Tres relatores especiales y dos grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron formalmente a las autoridades interinas de Venezuela a reconsiderar su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI), advirtiendo que esta medida pone en peligro el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por delitos graves.

La comunicación oficial, enviada el 18 de agosto de 2026 y difundida al cumplirse el plazo de 60 días sin recibir contestación, señala que el retiro anunciado el pasado 24 de julio conlleva «riesgos inconmensurables» frente a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Los expertos recordaron que, de acuerdo con el artículo 127 del Estatuto, la salida formal toma un año en concretarse y el Estado mantiene la obligación de cumplir plenamente con sus compromisos ante la Corte Penal Internacional (CPI) durante ese periodo y sobre los hechos investigados.

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 Igualmente, los mandatos de la ONU destacaron que la CPI sigue siendo el único recurso judicial capaz de garantizar justicia para las víctimas, debido a que las deficiencias del sistema de justicia interno han impedido investigaciones independientes y eficaces en el país.

La ONU solicitó a las autoridades información detallada sobre la compatibilidad de esta decisión con los derechos de las víctimas, las medidas de reparación y los procesos internos para investigar y enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos.

Con información de Provea

Los compromisos globales para reducir las emisiones que calientan el planeta están muy por debajo de los objetivos climáticos de París y han encaminado al mundo a un calentamiento de 2,6 °C en este siglo, advirtió la ONU este miércoles.

El informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre la brecha de emisiones pone de manifiesto una división entre la retórica y la acción para hacer frente al calentamiento global, así como el desafío que enfrentan los gobiernos en la cumbre climática COP31 de noviembre en Turquía.

Incluso si los países cumplen íntegramente sus más recientes compromisos climáticos, las temperaturas globales podrían seguir aumentando 2,6 °C por encima de los niveles preindustriales para el año 2100, según el reporte.

Esto superaría con creces el objetivo histórico del Acuerdo de París, el tratado mundial sobre cambio climático en el que se pactó mantener el calentamiento muy por debajo de 2 °C, al tiempo que se lucha por un límite más seguro de 1,5 °C.

Según el informe del PNUMA, cualquier posibilidad de mantener el límite en 1,5 °C se ha "perdido" debido a décadas de medidas climáticas insuficientes.

"El mundo ya no puede evitar sobrepasar el límite de 1,5 grados, y las consecuencias ya son devastadoras", afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, en un comunicado con motivo del lanzamiento del informe.

"Inundaciones mortales, olas de calor brutales, incendios forestales devastadores, vidas perdidas, economías paralizadas, desigualdades cada vez más profundas, y quienes menos responsabilidad tienen son los que sufren primero y con mayor intensidad", alertó.

En general, las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2025 se mantuvieron prácticamente al mismo nivel que los récords de 2024, con una diferencia entre ambos años demasiado pequeña como para distinguirla, según el informe.

Las emanaciones de carbono provenientes únicamente de la quema de carbón, petróleo y gas —el principal impulsor del cambio climático— aumentaron ligeramente en 2025 en comparación con el año anterior.

"Las emisiones se mantienen en niveles récord. Y los planes climáticos nacionales y las políticas actuales se quedan peligrosamente cortos", señaló Guterres.

Si solo se mantuvieran las políticas actuales, el calentamiento alcanzará los 2,8 °C, según el informe.

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Los científicos advierten que cada fracción adicional de grado por encima de 1,5 °C aumenta los fenómenos meteorológicos extremos y la probabilidad de cambios irreversibles en el planeta, desde la muerte de los arrecifes de coral hasta el derretimiento del permafrost.

El mundo ya se ha calentado aproximadamente 1,4 °C encima de la era preindustrial y se espera que se supere el umbral de 1,5 °C en cuestión de años.

El G20 representa tres cuartas partes de las emisiones globales, pero Guterres afirmó que "todos los países, especialmente los grandes emisores, deben hacer más".

Esta última perspectiva del PNUMA sobre el calentamiento es peor que la del año pasado debido a que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, y por las revisiones al alza de las emisiones históricas, señaló la coautora del informe, Anne Olhoff.

El crecimiento de las emanaciones se desaceleró entre los países del G20, pero Estados Unidos fue una "excepción importante", agregó.

Entre los seis principales emisores del mundo, los datos preliminares para 2025 mostraron aumentos en Estados Unidos, Indonesia y China, y disminuciones en India, Rusia y la Unión Europea.

Sin embargo, en términos de magnitud, el aumento de Estados Unidos de 133 megatoneladas de CO2 equivalente "superó con creces" al de cualquier otro país, impulsado por una mayor demanda de electricidad y la generación de energía a base de carbón.

El siguiente mayor aumento se registró en Turquía, país que será sede de la cumbre climática de la ONU en Antalya del 9 al 20 de noviembre.

La secretaria ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, dijo a los periodistas que ningún país está a salvo del cambio climático y que los impactos se sienten "en todas las naciones del planeta, incluyendo a Estados Unidos".

El informe detalla un escenario con un 50% de probabilidad de reducir el calentamiento global a 1,5 °C para el año 2100.

Para lograrlo, se debe alcanzar un máximo de alrededor de 1,8 °C para 2050, y eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera para reducir aún más las temperaturas.

Pero esta posibilidad supone recortes inmediatos de emisiones del 6% anual, todos los años, hasta 2035, lo cual dista de las proyecciones actuales.

Algunos países en desarrollo vulnerables al cambio climático han acusado a los mayores emisores de abandonar los objetivos de París, y se espera un enfrentamiento en torno al objetivo de 1,5 °C en la COP31.

"Este es un fracaso histórico del liderazgo político. La ciencia ha sido clara durante décadas, pero los gobiernos han optado por la demora en lugar de la acción. Las consecuencias se medirán en vidas perdidas, no solo en grados de calentamiento", señaló Mohamed Adow, director del centro de estudios Power Shift Africa, con sede en Kenia.

Guterres reconoció que existe una "brecha de liderazgo" en materia climática, pero señaló que superar el límite de 1,5 °C "no es una rendición".

AFP

 Al menos 57.000 personas afectadas por el terremoto ocurrido hace dos meses en Colombia podrían quedarse sin asistencia esencial debido a la insuficiente financiación recibida, advirtió este jueves la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas.

A finales de agosto la agencia de la ONU lanzó un llamamiento de emergencia por valor de 30 millones de dólares (26,7 millones de euros) para asistir a los afectados, pero sólo ha recibido 6,5 millones, unos fondos con los que únicamente podrá prestar asistencia a 43.000 de las 100.000 personas proyectadas, apuntó en un comunicado.

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«La emergencia está lejos de haber terminado para cientos de miles de personas en Colombia», señaló el director regional de la OIM para Latinoamérica, Juan Francisco Espinosa, quien advirtió que muchas personas que perdieron sus hogares se ven ahora nuevamente amenazadas ante la llegada del fenómeno climático de El Niño.

