La tarde de este miércoles, la presidenta Delcy Rodríguez y el coordinador de la ONU para Venezuela, Gianluca Rampolla, presentaron el Plan de Reconstrucción del país tras los terremotos del 24 de junio.

La mandataria recalcó que los terremotos no solo afectaron estructuras y acabaron con vidas, sino que lo cambiaron todo para siempre a miles de venezolanos y también  para el país.

Por ello, insistió en que este plan debe permitir la recuperación plena de la vida para la Venezuela que renace con un concepto de desarrollo de la ciudad humana, donde se respete todo, incluyendo la naturaleza.

"Necesitamos construir viviendas para miles de personas que necesitan recuperar su vida, pero con un nuevo enfoque", dijo.  "Yo visualizo este plan de evaluación post-terremoto y este marco de recuperación resiliente más allá. No es solamente recuperar lo que se tenía, porque el doble sismo también impactó en sectores con alta pobreza. Vamos a pasar a una etapa de desarrollo; vayamos a una de reparación y reconstrucción que tenga al ser humano en el centro de todas sus dimensiones. No es solo un inventario de escombros, de infraestructura; es impactar en los sectores más vulnerables económicamente hablando", apuntó tras asegurar que la meta es devolverle el hogar a aquellas familias que se encuentran en los campamentos transitorios. 

Rodríguez, reconoció el trabajo del sistema de la ONU en la primera etapa de salvamento y rescate, destacando su contribución en las acciones orientadas a salvar vidas y en el fortalecimiento de la respuesta humanitaria desplegada en el país tras los sismos.

Por su parte, Rampolla anunció el lanzamiento oficial de la Evaluación de Necesidades Post Desastre (PDNA) en el marco de recuperación resiliente impulsado por el sistema de las Naciones Unidas, con el propósito de orientar el proceso de reconstrucción del país.

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Destacó que esta iniciativa permitirá generar evidencia técnica sólida para orientar decisiones, inversiones y una hoja de ruta compartida entre el Gobierno.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la ONU de seguir apoyando a Venezuela en esta fase de recuperación.

Mientras que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, precisó que este jueves se instalará un taller en el que participarán todas las organizaciones internacionales presentes en el país, con el objetivo de activar mesas de trabajo para evaluar, en un plazo aproximado de 60 días, la magnitud real de los daños provocados por los sismos y definir las líneas de acción para la recuperación de las familias y las zonas afectadas.

La región de América Latina y el Caribe logró en 2025 avances «constantes» en la reducción del hambre, aunque aún afecta a 32 millones de personas, y encara otros problemas como la obesidad o los altos precios de una dieta sana, según un informe publicado este martes en Roma por agencias de Naciones Unidas.

En Latinoamérica se estima que esta lacra afectó al 4,8 % de la población, hasta las 32 millones de personas, pero esto se traduce en una disminución de más de un millón respecto a 2024 y de 7,5 millones en comparación con el pandémico 2020.

Sin embargo, la mejora es desigual dentro del continente: mientras que los datos más optimistas están en América del Sur, con una prevalencia de subalimentación en caída hasta el 5,1 % en 2025, en el Caribe el 16,6 % de su población tuvo hambre el pasado año.

 Estas estimaciones constan en el informe anual ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’ (SOFI 2026) elaborado por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo para la Infancia (UNICEF).

Por otro lado, en dicha región preocupan los datos de inseguridad alimentaria, el hecho de que la gente no tenga acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. El paso previo al hambre.

En el mundo del 2025 unas 2.100 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria moderada o severa y el 22,9 % vivía en América Latina o el Caribe. Es un dato elevado aunque menor que el 33 % registrado en 2020.

Más en detalle, las personas subalimentadas decaen en numerosos países: en México, por ejemplo, pasaron de los 4,2 millones en el periodo 2004-2006 a los 4,1 millones entre 2023 y 2025.

En el mismo periodo, en El Salvador pasaron de 500.000 a 300.000 personas; en Argentina, de 1,4 millones a 1,3 millones; en Bolivia, de 2,6 millones a 2,4 millones; en Colombia, de 4,6 millones a 2,2 millones; en Perú de 5 a 2 millones y en Venezuela, de 2,1 millones a 1,5 millones de personas, entre otros países de la región.

«Vemos un avance en la disminución de la prevalencia del hambre, una mejora constante en los últimos años», explica a EFE Juan Carlos Mendoza, director de Medio Ambiente, Clima, Género e Inclusión Social del FIDA.

El experto colombiano sostiene que hay varios datos que preocupan sobremanera.

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El primero es la obesidad, que ha crecido en la última década en casi diez mundos. En 2012 el 22,5 % de la población latinoamericana era obesa; en 2024 —último dato disponible- había subido al 31,5 %.

«Esto es algo que vemos en muchas regiones del mundo. Gente que al mismo tiempo tiene hambre y es obesa», alega Mendoza, subrayando los «muy importantes» costos sociales y fiscales de la obesidad.

Otro indicador alarmante la anemia entre las mujeres, que empeora hasta el 19,9 % en 2023.

Este fenómeno, según el experto del FIDA, puede responder a que la gente coma más, incluso más calorías, pero que consuman dietas menos ricas en micronutrientes como el hierro.

Otro problema es que Latinoamérica registra el mayor precio del mundo para una dieta saludable, hasta los 4,91 dólares de media.

Mendoza sostiene que esto se debe en parte a la cadena de las frutas y verduras: a diferencia que el grano, necesitan una infraestructura de refrigeración que en muchos lugares es precaria: «Vemos que sigue habiendo muchas pérdidas de alimentos», alerta.

El técnico del FIDA plantea que, para combatir el hambre, la región puede optar por diversificar su producción y por la agroecología, no solo por su efecto positivo medioambiental sino también porque disminuye la dependencia de hidrocarburos, en un mundo sujeto a los oscilaciones del mercado por los conflictos. 

Con información de EFE

La tarde de este viernes, el coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, acompañó a la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en una visita para supervisar campos temporales de sobrevivientes de los terremotos en La Guaira.

Ambos funcionarios visitaron varios campamentos, entre ellos el instalado en el Polideportivo José María Vargas, donde constataron los avances de la respuesta humanitaria destinada a las personas afectadas por los sismos.

