La justicia británica comenzó a examinar el miércoles si acepta decisiones del Tribunal Supremo venezolano en el marco de un largo litigio en Londres entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el control de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, en un juicio en torno a la «independencia» del sistema judicial venezolano.

«No se trata de un juicio sobre todo el sistema judicial venezolano (…) sino solo sobre cinco decisiones», defendió en su alegato inicial Richard Lissack, representante legal del gobierno bolivariano, reseña AFP.

Sin embargo, ya en el primero de los cuatro días previstos, el abogado británico de Guaidó, Andrew Fulton, se esforzó por demostrar la «sistémica falta de independencia» del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

El poder de Caracas y la oposición se enfrentan desde 2019 por el control de 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

En julio de ese año, Guaidó, reconocido como «presidente encargado» de Venezuela por medio centenar de países, incluido el Reino Unido, nombró su propia junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta ordenó al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta oficialista, presidida por Calixto Ortega. Pero los nombramientos hechos por Guaidó fueron invalidados por el TSJ.

Tras establecer definitivamente en diciembre, al cabo de dos años de batalla judicial, que reconocía a Guaidó como único representante del país, la Corte Suprema de Londres ordenó no obstante analizar si la justicia británica acepta como legítima la decisión judicial venezolana que invalidó sus nombramientos.

Le corresponderá hacerlo a la jueza Sara Cockerill, del tribunal comercial, quien escuchará argumentos y testigos de ambas partes hasta el lunes, pero no se pronunciará de inmediato.

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Ortega viajó a Londres para presenciar el juicio, tras obtener una «visa diplomática», lo que según Lissack refuerza su legitimidad como representante oficial del BCV.

Pero no debía ser interrogado, por decisión de la jueza, que en junio limitó su participación a una declaración escrita previa.

La parte oficialista llamó el miércoles como primer testigo a Francisco Carrasquero López, de 79 años, exvicepresidente de la sala constitucional del TSJ, jubilado en 2015, que intervino por videoconferencia desde Venezuela.

Respondió con evasivas a las preguntas de Fulton sobre cuestiones como la detención en 2009 de la jueza María Afiuni y las acusaciones de defensores de los derechos humanos sobre un supuesto «clima de terror» creado por el difunto presidente Hugo Chávez para amenazar la independencia judicial.

«Lissack afirma que este juicio no es sobre el régimen venezolano, pero de algún modo sí lo es», aseguró Fulton.

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Recordó que, como presidente de la comisión electoral, Carrasquero dirigió el referéndum revocatorio de 2004 sobre la permanencia en el poder de Chávez, que este ganó. Y sugirió que fue nombrado juez en el TSJ un año después en gratitud.

«Siempre he concursado por mis credenciales científicas, morales y éticas, aquí no se trata de ningún agradecimiento», respondió indignado Carrasquero, que también negó haber sido «presionado» para jubilarse y para testificar en este proceso.

A preguntas de la jueza Cockerill, subrayó asimismo que «está prohibido por la Constitución» que los jueces venezolanos tengan afiliación política.

También debe testificar durante la semana Enrique Parody Gallardo, actual secretario de la cámara plenaria del TSJ.

Fulton calificó de «fantasiosa» la «sugerencia de que testigos» como Carrasquero y Parody «se sentirían libres de dar un testimonio sincero ante un tribunal inglés».

Los abogados de Guaidó denuncian, por otra parte, que el proceso que anuló los nombramientos no fue «justo» porque la oposición no tuvo posibilidad de defenderse.

Durante los cuatro días de vistas, deben llamar a testificar a Enrique Sánchez Falcón, procurador especial nombrado por Guaidó, Ricardo Villasmil, expresidente de la junta opositora del BCV, y a su sucesor Manuel Rodríguez Armesto.

Se apoyan también en informes de varios organismos de Naciones Unidas y diversas oenegés sobre las acciones del gobierno de Maduro, entre las que Fulton denunció amenazas y «presiones, incluidas sanciones y hostigamiento, contra jueces y fiscales».

