El Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela publicó su nuevo informe, “Voces Silenciadas: El Colapso de la Sociedad Civil y el Fracaso de la Disuasión Internacional en Venezuela”, en el marco de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. 

El documento ofrece uno de los análisis más detallados hasta la fecha sobre la creciente crisis de derechos humanos en Venezuela, describiendo cómo la represión orquestada por el Estado no solo ha persistido, sino que se ha intensificado entre 2014 y 2025, a pesar del proceso en curso que desarrolla la CPI.

Según el informe, las autoridades venezolanas ampliaron y perfeccionaron un sistema de violencia sistemática que incluye tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. 

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El Panel examinó cifras de documentación desde 2014, registrando un total de 1.634 casos de tortura, la mayoría ocurridos después de que la CPI iniciara formalmente su involucramiento, también registró 116 desapariciones forzadas, de las cuales dos tercios se produjeron mientras el examen preliminar o la investigación de la Corte estaba en curso. 

En total, se han registrado 18.582 detenciones arbitrarias desde 2014, incluyendo más de 2.200 arrestos en un período de nueve días durante la represión postelectoral del año 2024.

 Datos combinados del Estado y de la sociedad civil indican además al menos 16.808 presuntas ejecuciones extrajudiciales en la última década, “este informe demuestra, con evidencia irrefutable, que la represión en Venezuela no solo persiste: se ha vuelto más estructurado y letal. La ausencia de consecuencias reales ha permitido que los perpetradores actúen con total impunidad. Es urgente que la comunidad internacional asuma que miles de víctimas no pueden esperar más”, afirmó Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel de Expertos Independientes.

Aunque actualmente se reportan menos casos de forma pública, el Panel advierte que esto no refleja un avance, sino más bien una dramática “desaparición estadística” causada por el colapso de la sociedad civil en Venezuela. 

“La caída abrupta en el número de denuncias no es una señal de mejora; es el reflejo de un país donde las víctimas ya no tienen a quién acudir y temen hablar ante la ola represiva que enfrentan. El desmantelamiento de la sociedad civil ha generado un silenciamiento forzado que constituye, en sí mismo, una forma de violencia. Por eso es imprescindible actuar ahora: cada día que pasa, más voces son silenciadas”, alertó Joanna Frivet, miembro del panel de expertos.

Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela han sido sistemáticamente desmanteladas mediante persecución legal, allanamientos, vigilancia digital, intimidación y exilio forzado.

 La adopción de la “ley anti-ONG” en el año 2024, junto con la criminalización de la cooperación internacional y amenazas directas a trabajadores humanitarios, ha limitado de manera drástica la capacidad de los grupos independientes para documentar abusos. 

Como resultado, las víctimas permanecen cada vez más en silencio, a menudo debido a la coerción, el miedo a represalias o la ausencia de organizaciones seguras capaces de recibir sus denuncias.

El Panel identifica 2024 y 2025 como los años más violentos del período analizado, operativos como “Furia Bolivariana” y “Operación Tun-Tun” generaron la mayor ola de detenciones políticas en más de una década. 

El informe también señala el asesinato de al menos 28 manifestantes en el contexto postelectoral y un aumento alarmante en el uso de tortura, que incluye asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, golpizas severas y aislamiento prolongado. 

Además, el Panel documenta la extensión de la represión estatal más allá de las fronteras venezolanas, incluyendo ataques e intimidación dirigidos a defensores de derechos humanos venezolanos en países vecinos.

Una conclusión central del informe es que la participación de la CPI no ha disuadido la comisión de crímenes. 

El Panel sostiene que el Estado venezolano ha utilizado la apariencia de cooperación con la Corte como estrategia para desviar la presión internacional, más que como un paso genuino hacia la rendición de cuentas. 

En este contexto, el Panel insta a la CPI a fortalecer los mecanismos de responsabilidad penal individual y avanzar en la emisión de órdenes de arresto contra altos funcionarios identificados como responsables de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte.

“Los hallazgos del Panel en este nuevo reporte, que examina a profundidad la última década desde 2014, muestran con claridad que el Estado venezolano ha consolidado un sistema de represión estructural y sostenido. Ante esta evidencia alarmante, la única vía real para proteger a las víctimas es avanzar con decisiones firmes respaldadas por un compromiso inequívoco de los Estados Parte para alcanzar la justicia”, advirtió el presidente del Panel de Expertos, Santiago Cantón.

También solicita una mayor protección para víctimas, testigos y grupos de la sociedad civil que operan bajo severa represión. 