El refugio temporal, administrado por las autoridades venezolanas con el apoyo de la ONU en Venezuela y organizaciones humanitarias, brinda alojamiento provisional, servicios básicos, atención médica, asistencia alimentaria y mecanismos de protección para miles de damnificados que permanecen desplazados tras el desastre.

 Rampolla y Lahbib sostuvieron encuentros con familias afectadas y evaluaron los principales desafíos de la fase de recuperación temprana, considerada clave para restablecer los servicios esenciales, reactivar los medios de vida de la población y avanzar hacia una recuperación sostenible de las comunidades impactadas.

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Según explicó Rampolla, la visita de la representante de la Comisión Europea permitió observar de primera mano el trabajo coordinado entre las autoridades nacionales, las agencias de Naciones Unidas y los socios humanitarios, además de escuchar los testimonios de los sobrevivientes, quienes —destacó— continúan demostrando «una extraordinaria fortaleza y resiliencia» frente a la tragedia.

El representante de la ONU agradeció el respaldo de la Unión Europea y de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), al considerar que su apoyo ha sido determinante para fortalecer la asistencia en las zonas afectadas y garantizar que la ayuda llegue a las familias más vulnerables.

«Seguimos trabajando, unidos, para apoyar a quienes más lo necesitan», expresó Rampolla al reiterar el compromiso de Naciones Unidas y de la comunidad internacional con la atención de la emergencia y el proceso de recuperación en Venezuela.

Junto con la Comisaria Europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, visitamos el campamento transitorio ubicado en el Polideportivo José María Vargas, en La Guaira, gestionado por las autoridades nacionales con el apoyo de @onuvenezuela y sus socios… pic.twitter.com/cSMcO3l9c3

 Expertos de la ONU* advirtieron que Venezuela enfrenta una catástrofe que agrava aun más las vulnerabilidades de la población y agudiza la crisis de derechos humanos y humanitaria que el país padece desde hace años, a raíz de los terremotos del 24 de junio.

“Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta,” señalaron los expertos, expresando su solidaridad con el pueblo venezolano.

Organizaciones pre-existentes, incluídas las de derechos humanos, y nuevas asociaciones de redes vecinales, así como organizaciones internacionales, participan en la búsqueda de personas desaparecidas y contribuyen a la identificación de personas fallecidas, la atención directa a las víctimas y la provisión de servicios y apoyos vitales que, de otra manera, no llegarían a las comunidades afectadas.

Las personas expertas subrayaron que este papel esencial, incluida la prestación de servicios, medicamentos y suministros de salud, debe ser reconocido por las autoridades venezolanas y la comunidad internacional.

“Pese a su importancia, este rol vital se ve gravemente obstaculizado y amenazado por las restricciones normativas existentes, incluyendo la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro,” dijeron. 

Esta ley obliga a las organizaciones a realizar trámites de inscripción o reinscripción ante el Servicio Autónomo de Registros y Notaría (SAREN), que, en la práctica, resultan imposibles debido al silencio administrativo del Estado, lo que arriesga su viabilidad y congela la personalidad jurídica de las organizaciones de forma arbitraria.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), ha establecido normas que obligan a los bancos a supervisar excesivamente a las ONG en comparación con otros actores, creando obstáculos a la recepción o administración de recursos. Estas restricciones afectan a todas las asociaciones, incluyendo a las internacionales.

“Es necesario que las autoridades venezolanas pongan fin a estas restricciones, y por el contrario, promuevan acciones que faciliten el actuar de la sociedad civil como parte indispensable de la reconstrucción, incluyendo a las mujeres y personas de grupos tradicionalmente marginados. Esto debe incluir también facilitar formas de ayuda como la transferencia de efectivo a personas damnificadas, una práctica común de provisión de ayuda que no está disponible en el país en este momento,” dijeron las personas expertas.

“Es imprescindible que las autoridades instruyan a las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre sus obligaciones en el marco de la emergencia; en particular en relación con la protección de iniciativas ciudadanas de ayuda, como centros de acopio, y las acciones de las organizaciones nacionales e internacionales para que no se repitan los patrones de represión del pasado,” señalaron.

Las personas expertas reiteraron que en contextos de catástrofe, el Estado debe facilitar de manera prioritaria la acción humanitaria y respetar la labor de todas las asociaciones, y al mismo tiempo promover soluciones que refuercen la resiliencia. “Se requiere con urgencia una respuesta coordinada, sin restricciones indebidas, que permita el libre acceso a la cooperación internacional, con un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas,” ellas dijeron.

Ellas urgen a la comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas y todos los actores que brindan apoyo desde el exterior, a asegurarse de que la sociedad civil local pueda ejercer su acción libremente.

“La sociedad civil debe ser respetada como parte fundamental en los procesos de localización de la asistencia, veedora de la transparencia de los recursos utilizados, garante de derechos en la atención de desastres” ellas dijeron.

“La provisión de alojamiento de emergencia, los planes de reconstrucción y otras soluciones a largo plazo, deben contar con la participación significativa de las personas afectadas, incluidas las desplazadas internamente. La respuesta al desastre debe llevarse a cabo de conformidad con normas internacionales de derechos humanos,” las personas expertas dijeron.

Con información de prensa ONU

 Al menos un millón de mujeres y niñas se quedaron sin ayuda desde enero de 2025 debido a los recortes presupuestarios en los organismos que intervienen en situaciones de crisis, alerta este viernes un informe de ONU Mujeres.

Las organizaciones humanitarias enfrentan importantes recortes en la ayuda internacional, especialmente desde el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

"Alrededor de 120 millones de mujeres y niñas necesitan ayuda humanitaria", afirma ONU Mujeres.

Basado en las respuestas de 855 oenegés en 52 países afectados por crisis y conflictos, el reporte revela que nueve de cada diez de estas organizaciones "ya no pueden satisfacer las necesidades actuales, como consecuencia de la mayor disminución anual jamás registrada en la ayuda pública al desarrollo".

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"Las organizaciones de mujeres que están en riesgo de cierre se encuentran en la primera línea de las crisis humanitarias más graves del mundo", advierte.

