Por: Jorge Pérez

Los terremotos que estremecieron Venezuela el pasado 24 de junio, cuando se conmemoraba la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército forjador de libertades, no solo derrumbaron innumerables edificios, viviendas, carreteras y esperanzas, además de la innumerable cantidad de víctimas.

 También derrumbaron uno de los últimos símbolos institucionales que aún sobrevivían en la memoria colectiva de muchos venezolanos: la imagen de una Fuerza Armada que, ante la tragedia, acudía sin titubeos al llamado de su pueblo.

Esta vez no fue así. Durante más de setenta y dos horas, millones de venezolanos se hicieron la misma pregunta: ¿Dónde estaba la Fuerza Armada Nacional?, no era una pregunta política. Era una pregunta profundamente humana.

Quienes tuvimos la oportunidad de conocer otra institución militar recordamos escenas que hoy parecen pertenecer a otro país: helicópteros Super Puma y BEL412 rescatando familias atrapadas, aviones Hércules C130 transportando ayuda humanitaria y personal, hospitales de campaña instalados en cuestión de horas, cocinas militares alimentando damnificados, ingenieros militares abriendo caminos, colocando puentes de guerra entre los escombros y soldados cubiertos de barro trabajando hombro a hombro con la población civil.

Así ocurrió durante la tragedia de El Limón, así ocurrió durante la tragedia de Vargas, así actuaba una institución cuya doctrina colocaba el servicio a la Nación por encima de cualquier otra consideración.

Hoy, en cambio, el pueblo venezolano contempló con desconcierto una ausencia tan prolongada como difícil de explicar. 

No hablamos de una institución improvisada. Si hablamos del componente “más grande” de la Fuerza Armada Nacional, el Ejército venezolano posee un Cuerpo de Ingenieros con brigadas, batallones especializados en construcción, mantenimiento e ingeniería de combate; dispone de unidades logísticas, transporte, sanidad militar, aviación del Ejército y medios concebidos precisamente para intervenir en situaciones de emergencia nacional. 

La Armada cuenta igualmente con cuerpos de ingenieros e infraestructura, mientras los demás componentes poseen capacidades técnicas destinadas al apoyo de operaciones de protección civil.

La capacidad, suponemos, existe. La estructura suponemos que existe y los recursos humanos, al menos sobre el papel, suponemos que existen; salvo que ya no exista la FAN. Entonces surge inevitablemente la pregunta que millones de venezolanos continúan formulándose: ¿Qué impidió que esa capacidad se pusiera al servicio de la población desde las primeras horas de la tragedia?

La respuesta no puede limitarse al silencio. Porque mientras la maquinaria del Estado parecía paralizada, fue la sociedad civil la que dio una extraordinaria lección de solidaridad. Vecinos, médicos, enfermeros, voluntarios, iglesias, universidades, organizaciones no gubernamentales y venezolanos dentro y fuera del país comenzaron a movilizar alimentos, medicinas, equipos y recursos con una rapidez admirable.

Paradójicamente, en esta tragedia la fortaleza institucional no vino desde arriba. Vino desde abajo. Vino del pueblo y esa realidad debería avergonzar a quienes durante años convirtieron a la Fuerza Armada en un instrumento para la confrontación política, desviándola progresivamente de su misión constitucional. Durante más de dos décadas, los venezolanos vimos miles de efectivos desplegados para custodiar elecciones, controlar protestas, instalar alcabalas, administrar empresas públicas, distribuir alimentos, participar en actividades partidistas o ejercer funciones ajenas a la profesión militar.

Para esas tareas nunca faltó personal, pero cuando miles de ciudadanos quedaron sepultados bajo los escombros, aislados por carreteras destruidas o esperando rescate, la capacidad de reacción que tantas veces se exhibió simplemente no apareció con la misma contundencia. 

Esa comparación es inevitable y profundamente dolorosa. Lo más preocupante no es únicamente la tardanza. También resultan profundamente inquietantes las numerosas denuncias difundidas por ciudadanos y medios digitales sobre actos de apropiación indebida de ayuda humanitaria y otras conductas incompatibles con el honor militar. 

Corresponde a las autoridades investigarlas con transparencia y sancionar cualquier responsabilidad individual que pudiera existir. El prestigio de una institución nunca puede construirse sobre la impunidad.

Escribo estas líneas desde una convicción muy personal. Recibí formación en una de las escuelas militares y compartí durante años con quienes posteriormente alcanzaron los más altos grados del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.

 Conocí en la otrora Fuerza Armada oficiales cuya palabra valía más que cualquier condecoración, conocí instructores que enseñaban que el mando y la conducción comenzaban con el ejemplo como principio fundamental, conocí soldados que entendían que el uniforme no otorgaba privilegios; imponía sacrificios. 

Por eso duele tanto contemplar el deterioro moral e institucional de una organización que durante décadas fue una de las instituciones de mayor prestigio del país hasta llegar la fulana V República.

No se trata de nostalgia, se trata de responsabilidad histórica. Porque el uniforme militar jamás pertenece a un gobierno, pertenece a la República, pertenece al pueblo venezolano. Su lealtad no puede estar condicionada por ideologías, intereses personales o proyectos políticos. La Constitución es clara cuando establece que la Fuerza Armada Nacional está al servicio exclusivo de la Nación y ese principio no admite interpretaciones.

Cuando los venezolanos dejan de esperar a sus soldados en medio de una tragedia, algo muy profundo se ha roto y cuando la institución que debería representar protección genera preguntas, dudas o decepción, el problema deja de ser militar para convertirse en un problema nacional.

Venezuela reconstruirá sus ciudades, reconstruirá sus carreteras, reconstruirá sus hospitales, pero existe una reconstrucción mucho más compleja. La reconstrucción del honor institucional, la reconstrucción de la confianza ciudadana y, sobre todo, la reconstrucción de una Fuerza Armada que vuelva a entender que su mayor gloria no consiste en defender a un poder, sino en servir a un pueblo. Porque los pueblos nunca olvidan quiénes estuvieron presentes en las horas más difíciles. Pero tampoco olvidan quiénes brillaron por su ausencia.

Por Jorge Pérez

Las elecciones presidenciales de Colombia 2026 han dejado un panorama matemático fascinante y una lección de humildad para quienes nos dedicamos al análisis político.

 Tras el cierre de las urnas este domingo, la frialdad de los datos nos obliga a guardar las cartas de las predicciones y limitarnos, estrictamente, a los hechos.

Debo comenzar este espacio con una admisión honesta ante mis lectores.

 Tras la primera vuelta, sostuve en estas mismas líneas que la candidatura de Abelardo de la Espriella lograría romper de manera definitiva la "espiral del miedo". 

Arriesgué un pronóstico temerario, proyectando que el candidato de la derecha radical capitalizaría un voto de seguridad tan masivo que superaría el 60% de los sufragios en el balotaje. 

Me equivoqué. El miedo no se disipó con la velocidad esperada y las urnas dictaron una realidad mucho más compleja, reñida y fracturada.

Sin embargo, más allá de los fallos predictivos, el comportamiento de los datos oficiales de la Registraduría Nacional desvela un fenómeno de movilización y realineamiento exprés que merece ser desmenuzado con lupa técnica.

Uno de los detalles técnicos que cambia radicalmente la perspectiva del análisis es el comportamiento del descontento. 

En la antesala de la segunda vuelta, se especulaba que un grueso sector del centro político se refugiaría en la apatía, la abstención o la impugnación. Los datos del preconteo demostraron lo contrario.

El voto en blanco se mantuvo en un tímido 1,63% (apenas 426.845 votos), marcando el porcentaje más bajo registrado en una segunda vuelta desde 2014. Sumado a un residual 0,83% de votos nulos, la conclusión política es contundente: el electorado colombiano decidió tomar partido de forma masiva.

 Ante el dilema de dos modelos de país diametralmente opuestos, la ambivalencia no fue una opción.

La bolsa de votos móviles que se redistribuyó o emergió para el balotaje superó los 5,6 millones de sufragios. Esta gigantesca masa humana se alimentó de dos grifos principales:

•    La caída histórica del abstencionismo: Colombia registró una participación del 63,55% del censo electoral, la más alta en casi siete décadas de sufragio universal. Cerca de 2,4 millones de ciudadanos que decidieron quedarse en casa en mayo, acudieron a las urnas este domingo movilizados por la polarización y la urgencia.

