El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 326 protestas durante abril de 2024, equivalente a 11 diarias en todo el territorio nacional.

Esta cifra representa una disminución de 33% en comparación con abril de 2023, cuando se registraron 489.

No obstante, la ONG destaca que «se registra también un incremento importante en las protestas por participación política», en este lapso.

Las exigencias de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) no cesaron y alcanzaron 76% del total general.

«Las demandas por mejoras en los servicios básicos vuelven a repuntar en las acciones de vecinos que han retomado el protagonismo en defensa de una vivienda digna», destaca el observatorio.

Asimismo, los trabajadores de diversos gremios, con el apoyo de jubilados y pensionados, exigieron salarios y pensiones suficientes para cubrir la canasta alimentaria.

Se registraron 77 protestas por Derechos Civiles y Políticos (DCP), 24% del total general.

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En distintas sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) se denunció lentitud e irregularidades en el funcionamiento de los puntos para el registro electoral y actualización de datos.

Del mismo modo, partidos políticos y sociedad civil rechazaron las inhabilitaciones políticas, detenciones arbitrarias y demás acciones que impiden la participación política como derecho de todos los ciudadanos.

Los estados que lideraron el índice de protestas son: Bolívar (42), Sucre (26), Portuguesa (24), Anzoátegui (22), y Táchira con 21, respectivamente.

Los que menos registraron protestas fueron Amazonas (0), Apure (1) y Guárico (2).

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 411 protestas durante el mes de julio de 2023, que equivalen a un promedio de 14 diarias. Esta cifra representa una disminución del 14% en comparación con el mismo período del año pasado.

A través de su informe mensual, la ONG denunció que, pese a esa disminución de las protestas, en Venezuela «continúa la criminalización contra los trabajadores y líderes sindicales», por reclamar sus derechosos.

Y un ejemplo de ello es la reciente condena a más de 16 años de cárcel contra seis dirigentes sindicales, la mayoría de ellos de Bandera Roja, por acompañar las protestas de los trabajadores y de los pensionados.

«Hemos registrado 729 manifestaciones por derechos políticos en los primeros 7 meses del año. Esta cifra indica un incremento de las movilizaciones políticas y exigencia de justicia», señala.

«Los derechos laborales se mantienen por séptimo mes consecutivo en el primer lugar de las manifestaciones, con 175 durante este mes», destaca el OVCS.

Por algo, las manifestaciones de este tipo ocuparon «68% de todas las protestas registradas», de las cuales «fueron reprimidas 7 manifestaciones en 5 estados».

«Los trabajadores venezolanos continuaron protestando por salarios dignos en medio de un escenario caracterizado por amenazas persecución y represalias contra quien se atreve a levantar la voz exigiendo mejores condiciones de vida», denuncia el OVCS.

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Por otro lado, «el OVCS expresa su preocupación por hechos de violencia y ataques a candidatos de oposición durante sus recorridos por el país».

En este sentido, alerta que la represión de estas movilizaciones puede aumentar, precisamente porque las mismas «preparan el terreno para las primarias».

La advertencia del observatorio se da porque en las últimas semanas los candidatos a la justa del 22 de octubre han sido atacados por afectados al oficialismo, específicamente Henrique Capriles y maría Corina Machado.

En su informe, la organización destaca «las denuncias por violaciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica que se evidenciaron en la detención y criminalización de los trabajadores y sindicalistas».

#InformeOVCS | Julio 2023? 132 protestas estuvieron vinculadas a Derechos Civiles y Políticos #DCP⭕ Hemos registrado 729 manifestaciones por #DCP en los primeros 7 meses del año. Esta cifra indica un incremento de las movilizaciones políticas y exigencia de justicia?… pic.twitter.com/RDHCdULyyH

Durante las dos primeras semanas de enero la calle se calentó con las protestas de trabajadores de la administración pública, principalmente del sector salud y educación.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó entre lunes y martes más de 120 manifestaciones de calle en todo el país, unas 100 el 16 de enero y otras 28 el 17.

La ONG destacó, a través de sus redes sociales, que las mayores exigencias de los trabajadores fueron por mejoras salariales así como las fallas en los servicios básicos.

Las manifestaciones se dieron en 10 de los 23 estados del país en simultáneo.