Según declaración de un testigo citado en uno de los informes de la ONU aportados por la oposición, 29 de los 32 jueces del TSJ fueron seleccionados en círculos próximos a Chávez. Una afirmación que, preguntado por la magistrada inglesa, Carrasquero dijo desconocer.

Las reservas de oro de Venezuela cayeron 3 toneladas en la primera mitad de 2021 y este es su nivel más bajo en 50 años. La información la dio a conocer la agencia Reuters que cita datos del Banco Central de Venezuela.

Esta baja es consecuencia de que la administración de Nicolás Maduro tiene problemas de liquidez y sigue vendiendo oro como fuente de ingresos.

Las extracciones en los primeros seis meses del año dejaron las reservas totales en 83 toneladas. 

Esas reservas estaban valoradas en 4.900 millones de dólares a fines de junio. Esto representa una caída de 187 millones de dólares desde fines de 2020.

El año pasado, las reservas de oro del país cayeron 19 toneladas. El BCV no ha revelado a los compradores de su oro. 

La oposición de Venezuela ha alegado que algunas de las barras de oro se enviaron a Malí y los Emiratos Árabes Unidos a cambio de divisas.

Las reservas de oro del BCV durante décadas superaron las 300 toneladas. Cuando la crisis económica de Venezuela comenzó a empeorar en 2015, Maduro comenzó a usar oro como respaldo para préstamos de bancos internacionales y ha perdido algunas barras como resultado de esos canjes.

Ante la imposibilidad de devolver algunos de estos préstamos, el BCV se vio obligado a ceder la propiedad de parte del oro que había utilizado como garantía.

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En los listados que publica mensualmente el Consejo Mundial del Oro sobre las reservas en poder de los bancos centrales, no se reflejan estas ventas.

De hecho, la cantidad que figura a nombre del Banco Central de Venezuela está congelada en 161,2 toneladas desde hace meses. Se trata de una cifra que hace varios años que no corresponde con la cantidad real, señala el portal oroinformación.com.

Ello puede ocurrir probablemente, porque este listado se elabora con los datos que los propios bancos centrales comunican al Fondo Monetario Internacional.

El FMI no tiene capacidad para auditar las reservas de oro de los bancos centrales. Por lo tanto acepta de buena fe lo que estos dicen. De ahí que la cifra comunicada de forma ‘oficial’ por el Banco Central de Venezuela sea de 161,2 toneladas, cuando en realidad es prácticamente la mitad.

Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de las reservas de oro en poder del Banco Popular de China, que diversos analistas internacionales y expertos en el mercado de los metales preciosos sostienen que, en realidad, son muy superiores a lo que este organismo declara al FMI.

No hay que olvidar, además, que el propio BCV mantiene un litigio con el Banco de Inglaterra por la propiedad de 31 toneladas de oro (14 que tenía depositadas allí y otras 17 que habían sido utilizadas como garantía en un swap y que le fueron devueltas), que la entidad inglesa se niega a devolver al Gobierno de Maduro.

El litigio se encuentra ahora mismo en el Tribunal Supremo británico, que tendrá la última palabra sobre el destino de ese oro.

El litigio entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó sobre quién puede decidir el destino de 32 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra aún no termina. Este miércoles, la Corte Suprema británica terminó con las audiencias de esta nueva etapa y tardará para decidir.

«Se nos ha encomendado un exigente trabajo de examen. Nos llevará algún tiempo considerar todos los argumentos y emitir nuestro juicio». Así lo afirmó el presidente de la corte, Lord Robert Reed, en entrevista con AFP.

Pese a que los cinco jueces habían previsto cuatro días de audiencias en este caso de gran tecnicismo jurídico, basado en la interpretación de la ley, sin expertos ni testigos, el miércoles habían oído todos los argumentos.

«No sabemos cuándo será la sentencia en esta fase, pero a menudo puede ser varios meses después de la celebración de la vista», precisó una portavoz del tribunal.

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Los magistrados escucharon al abogado del ministerio británico de Relaciones Exteriores reafirmar que el gobierno reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela «a todos los efectos». «Maduro, en cambio, no es reconocido a ningún efecto (…) ni respecto a sus actos en Venezuela ni respecto a sus actos en el plano internacional», subrayó Sir James Eadie.