 La agencia meteorológica colombiana prevé que ese fenómeno, ligado normalmente a un aumento global de las temperaturas, cause en el país incendios forestales y sequías.

La OIM recuerda que unas 2.700 personas que perdieron su hogar en el terremoto del 10 de agosto siguen alojadas en refugios temporales, mientras más de 286.000 niños asisten a clase en instalaciones temporales.

El seísmo causó 335 muertos, más de un centenar de desaparecidos y daños en 207.000 viviendas, afectando a casi 487.000 personas sobre todo en el oeste de Colombia. 

Con información de EFE

Los recortes presupuestarios amenazan con dejar sin ayuda a casi 8,3 millones de refugiados y desplazados, alerta este martes la ONU, que pide a los donantes "un apoyo urgente de inmediato".

"No se puede reducir indefinidamente la protección sin provocar un hundimiento de los sistemas. Por debajo de un determinado umbral, los servicios no solo llegan a menos gente, sino que pueden dejar de funcionar totalmente, dejando a los más vulnerables sin la protección que necesitan", advirtió Dominique Hyde, directora de relaciones exteriores del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

En un informe, la agencia explica que su capacidad para proteger y asistir a los refugiados se ha visto "socavada por una agravación del déficit de financiación", que la obliga "a reducir sus programas esenciales".

De 2024 a 2025, los fondos disponibles de la agencia pasaron de los 5.200 millones de dólares a 3.900 millones, debido a un descenso de las contribuciones.

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A finales de julio de 2026, el ACNUR solo había recibido el 32% de los 8.500 millones de dólares que necesita para este año, mientras que el número de personas a las que tiene que atender está a un nivel "históricamente alto".

Con esta situación, cerca de 8,3 millones de personas están en riesgo de quedarse sin ayuda, advierte la agencia.

"Cuando se para el registro, los centros de acogida cierran o los servicios de protección de la infancia desaparecen, los mismos riesgos de los que la gente había huido -violencia, explotación y abusos- resurgen en las zonas de desplazados", señaló Dominique Hyde.

- Países bajo presión -La agencia pone ejemplos de países "bajo presión" como Chad, donde los retrasos hacen que 319.000 refugiados no tengan los documentos necesarios para acceder a los servicios y los expone a riesgos de detención.

Por falta de apoyo, añade el ACNUR, hasta 200.000 mujeres y niñas corren el riesgo de perder el acceso a espacios seguros y a programas de prevención en este país.

En Sudán, decenas de miles de supervivientes de violencia sexual y niños "en gran peligro" podrían perder el acceso a servicios de protección esenciales.

Ante la disminución de sus recursos, la agencia indicó haber "tenido que tomar medidas difíciles de priorización para preservar sus actividades más cruciales".

Los recortes hacen que incluso las actividades "consideradas prioritarias por ACNUR se vean ahora afectadas" y además ponen en peligro los esfuerzos para limitar la dependencia de la ayuda humanitaria.

Por ejemplo, en Irak, cerca de 350.000 refugiados y solicitantes de asilo se podrían quedar sin acceso a oportunidades de inclusión económica.

Y en Siria, 162.500 personas desplazadas dentro del país y refugiadas que regresaron del exterior no recibirán ninguna ayuda financiera, por falta de fondos.

En Afganistán, las asignaciones para la reintegración solo han beneficiado a 175 hogares en lo que va de año, en comparación con 5.300 en 2024, alerta ACNUR, que "exhorta a los donantes y socios a prestar un apoyo urgente de inmediato".

AFP

Delcy Rodríguez sorprendió en la Asamblea General de la ONU al agradecer al presidente Donald Trump por retomar la cooperación con Venezuela y prometer una "metamorfosis" institucional y electoral. Mientras el chavismo celebra el hecho como un triunfo histórico y la oposición desconfía. 

El calor ya deja de ahogar a Nueva York esta semana, pero en la sede de Naciones Unidas y en las decenas de conferencias, reuniones, actos y conciliábulos en sus márgenes la temperatura estará disparada. Este martes es el arranque de la Asamblea General de la ONU, el gran cónclave anual de la comunidad internacional, que se espera más caliente que nunca.

Las guerras, tensiones y amenazas que vive el planeta ocurren en un momento de crisis para la ONU, entre la parálisis para cumplir con su principal mandato -el mantenimiento de la paz y de la seguridad- y los problemas de imagen, de confianza y de salud financiera que vive la organización internacional

 Será la última ‘semana grande’ de la ONU con António Guterres al frente como secretario general: dejará el cargo el próximo 31 de diciembre. Sus discursos de apertura de la Asamblea General han estado marcados por una urgencia y un catastrofismo —siempre compensados con una apelación a que la comunidad internacional tiene en sus manos acabar con los problemas— que este año tendrán un acento especial.

«Es difícil imaginar un escenario tan amenazador como el que enfrentamos ahora», dijo hace unos días Guterres, recordando cuando empezó en su cargo hace diez años. «Entonces nadie podía predecir que estaríamos en una situación tan nefasta como la actual en paz y seguridad, con un nivel de desigualdad tan dramático como el que estamos ahora y con dos asuntos que suponen riesgos existenciales: el cambio climático y la inteligencia artificial».

Estos son los asuntos que marcarán una Asamblea General de la ONU clave, con crisis abiertas en numerosos frentes.

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En el libreto de Donald Trump sobre la guerra de Irán, el conflicto no debería estar abierto a estas alturas, en el cónclave de la ONU y con las elecciones al Congreso de EE.UU. a la vuelta de la esquina. Pero la realidad es que la guerra no se ha cerrado ni, sobre todo, su impacto en la economía global. La disputa por el control del Estrecho de Ormuz, por el que hasta ahora pasaba una quinta parte del petróleo y del gas globales sigue en pie. Y en los último se ha abierto un frente derivado: las operaciones de las milicias hutíes en Yemen, apoyadas por Teherán y rivales de Arabia Saudí, que amenazan con cerrar otro paso marítimo clave, esta vez en el mar Rojo. Es probable que Trump no busque dedicar mucho tiempo a la guerra en su discurso del martes, pero sí lo hará el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que también estará en Nueva York.

El año pasado, en medio de un empuje diplomático internacional por reconocer a Palestino como estado, la guerra de Gaza tuvo un gran protagonismo en la Asamblea General de la ONU. Este año, todo apunta a que estará más en un segundo plano, aunque habrá eventos que traten la otra gran crisis en Oriente Medio. Por un lado, una conferencia organizada por Francia, Reino Unido, Canadá y Arabia Saudí tratará de volver a dar impulso a la llamada ‘solución de los dos estados’, que rechazan dos países principales implicados: Israel y EE.UU.

