Con motivo de la muerte de la señora Carmen Navas, madre de Víctor Quero Navas, varias ONG manifestaron su pesar por este hecho y aseguraron que, en su nombre, se comprometen a conseguir justicia por los presos políticos y las familias que   están pasando por lo mismo que ella pasó por su hijo.

“Nuestra organización se declara de luto institucional ante el sensible fallecimiento de la señora Carmen Navas, quien personificó la entrega de las madres buscadoras de justicia en nuestro país”, dijo Justicia, Encuentro y Perdón.

“Ante su lamentable partida, asumimos públicamente el compromiso de continuar trabajando con firmeza por alcanzar justicia y honrar su legado de resiliencia”, agregó la ONG en su cuenta en X.

Por su parte, Provea también lamentó la muerte de Carmen Teresa, quien “dedicó los últimos meses de su vida a buscar a su hijo, sin recibir información de las autoridades sobre su paradero ni su muerte, conociendo la triste noticia del fallecimiento de su hijo 10 meses después”.

La organización expresó su “solidaridad a su familia y exigimos que el Estado venezolano investigue la muerte de Víctor, para que sus seres queridos obtengan verdad y justicia”.

 Mientras que el Laboratorio de Paz, afirmó que “Navas convirtió el dolor en dignidad y la búsqueda de su hijo en una exigencia de verdad y justicia.”.

Recordó que “durante meses enfrentó el silencio, recorrió instituciones y se negó a aceptar el olvido tras la desaparición y muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas”.

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Y piden que “su historia permanezca como testimonio de humanidad, perseverancia y defensa de la dignidad humana”.

Entre tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe), afirmó que “Carmen Teresa debió haber disfrutado de una vejez digna y en paz. En cambio, dedicó sus últimos días a buscar a su hijo en cárceles e instituciones, mientras las autoridades negaban su reclusión y ocultaban la verdad”.

Señaló que su “doloroso recorrido, marcado por la indolencia institucional y la ausencia de respuestas, la convirtió también en víctima de un sistema cruel e inhumano”.

“Hoy queda como símbolo del amor de una madre: ese que nunca se rinde y es capaz de postergar el dolor propio para acompañar el dolor de un hijo. También de resistencia y dignidad frente a la crueldad. Su fe, valentía y lucha incansable dejan una huella imborrable en quienes nos sentimos acompañados por su ejemplo y seguimos exigiendo verdad, justicia y libertad”, expresó el ClippVe.

 “Su memoria reafirma nuestro compromiso con la verdad, la justicia, el cierre de todos los centros de tortura en Venezuela y la no repetición de tanto dolor”, concluyó.

Asimismo, el Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció que “Carmen Teresa fue víctima de la tortura, trato cruel e inhumano de este régimen, quien le mintió por más de un año descaradamente sin importar el dolor de esta madre por tener a su hijo en desaparición forzada”.

Resalta que “este régimen nos demuestra que no solo torturan a los presos políticos, sino también a sus familiares, hasta causarles la muerte. Esto también sucedió con la madre del periodista Ramón Centeno, quien murió poco después de que él fuese excarcelado, luego de luchar por cuatro años por la libertad de su hijo y por que le brindaran atención médica en prisión”.

Por ello, exige  que “la defensora del pueblo y al fiscal general de la República publiquen resultados sobre la investigación en torno a la muerte de Víctor Hugo Quero Navas y que pongan a la orden de la justicia a cada uno de los responsables del sufrimiento y los malos tratos, degradantes e inhumanos de esta madre de 82 años, quien hoy falleció”.

Un grupo de 45 ONG de Venezuela exigió este lunes la conformación de una comisión de investigación internacional independiente para esclarecer los hechos sobre la muerte del preso político Víctor Quero Navas, cuya muerte el año pasado bajo custodia del Estado fue reconocida el jueves anterior por el Gobierno.

«Dicha comisión debería contar con participación de expertos internacionales independientes y acompañamiento de mecanismos especializados de Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos», señalaron las organizaciones en un comunicado publicado por la ONG Laboratorio de Paz.

Asimismo, dijeron que la comisión debe estar integrada por instancias con experiencia en investigación de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y muerte bajo custodia estatal, así como peritos forenses internacionales que contribuyan a garantizar independencia, credibilidad y confianza pública en el proceso.

«La ciudadanía venezolana no cuenta hoy con garantías suficientes de imparcialidad, transparencia y confianza en las investigaciones que puedan adelantar las instituciones nacionales», añadieron.

A su juicio, la actuación de la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, ha estado marcada por la opacidad, la ausencia de resultados verificables y la falta de rendición de cuentas en casos previos de violaciones de los derechos humanos.

La gravedad de los hechos denunciados, prosiguieron las ONG, exige que cualquier investigación se realice conforme a estándares internacionales reconocidos por Naciones Unidas, incluyendo el Protocolo de Minnessota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas y el Protocolo de Estambul para la investigación y documentación eficaces de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte del preso el pasado jueves e indicó que se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar».

Su madre, Carmen Navas, llevaba meses denunciando la detención y la desaparición de su hijo, pero fue hasta el jueves que la cartera de Estado confirmó el deceso del preso político.

El ministerio aseguró que, durante su proceso de reclusión, Quero «no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal», algo cuestionado por ONG y líderes políticos del país.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón y el Foro Penal reiteraron que Navas realizó diversas diligencias ante la Fiscalía y la Defensoría para conocer el paradero de su hijo y fue «muchas veces» al Rodeo I donde le «negaban su paradero».

Con información de EFE

Apenas la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró que la amnistía “llegó a su fn”, la respuesta de ONG defensoras de los DD. HH. no se hizo esperar.

Provea y Justicia, Enecuentro y Perdón, manifestaron que el anuncio viola el estado de derecho y hasta la propia Constitución.

En primer lugar, Proevea aclaró que “la derogatoria de una ley no es competencia del Ejecutivo Nacional”.

Agrega la ONG, en su cuenta en X, que “esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”.

Provea recordó que “pese a sus limitaciones, la Ley de Amnistía es un primer paso para desarmar el entramado represivo que ha atenazado los derechos de la población venezolana durante los años recientes”.

En consecuencia, sostiene que “la Ley de Amnistía debe formar parte del proceso de reinstitucionalización que necesita el país. Debe ser un primer paso en esa dirección, pero no es un requisito para que se produzca la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”.

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Por su parte,  Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó  que con ese anuncio, los presos políticos quedan en un estado de vulnerabilidad.

“La finalización de la Ley de Amnistía constituye un grave atropello al Estado de derecho. Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo; su vigencia es inherente a la existencia de las situaciones de persecución y detención arbitraria que debe subsanar”, explica.

Añade que, “pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico”.

