Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), desmintió las declaraciones de la ministra para la Mujer, Yelitze Santaella, sobre la supuesta existencia de “más de seis mil mujeres privadas de libertad” en Venezuela.

En nota de prensa, Prado advirtió que “esa cifra no coincide” con los registros documentados por la organización ni estuvo acompañada de información oficial verificable.

“El problema no es solo la cifra, si el Gobierno asegura que existen más de seis mil mujeres privadas de libertad, debe publicar información oficial, actualizada y verificable sobre dónde están recluidas, en qué condiciones permanecen y cuál es su situación judicial”, afirmó Prado.

En ese sentido, desde el OVP documentaron que en Venezuela existe una sola cárcel exclusiva para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), además de 12 anexos femeninos activos dentro de cárceles construidas para hombres.

En su más reciente documentación sobre el INOF, la ONG indicó que este centro albergaba alrededor de 650 mujeres privadas de libertad, pese a tener una capacidad aproximada para 350 internas, evidenciando graves problemas de hacinamiento y condiciones de reclusión.

“A esto se suma la preocupación generada tras una reciente actividad oficial realizada en el INOF, donde se observó a mujeres privadas de libertad realizando prácticas de orden cerrado frente a autoridades del Estado”.

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En dicha actividad estuvieron presentes la ministra Yelitze Santaella, el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, y la recién designada defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, “quien, por las competencias de su cargo, debería velar por la protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, destacó Prado.  

Para el OVP, “este tipo de prácticas no puede ser presentado como un mecanismo de rehabilitación ni de organización penitenciaria. Las personas privadas de libertad no están bajo custodia para recibir formación militar, y la rehabilitación no se construye desde dinámicas de sometimiento, sino desde el respeto a los derechos humanos y condiciones dignas de reclusión”.

Por ello, desde el OVP insiste en “la necesidad de transparencia sobre la verdadera situación de las mujeres privadas de libertad en Venezuela y alertamos sobre la normalización de prácticas que contradicen el objetivo de reinserción social establecido en la Constitución”.

🚨 DESMIENTE CIFRAS OFICIALES SOBRE PRESAS EN VENEZUELAHumberto Prado, director del @oveprisiones, desmintió a la ministra Yelitze Santaella sobre “más de 6 mil mujeres presas” y exigió datos verificables. Alertó hacinamiento en el INOF y rechazó prácticas militares en reclusas pic.twitter.com/SG7bFmGsWd

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió que se publique de manera inmediata la lista completa con los nombres de los presos políticos que han sido liberados en el país, luego de que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señalara que no ha recibido esta información detallada.

“También exigimos la publicación inmediata de la lista completa de personas excarceladas. Las familias tienen derecho a saber quiénes han sido realmente liberados, cuántas personas continúan detenidas arbitrariamente y bajo qué condiciones se están produciendo estas excarcelaciones”, señaló la ONG en una publicación en X.

A su juicio, sin una lista «pública y verificable», las liberaciones «seguirán rodeadas de opacidad».

Türk indicó que su oficina no ha recibido de las autoridades de Venezuela una lista oficial de los presos políticos liberados tras el ataque de EE.UU. a principios de año y la captura de Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como ha solicitado.

Señaló que ninguna de esas peticiones «ha tenido éxito hasta la fecha» y pidió mayor transparencia en lo referido a la puesta en libertad de estos detenidos.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones de un «número importante» de personas, al que se sumó la aprobación de una ley de amnistía que ha otorgado 7.727 libertades plenas, la gran mayoría de ellas a personas que estaban en libertad con medidas cautelares. Solo 253 estaban encarcelados.

En su declaración, Türk destacó como elemento positivo que se había reunido con las autoridades venezolanas al más alto nivel y que éstas aceptaron reanudar la emisión de visas para su personal, que así podrá retornar al país.

Los representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU fueron expulsados de Venezuela en febrero de 2024, luego de que el alto comisionado manifestara su preocupación por la posible desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel, quien fue liberada días después de la captura de Maduro, después de casi dos años de prisión.

El Gobierno de Venezuela acusó este lunes a Türk de tener un «sesgo inmoral» y de actuar como una «caja de resonancia de falsedades».

Con información de EFE

“En 26 años el régimen ha convertido las cárceles en centros de torturas, donde su política es someter a los privados de libertad a tratos crueles, degradantes e inhumanos, aislamientos prologados, sin acceso a una defensa privada y la nula atención médica, con el objeto de degradarlos como seres humanos”.

El alerta lo hizo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP),  a raíz de la muerte del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz.

En sus redes sociales, el OVP denunció que “como consecuencia de la sistemática violación a los derechos humanos, en sus manos han fallecido 25 personas que se encontraban presas por razones políticas”.

“El gobierno de Nicolás Maduro es el responsable de estas muertes bajo custodia del Estado y tendrá que responder ante la justicia. Ninguna de estas personas  que fueron detenidas de forma arbitraria debieron morir en una prisión”, agregó.

Asimismo, su director, Humberto Prado, dijo que “Alfredo Díaz murió por esa privación ilegítima a la que era sometido, a la falta de atención médica. Alfredo fue asesinado. Durante su detención fue víctima de aislamiento prolongado y se le negó el permiso para estar al lado de su padre cuando falleció”.

Desde el OVP “nos preguntamos ¿En qué Gobierno murieron tantos presos políticos bajo custodia del Estado? Un juez del régimen venezolano, cuando priva de libertad a un preso político, lo está condenando a muerte”.

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🚨MUERTE DE ALFREDO DÍAZ: "RESPONSABILIDAD DEL RÉGIMEN"@HUMBERTOPRADOS, director del @oveprisiones, denunció la muerte del exgobernador Alfredo Díaz tras más 1 año de detención en condiciones inhumanasRecordó que desde el 2015 han muerto 25 presos políticos📹@dw_espanol pic.twitter.com/paOMp34xRV

Por otro lado, por su cuenta en X, el OVP hace otra serie de consideraciones sobre la muerte de Díaz.

“Alfredo pasó 1 año y 12 días detenido, arbitrariamente, incomunicado, sin ver a su familia, sin acceso a su abogado y sometido al régimen más severo de aislamiento. Su muerte no fue un accidente, fue el desenlace de un aparato de inteligencia dirigido no por instituciones, sino por lealtades”agrega.

En este punto, añade, “es importante recordar que el SEBIN está comandado por Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, señalado por organismos internacionales como uno de los arquitectos del aparato represivo”.

“Que su primo sea quien dirige la policía política no es casual, es evidencia del control político absoluto sobre los centros donde se cometen torturas, desapariciones y abusos sistemáticos. Es un sistema familiarizado, no institucionalizado”, denuncia.

A pesar de ello, “cuando Alfredo Díaz murió, no fue el director del SEBIN, órgano responsable de su custodia, quien dio la cara. Fue el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, un funcionario que hasta ahora no ha tenido competencia sobre este centro de reclusión”, señala.

El OVP alerta que “esta irregularidad es clave porque el régimen mueve voceros como piezas intercambiables para diluir responsabilidades, para que nunca quede claro quién responde por qué, para esconder la cadena de mando real y para que ninguna autoridad pueda ser señalada directamente”.

Además, considera que “este intento de reubicar culpas no puede ocultar una verdad que debe repetirse cada vez que sea posible: el SEBIN nunca debió seguir controlando El Helicoide. En 2021, el Gobierno emitió una serie de decretos, entre ellos el Decreto 4.510 del 12 de mayo, seguido por los Decretos 4.528 y 4.534, ordenando que la DGCIM y el SEBIN transfirieran toda función de custodia al Ministerio de Servicio Penitenciario”.

