“En al menos 72 horas hemos conocido la muerte de tres personas privadas de libertad en Venezuela”, denunció este martes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en sus redes sociales.

“Confirmamos el fallecimiento de José Gregorio Mendoza Guzmán, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina”, publicó la ONG y agregó que el reo falleció “a consecuencia de una hipoxia severa”.

Sostuvo que “este fallecimiento eleva a cinco el número de internos que han perdido la vida en los centros penitenciarios solo durante el mes de junio”.

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🚨 OVP DENUNCIA 5 MUERTES DE RECLUSOS EN JUNIOEl @oveprisiones confirmó la muerte de José Mendoza, recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina, por una supuesta hipoxia severaCon este caso, asciende a 5 el número de privados de libertad fallecidos en junio pic.twitter.com/9iQmbQjEQf

Se trata de  Yosevet de Jesús Lozada, en Rodeo III,  Alberto Rafael Solarte Cabrera, en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, estado Zulia, - Fabiana Desirée Páez Fernández, en La Crisálida,  Yonny José Bastidas Briceño, en el Centro Penitenciario de Occidente I Cipriano Castro, en Santa Ana, estado Táchira".

También denunció que “entre abril y junio han fallecido 28 personas bajo custodia del Estado venezolano”.

“Desde  @oveprisiones exigimos al régimen que vele por la integridad de los privados de libertad, cumpla con la legislación venezolana, y garantice la atención médica, pues de lo contrario es condenarlos a morir. Habrá justicia”, finalizó.

“Confirmamos la muerte de Yonny José Bastidas Briceño, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”, en Santa Ana, estado Táchira”, denunció este lunes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

A través de su cuenta en X, destacó que ese penal tiene “una población de más de 1400 reclusos”, lo que significa  un hacinamiento superior al 165 %".

Afirmó el OVP que “la falta de atención médica integral provocó que el recluso falleciera a causa de una peritonitis aguda y otras complicaciones de salud, durante este mes de junio”.

Alertó la ONG que “con la muerte de Yonny se eleva a 27 la cifra de fallecidos en centros penitenciarios de #Venezuela en tan solo cuatro meses de este año (abril-junio 2026), lo cual refleja la desatención de las autoridades a la población penal”.

También destaca que “solo en el mes de junio hemos registrado la muerte de otros tres privados de libertad: - Yosevet de Jesús Lozada, en Rodeo III,  Alberto Rafael Solarte Cabrera, en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, estado Zulia y  Fabiana Desiree Páez Fernández, en La Crisálida. (Primera mujer registrada en este penal)”.

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#DenunciaOVP 🚨Confirmamos la muerte de Yonny José Bastidas Briceño, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”, en Santa Ana, estado #Táchira. Con una población de más de 1400 reclusos, este centro penitenciario sufre un hacinamiento… pic.twitter.com/HEN48DvQCB

Asimismo, recordó que en su "informe anual 2025" ya documentamos que la falta de atención médica ocasionó la muerte de 95 % de los reclusos en el país. El Estado sigue omitiendo su responsabilidad".

El observatorio enfatizó que “cuando una persona muere bajo custodia del Estado, y la desnutrición es una de sus causas, se violentan los deberes de protección. Al estar privados de libertad, dependen por completo de las autoridades para su alimentación, salud y vida digna”.

“La falta de atención médica sigue cobrando vidas en las cárceles venezolanas.  Yosvet de Jesús Lozada Rojas murió en el Internado Judicial Rodeo III, bajo la custodia del Estado”, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

A través de sus redes sociales, el OVP informó que este hombre, de 32 años, “presentaba un cuadro crítico de desnutrición, no lograba sostenerse en pie por sus propios medios y sufría una pérdida progresiva de la memoria, hasta el punto que le impedía reconocer a sus seres queridos”.

Incluso, dijo que este caso lo conocían “en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público”, y “además solicitaron una medida humanitaria ante el tribunal de terrorismo que era quien llevaba su causa. A pesar de que los familiares notificaron formalmente la gravedad de la condición de Yosvet, nunca recibieron una respuesta”.

La ONG recordó que “el Estado es garante de la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad”.

También afirmó que “la pena de muerte no está establecida en nuestra legislación, pero la falta de atención médica oportuna, adecuada y la indolencia institucional siguen produciendo el mismo resultado tras las rejas”.

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El observatorio denunció que “esta omisión estatal viola de forma sistemática el artículo 43  de nuestra Constitución, el cual establece que el derecho a la vida es sagrado e inviolable, obligando a las autoridades a proteger a cualquier ciudadano bajo su custodia”.

 Asimismo, “el Estado vulnera  el artículo 46, numeral 2, al mantener al interno sin asistencia médica, viendo cómo se deterioran sus capacidades físicas y cognitivas hasta perder la vida, eso constituye una forma de tortura institucionalizada y un trato degradante que viola la ley y  los estándares internacionales, destruyendo los principios más elementales de los DD. HH.”.

El OVP, igualmente, destacó que “la muerte de Yosvet es la número 22 que hemos documentado en los últimos meses. Exigimos una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre este caso. Estaremos informando a instancias internacionales porque morir por falta de médica es una violación a los derechos humanos. ¡Habrá justicia!”.

⚖️ DENUNCIAN LA MUERTE DE UN RECLUSO POR "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA"El @oveprisiones denunció la muerte de Yosvet Lozada Rojas, 32 años, quien estaba recluido en el Rodeo III. Presentaba un cuadro crítico de desnutrición y su familia había alertado reiteradamente sobre su estado pic.twitter.com/u5jHc1iKRk

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de Víctor Alfonso Rivero en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, en el estado Sucre.

La ONG , dijo que con este caso, aumenta a  20 el número de personas privadas de libertad fallecidas en centros de reclusión del país desde abril de 2026.

Lamentó que esto demuestra que se agravan las condiciones  en las cárceles y calabozos policiales del país.

Destacó que cada nuevo deceso pone de relieve la falta de respuestas efectivas ante la crisis que afecta a la población reclusa.

El OVP preguntó: ¿Cuántas pérdidas humanas más deberán registrarse antes de que las autoridades reconozcan la emergencia existente en los establecimientos penitenciarios?.

También recordó que las personas detenidas se encuentran bajo la responsabilidad directa del Estado, por lo que cualquier fallecimiento relacionado con ausencia de atención médica, retrasos en traslados hospitalarios o condiciones incompatibles con la dignidad humana representa una grave vulneración de derechos fundamentales.

El observatorio advirtió que la sucesión de fallecimientos no pueden interpretarse como hechos aislados.

Ratificó que se trata de un patrón que requiere la actuación inmediata de los organismos competentes y el monitoreo constante de instancias internacionales especializadas en derechos humanos.