Uno de los discursos más esperados será el del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que llegará a Nueva York el jueves. Netanyahu, que vive momentos de tensión con EE.UU. por los abusos de Israel en Cisjordania, defenderá la política de su Gobierno en Gaza y la motivación para la guerra conjunta con EE.UU. contra Irán.

Netanyahu será recibido con protestas en Nueva York, en la que se espera que sea una de las jornadas más agitadas de la semana. Durante su campaña electoral del año pasado, Zohran Mamdani, actual alcalde de la ciudad, deslizó la posibilidad de arrestar a Netanyahu si visitaba Nueva York. Ahora ha reculado y ha dicho que ni siquiera se unirá a las protestas.

Con mucha atención puesta en el polvorín de Oriente Próximo, la guerra en Ucrania ha llegado a una de sus fases de mayor intensidad y dureza, con la posibilidad de un entendimiento cada vez más lejana. Zelenski viajará a Nueva York con el objetivo de recordar al mundo que esa guerra -y la amenaza que una Rusia desatada supone para Europa- sigue viva. Y, sobre todo, para recordárselo a Trump, con quien se verá en los márgenes de la ONU este martes. El Consejo de Seguridad, un año más, dedicará una sesión más a esta guerra y Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., se verá con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.

El presidente de China, Xi Jinping, estará en EE. UU. durante la ‘semana grande’ de la ONU. Pero no en Nueva York, sino en la capital, Washington, donde celebrará una cumbre muy esperada con Trump. La visita se extiende desde el miércoles hasta el viernes, y robará buena parte del foco a la ONU. Xi podría haber pasado antes por Nueva York y dar un discurso en el cónclave internacional, pero delegará en altos cargos del cuerpo diplomático de China. La atención a la cumbre entre el gigante asiático y de la primera potencia mundial y a su capacidad de mantener una tregua en su guerra comercial y encontrar acuerdos en otros asuntos centrales —desde la regulación de la IA a la resolución de la guerra de Irán, de quien Pekín es apoyo clave— es un síntoma de la pérdida de relevancia del multilateralismo de la ONU.

De los muchos encuentros en los márgenes de la ONU, ninguno es tan esperado como el que mantendrán Donald Trump y Delcy Rodríguez, que se celebrará este martes. Será la escenificación de la nueva relación entre EE.UU. y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, que lo observará todo desde su celda en una cárcel federal en Brooklyn, muy cerca de la sede de la ONU. 

Rodríguez será la primera persona en la jefatura del Estado de Venezuela que dará su discurso, lo hará el jueves, ante la Asamblea General desde 2018. El encuentro Trump-Delcy será la materialización del restablecimiento de la cooperación y la caída de sanciones a cambio de la toma de control de EE.UU. de parte de las reservas de petróleo de Venezuela, con la transición democrática sin aparecer en el horizonte.

La ONU lleva años discutiendo formatos, marcos y estrategias para regular el avance de la inteligencia artificial. Como en muchas de sus iniciativas, sin lograr un gran impacto. Ahora, en medio de alertas apocalípticas sobre el impacto de la IA, Guterres reunió este lunes a un grupo de jefes de Estado y de líderes tecnológicos para discutir de su regulación. Pero no parece que se consiga gran cosa. Trump se ha mostrado en contra de poner límites al sector que aminoren su pujanza -responsable de los últimos récords en bolsa— y todo apunta a que cualquier coto solo vendrá del entendimiento entre EE.UU. y China.

La comidilla en los países de la ONU durante los últimos meses ha sido quién se quedará con el puesto de secretario general. Las quinielas apostaban por una mujer -después de 80 años con hombres al frente- y de Hispanoamérica, por la tradición de rotación geográfica. De momento, las favoritas tras las primeras votaciones secretas en el Consejo de Seguridad son la costarricense Rebeca Grynspan y la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett. Pero todo dependerá de lo que decidan los cinco países con veto en el Consejo de Seguridad, con la incertidumbre de a dónde puede llevar el proceso Trump, que ha llegado a recomendar que el próximo secretario general sea el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Con información de ABC

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Estados Unidos, donde participará en la Asamblea General de la ONU, según un mensaje publicado en redes sociales a primera hora del lunes.

"En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento", escribió Rodríguez en X.

Será la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea General de Naciones Unidas desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018.

El exdirigente venezolano está actualmente recluido en una prisión de Nueva York, a la espera de ser juzgado por varios delitos, entre ellos el de "narcoterrorismo".

El gobierno venezolano ha manejado con hermetismo el viaje de Rodríguez, que no fue confirmado hasta el domingo por parte del Ministerio de Comunicación.

"Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta", apuntó en un video en redes sociales.

Las autoridades no han hecho pública la agenda ni las reuniones previstas de la presidenta.

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Sin embargo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, informó que el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York al margen de la Asamblea. Caracas no ha confirmado este encuentro.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela en enero tras la caída de Maduro en un operativo estadounidense.

Desde entonces ha impulsado cambios políticos y económicos que se alinean con los objetivos de Trump, quien ha respondido con elogios a la gestión de la mandataria.

Ambos gobiernos alcanzaron en agosto un acuerdo petrolero que le permitirá a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles.

La Asamblea General de la ONU se llevarán a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre.

La escenificación definitiva de la recuperación y normalización de relaciones entre EE.UU. y Venezuela puede producirse en unos días: un encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez. Y sería en el mayor teatro de las relaciones internacionales, la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo gran cónclave anual, su Debate General, comienza la semana que viene en su sede en Nueva York. 

El encuentro tendría un simbolismo añadido: ocurriría en la misma ciudad en la que está detenido y espera a su juicio Nicolás Maduro, publicó el diario español, ABC.

El viaje de Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, a Nueva York para la ‘semana grande’ de la ONU es algo con lo que se especula desde hace meses. Rodríguez, que fue vicepresidenta del país y se quedó en el poder tras la captura de Maduro a comienzos de año, tiene planeado venir a la Gran Manzana, según Bloomberg.

 Trump, sin ninguna duda, estará allí para dar el tradicional discurso en representación de EE.UU. en la primera jornada del Debate General, que arranca el martes. 

El presidente de EE. UU. fue preguntado hace unos días, cuando regresaba de un viaje a Irlanda, si se verá con Delcy en los márgenes de la Asamblea General. Es habitual que los mandatarios que acuden a Nueva York entablen reuniones bilaterales aprovechando la presencia de homólogos de todo el mundo en la ciudad.

«Puede que lo haga, sí, puede que lo haga», respondió el multimillonario neoyorquino sobre el encuentro con Delcy. «Ahora tenemos el petróleo, estamos trayendo millones de barriles de crudo cada mes», añadió, en referencia al fortalecimiento de la relación económica de EE. UU. con Venezuela.