En países como Afganistán, República Democrática del Congo y Haití intervienen "donde los actores internacionales no pueden hacerlo y permanecen en el terreno mucho después de que la atención mundial se haya desviado hacia otros temas", explica en un comunicado Sofia Calltorp, jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres.

Mientras "las necesidades alcanzan niveles históricos", el personal del 65% de las organizaciones dirigidas por mujeres trabaja sin remuneración para garantizar la continuidad de los servicios, sentencia.

Con información de AFP

Naciones Unidas lanzó un llamado urgente para recaudar casi 300 millones de dólares de ayuda para Venezuela, tras el doble terremoto de hace dos semanas, y el país pidió la liberación de sus activos congelados en el extranjero para destinarlos a la reconstrucción.

Hay enormes necesidades luego de uno de los peores desastres sísmicos de América Latina, ocurrido el 24 de junio, que ha causado más de 3.800 muertos y dejado a decenas de miles de personas sin hogar, especialmente en el estado de La Guaira, cerca de Caracas.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra en Venezuela y se ha reunido con las autoridades del país.

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó Fletcher el miércoles en una reunión virtual de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con ministros.

"Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias", dijo.

El pedido de ayuda se suma al plan humanitario de 632 millones de dólares anunciado a comienzos de año para Venezuela, donde casi ocho millones de personas ya necesitaban ayuda.

Justo antes del doble sismo, este plan solo había obtenido 115 millones de dólares, pero con un nuevo flujo de contribuciones ahora suma 300 millones.

Fletcher indicó que todavía faltan 627 millones de dólares para hacer frente a "necesidades urgentes" en el devastado país caribeño.

A la vez, durante la reunión virtual de la ONU, el canciller venezolano, Yván Gil, reclamó la liberación de fondos de su país congelados en el extranjero.

"Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizarlos en la recuperación", dijo Gil.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reclamó más tarde por el oro de las reservas internacionales de Venezuela que está depositado en el Banco de Inglaterra.

"He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Es para atender las consecuencias del sismo", declaró en referencia a los lingotes valorados en unos 1.900 millones de dólares.

También pidió recursos al Fondo Monetario Internacional, donde Venezuela tiene 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que equivalen a 5.100 millones de dólares, aproximadamente.

Los fondos venezolanos están congelados desde hace años por el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero, y llevado a Nueva York acusado de narcotráfico.

Delcy Rodríguez, que era vicepresidenta de Maduro, asumió entonces el gobierno de manera interina.

Naciones Unidas ha estimado que los terremotos provocaron daños por unos 6.700 millones de dólares, una cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto venezolano.

Dos semanas después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los equipos internacionales de rescate han terminado en su mayoría los intentos por encontrar sobrevivientes, pero las familias aún escarban entre las ruinas en un intento por recuperar los cuerpos.

En el sector Caraballeda de La Guaira, tres familias se sentaron el miércoles en una esquina a la espera de donaciones, luego de caminar algunos kilómetros en busca de comida y agua.

Los jefes de familia son trabajadores informales y con el terremoto se quedaron sin sustento y sin dinero.

"No sé hasta cuándo vamos a estar así. Por lo menos hoy nos dieron algo de arroz, espaguetis y unas sardinas, y aquí vamos juntando cositas para llevar", comentó a la AFP Stefani Garate, de 26 años, quien solía vender dulces de coco en la playa.

Génesis Ramírez, de 34 años, peluquera, busca a sus sobrinas entre los escombros de un edificio.

"¿Cómo no voy a tener esperanza cuando de este mismo edificio sacaron a un niño de meses con vida? ¿Cómo puedo perder la fe? No la puedo perder. Hasta que uno no ve el cuerpo, uno no pierde la fe. Esto ha sido muy duro, es horrible, horrible. Nadie viene a ayudarnos, tenemos muchos muertos acá todavía", se lamentó.

Casi una docena de retroexcavadoras trabaja para retirar los escombros de los edificios del complejo de viviendas OPP, donde varias torres se derrumbaron por completo.

Solo algunos familiares siguen allí, aferrados a la esperanza de recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Hay muchas moscas y el olor a cuerpos en descomposición impregna el aire. Una mujer llora desconsolada sobre una bolsa negra.

"Ahora lo que queda es rescate de cuerpos", dice un militar.

Con información de AFP

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó de la llegada de un alto funcionario de la ONU, al cumplirse dos semanas de los terremotos del 24 de junio.

“Recibí al subsecretario general de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, en un encuentro de trabajo para fortalecer la coordinación de la respuesta internacional ante los terremotos que afectaron a nuestro país”, dijo Rodríguez en su canal de Telegram.

“Coincidimos en la importancia de mantener el respaldo y la cooperación de la comunidad internacional durante esta nueva etapa de reconstrucción”, aseguró.

Asimismo, aseguró que “Venezuela seguirá trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar con determinación hacia su recuperación”.

En la reunión de alto nivel también participaron el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Caracas, Gianluca Rampolla; el presidente del Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas, Jorge Rodríguez, y el canciller de la República, Yván Gil.

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Previo al encuentro, Fletcher informó a través de sus redes sociales que se trasladará directamente al estado La Guaira, epicentro de los dos devastadores sismos ocurridos hace dos semanas.

Durante el encuentro con las autoridades venezolanas, el alto funcionario de la ONU valoró la extraordinaria movilización de solidaridad, coordinada y práctica, que se ha desplegado en el territorio nacional.

Precisó que mantendrá una agenda de trabajo conjunta y permanente con el Gobierno Nacional para la revisión y coordinación de las acciones de respuesta ante la crisis de manera directa.

Por su parte, Rodríguez ratificó la entera disposición del Gobierno de continuar el fortalecimiento de los lazos de cooperación con el sistema multilateral, con el firme propósito de mantener una perfecta sintonía con los planes civiles de atención y recuperación.

Con información de VTV

Unas 36.700 mujeres afectadas por el potente doble terremoto están embarazadas y unas 4.000 darán a luz en el próximo mes en medio de la «grave emergencia humanitaria» que vive el país, alertó el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

La agencia de la ONU ha hecho un llamamiento a los donantes para recaudar 10 millones de dólares a fin de «garantizar las intervenciones vitales de salud reproductiva y protección durante los tres primeros meses de la respuesta a la emergencia».