“Los protagonistas de las manifestaciones pacíficas fueron los docentes de las escuelas Fe y Alegría de todo el país, quienes salieron a defender los derechos laborales”, destaca el OVCS.

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Por ejemplo, el observatorio señala que el lunes hubo «101 protestas» y la «mayor cantidad» ocurrió en «Amazonas, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Falcón».

Destaca que «las exigencias fueron laborales», con «manifestaciones pacíficas y participación política, además de pueblos indígenas».

Igualmente, resaltó que de las protestas «8 fueron reprimidas y obstaculizadas por PNB y GNB».

Mientras que el martes se registraron manifestaciones en:

Anzoátegui-Aragua-Bolívar-Carabobo-Cojedes-Dtto. Capital-Falcón-Guárico-Lara-Mérida-Miranda-Monagas-Portuguesa-Sucre-Táchira-Vargas-Zulia

#VocesDeLasProtestasEste martes los protagonistas de las manifestaciones pacíficas fueron los docentes de las escuelas Fe y Alegría de todo el país, quienes salieron a defender los derechos laborales. #RespetoYDignidad #17Ene ?Mérida, Carabobo, Lara pic.twitter.com/CXnpPu8ZQm

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 667 protestas en agosto de 2022, equivalente a 22 diarias. Esta cifra representa un aumento de 15% en comparación con el mismo período del año pasado.

«La disminución del poder adquisitivo, la devaluación del bolívar como moneda local, el alto costo de los alimentos, medicinas, productos y servicios caracterizan el contexto actual del país», argumenta el observatorio en su informe mensual, donde destaca que salir a la calle a protestar pacíficamente se ha convertido, nuevamente, en un arma de lucha de los trabajadores, sin acompañamiento de dirigentes políticos.

Resalta que «el descontento de la población se observó con más fuerza en zonas comerciales de los estados Anzoátegui, Delta Amacuro y Bolívar, en los que registraron manifestaciones y supuestos intentos de saqueos de locales».

En este sentido, resalta la situación económica del venezolano que, precisamente en agosto, se vio más afectada, porque «el salario mínimo está en Bs. 130, lo cual es equivalente a 16,25 dólares por mes, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Esto representa 0,54 centavos de dólar por día, un monto que condena al trabajador al hambre y las carencias básicas».

La disminución de la capacidad adquisitiva del salario igualmente se evidenció con «la inflación de agosto ubicada en 8,2%, imposibilitando a los ciudadanos para cubrir sus necesidades y menos para ahorrar. Todo este conjunto de condiciones generó protestas por parte de vecinos, trabajadores, comerciantes y consumidores».

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Según el observatorio, «590 manifestaciones estuvieron relacionas con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, equivalente a 88% de todas las documentadas».

Mientras que las protestas por reclamos de los derechos civiles y políticos se ubicaron en 77, «12% de la cifra total».

Asimismo y por cuarto mes consecutivo el índice de protestas lo lideró el estado Bolívar (100), seguido de Anzoátegui (73), Lara (62), Sucre (59) y Aragua (30).

De las 667 manifestaciones documentadas durante agosto, «al menos 326 fueron protestas combinadas que representó 49% del total registrado. En estas se exigió más de un derecho en un mismo evento».

Agosto también fue signado por los reclamos, en la calle, de parte de «maestros, profesores universitarios, así como personal administrativo y obrero del sector educativo protestó contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), en repudioa las reducciones que giran entre 70% y 80% del bono vacacional, así como otras primas».

Por ello, hubo al menos, 581 protestas rechazando el instructivo de la Onapre desde marzo de 2022.

«A lo largo de los últimos seis meses las manifestaciones de los trabajadores relacionadas con este lineamiento arbitrario y violatorio de los derechos ha ido incrementándose de forma exponencial, siendo el mes de agosto cuando ocurrieron 51% de esas manifestaciones», enfatiza el Ovcs.

Como ha venido ocurriendo en los últimos años, «se reportaron ataques y detenciones arbitrarias a representantes sindicales e integrantes de partidos políticos, en algunos casosdisidentes del gobierno».

Adicionalmente, «se registraron protestas denunciando retardo procesal. Igualmente, las mujeres y otros ciudadanos realizaron protestas en rechazo a la inseguridad y exigiendo justicia por los altos índices de femicidios».