También se abrió a la posibilidad de un encuentro el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, que ha liderado la política sobre Venezuela y la cooperación con esta nueva versión del régimen chavista bajo tutela de Rodríguez. «Hemos hablado bastante, tal vez ella vaya a Nueva York», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en un reciente viaje a Sudamérica.«Si va, probablemente sucederá», recalcó.La posibilidad del encuentro se produce después de nueve meses y medio en los que la política de la Administración Trump sobre Venezuela se ha dado la vuelta como un calcetín tras la captura de Maduro.

El presidente de EE.UU. ha entablado una gran relación con Rodríguez, ha relajado sanciones a Venezuela y a figuras clave del régimen, ha restablecido relaciones diplomáticas y, como se apuntaba desde la captura de Maduro, ha tomado el control de parte de las reservas de petróleo del país suramericano, las más grandes del mundo.

«Puede que lo haga, sí, puede que me reúna con Delcy en la Asamblea General de la ONU».

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Rodríguez, que ha logrado mantenerse en el poder gracias a ese entendimiento con Trump, tiene vía libre para viajar a Nueva York ya que el Tesoro de EE.UU. levantó las sanciones en su contra el pasado abril, como un gesto de favor por parte del presidente de EE.UU.

Este tipo de guiños, el fortalecimiento de la relación entre Trump y Delcy –el multimillonario neoyorquino la ha calificado de «excelente»– y el acuerdo petrolero han supuesto un jarro de agua fría para la oposición democrática de Venezuela. La presencia de Rodríguez en la ONU y el encuentro con Trump podrían entenderse como una señal de que la transición democrática y las elecciones libres no están más cerca.Reforma del consulado venezolano en Nueva York

Otra señal de la posible visita de Rodríguez a Nueva York se encuentra a pocas manzanas de la sede de la ONU. En la calle 51, entre la Quinta Avenida y la avenida Madison, delante del pórtico norte de la catedral de San Patricio, está el consulado de Venezuela.

Después de haber estado cerrado durante años, hace pocos días sufrió trabajos de renovación y de limpieza. Su fachada estaba llena de pintadas, con la puerta tapiada y las ventanas tapadas.

«Esto ha estado abandonado y descuidado mucho tiempo», explicaba Julio, que trabaja en un hotel cercano a la sede consular. «Pero hace unos días vinieron y lo arreglaron». Ahora la entrada está completamente renovada.

Esta sede consular estuvo bajo control del Gobierno paralelo de Juan Guaidó, reconocido por EE.UU., entre 2019 y 2023. Después, tras su caída, esta y otras sedes quedaron en manos del Gobierno de EE.UU. hasta la pasada primavera, cuando, dentro de ese proceso de normalización de relaciones diplomáticas, Trump las entregó al Gobierno de Rodríguez.

Pese a ello, la embajada en Washington y los consulados todavía no dan servicios a los ciudadanos venezolanos, que tienen que seguir viajando a sedes consulares en el extranjero para poder hacer trámites. Pero, al menos en el caso de Nueva York, su consulado parece que está más cerca de su reapertura. O, al menos, de estar listo para una visita de Delcy en su gran presentación ante la comunidad internacional como la aliada de Trump. Desde que vino Maduro en 2018, ningún jefe de Estado de Venezuela ha representado al país en la Asamblea General de la ONU.

ABC

Una investigación mandada por la ONU dijo el miércoles que el aparato de represión de Venezuela permanece en gran medida intacto, a pesar de una reducción de algunos abusos tras la destitución del presidente Nicolás Maduro a principios de este año, inform{o Reuters.

Estados Unidos ha encarcelado a Maduro para que enfrente un juicio por cargos de narcotráfico, pero dejó en gran parte intacto su gobierno del Partido Socialista, para decepción de la oposición venezolana, que afirma que le robaron las elecciones de 2024 y que debería estar en el poder.

 En un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misión independiente de determinación de los hechos dijo que la captura de Maduro en enero provocó una caída en las detenciones motivadas políticamente a largo plazo y en los abusos relacionados, pero que no representó una ruptura fundamental con años de represión.

“Las medidas de liberalización política adoptadas desde esa fecha siguen siendo parciales, condicionales y reversibles en el mejor de los casos”, dijo la misión, y añadió que un alejamiento de las formas más duras de represión podría no ser “un alejamiento genuino y sostenible”.

La misión de Venezuela ante la ONU en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

El informe, que cubre el período de septiembre del año pasado a julio, describió la intervención de Estados Unidos como una violación del derecho internacional.

El gobierno de Maduro había sido ampliamente cuestionado por la oposición y numerosos gobiernos occidentales, incluso por las disputadas elecciones presidenciales de 2024.

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El informe señaló que la presidenta interina Delcy Rodríguez —aliada de Maduro— introdujo medidas que incluyen liberaciones de presos, una ley de amnistía y el cierre de El Helicoide, un centro de detención asociado durante mucho tiempo con detenciones arbitrarias y tortura.

También indicó que grupos de la sociedad civil y figuras de la oposición habían ganado mayor margen para organizarse y criticar a las autoridades.

Sin embargo, los expertos independientes de la ONU dijeron que altos funcionarios vinculados a la represión del pasado siguen en puestos clave y que las agencias de seguridad, los servicios de inteligencia y las leyes usadas para restringir la disidencia no han sufrido una reforma significativa.

La misión dijo que cientos de personas, incluidos opositores reales o percibidos del gobierno, siguen detenidas de forma arbitraria por razones políticas y continúan enfrentando duras condiciones carcelarias, tortura y malos tratos.

Documentó denuncias de golpizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y otros abusos en las prisiones de máxima seguridad El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.

El informe también halló vínculos extensos entre el Estado y grupos civiles armados conocidos como “colectivos”, y afirmó que desempeñaron un papel clave en la intimidación de opositores percibidos, con respaldo político, financiero y logístico de instituciones estatales.

La misión dijo que las autoridades no han avanzado en la rendición de cuentas por abusos pasados y criticó la decisión de Venezuela de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Instó al gobierno a liberar a todos los detenidos políticos, investigar presuntos crímenes de lesa humanidad, reformar las instituciones de seguridad y desmantelar los grupos civiles armados involucrados en violaciones de derechos.

Con información de Reuters

 El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes una "acción urgente" para regular la inteligencia artificial (IA) debido a los riesgos sin precedentes que plantean los sistemas más avanzados.

"Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros , sino a las generaciones futuras de la humanidad", dijo Turk en un comunicado.

"Insto a los Estados y a las empresas a movilizarse urgentemente en el marco de instancias multilaterales", añadió. "Todos los derechos humanos están amenazados" por esta tecnología, incluido el derecho a la vida", insistió.