También insistió en que la acumulación de casos refleja problemas estructurales que persisten dentro del sistema penitenciario venezolano, marcado por denuncias sobre deficiencias sanitarias, dificultades para acceder a tratamientos y demoras en la atención de emergencias médicas. 

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes que desde abril han fallecido 19 presos comunes bajo custodia del Estado, lo que considera que evidencia la gravedad de la crisis sanitaria dentro de las cárceles del país.

«Alberto Rafael Solarte Cabrera murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro de Formación del Hombre Nuevo ‘Doctor Francisco Delgado’, antigua cárcel de El Marite, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia)», señaló el OVP en una publicación en X.

 La muerte de Solarte Cabrera, que sería la número 19 desde abril, «vuelve a encender las alarmas sobre la salud de la población reclusa».

«En Venezuela, enfermar dentro de una cárcel puede significar esperar días, semanas o meses por una atención médica que no llega, un traslado hospitalario que se retrasa o un tratamiento que nunca es suministrado», apuntó.

El OVP dijo que desde abril ha documentado muertes de presos en cárceles de los estados Lara (oeste), Guárico (centro), Miranda y Carabobo (norte), así como en Falcón (noroeste) y Táchira (oeste, fronterizo con Colombia).

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Igualmente, detalló que se trata de personas que estaban bajo el control del Estado y que debían recibir protección, atención médica y condiciones compatibles con la vida.

La ONG exigió al Estado que esta muerte sea investigada y que se adopten medidas urgentes para atender «la emergencia sanitaria dentro del sistema penitenciario venezolano».

El martes, el observatorio indicó que un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica.

La ONG alertó, en la presentación de su informe anual, que esto representa un aumento de más de 50 % de estos casos respecto al año anterior.

El observatorio señaló, a partir de un registro del 85% de los centros de detención en el país, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales.

 Asimismo, aseguró que 151 de los decesos se dieron a falta de atención médica.

Entre las causas de los fallecimientos menciona las afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, falla multiorgánica y shock hipovolémico.

Asimismo, el OVP alertó sobre intentos de suicidios y reiteró la denuncia sobre tratos crueles, «inhumanos y degradantes» en las cárceles venezolanas.

🚨 #OVPDenunciaAlberto Rafael Solarte Cabrera murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Doctor Francisco Delgado”, antigua cárcel de El Marite, en el estado #Zulia.Con su fallecimiento, ya son 19 las personas privadas de libertad… pic.twitter.com/Ti7dMyn9HL

Con información de EFE

Este martes, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre un aumento de más del 50% en las muertes de presos en los penales del país, durante el 2025, en relación con al año anterior.Se trata del informe presentado por el OVP acerca de la realidad carcelaria del país.

Según el documento, un  total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela en año pasado, la mayoría por falta de atención médica.

En su reporte anual, la ONG detalla, a partir de un registro del 85% de los centros de detención en el país, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales.

Asimismo, asegura que 151 de los decesos se dieron a falta de atención médica.

Las causas 

Entre las causas de los fallecimientos menciona las afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, falla multiorgánica y shock hipovolémico.

“El derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas (…) En 2025, lejos de mejorar ese patrón se agravó: las personas privadas de libertad enfrentan una desatención médica sistemática que las acompaña desde el ingreso hasta el último día de su reclusión”, dice el informe.

El OVP añadió testimonios de familiares de los privados de libertad que enfrentan enfermedades y en los que denuncian complicaciones para la entrega de medicinas o el traslado para que recibieran atención médica, alimentación adecuada o para el acceso al agua que, en muchos casos, debe ser almacenada por los reclusos en envases en las celdas.

«Quienes entran con enfermedades preexistentes no cuentan con controles regulares, ni con acceso adecuado a consultas, exámenes, medicamentos o seguimiento de sus condiciones de salud», señala el documento.

Asimismo, el OVP alertó sobre intentos de suicidios y reiteró la denuncia sobre tratos crueles, «inhumanos y degradantes» en las cárceles.

Estos malos tratos «no son un hecho aislado, son un patrón sistemático y una política de Estado», añadió.

«El problema carcelario es una falta de voluntad política (…) las personas que lamentablemente han puesto en estas responsabilidades no saben absolutamente nada del tema carcelario», indicó el director del OVP, Humberto Prado, en la presentación en línea del informe.

Además, el observatorio recordó que entre 2015 y 2025 unos 26 presos políticos han muerto bajo custodia del régimen o e incluyó entre ellos a Víctor Quero, cuya deceso fue reconocido por el régimen diez meses después de ocurrido, según anunciaron las propias autoridades del chavismo a comienzos de mayo pasado.

Según los registros de OVP, durante la dictadura del fallecido Hugo Chávez (1999-2012), unos 5.657 reclusos murieron bajo custodia del régimen, mientras que en la Administración de su sucesor, Nicolás Maduro (2013-2025), fueron 2.454 los fallecidos.

Con información de EFE

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de otro privado de libertad bajo custodia del Estado.

Se trata de “Francisco Orellano, quien murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir la atención médica que requería oportunamente”, denunció la ONG en su cuenta en X.

Denuncia que con esta muerte, “que ocurre en medio de una crisis penitenciaria donde enfermar dentro de una cárcel puede convertirse en una sentencia de muerte, ya son 18 las personas privadas de libertad que han muerto bajo custodia del régimen venezolano entre abril y lo que va de mayo de 2026”.

Lamentó el OVP que “en Venezuela, cientos de presos permanecen recluidos con enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados, mientras los traslados hospitalarios suelen llegar tarde o simplemente nunca ocurren”.

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También recordó que “en las últimas semanas, desde  @oveprisiones hemos documentado las muertes de José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías y ahora Francisco Orellano”.

Alertó que “estas muertes constituyen una grave violación de la CRBV, cuyo artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado, mientras que el artículo 272 ordena garantizar un sistema penitenciario que respete los derechos humanos y contribuya a la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Asimismo, el artículo 46 consagra el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y exige que toda persona privada de libertad sea tratada con el respeto debido a su dignidad humana”.

El Observatorio se pregunta, ante esta situación, ¿dónde está la defensora del pueblo, Eglée González Lobato? ¿Dónde está la institución llamada a velar por la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad? Mientras los presos enferman, se deterioran y mueren bajo custodia, la actuación de los órganos encargados de prevenir estas violaciones sigue siendo inexistente o insuficiente".

La organización advirtió  que, “cuando un preso muere por falta de atención médica, abandono institucional o condiciones incompatibles con la vida, no solo fracasa el sistema penitenciario, sino que también fracasan los mecanismos de protección y control que tienen el deber de actuar para evitar estas tragedias. Cada una de estas muertes exige una investigación, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y responsabilidades concretas para quienes, por acción u omisión, permitieron que ocurrieran”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció, a través de sus redes sociales que los reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), tomaron el penal.

La medida ocurrió  luego de que los custodios reprimieron una protesta pacífica.