•    Votos huérfanos de la primera vuelta: El electorado que en mayo respaldó opciones como la centroderecha de Paloma Valencia (1,6 millones de votos) o el centro de Sergio Fajardo (1 millón de votos) tuvo que migrar forzosamente.

Las matemáticas del balotaje:

 Eficacia vs. Posición de salida

Al contrastar los fríos números de ambas jornadas, se evidencia una clara paradoja matemática. Iván Cepeda logró captar una cantidad significativamente mayor de "votos nuevos" que su rival en el cara a cara:

Candidato    Votos Primera Vuelta    Votos Segunda Vuelta    Crecimiento NetoIván Cepeda (Pacto Histórico)    9.688.361    12.703.886    +3.015.525Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria)    10.361.499    12.951.856    +2.590.357

¿Cómo se explica entonces que el candidato con menor crecimiento neto terminara ganando la presidencia? 

Aquí aplica a la perfección aquella máxima del argot boxístico: el que pega primero, pega dos veces.

 La ventaja acumulada en el primer asalto de mayo fue un golpe tan sólido que condicionó todo el combate posterior.

El techo alto y la disciplina de la derecha: Abelardo de la Espriella partió con una ventaja estructural enorme al consolidar el 43,74% en la primera vuelta. 

El endoso del uribismo tradicional y las bases de Paloma Valencia operó de forma casi orgánica. Sin embargo, al haber pescado de manera tan masiva desde el inicio, su capacidad de estiramiento natural era menor.

 Capturó lo justo para ganar, muy lejos del 60% que este servidor pronosticó, pero el primer impacto ya estaba dado.

La épica (e insuficiente) movilización de la izquierda: Iván Cepeda hizo la tarea más compleja en términos de ingeniería electoral. Logró encender los motores de la periferia, las zonas costeras y Bogotá, sumando a gran parte del centro político y de sectores que acompañaron a Sergio Fajardo o Claudia López. 

Su crecimiento de más de 3 millones de votos demuestra que el discurso de contención contra la propuesta de De la Espriella fue un catalizador altamente efectivo, pero recibió el embate de un rival que ya corría con ventaja.

En el balance final, la efectividad de Cepeda para sumar apoyos frescos y convencer a los indecisos en el tramo final fue superior en volumen bruto. 

No obstante, la política no solo es velocidad de crecimiento, sino también posición de salida.

Ese primer golpe de De la Espriella en la primera vuelta construyó un blindaje estratégico; un colchón lo suficientemente alto como para resistir la arremetida final y asegurar el control del país por los próximos cuatro años.

 Se abre ahora una etapa donde ya no caben las predicciones: solo queda observar cómo se gobernará a una nación fracturada matemáticamente a la mitad y el gran desafío de El Tigre será sumar voluntades y unir al país a partir del próximo 7 de agoto del 2026 cuando comience un nuevo ciclo de la historia de Colombia.

Por Jorge Pérez

El sistema eléctrico venezolano no resiste más remiendos jurídicos ni reformas cosméticas. Lo ocurrido recientemente en la Asamblea Nacional con la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico no es más que una reacción desesperada y pragmática ante las realidades geopolíticas y de infraestructura que asfixian al país. 

Bajo la intensa presión internacional ejercida por la administración de los Estados Unidos y en medio del tutelaje del régimen, los promotores de esta reforma intentan vender una supuesta "apertura al capital privado" que, al ser examinada bajo el microscopio técnico y legal, se revela como un mecanismo cínico para captar recursos particulares sin ceder un ápice de control centralista y estatizado.

El régimen pretende legislar sobre las ruinas que ellos mismos provocaron mediante la infame fórmula de las "3D": Descuido, Desinversión y Desprofesionalización más la abominable corrupción. 

Antes de que este texto sea sometido a una segunda discusión para su aprobación casi segura —y obligada por un parlamento sumiso que aprueba todo desde arriba sin consultas vinculantes ni la participación de una sociedad civil crítica—, es imperativo desmantelar las costuras de este nuevo engaño.

La propaganda oficial pregona con bombos y platillos que el proyecto busca captar entre 20.000 y 40.000 millones de dólares en capital privado, prometiendo el fin del monopolio absoluto que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ostenta desde el zarpazo estatizador de 2007.

 Se habla de estados pilotos como el Zulia, Los Andes y las zonas industriales de Carabobo; se asoma la incorporación prioritaria de energías renovables como la solar en Occidente y la eólica en Paraguaná; e incluso se diseñan sofisticados artilugios burocráticos como el Fondo de Protección de Tarifas Eléctricas (FOPTEL). Sin embargo, tras bastidores se esconde un laberinto regulatorio diseñado para tomar al capital privado como rehén del Estado.

Fortalezas del Texto (Sobre el Papel): El Cebo en el Anzuelo

Si intentamos rescatar el espíritu meramente nominal de lo que se discute en el parlamento, el proyecto asoma tímidamente algunos elementos que el sector comercial e industrial ha acogido con un suspiro de alivio en medio del colapso:

 1. La Ruptura Teórica del Monopolio: Por primera vez en casi dos décadas se admite el fracaso del monopolio eléctrico de Corpoelec. Abrir el juego a empresas mixtas y operadoras privadas es el reconocimiento explícito de que el socialismo devoró la capacidad operativa del Estado.

 2. Garantías de Protección Jurídica y Arbitraje: Ante la brutal desconfianza histórica que arrastra el país, el articulado incluye el reclamo más exigido por corporaciones transnacionales: cláusulas de arbitraje independiente y mediación neutral para dirimir disputas contractuales.

 3. Esquema Tarifario Autosustentable: Se rompe con el populismo de las tarifas regaladas en las zonas de concesión, permitiendo fijar facturaciones basadas en los costos reales de producción para garantizar una "rentabilidad razonable" al inversor.

Debilidades Estructurales: El Laberinto de la Desconfianza

El gran problema es que el papel lo aguanta todo, pero la realidad del sector eléctrico nacional no. ¿Cuáles son las debilidades insalvables que destruyen la confianza de los inversionistas, de los profesionales que formamos parte del sector y de los usuarios?

 El Centralismo como Espada de Damocles: Modificar el Artículo 8 para permitir empresas privadas, pero someterlas en el Artículo 9 a la discrecionalidad política del operador estatal es un contrasentido. Peor aún, el Artículo 32 centraliza el otorgamiento de concesiones directamente en la figura del Presidente de la República en Consejo de Ministros. El sector seguirá rigiéndose por criterios político-partidistas, no por parámetros de eficiencia técnica.

 La Confiscación Programada

 (Cláusula de Reversión): Los Artículos 33 y 34 introducen una cláusula leonina digna de piratería jurídica. Al extinguirse la concesión —con un tope de 25 años—, todos los bienes construidos o adquiridos se transferirán automáticamente a la República en buen estado y *sin derecho a indemnización alguna*.

 En la práctica de los mercados internacionales, esto se traduce como una expropiación en cámara lenta. Ningún inversionista serio arriesgará capital de gran envergadura bajo esta amenaza.

 El Ahogo a la Autogeneración Distribuida: En lugar de fomentar que las industrias inyecten sus excedentes a la red para aliviar la crisis, los Artículos 50 y 51 ordenan la obligatoria independencia de los sistemas de autogeneración. Además, imponen un techo regulatorio de apenas dos megavatios (2 MW). Superar este límite significa someterse al calvario burocrático y propenso a la corrupción del Ministerio.

Corresponsabilidad Punitiva:

El Artículo 107 amenaza con perseguir civil y administrativamente con nombre y apellido a las juntas directivas de las operadoras por fallas del sistema. Es decir, el privado debe asumir las pérdidas, los riesgos de una red de transmisión destruida por años de abandono estatal, financiar inversiones sociales municipales (Artículos 37 y 57), y si el sistema falla por causas estructurales, ¡pretenden culpar penalmente a la directiva!

Un sector sin blindaje, un país en ebullición

Mientras los legisladores se apresuran en su burbuja legislativa, la realidad social del país le estalla en la cara al régimen. Esta misma semana la dinámica nacional no está marcada por el debate técnico de la ley, sino por el conflicto social: el paro nacional educativo convocado por la Federación Venezolana de Maestros y la APUCV bajo la consigna #ElMagisterioSeQuedaEnCasa, exigiendo salarios dignos frente a un dólar que devora los anuncios de ingreso mínimo integral.

La paradoja es absoluta. El ciudadano común que hoy protesta en las calles por el colapso de los servicios públicos ve con inmenso escepticismo esta reforma. En las regiones más castigadas, como el Zulia y Los Andes, el clamor en redes sociales no es de alegría corporativa; hay un pánico generalizado al "tarifazo". 

