad sindical y a la consulta tripartita, recordó Efe.

El director general de la OIT, Guy Ryder, señaló que se espera que en el diálogo se traten «todas las cuestiones pendientes sobre la aplicación de varios convenios».

«Desde hace varios meses hemos estado en contacto permanente y fluido con ministro de Trabajo, José Ramón Rivero. También con los interlocutores sociales para concretar las bases de este foro que empieza hoy y que, espero, pueda fortalecer aún mas el diálogo en el país», dijo.

Explicó que su ejecución da continuidad a un proceso «que busca dar cumplimiento a la decisión del Consejo de Administración de la OIT relativa a la Comisión de Encuesta, que se estableció en marzo de 2018 (…) para examinar una queja presentada, en junio de 2015, por 33 delegados empleadores».

La administración de Nicolás Maduro, empresarios y sindicatos instalaron este lunes las mesas de diálogo social para revisar la situación de los trabajadores. Esta comisión tripartita cuenta con el apoyo técnico de una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La idea es que se revisen los avances en el cumplimiento de varios convenios relativos al establecimiento del salario mínimo y la libertad sindical.

El director general de la OIT, Guy Ryder, señaló que se espera que en el diálogo se traten «todas las cuestiones pendientes sobre la aplicación de varios convenios.

Se refiere al convenio 26 que fija los salarios mínimos y al 87, sobre la libertad sindical. Además del 144 que trata de la consulta tripartita en la legislación y en la práctica.

«Desde hace varios meses hemos estado en contacto permanente y fluido con el señor ministro de Trabajo, José Ramón Rivero. También con los interlocutores sociales para concretar las bases de este foro. Espero, pueda fortalecer aún mas el diálogo en el país», dijo.

Explicó se «busca cumplir la decisión del Consejo de Administración de la OIT relativa a la Comisión de Encuesta». La misma se estableció en marzo de 2018 (…) para examinar una queja presentada, en junio de 2015, por 33 delegados empleadores».

Ryder mostró esperanza en que Maduro y los «interlocutores sociales» aprovechen esta «oportunidad única». Quiere que se establezcan «una relación de confianza mutua para la reconciliación nacional». Todo sobre la base de «la transparencia y en el consenso para avanzar en la búsqueda de un futuro mejor».

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En la instalación, transmitida por VTV), Delcy Rodríguez, manifestó su deseo de que el diálogo profundice «la capacidad de resiliencia» de Venezuela.

«Auguramos que este foro de diálogo social, de diálogo tripartito, ayude al crecimiento y a consolidar la fortaleza de Venezuela. Pedimos que ayude a garantizar la esperanza de nuestros trabajadores y a tener un sector productivo que garantice las necesidades de la población venezolana», expresó.

La funcionaria aseguró que el país está «en un proceso de reformateo del diálogo de México». Agregó que este proceso es «para incluir a más sectores, para que toda la vida nacional se sienta incluida y expresada».

Una Comisión de Encuesta de la OIT designada para Venezuela, visitó el país en 2019. En un informe de esas época señaló que Maduro incumple los convenios número 26, 87 y 144.

Al respecto, Rodríguez señaló que, «con la llegada de la revolución bolivariana, se han inscrito 6.810 sindicatos en el país. Dijo que «esto retrata lo que ha sido la evolución en Venezuela, marcada y sacudida por un bloqueo estruendoso».

Entre tanto, para el expresidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, «la presencia de la OIT en Venezuela es altamente beneficiosa para la economía en general».

Cree que «todo el crédito para es para Fedecámaras que desde hace más de dos décadas persiguió y gestionó, la creación de una comisión tripartita».

Mientras que Maryolga Girán, experta en derecho laboral, dice que con la llegada de una comisión de la OIT, se espera la liberación de los 157 dirigentes sindicales detenidos.

Insistió en que con esta visita también se busca la fijación consensuada del salario mínimo. Además de la protección del salario y vuelta a la contratación colectiva.

«Con estas reuniones se espera que las condiciones laborales no se decidan de forma unilateral por el gobierno», añadió, en entrevista con Unión Radio.

«Las malas noticias nunca vienen solas». El «Gobierno obrero» de Nicolás Maduro está descubriendo la veracidad de este refrán. Cuando aún trata de digerir la decisión de la Fiscalía de la CPI de abrir una investigación sobre crímenes de lesa humanidad, la Organización Internacional del Trabajo presiona por otro lado.

La OIT resolvió autorizar a su director general, Guy Rider, para que tome «todas las medidas posibles», para que Maduro cumpla las recomendaciones sobre la libertad sindical en Venezuela.

La decisión la adoptó el Consejo de Administración de la OIT con sede en Ginebra (Suiza), durante su 343ª reunión, celebrada el 6 de noviembre 2021.

La información la dio a conocer el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, quien estuvo presente en la misma, reseña una nota de la ONG, Acceso a la Justicia.

«El Consejo de Administración de la OIT aprobó por consenso ‘deplorar que el Gobierno no cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, máximo organismo de control de la OIT'».