La preocupación por las consecuencias del rápido auge de la IA está creciendo.

Varios directivos estadounidenses del sector tecnológico también han abogado por ralentizar los avances en este ámbito.

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El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se pronunció a favor de una desaceleración para permitir una mejor evaluación de los riesgos derivados de las nuevas capacidades de la IA. Recibió públicamente el respaldo de su homólogo de OpenAI, Sam Altman, así como de Elon Musk.

Según el alto comisionado, "la actual carrera hacia una IA cada vez más potente supone un cambio radical y expone todos los aspectos de nuestras vidas a un riesgo existencial cada vez mayor".

"Estamos en los albores de un cambio irreversible que no solo nos afecta a nosotros, sino también a las futuras generaciones de la humanidad", añadió, lamentando que actualmente "dependamos casi por completo de un reducido número de empresas poderosas para tomar las decisiones acertadas sobre el desarrollo de la IA en beneficio de toda la humanidad".

AFP

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos exigió el lunes a Estados Unidos que rinda cuentas por las crecientes muertes de migrantes bajo custodia y detenga las deportaciones a países donde las personas enfrentan "daños irreparables".

"Cuatro personas más han muerto bajo custodia migratoria en Estados Unidos desde junio, para un total de 23 muertes solo en 2026. Tiene que haber rendición de cuentas por estas muertes", dijo Volker Türk en el discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una de las prioridades de su segundo mandato y ha procedido a detener a miles de personas.

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Un informe conjunto de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights publicado en junio señala que la tasa de personas que mueren bajo custodia del ICE ha alcanzado su nivel más alto en más de una década.

Türk denunció este lunes otras prácticas en la aplicación de la ley migratoria estadounidense, entre ellas obligar a migrantes a regresar a lugares peligrosos y a países con los que no tienen ninguna conexión.

"Insto a Estados Unidos a detener el retorno de personas a lugares donde podrían sufrir daños irreparables, incluido Haití, y a garantizar el debido proceso en todas las expulsiones a terceros países", dijo Türk al Consejo.

El alto comisionado de la ONU también dijo estar alarmado por los supuestos planes de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de "dotar a los agentes de inmigración de guantes de descarga eléctrica" y advirtió que esto "incrementaría la violencia asociada a las operaciones".

ICE ha sido objeto de críticas por varias muertes por arma de fuego durante operaciones de control, incluidas las de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota en enero que participaban en protestas contra ICE.

AFP

La excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett, una de los ocho candidatos al cargo de secretario general de la ONU, sacó ventaja el viernes al término de una segunda "votación indicativa" en el Consejo de Seguridad, según una fuente diplomática.

La candidata de menor edad (52 años) entre los postulantes, se situó por delante de la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan (70 años), que había quedado primera en una votación inicial en julio, así como del director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi (65 años).

Reunidos a puerta cerrada desde las 10H00 locales (14H00 GMT), los 15 miembros del Consejo asignaron de manera anónima a cada aspirante una de las siguientes calificaciones: "apoya", "no apoya" o "sin opinión".

Confirmando varias publicaciones especializadas en la cobertura de la ONU, la fuente diplomática indica que la guyanesa obtuvo 8 "apoya", 3 "no apoya" y 4 "sin opinión", por delante de la costarricense (7-4-4) y del argentino (7-6-2).

Hasta el momento, cinco mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués Antonio Guterres, de 77 años, quien terminará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.

"Es demasiado pronto para lograr un consenso", adelantó tras la votación el embajador de la República Democrática del Congo, miembro del Consejo, Zenon Ngay Mukongo.

Daniel Forti, del International Crisis Group, dijo antes de la votación que los países con poder de veto -Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos- podrían esperar hasta más adelante para expresar sus preferencias, mientras que podrían surgir nuevos aspirantes.

De acuerdo con una tradición geográfica de alternancia entre continentes, que no siempre se respeta, Latinoamérica reclama esta vez el puesto, lo que explica que la mayoría de los candidatos sean de esa región. Muchos también presionan para que, por primera vez, una mujer asuma el puesto.

Completan el grupo de postulantes la expresidenta chilena y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet (74 años), la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa (61), el destacado diplomático ugandés Olara Otunnu (75), el expresidente senegalés Macky Sall (64) y la diplomática y exministra de Comercio de Ecuador Ivonne A-Baki (75).

Esta elección se produce en un momento en que la ONU atraviesa uno de los períodos más difíciles de su historia, enfrentada al debilitamiento del multilateralismo, a divisiones persistentes en el Consejo de Seguridad y a graves dificultades financieras.

Bajo la presión en particular del Estados Unidos de Donald Trump, quien cuestiona regularmente su papel y su financiamiento, Naciones Unidas no logra influir en varios conflictos importantes, mientras que los recortes presupuestarios amenazan sus operaciones humanitarias y de paz.

En este contexto, Carolyn Rodrigues-Birkett aboga en particular por un fortalecimiento del multilateralismo, por una organización más reactiva, más eficaz y menos paralizada por sus pesadas trabas burocráticas.

Para imponerse al término de este proceso, que podría prolongarse durante semanas o incluso meses, un candidato debe obtener al menos nueve votos y evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes del consejo (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido).

El nombre será después sometido a la Asamblea General, que en la práctica suele seguir la nominación del candidato recomendado.

Nadie se atreve a hacer pronósticos, ya que las preferencias de los distintos miembros aún parecen muy difusas, especialmente en lo que respecta a las grandes potencias con derecho a veto.

"Tendremos que analizar con serenidad esta nueva votación informal, donde la señal es que no hay un candidato o candidata favorita, ya que quienes lideraban caen en los apoyos. La expresidenta decidirá los próximos pasos a seguir junto a Brasil y México", dijo a la AFP Antonia Urrejola, miembro del equipo de excancilleres que apoya a Michelle Bachelet.

Incluso podrían surgir nuevos aspirantes al cargo, señaló el jueves ante la prensa Vassili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU.

"Si, por ejemplo —y ahora estoy especulando-, se produce un estancamiento en torno a uno de los candidatos que vemos, si ninguno de ellos logra despegar, entonces creo que podríamos ver surgir otras" figuras, consideró.

AFP

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este viernes para una segunda "votación indicativa" entre ocho candidatos al cargo de secretario general, la mayoría de América Latina, en un contexto de profundas divisiones dentro del organismo global.

Hasta el momento, cinco mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués António Guterres, de 77 años, quien terminará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.

Reunidos a puerta cerrada a partir de las 10H00 locales (14H00 GMT), los 15 miembros del Consejo deberán asignar de manera anónima a cada aspirante una de las siguientes calificaciones: "apoya", "no apoya" o "sin opinión".