La opinión pública se muestra profundamente incrédula ante promesas legislativas como las supuestas indemnizaciones a usuarios por equipos quemados. Saben perfectamente que un salario pulverizado no podrá costear un servicio eléctrico privatizado a medias, mientras las mafias estatales siguen reteniendo la propiedad de la infraestructura matriz.

El camino correcto: las cuatro leyes para el rescate eléctrico

La viabilidad y sostenibilidad de una verdadera reconstrucción eléctrica nacional no pasa por parches tributarios condicionados ni por perseguir penalmente a juntas directivas. En lugar de copiar el nefasto modelo de las leyes exprés de Hidrocarburos y Minería, el camino correcto y patriótico consiste en desenterrar, actualizar y someter a consulta pública el proyecto de Ley Orgánica aprobado en primera discusión en el año 2015. 

Aquel texto planteaba una transformación estructural real, pero la realidad actual de Venezuela exige ir un paso más allá: un marco jurídico moderno e institucionalmente robusto que incorpore cuatro pilares fundamentales que hemos propuesto y defendido de manera categórica:

1. Un Operador Independiente del Sistema (OIS): Una entidad técnica, transparente y despolitizada que gestione el despacho de carga y la operación de la red de transmisión bajo criterios estrictamente económicos y de confiabilidad, separando definitivamente la operación de la propiedad de los activos.

 2. Un Ente Regulador Autónomo: Una comisión de energía independiente del Poder Ejecutivo que dicte tarifas reales basadas en costos eficientes, garantice el libre acceso a las redes de transmisión y distribución, y resuelva conflictos entre actores del mercado sin sesgo político.

3. Una Desincorporación Vertical Efectiva: Permitir una competencia real en las actividades de generación y comercialización, limitando el monopolio estatal a las redes de transmisión debido a su naturaleza de monopolio natural, pero regulado bajo estándares mundiales.

 4. Un Consejo Institucional de Expertos: La conformación de un cuerpo técnico consultivo permanente donde participen las universidades nacionales, las academias y los profesionales de la diáspora representados en organizaciones internacionales especializadas.

Estos pilares no se quedan en la simple retórica. Son la columna vertebral de nuestro “Anteproyecto de Marco Regulatorio”, un esfuerzo concienzudo y robusto que ya estamos traduciendo en instrumentos legales concretos.

 Una vez culminados, introduciremos formalmente esta propuesta alternativa al país a través de cuatro leyes claves:

 1. Ley Orgánica sobre la Reestructuración de los Servicios Públicos Eléctricos: Para desmantelar el monstruo ineficiente de Corpoelec y separar las funciones de la industria.

 2. Ley sobre Mercados Mixtos de Energía e Inversión Privada: El verdadero blindaje jurídico, con reglas claras y protección real que los capitales transnacionales exigen para volver a confiar en el país.

 3. Ley sobre Energía Renovable Descentralizada y Empoderamiento del Prosumidor: Para romper los candados burocráticos actuales, permitiendo que la industria y el ciudadano generen, consuman e inyecten excedentes a la red de forma interactiva y moderna.

 4. Ley Nacional sobre Eficiencia Energética y Redes Eléctricas Modernas: Una visión de futuro para digitalizar el consumo y optimizar la infraestructura sobreviviente bajo estándares del siglo XXI.

Mientras el andamiaje legal dependa del capricho centralista y la improvisación de un régimen dictatorial, nada estará seguro ni blindado. El capital de Occidente o de la India puede coquetear con las concesiones amparado en licencias geopolíticas temporales, pero la verdadera luz solo volverá a Venezuela cuando las reglas del juego sean claras, las instituciones sean independientes y la confianza deje de ser un eslogan de propaganda para convertirse en una sólida realidad jurídica a través de una propuesta seria como la que hoy ponemos sobre la mesa.

Por Jorge Pérez

 Los agoreros de oficio y los profetas del desastre suelen rasgarse las vestiduras cada vez que un proceso electoral dibuja un mapa político polarizado. Con un dramatismo casi teatral, intentan asustar a la opinión pública esgrimiendo que el país está "irreparablemente fracturado" o al borde del abismo.

 Nada más distante de la realidad y de la ciencia política. La verdad histórica y sociológica nos demuestra que la división de una sociedad en dos grandes bloques no es una anomalía contemporánea ni un síntoma de enfermedad institucional; es, por el contrario, la dinámica natural y tradicional de los sistemas democráticos consolidados. 

Lea también: El problema del SEN se resuelve en las redes eléctricas, no en las redes sociales

 A lo largo de la historia, las sociedades libres han canalizado sus diferencias a través del bipartidismo o de la conformación de dos grandes coaliciones antagónicas.

 Lo vimos en la Colombia histórica de liberales y conservadores; en la Venezuela de los tiempos de Acción Democrática y COPEI; en el México del PRI y el PAN; y lo seguimos viendo de forma nítida en democracias anglosajonas como el Reino Unido con laboristas y conservadores, o los Estados Unidos con demócratas y republicanos. 

Los partidos tradicionales sufren procesos metamórficos, cambian de nombre, refrescan sus etiquetas, pero la estructura binaria del tablero permanece. Esta tensión no determina el fin de una sociedad, sino que la dinamiza. 

Cuando existe una ciudadanía consciente, separación de los poderes del Estado y un orden jurídico que se cumple y hacen cumplir, la democracia se fortalece a través de dos mecanismos sagrados: la alternabilidad y el voto castigo. 

Cuando un modelo de gobierno agota sus promesas o comete errores graves, el ejercicio del sufragio universal se convierte en la herramienta pacífica para producir un cambio de rumbo.

 La alternancia es el oxígeno de la libertad, y el mapa dividido es solo el reflejo de un pueblo procesando sus opciones.

 Colombia no es la excepción a esta regla global; siempre ha sido un país de intensos debates ideológicos y geográficos, incluso en medio de más de sesenta años de fuerzas irregulares pretendiendo el poder mediante el uso de las armas, y pretender alarmar con ello hoy en día es ignorar la historia. 

 Ahora bien, para entender el escenario que enfrenta Colombia de cara al balotaje del próximo 21 de junio, es indispensable engranar esta normalidad democrática con un factor distorsionante y complejo: la realidad del orden público en las periferias y fronteras de la nación. Los recientes resultados de la primera vuelta electoral han dejado ver un mapa aparentemente dividido en dos mitades casi simétricas.

 Sin embargo, como aficionado del análisis de la geopolítica y observador de los comportamientos electorales, sostengo la tesis de que los fríos datos de las encuestas previas y los mapas del preconteo ocultan un fenómeno sociológico subterráneo: el factor de la coacción y la timidez del elector. 

En ciencia política conocemos bien la "espiral del silencio". En aquellas regiones del país golpeadas por la intimidación criminal de grupos irregulares y disidencias —zonas periféricas que hoy lucen pintadas con el color del oficialismo—, el ciudadano común se ve obligado a mimetizarse por razones de estricta supervivencia. 

Ante la llamada telefónica de una encuestadora o el abordaje en calle, el votante, por temor y prudencia, prefiere responder alineándose con la fuerza que ejerce el control territorial en su día a día. De ahí el aparente favoritismo inicial que los sondeos le otorgaban a la opción de Iván Cepeda. 

Es precisamente en este punto donde visualizo, desde mi pericia y experiencia en el análisis político, la gran sorpresa que descolocará a las firmas encuestadoras en la segunda vuelta.

 Los resultados del pasado domingo no solo demostraron la fortaleza y el crecimiento vertiginoso de la candidatura de Abelardo de la Espriella, sino que enviaron un mensaje contundente a todo el territorio nacional: la oposición al modelo actual es sólida, mayoritaria en el corazón productivo del país y está lista para gobernar. 

Este hecho genera un efecto psicológico de enorme magnitud en las regiones coartadas. Al ver que existe una alternativa real y fuerte, el ciudadano de la periferia empieza a romper su aislamiento; empieza a comprender que no está solo. 

Mi previsión geopolítica es que, de cara al balotaje, va a ocurrir una migración silenciosa pero masiva de votos. El discurso de severidad institucional, la mano firme contra las bandas delincuenciales y la promesa de restituir el orden que abandera "El Tigre" De la Espriella, se convertirán en el refugio de confianza para miles de colombianos que en primera ronda se sintieron coaccionados.

