En sesión plenaria en Casa de Nariño se llevó a cabo la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad instancia creada en el Acuerdo de Paz, para diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones con conductas criminales que atentan contra la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, que se aprobó; así dio a conocer María Alejandra Uribe en la W.

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“El presidente Gustavo Petro aprobó el plan de acción y nos hizo recomendaciones especiales, para que la fuerza pública y la inversión del Estado pueden llegar mancomunadamente y organizados a los territorios; para que superemos y transformemos estas economías y ilegalizadas, superemos el asesinato y la violación a mujeres; para que a los niños, niñas y jóvenes los saquemos de la guerra, y para que esta política que está en armonía con el Plan de Desarrollo, con las Políticas de defensa y seguridad del Ministerio de Defensa, y de no estigmatización del Ministerio del Interior nos reúna”, afirmó Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

Según lo explicó Cuartas, la política está alineada con el eje transversal de “Paz Total” del Plan Nacional de Desarrollo y cuenta con el enfoque de seguridad humana que buscar atacar las causas del fenómeno criminal, más allá de los grupos y sus conductas. La estrategia para el desmantelamiento busca generar impactos sobre las dimensiones financieras, políticas e institucionales, armadas, transnacionales y fronterizas del fenómeno criminal.

Se espera entonces que, a mediano plazo se generen transformaciones en los factores sociocultural y de debilidad institucional que actualmente fortalecen la dinámica criminal en el territorio, y simultáneamente pretender generar acciones orientadas a la transformación del Estado y a la prevención de afectaciones contra la población.

La organización criminal más grande de Brasil, Primeiro Comando da Capital (PCC) en Roraima ha reclutado a al menos 740 venezolanos, muchos de ellos miembros de la banda delictiva el Tren de Aragua.

Según un reportaje de El País de España, La PCC en Brasil tiene casi 20 mil miembros, 6.000 de los cuales están en prisión.

Varios de sus miembros, aseguran, son por “cooperación extranjera”.

“Algunos paraguayos e incluso italianos, por ejemplo, tienen conexiones con el PCC”, señala un informe del gobierno brasileño.

Recientemente con la migración de venezolanos, el PCC “ha fortalecido los lazos entre ambos países”.

“El PCC se ha aliado con el grupo criminal Tren de Aragua, uno de los más importantes de Venezuela, que se dedica a la extorsión, los secuestros, los homicidios, el robo de vehículos y el tráfico de drogas y armas”, según informó InSight Crime.

El reportaje de la periodista Gil Alessi, cuenta la historia del venezolano Argenis Rafael Barrios López.

López es uno de los 19 venezolanos denunciados por la Fiscalía del Estado de Roraima, acusados de formar parte de la facción.

Tiene nota de afiliación al PCC que le fue incautada durante un operativo realizado en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo (PAMC), en Roraima.

Esta cárcel en los últimos años ha sido escenario de dos grandes masacres que conmocionaron a Brasil.

Los motines en esta cárcel dejó un saldo en 2016 y 2017 de más de 40 muertos.

En la ficha del PCC, escrita a mano en una página arrancada de un libro de texto, dice que “el venezolano Argenis Rafael Barrios López ha asistido a dos universidades: Puente Ayala y PAMC”.

“Este hombre de 30 años no tiene estudios superiores. Al menos no en instituciones de educación formal. Puente Ayala es el apodo de la prisión José Antonio Anzoátegui de la ciudad de Barcelona, una de las más violentas de Venezuela”, recalca el reportaje.

Aseguran que López, “obtuvo en estas dos cárceles el certificado de criminalidad que atrajeron la atención del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC)”.

También se refieren a Cristian Alexis Graterol Cabello, otro venezolano denunciado.

Según testimonio de Graterol “al menos 740 de sus compatriotas se han unido a las filas de la facción en Roraima en los últimos años”. 

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“Graterol es un ejemplo de la confianza depositada por los delincuentes brasileños. Sucedió a Michel Mota Magalhães en el control de los puntos de venta de droga en el complejo residencial Vila Jardim, el barrio más importante de Boa Vista, la capital estatal”, agrega la nota.

Asimismo, se refiere a otros tres venezolanos acusados de crímenes atroces que han ocupado cargos estratégicos en la organización PCC.

“Carlos Geraldo Gonsales García, en el “sumario disciplinario” y Michel Joseph Touron en el “confinamiento del tabaco” (servicio del sector financiero de la facción)».

Además, Luis Adrián Mora Quijada, en el “tribunal de delitos” de la facción en Roraima, este último encargado de juzgar y ejecutar las sentencias del PCC”.

En la investigación, la Fiscalía brasileña reveló que los venezolanos entraron al país por la frontera de Santa Elena de Uairén.

“La mayoría de ellos proceden de centros penitenciarios venezolanos controlados por facciones criminales, por lo que se sospecha que forman parte de grupos criminales extranjeros con los que la facción brasileña ya tenía contacto”.