La traición a Óscar Pérez tiene rostro: Gustavo Mujica, alias “El Chino BAE”.

 El funcionario, es señalado por su presunta participación en labores de inteligencia que facilitaron el operativo de El Junquito en 2018. 

Actualmente al mando del Grupo de Operaciones Estratégicas en el estado Lara, Mujica enfrenta acusaciones directas por el uso de tratos crueles y represalias sistemáticas contra presos políticos bajo su custodia.

 Los testimonios, que incluyen denuncias de tortura psicológica y física, han sido elevados a la Corte Penal Internacional (CPI).

Esto es Venezuela en profundidad.

La mañana del 15 de enero del 2018, Venezuela despertaría con la «La Masacre de El Junquito» una noticia en pleno desarrollo, que posteriormente se convertiría en otro caso de violación de Derechos Humanos.

En este evento, que fue bautizado por la administración de Nicolás Maduro, como la Operación Gedeón, le costó la vida a 9 personas, seis relacionados al movimiento que lideró el entonces detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Oscar Pérez, también muerto en el hecho y dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Oscar Pérez y su movimiento levantado en contra de la administración de Nicolás Maduro, salieron a la palestra pública en el 2017, cuando el funcionario tomó un helicóptero del CICPC y sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, para invocar el artículo 350 de la Constitución de la República, el cual llama a la desobediencia civil.

Meses después, Pérez lidera un asalto a un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde sustraen armas.

Vale resaltar que en ambas acciones no hubo heridos, ni muertos.

Sin embargo, las autoridades policiales en Venezuela llevaron a cabo una cacería de Pérez y sus seguidores.

La mañana del 15 de enero del 2018, acciones mixtas entre la Dirección General de Contra Inteligencia Militar, la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Comisión Nacional Anti Extorsión y Secuestro (CONAS) y la Policía Municipal de Caracas, llegaron a la población de El Junquito, a 20 minutos de Caracas.

Ubicaron la casa, propiedad de un médico cirujano, donde se escondía Pérez y sus seis seguidores.

Se produce un intercambio de disparos y dos funcionarios de la PNB caen muertos.

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Más de 500 funcionarios de los organismos de seguridad antes mencionados, participaron en la operación Gedeón, donde se usaron lanza cohetes para neutralizar a Pérez y sus seguidores.

Vale destacar que el exfuncionario policial y la gente que se encontraba con él, varios de ellos también exfuncionario y efectivos militares, colgaron en las redes sociales su intención de rendirse, incluso, mostraron parte de las conversaciones para rendirse, pero el final no fue ese.

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Un dato anecdótico en torno a este hecho, es que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), organismo al que pertenecía Pérez, no les fue permitido participar en las negociaciones para la entrega de los subordinados.

Es bueno precisar que el CICPC, es el organismo por excelencia que cuenta con el personal capacitado en negociaciones y toma de rehenes.

Además de los dos policías de la PNB, en la conocida «Masacre de El Junquito», murieron Oscar Pérez, líder del grupo insubordinado, José Alejandro Díaz Pimentel, ex funcionario de la DGCIM que acompañaba a Pérez.

También pierden la vida Abraham Israel Agostini, exfuncionario de la policía del estado Aragua y los hermanos Abraham y Jairo Lugo, quienes fueron miembros de la GNB.

Lisbeth Ramírez, esposa de Jairo Lugo, quien estaba embarazada, también perdió la vida en el hecho, así como el joven estudiante de periodismo, Daniel Soto.

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, recibió la denuncia de varias organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas PROVEA, quienes manifestaron que según los informes posteriores a la operación Gedeón, los cuerpos de Pérez y las personas que lo acompañaban en El Junquito, fueron ajusticiados.

Además, según la denuncia, supuestamente no le permitieron rendirse y el lugar del suceso fue destruido con el fin de borrar las posibles evidencias.

Posteriormente, en diciembre del 2023 la CIDH presentó antelacorte internacional los alegatos de la denuncia en contra de la administración de Nicolás Maduro, en torno a este hecho.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso 14.178 respecto de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 11 de octubre de 2023 por las ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y otras seis personas, por parte de agentes estatales en 2018 durante la denominada masacre de El Junquito, así como por la situación de impunidad de los hechos.

