Con siete precandidatos presidenciales detenidos y dos exiliados, los partidos políticos deberán inscribir a los aspirantes que pretenden competir con Daniel Ortega a partir de este 28 de julio hasta el 2 de agosto.

Según el calendario electoral, los partidos políticos tienen desde este 28 de julio hasta el 2 de agosto para inscribir a sus candidatos a presidente.

También lo podrán hacer para los cargos de vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional.

La publicación definitiva de los candidatos será el 18 de agosto, tras un lapso en donde se podrán hacer impugnaciones, renuncias y sustitución de aspirantes, informó la VOA.

El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), uno de los más importantes del país, ya definió a su candidato.

Esto lo hizo en en una polémica asamblea interna que fue cuestionada por supuestas imposiciones de algunos dirigentes.

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Por su parte, AFP informó que la policía de Nicaragua arrestó al politólogo José Peraza por un supuesto delito de «menoscabo a la independencia y soberanía».

Así lo informó la policía el martes, lo que aumenta a 29 los opositores detenidos en el contexto de las elecciones de noviembre.

Peraza, quien fue detenido la noche del lunes, «está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, soberanía», según el comunicado de la policía.

El politólogo integra el directorio del bloque opositor Unidad Azul y Blanco (UNAB), integrado por organismos de la sociedad civil que impulsaron las protestas antigubernamentales de 2018.

En estas protestas hubo 328 muertos, según organismos de derechos humanos.

A casi tres meses de las elecciones presidenciales, el gobierno de Daniel Ortega tiene bajo arresto a 29 opositores.

Entre ellos siete aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

La UNAB denunció en un comunicado que nueve de los detenidos integran su directorio, entre ellos Maradiaga, quienes al igual que otros presos no han tenido acceso a familiares ni a abogados.

Organismos de derechos humanos contabilizan más de 140 personas privadas de libertad por ser críticos del gobierno.

Las leyes en Nicaragua prohíben optar a cargos de elección a personas que están bajo investigación o privadas de libertad.

Más tarde, la fiscalía anuncio que acusará a las esposas de Maradiaga y Chamorro, Berta Valle y Victoria Cárdenas, porque «existen claros indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense».

Valle y Cárdenas, quienes se encuentran en Estados Unidos, han pedido utilizar «mecanismos de presión» contra el país.

«Públicamente han solicitado (…) bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua, sus instituciones y ciudadanos», subrayó la fiscalía.

«La disolución arbitraria de los partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación», indica la declaración difundida en la ONU este martes.

Un total de 59 países, entre ellos Estados Unidos, varios centroamericanos y europeos, urgieron este martes al gobierno de Nicaragua a liberar a los opositores detenidos.

Las detenciones se hicieron en virtud de unas controvertidas leyes, que, a su juicio, impedirían celebrar elecciones «libres».

La Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. Michelle Bachelet, urgió este martes a Managua a un «cambio urgente» de actitud en el proceso electoral.

Asimismo instó a «liberar» a los opositores detenidos «arbitrariamente» meses antes de las elecciones.

«Emplazo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral», dijo Bachelet.

La alta comisionada hizo el planteamiento ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Ratificando el  llamado a «liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente».

En mayo de 2021, el Parlamento aprobó la composición del nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE).

El nuevo CSE es integrado por magistrados favorables al gobierno, con miras a unas elecciones en las que el presidente debe aspirar a un cuarto mandato consecutivo.

El CSE convocó a las elecciones para el 7 de noviembre, a pesar de las críticas de la oposición y la comunidad internacional por la falta de garantías para asegurar un proceso justo y transparente.

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El 4 de junio, la periodista Cristiana Chamorro, que despunta como la aspirante con mayores posibilidades contra Daniel Ortega en la carrera presidencial, fue puesta bajo arresto domiciliario acusada por parte del gobierno de lavado de dinero .

Chamorro es hija de la expresidenta de Nicaragua Violeta Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro, héroe de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza (1936 a 1979).

En los días siguientes fueron detenidos otros cuatro posibles candidatos presidenciales.

Se trata de: el politólogo Félix Madariaga, el economista Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana Chamorro) y el exdiplomático Arturo Cruz.

También son arrestados disidentes sandinistas, miembros de la sociedad civil y empresarios.

Estados Unidos llama «dictador» a Daniel Ortega, impone sanciones a cuatro de sus familiares y exige, al igual que la ONU, España y la Unión Europea la liberación de los opositores.

A mediados de junio, el gobierno acusa a los posibles candidatos presidenciales detenidos de ser «usurpadores» financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente.

El día 20 fue detenido un quinto candidato, el periodista Miguel Mora, como parte de una investigación por ataques a la soberanía nacional.