La administración de Nicolás Maduro aprovechó este martes que el gobierno británico ya no reconoce a Juan Guaidó como «presidente encargado», para adelantarse y reclamar el oro depositado en el Banco de Londres.

Por ello solicitó una «revisión» de las decisiones judiciales que le dieron al dirigente que actualmente se encuentra en Estados Unidos el control de ese oro.

Desde 2019, el oficialismo y el opositor Guaidó se enfrentan ante los tribunales británicos por el control de más de 30 toneladas de oro de las reservas estatales, valorado en 1.900 millones de dólares, guardadas en el Banco de Inglaterra, recuerda la agencia AFP.

En una complicada sucesión de fallos, recursos y contrarrecursos, la justicia inglesa determinó que Guaidó era el representante legítimo del país.

También que la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) que él nombró podía dar instrucciones al Banco de Inglaterra en calidad de cliente.

Y que la justicia inglesa no reconocía las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas invalidando dichos nombramientos.

Esta última decisión, tomada en julio de 2022 por la jueza Sara Cockerill de la división comercial de la Alta Corte de Londres, fue recurrida por el BCV oficialista en octubre.

Pero a la espera de que el Tribunal de Apelación analizara el caso, la realidad política cambió en Venezuela.

A finales de diciembre, la asamblea opositora elegida en 2015, y aún reconocida por países como Estados Unidos y Reino Unido que consideran ilegítimas las legislativas de 2020, votó disolver el gobierno interino de Guaidó.

Esta decisión fue aceptada por gobiernos como Washington y Londres que lo habían reconocido como «presidente encargado» en 2019.

«El 31 de enero de 2023, el ministerio británico de Relaciones Exteriores escribió a la jueza Cockerill, sin que nadie se lo pidiera» y «declaró que el gobierno ya no considera a Guaidó como ‘presidente interino'», defendió el martes el abogado Richard Lissack ante tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres.

Lissack representa desde 2022 a la junta directiva oficial del BCV presidida por Calixto Ortega, quien viajó desde Caracas para este nuevo capítulo de la saga judicial.

El abogado pidió a los magistrados que sobreseyesen la apelación y reenviasen el caso para revisión a Cockerill. Dado que Guaidó ya no es «presidente interino», «lo correcto es dar marcha atrás», afirmó.

No logró sin embargo convencer a los jueces, que decidieron seguir adelante con la apelación relativa a las decisiones de TSJ, unas vistas que se prolongarán hasta el jueves.

El dirigente opositor Juan Guaidó, celebró este viernes la decisión del Tribunal de Comercio de Inglaterra que se niega a reconocer en el Reino Unido las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro que declaran nulas las designaciones en el directorio del Banco Central de Venezuela (BCV), hechas por él.

«Esta decisión representa un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de oro de Venezuela y su preservación para el pueblo venezolano y su futuro», declaró Guaidó, en nota de prensa.

“Es la consecuencia de una serie de acciones políticas de resistencia que como ciudadanía los venezolanos hemos impulsado desde el 2019, junto a la acción de muchos patriotas que pusieron en riesgo su integridad física y la seguridad propia y de sus familias por una causa más grande: la defensa de los derechos y activos de los venezolanos”, expresó.

Tras una decisión de diciembre de 2021 del Tribunal Supremo del Reino Unido que confirmaba que el Gobierno de ese país reconoce a Guaidó como «presidente legítimo y que sus actos de nombramiento constituían actos oficiales de estado», el Tribunal Comercial tenía una tarea: determinar si ciertas decisiones del TSJ que declaraban nulos los actos de Guaidó debían ser reconocidas por los tribunales ingleses.

El Tribunal consideró que las decisiones del TSJ de Maduro son «en sí mismas incompatibles» con el reconocimiento de Guaidó por parte del Reino Unido.

Asimismo, Tribunal sostiene que la administración de Maduro «infringió las normas de justicia natural del Reino Unido, ya que se dictaron en procedimientos en los que ni Guaidó ni sus designados fueron notificados ni se les dio la oportunidad de presentar argumentos», señala la nota.