De acuerdo con una tradición geográfica de alternancia entre continentes, que no siempre se respeta, Latinoamérica reclama esta vez el puesto, lo que explica que la mayoría de los candidatos sean de esa región. Muchos también presionan para que, por primera vez, una mujer asuma la dirección.

Al término de una primera votación el 30 de julio, Rebeca Grynspan, la exvicepresidenta de Costa Rica y directora de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), de 70 años, recibió la mayor cantidad de votos favorables.

La diplomática costarricense superó así, entre otros, a la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett, de 52 años, y al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, de 65.

También se postulan la expresidenta chilena y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet (74 años), la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa (61), el destacado diplomático ugandés Olara Otunnu (75), el expresidente senegalés Macky Sall (64) y la diplomática y exministra de Comercio de Ecuador Ivonne A-Baki (75).

La pregunta ahora es si Grynspan logrará consolidar su posición.

"Los diplomáticos esperan que la distribución de los votos cambie con respecto a la votación de julio", aseguró a la AFP Daniel Forti, analista del International Crisis Group.

Dado que el proceso debe servir tanto para definir a un favorito como para descartar a ciertos candidatos, "es muy posible que, al término de la votación, algunos se den cuenta de que su campaña ha llegado a su fin", agregó.

Esta elección se produce en un momento en que la ONU atraviesa uno de los períodos más difíciles de su historia, enfrentada al debilitamiento del multilateralismo, a divisiones persistentes en el Consejo de Seguridad y a graves dificultades financieras.

Bajo la presión en particular de los Estados Unidos de Donald Trump, quien cuestiona regularmente su papel y su financiamiento, Naciones Unidas no logra influir en varios conflictos importantes, mientras que los recortes presupuestarios amenazan sus operaciones humanitarias y de paz.

Para ganar al final de este proceso, que podría llevar aún semanas o meses, un candidato debe obtener al menos nueve votos, evitando un veto de los cinco miembros permanentes del Consejo, es decir Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

El nombre se somete entonces a la Asamblea General, que en la práctica aprueba el nombramiento del aspirante recomendado.

Nadie se atreve a hacer pronósticos, ya que las preferencias de los distintos miembros aún parecen muy difusas, especialmente en lo que respecta a las grandes potencias con derecho a veto.

Incluso podrían surgir nuevos aspirantes al cargo, señaló el jueves ante la prensa Vassili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU.

"Si, por ejemplo —y ahora estoy especulando—, se produce un estancamiento en torno a uno de los candidatos que vemos, si ninguno de ellos logra despegar, entonces creo que podríamos ver surgir otras" figuras, consideró.

Con información de AFP

La tarde de este miércoles, la presidenta Delcy Rodríguez y el coordinador de la ONU para Venezuela, Gianluca Rampolla, presentaron el Plan de Reconstrucción del país tras los terremotos del 24 de junio.

La mandataria recalcó que los terremotos no solo afectaron estructuras y acabaron con vidas, sino que lo cambiaron todo para siempre a miles de venezolanos y también  para el país.

Por ello, insistió en que este plan debe permitir la recuperación plena de la vida para la Venezuela que renace con un concepto de desarrollo de la ciudad humana, donde se respete todo, incluyendo la naturaleza.

"Necesitamos construir viviendas para miles de personas que necesitan recuperar su vida, pero con un nuevo enfoque", dijo.  "Yo visualizo este plan de evaluación post-terremoto y este marco de recuperación resiliente más allá. No es solamente recuperar lo que se tenía, porque el doble sismo también impactó en sectores con alta pobreza. Vamos a pasar a una etapa de desarrollo; vayamos a una de reparación y reconstrucción que tenga al ser humano en el centro de todas sus dimensiones. No es solo un inventario de escombros, de infraestructura; es impactar en los sectores más vulnerables económicamente hablando", apuntó tras asegurar que la meta es devolverle el hogar a aquellas familias que se encuentran en los campamentos transitorios. 

Rodríguez, reconoció el trabajo del sistema de la ONU en la primera etapa de salvamento y rescate, destacando su contribución en las acciones orientadas a salvar vidas y en el fortalecimiento de la respuesta humanitaria desplegada en el país tras los sismos.

Por su parte, Rampolla anunció el lanzamiento oficial de la Evaluación de Necesidades Post Desastre (PDNA) en el marco de recuperación resiliente impulsado por el sistema de las Naciones Unidas, con el propósito de orientar el proceso de reconstrucción del país.

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Destacó que esta iniciativa permitirá generar evidencia técnica sólida para orientar decisiones, inversiones y una hoja de ruta compartida entre el Gobierno.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la ONU de seguir apoyando a Venezuela en esta fase de recuperación.

Mientras que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, precisó que este jueves se instalará un taller en el que participarán todas las organizaciones internacionales presentes en el país, con el objetivo de activar mesas de trabajo para evaluar, en un plazo aproximado de 60 días, la magnitud real de los daños provocados por los sismos y definir las líneas de acción para la recuperación de las familias y las zonas afectadas.

La región de América Latina y el Caribe logró en 2025 avances «constantes» en la reducción del hambre, aunque aún afecta a 32 millones de personas, y encara otros problemas como la obesidad o los altos precios de una dieta sana, según un informe publicado este martes en Roma por agencias de Naciones Unidas.

En Latinoamérica se estima que esta lacra afectó al 4,8 % de la población, hasta las 32 millones de personas, pero esto se traduce en una disminución de más de un millón respecto a 2024 y de 7,5 millones en comparación con el pandémico 2020.

Sin embargo, la mejora es desigual dentro del continente: mientras que los datos más optimistas están en América del Sur, con una prevalencia de subalimentación en caída hasta el 5,1 % en 2025, en el Caribe el 16,6 % de su población tuvo hambre el pasado año.

 Estas estimaciones constan en el informe anual ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’ (SOFI 2026) elaborado por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo para la Infancia (UNICEF).

Por otro lado, en dicha región preocupan los datos de inseguridad alimentaria, el hecho de que la gente no tenga acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. El paso previo al hambre.

En el mundo del 2025 unas 2.100 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria moderada o severa y el 22,9 % vivía en América Latina o el Caribe. Es un dato elevado aunque menor que el 33 % registrado en 2020.

Más en detalle, las personas subalimentadas decaen en numerosos países: en México, por ejemplo, pasaron de los 4,2 millones en el periodo 2004-2006 a los 4,1 millones entre 2023 y 2025.

En el mismo periodo, en El Salvador pasaron de 500.000 a 300.000 personas; en Argentina, de 1,4 millones a 1,3 millones; en Bolivia, de 2,6 millones a 2,4 millones; en Colombia, de 4,6 millones a 2,2 millones; en Perú de 5 a 2 millones y en Venezuela, de 2,1 millones a 1,5 millones de personas, entre otros países de la región.