 "Es por esta y muchas razones más que la muerte de Alfredo Díaz no puede desvincularse de este contexto. No fue solo su historia personal, es la historia de un régimen que hace decretos para simular reformas, acuerdos para ganar tiempo y vocerías para evitar responsabilidades y que, en la práctica, dejó la custodia en manos de cuerpos represivos, mientras usaba al Ministerio Penitenciario como fachada administrativa.

En ese caos deliberado de competencias inventadas y mandos superpuestos, son los presos políticos y sus familias quienes pagan el precio más alto: ruleteo, suspensión de visitas, maltratos, requisas violentas y silencio.

El régimen puede firmar decretos, acuerdos y memorandos, pero hay cuatro cosas con las que ninguna autoridad puede jugar sin enfrentar consecuencias: la comida de los presos, la visita de los familiares, la libertad y la vida de quienes mantiene bajo custodia", sostiene la ONG.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, mediante sus redes sociales, denunció que, presuntamente, “13 militares son víctimas de desaparición forzada desde el 3 de noviembre, luego de que los trasladaran desde el Centro Nacional de Procesados ​​Militares de Ramo Verde”, ubicado en el estado Miranda.

En su cuenta en X, el OVP dice que, “según los testimonios recogidos”, “este grupo cumplió su pena y esperaba su boleta de excarcelación. La mañana del 3 de noviembre, durante el conteo regular que se hace a los privados de libertad, los funcionarios les informaron que buscaran sus pertenencias porque serían trasladados a los tribunales para darles su libertad”.

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Sin información

Sin embargo, señala que “hasta este 25 de noviembre los familiares desconocen su paradero y no han recibido ni siquiera una llamada que les permita saber sus condiciones físicas y psicológicas”.

El Observatorio destaca que “los parientes se han dirigido a la Dirección General del Servicio Penitenciario Militar de la FANB”, donde les han dicho que “están bien”, desde allí les piden que se dirijan a los tribunales, donde tampoco les dan información de la ubicación de los militares".

También han acudido a la defensoría militar, al Tribunal Supremo de Justicia y en varias ocasiones a la cárcel de Ramo Verde, donde les entregaron las pertenencias personales a algunos de los familiares.

“Nos dieron sus maletas con ropa, zapatos, lencería, hasta el cepillo dental. Todo. Es decir, debemos suponer que ellos no tienen absolutamente nada”, cuentan a OVP.

Asimismo, la ONG conoció que “algunos abogados han introducido el recurso de habeas corpus, sin obtener respuesta pasadas tres semanas”

“No sabemos si están recibiendo lo mismo en cuanto a sus derechos, si comen, si toman agua, si reciben medicamentos o sol a pesar de que estén privados de libertad injustamente. Solo vivimos de suposiciones”, dice los allegados.

Ante los rumores, los familiares se dirigieron al Fuerte Guaicaipuro para conocer si los militares están allí, pero les informan que no.  

Asimismo, el OVP “denuncia la tortura que mantiene” el Gobierno de Nicolás Maduro “con las personas privadas de libertad y con sus seres queridos. La zozobra de desconocer el paradero no solo la viven los adultos, la padecen los hijos de estos militares, algunos menores de edad, quienes diariamente, desde hace más de tres semanas, preguntan a sus madres dónde está su papá, sin que ellas puedan darles respuestas”.

Recuerda que "las desapariciones forzadas se convirtieron en un patrón y actualmente se desconoce la ubicación de 20 privados de libertad de El Helicoide, según los familiares del @Clippve".

Asevera que “sigue documentando este y otros casos para denunciarlos ante las instancias internacionales. Exigimos al gobierno de Maduro que brinde respuestas a los familiares de estos funcionarios y que les otorgue la libertad que corresponde por ley. La desaparición forzada está establecida como un crimen de lesa humanidad. Habrá justicia”.

Según el OVP; los funcionarios desaparecidos identificados son:

1. Tte.Cnel. Victor Eduardo Soto Méndez 2. Tte.Cnel. Peña3. Tte.Cnel. José Pérez Lugo 4. Tte.Cnel. Pedro Luis Garrido Guillén.5. Tte.Cnel. Juan Carlos Peña Palmentieri6. Tte.Cnel. Deibis Esteban Mota Marrero 7. Capitán Nicolás8. Capitán Aguilar9. Capitán Marrero10. Capitán Paredes William11. Teniente Suárez Requena12. Sargento Bracho13. (Sus familiares no quieren que se publique el nombre por medidas de seguridad).

🇻🇪 13 MILITARES DESAPARECIDOS EN VENEZUELAEl @oveprisione denuncia que 13 militares, que habían cumplido su pena en Ramo Verde, fueron trasladados el 3Nov y permanecen desaparecidos.Sus familiares desconocen su paradero y no han recibido información sobre su estado pic.twitter.com/kVIWf2QolY

Las detenciones y persecuciones por motivos políticos en Venezuela no han cesado. Por el contrario, en los últimos meses se han intensificado y se ha dirigido su represión hacia familias completas, donde las principales víctimas son mujeres y personas de la tercera edad.

Así lo denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), donde especifica que “actualmente, unas 150 mujeres permanecen privadas de libertad en distintos estados del país, señaladas como presas políticas”. 

Según el monitoreo realizado por el OVP, solo en octubre más de 30 personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas 9 mujeres en los estados Guárico, Lara, Mérida y Trujillo.

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Los arrestos se efectuaron en condiciones completamente irregulares, violando todas las garantías constitucionales y procesales. 

En ese sentido, el OVP documentó casos donde las detenidas fueron sacadas de sus hogares sin orden judicial, otras fueron arrestadas en lugar de los familiares que buscaban y, en algunos hechos, los funcionarios actuaron con violencia y saquearon las viviendas.

Una de las detenciones ocurrió frente a una niña pequeña, que presenció cómo se llevaban a su madre sin explicación alguna. Después de los arrestos, el silencio oficial y la opacidad se imponen.

Los familiares denuncian falta de información sobre el paradero de las mujeres, audiencias diferidas más allá de los plazos legales, e incluso casos de desaparición forzada. Hay mujeres de quienes, hasta hoy, se desconoce dónde se encuentran recluidas.

Xiomara Ortiz, detenida junto a su esposo (Lara, 13/10/2025).

Marielys Sandoval, arrestada porque no encontraron a su esposo (Guárico, octubre 2025).

Luz María Rodríguez, detenida por no localizar a su cuñada (Lara, 13/10/2025).

Blanca de Loaiza, apresada junto a sus dos hijos (Lara, 16/10/2025).

Mirla Catire, detenida junto a su esposo (Lara, 14/10/2025).

Iliana Gutiérrez, arrestada por un estado de WhatsApp (Lara, 15/10/2025).

María Inmaculada Ramírez y Charly Cristina Durán, abogadas (Mérida, 17/10/2025).

Aracelis Balza, detenida por exigir la libertad de un joven en Isnotú (Trujillo, 20/10/2025).

En este punto es importante destacar que estas detenciones no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática de persecución contra quienes se atreven a disentir del poder. 

Además, resulta sumamente alarmante la situación de las mujeres mayores o con diferentes patologías tales como: hipertensión, enfermedades respiratorias, estomacales, entre otras, y  permanecen detenidas sin atención médica ni evaluaciones especializadas, en condiciones infrahumanas de reclusión.

Doble discriminación

También resulta evidente que, en los procesos de excarcelación, las mujeres son las más invisibilizadas. Cuando se anuncian liberaciones, ellas son las últimas en ser consideradas, lo que demuestra una doble discriminación: por razones políticas y de género.

“Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones rechazamos con firmeza esta política de persecución y la sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres detenidas arbitrariamente. Exigimos su liberación inmediata y el cese del uso del sistema judicial y penitenciario como herramienta de control político y castigo”, destacó la ONG..

Agrega que “estas mujeres no son un daño colateral, son víctimas de un régimen que ha hecho del miedo y la represión, su única forma de gobernar ¡Habrá justicia!”.

Con información de prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

A través de sus redes sociales, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles la “detención arbitraria” del abogado y defensor de los DD. HH.,  Pedro Hernández, también de su padre y de su esposa.

La ONG informó que Hernández fue detenido al martes 16 de septiembre, mientras que a su esposa,  Natalia Álvarez y su padre, Pedro Hernández Serrano, los habrían aprehendido este mismo 17 de septiembre.

Según el OVP, las detenciones las llevaron a cabo funcionarios de la PNB ,  sin una orden judicial, en Aroa, estado Yaracuy.

El observatorio denunció que Hernández es “padre de una bebé de apenas cinco meses, a quien hoy se le arrebata el derecho de crecer junto a sus padres”.

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“Denunciamos con firmeza estas detenciones arbitrarias que violan la Constitución y muestran hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen para silenciar a quienes defienden derechos”, dijo la ONG en su cuenta en X.

“La represión no solo busca castigar a los activistas, sino también quebrar a sus familias. Exigimos la libertad inmediata de Pedro Hernández, de su esposa y de su padre”, lamentó. 

 “Exigimos la libertad inmediata de Pedro Hernández, de su esposa y de su padre. Separar a una bebé de cinco meses de sus padres es una crueldad injustificable y un reflejo del desprecio absoluto del régimen por la dignidad humana”, expresó la ONG.

En horas de la tarde del #16Sept, funcionarios de la PNB detuvieron arbitrariamente y sin orden judicial en Aroa, estado Yaracuy, al abogado y defensor de derechos humanos Pedro Hernández, director de la ONG @Campo_ONG y padre de una bebé de apenas cinco meses, a quien hoy se le… pic.twitter.com/moIKvEJMxX

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este lunes   su Informe Anual 2024, titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”.

Se trata de  una investigación que expone el colapso del sistema penitenciario venezolano y documenta su utilización como instrumento de represión política, con prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Una de las primeras cosas que destaca el documentoe s que durante 2024, al menos 149 personas murieron bajo custodia del Eestado venezolano: 105 en cárceles (66 de ellos por motivos de salud),  40 en calabozos policiales y 4 presos políticos.

 A estas muertes se suman 74 heridos en centros penitenciarios, producto de motines, golpizas, omisión médica y requisas violentas.

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Enfermedades no tratadas

En este punto es importante mencionar que la mayoría de los fallecimientos ocurrieron por enfermedades no tratadas, hacinamiento extremo, insalubridad y negligencia sistemática. Asimismo, durante 2024 se registraron 23 fugas, 5 huelgas y 7 motines en los recintos penitenciarios.

En los calabozos policiales, las condiciones son igualmente críticas: 23 de las 40 muertes allí registradas estuvieron relacionadas con el deterioro físico derivado de la falta de atención médica y de condiciones mínimas de vida. En tanto, durante 2024 se reportaron 39 heridos, 56 fugas, 8 huelgas y 10 motines en centros de detención policial.

El informe señala que 2024 fue especialmente grave por el recrudecimiento de la persecución política. 

🚨CRISIS PENITENCIARIA@oveprisiones presentó su Informe Anual 2024: “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”.El informe documenta cifras, denuncias y testimonios sobre tratos crueles y detenciones sin garantías en Venezuela pic.twitter.com/Nu9e9bBaQd

Luego del 28 de julio

Tras las elecciones del 28 de julio, se multiplicaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra personas consideradas opositoras al gobierno. El OVP documentó la muerte de cuatro presos políticos por falta de atención médica: Marino Lugo Aguilar, Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González.

Estos fallecimientos elevaron a 22 el número total de presos políticos muertos en custodia del Estado desde 2015.

 Las detenciones posteriores a la jornada electoral se caracterizaron por la incomunicación prolongada, traslados arbitrarios, golpizas, aislamiento prolongado y reclusión en centros previamente clausurados, como Tocorón y Tocuyito, utilizados nuevamente como espacios de tortura y represión.

En otro orden de ideas, la cárcel de El Rodeo I es otro de los recintos que usan para torturar a los presos políticos que sobreviven en celdas de 2×2 sin ventilación, sometidos a altas temperaturas con cero contacto físico y en aislamiento prolongado.

 “Esto no es más que tortura psicologica y sostenida. En todos los años que tengo trabajando en materia de DDHH, jamás había visto un ensañamiento como el que se ha registrado en contra de los presos políticos”, explicó Humberto Prado, director del OVP, quien agregó que en las cárceles de Tocorón, Tocuyito y El Rodeo I, se documentó que el personal de custodia no estaba identificado, solo se conocían por seudónimos, estaban encapuchados y vestidos de negro.

Detenciones arbitrarias

Uno de los elementos más graves del informe es la detención arbitraria de al menos 158 adolescentes durante la represión postelectoral. El OVP documentó casos de jóvenes golpeados, incomunicados, sin contar con abogados de confianza ni contacto con sus familias.

Algunos fueron recluidos en centros penitenciarios para adultos, mientras que otros fueron trasladados a lugares alejados, imposibilitando su defensa. Estas prácticas violan el principio del interés superior del niño y los compromisos internacionales asumidos por el Estado venezolano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA). La detención de niños, niñas y adolescentes por motivos políticos constituye una de las señales más claras del uso del aparato judicial y penitenciario como arma de persecución.

En cuanto al colapso estructural del sistema penitenciario, el informe advierte que la población reclusa alcanzó las 22.019 personas, mientras que la capacidad real del sistema es de apenas 15.096 plazas, lo que representa un hacinamiento crítico del 145,85%. Algunos recintos, como el Centro de Reclusión Dr Francisco Delgado, el antiguo retén El Marite en el estado Zulia, superaron el 350% de hacinamiento.

Ahora bien, según el registro del OVP, del total de la población reclusa en Venezuela, 1.969 son mujeres y 28 % de ellas se encuentran recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Es de resaltar que durante el 2024 fue desalojado el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, disminuyendo así las plazas para las mujeres en prisión.

Condiciones degradantes

Tanto para ellas como para el resto de la población penal, las condiciones de vida son profundamente degradantes: la mayoría de los centros no cuentan con acceso regular a agua potable, los alimentos son insuficientes o servidos en mal estado, y los servicios médicos están prácticamente ausentes. 

Muchos internos perdieron entre 10 y 15 kilos durante su permanencia en reclusión, y a todo esto se suma el deterioro de la infraestructura, con techos colapsados, filtraciones, falta de electricidad y espacios convertidos en verdaderas cámaras de castigo, como los llamados “tigritos”, celdas pequeñas, oscuras, sin ventilación y sin acceso a luz natural.

Durante 2024 también se produjo una oleada inédita de protestas dentro del sistema carcelario. Más de 50.000 personas privadas de libertad participaron en huelgas de hambre como forma de denuncia ante los abusos, el hambre, el retardo procesal y la ausencia de justicia. Por ejemplo, el  9 de junio se registró una huelga nacional simultánea en cárceles, calabozos y anexos femeninos de todo el país.