Por lo tanto, los abogados del líder opositor, dijeron que un tribunal inglés no tiene jurisdicción para cuestionar los nombramientos realizados por él.

Tras autoproclamarse presidente encargado Guaidó nombró en julio de 2019 a su propia dirección paralela del Banco Central de Venezuela.

Estos nombramientos fueron inmediatamente invalidados por el Tribunal Supremo leal a Maduro. Pero eso no le impidió a Guaidó dirigirse al Banco de Inglaterra. Allí afirmó que es el representante legítimo del país y pidió que no entregase los lingotes a Maduro, valorados en más de mil millones de dólares.

Los abogados de Maduro se esforzaron por persuadir a los jueces de que «este caso se refiere esencialmente a asuntos internos de Venezuela».

Hace un año, un juez de lo mercantil de Londres impidió a la administración chavista acceder al oro.

Pero el tribunal de apelaciones inglés anuló esta decisión en octubre. Conderó que el ejecutivo de Boris Johnson podía reconocer «de facto» el poder de Maduro. Esto porque ambas administraciones siguen manteniendo relaciones diplomáticas. 

La audiencia del Tribunal Supremo de Reino Unido sobre el caso de las reservas de oro venezolano en el Banco de Inglaterra se realizará entre este lunes 19 y el miércoles 21 de julio. Pero ¿Cómo y por qué esas reservas de oro del país son objeto de una disputa entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro?

Estas son las claves de este proceso que lleva meses sin resolverse.

En la audiencia se escucharán las apelaciones del Banco Central de Venezuela, con abogados que represnetan a Nicolás Maduro. También las de un grupo de representantes de Juan Guaidó.

En las sesiones intervendrá el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab.

El caso se remonta a mayo de 2020. En esa fecha el Banco Central de Venezuela registró una demanda contra el Banco de Inglaterra. Lo hizo por su negativa al acceso de sus reservas de oro.

La institución inglesa explicó entonces que reconocían a Juan Guaidó como el máximo mandatario del país. En este sentido, se negó a responder a una institución que estaba bajo control de Nicolás Maduro, recordó Europa Press.

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En julio del año pasado, una sentencia del Tribunal Superior inglés determinó como una cuestión preliminar que la declaración del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, reconociendo a Juan Guaidó como «presidente constitucional interino de Venezuela» era inequívoca y vinculante para la Corte bajo el principio de «una sola voz».

Sin embargo, la Corte de Apelación, en octubre, no estuvo de acuerdo. Por ello concedió la apelación del Banco Central de Venezuela.

En consecuencia, ordenó que el caso regresara al Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelación concluyó que, en ausencia de una indicación clara por parte del gobierno del Reino Unido que reconociera a Guaidó no solo como el jefe de Estado ‘de jure’ de Venezuela, sino también como el jefe de Estado ‘de facto’, el Tribunal Inglés tendría que realizar un análisis fáctico detallado.

Así, se invitó al ministro de Exteriores a intervenir en el proceso. También se otorgó permiso a los representantes legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo para presentar alegatos sobre el caso ante la Corte Suprema en la audiencia que comienza este lunes.

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Las reservas en la ‘City’ ascienden a aproximadamente 1.600 millones de euros. El instituto emisor venezolano tenía la intención de vender hasta 1.000 millones de esas reservas. Esto para entregar ayuda humanitaria, recursos y medicinas a los ciudadanos venezolanos en el marco de la pandemia.

La firma de abogados representante del Banco Central de Venezuela, Zaiwalla & Co, advirtió que los observadores internacionales de este caso podrían sorprenderse, ante la posibilidad de que el reconocimiento de Reino Unido a Guaidó y no a Maduro «pueda despojar a un soberano extranjero de los activos depositados en Londres sin ningún recurso en la corte inglesa».

«El resultado de este caso bien puede afectar el atractivo de la ‘City’ de Londres y el Banco de Inglaterra como un lugar seguro para los activos soberanos extranjeros», advierten los abogados en un comunicado.

En enero de 2021, Guaidó cesó de sus funciones como diputado y presidente de la Asamblea Nacional tras no presentarse a las elecciones de 2020.