«Vemos un avance en la disminución de la prevalencia del hambre, una mejora constante en los últimos años», explica a EFE Juan Carlos Mendoza, director de Medio Ambiente, Clima, Género e Inclusión Social del FIDA.

El experto colombiano sostiene que hay varios datos que preocupan sobremanera.

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El primero es la obesidad, que ha crecido en la última década en casi diez mundos. En 2012 el 22,5 % de la población latinoamericana era obesa; en 2024 —último dato disponible- había subido al 31,5 %.

«Esto es algo que vemos en muchas regiones del mundo. Gente que al mismo tiempo tiene hambre y es obesa», alega Mendoza, subrayando los «muy importantes» costos sociales y fiscales de la obesidad.

Otro indicador alarmante la anemia entre las mujeres, que empeora hasta el 19,9 % en 2023.

Este fenómeno, según el experto del FIDA, puede responder a que la gente coma más, incluso más calorías, pero que consuman dietas menos ricas en micronutrientes como el hierro.

Otro problema es que Latinoamérica registra el mayor precio del mundo para una dieta saludable, hasta los 4,91 dólares de media.

Mendoza sostiene que esto se debe en parte a la cadena de las frutas y verduras: a diferencia que el grano, necesitan una infraestructura de refrigeración que en muchos lugares es precaria: «Vemos que sigue habiendo muchas pérdidas de alimentos», alerta.

El técnico del FIDA plantea que, para combatir el hambre, la región puede optar por diversificar su producción y por la agroecología, no solo por su efecto positivo medioambiental sino también porque disminuye la dependencia de hidrocarburos, en un mundo sujeto a los oscilaciones del mercado por los conflictos. 

Con información de EFE

La tarde de este viernes, el coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, acompañó a la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en una visita para supervisar campos temporales de sobrevivientes de los terremotos en La Guaira.

Ambos funcionarios visitaron varios campamentos, entre ellos el instalado en el Polideportivo José María Vargas, donde constataron los avances de la respuesta humanitaria destinada a las personas afectadas por los sismos.

El refugio temporal, administrado por las autoridades venezolanas con el apoyo de la ONU en Venezuela y organizaciones humanitarias, brinda alojamiento provisional, servicios básicos, atención médica, asistencia alimentaria y mecanismos de protección para miles de damnificados que permanecen desplazados tras el desastre.

 Rampolla y Lahbib sostuvieron encuentros con familias afectadas y evaluaron los principales desafíos de la fase de recuperación temprana, considerada clave para restablecer los servicios esenciales, reactivar los medios de vida de la población y avanzar hacia una recuperación sostenible de las comunidades impactadas.

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Según explicó Rampolla, la visita de la representante de la Comisión Europea permitió observar de primera mano el trabajo coordinado entre las autoridades nacionales, las agencias de Naciones Unidas y los socios humanitarios, además de escuchar los testimonios de los sobrevivientes, quienes —destacó— continúan demostrando «una extraordinaria fortaleza y resiliencia» frente a la tragedia.

El representante de la ONU agradeció el respaldo de la Unión Europea y de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), al considerar que su apoyo ha sido determinante para fortalecer la asistencia en las zonas afectadas y garantizar que la ayuda llegue a las familias más vulnerables.

«Seguimos trabajando, unidos, para apoyar a quienes más lo necesitan», expresó Rampolla al reiterar el compromiso de Naciones Unidas y de la comunidad internacional con la atención de la emergencia y el proceso de recuperación en Venezuela.

Junto con la Comisaria Europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, visitamos el campamento transitorio ubicado en el Polideportivo José María Vargas, en La Guaira, gestionado por las autoridades nacionales con el apoyo de @onuvenezuela y sus socios… pic.twitter.com/cSMcO3l9c3

 Expertos de la ONU* advirtieron que Venezuela enfrenta una catástrofe que agrava aun más las vulnerabilidades de la población y agudiza la crisis de derechos humanos y humanitaria que el país padece desde hace años, a raíz de los terremotos del 24 de junio.

“Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta,” señalaron los expertos, expresando su solidaridad con el pueblo venezolano.

Organizaciones pre-existentes, incluídas las de derechos humanos, y nuevas asociaciones de redes vecinales, así como organizaciones internacionales, participan en la búsqueda de personas desaparecidas y contribuyen a la identificación de personas fallecidas, la atención directa a las víctimas y la provisión de servicios y apoyos vitales que, de otra manera, no llegarían a las comunidades afectadas.

Las personas expertas subrayaron que este papel esencial, incluida la prestación de servicios, medicamentos y suministros de salud, debe ser reconocido por las autoridades venezolanas y la comunidad internacional.

“Pese a su importancia, este rol vital se ve gravemente obstaculizado y amenazado por las restricciones normativas existentes, incluyendo la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro,” dijeron. 

Esta ley obliga a las organizaciones a realizar trámites de inscripción o reinscripción ante el Servicio Autónomo de Registros y Notaría (SAREN), que, en la práctica, resultan imposibles debido al silencio administrativo del Estado, lo que arriesga su viabilidad y congela la personalidad jurídica de las organizaciones de forma arbitraria.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), ha establecido normas que obligan a los bancos a supervisar excesivamente a las ONG en comparación con otros actores, creando obstáculos a la recepción o administración de recursos. Estas restricciones afectan a todas las asociaciones, incluyendo a las internacionales.

“Es necesario que las autoridades venezolanas pongan fin a estas restricciones, y por el contrario, promuevan acciones que faciliten el actuar de la sociedad civil como parte indispensable de la reconstrucción, incluyendo a las mujeres y personas de grupos tradicionalmente marginados. Esto debe incluir también facilitar formas de ayuda como la transferencia de efectivo a personas damnificadas, una práctica común de provisión de ayuda que no está disponible en el país en este momento,” dijeron las personas expertas.

“Es imprescindible que las autoridades instruyan a las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre sus obligaciones en el marco de la emergencia; en particular en relación con la protección de iniciativas ciudadanas de ayuda, como centros de acopio, y las acciones de las organizaciones nacionales e internacionales para que no se repitan los patrones de represión del pasado,” señalaron.

Las personas expertas reiteraron que en contextos de catástrofe, el Estado debe facilitar de manera prioritaria la acción humanitaria y respetar la labor de todas las asociaciones, y al mismo tiempo promover soluciones que refuercen la resiliencia. “Se requiere con urgencia una respuesta coordinada, sin restricciones indebidas, que permita el libre acceso a la cooperación internacional, con un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas,” ellas dijeron.

Ellas urgen a la comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas y todos los actores que brindan apoyo desde el exterior, a asegurarse de que la sociedad civil local pueda ejercer su acción libremente.

“La sociedad civil debe ser respetada como parte fundamental en los procesos de localización de la asistencia, veedora de la transparencia de los recursos utilizados, garante de derechos en la atención de desastres” ellas dijeron.