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En este sentido, Guaidó expresó su agradecimiento a los tribunales ingleses que «constituyen un muro de protección para las libertades del pueblo venezolano, en un país con Estado de derecho como el Reino Unido».

«Lamentablemente, este tipo de proceso judicial honesto y transparente no existe en Venezuela, porque al régimen de Maduro le importa más el poder y el dinero que el pueblo de Venezuela. Agradecemos que el Reino Unido nos recuerde a nosotros y al mundo lo que es posible en una Democracia que respeta el Estado de Derecho», reiteró.

«Los hombres, mujeres y niños de Venezuela se sienten orgullosos de la valentía, la decisión y el profesionalismo del fiscal general, la Junta Directiva del BCV y nuestro equipo jurídico demostrados en esta victoria para las futuras generaciones», agregó.

“Esta victoria significa que hay una base de recursos con que sí podrán estar al servicio del país”.

En ese sentido, aspira que Venezuela pueda contar con un sistema imparcial y que garantice justicia verdadera. “Solo con instituciones fuertes, como las que hemos presenciado en este juicio, podremos garantizar derechos innegociables como la defensa de nuestros derechos humanos y de nuestros activos soberanos”.

Guaidó reconoció que es probable que «Maduro busque apelar la decisión inglesa», pero expresó su «plena confianza en que los nombramientos serán confirmados».

“Este activo en el exterior no tendrá el mismo destino del resto del oro, reservas, refinerías, deudas, y demás activos de los venezolanos que han sido destruidos, robados o regalados por el régimen de Maduro”, sostuvo.

Finalmente, añade que «los venezolanos pueden estar orgullosos del trabajo transparente que realizan cada día los cinco miembros del directorio del BCV».

La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló este viernes a favor de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por el opositor Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra.

Tras un juicio de cuatro días que acabó el 18 de julio, Cockerill, de la división Comercial, ha considerado que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta, al no haber «base legal» en el Reino Unido para hacerlo.

Esta parte del proceso se centró en si la justicia británica considera legítima la junta del BCV nombrada por Guaidó tras autoproclamarse presidente interino de Venezuela.

La jueza no ha autorizado sin embargo al equipo opositor acceder a las reservas. Este tema debe determinarse en otra audiencia, se supo a través de las agencias de noticias Efe y AFP.

No obstante, la junta sí se considera válida y Guaidó es reconocido por el Gobierno británico como el único presidente legítimo, de forma interina, del país latinoamericano.

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Por otro lado, se informó que la junta del BCV designada por Nicolás Maduro plantea recurrir el dictamen, que se produce después de que en 2021 el Tribunal Supremo británico ya decidiera sobre varias cuestiones preliminares.

Así, la máxima instancia judicial del Reino Unido estableció que el Ejecutivo de Londres solo reconoce a Guaidó, y no a Maduro, al frente de Venezuela.

Por tanto, los actos y decisiones del opositor deben considerarse soberanos, con base en la doctrina legal inglesa de Una Sola Voz, que obliga a los estamentos del Estado a proceder unificados en política exterior.

Cockerill debía determinar si la Justicia inglesa podía aceptar las sentencias del Supremo caraqueño que invalidaban los nombramientos de Guaidó a su junta «ad hoc», puesto que han de verse como actos «soberanos».

En su dictamen, la jueza precisa que esos fallos, pilar de los argumentos legales del bando de Maduro, efectivamente invalidan los nombramientos de Guaidó, pero concluye que carece de base en su jurisdicción para aceptarlos.

Además, apunta que, aunque pudieran ser reconocidos, hacerlo «entraría en conflicto» con la doctrina de Una Sola Voz.

El reconocimiento supondría también, tal como adujo el abogado del bando de Guaidó, una vulneración del derecho de los opositores a un juicio justo, puesto que no estuvieron presentes ni fueron citados cuando el TSJ se pronunció sobre su caso.

Cockerill sí observó no obstante que la parte de Guaidó no aportó «pruebas suficientes» en su alegato que demuestren que el Tribunal Supremo venezolano no es independiente ni imparcial.

El representante legal de Maduro, Sarosh Zaiwalla, de la firma Zaiwalla and Co calificó la decisión como «desafortunada» y ratificó que van a apelar el fallo.