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio han puesto bajo «fuerte presión» al sistema de salud del país, donde 38 centros sanitarios quedaron dañados, «lo que limita considerablemente el acceso a servicios esenciales de salud materna para mujeres y recién nacidos».

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Ante esta situación, «mantener la atención obstétrica y neonatal de emergencia constituye una prioridad humanitaria urgente», indicó el UNFPA en un pronunciamiento público publicado en las últimas horas.

El UNFPA «está intensificando su respuesta para asegurar la continuidad de los servicios de salud materna, atención obstétrica de emergencia, planificación familiar, atención clínica tras una violación y servicios de prevención y respuesta ante la violencia basada en género», indicó el organismo en el texto.

Con información de Efe

El secretario general de la ONU, António Guterres, informó este lunes a través de su portavoz de que el plan de respuesta humanitaria del organismo para Venezuela, afectada por el doble terremoto de hace doce días, ha recibido 274 millones de dólares.

«Hasta la fecha, el plan ha recibido 274 millones de dólares, mientras que el sector privado ha aportado más de 32 millones para ayuda humanitaria. A esto hay que sumar las donaciones en materia de bienes y servicios», indicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

Esta iniciativa, dirigida por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, tiene como objetivo atender a 5,5 millones de personas vulnerables en el país y requiere 632 millones de dólares «para prestar una asistencia vital que salve vidas», según su página web.

De acuerdo con la OCHA, los dos terremotos del 24 de junio agravan «una crisis ya profunda»: a principios de este año, 7,9 millones de personas en Venezuela necesitaban ayuda humanitaria «debido al estancamiento económico, la inflación y la saturación de los servicios públicos».

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El doble terremoto que sacudió el país ha dejado, hasta el momento, 3.342 muertos y 16.740 heridos, la gran mayoría en el estado La Guaira, el más devastado por este desastre, y además unas 17.000 personas han perdido sus hogares.

Dujarric destacó hoy que el Gobierno venezolano «sigue liderando la respuesta» a la tragedia, «centrándose en apoyar a las personas desplazadas y atender las necesidades humanitarias urgentes».

«Al menos 79 campamentos ubicados en los principales estadios y centros deportivos están ya operativos y acogen a personas, y las agencias de la ONU están proporcionando ayuda», agregó.

Además, recalcó que, según los trabajadores humanitarios de la ONU, el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento, así como la distribución de ‘kits’ de higiene y la ampliación de la infraestructura, «sigue mejorando» en estos campamentos.

Con información de EFE

Venezuela pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que se quedaron sin casa por los devastadores terremotos del 24 de junio, informó este domingo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La mandataria hizo la solicitud durante un contacto con el administrador del PNUD, Alexander De Croo, a quien agradeció la «disposición de ese organismo de acompañar a Venezuela en la respuesta a los terremotos», que dejaron al menos 3.342 muertos y 16.740 heridos.

Según las autoridades venezolanas, 17.345 personas perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios.

Además, hay 856 edificios afectados y 190 colapsados.

En redes sociales, Rodríguez, quien asumió el cargo hace exactamente seis meses, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, dijo que se hará una evaluación de las necesidades posteriores al desastre con miras a la recuperación y reconstrucción del país.

La mandataria también pidió el apoyo del PNUD para el impulso de programas educativos, así como de «formación laboral y empleo para las comunidades afectadas».

«Seguimos avanzando con la cooperación internacional», agregó.

La líder chavista informó el viernes de una reunión con el coordinador residente de la ONU, Gianluca Rampolla, y su equipo para «fortalecer la atención integral a las familias afectadas por el doble terremoto y coordinar cooperación internacional en esta etapa».

El jueves, Rodríguez aseguró que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para «recuperar recursos» que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada.

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También dijo que su Gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que «ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación», además de «líneas de créditos» para Venezuela.

Rodríguez recordó entonces la reciente creación de un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares y una cuenta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para «la donación en dinero internacional» que será destinado para viviendas y que tendrá «todos los mecanismos de auditoría».

El martes, el ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda.

Este domingo, la jefa de Estado designó al ingeniero Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de la chavista Jacqueline Faría, a quien ordenó «conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura» a través de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace.

Garcés fue nombrado recientemente como jefe de una comisión presidencial encargada de la inspección de viviendas afectadas.

Con información de EFE

Gianluca Rampolla, coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, informó que la magnitud de la tragedia que enfrenta Venezuela podría ser mucho mayor a la reflejada hasta ahora en los balances oficiales.

 El funcionario dijo que las autoridades venezolanas se encuentran en proceso de adquirir 10.000 bolsas para cadáveres, una medida que, según indicó, refleja que el número final de víctimas mortales por los terremotos podría ser considerablemente mayor al balance oficial de 1.719 fallecidos.

En una entrevista concedida a Reuters, Rampolla señaló que la compra fue acordada con las autoridades nacionales como parte de la respuesta humanitaria desplegada tras la emergencia. 

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«Sin duda, estamos hablando de una cifra superior a la ya reportada. Puedo darles un indicador aproximado. Estamos adquiriendo, y esto es algo acordado con las autoridades locales, 10.000 bolsas para cadáveres», declaró.

El representante de la ONU destacó que el Gobierno venezolano mantiene una operación de búsqueda y rescate a gran escala, pese a que ya transcurrió la ventana crítica de las primeras 72 horas tras los sismos. 

“El gobierno está liderando una operación de gran escala que se centra en este momento en la búsqueda y rescate. Estamos más allá de la ventana crítica de las 72 horas. Pero, y esto es uno de los milagros de este país, los rescatistas siguen siendo capaces de sacar a la gente de La Guaira”, indicó.

 Rampolla destacó que, pese al paso de los días, todavía continúan produciéndose rescates que alimentan la esperanza de familiares y equipos de emergencia. “Ayer solamente siete personas fueron sacadas con vida”, agregó.

Con información de Reuters.

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informó este sábado a EFE que el organismo ha instalado tres hospitales de campaña en el estado La Guaira para atender a los heridos afectados debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 1.430 muertos.