“La provisión de alojamiento de emergencia, los planes de reconstrucción y otras soluciones a largo plazo, deben contar con la participación significativa de las personas afectadas, incluidas las desplazadas internamente. La respuesta al desastre debe llevarse a cabo de conformidad con normas internacionales de derechos humanos,” las personas expertas dijeron.

Con información de prensa ONU

 Al menos un millón de mujeres y niñas se quedaron sin ayuda desde enero de 2025 debido a los recortes presupuestarios en los organismos que intervienen en situaciones de crisis, alerta este viernes un informe de ONU Mujeres.

Las organizaciones humanitarias enfrentan importantes recortes en la ayuda internacional, especialmente desde el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

"Alrededor de 120 millones de mujeres y niñas necesitan ayuda humanitaria", afirma ONU Mujeres.

Basado en las respuestas de 855 oenegés en 52 países afectados por crisis y conflictos, el reporte revela que nueve de cada diez de estas organizaciones "ya no pueden satisfacer las necesidades actuales, como consecuencia de la mayor disminución anual jamás registrada en la ayuda pública al desarrollo".

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"Las organizaciones de mujeres que están en riesgo de cierre se encuentran en la primera línea de las crisis humanitarias más graves del mundo", advierte.

En países como Afganistán, República Democrática del Congo y Haití intervienen "donde los actores internacionales no pueden hacerlo y permanecen en el terreno mucho después de que la atención mundial se haya desviado hacia otros temas", explica en un comunicado Sofia Calltorp, jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres.

Mientras "las necesidades alcanzan niveles históricos", el personal del 65% de las organizaciones dirigidas por mujeres trabaja sin remuneración para garantizar la continuidad de los servicios, sentencia.

Con información de AFP

Naciones Unidas lanzó un llamado urgente para recaudar casi 300 millones de dólares de ayuda para Venezuela, tras el doble terremoto de hace dos semanas, y el país pidió la liberación de sus activos congelados en el extranjero para destinarlos a la reconstrucción.

Hay enormes necesidades luego de uno de los peores desastres sísmicos de América Latina, ocurrido el 24 de junio, que ha causado más de 3.800 muertos y dejado a decenas de miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, cerca de Caracas.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra en Venezuela y se ha reunido con las autoridades del país.

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó Fletcher el miércoles en una reunión virtual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros.

"Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias", dijo.

El pedido de ayuda se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya necesitaban ayuda.

Justo antes del doble sismo, este plan solo había obtenido 115 millones de dólares, pero con un nuevo flujo de contribuciones ahora suma 300 millones.

Fletcher indicó que todavía faltan 627 millones de dólares para hacer frente a "necesidades urgentes" en el devastado país caribeño.

A la vez, durante la reunión virtual de la ONU, el canciller venezolano, Yván Gil, reclamó la liberación de fondos de su país congelados en el extranjero.

"Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizarlos en la recuperación", dijo Gil.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reclamó más tarde por el oro de las reservas internacionales de Venezuela que está depositado en el Banco de Inglaterra.

"He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo", declaró en referencia a los lingotes valorados en unos 1.900 millones de dólares.

También pidió recursos al Fondo Monetario Internacional, donde Venezuela tiene 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente.

Los fondos venezolanos están congelados desde hace años por el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero, y llevado a Nueva York acusado de narcotráfico.

Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro, asumió entonces el gobierno de manera interina.

Naciones Unidas ha estimado que los terremotos provocaron daños por unos 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto venezolano.

Dos semanas después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los equipos internacionales de rescate han terminado en su mayoría los intentos por encontrar sobrevivientes, pero las familias aún escarban entre las ruinas en un intento por recuperar los cuerpos.

En el sector Caraballeda de La Guaira, tres familias se sentaron el miércoles en una esquina a la espera de donaciones, luego de caminar algunos kilómetros en busca de comida y agua.

Los jefes de familia son trabajadores informales y con el terremoto se quedaron sin sustento y sin dinero.

"No sé hasta cuándo vamos a estar así. Por lo menos hoy nos dieron algo de arroz, espaguetis y unas sardinas, y aquí vamos juntando cositas para llevar", comentó a la AFP Stefani Garate, de 26 años, quien solía vender dulces de coco en la playa.

Génesis Ramírez, de 34 años, peluquera, busca a sus sobrinas entre los escombros de un edificio.

"¿Cómo no voy a tener esperanza cuando de este mismo edificio sacaron a un niño de meses con vida? ¿Cómo puedo perder la fe? No la puedo perder. Hasta que uno no ve el cuerpo, uno no pierde la fe. Esto ha sido muy duro, es horrible, horrible. Nadie viene a ayudarnos, tenemos muchos muertos acá todavía", se lamentó.

Casi una docena de retroexcavadoras trabaja para retirar los escombros de los edificios del complejo de viviendas OPP, donde varias torres se derrumbaron por completo.

Solo algunos familiares siguen allí, aferrados a la esperanza de recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Hay muchas moscas y el olor a cuerpos en descomposición impregna el aire. Una mujer llora desconsolada sobre una bolsa negra.

"Ahora lo que queda es rescate de cuerpos", dice un militar.

Con información de AFP

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó de la llegada de un alto funcionario de la ONU, al cumplirse dos semanas de los terremotos del 24 de junio.

“Recibí al subsecretario general de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, en un encuentro de trabajo para fortalecer la coordinación de la respuesta internacional ante los terremotos que afectaron a nuestro país”, dijo Rodríguez en su canal de Telegram.

“Coincidimos en la importancia de mantener el respaldo y la cooperación de la comunidad internacional durante esta nueva etapa de reconstrucción”, aseguró.

Asimismo, aseguró que “Venezuela seguirá trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar con determinación hacia su recuperación”.

En la reunión de alto nivel también participaron el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Caracas, Gianluca Rampolla; el presidente del Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas, Jorge Rodríguez, y el canciller de la República, Yván Gil.

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Previo al encuentro, Fletcher informó a través de sus redes sociales que se trasladará directamente al estado La Guaira, epicentro de los dos devastadores sismos ocurridos hace dos semanas.

Durante el encuentro con las autoridades venezolanas, el alto funcionario de la ONU valoró la extraordinaria movilización de solidaridad, coordinada y práctica, que se ha desplegado en el territorio nacional.

Precisó que mantendrá una agenda de trabajo conjunta y permanente con el Gobierno Nacional para la revisión y coordinación de las acciones de respuesta ante la crisis de manera directa.

Por su parte, Rodríguez ratificó la entera disposición del Gobierno de continuar el fortalecimiento de los lazos de cooperación con el sistema multilateral, con el firme propósito de mantener una perfecta sintonía con los planes civiles de atención y recuperación.

Con información de VTV