Óscar Pérez, agente activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue considerado crítico al gobierno tras emitir declaraciones en contra del Presidente de la República y ser cofundador del Movimiento Equilibrio Nacional. 

A mediados de diciembre de 2017, el “Movimiento Equilibrio Nacional” ingresó a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana en San Pedro de Los Altos, a las afueras de Caracas, donde se llevaron varios fusiles y pistolas. Luego Óscar Pérez publicó un video de lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter, en el que manifestó que había realizado “la Operación Génesis”. El mismo día, el Presidente ordenó el uso de la fuerza contra el grupo, a quienes describió como terroristas.

Los hechos ocurrieron en enero de 2018, cuando alrededor de 500 fuerzas de seguridad atacaron la residencia en El Junquito donde se encontraban Óscar Pérez y otras seis víctimas. A pesar de que, tal y como lo muestran diversos videos grabados por Óscar Pérez, las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo.

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Las autopsias y fotos publicadas en medios indicaron ejecuciones con «tiros de gracia». Posteriormente, familiares enfrentaron intimidaciones y el Estado no les permitió realizar un funeral adecuado.

En el informe de fondo la Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas. La Comisión señaló que las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal.

En cuanto a las garantías judiciales, la Comisión observó, entre otros elementos, la falta de documentación sobre la apertura de una investigación, junto con la demolición del lugar de los hechos y la ausencia de preservación de evidencia.

Por otra parte, la CIDH destacó la impunidad persistente y la violación de derechos de las familias, en especial debido a la imposibilidad de realizar entierros y ritos funerarios de acuerdo con sus creencias para despedir a sus seres queridos, lo cual constituyó una afectación a su integridad psíquica y moral, y una violación a los derechos a la integridad personal y la libertad de conciencia y religión.

En suma, la Comisión concluyó que el Estado venezolano es responsable por la violación de los derechos a la vida (artículo 4.1), integridad personal (artículo 5.1), garantías judiciales (artículo 8.1), libertad de conciencia y religión (artículo 12) y protección judicial (artículo 25.1), en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas identificadas en cada una de las secciones del informe.

En consecuencia, la Comisión recomendó al Estado de Venezuela las siguientes medidas de reparación:

1.       Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial.

2.       Realizar una investigación diligente y oportuna de los hechos para identificar a las personas responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Por la gravedad de las violaciones el Estado no puede utilizar garantías legales como la cosa juzgada, ne bis in ídem o prescripción para eludir esta recomendación.

3.       Disponer mecanismos de no repetición que incluyan:

a.       i) la capacitación de agentes policiales y militares en cuanto a estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal; y ii) establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas respecto de abusos cometidos por los miembros de tales cuerpos de seguridad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

Con información OEA

Cuatro años se cumplen de aquel imborrable recuerdo, una ejecución que conmocionó la opinión pública, una masacre sin treguas se había registrado en el kilómetro 16 de EL Junquito.

Lo que comenzó como un supuesto operativo para capturar a Pérez y su grupo, terminó siendo una ejecución extrajudicial transmitida en vivo por las redes sociales.

Hoy los venezolanos recuerdan aquella masacre donde fueron más de 300 funcionarios contra 7 venezolanos que se rindieron y jamás les perdonaron la vida.

El inicio de un posible 360

Todo comenzó en junio de 2017, cuando Oscar Pérez un joven venezolano, tomó un helicóptero del CICPC. Comenzó a sobrevolar el centro de Caracas y en su ventana tenía una tela que decía 350 libertad, llamando la atención de los capitalinos.

Desde el helicóptero lanzó granadas de aturdimiento sobre la Corte Suprema y el Ministerio del Interior. A las horas, publicó un video rodeado de hombres armados y encapuchados, ellos se atribuyeron las acciones de aquel día, pidió la renuncia del gobierno y el apoyo del pueblo.

Una publicación compartida de José Alejandro Diaz Pimentel (@pimentelvzla)

Muchos lo cuestionaron pues su veracidad se puso en juego cuando decía quién era y que además venía formado de un cuerpo policial como el CICPC.

Al pasar los meses más grupos de resistencia se agregaban a su llamado, las protestas de calle estaban activas y su presencia era mayor, y más videos llamando a la rebelión sin violencia.

