El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (Cicpc), Douglas Rico, refutó la cifra de muertes violentas reportada la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ocurridas en el país durante 2022.

“Generar falsas noticias puede ser un delito penado por la ley. Crear alarmas y desinformación en toda la población venezolana. Nuestro país y toda su gente merecen respeto”, dijo Rico en su cuenta en Instagram al difundir la imagen del reporte de un medio local que citó los datos del OVV.

La imagen tiene la palabra «fakenews» atravesada y en rojo.

“Nosotros siempre hablaremos con la verdad soportada por los instrumentos científicos”, agregó el funcionario, sin ofrecer mayores detalles.

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Según la ONG, Venezuela contabilizó este año 2.328 homicidios, 25,19 % menos que en 2021 -cuando se computaron 3.112-, lo que representa una tasa de 8,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

El observatorio informó que este año fallecieron 10.737 personas por causas violentas, lo que arroja una tasa de 40,4 por cada 100.000 habitantes si se incluyen las categorías de “muertes por averiguación”, con 5.799 casos, y muertes por intervención policial, con 1.240, además de los homicidios.

Generar falsas noticias puede ser un delito penado por la ley. Crear alarmas y desinformación en toda la población venezolana. Nuestro país y toda su gente merecen respeto. Nosotros siempre hablaremos con la verdad soportada por los instrumentos científicos #GMVVMetaCumplida pic.twitter.com/UGDyTbyHNz

#InformeOVV2022 Durante 2022 en #Venezuela 10.737 personas fallecieron por causas violentas.La tasa fue de 40,4 muertes violentas por c/ 100 mil hab. pic.twitter.com/xaU36GqblP

María Eugenia acusa a un policía de haber matado a su nieta de 11 años en una barriada de Caracas, mientras apunta con un dedo el agujero que la bala dejó en una ventana de su casa.

El policía dice que vio «una sombra», pero «él disparó a la niña, directamente a la niña», relata María Eugenia Segovia, de 54 años, al rememorar la tragedia que vivió el pasado 13 de noviembre.

Su nieta, Yadimar, dormía cuando el proyectil la alcanzó en la nuca después de atravesar una de las barras de la reja de la ventana y hacer añicos el vidrio.

Las denuncias de muertes a manos de autoridades se han multiplicado en Venezuela. La ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), referencia ante la falta de cifras oficiales, documentó más de 700 fallecimientos a manos de policías en el primer semestre del año, reseña la agencia AFP.

María Eugenia cuenta que encaró al oficial y un compañero que le acompañaba.

«Me acerqué a él y me le paré al frente y le dije: ¡le dispararon a la niña, le disparaste a mi nieta!», rememora. «Dieron la vuelta y salieron corriendo».

Al menos cinco personas fueron detenidas por este crimen, según la policía científica. «No tengo confirmación de que sean funcionarios policiales», señaló por su parte un portavoz de la Fiscalía.

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Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales en 2020 y 2021 en operaciones contra la delincuencia, lo que consideraron como una «política de Estado» de exterminio.

En un clima de impunidad generalizada ocurren igualmente casos como el de Yadimar, dice el director del OVV, Roberto Briceño León, en los que hay responsabilidad «individual» de un policía o un grupo de policías, más que órdenes superiores.

La violencia se ha ido «mudando» de los delincuentes a los policías, afirma Briceño León, quien alerta que «en buena parte del país, los policías tenían más víctimas y más muertos que los propios delincuentes».

Vecinos y familiares de la niña, que estudiaba sexto grado, dicen que los policías cacheaban a un joven en el sector y que allegados salieron a reclamar. Los funcionarios, que según Segovia pertenecían a la Dirección de Contraingeligencia Militar (DGCIM), pidieron «refuerzos» y entraron a la calle disparando de acuerdo con su relato.

Otros aseguran que los policías estaban bebiendo antes del incidente.

Los familiares de la niña hicieron una denuncia ante la Fiscalía. Piden justicia y «más control» sobre las fuerzas del orden.

«No podemos tenerles más miedo a ellos que a la propia calle», comentó Yuleimy Valencia, de 34 años, prima de la pequeña.

La ONU ha expresado su preocupación sobre los operativos policiales, mientras la Fiscalía se defiende de las acusaciones de impunidad asegurando que 358 funcionarios de seguridad han sido condenados por violar derechos humanos.

La ONG Cofavic estima que «98% de los casos de violaciones de derechos humanos no llegan a ser investigados».

«¿Por qué te fuiste Yadimar?, ¿por qué tú, amiga, te fuiste?, ¡vuela alto!», se leía en uno de los carteles pegados en las paredes de su casa.

Globos blancos, canciones infantiles, flores y marcas de manos blancas figuraban alrededor de la urna de la niña, despedida por una multitud.

Yadimar era «carismática, alegre y gozosa», coinciden su abuela y prima. Estaba bajo el cuidado de sus abuelas porque su madre había viajado a Perú a buscar a una hermana que migró y su padre murió hace nueve años por una bala perdida en un tiroteo entre delincuentes.