Rampolla explicó que el objetivo es poder atender en el lugar a los más afectados con estos hospitales porque considera que no es sostenible trasladarlos a todos a centros sanitarios de Caracas.

En un recorrido que hizo el equipo de EFE el viernes, pudo constatar que la mayoría de pacientes ingresados en el Hospital Vargas de Caracas y el Domingo Luciani son provenientes de la región costera, el más afectado por los movimientos telúricos.

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Igualmente, dijo que están coordinando con las autoridades venezolanas la instalación de «refugios multiservicios» -con baños y comedores- para atender a todas aquellas personas que perdieron sus viviendas por el terremoto.

Estos refugios, explicó Rampolla, estarán instalados lo más cerca de las comunidades afectadas para que los ciudadanos no tengan que hacer desplazamientos largos.

Además, informó que ya llegó un avión con 20 toneladas de ayuda humanitaria de todo tipo, entre ellos insumos para la potabilización del agua.

Rampolla describió la situación en La Guaira como grave, destacando el trabajo de los rescatistas que han llegado de diversos países del mundo, así como de los venezolanos, pero advirtió que todavía falta llegar a «muchos» edificios para verificar si quedan personas atrapadas y vivas.

Este sábado, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que han fallecido 1.430 personas luego de los dos terremotos del miércoles, mientras que hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

Por otra parte, el Gobierno encargado anunció que durante la madrugada de este sábado repartieron 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira para las familias afectadas.

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según informó este sábado el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Con información de Efe

El jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas prometió el viernes "mover montañas" para rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros tras los dos terremotos mortales que sacudieron Venezuela, mientras decenas de equipos internacionales se sumaban a la angustiosa búsqueda de sobrevivientes.

La situación es "simplemente devastadora", declaró a la AFP Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, en una entrevista en Ginebra.

Los dos terremotos, que se produjeron con apenas un minuto de diferencia la noche del miércoles y derrumbaron edificios en el norte del país, causaron la muerte de al menos 920 personas, según una cifra oficial actualizada.

Fletcher señaló que más de 50.000 personas están desaparecidas y advirtió que revisar los escombros será "una tarea enorme".

Indicó que la agencia humanitaria de la ONU (OCHA), que él dirige, aún no disponía de una estimación sobre hasta qué punto podría aumentar la cifra de víctimas mortales.

"Hay 50.000 personas desaparecidas... Es evidente que la cifra aumentará considerablemente", agregó.

En la zona costera de La Guaira, cerca de la capital, la más afectada por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, numerosos edificios quedaron reducidos a polvo y escombros.

Familiares, vecinos y voluntarios recurrieron a sus propias manos para intentar rescatar a sobrevivientes, y señalaron la falta de maquinaria pesada o de ayuda oficial para salvar a quienes permanecían atrapados.

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"La prioridad ahora mismo debe ser encontrar sobrevivientes y salvar al mayor número posible de personas", declaró Fletcher.

Comentó que se había sentido profundamente conmovido por relatos de personas que "dicen que pueden oír voces". "Eso es inimaginable... Sabes que están ahí", dijo. "Cada minuto cuenta".

El funcionario expresó su deseo de que "las personas que tienen familiares bajo los escombros, aquellas cuyos seres queridos, amigos y familias están allí (..) sepan que vamos a hacer todo lo posible". "Vamos a mover montañas para salvar a sus seres queridos".

No obstante, reconoció que se trata de "una respuesta de emergencia muy, muy compleja" entre otras cosas por la posibilidad de réplicas.

Equipos de rescate y ayuda internacional han comenzado a llegar a Venezuela.

Fletcher calificó de "masiva" la operación en curso. "Ya tenemos 35 equipos de búsqueda y rescate desplegados sobre el terreno", afirmó, destacando que, en conjunto, suman "más de 1.600 especialistas en rescate urbano (y) más de 100 perros de rescate".

Previó incluso que se movilicen aún "más efectivos para esta primera oleada", y señaló haber estado en contacto con rescatistas "de toda la región, de toda Europa, de Catar, de Jordania (...) Siria también enviará un equipo".

Estados Unidos señaló a su vez el despliegue de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros, además de movilizar 150 millones de dólares en ayuda.

El viernes, Washington anunció también la suspensión temporal —por un periodo de cuatro meses— de algunas sanciones económicas contra Venezuela para facilitar las operaciones de ayuda.

"Allí donde haya sanciones, necesitamos exenciones humanitarias", declaró Fletcher a la AFP.

"Hay que asegurarse de que nada impida que los artículos de primera necesidad lleguen a quienes los necesitan".

Afirmó que la OCHA desempeñaba un papel clave en la compleja coordinación de la respuesta, ayudando a canalizar la "enorme cantidad de ayuda que la gente quiere ofrecer".

La agencia de la ONU también trabaja en la estimación de las necesidades de financiación.

Fletcher recordó que antes de los terremotos unos ocho millones de personas en Venezuela ya necesitaban ayuda humanitaria. "Obviamente, esa cifra ha aumentado drásticamente".

Con información de AFP.

Los recortes masivos en la ayuda internacional están desorganizando la lucha contra el VIH y ponen en peligro décadas de avances, advirtió este viernes la agencia de la ONU encargada de combatir esta enfermedad.

"Es la primera vez que la lucha contra el VIH se ve tan afectada desde que el mundo comenzó a movilizarse contra esta enfermedad", señaló en una entrevista con la AFP Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Onusida.

La lucha contra el VIH está "en peligro por los recortes repentinos" en la ayuda internacional, añadió.

Esta reducción forma parte de una tendencia general en varios países desarrollados.

Las decisiones más drásticas fueron tomadas por Estados Unidos, bajo el segundo mandato de Donald Trump, que prácticamente desmanteló la agencia estadounidense dedicada al tema, USAID.

Pero otros países, como Alemania, Francia y Reino Unido, también han recortado de forma significativa su ayuda internacional, lo que ha puesto en aprietos a numerosas ONG y ha afectado la lucha contra enfermedades como el sida, que golpean sobre todo a las regiones más pobres del mundo.