La ONG concluye que «las protestas que a diario realiza el pueblo venezolano son una forma de expresión y visibilidad de las exigencias sociales, económicas, civiles y políticas que no están siendo atendidas debidamente por las autoridades».

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 3.892 protestas durante el primer semestre de 2022, lo que equivale a un promedio de 22 diarias. La mayoría de estas protestas ciudadanas se han llevado a cabo sin la presencia de representantes de partidos políticos.

Según el informe semestral de la ONG, «esta cifra representa un aumento de 15% en comparación con el mismo período en el 2021», señala el escrito.

El OVCS documentó 2.856 protestas relacionadas con exigencias de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. «Este número representa 73%, del total de las exigencias registradas entre enero y junio de 2022», resalta.

Dentro de este renglón y durante este lapso, «los venezolanos exigieron derechos laborales en 1.642 oportunidades, lo cual constituye el primer lugar de las exigencias, equivalente a 42% del total general».

«La documentación y análisis del OVCS destaca que las protestas laborales continúan liderando el índice y se repiten como ocurrió en los primeros seis meses de 2021», agrega.

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Las principales demandas de los trabajadores se relacionan «con un salario digno y suficiente, que le permita cubrir sus propias necesidades y la de su núcleo familiar», resalta el informe.

Por otra parte, el colapso de los servicios y la falta de soluciones efectivas y largo plazo por parte de las autoridades, «se ha mantenido como segundo motivo que provoca acciones de protestas realizadas mayoritariamente por vecinos», enfatiza.

Adicionalmente, «el sistema de salud sigue en crisis y empeora en cuanto a infraestructura, disponibilidad de materiales, insumos y equipos médicos necesarios para la atención de población».

Las protestas en este segmento se hace también como una denuncia contra «la criminalización, vigilancia y acoso que sufre el personal del sector salud, por parte de autoridades gubernamentales, quienes han señalado a los trabajadores del sector como responsables de hurtos e insuficiencia de medicinas, así como de materiales necesarios para la atención médica».

Por otra parte, el resumen semestral destaca que las protestas que tienen que ver con «exigencias de Derechos Civiles y Políticos» llegaron a 1.036 en seis meses, «lo que se traduce en 27% del total registrado».

En este caso, «dirigentes y simpatizantes de partidos políticos expresaron desacuerdos por la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además, se hicieron presente en acciones de calle para rechazar las políticas ejercidas por Nicolás Maduro».

De su lado, los activistas por los derechos humanos también se expresaron en la calle. «El movimiento de DD.HH se movilizó en rechazo a la persecución, estigmatización, criminalización y detención contra defensores, trabajadores humanitarios y otros miembros de la sociedad civil».

Mientras, «las personas privadas de libertad y sus familiares denunciaron retardo procesal y pésimas condiciones de reclusión».

En cuanto a las protestas por región, el estudio señala que «en el primer semestre de 2022 el estado Bolívar lideró el índice de manifestaciones con 567. Seguido de Lara (473), Anzoátegui (289), Distrito Capital (231) y Aragua (187)».

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 2.677 protestas durante los primeros cuatro meses de 2022. Esta cifra representa un incremento de 28% en comparación con el mismo lapso de 2021.

En nota de prensa, el OVCS indicó que en promedio se registraron 22 protestas diarias en todo el país.

«La profundización de la emergencia humanitaria compleja persiste y afecta a la mayoría de las personas que habitan en Venezuela», señala el boletín y esas son las razonas de las manifestaciones.

«Sobre todo a los más pobres y con mayor fuerza a grupos vulnerables, en especial a mujeres, niños, adultos mayores y comunidades indígenas», señala.

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Sin embargo, resalta que «los venezolanos continúan en las calles de manera pacífica exigiendo a las autoridades del país respuestas que permitan garantizar una vida digna».

La ONG señala que de enero a abril de este año, «más de 70% de todas las manifestaciones y exigencias ciudadanas fueron por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales».

Asimismo, «los derechos laborales lideraron el índice de manifestaciones en estos cuatro meses, con 1.012 en total. En los últimos años, este lugar lo ocupaban las protestas por servicios básicos», resalta.

Subraya el observatorio que «los trabajadores realizaron diversas acciones rechazando un salario mínimo que hasta principios de año era equivalente a dos dólares al mes y que en marzo fue ajustado a 25 dólares».