“En varios videos que hacen llegar a @oveprisiones se observa a gran parte de la población reclusa del Internado Judicial de Barinas (Injuba) sobre el techo de las torres, algunos han quemado colchonetas”, publicó el OVP en su cuenta enX.

Destacó la ONG, según versiones recabadas por sus fuentes, que los internos manifestaban para exigir el respeto a sus derechos y la destitución del director.

“Dentro de sus exigencias destaca la destitución de Elvis Macuare Guerrero, recién nombrado director del penal, a quien señalan de presuntamente someterlos a requisas violentas, aislamientos y torturas”, publicó el OVP.

La organización indicó que “los internos aseguran que estaban manifestando pacíficamente, cuando el personal de custodia acompañado por el nuevo director supuestamente disparo en contra de los privados de libertad y hay algunos heridos”.

Debido a esta situación, los familiares de los reclusos se han apostado a las afueras del penal, a la espera de información sobre sus seres queridos.

“En las afueras de Injuba se encuentran familiares de los internos sumamente preocupados por la situación. Relatan que ante los constantes maltratos la población reclusa decidió protestar”, resaltó el observatorio.

Alertó que las familias “temen por lo que pueda ocurrir con cada uno de los reos, no quieren que se registre una masacre”.

La ONG anunció que se mantiene “monitoreando la situación”, además de que están “documentando los hechos e informando al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos”.

“La gestión de Julio García Zerpa al frente del Ministerio para el Servicio Penitenciario se ha caracterizado por un intento de proyectar una imagen de humanización y normalidad, que es todo lo contrario a la realidad que se vive en cada uno de los centros penitenciarios en Venezuela”.

La afirmación la hizo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en su cuenta en X, donde acusó al titular del despacho de tratar de  “maquillar” y “manipular comunicacionalmente” la realidad de los penales en Venezuela.

En el post, el OVP recuerda que “entre abril y mayo se registró el conflicto en el Centro Penitenciario Yare III, el anuncio de la muerte del preso político, Víctor Quero Navas, en el Internado Judicial Rodeo I, y la publicación sin autorización de la fotografía de Emirlendris Benítez y su familia. Estos han sido más que desaciertos de este ministro”, dijo.

Agrega que el 21 de abril “publicaron un comunicado sobre lo ocurrido en Yare III, donde fueron asesinados cinco privados de libertad y manifestaron que se trató de un motín entre internos, señalándolos como “líderes negativos y miembros de bandas criminales”, un discurso oficial que intentó reducir los hechos violentos, ignorando las raíces de tales acciones, ocultando  las causas de muerte de los internos y la cantidad de heridos”.

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Para el Observatorio, “al minimizar la gravedad de lo ocurrido en este penal, García Zerpa no solo ocultó el alcance del caos interno, sino que despreció la angustia de decenas de familias que, ante la opacidad gubernamental, solo recibían silencio como respuesta, demostrando así su ignorancia en sus funciones y justificando una masacre”.

Destaca que “ese mismo patrón de indolencia se repitió con el caso de Víctor Quero Navas, cuando el #7May, a través de otro comunicado, el ministerio se escudó al decir que Víctor en el momento de su reclusión en el Rodeo I no dio datos filiatorios y que ningún familiar se presentó para solicitar visita formalmente, cuando fue público y comunicacional todas las veces que la señora Carmen Navas estuvo acompañada de familiares de otros presos políticos en dicho penal y solicitó información sobre su hijo. Sin embargo, la respuesta que recibió en reiteradas oportunidades es que no se encontraba en ese recinto.”.

Asimismo, añade  que “García Zerpa, a través del anuncio de la muerte del preso político tomó la vocería de ese penal que no está bajo sus órdenes sino del Sesmas, dejando en evidencia una serie de incongruencias entre la fecha de su detención y la de su muerte”.

“El fallecimiento de Víctor Quero Navas representa el fracaso más absoluto del deber de custodia del Estado. Mientras el ministro sostiene en redes sociales que el sistema garantiza el derecho a la salud, la agonía de Quero Navas demuestra que la asistencia médica en las cárceles venezolanas es, en muchos casos, inexistente o discrecional”.

Finalmente, la ONG sostiene que “el cinismo de esta gestión alcanzó un nuevo nivel con la utilización de la imagen de la presa política Emirlendris Benítez para una campaña del Día de la Familia. Utilizar la fotografía de una mujer que ha sido víctima de torturas, al punto de provocarle un aborto,  que ha sido separada de su entorno familiar, y cuya salud está quebrantada, constituye un acto de violencia institucional y revictimización”.

“Presentar a Emirlendris como el rostro de la unión familiar bajo el amparo del ministerio, sin su consentimiento y en abierta contradicción con su realidad de aislamiento y sufrimiento, despoja al discurso de García Zerpa de cualquier pretensión de ética”.

Por ello, desde el OVP  “observamos cómo estos tres hechos revelan una gestión que prioriza el maquillaje y la manipulación comunicacional sobre la urgencia de salvar vidas y respetar la dignidad humana en el sistema carcelario”.

En consecuencia, la ONG sigue “exigiendo la renuncia de Julio García Zerpa del Ministerio de Servicio Penitenciario, y exigimos una investigación exhaustiva e imparcial, no solo por estos últimos hechos, sino por cada una de las muertes que se registran en las cárceles”.

Finalmente, recuerda el OVP que “en menos de un mes hemos documentado al menos 17 decesos ocurridos en distintos penales del país, mientras este ministerio no da respuesta y agrava la crisis penitenciaria ya existente y continúa con la sistemática vulneración a los DD. HH.”.

 Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), desmintió las declaraciones de la ministra para la Mujer, Yelitze Santaella, sobre la supuesta existencia de “más de seis mil mujeres privadas de libertad” en Venezuela.

En nota de prensa, Prado advirtió que “esa cifra no coincide” con los registros documentados por la organización ni estuvo acompañada de información oficial verificable.

“El problema no es solo la cifra, si el Gobierno asegura que existen más de seis mil mujeres privadas de libertad, debe publicar información oficial, actualizada y verificable sobre dónde están recluidas, en qué condiciones permanecen y cuál es su situación judicial”, afirmó Prado.

En ese sentido, desde el OVP documentaron que en Venezuela existe una sola cárcel exclusiva para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), además de 12 anexos femeninos activos dentro de cárceles construidas para hombres.

En su más reciente documentación sobre el INOF, la ONG indicó que este centro albergaba alrededor de 650 mujeres privadas de libertad, pese a tener una capacidad aproximada para 350 internas, evidenciando graves problemas de hacinamiento y condiciones de reclusión.

“A esto se suma la preocupación generada tras una reciente actividad oficial realizada en el INOF, donde se observó a mujeres privadas de libertad realizando prácticas de orden cerrado frente a autoridades del Estado”.