En su nuevo informe, Onusida señala efectos concretos de este fenómeno.

Por ejemplo, entre 2024 y 2025, el número de personas que toman la PrEP, un tratamiento preventivo crucial en la lucha contra el VIH, cayó un 38% en unos sesenta países analizados.

Los fondos destinados a la distribución de preservativos, esenciales en la lucha contra la propagación del VIH, se desplomaron un 90%, según el informe. En cuanto a los recursos destinados a garantizar el acceso a programas de prevención, también cayeron un 80%.

Onusida estima que 570.000 personas murieron de sida el año pasado y que 1,2 millones resultaron infectadas. Aunque estas cifras mantienen la tendencia a la baja observada desde 2010, la agencia advierte que aún no reflejan el impacto de la reducción de la ayuda internacional.

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Además, entre 2010 y 2025, las nuevas infecciones por VIH siguieron trayectorias muy distintas según la región.

El número de nuevas infecciones aumentó un 13% en América Latina, un repunte que se suma al crecimiento observado en Europa del Este y Asia Central (+15%) y, de manera mucho más marcada, en Oriente Medio y el Norte de África (+77%).

En contraste, otras regiones lograron avances importantes: el Caribe redujo sus nuevas infecciones en un 30%, y Europa occidental, Europa central y Norteamérica lo hicieron en un 13%.

Desde el desplome de la ayuda internacional, más de medio centenar de países se han comprometido a incrementar por cuenta propia los recursos destinados a combatir el VIH en sus territorios.

Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y Ecuador figuran entre los países latinoamericanos que han asumido el compromiso de reforzar con recursos propios sus programas de prevención y atención.

Byanyima celebra este avance, pero advierte que "no compensará" la caída de los recursos internacionales.

Nuevas herramientas terapéuticas han surgido en los últimos años, entre ellas el lenacapavir, desarrollado por el laboratorio Gilead.

Este fármaco ha demostrado una gran eficacia tanto en la prevención como en el tratamiento del VIH, gracias a su acción prolongada y a que no requiere tomas frecuentes. Sin embargo, su acceso sigue estando concentrado casi exclusivamente en los países más desarrollados.

¿Sigue siendo posible eliminar el sida como amenaza grave para la salud pública de aquí a 2030, como aspira desde hace años la ONU?

El informe reconoce que el objetivo está "mal encaminado", pero Byanyima insiste en que aún es alcanzable.

Eso sí, subraya que se trata de una decisión esencialmente "política", justo cuando la ONU se prepara para celebrar, el 22 de junio, una Asamblea General destinada a definir la estrategia mundial contra el VIH para los próximos años.

Con información de AFP

Venezuela acusó este lunes al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de hacer afirmaciones sobre el país suramericano «impropias de su alta investidura», luego de que dijera que cree que hubo «grandes complicidades» en la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero.

 «Venezuela expresa su firme protesta ante las declaraciones, relativas al Estado venezolano, del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, por considerar que contienen afirmaciones impropias de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas», reza el comunicado de Caracas.

Guterres afirmó este lunes, en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nairobi, que cree que «no es posible que se repita (en Cuba) una situación similar» a la operación militar lanzada por EE. UU. en enero contra Venezuela, donde tiene «la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político».

El Gobierno venezolano dijo que estas declaraciones «reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad».

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«Mientras persisten el genocidio contra el pueblo palestino, la expansión de guerras y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos soberanos, la Secretaría General mantiene una actuación de silencio o ambigüedad que debilita su autoridad moral», aseguró.

A juicio de Caracas, nunca antes la Organización de las Naciones Unidas «había enfrentado un deterioro tan profundo de su credibilidad ante los pueblos del mundo».

En ese sentido, la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, agregó en el pronunciamiento que la Secretaría General de la ONU «ha sido incapaz de garantizar equilibrio y apego a los principios de la Carta de la ONU frente a los actuales desafíos globales».

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU expresó su preocupación por la desaparición forzada de Víctor Hugo Quero Navas y su posterior fallecimiento bajo custodia.

En un comunicado  instó al Gobierno de Venezuela a iniciar una investigación pronta, efectiva e independiente sobre los hechos.

“La desaparición del Sr. Víctor Hugo Quero Navas y su posterior muerte bajo custodia deben ser objeto de una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial", dice el escrito.

 "Dicha investigación debe incluir la realización de pruebas forenses independientes, la adecuada identificación del cuerpo y su restitución digna a la familia”, afirmó el Grupo de Trabajo.

Según la información recibida, tras su detención en enero de 2025, familiares del Sr. Quero Navas habrían acudido reiterada y periódicamente ante distintas autoridades competentes para solicitar información sobre su suerte y paradero, sin obtener respuesta ni acceso a comunicación con él.

El Grupo de Trabajo transmitió el caso al Gobierno de Venezuela en el marco de su mandato humanitario el 31 de marzo de 2025, sin haber recibido respuesta de las autoridades.

 Posteriormente, el 7 de mayo de 2026, las autoridades venezolanas emitieron un comunicado público en el que señalaron que el Sr. Víctor Hugo Quero Navas habría sido detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial Rodeo I.

 Asimismo, indicaron que no se habrían registrado visitas ni identificado familiares, pese a que existía una campaña pública, a nivel nacional, impulsada por sus allegados para localizarlo e identificarlo.

El comunicado también indicó que el 15 de julio de 2025 el Sr. Quero Navas habría sido trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, donde posteriormente habría fallecido por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar.

“Resulta profundamente preocupante que las autoridades, pese a tener conocimiento desde hace tiempo de la búsqueda emprendida por la madre del Sr. Quero Navas, no hayan proporcionado esta información sino hasta ahora, meses después de su fallecimiento, y únicamente a través de un comunicado público, sin haber informado previamente a su familia ni respondido a las múltiples solicitudes presentadas”, señaló.

El Grupo de Trabajo indicó además que cuenta con un “Acta de Comparecencia” suscrita por la Defensoría Pública de Venezuela, suscrita en fecha 24 de octubre de 2025. 

Según dicho documento, se habría informado a la familia que se encontraba en el Centro de Detención Rodeo I, sin embargo, su paradero nunca pudo ser confirmado ante la negativa de los guardias presentes y tampoco se le informó sobre su fallecimiento.

