El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una amplia reforma de su política migratoria, el Pacto de Migración y Asilo, luego de una delicada negociación de varios años sobre un tema que provocó evidentes divisiones en el bloque.

La controvertida reforma, que refuerza controles fronterizos y establece un sistema de solidaridad entre los países miembros, recibió el apoyo de los tres principales grupos del Parlamento, los Socialistas y Demócratas, el Partido Popular Europeo (PPE, derecha) y los centristas de Renovar Europa.

«Hicimos historia», se congratuló en la red X la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, poco después del fin de las votaciones.

«Hemos creado un marco legislativo sólido sobre cómo abordar la migración y el asilo en la UE. Han pasado más de diez años en su elaboración. Pero cumplimos nuestra palabra», aseguró la legisladora maltesa, reseña la AFP.

La reforma aprobada este miércoles representa «un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad», indicó.

Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la aprobación de la reforma de la política migratoria del bloque es «un logro enorme para Europa». «Ha sido realmente un día histórico», dijo.

Por su parte, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, dijo que con la reforma la UE «podrá defender mejor nuestras fronteras exteriores».

También, señaló, podrá defender «a los vulnerables y a los refugiados, devolver rápidamente a aquellos que no son elegibles para quedarse», y al mismo tiempo implementar una «solidaridad obligatoria» entre los Estados del bloque.

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El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, aseguró que era un pacto «histórico», y el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que Europa estaba actuando «efectiva y humanamente» en esta cuestión.

Pero existió discrepancia dentro del bloque, especialmente desde Hungría, cuyo primer ministro aseguró que la reforma era «otro clavo en el ataúd de la Unión Europea».

«La unidad ha muerto, las fronteras seguras ya no existen. Hungría nunca cederá al frenesí de la migración masiva», afirmó Viktor Orban.

Representantes de la izquierda europea atacaron la reforma que, según el eurodiputado español Manu Pineda, «llena de vergüenza a toda la UE» y entrega su política migratoria «a la extrema derecha».

En una nota, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC), pidió a los países de la UE que «garanticen condiciones humanas para los solicitantes de asilo y los migrantes afectados».

De su lado, Amnistía Internacional señaló que las instituciones de la UE «vergonzosamente han firmando un acuerdo que saben que conducirá a un mayor sufrimiento humano».

La sesión de votación en el Parlamento Europeo llegó a ser brevemente interrumpida a causa de una ruidosa protesta en las gradas del plenario, donde activistas pedían a gritos a los eurodiputados que voten contra el proyecto de reforma.

«¡Este pacto mata! ¡Voten NO!», gritaban.

De su lado, la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados alertó que «el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo cristaliza décadas de pulso para abordar la migración desde un enfoque cortoplacista y securitario».

Advierte que «las nuevas normas plantean riesgos significativos en términos de protección, profundizan en la externalización de fronteras, reinciden en medidas que ponen en peligro los derechos humanos y no abordan las deficiencias que justificaron, ocho años atrás, la necesidad de una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo».

En la misma tónica se expresa Médicos sin Fronteras-España, que, a través de un comunicado critica que «los eurodiputados han votado a favor de un Pacto Migratorio que aumenta la violencia y el sufrimiento de las personas que buscan seguridad en las fronteras de la UE, criminaliza a las ONG y externaliza la gestión de las fronteras a países inseguros».

«Se trata de una abolición del derecho a solicitar asilo en la UE y tendrá consecuencias catastróficas para las vidas de las personas que buscan seguridad y protección en Europa. El Pacto avala los rechazos en frontera, obstaculiza el acceso al asilo y criminaliza injustamente a las personas migrantes y refugiadas», añade la ONG.

«El Parlamento de la UE ha optado por una política excluyente centrada en la disuasión y la violencia en lugar de priorizar la dignidad y la seguridad de las personas, a pesar de las repetidas advertencias sobre los costes humanos de Médicos Sin Fronteras y otras numerosas organizaciones. Con la aplicación del Pacto sobre Migración, podemos anticipar las inevitables repercusiones médicas y humanitarias de un mayor número de personas atrapadas, obstaculizadas, detenidas y privadas de seguridad y protección en toda Europa, tanto en el mar como en países no pertenecientes a la UE”, subraya Raquel González, coordinadora de MSF en España.

El pilar central de esta propuesta fue lanzada por la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) en 2020, en una tentativa de acercar las posiciones de los diferentes grupos políticos.

Así, la reforma promueve un refuerzo en los controles de las fronteras externas de la UE.

La reforma establece un procedimiento obligatorio para controlar a los migrantes que llegan a las fronteras, donde deben ser registrados para determinar el procedimiento aplicable.

Así, los inmigrantes que no sean aceptados serán retenidos en centros especiales de acogida mientras se determina su expediente en forma acelerada, para proceder más rápidamente con la devolución de esas personas a sus países de origen.

Simultáneamente, determina la implementación de un sistema obligatorio de solidaridad, como forma a ayudar a los países que reciben a muchos inmigrantes y demandantes de asilo, como Italia, Grecia o España.