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En dicha actividad estuvieron presentes la ministra Yelitze Santaella, el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, y la recién designada defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, “quien, por las competencias de su cargo, debería velar por la protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, destacó Prado.  

Para el OVP, “este tipo de prácticas no puede ser presentado como un mecanismo de rehabilitación ni de organización penitenciaria. Las personas privadas de libertad no están bajo custodia para recibir formación militar, y la rehabilitación no se construye desde dinámicas de sometimiento, sino desde el respeto a los derechos humanos y condiciones dignas de reclusión”.

Por ello, desde el OVP insiste en “la necesidad de transparencia sobre la verdadera situación de las mujeres privadas de libertad en Venezuela y alertamos sobre la normalización de prácticas que contradicen el objetivo de reinserción social establecido en la Constitución”.

🚨 DESMIENTE CIFRAS OFICIALES SOBRE PRESAS EN VENEZUELAHumberto Prado, director del @oveprisiones, desmintió a la ministra Yelitze Santaella sobre “más de 6 mil mujeres presas” y exigió datos verificables. Alertó hacinamiento en el INOF y rechazó prácticas militares en reclusas pic.twitter.com/SG7bFmGsWd

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió que se publique de manera inmediata la lista completa con los nombres de los presos políticos que han sido liberados en el país, luego de que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señalara que no ha recibido esta información detallada.

“También exigimos la publicación inmediata de la lista completa de personas excarceladas. Las familias tienen derecho a saber quiénes han sido realmente liberados, cuántas personas continúan detenidas arbitrariamente y bajo qué condiciones se están produciendo estas excarcelaciones”, señaló la ONG en una publicación en X.

A su juicio, sin una lista «pública y verificable», las liberaciones «seguirán rodeadas de opacidad».

Türk indicó que su oficina no ha recibido de las autoridades de Venezuela una lista oficial de los presos políticos liberados tras el ataque de EE.UU. a principios de año y la captura de Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como ha solicitado.

Señaló que ninguna de esas peticiones «ha tenido éxito hasta la fecha» y pidió mayor transparencia en lo referido a la puesta en libertad de estos detenidos.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones de un «número importante» de personas, al que se sumó la aprobación de una ley de amnistía que ha otorgado 7.727 libertades plenas, la gran mayoría de ellas a personas que estaban en libertad con medidas cautelares. Solo 253 estaban encarcelados.

En su declaración, Türk destacó como elemento positivo que se había reunido con las autoridades venezolanas al más alto nivel y que éstas aceptaron reanudar la emisión de visas para su personal, que así podrá retornar al país.

Los representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU fueron expulsados de Venezuela en febrero de 2024, luego de que el alto comisionado manifestara su preocupación por la posible desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel, quien fue liberada días después de la captura de Maduro, después de casi dos años de prisión.

El Gobierno de Venezuela acusó este lunes a Türk de tener un «sesgo inmoral» y de actuar como una «caja de resonancia de falsedades».

Con información de EFE

“En 26 años el régimen ha convertido las cárceles en centros de torturas, donde su política es someter a los privados de libertad a tratos crueles, degradantes e inhumanos, aislamientos prologados, sin acceso a una defensa privada y la nula atención médica, con el objeto de degradarlos como seres humanos”.

El alerta lo hizo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP),  a raíz de la muerte del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz.

En sus redes sociales, el OVP denunció que “como consecuencia de la sistemática violación a los derechos humanos, en sus manos han fallecido 25 personas que se encontraban presas por razones políticas”.

“El gobierno de Nicolás Maduro es el responsable de estas muertes bajo custodia del Estado y tendrá que responder ante la justicia. Ninguna de estas personas  que fueron detenidas de forma arbitraria debieron morir en una prisión”, agregó.

Asimismo, su director, Humberto Prado, dijo que “Alfredo Díaz murió por esa privación ilegítima a la que era sometido, a la falta de atención médica. Alfredo fue asesinado. Durante su detención fue víctima de aislamiento prolongado y se le negó el permiso para estar al lado de su padre cuando falleció”.

Desde el OVP “nos preguntamos ¿En qué Gobierno murieron tantos presos políticos bajo custodia del Estado? Un juez del régimen venezolano, cuando priva de libertad a un preso político, lo está condenando a muerte”.

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🚨MUERTE DE ALFREDO DÍAZ: "RESPONSABILIDAD DEL RÉGIMEN"@HUMBERTOPRADOS, director del @oveprisiones, denunció la muerte del exgobernador Alfredo Díaz tras más 1 año de detención en condiciones inhumanasRecordó que desde el 2015 han muerto 25 presos políticos📹@dw_espanol pic.twitter.com/paOMp34xRV

Por otro lado, por su cuenta en X, el OVP hace otra serie de consideraciones sobre la muerte de Díaz.

“Alfredo pasó 1 año y 12 días detenido, arbitrariamente, incomunicado, sin ver a su familia, sin acceso a su abogado y sometido al régimen más severo de aislamiento. Su muerte no fue un accidente, fue el desenlace de un aparato de inteligencia dirigido no por instituciones, sino por lealtades”agrega.

En este punto, añade, “es importante recordar que el SEBIN está comandado por Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, señalado por organismos internacionales como uno de los arquitectos del aparato represivo”.

“Que su primo sea quien dirige la policía política no es casual, es evidencia del control político absoluto sobre los centros donde se cometen torturas, desapariciones y abusos sistemáticos. Es un sistema familiarizado, no institucionalizado”, denuncia.

A pesar de ello, “cuando Alfredo Díaz murió, no fue el director del SEBIN, órgano responsable de su custodia, quien dio la cara. Fue el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, un funcionario que hasta ahora no ha tenido competencia sobre este centro de reclusión”, señala.

El OVP alerta que “esta irregularidad es clave porque el régimen mueve voceros como piezas intercambiables para diluir responsabilidades, para que nunca quede claro quién responde por qué, para esconder la cadena de mando real y para que ninguna autoridad pueda ser señalada directamente”.

Además, considera que “este intento de reubicar culpas no puede ocultar una verdad que debe repetirse cada vez que sea posible: el SEBIN nunca debió seguir controlando El Helicoide. En 2021, el Gobierno emitió una serie de decretos, entre ellos el Decreto 4.510 del 12 de mayo, seguido por los Decretos 4.528 y 4.534, ordenando que la DGCIM y el SEBIN transfirieran toda función de custodia al Ministerio de Servicio Penitenciario”.

 "Es por esta y muchas razones más que la muerte de Alfredo Díaz no puede desvincularse de este contexto. No fue solo su historia personal, es la historia de un régimen que hace decretos para simular reformas, acuerdos para ganar tiempo y vocerías para evitar responsabilidades y que, en la práctica, dejó la custodia en manos de cuerpos represivos, mientras usaba al Ministerio Penitenciario como fachada administrativa.