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Sin embargo, se mantenía el hermetismo de sí confiar o no en este venezolano.

Un día como hoy OSCAR PÉREZ, sobrevoló el espacio aéreo caraqueño en un helicóptero ? del CICPC llevando un mensaje de Libertad y esperanza basado en el artículo 350 de la Constitución Nacional, que encendió la llama ? de la #Libertad de Venezuela?? pic.twitter.com/8qKtmdMj0t

A las 4 de la mañana de un 15 de enero de 2018, en este kilómetro 16 de El Junquito, al menos 300 integrantes de los cuerpos de seguridad nacional militarizaron las adyacencias de una quinta de la urbanización El Araguaney.

Allí se encontraba Oscar Pérez junto a sus compañeros de lucha, ellos fueron rodeados en el chalet donde estaban viviendo, lo que generó tensión entre los habitantes de la zona.

Habían activado la Operación Gedeón que tenía como objetivo liquidar al grupo liderado por Óscar Pérez, calificado como terrorista por el gobierno.

Un video publicado en redes sociales por Pérez, confirmaba no solo que se encontraba rodeado sino también que hablaba por una ventana con un funcionario al que se refirió como mayor, tratando de arreglar una rendición y el respeto a la vida de quienes estaban en ese lugar.

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Mientras la prensa intentaba registrar aquella inexplicable operación y la magnitud de funcionarios armados para tan solo 7 ciudadanos venezolanos, Oscar comenzaba a mostrar que, aunque que se había entregado no cesaba de las ráfagas de disparos.

#ProhibidoOlvidar la ejecución de Oscar Pérez, lo asesinó la dictadura de @NicolasMaduro y sus secuaces con tiros de gracia en la cabeza #MaduroEsLesaHumanidad #LaVenezuelaReal #SinLuz pic.twitter.com/Q7ThH73Tox

Rostros ensangrentados

Los minutos pasaban y el tiempo se agotaba, eran cientos de armas contra 7 personas que ya estaban heridas, se estaba registrando una masacre jamás vista.

La opinión pública se estremecía, los ojos del mundo puestos en Venezuela, pues estaba ocurriendo algo que jamás nadie se esperaba.

NICOLAS MADURO NO SE ACUERDA DE LA ORDEN QUE DIO DE MASACRAR A OSCAR PEREZ Y SU GRUPO! pic.twitter.com/lYqD0HXzX0

Subían y bajaban las ambulancias, órdenes de mando inexplicables pues en lugar hasta cuerpos irregulares armados estaban dentro de esta operación.

En horas de la tarde llegó ese silencio que perturba, el silencio que ya había un cese al fuego y una ejecución había culminado.

En horas más tarde Néstor Reverol, ministro de Interior Justicia y Paz para el momento, reveló que Pérez y otros seis miembros de su movimiento fueron eliminados y otros ocho integrantes detenidos.

#Video ? | Min. Nestor Reverol confirma muerte de siete terroristas en operativo de seguridad: Daniel Soto (30), Abraham Ramos (30), José Alejandro Díaz, Óscar Pérez (36), Jairo Ramos, Abraham Agostini (36), y una fémina por identificar (26) pic.twitter.com/i2sZ31tFRR

Después de ese pronunciamiento por Reverol, Venezuela pudo evidenciar que tras los videos publicados por Oscar Pérez y sus seis compañeros riéndose, lo ocurrido en El Junquito fue una masacre, una ejecución o decían entre voces muchos de los oficiales en el lugar: «es una orden de arriba».

Entre las personas ejecutadas estaban los aliados de Pérez: Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos, Lisbeth Ramírez Mantilla.

También murieron dos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y el líder del “colectivo Tres Raíces”, Heiker Vásquez.

¡COMO EN UN RITUAL! Así despidieron los policías a Heiker Vásquez en el cementerio del EsteCon un extraño ritual de despedida, funcionarios policiales dieron el último adiós a Heiker Vásquez en el cementerio del Este de Caracas… https://t.co/oHft3B4rOx pic.twitter.com/rsPdWkwHBt

Continuaba el dolor

Esta tragedia no le bastó a la familia de las víctimas, para la entrega de sus cuerpos fue un calvario, debido a que los familiares de Pérez no pudieron ver el cuerpo; solo lo hicieron cuando fue ingresado a la morgue de Bello Monte para su identificación.