Asimismo, destaca que la “medida no solo es discriminatoria, sino que anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad”.

Para JEP, “este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos”.

Finalmente, la ONG sostiene que “una verdadera reforma judicial y una reconciliación nacional no pueden construirse sobre la restricción de derechos vigentes; requieren el cumplimiento estricto de la ley y la apertura de canales transparentes que garanticen justicia real. La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad, y no pueden ser sacrificadas en el altar de la conveniencia política”.

#ATENCIÓN El reciente anuncio sobre la finalización de la Ley de Amnistía constituye un grave atropello al Estado de Derecho. Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo; su vigencia es…

La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) instó   a las instituciones a restablecer el orden constitucional y aplicar los mecanismos previstos en la Carta Magna para resolver el problema de la ausencia de Nicolás Maduro, al cumplirse  90 días desde que fue capturado por Estados Unidos.

En sus redes sociales, la organización  recordó que el artículo 234 de la Constitución fija un máximo de 90 días de ausencia temporal, prorrogables por otros 90, durante los cuales el vicepresidente puede asumir provisionalmente, tal como ha ocurrido con Delcy Rodríguez.

Sin embargo, el mismo 3 de enero, casi a medianoche, la Sala Constitucional del TSJ “interpretó “ese artículo y dejó en el aire la posibilidad de declarar la "falta absoluta” del presidente.

Ante esta situación, Cepaz insta a la Asamblea Nacional (AN) a determinar esa falta absoluta.

“No pronunciarse equivale a dejar en suspenso el orden institucional”, advirtió la organización no gubernamental, subrayando que la Constitución no solo exige presencia física del presidente, sino capacidad real de ejercer el poder.

JEP exige un “indulto amplio, inmediato y sin discriminación” para todos los presos políticos en Venezuela

El artículo 233 establece que, declarada la falta absoluta, deben convocarse elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. Para Cepaz, este mecanismo no es un formalismo, sino la vía democrática para corregir una ruptura en el ejercicio del poder.

“El país no puede sostener indefinidamente una institucionalidad sin definiciones claras”, señaló la oenegé, alertando sobre el riesgo de normalizar la excepcionalidad.

Cepaz planteó que la discusión no se limita a la ausencia física de Maduro, sino a la erosión progresiva de la capacidad efectiva de ejercer la jefatura del Estado. En su análisis, la Presidencia “no puede quedar vaciada de contenido real”, y la situación actual plantea justamente ese problema.

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“El debate sobre la falta absoluta es, en realidad, una disputa sobre el sentido de la República: si la Constitución es un límite real al poder o un instrumento que puede ignorarse cuando resulta incómodo”, afirmó.

 Concluye que el respeto al orden constitucional es indispensable para reconstruir el Estado de derecho y devolverle sentido al voto como mecanismo de resolución de conflictos.

“Las constituciones existen precisamente para estos momentos”, afirmó Cepaz. “No se trata solo de quién ejerce la Presidencia, sino de si Venezuela está dispuesta a volver a ser una República donde el poder tenga límites y la Constitución tenga vigencia real”.

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El Gobierno de Venezuela utiliza su sistema tecnológico de seguridad ciudadana como una herramienta de control político, según un informe de la ONG VE Sin Filtro difundido este jueves que detalla «hallazgos claves» como la intercepción de telecomunicaciones, el uso de cámaras de seguridad en la calle, aplicaciones impulsadas por el Estado, drones, ciberataques, entre otros.

«La convergencia de la videovigilancia con la intercepción de telecomunicaciones, de ciberpatrullaje con búsquedas en dispositivos, así como aplicaciones patrocinadas por el Estado y los ciberataques, crean una severa restricción del espacio cívico», ilustra la ONG, que advierte sobre la vigilancia en grupos de aplicaciones de mensajería y la inspección de teléfonos sin orden judicial por parte de autoridades en controles viales de la Policía.

 El análisis abarca el período entre octubre de 2023 y enero de 2026, inmediatamente después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y documenta las capacidades técnicas de los sistemas de vigilancia, identifica a los proveedores de tecnología y mapea el despliegue geográfico.

En el informe, VE Sin Filtro señala que las tecnologías de vigilancia han costado más de mil millones de dólares y han permitido la expansión del «control autoritario» que asegura se mantiene bajo la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La interceptación de telecomunicaciones es el componente más «intrusivo del aparato de vigilancia de Venezuela», alerta el documento que cita datos de transparencia de Telefónica España en 2021 y que asegura que «reveló 1.523.363 líneas de telefonía móvil afectadas y 205.800 órdenes de intercepción». Esto, afirma la ONG, demuestra «una vigilancia a escala industrial».

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Asimismo, asegura que la infraestructura de circuito cerrado de televisión se utiliza «sistemáticamente» como arma de control y que los proveedores chinos dominan la cadena de suministro de cámaras de seguridad en las calles, a pesar de las sanciones internacionales a empresas como Dahua o Hikvision.

Según el texto, la instalación de estas cámaras aumentó exponencialmente durante 2025 con la gestión del actual ministro de Interior, Diosdado Cabello, y en la actualidad hay unas 7.000 operando en el país, siendo Caracas y Trujillo (oeste), los estados con mayor cantidad de estos equipos que, agrega la investigación, tienen «reconocimiento facial avanzado y detección de matrículas».

En este sentido, la ONG observa con preocupación que estas cámaras pueden ser usadas para restringir el espacio cívico y, a manera de ejemplo, señala que «una persona que asiste a una protesta se enfrenta a múltiples riesgos simultáneos como la detección de reconocimiento facial», un elemento que ha servido para ubicar y perseguir a ciudadanos en contextos de crisis políticas que han terminado con detenciones. 

Con información de EFE

Organismos no gubernamentales en Venezuela criticaron el sábado los logros de la ley de amnistía que impulsó la presidenta Delcy Rodríguez y pidieron un sistema judicial autónomo para su aplicación.

Desde la entrada en vigencia de la ley el 19 de febrero, un comité de seguimiento integrado por diputados del oficialismo y la oposición reportó haber recibido 11.396 solicitudes de amnistía.

Según las cifras oficiales, 8.068 personas han obtenido libertad plena, de las cuales 260 se encontraban en prisión y 7.808 en libertad condicional.

Pero la ONG Justicia, Encuentro y Perdón calificó la amnistía como un "espejismo jurídico". En un informe reciente, señaló que la ley no funciona como un mecanismo de transición real hacia la justicia y reparación, sino como un "instrumento discrecional" para buscar legitimidad internacional.

Explicó que, en el marco de la ley, más de 300 personas deberían ser liberadas inmediatamente tras haber excedido el límite legal de dos años de detención preventiva sin sentencia o por razones humanitarias.