Pese al aumento, el OVCS asegura que «la cifra es insuficiente en el contexto económico del país y un ejemplo es el drama que viven los trabajadores venezolanos que sobreviven con menos de un dólar al día».

Por otra parte, el OVCS registró 659 manifestaciones por servicios básicos con reclamos habituales por fallas en el suministro de agua potable, gas doméstico y electricidad.

Además, se le sumaron otros servicios como recolección de desechos sólidos y aguas servidas, telefonía móvil e internet.

En el contexto de derechos políticos hubo 519 protestas durante los primeros cuatro meses.

En este sentido, se reportaron al menos 1.874 concentraciones frente a instituciones o centros gubernamentales; 289 cierres de calles o avenidas en zonas donde los manifestantes llamaron la atención y visibilizaron sus demandas; y 80 marchas, entre otras.

El estado Lara registró el índice más alto de manifestaciones con 361, seguido de Bolívar (349) y Anzoátegui (187).

de igual forma, la organización reseñó que en ese lapso fueron reprimidas o impedidas 32 protestas pacíficas en 10 estados del país. Pero, esto representa una disminución de 13% en comparación con los primeros cuatro meses de 2021

Destaca que esos cuatro meses no se registraron muertes en el contexto de las manifestaciones.

«Este decrecimiento en el comportamiento represivo de los representantes de cuerpos de seguridad del Estado y de civiles armados tiene que ver en gran medida con las investigaciones, monitoreo y documentación que actualmente realizan: la ONU, la OIT la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y también la Corte Penal Internacional (CPI)», resaltó.

El Observatorio de Conflictividad Social señaló que 1.144 de las protestas estuvieron relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que representa un 76%.

“Cada vez es más difícil para el venezolano mantener las mínimas condiciones de vida”, aseguró el OVCS al reportar 1.506 protestas, que equivalen a 17 diarias.

Promedio de protestas solo en los primeros 90 días del 2021; exigencias que reflejan el rechazo de los venezolanos por la imposibilidad de mantener las mínimas condiciones de vida.

«En aspectos fundamentales como salud, alimentación y vivienda, lo que constituye el motor de las protestas sociales», precisó el OVCS.

Además, sostuvo que las protestas de los trabajadores lideraron el índice de conflictividad con un reporte aproximado de 548 manifestaciones.

“Dolarización del salario para cubrir la canasta básica y vivir con dignidad, respeto a las contrataciones colectivas y condiciones adecuadas de infraestructura e implementos para ejercer sus labores, forman parte de las exigencias”, señaló el informe.

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El informe del Observatorio también detalló que los gremios de la salud, educación e industrias básicas, lideraron las principales manifestaciones en rechazo “a los salarios de hambre que devengan”.

«El Estado como patrono no garantiza los derechos laborales, y sumado a eso insiste en una política de amedrentamiento, detenciones arbitrarias, acoso laboral, sin tipo ningún de garantía”, denunció.

En el caso de los trabajadores sanitarios exigen protección del Estado para ejercer su labor y proteger su vida.

Además, rechazan la migración de nómina al Sistema Patria, lo que ha generado innumerables retrasos.

Unas 495 protestas se relacionan con servicios básicos, de las cuales:

También hubo 362 protestas se relacionaron con Derechos Civiles y Políticos, con la respectiva persecución, estigmatización y criminalización a defensores de derechos humanos y periodistas.

Asimismo se indica que 23 protestas fueron reprimidas en 13 estados, dejando un saldo de 13 detenidos, 6 heridos y 1 persona fallecida.

Y entre los eventos más relevantes primer trimestre, está el conflicto armado registrado en el estado Apure, en la comunidad La Victoria, sector El Ripial.

“Los moradores protestaron denunciando las agresiones recibidas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, situación que ha generado alrededor de 5.000 desplazados hacia Colombia, agudizando la Emergencia Humanitaria venezolana”, reveló.

De acuerdo con el reporte, los estados Anzoátegui y Sucre lideraron el índice de protestas con 130 cada uno, seguido por:

La ONG concluyó que su informe es un indicador de vulneración de derechos, y un mapa que revela las preocupaciones de los venezolanos.