Algunas fuentes en el momento indicaban que las autoridades pretendían cremar su cuerpo sin consentimiento de sus familiares, incluso enterrarlo en el punto más alto del Cementerio del Este sin que sus allegados se enteraran, al igual que a Pimentel y a Agostini.

La tumba de Oscar Pérez fue ubicada en una colina del Cementerio del este cerca de las antenas. Representantes de la sociedad civil han llegado algunos en carro y otros caminando para traer flores, carteles y banderas. pic.twitter.com/kLkSB6HSbj

No fue sino hasta el 21 de enero que Pérez fue sepultado, seis días después, en presencia de su tía y su prima.

Después de 4 años, todavía hay siete familias sin justicia; siete familias quienes le arrebataron a sus seres queridos, venezolanos que fueron ejecutados sin piedad.

A pocos metros de llegar al Complejo Militar Fuerte Tiuna, ubicados entre las parroquias de El Valle y Coche de Caracas se levantó un mural en honor a Óscar Pérez.

Pérez era un funcionario que pertenecía al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), líder de la disidencia contra la administración de Nicolás Maduro.

El pasado 15 de enero se conmemoraron tres años de su asesinato por parte de efectivos de seguridad y colectivos de Maduro en un operativo que denominaron Gedeón.

#18Ene Hermanos de lucha pintaron este mural en honor a los caídos en las proximidades de Fuerte Tiuna que dice: "Oscar Perez somos todos, Resistencia y Libertad". Invitamos a todos a pintar, rayar y a que hagamos que los muros hablen por toda Venezuela #LaResistenciaEsLibertad?? pic.twitter.com/A8bfRhZctg

El momento del asesinato de Pérez y de sus compañeros en El Junquito lo trasmitieron por las redes sociales.

La oposición y la comunidad internacional calificaron el hecho como una ejecución extrajudicial y lo denominaron la “Masacre de El Junquito”.

“Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar”, son las últimas palabras que dijo Pérez en un video divulgado en las redes sociales minutos antes de ser ejecutado.

Junto a Pérez ejecutaron a Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel.

Asimismo, a Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos y una mujer tachirense Andreina Ramírez.  

Tras tres años de la Masacre de El Junquito, la cuenta de Twitter @EsResistencia publicó una foto del mural que se pintó en su honor.

“Óscar Pérez somos todos, Resistencia y libertad”, reza el mensaje escrito en la pared cerca del recinto militar, bastión de honor de Maduro.

La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, rechazó el ascenso a coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Alexander Enrique Granko Arteaga, vinculado al asesinato de Óscar Pérez, en enero de 2018.

Es uno de los principales agentes de violación de derechos humanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), manifestó la parlamentaria.

«Me llega esta lista de ascensos militares. Destaca entre ellos Alexander Gramko. De ser cierto, cosa que no extrañaría en esta dictadura ¿Será que se ganó el ascenso en el Junquito el 15 de enero de 2018? ¿O tal vez se lo ganó en la casa de los sueños” de DGCIM?”, expresó Solórzano a través de Twitter.

Granko Artega fue sancionado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos con el congelamiento de cualquier propiedad e intereses que pueda tener en dicha nación o en posesión o control de estadounidenses, por su historial de violaciones a los derechos humanos.

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De hecho, la periodista especializada en temas militares, destacó en su Blog que este ascenso es la respuesta de Nicolás Maduro al informe de la alta comisionada para los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet, quien condenó nuevamente los tratos crueles, inhumano y las torturas que se cometen contra los presos políticos en los calabozos del Sebin y la Dgcim, gran parte de ellos ideados por Granko Arteaga.

«Nadie se explica cómo ha llegado a ser un personaje tan cruel, pero eso le ha permitido encajar perfectamente en la Dgcim, como mano derecha del general Hernández Dala. Es Granko quien ha manejado realmente la Dirección de Contra Inteligencia Militar, impone reglas, incluso por encima de los generales que han ocupado cargos subalternos en la institución”, enfatizó Barraéz en un artículo.