En 2019, la Comisión de Encuesta emitió un duro informe sobre Venezuela. Denunció que el derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos y el de los empresarios a promover sus iniciativas, no estaban siendo respetados.

Asimismo, instaba al Ejecutivo a impulsar «un diálogo tripartito para la reconciliación nacional». Además del «desarrollo económico sostenible y la justicia social». Sin embargo, en marzo pasado las autoridades venezolanas anunciaron que no acatarían dichas recomendaciones.

«El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada. No se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión», declaró el entonces ministro del Trabajo, Eduardo Piñate.

Pero en esta ocasión la OIT no se limitó a condenar el desacato venezolano. Decidió elevar la presión sobre las autoridades nacionales para conseguir que rectifiquen. Para ello, le encomendó a su director general que busque la manera para que Venezuela cumpla todas las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Entre las alternativas para alcanzar ese objetivo está «la opción de tener un representante de la OIT permanente en el país», aseguró Roig.

Esta es la segunda vez, en lo que va de 2021, que la OIT se refiere a Venezuela. A finales de marzo pasado ya aprobó un informe en el que acusó a Maduro de violar los derechos de los trabajadores sobre libertad sindical. A ello se suma la libre asociación,   contratación colectiva y participación tripartita en la fijación del salario mínimo nacional.

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En los 103 años de existencia de la OIT, solo otro Estado miembro decidió desacatar abiertamente sus recomendaciones: Myanmar (antigua Birmania).

En 1998 la Comisión de Encuesta de la OIT instó al gobierno del país asiático a erradicar el trabajo forzoso. Sin embargo, la junta militar que en esa época estaba en el poder optó por ignorarla. Por ello, en el 2000 decidió aplicarle sanciones.

Si Maduro no cumple las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y se opone al envío de una misión de la OIT al país, se arriesga a seguir los pasos de la dictadura asiática. Abriría las puertas a la imposición de nuevas sanciones.

Sin embargo, este último escenario no agrada a los representantes de Fedecámaras ni de los trabajadores. Puede afectar la economía más de lo que ya está.

Ambos grupos esperan más bien que la OIT sea capaz de conseguir otros mecanismos para lograr que las autoridades cumplan con los convenios suscritos.

Sin embargo, la posibilidad de que la instancia especializada en temas laborales logre establecer un diálogo con las autoridades venezolanas luce lejana.

 En 2018, Maduro impidió que una comisión de alto nivel de la OIT llegara al país y se reuniera con varios sectores.

Esta acción provocó que la OIT elevara el caso a la etapa de la Comisión de Encuesta, algo que solo había ocurrido en trece ocasiones antes en otros países.

En su resolución, el Consejo de Administración saludó que Maduro esté instrumentando un diálogo social. Las autoridades parece que exhibieron en Ginebra los encuentros que en los últimos meses han mantenido con representantes de Fedecámaras y con sectores de la oposición política, dentro y fuera de Venezuela, como una prueba de que está buscando pactar soluciones a la grave crisis humanitaria que vive el país.

Sin embargo, algunos de esos encuentros, como los sostenidos con los empresarios no han tenido agenda ni objetivos, por lo cual pareciera que son solo gestos que han permitido al Ejecutivo nacional tener elementos para defenderse de las graves acusaciones de la OIT.

Asimismo, hay que recordar que los sindicatos históricos, los más representativos del país o aquellos que disienten del Gobierno, han sido ignorados y que los encuentros tripartitos para debatir asuntos como los aumentos salariales, condiciones laborales y otros asuntos siguen sin retomarse.

El Consejo de Administración de la OIT, no obstante, está al tanto de las carencias y fallas de los diálogos impulsados por las autoridades venezolanas, por ello, en su resolución del 6 de noviembre también acordó impulsar «un foro de diálogo social» con su «asistencia y acompañamiento». La intención pareciera ser asegurarse de que ciertamente se estén cumpliendo con los lineamientos de la Comisión de Encuesta, al tener a un representante suyo no solo en la mesa, sino también en el terreno.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguró que es insuficiente la reactivación de las economías de América Latina y el Caribe para recuperar los 43 millones de empleos perdidos desde que estalló la pandemia de coronavirus.

El director regional de la OIT para América Latina, Vinícius Pinheiro, calificó como “incipiente” la recuperación económica del continente.

Asimismo, durante una conferencia de prensa, señaló que en el último trimestre del 2020 y el primero del 2021 no se ha reflejado suficiente en el mercado laboral.

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«No se están generando ni la cantidad, ni la calidad de los empleos que requiere esta región para hacer frente a las secuelas de una crisis sin precedentes», añadió.

En ese acto, presentó un estudio sobre el impacto de la pandemia en el empleo, publicó AFP.

Pinheiro confirmó que durante la pandemia de COVID-19 en 2020 se destruyeron hasta 43 millones de empleos.

También informó que se recuperaron solo 29 millones entre el segundo trimestre del 2020 y el primer trimestre de 2021. 