Pero no los castigos no tardaron en llegar, en Fénix Lara, por ejemplo, 2.000 reclusos permanecieron durante 17 horas sin agua ni alimentos como castigo por haber participado en protestas; mientras que en el Centro Penitenciario 26 de Julio, más de 1.300 presos fueron encerrados durante días sin acceso a la luz solar ni posibilidad de comunicarse con sus familias.

Al respecto, Prado expresó que, a un año de la huelga nacional, los petitorios de los presos no fueron cumplidos por el Ministerio para el Servicio Penitenciario y, por el contrario, continúa el retardo procesal, el hacinamiento, las condiciones inhumanas en las que están recluidos y las constantes violaciones de DDHH.

Crímenes de lesa humanidad

En el informe anual, OVP también alerta que las prácticas documentadas configuran patrones que deben ser analizados como posibles crímenes de lesa humanidad. Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas físicas y psicológicas, las muertes bajo custodia y la represión sistemática contra opositores y ciudadanos comunes, son compatibles con las definiciones establecidas en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

En conclusión, el Observatorio Venezolano de Prisiones emitió una serie de recomendaciones urgentes, entre ellas la liberación inmediata de todos los presos políticos y adolescentes detenidos  injustamente, el cese de la incomunicación y el aislamiento prolongado como forma de castigo, el respeto al debido proceso, la garantía de condiciones mínimas de vida, salud y alimentación, así como la investigación independiente de todas las muertes ocurridas bajo custodia del Estado.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció una «política de abandono» en las cárceles de Venezuela, donde hay «hacinamiento extremo, falta de agua potable, ventilación inexistente, alimentos insuficientes y atención médica nula», por lo que exigió que se garanticen «condiciones humanas» de reclusión.

«Esta no es una crisis nueva ni un error del sistema: es una política de abandono. Lo hemos denunciado una y otra vez: el régimen venezolano no solo ha sido incapaz de resolver el colapso del sistema penitenciario, sino que ha convertido los calabozos policiales en centros de reclusión permanentes», manifestó la organización en X.

El OVP indicó que la normativa venezolana establece que los calabozos policiales «son espacios de detención preventiva por un máximo de 48 horas», pero, agregó, «en la práctica, miles de personas permanecen allí durante semanas, meses e incluso años».

«Esta situación constituye una flagrante violación a los derechos humanos y evidencia el colapso del sistema penitenciario en el país», alertó la organización no gubernamental.

A esto, prosiguió, se suma que los familiares de los detenidos «deben suplir las fallas» del Gobierno: «llevar comida, agua, medicamentos y artículos de higiene, muchas veces a costa de ser extorsionados por funcionarios o de dormir en las afueras de comandos policiales, bajo condiciones humillantes».

La ONG denunció que, entretanto, los detenidos «enfrentan procesos viciados por el retardo procesal, quedando atrapados en un limbo legal sin condena ni posibilidad de defensa», una situación que, subrayó, «vulnera principios fundamentales del debido proceso y convierte la detención en una pena anticipada e injusta».

Por tanto, exigió «medidas urgentes y concretas», entre las que mencionó el cierre «inmediato» de los calabozos como «lugares de reclusión prolongada, que se garanticen condiciones humanas y legales para todos los detenidos y que se ponga fin al castigo indirecto que sufren sus familias».

#URGENTE En Venezuela los calabozos policiales son centros de tortura prolongada.Aunque la normativa venezolana establece que los calabozos policiales son espacios de detención preventiva por un máximo de 48 horas; en la práctica, miles de personas permanecen allí durante… pic.twitter.com/asC9lLUD8k

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció las condiciones de los presos en los calabozos de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en Boleíta, al este de Caracas, más conocida como la «Zona 7».

En un hilo en la cuenta de X de la ONG, su director, Humberto Prado, dijo que en esa sede policial hay un lugar especial, denominado «celda del Inframundo».

«El inframundo está en el último piso donde hace tanto calor que las paredes sudan y los detenidos están todo el tiempo sudados y usando shorts porque el calor los asfixia», relató.

Pero, en general, Prado alerta acerca de la situación de los presos en ese lugar que no está en condiciones de ser una prisión, puesto que son calabozos para la «detención preventiva» o temporal.

Reiteró que «el Estado venezolano debe cumplir las 48 horas de permanencia de estas personas en los calabozos. Inmediatamente, deben trasladar a estas personas al centro de reclusión, cumpliendo con todas las medidas de seguridad».

«Es necesario que cierre la Zona 7 y que quede como un comando policial únicamente, el área de reclusión debe ser eliminada. Los presos deben ser trasladados a penales o deben revisar sus casos para que les otorguen su libertad», recomendó el director del OVP.

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Humberto Prado hizo una serie de recomendaciones acerca de lo que el Estado venezolano debería hacer con la Zona 7, la cual calificó como «una bomba de tiempo».

No obstante, Prado asegura que la situación de todos los retenes policiales del país es similar, porque no son cárceles ni sus funcionarios están formados para atender a una población penal.

“Un funcionario del Cicpc, por ejemplo, está formado para la investigación criminal y no para estar cuidando presos ni para estar revisando comida”, destaca Humberto Prado.

«Los funcionarios deben estar debidamente formados para educar a los detenidos, pero no para faltar el respeto a una persona que ya viene con daños», agregó.

#InformeOVP Los calabozos de la Zona 7 de Boleíta son una bomba de tiempo.Recomendaciones al Estado venezolano del @oveprisiones:1. Cesar de forma inmediata el uso prolongado de la prisión preventiva y evitar la desnaturalización de los centros de detención preventiva.2.… pic.twitter.com/CSfeo9pWzu

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre la grave situación que enfrentan las personas privadas de libertad con VIH en Venezuela.

En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, la ONG denunció la falta de programas de prevención, atención y tratamiento adecuados, así como la ausencia de un enfoque epidemiológico con perspectiva de género y diversidad sexual en el sistema penitenciario del país.

El OVP señaló que, debido a esta carencia de políticas de salud pública, «es imposible conocer con certeza cuántos reclusos y reclusas viven con VIH, lo que pone en riesgo la salud de la población penitenciaria y dificulta una respuesta efectiva a la crisis sanitaria que se vive en las cárceles venezolanas», señala un comunicado difundido por Efe.

A través de sus redes sociales, el OVP también expresó su solidaridad con las ONG que brindan atención a las personas con VIH en los centros penitenciarios y apoyan a los enfermos dentro de las cárceles.

La organización hizo un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad civil para garantizar el acceso adecuado a la salud, sin discriminación, para todas y todos los privados de libertad.

“Reconocer los derechos humanos de estas personas y asegurar su acceso a pruebas, tratamiento y prevención es esencial para avanzar en la respuesta al VIH y promover una justicia más equitativa para todas y todos”, escribió en X.

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Con motivo del Día Mundial Contra el Sida, el citado programa de la ONU publicó esta semana su informe anual, titulado en esta ocasión ‘Toma el camino de los derechos para acabar con el sida’.

El documento destaca como las violaciones de derechos humanos socavan la lucha contra la enfermedad, por ejemplo, cuando las mujeres o las personas LGTBIQ (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales y Queer) sufren discriminación.

“Cuando se criminaliza a las personas LGBTIQ+, se las empuja a la clandestinidad y se las deja fuera del alcance de los servicios de salud”, alertó Vaid-Menon.

Según el informe de ONUSIDA, de los 39,9 millones de personas que vivían con VIH en el mundo en 2023, casi una cuarta parte -9,3 millones- no tienen acceso a la terapia antirretroviral.