Zaiwalla consideró «desafortunado» que la magistrada «se viera constreñida por normas técnicas», desarrolladas «en diferentes contextos» -en alusión a la jurisprudencia inglesa existente.

«El BCV continuará litigando este caso en los tribunales para garantizar que los activos soberanos de Venezuela se preservan y salvaguardan en beneficio del pueblo de Venezuela», afirmó el abogado.

El pleito sobre el acceso al oro se inició el 14 de mayo de 2020, cuando el presidente de la junta oficial del BCV, Calixto Ortega, acusó al Banco de Inglaterra de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas, valoradas en casi 2.000 millones de dólares, a un fondo de la ONU para que fueran usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.

La eventual resolución de este caso servirá para zanjar también un litigio planteado por Deutsche Bank en la misma época, sobre cuál de las partes puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.

Este lunes un tribunal de apelaciones de Inglaterra falló contra Juan Guaidó. La corte anuló la decisión judicial que en julio reconocía al presidente encargado como el único capacitado para manejar el oro depositado en Londres.

Se trata de 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. El manejo de este metal lo disputan la junta ad-hoc del BCV, nombrada por Guaidó y la directiva del BCV del régimen.

La Corte de Apelación ordenó que se lleve a cabo una investigación. Se debe determinar a cuál de los dos corresponde el control real de los fondos.

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Aunque se desconocen los detalles de la decisión, la agencia AFP informó que el gobierno británico puede seguir reconociendo de facto a Nicolás Maduro. Esto a pesar de haber reconocido políticamente a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

La semana del 15 de septiembre, la corte reinició las audiencias del caso, luego que el BCV del régimen apeló la decisión de julio. El Banco Central liderado por Calixto Ortega, argumentó que independientemente de la decisión del juez que le dio la custodia a Guaidó, el gobierno británico seguía teniendo tratos con Maduro.

En julio, el juez Nigel Teare declaró a favor de Guaidó. Consideró que el gobierno británico reconoció inequívocamente a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Por tanto la junta nominada por él, tenía autoridad sobre las reservas.

Esta semana, el Tribunal de Apelaciones de Londres analizará el recurso del régimen de Nicolás Maduro. Esto, contra el fallo que dio al equipo ad hoc del presidente encargado, Juan Guaidó, el control sobre las reservas de oro de Venezuela. Son unos 1.300 millones de dólares depositados en el Banco de Inglaterra.

Las audiencias comienzan este martes y culminan el jueves. Tras escuchar a las partes, los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips decidirán. La fecha en que darán a conocer este fallo aún no se define.

Pero, los jueces deben decidir si su colega Nigel Teare acertó cuando el 2 de julio se declaró a favor de Guaidó. Este juez pertenece a la división Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior, en Inglaterra.

Teare dictó que la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Guaidó y no la oficial designada por Maduro, es la puede acceder a los lingotes de oro venezolanos, informó la agencia EFE.

El juez consideró que el gobierno británico reconoció inequívocamente a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Por tanto la junta nominada por él, tiene autoridad sobre las reservas.

También dictó que el tribunal inglés no tiene potestad para someter a examen la legalidad de los nombramientos de la junta del BCV.

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Durante ese proceso, el abogado de la junta de Maduro, Nick Vineall, adujo que Londres mantiene lazos diplomáticos con el régimen. Estas relaciones se dan, a pesar de que Inglaterra solo reconoce a Guaidó.

Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Ejecutivo británico reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela. Por tanto el tribunal debe hacer lo mismo, con base en la doctrina de una sola voz aplicable en el Reino Unido.

El Tribunal de Apelaciones tendrá que dirimir por un lado si el Reino Unido en realidad reconoce a Guaidó. Y también si tiene potestad para examinar sus actos declarados ilegales en Venezuela.

La Justicia británica debe establecer cuál de las dos juntas es la legítima. La finalidad es avanzar en la demanda presentada en mayo contra el Banco de Inglaterra.

Calixto Ortega, acusa a la entidad financiera de violar el contrato. Argumenta que quiere cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para lucha contra la COVID-19 en Venezuela