La administración de Nicolás Maduro no quiere darse por vencida, por ello va a apelar el reciente fallo de la justicia de Inglaterra, relacionado con el oro venezolano depositado en el Banco de Londres que favorece al dirigente opositor, Juan Guaidó.

Por ello, la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada Maduro y encabezada por Calixto Ortega, recurrirá un fallo judicial emitido en julio y presentará sus argumentos, en una fecha aún por especificar.

A través de la agencia Efe se conoció que el recurso se impondrá ante el Tribunal de Apelaciones de Londres, después de que el pasado 12 de septiembre, la juez Sara Cockerill emitió la autorización para ello.

La juez labora en la División Comercial del Tribunal Superior de Londres y autorizó el recurso al considerar que el caso tiene relevancia, tanto como para que una corte superior analice sus conclusiones, según un comunicado del despacho jurídico Zaiwalla & Co que representa al BCV designado por Maduro.

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El 29 de julio, la juez Cockerill decidió contras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon los nombramientos de Juan Guaidó en el BCV, puesto que no encontró base legal en el Reino Unido para hacerlo.

Pero, tampoco autorizó a Guaidó a disponer del oro, solo que quiere que el caso se estudie más a fondo.

Por ello, el BCV de Maduro espera apelar este fallo, puesto que piensa que la justicia británica tiene que respetar las medidas del TSJ en Venezuela, además de que teme que la junta de Guaidó acceda a esos activos (el oro) «sin ningún tipo de supervisión».

Pero, además de la medida que el BCV de Maduro quiere emprender, se supo que este 21 de septiembre, en otra audiencia, la juez Cockerill rechazó la petición de la junta de Guaidó de acceder a las reservas, porque también cree que «no hay suficientes garantías de una buena gestión».

Desde que comenzó este pleito, Guaidó alega que Maduro quiere los recursos para pagar a los aliados que le han ayudado a lidiar con los graves problemas de liquidez, tras años de crisis.

El acceso al oro está congelado desde 2019, después de que varias naciones lideradas por Washington y Londres respaldaron a Guaidó y lo declararon presidente interino al considerar que la elección ganada por Maduro en 2018 fue fraudulenta.

El líder de oposición pronto solicitó al Banco de Inglaterra bloquear el acceso de Maduro a las reservas de oro.

El BVC interpuso una demanda contra el Banco de Inglaterra para recuperar el control, argumentando la necesidad de esos fondos para cubrir los costos de las medidas contra la pandemia.

Según expertos legales, el caso -en el que el tribunal superior de un país interpreta la Constitución de otro- no tiene precedentes.

La división comercial del Tribunal Superior de Londres examina desde este miércoles, quién tiene autoridad para gestionar las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra.

En un juicio de cuatro días, la justicia inglesa debe determinar al administrador de esos lingotes valorados en 1.600 millones de dólares y decidirse entre la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Nicolás Maduro o la directiva ad-hoc nombrada por Juan Guaidó.

La decisión estará a cargo de la jueza Sara Cockerill, quien escuchará los argumentos de ambas partes, en las audiencias que se extenderán hasta el lunes 18 de julio. No obstante, ese día no emitirá el dictamen, sino que fijará una fecha para hacerlo, por la complejidad del caso.

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Cockerill, que ya estuvo a cargo previamente de este proceso, lo recupera ahora después de que el pasado 20 de diciembre el Tribunal Supremo, aclarara dos cuestiones preliminares, sin las cuales no se podía proceder al juicio formal.

En esos días, tras oír los alegatos de los abogados de las juntas de Maduro y Guaidó, el Supremo concluyó que el Gobierno del Reino Unido reconoció a todos los efectos al político opositor como presidente interino de Venezuela, en referencia a una declaración que emitió el 4 de febrero de 2019.

Por contra, «no reconoce en ningún caso a Nicolás Maduro, aunque aún mantenga las relaciones diplomáticas», dictó.

También dispuso que los nombramientos de Guaidó a la junta «ad hoc» del BCV deben ser considerados por la justicia inglesa como «actos soberanos» de Venezuela, dado que Londres lo trata como el presidente legítimo, pese a que fueron declarados nulos por la Justicia venezolana».

