Durante horas de la tarde este lunes se registró un incendio en los sótanos del Palacio de Justicia de Caracas, en el centro de Caracas, que requirió el desalojo de la sede.

La información fue confirmada a través de la red social X por el periodista Eligio Rojas, que compartió un video mostrando el desalojo de usuarios y del personal.

#ÚltimoMinuto Usuarios desalojan el Palacio de Justicia de Caracas por incendio en las áreas del sótano pic.twitter.com/oEKxO2fIJj

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De acuerdo con la información, usuarios indicaron que las llamas se registraron en el área de mezzanina, cercano al puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del Palacio de Justicia.

Un juez ordenó la captura de Edilberto Sánchez Riabiano, coronel en retiro del ejército colombiano.

El oficial está condenado a 40 años de prisión por el delito de desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia.

La retoma del Palacio de Justicia fueron trágicos eventos que tuvieron lugar en Bogotá, Colombia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

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Aquellos fatídicos hechos se dieron porque M-19 llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia con la intención de llamar la atención sobre sus demandas políticas y sociales. Durante la toma, tomaron como rehenes a más de 300 personas, incluidos magistrados, empleados y visitantes.

El Gobierno nacional respondió a la situación y se desató un enfrentamiento armado que duró aproximadamente dos días. La retoma del Palacio de Justicia fue llevada a cabo por el Ejército y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Sin embargo, el operativo fue caótico y violento, resultando en la muerte de numerosos rehenes, guerrilleros del M-19 y miembros de las fuerzas de seguridad.

El saldo final de la retoma fue devastador: murieron al menos 98 personas, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 33 guerrilleros del M-19.

Además, se perdieron documentos judiciales y se produjeron daños materiales considerables en el Palacio de Justicia

El coronel Edilberto Sánchez Rubiano había pedido ser aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Junto al coronel en retiro, el togado expidió órdenes de captura contra otros cuatro militares retirados: así dio a conocer Francesco Zucconi en Caracol.

Cristina Guarín fue una de las personas desaparecidas en la retoma militar del Palacio de Justicia colombiano, en la Plaza Bolívar, aquel fatídico miércoles 6 de noviembre de 1985; hoy su hermano René Guarín pide, al igual que los familiares de las víctimas, que los militares y demás investigados por estos hechos respondan y aporten con la verdad para acabar con la “incertidumbre” de qué fue lo que realmente pasó.

Uno de los principales señalados es el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, quien para la época, describió Guarín, ya era brigadier general, es decir, estaba al mando de las operaciones de la retoma y quien habría participado en «el movimiento de cadáveres». 

El general (r), condenado por estas desapariciones, no aportó información relevante ni verdad y la JEP decidió revocarle la libertad.

“Era comandante de todas las escuelas que participaron en la retoma, nunca ha aportado a la verdad. Hay un acervo probatorio que demuestra que el general participó en movimiento de los cadáveres en la parte final con la Policía y alteró la escena del crimen, lo cual nos ha tenido por más de tres décadas en la incertidumbre de que fue lo que realmente pasó con nuestros familiares”, comentó René Guarín en el programa radial Mañanas Blu.

Cristian, su hermana, hace parte de las víctimas que han sido encontradas y “entregadas por partes” durante todos estos años, pues los cuerpos fueron enterrados, “revueltos” y arrojados por partes, según detalló Guarín, quien, además, contó que de ella solo le han entregado 11 huesos y algunos quemados.

“En las grabaciones se escucha que los militares, cuando capturan civiles e informan a sus superiores, la orden es ‘si aparece la maga, que no aparezca el chaleco. Esa orden, en efecto, supimos 30 años después que sí se materializó porque, en el caso de mi hermana, fueron entregados 11 huesos, algunos quemados, 11 huesitos”, relató Guarín.

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Dijo que “es necesario que Colombia pase la página de la violencia, de la guerra, pero con la base de la verdad, no sobre desconocer los crímenes” que se cometieron y presentarlos, en este caso, “como errores”, pues el general (r) Cabrales insiste en que no fueron desapariciones forzadas, sino “entregas equivocadas de cadáveres”.

“El general Cabrales insiste ¡mintiendo! que en el Palacio no hubo desapariciones, sino entrega equivocada de cadáveres, por eso hoy en día nos están entregando a nuestros familiares prácticamente por pedazos, tumbas revueltas entre hombres y mujeres. Incluso, hay sitios donde han encontrado a personas enterradas”, afirmó Guarín, indignado, exigiendo que se diga la verdad ¡Ya!

Militantes y seguidores del secretario general del partido Tupamaros, José Pinto, se habrían presentado con pancartas al Palacio de Justicia en la ciudad de Caracas, para exigir la liberación inmediata del dirigente político.

En junio del 2020 a Pinto lo detiene la policía y el Ministerio Público lo acusa de haber participado de manera activa junto a otros hombres, en el homicidio de un joven de 16 años en la parroquia Caruao, en el estado Vargas.

El joven de 16 años trabajaba como pescador en la finca La Tupareña, propiedad del secretario general del partido político. Al parecer, al joven lo acusan de un hurto y posteriormente aparece muerto.

Rafael Ortegano, miembro de la organización, indica a la agencia de noticias EFE que Pinto se encuentra «secuestrado» durante dos años, por la administración de Nicolás Maduro. Dice que en dicho procedimiento se han «saltado la Constitución» y que Pinto esta preso por una situación política.