En ese caos deliberado de competencias inventadas y mandos superpuestos, son los presos políticos y sus familias quienes pagan el precio más alto: ruleteo, suspensión de visitas, maltratos, requisas violentas y silencio.

El régimen puede firmar decretos, acuerdos y memorandos, pero hay cuatro cosas con las que ninguna autoridad puede jugar sin enfrentar consecuencias: la comida de los presos, la visita de los familiares, la libertad y la vida de quienes mantiene bajo custodia", sostiene la ONG.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, mediante sus redes sociales, denunció que, presuntamente, “13 militares son víctimas de desaparición forzada desde el 3 de noviembre, luego de que los trasladaran desde el Centro Nacional de Procesados ​​Militares de Ramo Verde”, ubicado en el estado Miranda.

En su cuenta en X, el OVP dice que, “según los testimonios recogidos”, “este grupo cumplió su pena y esperaba su boleta de excarcelación. La mañana del 3 de noviembre, durante el conteo regular que se hace a los privados de libertad, los funcionarios les informaron que buscaran sus pertenencias porque serían trasladados a los tribunales para darles su libertad”.

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Sin información

Sin embargo, señala que “hasta este 25 de noviembre los familiares desconocen su paradero y no han recibido ni siquiera una llamada que les permita saber sus condiciones físicas y psicológicas”.

El Observatorio destaca que “los parientes se han dirigido a la Dirección General del Servicio Penitenciario Militar de la FANB”, donde les han dicho que “están bien”, desde allí les piden que se dirijan a los tribunales, donde tampoco les dan información de la ubicación de los militares".

También han acudido a la defensoría militar, al Tribunal Supremo de Justicia y en varias ocasiones a la cárcel de Ramo Verde, donde les entregaron las pertenencias personales a algunos de los familiares.

“Nos dieron sus maletas con ropa, zapatos, lencería, hasta el cepillo dental. Todo. Es decir, debemos suponer que ellos no tienen absolutamente nada”, cuentan a OVP.

Asimismo, la ONG conoció que “algunos abogados han introducido el recurso de habeas corpus, sin obtener respuesta pasadas tres semanas”

“No sabemos si están recibiendo lo mismo en cuanto a sus derechos, si comen, si toman agua, si reciben medicamentos o sol a pesar de que estén privados de libertad injustamente. Solo vivimos de suposiciones”, dice los allegados.

Ante los rumores, los familiares se dirigieron al Fuerte Guaicaipuro para conocer si los militares están allí, pero les informan que no.  

Asimismo, el OVP “denuncia la tortura que mantiene” el Gobierno de Nicolás Maduro “con las personas privadas de libertad y con sus seres queridos. La zozobra de desconocer el paradero no solo la viven los adultos, la padecen los hijos de estos militares, algunos menores de edad, quienes diariamente, desde hace más de tres semanas, preguntan a sus madres dónde está su papá, sin que ellas puedan darles respuestas”.

Recuerda que "las desapariciones forzadas se convirtieron en un patrón y actualmente se desconoce la ubicación de 20 privados de libertad de El Helicoide, según los familiares del @Clippve".

Asevera que “sigue documentando este y otros casos para denunciarlos ante las instancias internacionales. Exigimos al gobierno de Maduro que brinde respuestas a los familiares de estos funcionarios y que les otorgue la libertad que corresponde por ley. La desaparición forzada está establecida como un crimen de lesa humanidad. Habrá justicia”.

Según el OVP; los funcionarios desaparecidos identificados son:

1. Tte.Cnel. Victor Eduardo Soto Méndez 2. Tte.Cnel. Peña3. Tte.Cnel. José Pérez Lugo 4. Tte.Cnel. Pedro Luis Garrido Guillén.5. Tte.Cnel. Juan Carlos Peña Palmentieri6. Tte.Cnel. Deibis Esteban Mota Marrero 7. Capitán Nicolás8. Capitán Aguilar9. Capitán Marrero10. Capitán Paredes William11. Teniente Suárez Requena12. Sargento Bracho13. (Sus familiares no quieren que se publique el nombre por medidas de seguridad).

🇻🇪 13 MILITARES DESAPARECIDOS EN VENEZUELAEl @oveprisione denuncia que 13 militares, que habían cumplido su pena en Ramo Verde, fueron trasladados el 3Nov y permanecen desaparecidos.Sus familiares desconocen su paradero y no han recibido información sobre su estado pic.twitter.com/kVIWf2QolY

Las detenciones y persecuciones por motivos políticos en Venezuela no han cesado. Por el contrario, en los últimos meses se han intensificado y se ha dirigido su represión hacia familias completas, donde las principales víctimas son mujeres y personas de la tercera edad.

Así lo denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), donde especifica que “actualmente, unas 150 mujeres permanecen privadas de libertad en distintos estados del país, señaladas como presas políticas”. 

Según el monitoreo realizado por el OVP, solo en octubre más de 30 personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas 9 mujeres en los estados Guárico, Lara, Mérida y Trujillo.

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Los arrestos se efectuaron en condiciones completamente irregulares, violando todas las garantías constitucionales y procesales. 

En ese sentido, el OVP documentó casos donde las detenidas fueron sacadas de sus hogares sin orden judicial, otras fueron arrestadas en lugar de los familiares que buscaban y, en algunos hechos, los funcionarios actuaron con violencia y saquearon las viviendas.

Una de las detenciones ocurrió frente a una niña pequeña, que presenció cómo se llevaban a su madre sin explicación alguna. Después de los arrestos, el silencio oficial y la opacidad se imponen.

Los familiares denuncian falta de información sobre el paradero de las mujeres, audiencias diferidas más allá de los plazos legales, e incluso casos de desaparición forzada. Hay mujeres de quienes, hasta hoy, se desconoce dónde se encuentran recluidas.

Xiomara Ortiz, detenida junto a su esposo (Lara, 13/10/2025).

Marielys Sandoval, arrestada porque no encontraron a su esposo (Guárico, octubre 2025).

Luz María Rodríguez, detenida por no localizar a su cuñada (Lara, 13/10/2025).

Blanca de Loaiza, apresada junto a sus dos hijos (Lara, 16/10/2025).

Mirla Catire, detenida junto a su esposo (Lara, 14/10/2025).

Iliana Gutiérrez, arrestada por un estado de WhatsApp (Lara, 15/10/2025).

María Inmaculada Ramírez y Charly Cristina Durán, abogadas (Mérida, 17/10/2025).

Aracelis Balza, detenida por exigir la libertad de un joven en Isnotú (Trujillo, 20/10/2025).

En este punto es importante destacar que estas detenciones no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática de persecución contra quienes se atreven a disentir del poder. 

Además, resulta sumamente alarmante la situación de las mujeres mayores o con diferentes patologías tales como: hipertensión, enfermedades respiratorias, estomacales, entre otras, y  permanecen detenidas sin atención médica ni evaluaciones especializadas, en condiciones infrahumanas de reclusión.