(Con información de ANSA)

¿Cómo fue la conflictividad social en Venezuela durante el 1er trimestre de 2021?En Venezuela ni el Covid-19, ni la represión frenaron las protestas. En nuestro informe evidenciamos el complejo escenario de nuestro país. Publicamos nuestro #InformeOVCS https://t.co/uFKEk3GSGB pic.twitter.com/zGc1vNJ7pv

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.506 protestas en los primeros 90 días de 2021. Esto es equivalente a un promedio de 17 diarias. Esta cifra representa una disminución del 24% en comparación con el mismo período del año pasado.

La información la dio a conocer el OVCS, cuando Venezuela cumple un año desde que se decretó el estado de alarma por la COVID-19. Asegura que el profundiza la Emergencia Humanitaria Compleja e incrementa las restricciones a las libertades ciudadanas.

La ONG sostiene que los motivos de las protestas van desde exigencias laborales, déficit en el sistema de salud y alimentación, hasta servicios básicos cada vez más colapsados.

«En el último año se suma la escasez de combustible que afecta transversalmente el desarrollo del país en todas las áreas. Aunado a esto, las familias venezolanas deben sortear escenarios con mayores limitaciones. Las mismas no les permiten una vida digna, donde todos sus derechos estén garantizados», agrega.

También alerta que «cada vez es más difícil para el venezolano mantener las mínimas condiciones de vida. Aspectos fundamentales como salud, alimentación y vivienda, constituyen el motor de las protestas sociales».

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La ONG destaca que de las 1.506 protestas, 1.144 estuvieron relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto representa 76%, del total de las exigencias registradas en este periodo.

«362 protestas se relacionan con derechos civiles y políticos. Esto se traduce en 24% del total de protestas registradas en los primeros 90 días del año. Período donde continuó la persecución, estigmatización y criminalización a defensores de derechos humanos y periodistas», denunció.

De igual forma, las personas privadas de libertad y sus familiares son víctimas de la negligencia del sistema judicial, que está viciado de irregularidades en el manejo de los lapsos exigidos en la ley.

Se suma la incapacidad de las autoridades por atender oportunamente los casos, lo cual recrudece las condiciones de reclusión de estas personas, dejando de lado sus derechos fundamentales.

El Observatorio de Conflictos confirmó este martes 15 manifestaciones en todo el país por la crisis que aqueja a los venezolanos.

Mediante su cuenta en la red social Twitter detalló los estados que salieron a exigir sus derechos:

Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Monagas, Portuguesa. Sucre, Vargas, Zulia.

La Organización No Gubernamental detalló que en Puerto La Cruz, los vecinos exigieron que atiendan el desbordamiento de aguas servidas en Los Cerezos.

En Maturín, Mongas, los vecinos se mantuvieron por segundo día consecutivo en la urbanización Aves del Paraíso exigieron gas doméstico.

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En Amazonas, los ciudadanos exigen suministro de gas doméstico luego de tres meses sin el servicio.

Actualmente, Venezuela sufre fallas en el servicio eléctrico, de agua, gas y combustible.

La responsabilidad de la crisis humanitaria en Venezuela se deriva del mal empleo de políticas públicas por parte del régimen primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro.

Entonces, los trabajadores venezolanos están sometidos a recibir un salario mínimo que equivale a 1 dólar mensual, lo que impide que puedan adquirir productos básicos necesarios para el día a día.

De acuerdo con el OVSC, este 2020 se registraron más de siete mil protestas por la falla de servicios básicos.

En septiembre se rompió record del número de protestas que se presentaron en el país, informó el OVSC.  

A principios de octubre el observatorio informó que en septiembre se presentaron 1.193 manifestaciones por la crisis que aqueja al país.

Anzoátegui lideró el índice de protestas con 112 manifestaciones, seguido de los estados Sucre (107), Nueva Esparta (102), Bolívar (94), Lara y Zulia con 79 protestas, respectivamente.

#27Oct Balance preliminar de protestas: Hasta las 6 pm hemos registrado 15 manifestaciones pacífica en 10 estados del país.1. Amazonas2. Anzoátegui3. Apure4. Aragua5. Monagas6. Portuguesa7. Sucre8. Vargas9. Zulia pic.twitter.com/6oyRPkI9Tm

Debido al colapso de los servicios básicos, durante septiembre se registraron 1.193 protestas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) informó que hubo un promedio de 40 protestas diarias. «Esta cifra, ubica al noveno mes del año con el índice de protestas más alto», destaca la ONG.