Y pidió crear un comité independiente que verifique los resultados de la amnistía y la situación en los centros de reclusión.

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La ONG Foro Penal registra 690 presos políticos que han sido liberados desde el anuncio de las excarcelaciones el 8 de enero, pero aún permanecen más de 500 en las cárceles. Familiares de los detenidos denuncian que el proceso ha sido selectivo y presenta graves retrasos.

La principal crítica de los activistas radica en la falta de autonomía judicial.

Delcy Rodríguez, que asumió el poder luego de la captura de Nicolás Maduro por militares estadounidenses el 3 de enero, prometió ese mismo mes una reforma judicial, de la cual aún no se conocen avances concretos.

Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, advirtió que "el sistema represivo" no ha sido desmantelado, por lo que cualquier esfuerzo legal será insuficiente.

"La justicia sigue en manos de los mismos jueces y fiscales que originalmente violaron los derechos de los detenidos", afirmó.

Con información de AFP

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP)  denunció la detención de María de los Ángeles Castillo, cuando se disponía a viajar a Perú.

Castillo era presa política y recientemente fue liberada, pero cuando iba a salir del país, por el estado Táchira, fue aprehendida.

“Denunciamos la detención de María de los Ángeles Castillo en un punto de control del estado Táchira, mientras se dirigía a Perú para reunirse con sus hijas. Castillo, detenida por razones políticas en julio de 2025, fue excarcelada el pasado 24 de febrero”, publicó la ONG en su cuenta en X.

JEP señala que, “a pesar de que compareció voluntariamente en tres ocasiones ante el Tribunal donde cursó su causa y ante el Ministerio Público en Caracas —donde se le ratificó la inexistencia de causas pendientes—, funcionarios de seguridad ejecutaron su aprehensión alegando una solicitud activa en el sistema SIPOL”.

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#ATENCIÓN Denunciamos la detención de María de los Ángeles Castillo en un punto de control del estado Táchira, mientras se dirigía a Perú para la reunirse con sus hijas. Castillo, detenida por razones políticas en julio de 2025, fue excarcelada el pasado 24 de febrero.A pesar…

Para la ONG, “este hecho evidencia una grave falta de coordinación institucional y una omisión por parte del Tribunal al no tramitar el levantamiento de las alertas policiales tras haber decretado su libertad plena”.

Denuncia la organización que “lo ocurrido constituye un grave precedente que deriva en la revictimización de quienes han sido perseguidos”.

Por ello, exhorta “a la liberación inmediata de María de los Ángeles y al trámite que ponga fin al asedio. La libertad personal no puede estar sujeta a la ineficiencia administrativa del Estado”.

Venezuela atraviesa una nueva y compleja coyuntura política. En este contexto, dieciocho organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, suscribieron un Decálogo de exigencias prioritarias, para lograr la transición en Venezuela.

Según comunicado suscrito por las organizaciones, el propósito de este documento es identificar un conjunto de medidas urgentes que permitan, en el corto plazo, encauzar la situación actual hacia una transición democrática real y creíble.

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Este decálogo constituye un punto de partida, adaptado a las condiciones actuales del país, orientado a generar confianza, recuperar la seguridad jurídica y abrir un camino efectivo hacia el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia.

No pretende ser una agenda exhaustiva en materia de derechos humanos ni una hoja de ruta integral para la redemocratización. 

Debe entenderse como parte de un proceso más amplio, que requiere voluntad política, coordinación entre actores nacionales e internacionales y el respaldo de marcos multilaterales legítimos, con acompañamiento de mecanismos internacionales de derechos humanos que garanticen transparencia y rendición de cuentas.

La participación activa de la sociedad civil, así como la implementación de mecanismos de justicia transicional, resultan esenciales para una transición inclusiva y sostenible, centrada en la sociedad venezolana y en las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

1. Liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas —nacionales y extranjeras— que se encuentran privadas arbitrariamente de la libertad o sometidas a procesos judiciales por razones políticas, con el acompañamiento de mecanismos transparentes de verificación. 

Ello implica también el cese de todas las formas de detención arbitraria y desaparición forzada, así como de las medidas cautelares asociadas a procesos judiciales injustificados.

2. Derogación o declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto de Estado de Conmoción Exterior y de todas aquellas leyes, normas o resoluciones utilizadas para la criminalización de personas percibidas como opositoras o defensoras de derechos humanos.

Entre ellas se incluyen la Ley constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la Ley Simón Bolívar; la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro; la Resolución N.° 2012-0026 del Tribunal Supremo de Justicia, que crea los tribunales con competencia en terrorismo, y la Resolución n.° 2015-0007 de 15 de marzo de 2025, que la modifica.

Asimismo, debe asumirse el compromiso de realizar una revisión amplia, profunda, integral y participativa del ordenamiento jurídico, orientada a su plena armonización con los estándares internacionales sobre libertades cívicas, en particular en lo relativo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo y las disposiciones del Código Penal sobre terrorismo, difamación e injuria.

3. Adopción de medidas urgentes para ordenar el desarme, repliegue y desmantelamiento de todas las estructuras, cuerpos de seguridad o grupos armados que ejerzan acciones ilegítimas de intimidación, persecución o represión contra la población civil en el ejercicio de sus derechos humanos, incluyendo prácticas de vigilancia, patrullaje o delación basadas en la opinión, el pensamiento o la actividad política o social, en todo el territorio nacional.

4. Publicación de una comunicación oficial que reconozca de manera expresa la vigencia de la documentación relativa al registro, fines y funcionamiento sin restricciones de todas las organizaciones sin fines de lucro en el país, incluidas las organizaciones internacionales.

5. Acceso pleno, seguro e independiente a todo el territorio venezolano para los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluyendo al equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la anuencia del Estado a la visita in loco solicitada en 2025 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el ingreso de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, así como de otros mecanismos de Naciones Unidas que soliciten realizar visitas oficiales al país.

6. Plena cooperación con la respuesta humanitaria en Venezuela, bajo la coordinación de las Naciones Unidas, garantizando un entorno operativo adecuado para los actores humanitarios, con acceso, seguridad y facilidades logísticas en todos los estados, municipios, zonas e instalaciones del país donde existan personas con necesidades de asistencia y protección.

Esto incluye asegurar el derecho a recibir dicha asistencia sin restricciones, obstáculos ni condiciones incompatibles con los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.

7. Adopción de instrumentos legales y administrativos apropiados para garantizar que los recursos económicos que constitucionalmente pertenecen al pueblo venezolano sean utilizados para atender la emergencia derivada de las múltiples y prolongadas privaciones sufridas por la población.