 En los días venideros, las encuestas probablemente seguirán mostrando un país en empate técnico o una fotografía fija e inmóvil, porque el miedo en el entorno vecinal no se evapora para responder un cuestionario. 

No obstante, en el secreto soberano de la urna electoral, donde las armas de los grupos irregulares no tienen poder de fiscalización, el pueblo colombiano perderá el temor. Una porción significativamente alta de electores que en público o en encuestas dicen respaldar la continuidad de Cepeda, terminarán depositando su voto por la severidad y el rescate institucional que representa Abelardo de la Espriella. 

La verdadera fractura no está en la sociedad colombiana; la fractura se dará en los pronósticos de los agoreros cuando la realidad del voto libre eche por tierra el relato del miedo. 

La democracia, una vez más, demostrará su capacidad de autorregulación a través de la contundencia de un pueblo que decide cambiar su destino dándole un severo golpe de repulsión a la izquierda trasnochada representada hasta ahora por Gustavo Petro e inspirada en el mal llamado “Socialismo del siglo XXI. 

Las desapariciones forzosas representan una de las violaciones más graves de los derechos humanos, un delito que implica la privación de libertad por parte de agentes estatales o grupos con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer el hecho o el paradero de la víctima, sustrayéndola de la protección de la ley. Este crimen, que tuvo un auge durante las dictaduras militares en América Latina en el siglo XX, sigue siendo una realidad dolorosa en contextos contemporáneos como el de Venezuela.

A continuación, se compara la situación actual en mi país, con lo ocurrido en las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, destacando similitudes, diferencias y el impacto de la ausencia de separación de poderes en la justicia y el debido proceso.

Las Dictaduras del Cono Sur: Un Legado de Terror SistemáticoDurante las dictaduras militares de Argentina (1976-1983), Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990) y Brasil (1964-1985), las desapariciones forzosas fueron una herramienta clave del terrorismo de Estado. En Argentina, se estima que unas 30,000 personas desaparecieron, muchas de ellas secuestradas, torturadas y asesinadas en centros clandestinos como parte del «Proceso de Reorganización Nacional».

En Chile, bajo el régimen de Augusto Pinochet, más de 3,000 personas fueron desaparecidas, con casos emblemáticos como los «detenidos desaparecidos» documentados por la Comisión Rettig.

En Uruguay, aunque la cifra oficial es menor (alrededor de 200 desaparecidos), el impacto fue profundo en una población pequeña, y las desapariciones se vincularon al Plan Cóndor, una coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas.

En Brasil, las desapariciones fueron menos masivas (alrededor de 400 casos), pero igualmente sistemáticas, dirigidas contra opositores políticos durante el régimen militar.

En estos países, las desapariciones forzosas se ejecutaron bajo un esquema centralizado y clandestino, respaldado por el control absoluto del poder militar sobre las instituciones. La falta de separación de poderes fue un factor determinante: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estaban subordinados al régimen, eliminando cualquier posibilidad de investigación independiente o

rendición de cuentas. El debido proceso fue inexistente; las víctimas eran detenidas sin órdenes judiciales, incomunicadas y, en muchos casos, eliminadas sin dejar rastro. La justicia, al estar cooptada, no ofrecía protección ni reparación.

Venezuela: Desapariciones Forzosas en un Contexto Autoritario Contemporáneo

En la Venezuela actual, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, las desapariciones forzosas han resurgido como una práctica represiva, aunque con características distintas a las de las dictaduras del Cono Sur. Según organizaciones como Foro Penal, se registraron 200 casos en 2018 y 524 en 2019, con una tendencia a ser de corta duración (promedio de cinco días), eso no eclipsa la terrible tragedia de los seres humanos ejecutados extrajudicialmente por el régimen de Maduro, tal como ha sido denunciado y debidamente documentado con pruebas que resultan incontrovertibles.

Estas detenciones suelen involucrar a cuerpos de seguridad como el SEBIN o la DGCIM (escuadrones de persecución bajo el mando conjunto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello), y se dirigen a opositores políticos, activistas o ciudadanos críticos. Un informe de la ONU de 2019 señaló que estas

desapariciones son parte de una estrategia para «censurar opositores e infundir miedo», acompañadas frecuentemente de torturas y violaciones al debido proceso.A diferencia de las dictaduras clásicas, donde las desapariciones eran masivas y a menudo permanentes, en Venezuela predominan las de corta duración, posiblemente para evitar el escrutinio internacional que generan casos prolongados. Sin embargo, la esencia del delito persiste: las víctimas son secuestradas sin órdenes judiciales, mantenidas en secreto y negadas a sus familias, mientras el Estado evade responsabilidad. Ejemplos como el de Ariana Granadillo, detenida y torturada en 2018 por su vínculo con un opositor, ilustran esta dinámica. En la actualidad destaca el caso de Rafael Tudares yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, así como los centenares de disidentes, entre ellos calificados líderes adscritos al comando Con Venezuela, que están igualmente en situación de desaparición forzosa.

Similitudes y Diferencias

Las similitudes entre Venezuela y las dictaduras del Cono Sur son claras: en ambos casos, las desapariciones forzosas son un instrumento de represión política ejecutado por fuerzas estatales, con la intención de silenciar disidencia y generar terror.

La negación oficial del paradero de las víctimas y la ausencia de garantías legales también son un hilo conductor. Sin embargo, hay diferencias significativas. En las dictaduras, las desapariciones eran parte de un plan sistemático y masivo, a menudo coordinado regionalmente (como el Plan Cóndor), mientras que en Venezuela responden a un contexto de crisis política y económica, con un carácter más reactivo y menos estructurado. Además, las dictaduras operaban en un marco de Guerra Fría y control militar total, mientras que Venezuela pretenden mantener una fachada democrática que encubre prácticas autoritarias, mientras convocan elecciones cuyos verdaderos resultados no reconocen ni acataran.

Un punto común crucial es la erosión de la separación de poderes. En las dictaduras, los regímenes militares subsumieron al Poder Judicial, eliminando su independencia. En Venezuela, el control del Ejecutivo sobre el Tribunal Supremo de Justicia y el sistema judicial ha neutralizado cualquier posibilidad de supervisión o sanción a los perpetradores. Esto se refleja en la impunidad que rodea a las fuerzas de seguridad y en la falta de investigaciones creíbles sobre estos crímenes.

Conclusión: Sin Separación de Poderes, No Hay Justicia

La comparación entre Venezuela y las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil revela una verdad ineludible: donde no hay separación de poderes, no hay justicia, porque desaparece el principio del debido proceso. En los regímenes del Cono Sur, la fusión de los poderes bajo el mando militar anuló toda posibilidad de protección legal para las víctimas de desapariciones forzosas.

En la Venezuela contemporánea, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo perpetúa la impunidad y deja a los ciudadanos indefensos frente a la represión estatal. El debido proceso —que incluye el derecho a un juicio justo, a la defensa y a la transparencia— se convierte en una quimera cuando no existen instituciones independientes que lo garanticen. Así, tanto en el pasado como en el presente, la ausencia de checks and balances transforma a la justicia en un instrumento del poder, en lugar de un bastión de los derechos humanos.

La lección es clara: sin una separación efectiva de poderes, las desapariciones forzosas no solo persisten, sino que se normalizan, perpetuando un ciclo de violencia e injusticia.@Alcaldeledezma

Sin titubeo alguno, el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, caracteriza a Nicolás Maduro como “un dictador”. A eso se agrega la razón fundamental de la emisión de los carteles en los cuales se ofrece recompensa por su captura: “son una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos”. Esa misma descripción hizo de Nicolás Maduro el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien en su estreno en esa responsabilidad, sostuvo una reunión con Edmundo Gonzalez Urrutia y María Corina Machado, el resultado de dicho encuentro fue dado a conocer por la propia oficina del Canciller estadounidense, reconociendo que “había conversado con el Presidente Legítimo de Venezuela y con la líder de la lucha de resistencia que mantenemos los ciudadanos venezolanos, con el propósito irrenunciable de hacer valer el resultado electoral obtenido, contra viento y marea, el pasado 28 de julio”. Esa misma declaración fue reiterada por Marco Rubio en su periplo inaugural por Latinoamérica, puntualmente en República Dominicana, en donde fue incautado otro de los lujosos aviones que utilizan los integrantes de esa corporación criminal que lidera Maduro.