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«Hoy se intenta seguir con esta farsa al iniciar un juicio que indudablemente debió haber sido iniciado antes, pero dándole este retardo procesal que sufre no solamente Pinto, sino todos los presos a nivel nacional. Se inicia un juicio amañado que esperamos sea reivindicado todos sus derechos», dice Ortegano.

Al momento de su detención, Pinto era diputado al Consejo Legislativo del estado Vargas. Indica Ortegano que durante el procedimiento llevado a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al entonces diputado lo golpean y le violan sus derechos fundamentales.

Según Ortegano, Pinto tendría un considerable estado de salud, el cual está supuestamente comprometido mientras se encuentra tras las rejas. El dirigente político es diabético y tiene problemas de tensión.

Con información de agencias.

La crítica situación en Tulúa se vive con el incendio del Palacio de Justicia por parte de vándalos que han destrozado en su orden Cali, Jamundía y Buga.

Tensionantes momento se viven en esta ciudad ubicada en el Valle del Cauca, epicentro del malestar social en el último mes en Colombia a raíz del Paro Nacional.

Al grave suceso se suma que impidieron el paso de la máquina extintora que intentaba llegar a apagar las llamas en Túlua.

Por su parte el Fiscal general asegura que se priorizarán investigaciones sobre este hecho.

Según primeras informaciones, esto sucedió porque el Esmad habilitó las salidas desde Tulúa hacia otras ciudades que estaban bloqueadas.

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Y los manifestantes se desplazaron al centro de la ciudad, lo que ocasionó enfrentamientos con la fuerza pública.

Hacia las 9:00 p.m., hora Colombia, las llamas se habían apoderado de casi toda la estructura en la ciudad de Tulúa..

«Rechazo y condeno estos actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo. Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito», indicó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz

También persisten los bloqueos y enfrentamientos en Jamundí y Santander de Quilichao en el Cauca.

Este lunes, Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo, alertó sobre la suspensión de actividades en el Palacio de Justicia ante contagios por COVID-19.

Destacó que es preocupante esta situación, ya que no hay información detallada al respecto por parte de las autoridades.

Insistió que es preocupante porque podría ser un brote amplio dentro del Palacio de Justicia.  

“El desconocimiento que nosotros tenemos de la situación, lo que hace es preocuparnos más. No sabemos cuántos funcionarios fueron realmente diagnosticados”, dijo.

Asimismo dijo también que podría haber acusados o investigados contagiados.

Durante entrevista por Unión Radio Valencia, manifestó que esta situación “se debe a una política mal administrada”.

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“Es una improvisación, producto de la falta de organización por parte del circuito judicial y la rectoría”, cuestionó.

Dijo que las condiciones de la infraestructura agravan el escenario. “Los baños están poco aseados, no hay agua, y esto impulsa la propagación del nuevo coronavirus”.

Criticó que aunque se exige tapabocas y guantes para ingresar al Palacio de Justicia hay personas que no lo cumplen.

“Al tu preguntarles por qué están sin guantes, manifiestan que a ellos no los dotan de esos implementos”, detalló Betancourt.

Betancourt comentó que los ciudadanos que van al Palacio tienen que ser atendidos  por un alguacil por lo que se hace una “represa de personas”.

 La razón es la restricción de acceso a ciertas zonas, por lo que se concentran en lugares específicos, originando aglomeración.

El coordinador del Foro Penal señaló que las personas recluidas en comandancias policiales o el internado policial u otro recinto, podrían representar un brote importante de esta enfermedad.

Ya que no se sabe desde cuándo se están propagando los casos de la COVID-19.

Betancourt mencionó que en los juzgados civiles, se está haciendo el despacho virtual y se están atendiendo causas.

Sin embargo, en el área penal, no ocurre eso, ya que no hay un avance en la virtualidad, que pueda evitar el contagio de abogados, secretarios y diputados, para poder laborar de una mejor manera.

Dijo que solo funciona el sistema penal por el rol de guardias y no se usa el sistema virtual.

Hasta este domingo, la orden era iniciar actividades sin público, pero la decisión fue revertida en la noche.

Esto tras la decisión de Nicolás Maduro de radicalizar al país por 14 días ante la segunda ola de contagios.

Un ejemplo de este agravante escenario, según el representante del Foro Penal, sería quienes no han realizado una audiencia preliminar, o han continuado su juicio; quedan totalmente paralizados. “Ya no es el retardo procesal, sino este factor, a eso le sumamos el número de contagios”.

Aseguró que no se exige ir al Palacio de Justicia, pero que si se continúen las labores de alguna u otra manera, pero evitando contagios.

Baños putrefactos, cañerías tapadas, pisos con sucio acumulado de años, así están los baños del Palacio de Justicia en Caracas donde miles de personas acuden a trabajar.

Usuarios de las redes sociales, publicaron fotos de las condiciones en las que se encuentran los baños, específicamente de los tribunales penales en piso 5.

“Parecen baños de carretera”, son algunos de los comentarios que hacen los usuarios en Twitter.

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La crisis que vive el país, también afecta a las instituciones públicas.

La escasez de agua y la no distribución de productos de limpieza y aseo para las oficinas tienen a los trabajadores laborando en lugares con insalubridad.

El personal obrero en reiteradas oportunidades ha denunciado esta situación y esperan respuestas.