Reclamó su supuesta autoridad como presidente interino como continuación de su función anterior. Según los abogados de la del BCV que obedecen a Maduro, esto le otorga una posición constitucional «cuestionable» para continuar en este litigio.

La Corte Suprema británica examinará a partir de este  lunes a quién, entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, corresponde el disputado control de mil millones de dólares en oro de las reservas de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra.

Cinco magistrados de la más alta jurisdicción escucharán entre el lunes y el jueves los argumentos de ambas partes en esta querella iniciada hace más de un año y que ha visto a la justicia inglesa dar la razón alternativamente a uno y a otro.

Se trata de determinar «si el gobierno británico ha reconocido al presidente interino Guaidó como jefe de Estado de Venezuela y, en caso afirmativo, si cualquier impugnación de la validez de los nombramientos hechos por Guaidó en la junta del Banco Central de Venezuela es justiciable en un tribunal inglés», explicó la corte.

El gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela presidido por Calixto Ortega, lleva casi tres años intentando sin éxito recuperar 32 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en mil millones de dólares, que tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

Pero la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada entonces por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección ad hoc del banco central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes, asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo o llenar los bolsillos de un régimen que califica de «cleptócrata».

Asegurando necesitar el dinero para combatir la pandemia de COVID-19, Caracas se querelló en mayo de 2020 contra el Banco de Inglaterra y argumentó que la causa era urgente debido a la crisis humanitaria, reseñó AFP.

Pero la institución, que custodia fondos para numerosos países, dijo verse atrapada entre dos grupos rivales que le daban instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resolviese quién tiene su control.

Desde entonces, un juzgado comercial de Londres falló en julio de 2020 que el gobierno británico había reconocido a Guaidó como presidente interino y que la «doctrina de la voz única» le otorgaba el poder de decir el destino de los fondos del país en el extranjero.

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Pero tres meses después el Tribunal de Apelaciones remitió el caso por considerar que ese reconocimiento podía ser en realidad una mera declaración política y que era posible que el ejecutivo de Johnson siguiese reconociendo «de facto» a la administración de Maduro.

En diciembre, la Corte Suprema concedió a los representantes de Guaidó permiso para recurrir esa orden y en abril a la parte contraria para contrarrecurrir.

«Después de 12 meses, el caso sigue analizando cuestiones preliminares relacionadas con la autoridad», lamentaron los abogados de Maduro en un comunicado el viernes.

«Hasta que se decida la apelación, Juan Guaidó sigue siendo reconocido por el Reino Unido como el único presidente legítimo y constitucional de Venezuela, sin reconocimiento oficial de Maduro», afirman por su parte los abogados de este.

Guaidó dejó de presidir la Asamblea Nacional a raíz de las legislativas de diciembre.-boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69%- que devolvieron el control del parlamento a Maduro.

Londres no reconoce la legitimidad de la nueva cámara y ha reiterado su apoyo a Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Pero, sigue manteniendo su embajada en Caracas y relaciones diplomáticas mínimas con la administración bolivariana, lo que esta utiliza para argumentar su legitimidad.

La existencia de dos «presidentes» rivales lleva tiempo dificultando que el gobierno de Venezuela pueda acceder a los fondos del país en el sistema financiero internacional.

Si la Corte Suprema británica acaba dando la razón a la junta del Banco Central de Venezuela nombrada por Guaidó, sentaría un precedente que la oposición espera utilizar para recuperar activos venezolanos depositados en otros bancos centrales europeos.

La presidencia encargada se pronunció este lunes sobre el fallo de la corte inglesa sobre el oro venezolano. En un comunicado, el despacho aseguró que «Maduro sigue sin acceso al oro de los Venezolanos».

Calificó la decisión como «una victoria» para el estado de derecho. Esto, porque la justicia de Inglaterra no desconoce a Juan Guaidó como presidente interino.

A continuación el comunicado íntegro

Hoy es una victoria para el Estado de Derecho. Primero, el tribunal de Londres sigue reconociendo al presidente (e) Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Segundo, lo que es más importante, Maduro no logró su objetivo y sigue sin tener acceso al oro de los venezolanos.