Doble discriminación

También resulta evidente que, en los procesos de excarcelación, las mujeres son las más invisibilizadas. Cuando se anuncian liberaciones, ellas son las últimas en ser consideradas, lo que demuestra una doble discriminación: por razones políticas y de género.

“Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones rechazamos con firmeza esta política de persecución y la sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres detenidas arbitrariamente. Exigimos su liberación inmediata y el cese del uso del sistema judicial y penitenciario como herramienta de control político y castigo”, destacó la ONG..

Agrega que “estas mujeres no son un daño colateral, son víctimas de un régimen que ha hecho del miedo y la represión, su única forma de gobernar ¡Habrá justicia!”.

Con información de prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

A través de sus redes sociales, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles la “detención arbitraria” del abogado y defensor de los DD. HH.,  Pedro Hernández, también de su padre y de su esposa.

La ONG informó que Hernández fue detenido al martes 16 de septiembre, mientras que a su esposa,  Natalia Álvarez y su padre, Pedro Hernández Serrano, los habrían aprehendido este mismo 17 de septiembre.

Según el OVP, las detenciones las llevaron a cabo funcionarios de la PNB ,  sin una orden judicial, en Aroa, estado Yaracuy.

El observatorio denunció que Hernández es “padre de una bebé de apenas cinco meses, a quien hoy se le arrebata el derecho de crecer junto a sus padres”.

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“Denunciamos con firmeza estas detenciones arbitrarias que violan la Constitución y muestran hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen para silenciar a quienes defienden derechos”, dijo la ONG en su cuenta en X.

“La represión no solo busca castigar a los activistas, sino también quebrar a sus familias. Exigimos la libertad inmediata de Pedro Hernández, de su esposa y de su padre”, lamentó. 

 “Exigimos la libertad inmediata de Pedro Hernández, de su esposa y de su padre. Separar a una bebé de cinco meses de sus padres es una crueldad injustificable y un reflejo del desprecio absoluto del régimen por la dignidad humana”, expresó la ONG.

En horas de la tarde del #16Sept, funcionarios de la PNB detuvieron arbitrariamente y sin orden judicial en Aroa, estado Yaracuy, al abogado y defensor de derechos humanos Pedro Hernández, director de la ONG @Campo_ONG y padre de una bebé de apenas cinco meses, a quien hoy se le… pic.twitter.com/moIKvEJMxX

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este lunes   su Informe Anual 2024, titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”.

Se trata de  una investigación que expone el colapso del sistema penitenciario venezolano y documenta su utilización como instrumento de represión política, con prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Una de las primeras cosas que destaca el documentoe s que durante 2024, al menos 149 personas murieron bajo custodia del Eestado venezolano: 105 en cárceles (66 de ellos por motivos de salud),  40 en calabozos policiales y 4 presos políticos.

 A estas muertes se suman 74 heridos en centros penitenciarios, producto de motines, golpizas, omisión médica y requisas violentas.

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Enfermedades no tratadas

En este punto es importante mencionar que la mayoría de los fallecimientos ocurrieron por enfermedades no tratadas, hacinamiento extremo, insalubridad y negligencia sistemática. Asimismo, durante 2024 se registraron 23 fugas, 5 huelgas y 7 motines en los recintos penitenciarios.

En los calabozos policiales, las condiciones son igualmente críticas: 23 de las 40 muertes allí registradas estuvieron relacionadas con el deterioro físico derivado de la falta de atención médica y de condiciones mínimas de vida. En tanto, durante 2024 se reportaron 39 heridos, 56 fugas, 8 huelgas y 10 motines en centros de detención policial.

El informe señala que 2024 fue especialmente grave por el recrudecimiento de la persecución política. 

🚨CRISIS PENITENCIARIA@oveprisiones presentó su Informe Anual 2024: “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”.El informe documenta cifras, denuncias y testimonios sobre tratos crueles y detenciones sin garantías en Venezuela pic.twitter.com/Nu9e9bBaQd

Luego del 28 de julio

Tras las elecciones del 28 de julio, se multiplicaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra personas consideradas opositoras al gobierno. El OVP documentó la muerte de cuatro presos políticos por falta de atención médica: Marino Lugo Aguilar, Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González.

Estos fallecimientos elevaron a 22 el número total de presos políticos muertos en custodia del Estado desde 2015.

 Las detenciones posteriores a la jornada electoral se caracterizaron por la incomunicación prolongada, traslados arbitrarios, golpizas, aislamiento prolongado y reclusión en centros previamente clausurados, como Tocorón y Tocuyito, utilizados nuevamente como espacios de tortura y represión.

En otro orden de ideas, la cárcel de El Rodeo I es otro de los recintos que usan para torturar a los presos políticos que sobreviven en celdas de 2×2 sin ventilación, sometidos a altas temperaturas con cero contacto físico y en aislamiento prolongado.

 “Esto no es más que tortura psicologica y sostenida. En todos los años que tengo trabajando en materia de DDHH, jamás había visto un ensañamiento como el que se ha registrado en contra de los presos políticos”, explicó Humberto Prado, director del OVP, quien agregó que en las cárceles de Tocorón, Tocuyito y El Rodeo I, se documentó que el personal de custodia no estaba identificado, solo se conocían por seudónimos, estaban encapuchados y vestidos de negro.

Detenciones arbitrarias

Uno de los elementos más graves del informe es la detención arbitraria de al menos 158 adolescentes durante la represión postelectoral. El OVP documentó casos de jóvenes golpeados, incomunicados, sin contar con abogados de confianza ni contacto con sus familias.

Algunos fueron recluidos en centros penitenciarios para adultos, mientras que otros fueron trasladados a lugares alejados, imposibilitando su defensa. Estas prácticas violan el principio del interés superior del niño y los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA). La detención de niños, niñas y adolescentes por motivos políticos constituye una de las señales más claras del uso del aparato judicial y penitenciario como arma de persecución.

En cuanto al colapso estructural del sistema penitenciario, el informe advierte que la población reclusa alcanzó las 22.019 personas, mientras que la capacidad real del sistema es de apenas 15.096 plazas, lo que representa un hacinamiento crítico del 145,85%. Algunos recintos, como el Centro de Reclusión Dr Francisco Delgado, el antiguo retén El Marite en el estado Zulia, superaron el 350% de hacinamiento.

Ahora bien, según el registro del OVP, del total de la población reclusa en Venezuela, 1.969 son mujeres y 28 % de ellas se encuentran recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Es de resaltar que durante el 2024 fue desalojado el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, disminuyendo así las plazas para las mujeres en prisión.

Condiciones degradantes

Tanto para ellas como para el resto de la población penal, las condiciones de vida son profundamente degradantes: la mayoría de los centros no cuentan con acceso regular a agua potable, los alimentos son insuficientes o servidos en mal estado, y los servicios médicos están prácticamente ausentes. 