“Las contradicciones entre la información oficial difundida recientemente y el Acta de Comparecencia de octubre de 2025 requieren ser esclarecidas, particularmente en lo relativo a la fecha real del fallecimiento. También preocupa en este situación la independencia judicial y de autonomía de la fiscalía”, indicaron.

“El caso del Sr. Quero Navas ilustra el profundo sufrimiento que enfrentan las familias cuando las autoridades ocultan la suerte y el paradero de una persona desaparecida”, afirmaron las expertas. 

“El hecho de que las autoridades tuvieran conocimiento de la búsqueda emprendida por la madre y, aun así, no le permitieran verle, ni le informaran sobre su fallecimiento, resulta grave y doloroso”.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad, asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas”, concluyeron.

Con información de prensa ONU 

Estados Unidos y sus aliados del Golfo presionaron el jueves a las Naciones Unidas para que exija a Irán el fin del bloqueo del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, mientras una resolución sobre el tema se enfrentaba a un posible veto.

"Creemos en algunos principios básicos fundamentales, a saber, la libertad de navegación para las economías de todo el mundo. Eso es lo que está en juego aquí", declaró el embajador estadounidense Mike Waltz, rodeado de sus homólogos de Baréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait.

Un proyecto de resolución de Estados Unidos y Baréin exige que Irán ponga fin a sus ataques y amenazas contra los buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

También ordena a Irán no cobrar peajes por el paso, que especifique dónde ha colocado minas y que permita la creación de un corredor humanitario para cargamentos de fertilizantes.

Según fuentes diplomáticas, Rusia, aliada de Teherán, indicó el miércoles que estaba dispuesta a bloquear el texto.

La misión rusa ante la ONU denunció el jueves en texto "impregnado de términos desequilibrados y de exigencias parciales hacia Teherán, ignorando totalmente las raíces de la crisis, la aventura militar israelo-estadounidense contra Irán".

Su adopción "podría provocar una nueva escalada en Oriente Medio", añadió.

Por su parte, el embajador de Irán ante la ONU arremetió contra el proyecto de resolución, al que calificó como "defectuoso y políticamente motivado" que no resolvería la crisis.

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Aprobar la resolución "establecería un precedente peligroso para legitimar medidas coercitivas unilaterales y acciones ilegales de Estados Unidos contra la soberanía y los derechos soberanos de los Estados costeros", afirmó Amir Saeid Iravani.

A mediados de marzo, el Consejo aprobó una dura resolución en la que instaba a Irán a dejar de atacar a sus vecinos del golfo y condenaba su férreo control sobre el estrecho de Ormuz.

Rusia y China se abstuvieron en esa votación. Pero a principios de abril vetaron un texto que instaba a los países a coordinar sus esfuerzos de forma "defensiva" para garantizar la libre navegación por el estrecho.

Con información de AFP

El jefe humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, anunció este domingo la asignación de dos millones de dólares del fondo de reservas de emergencia para apoyar al Gobierno de la región venezolana de Sucre por una crisis del sistema de agua que se ha visto agravada por un seísmo.

«El colapso de un sistema de agua en Sucre, Venezuela, tras un terremoto hace dos meses, ha dejado a muchos sin agua segura, algunos durante más de 20 días», explicó Fletcher en la red social X.

«He asignado dos millones de dólares del Fondo de Emergencia Global de la ONU (CERF) para apoyar las necesidades urgentes de salud, agua, saneamiento e higiene de las familias afectadas», agregó.

El temblor  tuvo lugar la madrugada del pasado 25 de febrero con epicentro en el estado de Sucre, en el norte del país, sin que se reportaran fallecidos.

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Los fondos asignados por Naciones Unidas contribuirán a evitar brotes de enfermedades de origen hídrico por la ausencia de agua limpia o a proporcionar ‘kits’ humanitarios para las familias afectadas por la crisis de agua, que se vio agravada por el terremoto.

La ONU estimó el pasado enero que 7,9 millones de venezolanos requieren ayuda humanitaria, especialmente después de una serie de acontecimientos sísmicos que afectó al país a finales de 2025.

El organismo internacional pidió 632 millones de dólares el pasado abril para brindar asistencia al país, en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria para 2026.

Miles de personas enfrentan una crisis hídrica sin precedentes en Sucre y en la región insular de Nueva Esparta que los ha forzado a depender del agua de mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir a esta situación.

La Gobernación de Sucre, encabezada por la chavista Jhoanna Carrillo, declaró en marzo la «emergencia hídrica» por una «falla estructural» en el embalse Turimiquire tras un «evento telúrico» del que no se conoce una fecha precisa. 

Con información de Efe

La  Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llama a los gobiernos nacional y locales a fortalecer la coordinación de sus acciones, para proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques por parte de grupos armados no estatales, aunando esfuerzos y superando las diferencias.

A través de sus redes sociales, la instancia reiteró su condena por los ataques directos e indiscriminados perpetrados contra la población civil en Cauca y Valle del Cauca, entre el 24 y el 27 de abril, que provocaron la muerte de al menos 20 personas, más de 30 heridos, y otras graves vulneraciones de los derechos humanos.

“La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos exhorta a los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a cesar cualquier ataque en contra de la población civil”

Asimismo, ONU Derechos Humanos reitera que están prohibidos los ataques indiscriminados, los ataques contra la población civil y sus bienes y los ataques a la misión médica, entre otros, y que estos ataques constituyen graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo, saluda las marchas por la paz y por el respeto de los derechos humanos llevadas a cabo por la población civil en Cauca, ayer martes, y espera que su clamor por el cese de la violencia sea escuchado y respaldado por amplios sectores de la sociedad en Colombia.

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🏳️ ONU EXHORTA AL RESPETO DEL DIH@ONUHumanRights en Colombia exhorta a los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y cesar los ataques contra la población civil. Reitera que estas acciones constituyen graves infracciones del DIH pic.twitter.com/LD1IPStEJk

Asimismo, en una nota de la oficina, se recuerda que "en su Informe Anual, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llama al Estado a implementar la política de desmantelamiento"".