Ello debe orientarse a la recuperación efectiva de la infraestructura, los bienes, los servicios y los medios de vida esenciales, mediante planes de inversión y sistemas de protección social universales, sin discriminación, gestionados por organismos con prácticas institucionales transparentes y mecanismos de rendición de cuentas.

8. Anuncios y acciones concretas que evidencien el reconocimiento, respaldo, respeto y garantías de protección por parte de todos los poderes públicos al ejercicio y la defensa de los derechos humanos, la libertad de prensa y la pluralidad política.

Esto incluye el fortalecimiento del trabajo de personas y organizaciones defensoras y humanitarias, periodistas y medios de comunicación independientes, líderes sociales, activistas y partidos políticos de oposición, así como la garantía efectiva del derecho al disenso, a la reunión y a la participación ciudadana pacífica y democrática en los asuntos públicos.

9. Construcción de una ruta clara y creíble, con participación diversa de la sociedad civil, para la reinstitucionalización de todos los poderes públicos nacionales, regionales y municipales del Estado venezolano, respetando las obligaciones, normas y plazos constitucionales, en particular de los órganos del poder electoral, el poder judicial y el poder ciudadano, así como de aquellos responsables de la defensa y la seguridad, con el fin de restablecer el orden constitucional y la vigencia de un Estado democrático de derecho.

Ello incluye la elección del presidente o presidenta de la República conforme a lo constitucionalmente establecido.

10. Creación de mecanismos independientes, con participación efectiva de la sociedad civil y apoyo internacional, destinados a la preservación de evidencias sobre violaciones de derechos humanos y a la construcción de un proceso de justicia transicional que garantice la verdad, la memoria, la justicia, la reparación integral a todas las víctimas y las garantías de cese de las violaciones y de no repetición.

Este decálogo expresa exigencias mínimas y urgentes para avanzar hacia una transición democrática auténtica, centrada en la dignidad humana, la justicia, la reconciliación y la reconstrucción institucional de Venezuela.

Firman:

Acceso a la JusticiaAlerta VenezuelaCentro de Justicia y Paz (CEPAZ)Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 – El Caracazo (COFAVIC)Espacio PúblicoJusticia, Encuentro y Perdón (JEP)Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)Movimiento VinotintoCentro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)Fundación para el Debido Proceso (DPLF)International Service for Human Rights (ISHR)Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)Robert and Ethel Kennedy Human Rights CenterCIVICUS: Alianza Global para la Participación CiudadanaGlobal Centre for the Responsibility to Protect 

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe) convocó  a  la primera edición de Presencia de la Esperanza.

Esto es un espacio “para denunciar, testimoniar, exigir respuestas a nuestras denuncias y acompañar a quienes están injustamente privados de libertad por motivos políticos”, publicó el comité en su cuenta en X.

“Madres, familiares, amigos, defensores y venezolanos de fe y buena voluntad invitamos a participar en la primera jornada de Presencia de la Esperanza, un espacio cívico y pacífico para denunciar, testimoniar, exigir respuestas a nuestras denuncias y acompañar a quienes hoy están injustamente privados de libertad por motivos políticos”, señala el post.

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 Los organizadores  entregarán formalmente nuevas denuncias y solicitaremos respuesta e información, amparadas en el artículo 51 de la Constitución.

 “Nuestro objetivo es claro y legítimo: mantener una presencia constante, humana, pacífica y cívica para exigir verdad, justicia y libertad. Trae tu pañuelo blanco, tu fe, tu voz y tu esperanza. Volvemos juntos. Y volveremos todas las veces que haga falta”.

La jornada tendrá lugar el 18 de noviembre, de 10 a 12 del medio día, en la Plaza de Parque Carabobo, frente a la sede del Ministerio Público.

CONVOCATORIA | Primera Edición de “Presencia de la Esperanza”Madres, familiares, amigos, defensores y venezolanos de fe y buena voluntad invitamos a participar en la primera jornada de Presencia de la Esperanza, un espacio cívico y pacífico para denunciar, testimoniar, exigir… pic.twitter.com/8MEAPLyEaG

“Ser crítico, hacer contraloría y disentir no es traición: es una forma legítima de participación democrática”.

La afirmación la hizo la ONG Laboratorio de Paz que, mediante un comunicado denunció  el incremento de la criminalización, estigmatización y represión contra activistas, gremialistas, académicos, defensores de derechos humanos, periodistas y voceros vinculados a sectores del chavismo disidente, así como contra organizaciones de la sociedad civil independiente.

La organización alertó sobre un patrón sistemático de ataques que incluye detenciones, desapariciones forzadas, judicializaciones y agresiones físicas, intensificado desde el 28 de julio de 2024.

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A continuación, el comunicado completo:

Desde la ONG venezolana Laboratorio de Paz queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante el aumento de la criminalización, estigmatización y persecución política contra activistas, gremialistas, académicos, personas defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, y voceros y organizaciones de los chavismos disidentes.

Denunciamos que, en días recientes, se han producido detenciones, ataques, desapariciones forzadas, judicializaciones, así como ataques físicos contra una diversidad de sectores de la sociedad civil venezolana. 

Continuando los patrones sistemáticos de represión agudizados desde el pasado 28 de julio de 2024, los últimos días se han multiplicado acusaciones y señalamientos sin fundamento que presentan a personas, académicos, activistas y líderes sociales de izquierda y/o autodenominados chavistas críticos como “infiltrados” o “agentes de injerencia extranjera” por el solo hecho de ejercer su derecho legítimo a cuestionar actuaciones y políticas públicas, denunciar violaciones de derechos humanos, acompañar comités de víctimas o proponer modelos alternativos de desarrollo y gestión ambiental.

Recordamos que, conforme a la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela y los estándares y compromisos internacionales de derechos humanos, el Estado venezolano, tiene la obligación de:

Proteger la libertad de pensamiento, conciencia y expresión (art. 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo que incluye el derecho a disentir de las políticas gubernamentales.

Garantizar la libertad de asociación y participación política sin discriminación por razones de opinión, expresión o ideología.

Abstenerse de promover discursos estigmatizantes que generan odio, deshumanización y persecución contra personas y organizaciones, poniendo en riesgo la reputación, integridad física, libertad y la seguridad de las personas señaladas.

Reivindicamos el derecho a ser chavistas radicales y/o críticos, así como el derecho de toda persona a identificarse, militar o inspirarse en cualquier corriente política o ideológica, sin que ello menoscabe o implique renunciar a la libertad de cuestionar y debatir las decisiones del poder. Ser crítico, hacer contraloría y disentir no es traición: es una forma legítima de participación democrática.

A su vez, respetar el derecho de toda persona a identificarse como oficialista o chavista implica reconocer su libertad de pensamiento y participación política, sin que ello suponga privilegios, ni menoscabo de los derechos de quienes sostienen otras posturas contrarias.