Esa es la verdad inocultable que Maduro y sus operadores tratan de desvirtuar, pretendiendo hacer ver que la presencia en Venezuela del comisionado trumpista Richard Grenell, es la reedición de aquella sorprendente operación avalada por la administración de Joe Biden de la que sacó provecho el régimen madurista, cuando logró rescatar a sus parientes condenados por narcotráfico y a su testaferro Alex Saab, a cambio de liberar a unos ciudadanos estadounidenses que Maduro mantenía como rehenes. También consiguieron un alivio de las sanciones petroleras, previamente jurando que “respetarían y cumplirían los acuerdos suscritos en el diálogo de Barbados”. En esta ocasión la situación es diametralmente distinta. Ya no vimos en escena al gritón y desafiante Maduro, sino a un dictador que se esmeró en adornar con banderas de los Estados Unidos los espacios del Palacio de Miraflores, sin poder simular que tenía “el rabo entre las piernas”, con esa sonrisita neurasténica en la cara de un hombre rastrero y sumiso.

Ya sabemos lo que ha ocurrido. Maduro incumplió su palabra y consuma en la actualidad un golpe de Estado a la soberanía popular que sufragó a favor de Edmundo González Urrutia. Maduro desarrolla un diabólico Terrorismo de Estado, mientras facilita la ocupación de nuestro territorio por fuerzas militares propias y extranjeras con la descarada intención de mantenerse en el poder que usurpa, a costa de la paz y de la estabilidad de nuestro hemisferio.

Basamos este análisis en acontecimientos verificables en la realidad. Uno de ellos está en la promesa medular de Donald Trump de garantizar la seguridad de sus connacionales. Es un hecho absolutamente cierto que en Colombia ha crecido el número de hectáreas en las que se siembra la hoja de coca. También que desde el territorio venezolano siguen saliendo, con rumbo a EEUU y hacia Europa, inmensos cargamentos de cocaína. Fue por eso que en su primera administración el presidente Donald Trump dispuso establecer un cerco antinarcóticos, porque estaba al tanto de cómo, desde el territorio venezolano, se despachan cargamentos de cocaína hacia espacios estadounidenses. Ese tráfico se ha incrementado considerablemente desde el año 2020. También fue en ese anterior mandato de Donald Trump, cuando se publicitaron los avisos ofreciendo recompensa por la captura de Maduro y algunos de sus socios, al relacionarlos con las prácticas propias del crimen organizado.

Las sangrientas confrontaciones que se están dando en la franja del Catatumbo-territorio entre Colombia y Venezuela-obedecen a una disputa entre las facciones narcoguerrilleras del Ejército de Liberación nacional (ELN) y las agrupaciones disidentes de las Fuerzas Armadas de Cooperación de Colombia (FARC), que pugnan por el control de ese diabólico negociado que genera no menos de 6.000 mil millones de dólares, traficando entre 300 y 350 toneladas de cocaína y manejando sembradíos-solo en ese ámbito del Catatumbo-que superan las 54.000 hectáreas de hojas de coca. Ante esa tragedia retumban las denuncias formuladas por el Comandante del Estado Mayor Central de las FARC de Colombia, Alexander Diaz Mendoza, más conocido como “alias Calarcá Córdoba”, acusando a militares obedientes a Maduro que “se prestan a atacar la infraestructura de las FARC, para favorecer a las facciones del ELN”.

No menos significativo es el hecho cierto de que en las oficinas de identificación de Venezuela, se documentan a piezas del terrorismo internacional encubiertos por la administración madurista. Esas pruebas fehacientes las mostró públicamente la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Eso es, aunado al creciente narcotráfico, sin lugar a dudas, una seria amenaza para la estabilidad y la seguridad del hemisferio occidental, que ha prometido resguardar el recientemente reelegido presidente Donald Trump. Al mismo tiempo en territorio venezolano se ha instalado un santuario para estos grupos terroristas como las FARC, ELN, Hezbolá y Hamas. No menos significativo es el entramado geopolítico que sostienen con Rusia, China e Irán.

Otro drama humanitario lo representa el flujo migratorio. Desde que Nicolás Maduro, el pasado 29 de julio, protagonizó el fraudulento acto de proclamación para presentarse como presidente reelecto, las oleadas de seres humanos tratando de ponerse a buen resguardo, siguen atravesando las trochas ubicadas entre la frontera colombo venezolana, o buscando establecerse en territorio de Brasil o desafiando el infierno que representa la Selva de Darién. Debe tenerse muy en cuenta que este drama humanitario se intensificará, tanto y en cuanto Nicolás Maduro logre establecerse definitivamente como dictador en Venezuela. Si, por el contrario, Edmundo González y María Corina Machado asumen la transición en Venezuela, no será menester realizar deportaciones, ya que los venezolanos en la diáspora comenzarán a retornar voluntariamente a nuestro país.

Desde Venezuela, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, no han disimulado su empeño en acoplar bandas peligrosísimas con mucho poder de fuego, como las Bandas del Tren de Aragua y otras tantas articuladas por la dictadura venezolana que operan en territorio de Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y con las organizaciones delincuenciales que controlan la llamada Triple Frontera desde el Perú. Ellos son los autores intelectuales del sicariato que segó la vida del Teniente Ojeda en Chile. Ellos son los capos de esas bandas. Basta con ver el regocijo de Diosdado Cabellos “dándole la bienvenida” a los deportados desde Estados unidos, todos muy sonrientes. Nadie en su sano juicio expresaría felicidad, retornando al país que todos amamos, pero sabiendo que la tragedia humanitaria que los aventó al destierro sigue vigente y con tendencia a agravarse.

Es justo advertir que “no pueden pagar justos por pecadores”, la inmensa mayoría de los venezolanos desterrados son gente decente, trabajadora, que produce riquezas, que paga sus impuestos, que se esmera en dejar bien parado el gentilicio venezolano. Los ciudadanos venezolanos que han tramitado su asilo, que han gestionado su respectivo TPS, en capacidad de demostrar que, si son colocados en las garras del régimen madurista, sus vidas y su sagrada libertad estarán en riesgo, esos miles de venezolanos merecen un tratamiento especial por parte de las autoridades de los países en los que se han resguardado, incluido los EEUU, que ha suscrito el Convenio de Protección del Refugiado, cuyo estatuto-artículo 33-establece que “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad por causa de su raza, posición política, religión, corra peligro…”.

También con Maduro en el poder continuará la explotación de minerales como el oro y otras materias primas que son usufructuadas, sin reparar en el inmenso daño ecológico que le ocasionan al territorio correspondiente al Arco Minero venezolano, que representa el 12.5 % del territorio nacional. También la continuación de Maduro equivale a que la economía venezolana seguirá en bancarrota y ningún acreedor, incluido los tenedores de bonos ni los chinos, podrán recuperar un céntimo de sus respectivas acreencias.

Venezuela cuenta con significativas reservas probadas de hidrocarburos. Bien se sabe que, sin seguridad Jurídica y sin una nueva ley de Hidrocarburos que retome el esquema de la Apertura Petrolera, ni Estados Unidos podrá recibir en la Costa del Golfo el crudo extrapesado que posee Venezuela, ni los países del Caribe recibirán beneficio solidario alguno. Los yacimientos gasíferos, de los más grandes del mundo (La Perla y Dragón), y los pozos petroleros seguirán dormidos, ante un régimen que no ofrecerá jamás atractivos ni incentivos para retomar esos programas de explotación, que hagan de Venezuela el hub energético que aspiramos construir y en el cual podrán jugar un rol fundamental todas las empresas interesadas en formalizar negocios legales, seguros y transparentemente con Venezuela.

En conclusión, para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad de nuestro hemisferio, se hace indispensable desatar y resolver esos nudos antes citados. Eso implica liberar a Venezuela de esta tiranía. No hay de otra.

Antonio Ledezma, Coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado y Edmundo Gonzalez Urrutia.

La persecución contra María Corina Machado responde a una obsesión por parte de los capos del régimen que mantienen secuestradas las instituciones venezolanas. Puedo dar fe de que todos esos acosos responden a una manía de vieja data, suman más de dos décadas de acoso, que suman agravios verbales, agresiones físicas y medidas judiciales que buscan paralizar sus acciones dentro y fuera del país.