La decisión tomada por el Tribunal de Apelación devuelve la decisión sobre el acceso a las reservas del Banco de Inglaterra al Tribunal de Comercio, quien deberá pedir al Gobierno del Reino Unido clarificar si, a pesar de reconocer al presidente Juan Guaidó como el legítimo Presidente (E) de Venezuela, mantiene algún tipo de vestigio de reconocimiento implícito al régimen de Maduro.

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Si bien reconocemos y respetamos los procedimientos jurídicos del Reino Unido que establecieron el valor del Estado de Derecho, nos parece irónico y condenable que el régimen de Maduro, denunciado por destrucción del sistema de justicia, corrupción y crímenes de lesa humanidad, intente utilizar el Estado de Derecho británico para sus fines corruptos.

El juicio continúa. El Gobierno Interino de Venezuela seguirá luchando y participando en cada paso del proceso legal para proteger al pueblo venezolano.

La embajadora de Juan Guaidó, en el Reino Unido, Vanessa Neumann descartó que la Corte de Apelaciones de Londres haya desconocido al presidente encargado. Menos que haya anulado el proceso relacionado con el oro de Venezuela. Lo que hizo es alargar el proceso, explicó.

“Lo que se ha pedido es que el proceso regrese a la corte donde perdieron. No hay ningún precedente hasta que esto se termine. Alarga el proceso, eso sí, pero no depende de nosotros sino del sistema judicial”, explicó en rueda de prensa online.

Aseguró que “Maduro no consiguió revertir la decisión». Esto, «a pesar de lo que su equipo de comunicaciones pueda decir. El proceso continúa”, aseveró.

Argumentó que la justicia de Inglaterra debe ser muy cuidadosa. “Como el caso es histórico, cuidan todos los detalles. Esto se podría resolver con una respuesta muy técnica”, señaló.

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«Lo que ha dicho la cancillería británica es que reconocen a @jguaido como Presidente interino de Venezuela y jefe de Estado. Eso es algo inequívoco y lo han reiterado siempre», dijo Neumann.

Remarcó que «nuestra convicción es que nosotros siempre vamos a defender los intereses de los venezolanos hasta el último día. Confiamos en el proceso británico».

El juez Nigel Teare, de la Corte Comercial de Londres, consideró en julio que el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado le otorgaba el poder de decir el futuro de los fondos.

«Los crímenes de lesa humanidad son en particular utilizados con estos bienes, esto es algo que la corte británica sabe muy bien», agregó la embajadora.

Nicolás Maduro pareciera que llegó ayer. A decir de las promesas que ha comenzado a hacer, en relación con las elecciones parlamentarias. En ese sentido, Aseguró que la nueva AN que se elija el 6 de diciembre va a rescatar los activos del país en el exterior.

En discurso, con motivo de la presentación de los candidatos del Gran Polo Patriótico, insistió en llamar a la participación el 6D. Y estas son las razones: “La nueva Asamblea Nacional necesita rescatar las riquezas de Venezuela. Rescatar Citgo, el oro que está en Londres y los millones de dólares secuestrados en Europa y Estados Unidos”.

La situación de Citgo es conocida y el tema se está ventilando en tribunales de Estados Unidos. En este caso, el embajador de Venezuela en EE.UU. Carlos Vecchio, denunció que el régimen de Nicolás Maduro puso en riesgo la empresa Citgo.

 «Maduro nunca se hizo parte del juicio generando una medida de embargo sobre nuestro activo, había negociado ilegalmente un acuerdo con Crystallex de espaldas a la Asamblea Nacional y al país, orquestó un plan para liquidar y vender a Citgo», explicó.

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Por ello, el presidente encargado, Juan Guaidó, «una una estrategia centrada en garantizar medidas de protección de distintas instancias» en ese país.

Sobre el oro venezolano en Londres, Maduro no mencionó que perdió en un proceso donde la justicia de Inglaterra reconoció a Juan Guaidó como autoridad de Venezuela y no él.

Maduro aprovechó para ratificar que el 6 de diciembre es el día de los comicios. Esto, para desmentir versiones que circularon acerca de que se podrían postergar. Las parlamentarias son “de carácter obligatorio. En cualquier circunstancia, estas elecciones deben hacer por el bien institucional llueva, truene o relampaguee”, dijo.