Defendemos los derechos civiles y políticos de las personas que se identifiquen como “chavistas” como parte de nuestros principios y compromisos con la dignidad y la libertad política de toda la ciudadanía. Ese derecho no otorga ventajas ni resta derechos a nadie: asegura que todas las voces, sin importar su signo, puedan expresarse y participar sin miedo en todos los ámbitos de la vida ciudadana.

Recordamos que según el Estatuto de Roma se entiende la persecución como la privación intencionada y grave de derechos fundamentales en violación del derecho internacional en razón de la identidad de un grupo o colectividad. 

Por ello, la persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos, usando al sistema judicial, policial y mediático de forma coordinada promoviendo discursos de odio, con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias promovidas desde el Estado constituyen crímenes de Lesa humanidad en el marco de las competencias de la Corte Penal Internacional, quien realiza una investigación sobre Venezuela

Exigimos:

*El cese inmediato de toda campaña de difamación, criminalización y hostigamiento contra sectores de la sociedad civil independiente o de los chavismos disidentes.*Cese inmediato de todas las acciones constitutivas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la persecución política, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas.*Liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos o de conciencia sin discriminación, ni exclusión por afinidad ideológica.*Garantía de integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad, activistas, periodistas y defensoras/es de derechos humanos.*Restitución inmediata de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política en Venezuela.

COMUNICADO: Laboratorio de Paz exige en cese de la criminalización y persecución, tanto contra la sociedad civil independiente como contra los chavismos disidentes "Ninguna voz debe ser silenciada" pic.twitter.com/vD4Rx9gwE2

subraya el texto, que reivindica el derecho de toda persona a identificarse con cualquier corriente política —incluido el chavismo— sin que ello implique renunciar a la libertad de cuestionar al poder.

La ONG recordó que la persecución política de un grupo por motivos ideológicos, a través de la coordinación de aparatos judiciales, policiales y mediáticos, constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma, en el marco de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.

Laboratorio de Paz exigió el cese inmediato de las campañas de difamación y hostigamiento, la liberación de todos los presos por motivos políticos y la restitución plena de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

La ONG Surgentes denunció la fabricación de un “montaje judicial” contra su activista Martha Lía Grajales, quien ha sido imputada y acusada por los delitos de “instigación al odio” y “conspiración con gobierno extranjero”.

A través de un comunicado, la organización destaca que solo una visita a la web de Surgente sirvió “como prueba” para acusarla y meterla presa.

En la página lo que hace la ONG es reseñar las protestas donde Grajales participó para exigir que cese el maltrato contra los familiares de los presos políticos.

En la acusación, según la ONG se “señala que tales protestas forman parte de un intento de desestabilizar al Gobierno venezolano”.

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⚠️ DENUNCIAN "MONTAJE JUDICIAL" CONTRA MATHA LÍA GRAJALESEl colectivo de DD.HH., @SurgentesDDHH, denuncia que la activista Martha Lía Grajales fue imputada y privada de libertad "solo por una visita policial al sitio web de Surgentes", donde se reseñan protestas populares pic.twitter.com/pgGj5tzZqe

A continuación el comunicado completo:

Una visita a la web de Surgentes es la única prueba contra la activista de DD. HH., Martha Lía Grajales, que hoy, 11.08.25, fue imputada por los delitos de Conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir e incitación al odio y le fue dictada priva=va de libertad.

 El acta policial que sirve de sustento a la orden de captura contra Martha Lía consiste únicamente en la reseña y análisis que un funcionario de policía hace de una visita policial ("ciberpstrullaje") al sitio web de Surgentes (www.surgentes.org.ve) en el que se reseñan movilizaciones populares por la exigencia de derechos. 

El Acta agrega una interpretación que señala que tales protestas forman parte de un intento de desestabilizar al Gobierno venezolano orquestado por intereses foráneos. 

Lo que el fiscal del Ministerio Público y el Juez de control consideran indicios de delitos que sustentan la privación de libertad, es el ejercicio del derecho a la participación en los asuntos públicos, a la asociación, a la manifestación y a la expresión, constitucionalmente establecidos. 

Adicionalmente, en el incipiente proceso judicial se vulneraron elementos centrales de un proceso judicial imparcial: se negó la posibilidad de interponer un recurso de Habeas Corpus (el 09.08.25) y se la impidió a Martha Lía nombrar un abogado de su confianza para asistirla en la audiencia de presentación (11.08.25).

Estuvo más de 60 horas en situación de desaparición forzada (desde el viernes 08.08.25 a las 4:00 pm hasta su presentación en hora indeterminada del lunes 11.08.25 y su anuncio público la tarde del mismo día) y al cierre de esta nota permanece incomunicada. 

Todos estos elementos configuran el carácter ilegal y arbitrario de su detención, según la doctrina del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, de Naciones Unidas. Surgentes insiste en exigir a las instituciones venezolanas que cumplan con sus funciones constitucionalmente establecidas y llama a mantener la solidaridad y la movilización por la libertad de Martha Lía y demás presos políticos del país.

  Surgentes, 11.08.25

En las últimas semanas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe) ha contabilizado, «al menos, 60 personas desaparecidas en Venezuela».

Por ello, el comité alertó por el aumento de la persecución contra opositores y disidentes en general.

«La situación que se intensificó luego de las elecciones de julio de 2024», agrega la ONG.

En una rueda de prensa del Comité hablaron afectados por esta persecución y sus familiares, entre ellos Andreína Baduel.

La activista por derechos humanos y representante del CLIPPVe, exigió a las autoridades venezolanas a permitir que trabajadores de las Naciones Unidas hagan una auditoría en las cárceles del país.

Cree que a ellos se deben sumar miembros de la Cruz Roja, «para que constaten las condiciones de salud de todas las personas privadas de su libertad por motivos políticos».

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«Alertamos a la comunidad internacional que no nos dejen solos, sigue la persecución política para todos quienes piensan distintos y para todos quienes se atreven a alzar la voz», dijo Baduel.

Asimismo, puntualizó, en su caso particular, que su hermano Josnars Adolfo Baduel, detenido en 2020 tras ser acusado de terrorismo, «se encuentra incomunicado en la actualidad».

Dijo que la última vez que le vio fue rápidamente y era evidente que había bajado de peso.

«Queremos reiterar nuestro llamado a que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a los distintos centros de reclusión para que puedan constatar la situación de nuestros seres queridos», manifestó.

Por su parte, Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, señaló que habla en representación de sus cuatro hermanos menores.

Afirmó que hasta el momento no ha podido ver a su padre, tampoco saber cómo se encuentra su salud.

«Represento la voz de mis 4 hermanos menores y me sumo lamentablemente a las familias que exigen derechos de sus familiares presos», destacó.