Muchos internos perdieron entre 10 y 15 kilos durante su permanencia en reclusión, y a todo esto se suma el deterioro de la infraestructura, con techos colapsados, filtraciones, falta de electricidad y espacios convertidos en verdaderas cámaras de castigo, como los llamados “tigritos”, celdas pequeñas, oscuras, sin ventilación y sin acceso a luz natural.

Durante 2024 también se produjo una oleada inédita de protestas dentro del sistema carcelario. Más de 50.000 personas privadas de libertad participaron en huelgas de hambre como forma de denuncia ante los abusos, el hambre, el retardo procesal y la ausencia de justicia. Por ejemplo, el  9 de junio se registró una huelga nacional simultánea en cárceles, calabozos y anexos femeninos de todo el país.

Pero no los castigos no tardaron en llegar, en Fénix Lara, por ejemplo, 2.000 reclusos permanecieron durante 17 horas sin agua ni alimentos como castigo por haber participado en protestas; mientras que en el Centro Penitenciario 26 de Julio, más de 1.300 presos fueron encerrados durante días sin acceso a la luz solar ni posibilidad de comunicarse con sus familias.

Al respecto, Prado expresó que, a un año de la huelga nacional, los petitorios de los presos no fueron cumplidos por el Ministerio para el Servicio Penitenciario y, por el contrario, continúa el retardo procesal, el hacinamiento, las condiciones inhumanas en las que están recluidos y las constantes violaciones de DDHH.

Crímenes de lesa humanidad

En el informe anual, OVP también alerta que las prácticas documentadas configuran patrones que deben ser analizados como posibles crímenes de lesa humanidad. Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas físicas y psicológicas, las muertes bajo custodia y la represión sistemática contra opositores y ciudadanos comunes, son compatibles con las definiciones establecidas en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

En conclusión, el Observatorio Venezolano de Prisiones emitió una serie de recomendaciones urgentes, entre ellas la liberación inmediata de todos los presos políticos y adolescentes detenidos  injustamente, el cese de la incomunicación y el aislamiento prolongado como forma de castigo, el respeto al debido proceso, la garantía de condiciones mínimas de vida, salud y alimentación, así como la investigación independiente de todas las muertes ocurridas bajo custodia del Estado.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció una «política de abandono» en las cárceles de Venezuela, donde hay «hacinamiento extremo, falta de agua potable, ventilación inexistente, alimentos insuficientes y atención médica nula», por lo que exigió que se garanticen «condiciones humanas» de reclusión.

«Esta no es una crisis nueva ni un error del sistema: es una política de abandono. Lo hemos denunciado una y otra vez: el régimen venezolano no solo ha sido incapaz de resolver el colapso del sistema penitenciario, sino que ha convertido los calabozos policiales en centros de reclusión permanentes», manifestó la organización en X.

El OVP indicó que la normativa venezolana establece que los calabozos policiales «son espacios de detención preventiva por un máximo de 48 horas», pero, agregó, «en la práctica, miles de personas permanecen allí durante semanas, meses e incluso años».

«Esta situación constituye una flagrante violación a los derechos humanos y evidencia el colapso del sistema penitenciario en el país», alertó la organización no gubernamental.

A esto, prosiguió, se suma que los familiares de los detenidos «deben suplir las fallas» del Gobierno: «llevar comida, agua, medicamentos y artículos de higiene, muchas veces a costa de ser extorsionados por funcionarios o de dormir en las afueras de comandos policiales, bajo condiciones humillantes».

La ONG denunció que, entretanto, los detenidos «enfrentan procesos viciados por el retardo procesal, quedando atrapados en un limbo legal sin condena ni posibilidad de defensa», una situación que, subrayó, «vulnera principios fundamentales del debido proceso y convierte la detención en una pena anticipada e injusta».

Por tanto, exigió «medidas urgentes y concretas», entre las que mencionó el cierre «inmediato» de los calabozos como «lugares de reclusión prolongada, que se garanticen condiciones humanas y legales para todos los detenidos y que se ponga fin al castigo indirecto que sufren sus familias».

#URGENTE En Venezuela los calabozos policiales son centros de tortura prolongada.Aunque la normativa venezolana establece que los calabozos policiales son espacios de detención preventiva por un máximo de 48 horas; en la práctica, miles de personas permanecen allí durante… pic.twitter.com/asC9lLUD8k

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció las condiciones de los presos en los calabozos de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en Boleíta, al este de Caracas, más conocida como la «Zona 7».

En un hilo en la cuenta de X de la ONG, su director, Humberto Prado, dijo que en esa sede policial hay un lugar especial, denominado «celda del Inframundo».

«El inframundo está en el último piso donde hace tanto calor que las paredes sudan y los detenidos están todo el tiempo sudados y usando shorts porque el calor los asfixia», relató.

Pero, en general, Prado alerta acerca de la situación de los presos en ese lugar que no está en condiciones de ser una prisión, puesto que son calabozos para la «detención preventiva» o temporal.

Reiteró que «el Estado venezolano debe cumplir las 48 horas de permanencia de estas personas en los calabozos. Inmediatamente, deben trasladar a estas personas al centro de reclusión, cumpliendo con todas las medidas de seguridad».

«Es necesario que cierre la Zona 7 y que quede como un comando policial únicamente, el área de reclusión debe ser eliminada. Los presos deben ser trasladados a penales o deben revisar sus casos para que les otorguen su libertad», recomendó el director del OVP.

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Humberto Prado hizo una serie de recomendaciones acerca de lo que el Estado venezolano debería hacer con la Zona 7, la cual calificó como «una bomba de tiempo».

No obstante, Prado asegura que la situación de todos los retenes policiales del país es similar, porque no son cárceles ni sus funcionarios están formados para atender a una población penal.

“Un funcionario del Cicpc, por ejemplo, está formado para la investigación criminal y no para estar cuidando presos ni para estar revisando comida”, destaca Humberto Prado.

«Los funcionarios deben estar debidamente formados para educar a los detenidos, pero no para faltar el respeto a una persona que ya viene con daños», agregó.

#InformeOVP Los calabozos de la Zona 7 de Boleíta son una bomba de tiempo.Recomendaciones al Estado venezolano del @oveprisiones:1. Cesar de forma inmediata el uso prolongado de la prisión preventiva y evitar la desnaturalización de los centros de detención preventiva.2.… pic.twitter.com/CSfeo9pWzu

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre la grave situación que enfrentan las personas privadas de libertad con VIH en Venezuela.

En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, la ONG denunció la falta de programas de prevención, atención y tratamiento adecuados, así como la ausencia de un enfoque epidemiológico con perspectiva de género y diversidad sexual en el sistema penitenciario del país.