En consecuencia, la justicia inglesa, sobre la base de la evidencia, debe determinar si los tribunales tienen que dar por bueno o, por contra, ignorar el fallo del TSJ de Venezuela que invalidaba la junta de Juan Guaidó.

Los abogados de Guaidó alegarán que el TSJ «es un instrumento político de Maduro, por lo que sus dictámenes no han de ser reconocidos en el Reino Unido», según han adelantado.

En cambio, los abogados de Maduro, sostendrán que su administración es la única legitimada en Venezuela.

Una vez determine si la junta de Guaidó es legal, Cockerill podrá decidir cuál de las dos directivas del BCV puede dar instrucciones sobre las reservas de oro.

Este litigio sobre el acceso al oro se inició el 14 de mayo de 2020, cuando el presidente de la junta del BCV nombrada por Maduro, Calixto Ortega, acusó al Banco de Londres de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que fueran usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.

Además de la gestión de las reservas del banco, el eventual dictamen de la Justicia británica servirá para dirimir un pleito planteado por Deutsche Bank en mayo de 2020, sobre cuál de las partes puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.

En las próximas semanas se espera que el Tribunal Supremo del Reino Unido se pronuncie sobre el oro venezolano en el Banco de Londres. Debe decidir sobre derecho del Banco de Inglaterra a retener casi 2.000 millones de dólares que reclama Nicolás Maduro, en medio de las dudas sobre la legitimidad de su gobierno.

Gran Bretaña reconoce al líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela. Dice solo él tiene la autoridad para actuar como jefe de Estado. Por lo tanto, puede decidir cómo utilizar el oro del país en poder del banco central británico.

Sin embargo, la justicia de ese país no está convencida de ello y, según un comunicado de abogados ingleses, expertos en la materia, cualquier fallo al respecto sentará un precedente importante.

Los abogados de Zaiwalla & Co. que representan al Banco Central de Venezuela, controlado por Maduro, argumentan que el Reino Unido no debería poder determinar el destino de los activos de una nación soberana.

«Si el Reino Unido puede determinar el destino de estos activos venezolanos, sentará un precedente en el panorama del derecho internacional que legitima que los gobiernos tomen activos de naciones soberanas extranjeras y los entreguen a partidos de la oposición», dijo la firma en un comunicado, a Law.com International.

«Esto tendría un grave impacto en los mercados emergentes con reservas internacionales en los países occidentales», añadió la firma.

Guaidó, que está representado por Arnold & Porter Kaye Scholer, ha tratado de impedir la entrega del oro al ejecutivo liderado por Maduro, que, según él, es ilegítimo y corrupto.

Los abogados de Guaidó en Arnold & Porter declinaron hacer comentarios antes de la decisión del alto tribunal.

Los abogados de Maduro argumentan que el país necesita los fondos para gestionar la crisis de la COVID-19. Señalan que tradicionalmente las sanciones tienen exenciones humanitarias.

El Pnud se ofreció en 2020 a actuar como intermediario para recibir aproximadamente la mitad del oro depositado en el Banco de Inglaterra. Esto para poder comprar y distribuir alimentos y medicinas al pueblo venezolano.

«El oro pertenece al pueblo venezolano», dijo Sarosh Zaiwalla, socio fundador de Zaiwalla, a Law.com International a través de una videollamada el viernes. «Están sufriendo porque necesitan el dinero», reseñó el portal Banca y Negocios.

Zaiwalla dijo que su bufete asumió el caso el año pasado porque los socios sentían que había una injusticia. «Hablan ahora porque el caso se ha prolongado durante gran parte de la pandemia. El bufete tiene cuatro abogados en el caso. En caso de que Maduro pierda su apelación ante el alto tribunal del Reino Unido, su siguiente recurso sería La Haya.

«El resultado de este caso puede afectar al atractivo de la City de Londres. También el del Banco de Inglaterra como lugar seguro para los activos soberanos extranjeros», advirtió Leigh Crestohl, socio de Zaiwalla, que representa al Banco Central de Venezuela.