Guanipa, señaló que hasta la fecha desconocen el paradero de su padre, aunque presumen que se encuentra detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez (Caracas).

«Mi padre no es un criminal, así como ninguno de los presos políticos es un criminal, solo están presos por alzar su voz por un cambio, porque defendía la libertad del país. Ellos están pagando un precio por ser valientes», expresó.

Varias Organizaciones no Gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos en Venezuela se unieron para exigir «urgentemente a las autoridades de El Salvador y Estados Unidos, el cese inmediato de detenciones arbitrarias» de migrantes venezolanos.

En un comunicado, las ONG también piden que se cumpla «el debido proceso de todas las personas migrantes venezolanas».

Además, exige «revisar los procedimientos de deportación y expulsión, asegurando que se evalúe cada caso con base en el derecho a solicitar asilo».

Otra petición que hace es que «se prorroguen los procedimientos especiales de permisos temporales que en sí mismos ya poseen una rigurosa evaluación a quienes se les han otorgado y otros mecanismos de protección internacional».

Asimismo, establecen que los migrantes deben tener «condiciones dignas en los centros de detención y acceso a asistencia humanitaria».

Por otro lado, demandan «protección especial para grupos vulnerables, incluyendo menores de edad, mujeres, personas solicitantes de asilo y personas de condiciones diferenciadas».

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Igualmente, las ONG que forman la Coalición Foro por la vida, expresan su «profunda preocupación y rechazo ante el incremento de detenciones arbitrarias de personas migrantes venezolanas en diferentes países del mundo».

Denuncian que «la población venezolana ha sido afectada por una grave crisis de derechos humanos que derivó en una extendida crisis humanitaria y migratoria».

Alertan que «la deportación masiva e indiscriminada de venezolanos, sin evaluar adecuadamente sus circunstancias individuales, viola el principio de no devolución y las garantías procesales, y los expone a mayor vulnerabilidad, especialmente ante la grave situación de derechos humanos y política que enfrenta Venezuela».

Solicitamos urgentemente a las autoridades de El Salvador y Estados Unidos:Cese inmediato de detenciones arbitrarias.Cumplimiento del debido proceso de todas las personas migrantes venezolanas.Revisar los procedimientos de deportación y expulsión, asegurando que se evalúe… pic.twitter.com/drcUgBibhT

Sin presentar prueba alguna, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en conjunto con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, exigió a Estados Unidos una investigación y el desmantelamiento de las bandas de coyotes que trafican con los migrantes, en los que supuestamente estarían involucrados los opositores venezolanos en el exilio, quienes se habrían enriquecido con las organizaciones criminales.

Mientras que la líder de la oposición María Machado acusó al presidente Maduro de ser el posible cabecilla de la organización criminal Tren de Aragua. Posterior a esta alerta, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también advirtió al chavismo y aseguró que, si se confirma la vinculación de Venezuela con el homicidio del teniente Ronald Ojeda, se hará una denuncia ante la Corte Penal Internacional por el caso.

La oposición venezolana, incluyendo a los dirigentes que se encuentran en el exilio, fueron vinculados con las bandas delictivas denominadas «coyotes», que trafican con los migrantes. Maduro aseguró que se han enriquecido a manos llenas con estas organizaciones criminales, por lo que acordó con la ALBA exigir una investigación y su desmantelamiento a los países involucrados.

El mandatario nacional aprovechó para atacar a la Organización Internacional de Migraciones (OIM), a la que calificó como enemiga de Venezuela y que sirvió de instrumento criminal para dañar al país.

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Mientras que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que las investigaciones que se llevarán a cabo sobre el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) revelará lo que el chavismo denuncia desde hace mucho, que presuntamente existe corrupción dentro de la oposición venezolana. Indicó también que la organización costeó a Súmate, Provea y hasta bandas de rock, para propósitos nada transparentes.

En conmemoración del día Internacional de los Derechos Humanos, varias ONG en Venezuela emitieron un comunicado en el cual denuncian la «intensificación» de la violación de los DD. HH. en el país.

En medio de esta situación, las organizaciones aprovechan la ocasión para destacar que, a pesar esta situación, los venezolanos salieron a votar el 28 de julio, con aspiraciones de cambio.

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Hoy 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos, una fecha propicia para reivindicar la vigencia de la gesta cívica del 28 de julio de 2024, día en la que la ciudadanía venezolana expresó con el ejercicio de su derecho fundamental al voto, la legítima y mayoritaria aspiración de cambio.

Venezuela vive bajo el constante predominio de violaciones atroces a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que lejos de resolverse se han intensificado con cada nuevo hito de represión.

Persecución por razones políticas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas institucionalizadas, tratos crueles inhumanos y degradantes, violencia sexual, muertes bajo custodia del Estado, etc.

Esta es la realidad junto a la emergencia humanitaria compleja ha forzado al exilio a más de 7.7 millones de personas.

Sin embargo, en medio de esta tragedia, es necesario recordar que el pueblo venezolano valientemente alzó su voz. Una participación electoral masiva, aún con la mayor desigualdad, adversidad, frente a la maquinaria represiva de la violencia y la censura, demostró que seguimos creyendo en el camino pacífico y democrático para construir el cambio. El 28 de julio quedó claro que no somos una sociedad polarizada, en la historia contemporánea del país nunca la diferencia había sido tan contundente: juntos, la ciudadanía sin adjetivos, la gran mayoría se expresó: ¡Venezuela exige cambio!, ¡Venezuela eligió su libertad! Venezuela toda es la gran defensora de su derecho a la dignidad, a la democracia y las libertades.

El próximo 10 de enero, toda persona comprometida con los principios fundamentales de la expresión popular, la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos tienen el compromiso de alzar la voz frente a un gobierno que intenta perpetuarse en el poder desconociendo estos principios fundamentales. La región y el mundo tiene el compromiso de defender las democracias frente a los autoritarismos.

En el Día de los Derechos Humanos apelamos al compromiso de las naciones, y de toda persona, del lado de la dignidad, a defender el derecho, a defender nuestro derecho a la Democracia. Que avancen, se normalicen y se perpetúen gobiernos en contra de los designios de sus pueblos es el peor retroceso desde la firma de la Declaración de las Naciones Unidas que hoy conmemoramos y un precedente oscuro para el futuro de cualquier nación y sobre todo de la región de las Américas.

Llamamos a la comunidad internacional a no ser indiferente. Venezuela necesita de la presión diplomática sostenida, una negociación auténtica que incluya a todos los sectores, y acciones concretas de los organismos de derechos humanos. Pedimos que se respete la voluntad popular expresada en la votación del 28 de julio y se reconozca la voluntad del pueblo venezolano.