A María Corina le arrebataron malamente su fuero parlamentario, antes la habían golpeado salvajemente dentro del hemiciclo legislativo, ante la mirada cínica de un Diosdado Cabello que no ocultaba su éxtasis, mientras miraba embelesado, por su odio congénito, como sus activistas cumplían la sucia misión de ultrajar a esa mujer que supo sobreponerse a esa escalada. No le perdonaban que María Corina se atreviera a denunciar la conducta antipatriótica de Chávez y de Maduro de ceder nuestros derechos y soberanía en el esequibo venezolano. No le perdonaban que María Corina se atreviera a decirle de frente a Hugo Chávez,  que “expropiar es robar”, al momento de enrostrarle de pie, cara a cara, en el salón de sesiones del Palacio Federal, la escalada expropiatoria que Chávez estaba promoviendo como parte de su nefasto Plan del Socialismo el Siglo XXI. 

A María Corina le están facturando su consistencia política, sus definiciones ideológicas que no dan lugar a tornasoles ni a posturas camaleónicas. Le cobran esa tenacidad y constancia que la muestran como una mujer con ideales que le sirven para saber por dónde desplazarse, marcándole rumbos definidos a los venezolanos que creen en sus postulados.

María Corina es la mujer corajuda que no teme a las amenazas, que sabe la dimensión de los riesgos que se le asoman con la intención de detenerla en ese avance que no ha frenado sino que más bien acelera sus pasos para poder haber llegado hasta donde nos encontramos ahora.

Para la dictadura de Maduro, María Corina es una gigantesca roca en sus desgastados zapatos. Es la mujer que se ha mantenido luchando, sin treguas, día tras día, para hacer posible que realizáramos las gloriosas elecciones primarias el pasado 22 de octubre de 2023. María Corina es esa dirigente que, cuando proclama que “Venezuela está por encima de nuestras ambiciones personales”, lo confirma en la vida real, si nos atenemos a que, después haber sido malamente inhabilitada, no explotó en ira, sino que se mantuvo serena y reflexiva, transitando esa minada senda electoral y le dio el respaldo a Edmundo González Urrutia para que asumiría el testigo y cumpliera la honrosa misión de ser nuestro abanderado presidencial el pasado 28 de julio.

A María Corina no le perdonan haber organizado la legión de Comanditos a lo largo y ancho del país. Ese ejército de ciudadanos armados de la Constitución Nacional, de las leyes y reglamentos electorales, que realizó la heroica hazaña de acopiar las miles de actas con las que hemos podido demostrar la contundente victoria alcanzada con casi ocho millones de votos depositados a favor de Edmundo González Urrutia. Para Maduro resulta insoportable esa mujer de acero, que se desplazó por todos los rincones del país alborotando el avispero de la esperanza de un pueblo aletargado, que encontró en su voz el llamado de conciencia que movilizó a millares de familias que claman por la reunificación de todos sus hijos en el seno hogareño.

Por eso Maduro la persigue y la amenaza de muerte. Porque no es que simplemente busque someterla a prisión, es que realmente entre sus planes oscuros está contemplada su desaparición física. Esa es la verdadera intención de ese régimen que tiene y ve a María Corina como la “responsable de su desgracia”. Así lo confiesa Maduro a Cilia en su círculo más íntimo; cuando delira, entre griterías ensordecedoras, ordenándole a sus esbirros que la sigan buscando, aunque sea “debajo de la piedras”. De allí sus desvaríos y discordancias, ya que un día sale con sus peroratas en presentaciones televisadas asegurando que “María Corina se fue del país”, y al siguiente día dice que “la estamos buscando dentro del territorio nacional”. La verdad es que María Corina los tiene locos.  

La persecución es la herramienta preferida y a razón de este ocaso madurista, la única  arma disponible a falta de respaldo popular  y del inocultable descalabro de su aparato partidista, cuyos activistas no ocultan el desgano que los embarga. Maduro pide desesperadamente orden de captura contra Edmundo Gonzalez Urrutia, pero la Interpol desecha tal requerimiento por carecer de sustentabilidad. Maduro instruye a su fiscal de marras para que “abra un expediente contra María Corina”, pensando que de esa forma la intimidará, como si no supiera de que madera está tallada esa mujer, que junto con Edmundo, lo ha sepultado debajo de una montaña de votos.

Lo cierto es que Maduro está en el medio de unas bandas que se pelean por el resto de ese botín revolucionario. Por una parte los hermanos Rodríguez que se fajan con Diosdado Cabello, quien remonta la cuesta del poder a costa de los cadáveres políticos de sus supuestos “compañeros del alma”, como lo era Tareck Al Aissami. Todos se odian entre si, desconfían el uno del otro, pero, por ahora, los une el delito y el miedo de terminar como han terminado todos los ministros petroleros de Chávez y de Maduro.

Nicolás Maduro comenzó este nuevo año mintiendo. Esa es su naturaleza: engañar. En una entrevista, evidentemente arreglada con Ignacio Ramonet, uno de sus pistoleros preferidos dedicados a disparar desde los medios de comunicación para propagar toda esa narrativa que busca desvirtuar la realidad de lo que ocurre en Venezuela, pretende colocar al parapeto de Fiscalía General de la República como un dechado de virtudes. Bien se sabe que ese ente ha devenido en un instrumento de persecución política al servicio de la dictadura.

Por tal razón fue noticia de rango mundial el hecho de que “en la Corte Penal Internacional, CPI, entre los días 7 y 8 de noviembre, la Sala de Apelaciones realizó una audiencia pública e histórica para resolver una incidencia: la apelación del Estado venezolano contra la decisión previa de junio, de la Sala de Cuestiones Preliminares, de reanudar la investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La investigación de la Fiscalía ante la CPI se inició en 2018 con la finalidad de comprobar si los funcionarios policiales y militares, que reprimieron duramente las protestas ciudadanas desde 2014 y que ocasionaron varios cientos de muertos y heridos, cometieron delitos de lesa humanidad, así como la responsabilidad de altos representantes del régimen de Nicolás Maduro en esos hechos. Las víctimas, unas 2.600 de las casi 9000 registradas, estuvieron representadas por la abogada Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI”.

Otra mentira fue querer hacer ver que “Maduro está cumpliendo cabalmente los acuerdos ultimados en Barbados”, cuando lo cierto es que siguen privados de su libertad centenares de venezolanos inocentes. Además, no terminan de rectificar respecto a la inexistente inhabilitación que, arbitrariamente, han querido aplicarle a María Corina Machado.

Otra mentira esta relacionada con el uso indebido de la figura del Libertador Simón Bolivar y la reiterada alteración de los acontecimientos históricos. Maduro hace referencia a los proyectos del Libertador plasmados en varios documentos y eventos por él promovidos, como el Congreso de Panamá de 1826. Maduro dice que “Bolivar intentaba constituir un poderoso bloque de naciones, una unión de repúblicas… La traición se impuso, la intriga imperial se impuso, y el proyecto de Bolívar fue apuñalado, fue traicionado, fue mancillado, fue olvidado… Y luego, de donde debió haber nacido un poderoso bloque, quedaron existiendo diez, quince, veinte “republiquitas”, pudiéramos decir entre comillas, con el respeto a todos, pero quince “republiquitas”, todos por su lado, todos dominados”. Maduro pasa de largo sobre sus propias traiciones, porque bien se sabe que él actúa como un dócil tutelado de la nomenclatura castrista ante la cual han rendido la independencia conquistada por nuestros libertadores en la guerra de independencia. ¿Quiénes han permitido que nuestro territorio este invadido por fuerzas extranjeras de origen ruso, iraní, chino, cubano? ¿Quiénes dejaron de defender oportunamente nuestros derechos históricos sobre el territorio en reclamación en el Esequibo?

Otra mentira espetada por Maduro es la que articula con la complicidad de su entrevistador para presentar a Alex Saab como “una víctima”, cuando bien se sabe que es su testarrefo favorito. Que a ese oscuro personaje no lo investigaron ni detuvieron por ser “un revolucionario”, sino por sus andanzas relacionadas con el crimen organizado. Por perpetrar operaciones irregulares con la comida de millones de familias venezolanas, así también por ejecutar manipulaciones comerciales y financieras conexas con el oro y el petróleo venezolano.

Pero la mas gigante de las mentiras de Maduro es cuando dijo: “Tenemos diez trimestres de crecimiento económico continuo que empezó a finales del 2021. Y hemos logrado mantener un crecimiento en lo que yo (Maduro) definí como la Agenda Económica Bolivariana, 18 motores, los 18 motores van paso a paso; esos 18 motores necesitan políticas públicas, incentivos, inversión, mercado nacional, mercado internacional, buena gestión pública, buena gestión privada, buena coordinación”.