En todo el mundo, la criminalización y la estigmatización de las comunidades marginadas dificulta que las personas seropositivas accedan a este tratamiento.

En 2023, 570 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contrajeron VIH cada día. Asimismo, por ejemplo, en al menos 22 países de África oriental y meridional, las mujeres y las niñas de este grupo de edad tienen tres veces más posibilidades de estar viviendo con el virus que los hombres.

“Cuando a las niñas se les niega la educación, cuando hay impunidad para la violencia de género, cuando las personas pueden ser detenidas por quienes son o por a quien aman, cuando una visita a los servicios de salud es peligrosa para alguien debido a la comunidad a la que pertenece, se le niegan herramientas esenciales para salvar su vida y para poner fin a la pandemia del sida”, destacó el martes en la presentación del informe la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

“Para proteger la salud de todos, tenemos que proteger los derechos de todos”, agregó.

Desde que, hace unos 40 años, se conocieron los primeros casos, unos 88,4 millones de personas han contraído el VIH y 42,3 millones han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.

Con el sonido de dos helicópteros sobrevolando la zona, amanecieron los presos del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, y de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara.

El ruido también despertó a los habitantes de la parroquia Tamaca, al norte de Barquisimeto, en el estado Lara.

Simultáneamente, el lugar se llenó de vehículos militares y policiales: tanquetas, camiones y autobuses repletos de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El despliegue masivo marcó el inicio de una operación de gran envergadura en ambos centros penitenciarios, informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Ambos penales fueron tomados por completo, a lo largo de kilómetro y medio se dispusieron al menos cuatro alcabalas, se restringió en su totalidad el paso vehicular y parcialmente el peatonal.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo confirmar que la toma empezó en el penal de Uribana, a las 6:15 de la mañana, donde al menos 1.744 privados de libertad fueron sacados de sus módulos y llevados al área conocida como “El Campito” para ejecutar una exhaustiva requisa. La misma operación fue efectuada en la cárcel de Fénix, donde la población penal es de al menos 2.400 presos.

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La movilización masiva de efectivos y vehículos generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información.

Sin embargo, los funcionarios apostados en las alcabalas les ordenaron retirarse y se negaron a ofrecer detalles sobre lo que estaba ocurriendo. La falta de información oficial aumentó la preocupación y el desconcierto entre los allegados.

Mientras se realizaban las requisas, comenzó a llegar un lote de autobuses Encava, que se estacionaron en las afueras del penal Fénix Lara.

Se contabilizaron al menos once vehículos, lo que incrementó la angustia de los familiares, temerosos de que se estuvieran organizando traslados.

“Tuve a mi hijo más de cinco años en El Dorado, y cuando al fin lo regresan a Lara, ahora lo quieren trasladar de nuevo. No aguanto otro traslado. Es mucho sufrimiento cuando están en otro estado, porque muchas veces no conseguimos pasajes para viajar, y ellos quedan a la deriva, sin recibir visitas”, expresó una madre angustiada.

Entre los familiares también se encontraban mujeres de la tercera edad, sentadas en las inmediaciones, esperando noticias y rezando para que los traslados no se llevaran a cabo. “A los guaros no los quieren en ningún penal. Esperamos que no se los lleven”, comentaban con preocupación, mientras intentaban mantener la esperanza.

Al final de la tarde de este viernes 29 de noviembre, familiares reportaron que al menos siete autobuses salieron con personas a bordo, y algunos detenidos se asomaron para sacar sus manos. Sin embargo, se desconoce el destino al que están siendo trasladados.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) considera inhumano que, durante operativos de esta magnitud, no exista un protocolo claro para brindar información y atención oportuna a los familiares de los privados de libertad. La falta de comunicación los mantiene en un estado constante de angustia, sin saber nada sobre las condiciones físicas de sus seres queridos, especialmente en penales, con numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos.

Denuncia que «la opacidad informativa por parte del Estado sigue siendo alarmante. Horas después de la toma de dos penales importantes en Lara y a una semana de un operativo similar en El Rodeo, estado Miranda, no se ha ofrecido ninguna información transparente sobre lo sucedido».

La ONG denuncia que también ha recibido reportes de que desde el interior de ambos centros penitenciarios continúan registrándose un número significativo de llamadas extorsivas, así como la ejecución de otros delitos.

«Desde el OVP no nos oponemos a las requisas y revisiones minuciosas, necesarias para garantizar el control dentro de los penales. Sin embargo, exigimos que estos procedimientos se lleven a cabo respetando la integridad y los derechos humanos de cada recluso. Además, una vez finalizados, es imperativo que se informe a los familiares sobre lo sucedido».

Por último, «consideramos fundamental que el Ministerio para el Servicio Penitenciario presente ante la Asamblea Nacional un protocolo o reglamento específico para regular las inspecciones, revisiones y requisas en los establecimientos carcelarios. Este instrumento debe abordar cinco puntos clave: el establecimiento en sí, la población reclusa, los funcionarios penitenciarios, los familiares de los reclusos y la Guardia Nacional».

Actualmente, el Código Orgánico Penitenciario (COPE) establece de manera muy general la normativa sobre las requisas personales, pero en la práctica, lo dispuesto en el artículo 96 no se cumple de forma efectiva. Por ello, es necesario contar con un instrumento normativo claro y detallado que garantice la correcta aplicación de estos procedimientos y promueva la dignidad y el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.

En la mañana de este sábado se registró un accidente en la urbanización La Urbina, al este de Caracas.

Según de sucesos, Román Camacho, se trató del choque de camión volteo con unidades de transporte que estaban cerca de la estación de servicio PDV, en el sector.

Al parecer, el vehículo tuvo fallas en los frenos que ocasionaron que el conductor perdiera el control.

El camión logró detenerse tras chocar con los árboles cercanos y los postes de la isla.

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Al lugar llegaron funcionarios de los Bomberos del Distrito Capital y de la Policía del Municipio Sucre para atender a los lesionados.

Los heridos, uno de ellos de gravedad, fueron llevados al hospital Domingo Luciani de El Llanito para que sean atendidos.

#Miranda #Caracas aproximadamente a las 7am se registró un accidente de tránsito adyacente a la E/S PDV al lado del Makro La Urbina. Un camión de volteo presentó fallas en los frenos y el conductor chocó con los vehículos de transporte público que estaban en cola, pudo detenerse… pic.twitter.com/xqPSycLKBV

Este 26 de julio de 2024 se cumplieron 13 años desde la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, y uno de los primeros resultados de este despacho es el hacinamiento de más de 173% en la población reclusa del país.

Así lo informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en su reciente informe anual, donde destaca que en ese lapso «se han implementado 15 programas a cargo de cuatro ministros, quienes no han tenido la capacidad de solventar los principales problemas como hacinamiento, corrupción, violencia, atención médica, rehabilitación de infraestructura, entre otros flagelos que atentan contra los derechos humanos de la población penitenciaria en Venezuela».

Durante 13 años de gestión murieron 3.423 personas privadas de libertad, víctimas de hacinamiento, hambre, violencia y falta de atención médica para padecimientos como desnutrición y tuberculosis, destaca el OP.

«Todo esto fue la punta del iceberg para documentar un año 2023 con un sinfín de problemas que quedaron evidenciados en el Informe 2023: Degradación, desprecio y abandono: características del sistema penitenciario venezolano», señala el documento.

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En Venezuela existen 52 recintos carcelarios con una capacidad instalada de 26.238 plazas, pero para el año 2023 solo 35 de ellos estaban operativos (34 de hombres, 1 de mujeres y 16 anexos femeninos), según lo documentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), como consecuencia de que 17 recintos fueron clausurados desde el año 2003.