Hoy día de los derechos humanos decenas de niños, mujeres, seguirán en injusta prisión, defensores de derechos humanos continuarán siendo perseguidos, encarcelados y millones de venezolanos huirán del país buscando libertad.

Quienes defendemos los derechos humanos reiteramos nuestro compromiso, seguiremos documentando, denunciando, y exigiendo justicia, verdad, no repetición.

La dignidad no se negocia, y la libertad es, además de un derecho humano, un propósito de vida. En cada rincón de Venezuela, y más allá de nuestras fronteras, los defensores de derechos humanos seguiremos luchando, porque el silencio y la normalización no es una opción: el silencio es cómplice de la tragedia.

Somos promotores de la esperanza, tenemos la convicción de que podemos cambiar y vamos a hacerlo. Los venezolanos no renunciamos a la democracia, ni a nuestra dignidad.

Hoy, más que nunca, insistimos: defender los derechos humanos es defender la esperanza democrática.

Comunicado de organizaciones de DDHH venezolanas, a propósito del Día de los DDHH: "Defender DDHH es defender la esperanza democrática" https://t.co/9ufNEqRzW7

La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, está vigente, tras su publicación en la Gaceta Extraordinaria Nº 6.855, de fecha viernes 15 de noviembre de 2024.

El objetivo de la norma es es establecer el régimen de constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, como formas asociativas orientadas a la participación corresponsable de la sociedad, de conformidad con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Venezuela.

Tiene 39 artículos, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones derogatorias.

El texto especifica que están excluidas de la aplicación de esta ley aquellas organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro cuya constitución y funcionamiento estén regidas por leyes especiales, en razón de la naturaleza de su objeto.

La ley se rige por los principios de preeminencia de los derechos humanos, igualdad, participación, corresponsabilidad, solidaridad, honestidad, transparencia, rendición de cuentas, soberanía y autodeterminación nacional.

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El artículo 10 de la ley señala que las ONG podrán constituirse bajo cualquier modalidad o denominación de carácter lícito.

«Sin embargo, para obtener personalidad jurídica deberán constituirse bajo las formas de asociaciones, corporaciones, sociedades civiles o fundaciones lícitas de carácter privado, previstas en el Código Civil», agrega.

Establece que el acta constitutiva estatutaria de la ONG deberá indicar:

1.- La denominación, naturaleza y domicilio.

2.- El objeto y fines.

3.- La duración de la organización.

4.- Alcance territorial de la organización.

5.- La identificación de los miembros fundadores y/o asociados.

6.- El régimen de pertenencia y exclusión de los miembros y/o, sus derechos y obligaciones.

7.- La organización, estructura interna y atribuciones.

8.- El patrimonio y régimen de administración de los recursos.

9.- Inventario de bienes al momento de constituirse.

10.- El régimen disciplinario.

11.- El régimen de modificación del documento constitutivo estatutario.

12.- El régimen de extinción, disolución y liquidación de la organización.

13.- El detalle de la afectación de bienes, en el caso de las fundaciones.

14.- Si su financiamiento es o será realizado, total o parcialmente, a través de personas naturales o jurídicas extranjeras.

«Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro deberán establecer métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección», agrega la ley.

Estas organizaciones tienen las siguientes prohibiciones:

1.- Recibir aportes económicos destinados a organizaciones con fines políticos o realizar aportes económicos a dichas organizaciones, así como recibir aportes para el financiamiento del terrorismo o cometer actos terroristas.

2.- Realizar actividades propias de los partidos políticos u organizaciones con fines políticos.

3.- Promover el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, sociales, ideológicos, de género, por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia.

4.- Cualquier otro acto prohibido o sancionado en el ordenamiento jurídico.

Disposición transitoria

Destaca que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, las ONG ya constituidas y con personalidad jurídica, deberán presentar ante la Oficina de Registro Público correspondiente a su domicilio, la información actualizada sobre los actos previstos en el artículo 26.

«El registro de las actas de asamblea a que hace referencia esta disposición queda exento del pago de tasas y aranceles previstos en la ley y/o providencia que regula el órgano competente en materia de registro público», añade.

El artículo 26 establece que una vez obtenida la personalidad jurídica, las organizaciones deberán declarar con fines de registro ante el órgano competente en materia de registro público los siguientes actos, a través de actas de asambleas ordinarias o extraordinarias:

1.- Actualización anual del inventario de bienes de la organización, con expresa determinación de las fuentes de los mismos.

2.- Balances contables, estados financieros y libros que de conformidad con la legislación deban mantenerse.

3.- Relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes.

4.- Modificaciones de los Estatutos.

5.- Nombramientos y/o ceses de los miembros, asociados, administradores, liquidadores, auditores y secretarios.

6.- Poderes generales y delegaciones de facultades.

7.- Apertura y cierre de sedes.

8.- Modificación, ampliación o reducción del objeto social.

9.- Modificación, prórroga o extinción del lapso de vigencia de la organización social.

Finalmente, este 15 de agosto marcó un antes y un después en la elaboración de leyes desde la Asamblea Nacional (AN), donde por años amenazaron con una ley que controlara a las ONG y este jueves la espada atravesó la cabeza de Damocles, tras la sanción de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro.

A continuación presentamos 10 cosas que los lectores deben conocer acerca de esta normativa.

1.- La ley debe ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro, para lo cual cuenta con un lapso de 10 días, según lo dispuesto en el artículo 213 de la Constitución, con lo que entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial.

Este lapso para la promulgación comenzó a correr desde viernes, pero no necesariamente se cumple en esos días. Puede ser antes.

2.- El objeto de la ley es regular la constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las ONG y las organizaciones sociales sin fines de lucro de carácter privado, según el artículo 1.

3.- En un plazo de 3 meses, contado a partir de la vigencia de la ley, las organizaciones, independientemente de su denominación, deben registrarse y presentar ante el registro público la información sobre sus servicios, según el artículo 26.

4.- Las organizaciones, en un plazo de 6 meses, contado a partir de la vigencia de la ley, deben adecuar sus estatutos sociales. El incumplimiento de este deber producirá la nulidad de su registro.

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5.- Las organizaciones tienen que, entre otros deberes, notificar al Ejecutivo Nacional sobre el financiamiento o donaciones que reciban, señala el artículo 23, numeral 3.

6.- La falta de pago de las multas impuestas según la ley, es una causal de disolución de las organizaciones en el país, dice el artículo 28, numeral 4.

7. Las multas que establece la ley corresponden a un monto en Bs. equivalentes a entre 100 y 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el BCV, según el artículo 36.

8.- La ley habilita al Ejecutivo Nacional a decretar como medida preventiva la suspensión de las organizaciones, cuando existan motivos suficientes de que incumplieron con algunas de las prohibiciones establecidas en la norma (art. 30).