De esa forma, otros Estados deberán recibir en su territorio a solicitantes de asilo o tendrán que proporcionar apoyo financiero a los países bajo mayor presión migratoria.

Estos dos aspectos se habían tornado tópicos de suma sensibilidad después de la crisis migratoria de 2015 en la UE.

Esta nueva normativa sobre migración y asilo no se aplicará hasta el año 2026, y para eso la Comisión Europea deberá presentar hasta el mes de junio un programa detallado de implementación.

La UE ha negociado acuerdos con países de origen y tránsito de migrantes -como Mauritania, Túnez y Egipto- en una tentativa de reducir el número de llegadas a las fronteras del bloque.

El acuerdo de reformas migratorias “más duro en décadas en Estados Unidos restringe el flujo de migrantes en la frontera con México, pero para aplicarse necesita la luz verde del Congreso.

Estas son las claves de este pacto negociado por la administración del presidente demócrata Joe Biden con un grupo bipartidista de senadores.

Recibirá 20.000 millones de dólares si pasa la criba del Senado y de la Cámara de Representantes, cuyo presidente, el republicano Mike Johnson, lo da por “muerto”.

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El proyecto de ley establece una “Autoridad de Emergencia Fronteriza”, que permite al presidente y al secretario de Seguridad Nacional prohibir temporalmente que las personas soliciten asilo, con excepciones limitadas, cuando la frontera con México esté colapsada, reseña la agencia AFP.

Pueden restringir los cruces fronterizos si la media diaria de migrantes alcanza los 4.000 en una semana, pero estarán obligadas a prohibirlos si sobrepasan un promedio de 5.000 al día —en un periodo de siete consecutivos— u 8.500 en una sola jornada.

Solo se podrá usar 270 días durante el primer año, 225 días el segundo y 180 el tercero. Después de tres años dejará de existir.

Biden afirma que le permite cerrar la frontera cuando esté “colapsada”, pero Greg Chen, directivo de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA) lo niega.

“Los puertos de entrada permanecerán abiertos” y podrán acceder las personas con pasaportes y visas estadounidenses y al menos 1.400 solicitantes de asilo por día, afirmó este lunes durante un debate.

La medida no está exenta de riesgos.

A largo plazo es probable que se fomente “más crimen y violencia en la frontera en lugar de mejorar el orden y la seguridad debido a que los solicitantes de asilo seguirán llegando y esperarán allí”, explica.

“Tampoco está claro que vaya a ser un elemento disuasorio eficaz”, dice Chen, porque no dejarán de querer venir y muchos lo harán sin saber si está abierta o cerrada.

El acuerdo endurece el estándar de las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que se evalúa si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país. Los migrantes tendrán que demostrar que tienen una “posibilidad razonable” de que se les conceda.

Quedarían descartados aquellos que tengan antecedentes penales.

Además los funcionarios de asilo podrán conceder la solicitud cuando evalúen a la persona si consideran que el caso es claro.

Y si la persona quiere apelar puede hacerlo ante una junta compuesta por funcionarios de asilo. La idea es asignarles bastantes más recursos para no tener que recurrir al sistema judicial federal.

El proyecto de ley reduce el proceso de solicitud de los 5 a 7 años actuales a seis meses. ¿Un objetivo realista? “No sucederá de la noche a la mañana. Llevará mucho tiempo implementar esto”, prevé Chen.

Los solicitantes de asilo estarán autorizados a trabajar en cuanto superen la evaluación de protección, para así reducir la presión sobre las ciudades que los acogen.

En la actualidad tienen que esperar 180 días a partir del momento en el que presentan la solicitud de asilo.

Por primera vez en más de tres décadas, aumenta el límite del número de visas de inmigrante disponibles anualmente al añadir 250.000 visados durante 5 años (50.000/año).

De ellas 160.000 serán familiares para priorizar la reunificación y las otras, de empleo.

Para apoyar la unidad familiar, el proyecto de ley permite que algunos extranjeros puedan viajar a Estados Unidos con una visa de visitante temporal para reunirse con sus parientes.

Además autoriza trabajar a aproximadamente 25.000 titulares de visas de no inmigrante (prometido o cónyuge e hijos de ciudadanos estadounidenses) por año, y unas 100.000 para parejas e hijos con visas de algunos trabajadores calificados.

Agiliza asimismo el proceso para el estatus permanente de los aproximadamente 76.000 afganos que entraron al país bajo la Operación Bienvenidos Aliados y sus familias.

“Este es el enfoque equivocado. Pero es un comienzo y es importante”, afirmó en el debate Andrea R. Flores, vicepresidenta de políticas y campañas migratorias de la oenegé FWD.us.

Jeremy Robbins, director ejecutivo del Consejo Estadounidense de Inmigración, echa en falta ”invertir en las causas fundamentales» de la migración, destinar más dinero a las ciudades que albergan a los migrantes y otorgar más permisos de trabajo porque los adicionales “no son suficientes” para cubrir las necesidades de la economía.

Para Chen también es fundamental proteger a los soñadores o “dreamers”, como se conoce a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños. En este punto “es donde estas conversaciones deben continuar”.