En ese sentido, se redujeron las plazas en las cárceles y su capacidad de instalación es de 17.088, pero existe una población reclusa de 29.565, lo que representa un riesgo crítico de hacinamiento de 173.1%.

Aunque ha disminuido la población reclusa en las cárceles de Venezuela, “no se pueden dejar engañar por estas cifras”.

Así lo enfatizó Humberto Prado, director del OVP, quien explicó cómo Iris Valera, exministra del Servicio Penitenciario, publicó una circular en donde se indicaba que era este despacho quien autorizaba el ingreso de los presos a los penales, causando así que las personas privadas de libertad se mantuvieran en calabozos policiales de diversos cuerpos de seguridad.

En estos centros de detención preventiva «han tenido que improvisar calabozos, incluso en las áreas administrativas, para meter detenidos».

En tanto, el problema fue trasladado a diferentes cuerpos de seguridad, según explicó Prado, quien además señaló que anteriormente quien decidía el destino de las personas detenidas era un juez, pero ahora es el Ministerio que ni siquiera se preocupa por otorgar los cupos en los plazos establecidos.

Asimismo, el director del OVP destacó que los policías están formados para la seguridad ciudadana o la investigación criminal y no para la custodia permanente de una persona en los calabozos, tergiversando su función. “Lo que han creado es un problema mayor, porque no existen políticas penitenciarias”, sentenció.

Para el año 2023, en los penales se encontraban un total de 27.022 hombres privados de libertad y 2.543 mujeres, de los cuales 19.217 se encuentran procesados y 10.348 penados, por lo que se evidencia que existe una barra invertida.

El retardo procesal está por el orden del 65%, pero no se trata de un problema solo del Ministerio de Servicio Penitenciario, sino también del sistema de justicia, del Ministerio Público y de las defensorías públicas. “Es un problema multifactorial, con todos los planes que se han creado en estos 13 años y no hay una persona que tenga capacidad para resolverlo”, destacó Humberto Prado.

Tal como lo denunciamos desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) con frecuencia, las condiciones de reclusión en las cárceles venezolanas son inhumanas. Existe mucha corrupción, grupos vulnerables que no son tomados en cuenta y usan a los presos políticos como herramienta de represión.

En otro orden de ideas, en el año 2023 fueron intervenidas siete cárceles con la excusa de desarticular las mafias, pero se recuerda que en esas intervenciones no se mostró el traslado de ninguno de los pranes a los tribunales para ser procesados por la cantidad de delitos cometidos dentro de las prisiones. “Solo hay silencio al respecto”, puntualizó el director del OVP.

Además, indicó que se hicieron traslados masivos sin considerar los altos índices de hacinamiento existentes. “La falta de capacidad y gerencia la sufren los presos y los familiares”, agregó Prado.

La calidad de la comida suministrada en las cárceles venezolanas deja mucho que desear, pues no cumplen con las ingestas calóricas establecidas por la OMS que son de 2.000 a 2.500 para hombres, y de 1.500 a 2.000 para las mujeres. Desde el OVP hemos podido evidenciar como en las cárceles de Venezuela se pasa hambre, y solo la alivianan las familias de los privados de libertad que con mucho esfuerzo los proveen de insumos.

Esta situación ha creado un sistema de corrupción donde se cobra por comida, agua potable, entre otros servicios básicos. En el año 2023 también aumentaron las denuncias de cobros por parte de funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario, lo que se ha evidenciado durante años como parte de una red de corrupción penitenciaria.

De igual manera, el año pasado, se documentaron violaciones al derecho a la salud en todas las etapas. No existe un médico de turno en las cárceles, donde solo cuentan con personal de enfermería sin los insumos necesarios para atender a la población reclusa.

De la misma manera, desde OVP registramos que en 9 estados del país hubo un total de 31 presos fallecidos por condiciones de salud, siendo Lara el estado con mayor número de casos, seguido de Carabobo, Aragua y Táchira.

De un total de 61 privados de libertad fallecidos durante el 2023 en las cárceles, el 51% son por condición salud y el restante murió a consecuencias de hechos violentos. En los calabozos policiales se registraron 25 muertes por salud.

Asimismo, vimos con preocupación cómo las cifras de suicidio en presos han sufrido un aumento. En el año 2023 registramos 36 muertes en calabozos policiales y de ese total 9 fueron suicidios, lo que representa el 25% de las muertes.

Además, se registraron 3 huelgas de hambre, 4 motines y se contabilizaron un total de 533 personas fugadas. Mientras, en los calabozos policiales se registraron 5 huelgas de hambre, 14 motines y 104 presos fugados.

Las condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de libertad son preocupantes, pues se han registrado vulneraciones de sus derechos como el aislamiento, la falta de atención a las mujeres lactantes, además de la violencia sexual, en especial en los anexos femeninos.

Para el año 2023 se registró que los derechos básicos de las mujeres son llevados por los recintos carcelarios como si fueran beneficios.

Un total de 2.543 las mujeres privadas de libertad en Venezuela están distribuidas entre la única cárcel para mujeres y los 16 anexos que se encuentran adosados a recintos carcelarios para hombres. En esta población se registra un 107.51 % de hacinamiento.

El año 2023 cerró con 288 personas detenidas por causas políticas y su reclusión está marcada por los constantes casos de represión y tortura, situación que se extiende a los familiares.

Durante el año pasado se registraron 14 huelgas de hambres protagonizadas por presos políticos, quienes sufren las mismas calamidades que el resto de la población penitenciaria, incluso son objeto de mayor represión durante su reclusión.

En este Informe 2023: Degradación, desprecio y abandono: características del sistema penitenciario venezolano recomendamos al Estado que cumplan con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución Nacional y sus principios rectores, que garanticen el derecho a la salud mental de la población privada de libertad, garantizar una alimentación sana y balanceada, entre otros.

«El artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el sufragio es un derecho y un deber de los ciudadanos, libre, universal, directo y secreto. Este precepto constitucional no excluye a las personas privadas de libertad, lo que además es respaldado por el artículo 19 que establece que el Estado debe garantizar a todas las personas el ejercicio de los derechos humanos, tal como la participación política, sin discriminación, de manera irrenunciable, indivisible e interdependiente».

Este argumentó fue esgrimido por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ONG que solicitó a través de una comunicación al Consejo Nacional Electoral (CNE) la garantía del derecho al sufragio de la población reclusa, en Venezuela, a pocos días de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En el escrito, el OVP destaca que «siendo la interdicción civil y la inhabilitación política condicionantes para que una persona pueda ejercer el derecho al voto, cabe destacar que ambas son penas accesorias, definidas en el artículo 11 del Código Penal venezolano (CPV), como aquellas a “las que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidentalmente”.

Explica que «la prisión es una pena principal y corporal, que de conformidad con el artículo 16, puede estar acompañada de la inhabilitación política, como pena accesoria, durante el tiempo que dure la condena».

Por tanto, «en atención al artículo 64 de la Constitución, que consagra los requisitos para que una persona pueda ser electora, y en concordancia con el Código Penal, tenemos que solamente mediante una sentencia judicial dictada en un proceso de interdicción civil, y en los casos de una condena judicial penal, que establezca como pena accesoria la inhabilitación política, los venezolanos no pueden ejercer su derecho al sufragio».

En ese sentido, «el artículo 24 del Código Penal es más determinante, ya que estipula de forma expresa que la inhabilitación política no puede imponerse como una pena principal sino como una pena accesoria a la prisión (y del presidio), produciendo como efecto la privación de los cargos públicos o políticos que tenga el penado, así como la incapacidad durante la condena, para obtener otros, “(…) y para el goce del derecho activo y pasivo del sufragio”.