El OVP señaló que, debido a esta carencia de políticas de salud pública, «es imposible conocer con certeza cuántos reclusos y reclusas viven con VIH, lo que pone en riesgo la salud de la población penitenciaria y dificulta una respuesta efectiva a la crisis sanitaria que se vive en las cárceles venezolanas», señala un comunicado difundido por Efe.

A través de sus redes sociales, el OVP también expresó su solidaridad con las ONG que brindan atención a las personas con VIH en los centros penitenciarios y apoyan a los enfermos dentro de las cárceles.

La organización hizo un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad civil para garantizar el acceso adecuado a la salud, sin discriminación, para todas y todos los privados de libertad.

“Reconocer los derechos humanos de estas personas y asegurar su acceso a pruebas, tratamiento y prevención es esencial para avanzar en la respuesta al VIH y promover una justicia más equitativa para todas y todos”, escribió en X.

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Con motivo del Día Mundial Contra el Sida, el citado programa de la ONU publicó esta semana su informe anual, titulado en esta ocasión ‘Toma el camino de los derechos para acabar con el sida’.

El documento destaca como las violaciones de derechos humanos socavan la lucha contra la enfermedad, por ejemplo, cuando las mujeres o las personas LGTBIQ (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales y Queer) sufren discriminación.

“Cuando se criminaliza a las personas LGBTIQ+, se las empuja a la clandestinidad y se las deja fuera del alcance de los servicios de salud”, alertó Vaid-Menon.

Según el informe de ONUSIDA, de los 39,9 millones de personas que vivían con VIH en el mundo en 2023, casi una cuarta parte -9,3 millones- no tienen acceso a la terapia antirretroviral.

En todo el mundo, la criminalización y la estigmatización de las comunidades marginadas dificulta que las personas seropositivas accedan a este tratamiento.

En 2023, 570 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contrajeron VIH cada día. Asimismo, por ejemplo, en al menos 22 países de África oriental y meridional, las mujeres y las niñas de este grupo de edad tienen tres veces más posibilidades de estar viviendo con el virus que los hombres.

“Cuando a las niñas se les niega la educación, cuando hay impunidad para la violencia de género, cuando las personas pueden ser detenidas por quienes son o por a quien aman, cuando una visita a los servicios de salud es peligrosa para alguien debido a la comunidad a la que pertenece, se le niegan herramientas esenciales para salvar su vida y para poner fin a la pandemia del sida”, destacó el martes en la presentación del informe la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

“Para proteger la salud de todos, tenemos que proteger los derechos de todos”, agregó.

Desde que, hace unos 40 años, se conocieron los primeros casos, unos 88,4 millones de personas han contraído el VIH y 42,3 millones han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.

Con el sonido de dos helicópteros sobrevolando la zona, amanecieron los presos del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, y de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara.

El ruido también despertó a los habitantes de la parroquia Tamaca, al norte de Barquisimeto, en el estado Lara.

Simultáneamente, el lugar se llenó de vehículos militares y policiales: tanquetas, camiones y autobuses repletos de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El despliegue masivo marcó el inicio de una operación de gran envergadura en ambos centros penitenciarios, informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Ambos penales fueron tomados por completo, a lo largo de kilómetro y medio se dispusieron al menos cuatro alcabalas, se restringió en su totalidad el paso vehicular y parcialmente el peatonal.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo confirmar que la toma empezó en el penal de Uribana, a las 6:15 de la mañana, donde al menos 1.744 privados de libertad fueron sacados de sus módulos y llevados al área conocida como “El Campito” para ejecutar una exhaustiva requisa. La misma operación fue efectuada en la cárcel de Fénix, donde la población penal es de al menos 2.400 presos.

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La movilización masiva de efectivos y vehículos generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información.

Sin embargo, los funcionarios apostados en las alcabalas les ordenaron retirarse y se negaron a ofrecer detalles sobre lo que estaba ocurriendo. La falta de información oficial aumentó la preocupación y el desconcierto entre los allegados.

Mientras se realizaban las requisas, comenzó a llegar un lote de autobuses Encava, que se estacionaron en las afueras del penal Fénix Lara.

Se contabilizaron al menos once vehículos, lo que incrementó la angustia de los familiares, temerosos de que se estuvieran organizando traslados.

“Tuve a mi hijo más de cinco años en El Dorado, y cuando al fin lo regresan a Lara, ahora lo quieren trasladar de nuevo. No aguanto otro traslado. Es mucho sufrimiento cuando están en otro estado, porque muchas veces no conseguimos pasajes para viajar, y ellos quedan a la deriva, sin recibir visitas”, expresó una madre angustiada.

Entre los familiares también se encontraban mujeres de la tercera edad, sentadas en las inmediaciones, esperando noticias y rezando para que los traslados no se llevaran a cabo. “A los guaros no los quieren en ningún penal. Esperamos que no se los lleven”, comentaban con preocupación, mientras intentaban mantener la esperanza.

Al final de la tarde de este viernes 29 de noviembre, familiares reportaron que al menos siete autobuses salieron con personas a bordo, y algunos detenidos se asomaron para sacar sus manos. Sin embargo, se desconoce el destino al que están siendo trasladados.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) considera inhumano que, durante operativos de esta magnitud, no exista un protocolo claro para brindar información y atención oportuna a los familiares de los privados de libertad. La falta de comunicación los mantiene en un estado constante de angustia, sin saber nada sobre las condiciones físicas de sus seres queridos, especialmente en penales, con numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos.

Denuncia que «la opacidad informativa por parte del Estado sigue siendo alarmante. Horas después de la toma de dos penales importantes en Lara y a una semana de un operativo similar en El Rodeo, estado Miranda, no se ha ofrecido ninguna información transparente sobre lo sucedido».

La ONG denuncia que también ha recibido reportes de que desde el interior de ambos centros penitenciarios continúan registrándose un número significativo de llamadas extorsivas, así como la ejecución de otros delitos.

«Desde el OVP no nos oponemos a las requisas y revisiones minuciosas, necesarias para garantizar el control dentro de los penales. Sin embargo, exigimos que estos procedimientos se lleven a cabo respetando la integridad y los derechos humanos de cada recluso. Además, una vez finalizados, es imperativo que se informe a los familiares sobre lo sucedido».

Por último, «consideramos fundamental que el Ministerio para el Servicio Penitenciario presente ante la Asamblea Nacional un protocolo o reglamento específico para regular las inspecciones, revisiones y requisas en los establecimientos carcelarios. Este instrumento debe abordar cinco puntos clave: el establecimiento en sí, la población reclusa, los funcionarios penitenciarios, los familiares de los reclusos y la Guardia Nacional».

Actualmente, el Código Orgánico Penitenciario (COPE) establece de manera muy general la normativa sobre las requisas personales, pero en la práctica, lo dispuesto en el artículo 96 no se cumple de forma efectiva. Por ello, es necesario contar con un instrumento normativo claro y detallado que garantice la correcta aplicación de estos procedimientos y promueva la dignidad y el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.