9.- Las organizaciones tienen, entre otras prohibiciones legales, realizar actividades propias de partidos políticos, así como promover el fascismo, la intolerancia o el odio. (art. 23)

10.- El Ejecutivo Nacional es el órgano encargado de controlar, supervisar y hacer seguimiento del desempeño por parte de las organizaciones sujetas a ley. (art. 27).

Aunque la ley establece que habrá un registro, no dice qué organismos será el encargado de llevarlo a cabo.

Un escándalo nacional e internacional es la consecuencia de la sanción, por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, más conocida como la «Ley contra las ONG».

Organizaciones defensoras de los DD. HH. en Venezuela, como Provea y Acceso a la Justicia y también extranjeras, como Amnistía Internacional (AI), alertaron sobre el peligro de la normativa que «legaliza» la persecución» contra estas entidades y también atenta contra los Derechos Humanos de aquellos ciudadanos vulnerables que reciben algún tipo de asistencia.

La ONG Provea, a través de sus redes sociales, alertó que esta norma «legaliza la persecución hacia la sociedad civil que ha denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en estos tiempos oscuros para la historia del país».

Se trata de «un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país. Violentando la independencia fundamental de la sociedad civil y amenazando con disoluciones y multas millonarias hacia las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos».

La organización que lleva décadas en la defensa de los DD. HH. en el país, alertó «a la comunidad internacional sobre esta Ley que profundizará la persecución a las voces disidentes y silenciará el espacio cívico que ha resistido los ataques de las más altas autoridades del gobierno de Nicolás Maduro».

Asimismo, Oscar Murillo, también integrante de Provea, dijo que «la ley anti ONG formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas y su aprobación responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país».

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Por su parte, Amnistía Internacional, a través de un comunicado, advirtió que la normativa tiene «la intención de seguir castigando a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en el país».

Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de AI, dijo:

“La ‘ley anti-ONG’, que viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, entre otros, es una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela. La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva».

«Es evidente que esta ley, como otras que buscan asfixiar el espacio cívico, forma parte de la política de represión de las autoridades venezolanas que pretende callar a quienes vienen denunciando desde hace años las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura sistemáticas por parte del gobierno, y que hoy más que nunca son vitales para documentar los crímenes de derecho internacional que se están cometiendo en la actualidad», agregó.

Destaca que «en la presente crisis postelectoral, las organizaciones de derechos humanos han liderado la denuncia de las decenas de muertes y miles de detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas críticos al gobierno de Nicolás Maduro, y han seguido prestando ayuda humanitaria y acompañamiento comunitario en zonas de alta vulnerabilidad».

Asimismo, Amnistía Internacional alerta que «la pretensión, con la aprobación de esta ley, es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro».

Lamenta que «la ley se suma a los mecanismos de persecución política que ya investiga el Fiscal de la Corte Penal Internacional”

“Exigimos al gobierno venezolano garantizar la vida, seguridad y libertad de activistas, periodistas, abogados, y personas que defienden los derechos humanos en Venezuela y el de sus familias, así como brindar todas las garantías procesales a quienes han sido detenidos y detenidas arbitrariamente y liberarles de inmediato”.

Así lo pidieron a través de un comunicado,   25 organizaciones no gubernamentales de América y Europa, que conde la represión “sistemática” del gobierno de Venezuela a raíz de los disputados resultados de la elección presidencial del 28 de julio.

Las ONG exigieron a las autoridades garantizar la vida, seguridad y libertad de promotores de derechos humanos, activistas y manifestantes.

Se trata de organizaciones, con sedes en Estados Unidos, Venezuela, Cuba y Suiza, entre otros países,  que se unieron para emitir un comunicado  dado a conocer este miércoles, en donde expresan su “profunda preocupación” por la situación de derechos humanos en  Venezuela.

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Uno de los puntos resaltados en el documento son las “las agresiones” contra miles de manifestantes que protestaron “legítimamente” en las calles de Venezuela, ejerciendo su derecho de asociación, reunión pacífica y expresión en torno a los resultados oficiales de la votación.

Además, destacan las detenciones  de más de 1.350 personas, “sin ningún tipo de garantía procesal”.

Más de 25 ONG de derechos humanos condenan sistemática represión en Venezuela ?“Alertamos sobre la detención arbitraria de miles de personas tras elecciones del #28Jul y exigimos su liberación”. “La comunidad internacional debe actuar ante esta crisis”, dicen en el comunicado. pic.twitter.com/D1S8MmvXw2

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes iniciar «de inmediato» la consulta pública de la Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, norma que fue aprobada en primera discusión en abril pasado.

El diputado Diosdado Cabello informó que por mantenerse en la actividad preelectoral no pudo llevarse a cabo antes la consulta popular que incluirá a varios estados. El cronograma de consulta será dado a conocer en breve, explicó el parlamentario.

El jefe del Bloque de la Patria, que agrupa a las organizaciones del Polo Patriótico extendió la invitación para que sea lo más amplia posible.

«A partir del día de mañana (miércoles) comienza la consulta Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares (…) invito a todos los diputados y diputadas que están acá, invito al pueblo de Venezuela, a los señores de la oposición que están acá presente, para que participemos activamente  en la discusión de esta ley, para su posterior aprobación en esta Asamblea Nacional», anunció Cabello.

El objeto de esta Ley es  «establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similarnaturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela».

«Tal cual como lo dijimos el mes anterior, si usted no es fascista, no se preocupe, si usted no es neofascista tampoco debe preocuparse, si usted no tiene expresiones similares de odio tampoco debe preocuparse, deben preocuparse los fascistas, neofascistas y los odiadores de siempre», agregó.

? Diosdado Cabello propuso ante la AN iniciar la consulta nacional de la Ley contra el Fascismo, Neo Fascismo y expresiones similares para que sea aprobada "de una vez".?️ "Deben preocuparse los fascistas y los odiadores de siempre", advirtió.? ANTV pic.twitter.com/KE8lTHCAW7

A propósito de la importancia de esta ley, recuerda el odio y la violencia que, a su juicio, impulso la ultraderecha en el país en los últimos días. Indicó que este sector «no cree en los procesos electorales, no reconoce  al Tribunal Supremos de Justicia ni al CNE, no reconocer a las instituciones».

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Por otra parte, fue propuesto y aprobado por la AN diferir la segunda discusión del proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines para la próxima sesión ordinaria. 

Tal documento legislativo se aprobó hasta el artículo 29. La discusión del resto del articulado quedó diferido hasta la próxima sesión.

#13Ago #ANGobierno Diferida en la ilegítima Asamblea Nacional la segunda discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, pic.twitter.com/2mCErwNbMY Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (#ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de…