Asimismo, en el documento consignado por OVP ante el CNE se enfatiza que el sufragio de la población privada de libertad es un derecho humano, establecido en el artículo 272 de la Constitución, al disponer que el Estado venezolano debe garantizar un sistema penitenciario que asegure “la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”; y “conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”, según el artículo 19 de CRBV.

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El OVP aclara que los derechos políticos obligan a los Estados a implementar medidas que garanticen que todos sus ciudadanos puedan disfrutarlos plenamente en igualdad de condiciones.

Por lo tanto, considera que «el Estado venezolano debe garantizar a la población reclusa el disfrute y goce de sus derechos, por lo que su deber es implementar medidas para garantizar el derecho al voto».

De lo contrario, alerta que «se estaría yendo en contra de los principios de igualdad, no discriminación y justicia que sustentan a Venezuela como un país democrático y social de Derecho y de Justicia».

Finalmente, la ONG insiste en que el CNE «garantice el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta que su inclusión contribuye a promover y cumplir con el propósito establecido en nuestro ordenamiento jurídico, asegurando la participación y el protagonismo de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los más vulnerables».

En una entrevista con la agencia Efe, el director general del OVP, Humberto Prado, explicó que las personas que no tienen sentencia son «70%» de la población que «está en las cárceles» y «85%» de los que están en «los calabozos».

Por ello, la ONG pidió al CNE garantizar para esta población el derecho al voto, ya que al estar presos se encuentran en «una condición vulnerable».

A través de la ONG, Una Ventana a la Liberta, se conoció que la noche de este jueves los reclusos de unas 16 cárceles del país y sus familias, decidieron levantar la huelga der hambre pacífica que mantenían, en reclamo de sus derechos.

«Familiares de privados de libertad en varias cárceles del país confirmaron que los reclusos levantaron la huelga de hambre pacífica, que inició el pasado domingo 9 de junio, tras la revisión de los casos de algunos de ellos y liberaciones en las últimas horas, según lo acordado con el@mppsp_vzla», publicó la organización en sus redes sociales.

La acción ocurre solo unas horas después de que el nuevo titular del despacho, Julio García Zerpa, comenzara una visita por varios recintos carcelarios, además de escuchar a los familiares de varios reclusos que protestaron frente al despacho, apenas asumió el cargo.

La crisis del sistema carcelario del país lleva años sin ser resuelta, a pesar de que por allí han pasado varios titulares y se han aplicado varios planes.

A tal punto ha escalado la crisis en el sector que, a raíz de la huelga, el presidente Nicolás Maduro destituyó a la ministra Celsa Bautista y designó a García Zerpa en su lugar.

Lego, admitió que el sistema carcelario sigue colapsado y con corrupción, por lo que ordenó al nuevo titular atacar ese problema y atender a los presos «con humanidad».

Apenas García Zerpa asumió, dispuso de un correo electrónico para que le hagan llegar las denuncias.

En sus redes sociales, el OVP hizo estas recomendaciones al nuevo titular:

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1. Mejorar las condiciones de vida de la población reclusa, garantizando acceso a servicios de salud, alimentación adecuada y condiciones sanitarias, lo cual garantizaría la vida e integridad de la población reclusa, incidiendo en la seguridad dentro de las instalaciones.

2. ⁠Crear las políticas y mecanismos necesarios para dar cumplimiento a las garantías y protecciones judiciales, considerando que es un problema multifactorial y el más preocupante en los actuales momentos.

3. ⁠Promover formación y capacitación del personal de seguridad y custodia con un enfoque basado en derechos humanos.

4. Atacar la corrupción para erradicarla de los establecimientos penitenciarios.

5. Diseñar un Plan estratégico de educación para toda la población, no hay mejor herramienta para resolver el problema penitenciario que la educación y trabajo.

6. Para reducir el hacinamiento, podría adoptar otras medidas de detención en las cárceles, lo cual beneficiaría la gestión interna de los penales, e igualmente reduciría la carga sobre el sistema judicial y de seguridad.

7. ⁠Garantizar un enfoque diferenciado que proteja a los grupos vulnerables dentro de las prisiones como: personas LGBTIQ+, con discapacidad, pertenecientes a la comunidad indígena, jóvenes en conflicto con la ley penal, adultos mayores, mujeres en prisión, entre otros.

#EnEsteMomento familiares de privados de libertad en varias cárceles del país confirmaron que los reclusos levantaron la huelga de hambre pacífica, que inició el pasado domingo 9 de junio, tras la revisión de los casos de algunos de ellos y liberaciones en las últimas horas,… pic.twitter.com/zYfyiXtFxW

El nuevo ministro de Prisiones, Julio García Zerpa no la tiene fácil, pues debe resolver los problemas de un sistema penitenciario colapsado que, a más de 13 años de creado el despacho, los privados de libertad siguen sufriendo por el hacinamiento, el retardo procesal, el hambre y las enfermedades.

Apenas el presidente Nicolás Maduro anunció la sustitución de Celsa Bautista por el diputado Julio García, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hizo una serie de recomendaciones al nuevo titular.

En sus redes sociales, el OVP recordó que son «más de 50 mil presos que cumplen más de 48 horas en huelga de hambre pacífica», precisamente en protesta por sus derechos.

Lo primero que destaca la ONG es que «no solo se trata de gestión penitenciaria, sino también de humanidad».

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Hay que recordar que este martes, el presidente Maduro admitió que «quedan muchas cosas por hacer» en el sistema penitenciario, plagado por la corrupción.

Una huelga de hambre de los reclusos de las cárceles venezolanas pudiera darse en las próximas horas luego que los presos recluidos en el Centro Penitenciario de Coro  anunciaron el inicio de la huelga y al poco tiempo se sumaron las reclusas del Inof.

La información fue dada a conocer por el  Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la mañana de este domingo 9 de junio, a través de sus redes sociales.

En un primer mensaje informaron que “en este momento presos del Centro Penitenciario de Coro en Falcón iniciaron una huelga de hambre pacífica, que según anunciaron se extenderá a todas las cárceles y calabozos policiales del país, para exigir respeto a sus derechos humanos, redenciones, traslados, entre otras peticiones”.

Asimismo, informaron que  las mujeres privadas de libertad en el INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina), la única cárcel de mujeres en Venezuela, ubicada en el estado Miranda, manifestaron que se sumarán a la protesta.

“Los privados de libertad en Venezuela, víctimas del retardo procesal y la desidia penitenciaria, se sienten engañados por los planes de abordaje impulsados por el Ministerio que no les han aportado ninguna solución a su situación jurídica”.

#9Jun ?️ HUELGA DE HAMBREPresos de todo el territorio nacional anunciaron que este domingo se unirán en una huelga de hambre pacífica para exigir la actualización oportuna de sus casos, informó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones?: @oveprisiones pic.twitter.com/X5yo9WVec9

#9Jun ?️ HUELGA DE HAMBRE NACIONALPresos del Centro Penitenciario de Coro, en Falcón, se sumaron a la huelga de hambre pacífica que se extiende por todas las cárceles y calabozos policiales del país, informó la ONG @oveprisiones pic.twitter.com/xWUWKB8xNo

#9Jun ?️ "VICTIMAS DEL RETARDO PROCESAL" Las mujeres privadas de libertad en el INOF anunciaron que se unirán a la huelga de hambre pacífica que se realiza este domingo en todo el territorio nacional, informó la ONG @oveprisiones pic.twitter.com/WxPiW3Xge2

Luego de atender varias denuncias sobre irregularidades en las cárceles de los estados Guárico y Lara, y tras varios operativos sorpresas fueron detenidos 11 funcionario del Ministerio de Servicios Penitenciarios, entre ellos dos directores.