«Falta recuperar 14 millones», señaló, además, subrayó que el sector de servicios fue el más afectado.

El director de la OIT acotó que hay una brecha muy grande de empleos perdidos «que no se cerrará antes de 2024 y 2025», explicó. 

De acuerdo con el estudio, las ocupaciones informales lideran la recuperación del empleo.

Pinheiro alertó que es una modalidad inestable, con bajos salarios y sin derechos laborales.

«Alrededor de 70% de los empleos que se están generando desde mediados de 2020 hasta el primer trimestre de 2021”, relató.

El reporte agrega que las mujeres, los jóvenes y las personas de menores calificaciones han sido desproporcionadamente afectados por la contracción del empleo y los ingresos.

«En el caso de las mujeres, se produjo un retroceso en la participación laboral después de décadas durante las cuales se había registrado un aumento en su incorporación a la fuerza de trabajo», expresó la autora del informe, Roxana Maurizio.

«Alrededor de 12 millones de puestos trabajo a nivel femenino se perdieron el año pasado”, sostuvo.

Además, dijo que en la región se ha visto un retroceso en la participación femenina, destacó la investigadora argentina. 

«Hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación económica de las mujeres», añadió.

La decisión de la OIT obedece al incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuestas sobre las violaciones a convenios internacionales y derechos laborales.

La Comisión de Encuestas es el órgano de investigación más importante de la OIT.

Los países que votaron a favor de que Maduro acate las recomendaciones de la comisión fueron los siguientes:

Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Estados Unidos, así como la Unión Europea y sus Estados miembros.

Cabe destacar que el Consejo de Administración de la organización solicitó que se apliquen los convenios 27, 87 y 144 de la legislación.

Estas demandas son las que han exigido los trabajadores venezolanos.

La demanda había sido introducida por Fedecámaras en nombre de los empleadores y respaldada por sindicatos venezolanos que también se quejaron, informó El Impulso.

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Por su parte, la administración de Maduro dio como respuesta  “desvincularse” del fallo, según  dijo el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate.

Piñate subrayó que como la votación fue “secreta” no se “comprometen” con cumplir las recomendaciones.

Por otra parte, cabe recordar que el informe anual de Provea de 2019, hace referencia a los derechos laborales.

Señalan que los mismos han estado “signados por la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores y el deterioro de su calidad de vida”.

Por donde se le mire, América Latina es la más afectada por la pandemia de coronavirus. Y el desempleo es una muestra. Según cifras de la OIT, se calcula que la región perdió 80.000 puestos de trabajo solo en el segundo trimestre del año y en plena cuarentena.

Se trata de 33,5% del total que, según la Organización Internacional del Trabajo, está muy por encima de la media global que es de 17,3%. América Latina acumuló casi la sexta parte del equivalente a 495 millones de empleos perdidos en el planeta.

La OIT también prevé que la región se mantenga como la más afectada por la pérdida de empleos, durante el tercer trimestre, indicó la agencia Efe.

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En términos absolutos, la mayor pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre se dio en el sur de Asia. Allí se perdieron 170 millones de empleos. Pero, esperan que llegue a 115 millones en el tercer trimestre.

Aunque la OIT no dio información pormenorizada de cada país, sí destacó que la pérdida de horas de empleo en España rondó 6%.

En países como Estados Unidos o Brasil llegó a 10 por ciento. En otras naciones como México, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, el desempleo se mantuvo en 20 por ciento.

Más dramático fue el caso de Perú. Se trata de uno de los países con más casos de COVID-19 en el planeta. Por el alto predominio del empleo informal, se calcula que la pérdida interanual de horas de trabajo superó 50% entre abril y junio.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estimó que al menos 500.000 trabajadores migrantes pueden regresar a sus países de origen, a pesar de la crisis por la pandemia.

De acuerdo con las cifras publicadas por la OIT hay 164 millones de trabajadores migrantes en el planeta, lo que equivalente al 4,7% de la mano de obra mundial.

De estos, gran parte ha perdido sus empleos y en la actualidad se ven obligados a regresar a sus ciudades nativos, mismos que ya enfrentan economías vacilantes y aumentos del paro, publicó la OIT«Potencialmente, se trata de una crisis dentro de la crisis de CODID-19», explicó Manuela Tomei, encargada de las Condiciones laborales y la igualdad en la OIT.

La organización expuso que la mayoría de los países de origen tienen «posibilidades limitadas para reinsertar (en el mercado laboral) a un número tan elevado de personas».

El temor de la OIT es que estos regresos tengan «graves consecuencias sociales y económicas», si ocurren en un corto periodo y si los migrantes no se benefician de medidas de protección social ni asistencia para reintegrarse al mercado laboral.

En este sentido, la OIT instó a tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores migrantes bloqueados actualmente, y garantizar que quienes retornen a sus países de origen puedan reinsertarse.

Paralelamente, subrayó que otros trabajadores migrantes se encuentran bloqueados en los países donde residen al verse privados del acceso a la seguridad social y con muy poco dinero para alimentación y vivienda.