Dos personajes saltaron a la palestra en la trama del caso de Alex Saab, su pareja la modelo italiana Camila Fabri y su concuñado, Lorenzo Antonelli, ambos las personas de mayor confianza del empresario colombiano e involucrados en el contrabando del oro de Venezuela.

En entrevista exclusiva a Mesa de Análisis del canal de Youtube Impacto Venezuela, el diputado por el estado Bolívar, Rashid Yasbek, contó cómo estos personajes, especialmente Lorenzo Antonelli, lograron controlar una de las minas de oro más importante de Venezuela, El Callao.

Según Yasbek, Saab “tomó por asalto la tradicional empresa Minerven que funciona en el estado Bolívar y la desmembró del Holding CVG para crear una empresa que se llama Miniturven (Minería Turca-Venezolana)». En la directiva están esto personajes de confianza del testaferro de Maduro.

“Así empezaron a mover sus tentáculos en la minería, se afincaron, despidieron al personal técnico y se dedicaron a saquear a Minerven que manejaba la Mina de El Callao, que es pequeña pero tiene la mayor reserva de oro o arenas auríferas con mayor tenor en el país”.

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El parlamentario explicó que Saab tomó esa empresa y allí es donde empiezan a financiar a todos los grupos guerrillero, Hezbolá, ELN, que se encuentran en la zona minera de Venezuela.

Recordó que Venezuela tenía las mayores reservas de oro en el Banco Central de Venezuela (producía 500 kilos de oro al mes), pero con el manejo de Alex Saab, «no solo se están exprimiendo nuestros parques nacionales, sino que se están desapareciendo 3.000 kilos mensuales de oro».

“Esta red está destruyendo nuestro medio ambiente, las comunidades indígenas y el parque nacional más importante de nuestro país, Canaima, donde está el Salto Ángel”.

Rashid Yasbek es tajante al decir que en Venezuela el oro dejó de manejarse hace muchos años legalmente. “En la actualidad lo manejan como los gánsters”. Además, estos gánsteres tienen pistas de aterrizaje y van resumiendo con aviones pequeños de 2.000 a 3000 kilos de oro.   

Precisa que en pueblos pequeños como El Callao, Guasipati, Tumeremo y Santa Elena, “hay pistas de aterrizaje clandestinas y se escuchan vuelos nocturnos a cada rato”.

“Estas avionetas que  van resumiendo el oro son las que aterrizaban en Maiquetía para descargar el oro en aviones grandes primero de Turquía, luego de Irán y hasta de China”.

Recordó que los cinco barcos iraníes que trajeron gasolina a Venezuela, «fueron cancelados con 9.000 kilos de oro». Esta y otras razones, asegura Yasbek, llevaron a la Asamblea Nacional a declarar el oro como “Oro de Sangre” para detener el canje del mineral por financiamiento al régimen de Maduro.

“Todas estas sanciones han sido para que nosotros (Parlamento) podamos recuperar poco a poco lo que queda y lograr un cambio en el país”, resaltó.

Dijo que en los pueblos mineros del estado Bolívar, «no sólo operan grupos irregulares como el ELN, Hezbolá o guerrilla; también están los grupos irregulares venezolanos armados (Colectivos) que, no sólo manejan maquinaria para procesar el oro, sino también manejan a los pueblos y controlan territorios».

“Los militares también se han puesto del lado de los extranjeros para sacar a los grupos irregulares venezolanos y eso ha generado masacres, como la de Tumeremo por el control de las minas”.  

La junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) del régimen de Nicolás Maduro informó que «apelará el dictamen emitido este jueves por el Tribunal Superior de Londres» que le impide acceder a las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.

La agencia internacional EFE indicó que un bufete de abogados, Zaiwalla & Co. confirmó la actuación.

«Al decidir que es la Junta designada por el líder opositor Juan Guaidó la que tiene acceso al oro, el tribunal ha ignorado la realidad sobre el terreno», precisan desde el Gobierno de Nicolás Maduro y será parte del argumento  de la apelación del ente emisor de Venezuela.Otras fuentes citadas por la agencia española indican que Zaiwalla & Co argumentó que una vez se presente el recurso, el juez Nigel Teare de la división Comercial y de la Propiedad del Superior «decidirá si lo admite o no trámite, lo que debería hacer en un plazo relativamente corto de tiempo».