La información la dio a conocer el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que venía denunciando en varias oportunidades hechos de corrupción en todos los recintos penitenciarios del territorio nacional.

Entre las denuncias más contundentes destacar las condiciones de hacinamiento luego del “fin del pranato” tras la intervención de siete cárceles desde el noviembre de 2023.

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#28Feb? DIRECTORES DE CÁRCELES en Guárico y Lara fueron apresadosDe acuerdo con el OVP, los funcionarios "fueron puestos tras las rejas durante una serie de operativos sorpresa" por las constantes denuncias por "corrupción" hechas por la institución.https://t.co/FmV2sxL7NU

Según las investigaciones y testimonios recopilados por OVP, “dichos operativos no lograron más que incrementar el hacinamiento, permitir la fuga de peligrosos pranes como “Niño Guerrero” y fomentar la corrupción por parte de los funcionarios”.

Los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, estaría cobrando una suma semanal o mensual, a cambio de algunos beneficios y la integridad física de los privados de libertad, denuncia la OVP.

Detalla que los privados de libertad deben pagar desde  la visita conyugal hasta el ingreso de alimentos.

Según esta organización, la solución siempre ha sido el cambio de un recinto a otro para los directivos y funcionarios como única sanción, lo que no constituye la solución del problema.

Luego de su traslado del penal de Vista Hermosa (Bolívar) a la cárcel de Uribana (Lara), en el marco de la operación Gran Cacique Guaicaipuro, fallecieron dos reclusos, cuyos familiares denunciaron que no recibieron la atención adecuada, ante sus delicados cuadros de salud.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informó que se trata de Jhon Anderson Medina, con diagnóstico de diabetes y tuberculosis y de Charles Antonio Moro Soto, quien tenía falla multiorgánica, además de una fuerte infección respiratoria aguda y neumonía, a consecuencia, igualmente, de una TBC.

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El 7 de noviembre, al Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, ubicado en el estado Lara, llegaron tres autobuses con 110 presos provenientes del Internado Judicial de Occidente.

Ante los rumores de intervención del recinto carcelario, los familiares de Medina escribieron a la Ministra de Servicios Penitenciarios para informarle sobre el estado de salud de su ser querido, quien tenía un cuadro de desnutrición y además era insulino-dependiente, pero no hubo respuesta antes del desalojo y mucho menos después, según relataron ellos mismos.

El OVP pudo conocer que el día del desalojo lo único que hicieron los funcionarios que estaban a cargo de la operación fue reseñar e identificar a los presos, nadie se encargó de evaluarlos en el momento y, a pesar del diagnóstico, a Jhon Anderson lo montaron en los autobuses de traslado.

Luego, en ya en Uribana, el recluso se descompensó y lo llevaron al hospital Antonio María Pineda, donde lo dejaron recluido y le ordenaron hacerse varios exámenes que los familiares en Bolívar tuvieron que pagar, con mucho esfuerzo.

Pero, el estado de Jhon Alberto se deterioró rápidamente. Las condiciones en las que había llegado al Hospital fueron bastante críticas y el sábado 11 de noviembre falleció.

En el caso de Charles Antonio, el OVP señala que fue trasladado desde el estado Bolívar junto a otros 109 presos y su condición física desmejoró considerablemente tras ser desalojado del penal y pasar 18 horas en carretera hasta llegar a la cárcel de Uribana. En este grupo también se encontraba Jhon Anderson, otro preso que presentó problemas de salud.

Un día después de haber llegado a Lara, específicamente el 8 de noviembre, trasladaron a los dos presos hasta el Hospital Central, donde ambos fallecieron con horas de diferencia.

A la ONG le preocupa el hecho de que, de los siete penales desalojados, sacaron una gran población que estaba contagiada con TBC, enfermedad que dentro de un recinto penitenciario se puede contagiar rápidamente.

La TBC se transmite a través del aire, sobre todo si la persona contagiada tose o estornuda.

«Estás personas no están recibiendo tratamiento, ni atención médica, están compartiendo espacios con el resto de la población reclusa y se mantienen en sitios cerrados y hacinados, en donde parece ser un verdadero caldo de cultivo para que esta enfermedad se propague con facilidad», alerta el Observatorio.

Y denuncia finalmente que «año tras año hemos registrado como las cifras de los privados de libertad fallecidos han aumentado a consecuencia de problemas de salud y con la cantidad de personas trasladadas desde siete penales nos preocupan los índices de hacinamiento».

Tarek William Saab, fiscal general de Nicolás Maduro, anunció una fórmula para descongestionar las comisarias y calabozos de las policías en todo el país.

Y es que Tarek William Saab informó que se realizarán audiencias en los Centros de Detención Preventiva, convertidos en una especie de depósitos de presos que llegan a esperar allí durante meses y hasta años, por el inicio de sus juicios, o lo que es pero, estos se convierten en sus centros de reclusión.

«El Ministerio Público a partir del día de hoy está completamente comprometido (…) de convertir los centros en los Centros Preventivos de Detención en casas de paz, donde puedan en esos mismos lugares (…) realizar las audiencias en tiempo real», afirmó, tras una reunión con el ministro del Interior, Remigio Ceballos.

Saab señaló que las audiencias se harán con la presencia de un fiscal del MP y del juez competente, con lo cual comienzas los procesos, con la finalidad de garantizar el debido proceso para poner celeridad a los juicios.

En el marco de una reunión del Consejo General de Policía, el funcionario admitió que en los retenes policiales hay alrededor de 25 mil presos.

El anuncio de Saab se hizo días después de la toma de rehenes ocurrida por parte de los presos que se encuentran en el centro de detención de la PNB, en La Morita II, estado Aragua, donde cuatro funcionarios de ese organismo fueron secuestrados, hasta que los reos lograron varias peticiones, entre ellas el traslado a las cárceles.

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El Observatorio Venezolano de Presiones (OVP), responsabilizó al Estado por esta situación.

«La ley en Venezuela es específica, los centros de detención preventiva no deben albergar detenidos durante más de 48 horas desde el momento de su detención, por lo que estos espacios fueron construidos para albergar entre 5 o 10 personas», destaca el OVP en su página web.

«La realidad de los calabozos policiales en Venezuela es otra. Hay privados de libertad con permanencia de más de un año en estos recintos y en una sola celda sobreviven más de 50 personas», denuncia la ONG.

«En diferentes oportunidades, privados de libertad de todo el territorio nacional han denunciado que deben dormir parados o turnarse para ello, porque simplemente no tienen espacio suficiente para convivir. Esto es una prueba más del grave problema de hacinamiento que existe en estos centros de detención con índices que superan el 500% de sobrepoblación», agrega.

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#21Jul ?️ "VAMOS A REALIZAR LAS AUDIENCIAS EN TIEMPO REAL"El fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, informó que se realizarán audiencias en los Centros de Detención Preventiva con el objetivo de "agilizar los procesos penales con la presencia de fiscales y jueces"… pic.twitter.com/4PdREmTtay

#HOY… El #Fiscal General de la República @TarekWiliamSaab informó que se realizarán audiencias en los Centros de Detención Preventiva, con el objetivo de agilizar los procesos penales con la presencia de Fiscales y Jueces teniendo como estructura a los Centros y Casas de #Paz :… pic.twitter.com/R3gpEpjF54