Veamos la verdad de los hechos: El Bolívar, el signo monetario del país, está más devaluado que nunca. Al momento de escribir esta crónica lo cierto es que “siguió perdiendo valor frente al dólar estadounidense, pasando de Bs 18,13 por dólar el 30 de diciembre 2022 a Bs 39,10 el 29 de diciembre 2023, un aumento de 116% durante 2023”. En ese lapso se da otro hecho digno de citar: “el BCV perdió 140 millones de dólares en reservas internacionales y la inflación llegará a 280% en el año, según cálculos del IVF, la más alta del continente y del mundo”.

Ahora veamos qué pasa con el salario de los venezolanos del que debería depender “el pan nuestro de cada día”. Pues bien, “el salario mínimo actual en Venezuela es de 130 bolívares, es decir, equivalente a US$3,66, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, esto solo es el 1% de la canasta básica familiar. Es el más bajo del continente.

Otra cosa, veamos que acontece en el país con inmensas reservas de hidrocarburos: “en 2023 continuó la escasez de gasolina, afectando la movilidad de las personas y de bienes, a pesar que en el año se consumieron internamente apenas 62 mil b/d en promedio. Como referencia, en el año 2012 se consumieron internamente 300 mil b/d de gasolina”.

Otro caso insólito es que en el país que cuenta con una de las reservas hídricas más grande del planeta Tierra, “la escasez de agua potable es una tragedia cotidiana”, a esas calamidad se suman la del transporte público, las frecuentes fallas de electricidad, la pobreza en general y los bajísimos salarios seguirán azotando al venezolano en 2024. Es el resultado del modelo socialista”.

Por todo lo antes dicho, que es la verdad demostrable en cualquier escenario, es que “el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 4.351 protestas a nivel nacional durante el primer semestre de 2023, un incremento de 12% en comparación con el mismo período de 2022. Las protestas por los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA) se mantuvieron como el epicentro de las movilizaciones, representando el 86% de todas las registradas”.

En conclusión, nada se ha arreglado en un país cuya única salida para librarse de esta catástrofe es realizar este año elecciones libres en las que los ciudadanos elijan a su nueva presidenta, que sin duda será María Corina Machado.

Y pensar que todo comenzó por la ubicación en un asiento. Fue aquel día 28 de agosto de 1789 cuando los constituyentistas reunidos como integrantes de la Asamblea Nacional (fruto de la Revolución Francesa) convocados para que se manifestaran a favor o en contra de un polémico artículo de la naciente Constitución, se repartieron, unos a la derecha y otros a la izquierda del Presidente de la Constituyente. Los que se inclinaban a favor de la potestad del veto absoluto del rey a las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional que sobrevendría a la Constituyente, se colocaron a la derecha del Presidente de la Asamblea; mientras que se sentaron a la izquierda del presidente de la Asamblea Constituyente, los inclinados por una postura contraria, precisando que el rey debería gozar de la potestad de vetar de forma suspensiva y limitado en el tiempo, colocando la Soberanía Nacional en alto relieve.

A partir de ese acontecimiento, una vez instalada la nueva Asamblea Nacional el 1 de octubre de 1791, nace el Club des Feuillants y los glamorosos girondinos, apasionados voceros republicanos de la burguesía. Esa condición la daba la colocación de los diputados que se apostaban a la derecha; mientras que la contraparte la representaban los izquierdistas jacobinos, expresión de la pequeña burguesía; otros, arremolinados en el Club de los Cordeliers, símbolo genuino del pueblo llano parisino. Desde entonces ser de derecha se vincula a quienes se muestran contrarios a los cambios, y contrariamente ser izquierdista indica que se inclinan por patrocinar las transformaciones políticas y sociales.

Con el transcurrir del tiempo se han dado procesos políticos en los que interactúan partidos políticos que se autodenominan de izquierda que respaldan elecciones libres en sus respectivos países. Muchos se arropan con las insignias de la Socialdemocracia, izando las banderas reformistas de la igualdad social y apelando al esquema del Estado de Bienestar. Por lo general predomina un credo en la necesidad de la intervención del Estado en todos los asuntos públicos e, incluso, invadiendo la esfera de lo que llamamos sector e iniciativa privada. Aquí es factible observar una confusión entre partidos socialistas que terminan mostrando los rasgos del comunismo. Derivan en movimientos que utilizan términos propios de la democracia, pero en la práctica son aparatos autoritarios, autocalificados como movimientos “revolucionarios”, populistas, y proclives a instaurar regímenes totalitarios, desconocedores de los derechos humanos, de la libertad de elegir, de opinar, y atropelladores de la propiedad privada.

Todo comenzó con el proceso revolucionario europeo de 1848, luego explotó la revolución rusa de 1917 con su legado marxista, leninista, trotskista, estalinista, maoísta, las pócimas anarquistas, y, más recientemente, los brebajes pacifistas, ecologistas, feministas, antirracistas, antifascismo, antiglobalización, etc. Entre esas fases aparecen los núcleos latinoamericanos impregnados de esas corrientes, teniendo su mejor representación en la persona de Fidel Castro y su revolución cubana. Fue así como Fidel y el Che Guevara pasan a ser figuras icónicas del comunismo revolucionario, una vez despojados de las imposturas con que inicialmente emergieron discurseando en las tribunas de la ONU en Nueva York, rasgándose las vestiduras y jurando lealtad a los principios democráticos.

No pretendo hacer en tan poco espacio un estudio de esas corrientes del pensamiento universal. Simplemente me voy a limitar a exponer algunas reflexiones a manera de llamamiento de atención a quienes se muestran frenéticamente defensores del resonado movimiento “izquierdista”, incluido lo que significa en la vida real las gestiones de Hugo Chávez Frias y Nicolás Maduro en Venezuela.

Comenzaría por interrogar a los que “parten lanzas” por el régimen de Venezuela, lo siguiente:

¿A Uds. no les parece condenable que ese régimen perpetre crímenes de lesa humanidad? ¿Uds. avalan procedimientos en los que miles de seres humanos son objeto de desaparición forzosa, simplemente por disentir de las políticas de esa “revolución”? ¿Uds. respaldan que ese régimen mantenga vínculos estrechos con cárteles de drogas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Perú, además de estar estrechamente relacionado con grupos terroristas y con mega bandas delincuenciales? ¿Uds. le dan el visto bueno a las políticas represivas de ese régimen que mantiene presos a centenares de líderes civiles y a efectivos militares? ¿A Uds. les parece digno de emular los planes aplicados en Venezuela que han arruinado sus industrias de hidrocarburos, de hierro, de acero, de aluminio y a miles de empresas agropecuarias? ¿Dígame que de bueno tiene esa revolución madurista que ha endeudado al país en más de 178 mil millones de dólares, al mismo tiempo que despilfarró y se robaron otros tantos miles, entre los más de mil millones de millones de dólares que recibió el país por concepto de la venta de petróleo? ¿A Uds. les parecen buenas las exageradas intervenciones que se cometen desde el Estado todopoderoso en un país en donde no existe separación de poderes, ni seguridad jurídica ni libertad de expresión? ¿Saben Uds. que Venezuela tiene hoy la inflación y la diáspora más alta del mundo? ¿Están al tanto de que más del 90% de la población sobrevive en condiciones de pobreza y que el salario equivale a menos de $5 por mes? ¿Les parece digno de resaltar que los venezolanos padezcan una crisis simultánea de todos los servicios públicos (agua, luz, gas, transporte, salud, educación)?

Les dejo ese ramillete de interrogantes con la esperanza de que las respondan atendiendo a sus respectivas conciencias y a las convicciones democráticas que dicen profesar y defender. Finalizo citando al Dr. Martin Luther King cuando dijo “No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena”.

Las dictaduras son alérgicas a todo tipo de consultas populares. Se engrinchan cuando escuchan mencionar la palabra voto. Le temen al sufragio, salvo aquellos que se emiten en procesos controlados como ese parapeto electoralista montado en mayo de 2018. La dictadura de Venezuela, la que hoy jefea Nicolás Maduro, no escapa a esos temores. Por eso tiemblan cuando corre el rumor de que “la cosa de las elecciones primarias va creciendo como la espuma!”. Mas se asustan, cuando les llegan los informes policiacos firmados por los agentes “secretos” que cumplen la misión patriótica de espiar las giras de María Corina Machado. La verdad es que esos furtivos funcionarios de la DIGECIM y del SEBIN actúan ante la vista de todos los seguidores de la mujer de hierro. Y mientras más se cercioran de que están siendo objeto de vigilancia dictatorial, más se envalentonan, más sube la adrenalina y se agiganta el valor de esa gente que se arremolina en torno a su candidata preferida.