Los abogados de la Junta del BCV del régimen, cuestiona que un fallo considere «tanta importancia legal internacional» sobre puntos legales, «sin entrar a examinar los hechos».

Zawailla & Co señala que «los cargos del banco emisor de Venezuela y el procurador general, José Ignacio Hernández, designados por Guaidó, residen fuera de Venezuela».

Indican que «es solo el Gobierno de Maduro el que puede asegurar, tal como se ha comprometido, que el oro se usará para paliar la crisis por la pandemia de Covid-19 en el país sudamericano».Teare dictaminó hoy que la Administración ad hoc de Guaidó, no la de régimen de Maduro, puede acceder a las reservas de oro de Venezuela guardadas en el Banco de Inglaterra, unas 31 toneladas de lingotes con un valor total de unos 1.300 millones de dólares.

La Administración “ad hoc” nombrada por el presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, será la que acceda legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra.

La decisión fue tomada por el Tribunal Supremo Británico, quien luego de varios días de audiencia, concluyó que al ser reconocido Juan Guaidó como presidente interino constitucional por el Gobierno del Reino Unido, es por tanto la junta del Banco Central de Venezuela (BCV), nombrada por él la que tiene autoridad de las reservas.

Las reservas depositadas en Londres, Son 31 toneladas de lingotes  de oro valorada en unos 1.300 millones de euros, a las que tendrá acceso la junta directiva del BCV de Guaidó.

El pasado 20 de mayo, el régimen de Nicolás Maduro demandó al Banco de Inglaterra para obligarle a liberar los 930 millones de euros (1.000 millones de dólares) en oro venezolano que mantiene bloqueados, de forma que pudieran venderlo y utilizar los beneficios para la lucha contra el COVID-19. El oro está retenido a raíz de las sanciones que el Reino Unido y Estados Unidos han impuesto a Venezuela.

La propuesta del BCV de Maduro era que los fondos se transfirieran al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se destinaran a la compra de suministros como los equipos médicos necesarios para combatir el nuevo coronavirus.

La audiencia realizada a mediados de junio, escuchó a las partes durante 4 días consecutivos y el juez Nigel Teare se tomó un tiempo para decidir sobre la demanda que hoy finalmente salió y benefició a la Administración de Guaidó.  

La Procuraduría Especial envió una carta a los medios de comunicación para informar que la Justicia británica prometió definir “lo antes posible” quién accederá al oro de Venezuela: Maduro o Guaidó, luego de una audiencia que duró 4 días consecutivos.

Tras escuchar a las partes desde el pasado lunes, el juez Nigel Teare se retiró a deliberar si el régimen de Maduro o el del presidente Interino tendrán el poder legal a los depósitos nacionales en el Banco de Inglaterra.

El juez del Tribunal Superior Británico, decidirá si es la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, o la “ad hoc” nombrada por Guaidó la que está legitimada para gestionar las reservas depositadas en Londres, 31 toneladas de lingotes por valor de unos 1.300 millones de euros, informó Infobae.

La carta enviada por la Procuraduría de Guaidó asegura que los abogados del régimen de Maduro “han manipulado la realidad de los hechos, incluso, empleando audios de la reciente reuniones con la Comisión Permanente de Energía y Minas, que ilegalmente, han salido a la luz pública”. 

Procuraduría Especial de la República informa sobre la audiencia en Londres por el caso del oro venezolano en el Banco de Inglaterra https://t.co/61l9oXTOj9

Asimismo, precisa que el Gobierno del Reino Unido, en reiteradas comunicaciones escritas y otras manifestaciones similares, “ha señalado que el Presidente de la Asamblea Nacional es el Presidente Encargado de la República reconocido en el Reino Unido, mientras que el régimen de Maduro, además de ilegítimo, es cleptocrático”. 

En los próximos días se conocerá qué junta es la legítima, la corte podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el BoE por Ortega, que acusa al banco británico de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.