«¡Mi niña, te mataron igual que a tu papá!», gritó entre llantos la madre al ver el ataúd de su hija, después de un viaje de regreso de miles de kilómetros por carretera ante la falta de dinero para pagar un vuelo.

«Todavía no lo logramos entender. ¿Por qué si ella estaba dentro de su casa (…) se dio esta situación?», se pregunta la prima de Yadimar.

Luego de hacer una encuesta en 1.200 hogares, la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reveló que más de la mitad de los consultados no está de acuerdo con la violencia justiciera, mientras que un 30 % justifica la muerte de los violadores.

Según OVV el 30 % de la población de Venezuela afirma estar de acuerdo con que una persona mate a otra en caso de que esta haya violado a su hija.

En tal sentido, el sociólogo Roberto Briceño-León, el director de la organización, explicó, durante una conferencia de prensa virtual, que la violencia, bien sea un asesinato o un linchamiento, «tiende a justificarse» cuando el delito cometido «se considera horrible» reseña El Informador citando a EFE.

Ante el caso de  la violación a una hija, tanto hombres como mujeres consideran que se trata de un hecho “horrible”.

El trabajo de OVV se da en momentos  en los que Venezuela ha vivido una ola de delitos sexuales que ha estremecido a la opinión pública y los violadores están en la mira.

Algunos sectores elevarán ante la Asamblea Nacional propuestas para castigara los violadores que van desde la cadena perpetua hasta la castración química.

En el estado Zulia  ocurrió un hallazgo macabro, vecinos del río Escalante dieron aviso a las autoridades de un cadáver en avanzado estado de descomposición, que resultó ser el de la niña Luzmary Hurtado.  Extraoficialmente se conoció que el cuerpo presentaba signos de violencia sexual y estrangulamiento.

Otros casos que conmocionaron la opinión pública fue el de un hombre de la tercera edad que abusó de sus 7 nietas de entre 3 y 16 años.

También el atroz crimen de Franyelis Veliz Rodríguez de 5 años, cuyo cadáver fue hallado con múltiples heridas y lesiones en las zonas íntimas.

La encuesta de  OVV indica que  participaron 1.200 hogares del país. Del total el  54 % de los venezolanos rechaza este tipo de violencia «justiciera» y el 16 % restante dijo que no estaba de acuerdo ni en desacuerdo.

Otro aspecto revelado por el estudio es que en el país «se justifica más la violencia cuando se trata de la defensa de la familia a cuando se refiere a la defensa de la casa como propiedad».

#ForoVictimariasYVíctimas Se justifica más la violencia cuando se trata de la defensa de la familia a cuando se refiere a la defensa de la casa o la propiedad.

Sobre este particular, el 15 % dijeron que una persona tiene derecho a matar para defender su casa o propiedad, mientras que el 22 % aprueban este tipo de violencia «para proteger a su familia».

#ForoVictimariasYVictímas 36% de la población consultada considera que la inseguridad permaneció igual.– 34% considera que aumentó.– 30% considera que disminuyó.

#ForoVictimariasYVíctimas 89% de la población consultada, rechaza la violencia en los casos de infidelidad femenina.

El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) realiza un estudio sobre las personas que atentan contra sus vidas en el país. Hasta los momentos, la cifra recogida por la Organización no Gubernamental levantan una alerta, sobre todo en el estado Mérida, donde dicen tener la mayor incidencia.

El estudio que está en marcha de la organización en conjunto con el medio digital Crónica Uno, indica que diversos factores de tipo económico, social y político influyen de manera considerable en las personas que han decidido quitarse la vida.

Es así como temas como la pandemia, la crisis económica, la inseguridad y hasta el hambre, están causando mella en la población venezolana, pero según la OVV, sobre todo en el estado Mérida.

En lo que va de año han registrado en la entidad occidental 24 suicidios. La misma estadística demuestra que por cada uno de estos eventos mortales, otras 20 personas han intentado quitarse la vida.

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En toda Venezuela hay un registro de 137 casos en los primeros cinco meses. Los 24 casos registrados por la ONG representan el 16% del total y todavía no ha terminado el 2022.

El Observatorio Venezolano de la Violencia hace la salvedad de que sus estadísticas podrían variar, ya que no tienen acceso a las cifras oficiales y plasman su trabajo en observaciones de campo e información recabada a través de medios de comunicación social y por entrevista directa con los afectados.

Según la organización, en 2021 se registraron 340 suicidios en todo el territorio nacional. La cifra tuvo un aumento en comparación al 2020 de un 11,1%, ya que contabilizaron apenas 306 casos.

«El suicidio, como máxima expresión de la violencia autoinfligida, es causa de muerte multifactorial. En la medida en que la pobreza siga aumentando y se marquen más las desigualdades sociales y económicas, es muy probable que sigan ocurriendo”, señala Gustavo Páez, investigador y coordinador del OVV en Mérida.