La demanda de derechos fundamentales es el principal motivo de protestas. «En este lapso, 90% de las exigencias eran para rechazar el colapso de servicios básicos. Además de la crisis de combustible, reivindicaciones laborales, salud y alimentación», dice el observatorio en nota de prensa.

Con 404 protestas, la crisis de la gasolina fue la principal motivación de las manifestaciones durante el mes. Se suma a la precaria situación con la electricidad, agua potable y gas doméstico. «Esto profundiza la pérdida de calidad de vida de los venezolanos», denuncia la organización.

En septiembre se registraron al menos 394 demandas en rechazo a los apagones. Asimismo, 375 para exigir gas doméstico y 315 por la falta de agua potable.

Las protestas laborales ocuparon el segundo lugar de la conflictividad en el país. «Se registraron un promedio de nueve protestas diarias en demanda de un salario digno».

La ONG resalta que «los conflictos sociales revelan la profunda emergencia humanitaria que atraviesan los venezolanos». Pero, subraya que esta situación «es más dramática y aguda en el interior del país».

La espiral de protestas se inició el 22 de septiembre, en el estado Yaracuy. Vecinos de Urachiche realizaron una marcha pacífica para exigir servicios básicos y salarios dignos para profesores y maestros.

Estos reclamos se fueron replicando posteriormente en varios estados del país. Se llegaron a escenificar 701 acciones de calle entre el 22 y el 30 de septiembre.

En promedio general, Anzoátegui lideró el índice de protestas con 112 manifestaciones. Lo siguen Sucre (107), Nueva Esparta (102), Bolívar (94), Lara y Zulia con 79.

El Ovcs también denuncio cómo estas manifestaciones populares y pacíficas son respondidas con una política de represión por parte del régimen.

«Se caracteriza por la violación sistemática de derechos humanos de los manifestantes. Todo a través del uso letal de la fuerza, tratos crueles inhumanos y degradantes. Además de detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales», señala.

En septiembre se registraron 74 manifestaciones reprimidas, obstaculizadas o impedidas en 19 estados del país. Con un saldo de una persona asesinada, 233 detenidos y 52 heridos.

Adicionalmente se documentó la militarización o activación de dispositivos y operativos policiales en 20 estados.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró un promedio de 25 protestas diarias durante el primer semestre del 2020, para un total de 4.414.

La ONG afirma que más de la mitad de las protestas se hicieron para exigir el derecho a los servicios básicos y en este segmento ocurrieron alrededor de 14 diarias, para un total de 2.505 en seis meses. «Las fallas eléctricas ocuparon el primer lugar de los reclamos, seguidas por las demandas de agua y gas», indicó el observatorio.

«Esta situación, que hace más vulnerable a la población frente al COVID-19, demuestra una vez más el colapso de los servicios a los que está sometida la familia venezolana, siendo el acceso al agua, electricidad y gas uno de los principales derechos que debería garantizar el Estado a todos sus ciudadanos, aún más cuando desde el poder se controlan estos servicios», destacó el informe dl OVCS.

Por otro lado, la organización denunció que en el primer semestre de 2020 «empeoró la escasez de combustible. Largas colas, que incluían varios días para poder surtirse y racionamiento de la venta según el terminal de la placa del vehículo, formaron parte del panorama en todo el territorio nacional».

«La agudización de la situación y la reducida actividad de la industria petrolera llevó a la importación de gasolina proveniente de Irán para abastecer el mercado y, a su vez, aplicar un aumento del precio, establecido en bolívares y dólares», recordó la ONG..

Para el observatorio, «la supervivencia en condiciones extremas se ha convertido en un modo de vida en el país de las mayores reservas de crudo del mundo, dominado por un sistema político que ha llevado a sus ciudadanos a la pobreza y desigualdad social».

Reclamos laborales

Por otro lado, los reclamos laborales se ubicaron en el segundo lugar del índice de conflictividad, «al representar 21% del total de las protestas registradas hasta junio. En seis meses, se reportaron 943 protestas, equivalentes a cinco diarias» por ese motivo.

Destaca la ONG La región andina lidera los índices de conflictividad. «Por entidad, Táchira ocupó el primer lugar con 488 protestas, seguido de Mérida con 454.  Miranda (355), Distrito Capital (349) y Anzoátegui (304), siguieron el conteo de las principales entidades con mayor conflictivida».