Sobre el mesón de la sala situacional que supervisa el G2 castrista, se van colocando las fotografías que procesan los soplones de la revolución. Las miran, las tocan, como pretendiendo constatar si esa muchedumbre es de carne y hueso. Si son reales. Llegan a sentir el consuelo de creer que son fotos montadas como las que trucan en sus laboratorios de redes sociales, para fantasear con un Maduro aclamado por “multitudes.” Pero no. Son auténticas. “Que vaina, esa tipa parece imparable», farfulla el director de la sala situacional. Nadie se anima a mostrarle las imágenes al jefe. Saben de antemano que cada vez que “se mata con su propia vista”, monta en cólera y la paga con sus asesores a los que califica de “imbéciles por no evitar que a esa oligarca la reciba ese aluvión”.

Los chivatos que persiguen a María Corina tienen órdenes precisas de atemorizarla. Pero resulta que la mujer es “dura de intimidar”. Mas bien terminan siendo ellos los que salen corriendo con “el rabo entre las piernas”. Otra orden que le imparten a los hostigadores es fotografiar los autobuses que ellos suponen usa el comando de María Corina para mover a esas miles de personas. Pero pierden el tiempo tratando de indagar ¿dónde están esas unidades?, “son fantasmagóricas, no se ven, en qué lugar las ocultan”, pregunta alterado el intrigado agente secreto que baja hasta su cintura la cámara fotográfica incrustada en su Samsung Galaxy. No les queda otra que informar la verdad: “nada de autobuses, esa muchedumbre se desplaza por sus propios medios, además se siente mucho entusiasmo”.

Por eso mientras más se mueve María Corina por los pueblos del Zulia, más se irrita el dictador. Ellos que simulan ser cristianos perciben que el diablo anda suelto, porque para ellos esas primarias son como el tenedor de lucifer. Cada quien juzga por su propia condición. La orden inequívoca es evitar que se dé ese proceso. El parte es concluyente: ¡esas primarias son el factor movilizador!, más si a la cabeza de las encuestas, está María Corina, que bien se sabe no dará un paso atrás, honrando y decidida, a reivindicar el grito de lucha de los trabajadores de la Gente del Petróleo. Maduro, rumiando en su escalofriante soledad, que la viene siguiendo desde que le espetó en su cara a Chávez que “expropiar es robar”, sabe que esa mujer, de verdad, llegara ¡hasta el final!

La dictadura de Maduro no tiene gestión positiva que mostrar, sus números en materia de desempeño económico, financiero, monetario y, sobre todo social, son extremadamente negativos. Y ni que hablar de las violaciones de los derechos humanos. Pero tienen mucha plata para pagar lo que sea necesario para sacar adelante cualquier trama que se propongan. !Les sobra dinero! Si de algo disponen es de muchos dólares para financiar operaciones encubiertas y otras que salen a la luz bajo el manto de los operadores o lobistas que cobran grandes sumas por los servicios prestados.

Un ejemplo es el caso del bufete de abogados al que contrató el año de 2020 el régimen de Nicolás Maduro por 12,5 millones de dólares, con el encargo de evadir las sanciones aplicadas por los gobiernos de Estados Unidos. En el acuerdo se comprometían a “asesorar al cliente en el cumplimiento de las diversas sanciones económicas de EE.UU. que aplica la Oficina de Control de Activos Extranjeros y otras agencias del Gobierno” y “mitigar los riesgos legales y de otra naturaleza asociadas con la aplicación policial de esas sanciones”. El contrato estaba fechado el 10 de diciembre de 2019.

Bien se sabe que desde la administración de Bill Clinton con su famosa lista, pasando por los mandatos de George Bush, Barack Obama, Donald Trump y ahora Joe Biden, la dictadura chavomadurista ha estado en la mira de las instituciones que luchan contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo internacional. Tal negociación fue tajantemente rechazada por un grupo senadores adscritos a la bancada republicana en el que destacó la voz del senador Rick Scott, condenando las actividades del bufete Foley & Lardner, contratado por el Procurador General del régimen madurista, Reinaldo Muñoz Pedroza. El senador Scott se expresaba en términos muy duros para repudiar “ese chocante acuerdo, dado que Maduro está perpetrando un genocidio contra su propio pueblo. Es un matón, un dictador que asesina a niños. Ninguna entidad de EE.UU. debería hacer negocios con el gobierno de Maduro, y mucho menos para representarle y defenderle aquí”.

Otros lobistas que trabajan para Maduro son los agentes de Corea del Norte, con cuya tiranía el régimen madurista se ha comprometido a abordar temas de interés común y a promover la profundización de las relaciones político-bilaterales de los dos Estados. La viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio de Exteriores venezolano, Capaya Rodríguez González, ha mantenido una reunión de trabajo con el embajador de Corea del Norte en Caracas, Ri Sung Gil, todo ello con el objetivo de abordar temas de interés común. La verdad es que los norcoreanos tienen el ojo puesto en el valiosísimo recurso mineral llamado torio que es un elemento radiactivo que se utiliza como combustible nuclear y no es un mineral comúnmente encontrado en la naturaleza.

Los rusos son otros de los que se encargan de presionar para que a Maduro se le de un trato preferencial. Para eso se valen de las posiciones que ocupan en la ONU. Para los rusos Maduro es una pieza clave en el entramado de la geopolítica que está llamado a cumplir misiones importantes en occidente, espacio en el que su papel es jugar para desequilibrar la estabilidad de ese continente, siempre jugando a favor de ese eje que integran los rusos con China e Irán.

Otros lobistas, nada despreciables, son los socios de Maduro en el Foro de Sao Paulo: Andrés Manuel López Obrador, Lula Da Silva y Gustavo Petro. El mandatario mexicano le debe favores al eje chavista que nunca lo desampararon en materia de financiación. AMLO tiene memoria de lealtad y gratitud y por eso no titubeo a la hora de ofrecer su territorio como sede del dialogo de la impostura que con llamativa intermitencia se mantiene a la expectativa. Es, además, evidente la presencia de enclaves de factura mexicana coludidos con el narcotráfico que operan en los espacios de Venezuela, especialmente en la zona fronteriza con Colombia, en el estado Zulia.

Por su parte Lula Da Silva pretende erigirse como el nuevo líder de esa agrupación del FSP que, desde que desaparecido Fidel Castro y posteriormente Chávez, ha estado supeditada a un liderazgo compartido, esquema al que busca darle un giro a su favor el reelecto presidente de Brasil, para lo cual aspira contar con la aquiescencia de un Maduro “salvo y sano”.

En esa escena no puede faltar Gustavo Petro, para quien Maduro representa un naipe de primera mano en esa mesa de póker en la que apuesta buena parte de su gobierno. Basta con recordar que Venezuela es la guarida de los residuos de la FARC y centro de operaciones de los comandos del ELN y, además, Maduro juega el rol de mediador para las “negociaciones de paz”. Por lo antes dicho es por lo que, tanto López Obrador, como Lula y Petro, hacen lobby para que a Maduro le quiten de encima “ese cartelito del más buscado por narcotráfico”.

Otros lobistas que están echando el resto son los operadores de las compañías petroleras que están tras sus negocios. Para esos gerentes lo que cuenta son las finanzas de sus empresas. Lo mismo ocurre con los abogados que están a cargo de los juicios por indemnizaciones que aspiran cobrar por las arbitrariedades cometidas por Chávez y Maduro, cuando desconocieron acuerdos asumidos por la república. Para esos lobistas lo que importa es facturar los pagos y más nada. Lo mismo piensan los bonistas, esos que jugaron en la mesa del casino financiero en que se convirtió PDVSA y el Banco Central de Venezuela. Es vergonzoso saber del triste papel que cumplen supuestos “dirigentes” que viajan y hacen lobby para exponer argumentos a favor de esos grupos que procuran llenarse los bolsillos con dinero a costa de la desgracia financiera del país.

Por último está la llamada oposición funcional, la que va para allá y por acullá normalizando la dictadura de Maduro. Esa que dice que es posible dialogar, pero dándole todo a Maduro a cambio de nada. Esa que argumenta a favor de levantarle las sanciones a Maduro y a sus compinches, pero no presiona para liberar a los presos políticos. La que inclusive dice que “Maduro puede ganar limpiamente unas elecciones”. Esos lobistas son los más despreciables porque se sientan con el porte de voceros de la oposición, cuando la verdad es que son tránsfugas que alquilan sus principios.