¿Quién tiene el control de mil millones de dólares en reservas de oro venezolano guardados en el Banco de Inglaterra: Nicolás Maduro o Juan Guaidó? Tras más de un año de litigio, la Corte Suprema británica empezó este lunes a examinar el caso.

El Reino Unido forma parte del medio centenar de países que consideran ilegítimo el segundo mandato de Maduro. A él lo reeligieron en unas presidenciales en 2018 que denuncian como fraudulentas.

Inglaterra sigue reconociendo al líder opositor como mandatario interino, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Esto, pese a las legislativas del pasado diciembre, boicoteadas por casi toda la oposición. Estos comicios estuvieron marcados por una abstención de 69%. Pero, aún así, devolvieron el control de la cámara al chavismo.

Este un caso de gran tecnicismo legal, sin expertos ni testigos. Cinco magistrados de la más alta jurisdicción del Reino Unido deberán determinar si efectivamente «el gobierno británico ha reconocido al presidente interino Guaidó como jefe de Estado de Venezuela» a todos los efectos.

De ser así, se debe decidir si un tribunal inglés puede cuestionar la validez de las decisiones ejecutivas de Guaidó, en particular el nombramiento de su propia junta directiva del Banco Central de Venezuela.

«Este caso es bastante inusual al plantear una cuestión sobre la pertenencia de sentencias extranjeras». Así subrayó el presidente de la corte, Robert Reed, al término el lunes del primero de los cuatro días de vistas previstos.

Los jueces no se pronunciarán de inmediato. Pero su veredicto puede tardar semanas o incluso meses. Incluso puede sentar precedente para otros bancos europeos que custodian reservas de Venezuela, afirma la agencia AFP.

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Invitada por la Corte Suprema a participar en el caso, la cancillería británica está ahora representada por el letrado Sir James Eadie. Y en junio presentó por escrito una confirmación de su reconocimiento.

«El ministro de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno, confirma por la presente que el Reino Unido reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela el 4 de febrero de 2019 y continúa reconociéndolo en esa capacidad. A partir de esa fecha, el Reino Unido dejó de reconocer a Maduro como jefe de Estado venezolano, ya sea de hecho o de derecho», precisó.

Sin embargo para Nick Vineall, abogado de la administración chavista, esto no basta. La cancillería ha puesto «repetidamente el foco en el derecho de Guaidó a representar a Venezuela en el plano internacional. Pero este caso se refiere esencialmente a asuntos internos de Venezuela y a nombramientos a nivel interno de un organismo venezolano», argumentó.

El «nombramiento presidencial» de una nueva junta del Banco de Venezuela es un «acto soberano». Y «un tribunal inglés debe respetar (este nombramiento) independientemente de su validez o legalidad en el derecho interno», defendió por su parte el representante legal de la oposición Timothy Otty. 

En este sentido «el contenido de la ley venezolana es irrelevante para una corte inglesa», subrayó su compañero Andrew Fulton. 

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Nicolás Maduro, a través del Banco Central de Venezuela presidido por Calixto Ortega, intenta sin éxito desde octubre de 2018 recuperar 32 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en mil millones de dólares, que tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

Pero Guaidó, reconocido en febrero de 2019 como presidente encargado por unos 50 países, nombró en julio de ese año su propia dirección ad hoc del banco central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes, asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo o llenar los bolsillos de un régimen «cleptócrata».

Caracas invalidó dicho nombramiento y, denunciando un «descarado robo de piratería», se querelló en mayo de 2020 contra el Banco de Inglaterra asegurando necesitar el dinero para combatir la pandemia de covid-19.

Esta institución, que custodia reservas de numerosos países, es un prestatario de servicios cuyo cliente es el Banco Central de Venezuela. Pero dijo verse atrapada entre dos grupos rivales que le daban instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que resolviese quién tiene su control.

Desde entonces, los tribunales ingleses han fallado dos veces, una a favor de cada uno de los «presidentes» rivales, por lo que ambos recurrieron a la Corte Suprema