Añade que “esta política incluyó dentro de su marco de referencia las cinco buenas prácticas internacionales en derechos humanos para el desmantelamiento del fenómeno criminal. Estas cinco buenas prácticas incluyen la importancia de la inversión social, el acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción y contra el lavado de activos, en las acciones de desmantelamiento del fenómeno criminal”.

La ONU también “llama a implementar la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, la cual incorporó como principios las obligaciones de protección y prevención, que a su vez hacen parte de las obligaciones internacionales del Estado en derechos humanos”.

Igualmente, insta al Estado “a fortalecer las labores de inteligencia del Estado como herramienta fundamental de prevención, a fin de evitar que vuelvan a repetirse ataques en contra de la población civil, y reitera la importancia de la presencia integral del Estado en todo el territorio”.

También “llama a todas las autoridades del sector justicia a garantizar investigaciones efectivas de los ataques ocurridos en los últimos días y a promover la justicia para todas las víctimas”.

Finalmente, ONU Derechos Humanos expresa “su solidaridad con las víctimas, sus familiares, así como con todas las personas del Cauca y Valle del Cauca que están siendo afectadas en sus derechos humanos por los ataques de los actores armados no estatales”.

Con información de prensa ONU

La carrera para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU entró en una etapa clave esta semana. 

Por segunda vez en su historia, la organización abrió audiencias públicas donde los postulantes presentan sus propuestas y responden preguntas de los 193 Estados miembros y representantes de la sociedad civil.

Se trata de un paso hacia la transparencia en un proceso históricamente dominado por la diplomacia de alto nivel y las negociaciones entre potencias.

El cargo de secretario general de la ONU es una de las posiciones más influyentes del sistema internacional, pero el proceso de selección está lejos de ser un simple concurso de méritos.

Desde 1945, la designación debe ser aprobada por la Asamblea General, aunque el verdadero filtro lo ejerce el Consejo de Seguridad, compuesto por quince miembros, de los cuales cinco tienen poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.

En la práctica, cualquier candidato vetado por alguno de estos cinco países queda fuera de carrera, y solo aquellos con el visto bueno del Consejo llegan a la votación final de la Asamblea.

 Esto explica por qué el proceso está marcado por un delicado equilibrio geopolítico y numerosas negociaciones detrás de escena. Los Estados miembros pueden impulsar audiencias y entrevistas públicas, pero las decisiones clave se toman en reuniones privadas entre embajadores.

No hay requisitos estrictos sobre la nacionalidad, el género o la experiencia previa para ser candidato. Sin embargo, existe una tradición no escrita de rotación geográfica, que busca alternar regiones del mundo al frente de la organización. América Latina, por ejemplo, solo tuvo un secretario general en más de 80 años: el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).

El proceso formal contempla la presentación de candidaturas, la exposición pública ante los Estados miembros y la sociedad civil, y finalmente, la deliberación privada en el Consejo de Seguridad. 

Allí, los miembros permanentes pueden ejercer su derecho de veto sobre cualquier postulante. La Asamblea General, donde cada país tiene un voto, ratifica la decisión del Consejo, pero no puede revertir un veto.

Los resultados suelen anunciarse en los meses previos al final del mandato vigente, para dar tiempo a una transición ordenada. El nuevo secretario general asumirá funciones el 1 de enero de 2027.

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Michelle Bachelet (Chile). Tiene 74 años, marcó historia como presidenta de Chile en dos mandatos (2006-2010 y 2014-2018). Es médica y sobrevivió a la represión de la dictadura de Pinochet.

Con amplia experiencia internacional, fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, donde su informe sobre la minoría uigur generó tensiones con China.

Bachelet se define “convencida” de que su trayectoria la prepara para liderar en tiempos de “desafíos de magnitud, urgencia y complejidad sin precedentes”.

México y Brasil la apoyan, pero Chile le retiró el respaldo tras el cambio de gobierno.

Rafael Grossi (Argentina). Diplomático de carrera, Grossi, de 65 años, dirige desde 2019 el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), donde ha gestionado crisis nucleares como el programa iraní y la situación en la planta de Zaporizhzhia bajo ocupación rusa.

Su postulación se apoya en la idea de volver a las bases fundacionales de la ONU: “Salvar a la humanidad del flagelo de la guerra”.

Es considerado un negociador pragmático, habituado a tratar con actores clave del Consejo de Seguridad.

Rebeca Grynspan (Costa Rica). De 70 años, economista y ex vicepresidenta costarricense, Grynspan dirige actualmente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Hija de sobrevivientes del Holocausto, negoció la Iniciativa del Mar Negro entre Rusia y Ucrania para facilitar la exportación de cereales durante la guerra.

Defiende la vigencia de la Carta de la ONU como antídoto contra la fragmentación y la desconfianza internacional. Aunque menos conocida que sus rivales latinoamericanos, su perfil técnico y su liderazgo en organismos multilaterales la posicionan como una opción de consenso.

Macky Sall (Senegal). El expresidente senegalés, de 64 años, es el único aspirante africano. Gobernó Senegal de 2012 a 2024 y sostiene que la paz global solo es posible si se abordan la pobreza, las desigualdades y la vulnerabilidad climática.

Su candidatura cuenta con el respaldo de Burundi, actual presidente de la Unión Africana, aunque no tiene el apoyo de su propio país ni del bloque regional.

Durante su mandato, fue criticado por la respuesta represiva ante protestas políticas, lo que podría jugar en su contra en el proceso de selección.

Tras las exposiciones públicas y la ronda de preguntas, el Consejo de Seguridad realizará consultas privadas para buscar consensos y descartar candidatos vetados. Este proceso puede durar semanas o meses y solo una vez que haya acuerdo, la Asamblea General formaliza la designación. El anuncio oficial suele realizarse hacia fin de año, permitiendo la transición antes de la asunción el 1 de enero de 2027.

La elección del próximo secretario general será decisiva para el futuro de la ONU. El perfil que surja y su capacidad para conciliar intereses opuestos, modernizar la institución y restaurar la confianza internacional determinarán el rumbo de la diplomacia multilateral en medio de un escenario global cada vez más fragmentado e imprevisible.

Con información de Infobae.