El panel al publicar el informe “Voces Silenciadas” durante la Asamblea de Estados Parte de la CPI, busca llamar nuevamente la atención sobre una de las situaciones más graves ante el sistema de justicia internacional, instando a los Estados a adoptar respuestas coordinadas y reforzar los esfuerzos para garantizar justicia a miles de víctimas.

Con información de nota de prensa

Un informe del panel de expertos independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de cometer «una escalada de violencia» contra los venezolanos.

Se trata del informe: «De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela», el cuarto estudio elaborado por ese grupo.

El documento fue presentado en la sede de la OEA con la presencia del secretario general saliente del organismo, Luis Almagro, y miembros del panel como Santiago Cantón, Joanna Frivet y Manuel Ventura Robles.

«El Panel concluye que la represión electoral marca un punto de inflexión crítico: el momento en el que el Estado venezolano avanzó desde la comisión sistemática de graves crímenes de lesa humanidad hasta la consolidación de una infraestructura autoritaria plenamente madura que mantiene el poder a través del miedo, la violencia y la supresión», destaca el escrito.

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Los expertos destacaron «la desaparición forzada como política de Estado, la escalada sin precedentes de detenciones arbitrarias, que se haya ampliado el perfil de las víctimas con el objetivo de desarticular cualquier forma de organización social y las ejecuciones de manifestantes desarmados», entre sus evidencias más relevantes.

Indicaron que al menos 51 personas han sido desaparecidas por agentes estatales desde las elecciones de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas en un lapso de nueve días tras los comicios y al menos 25 civiles fueron asesinados durante las protestas postelectorales.

Por su parte, Almagro declaró su «compromiso ético», y el de la organización, «con las víctimas de lesa humanidad».

«La voz que queda expresada en los informes es la de las víctimas y la de sus familias. Son las voces que gritan y nos interpelan. Son las voces que dicen que necesitamos justicia en este continente», aseguró.

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibieron este jueves a los integrantes del panel de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Este equipo de la ONU, que llegó al país esta semana elaborará un informe interno para el secretario general de la organización sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Autoridades del Poder Electoral recibieron a los integrantes del Panel de Expertos Electorales de la Organización de Naciones Unidas (ONU). #CNE?? #Democracia#Rumboal28dejulio pic.twitter.com/V2kgYvIThr

En representación del órgano multilateral estuvieron presentes en la sede del CNE, Domenico Tuccinardi, jefe del Panel de Expertos Electorales; Gianluca Rampolla del Tindaro, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela; y Lourdes González, Fernanda Abreu y Roly Dávila, integrantes del Panel de Expertos Electorales.

Además tuvo presente Jorge Grayeb, oficial de Asuntos Electorales de la ONU; Antonio Aranibar, asesor especial de la ONU; y Magdy Martínez, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Por el CNE estuvieron el presidente del organismo, Elvis Amoroso; y los rectores principales del organismo comicial.

El martes fue el canciller Yván Gil quien se reunió con este panel de expertos de Naciones Unidas, con los que conversó acerca de las fortalezas del sistema electoral venezolano.

Los veedores estarán en el país hasta después de desarrollarse el evento electoral.

El panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentó su tercer informe en el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el evento estuvieron presentes los miembros del organismo, Santiago Cantón, Manuel Ventura, Joanna Frivet e Irwin Cotler, este último en forma virtual, acompañados del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, además del secretario del panel, Rodrigo Diamanti.

Luis Almagro, aseguró que el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela es la tarea “más difícil” que se debe realizar desde la Secretaría General de la OEA.

Esto, según explicó, se debe a que “cada víctima o cada familiar de víctima tiene el potencial de drenar toda mi emotividad y toda mi racionalidad […], ya que es imposible que como profesionales haciendo nuestro trabajo no sintamos. Y es muy importante sentir, porque esa empatía genera efectos dinamizadores mucho más fuertes, mucho más potentes en lo que debemos transmitir y en lo que debemos hacer”, reseña la nota del evento.

“Nos queda mucho trabajo por hacer”, puesto que este es un momento de “alta represión en Venezuela, donde siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad, siguen ocurriendo desapariciones forzadas temporales, donde sigue ocurriendo tortura”, reflexionó Almagro.

Y concluyó que “un país sin justicia es un país fracasado. Venezuela es un país que necesita democracia, que necesita, fundamentalmente, memoria, verdad y justicia y necesita detener los crímenes de lesa humanidad para que podamos decir que nunca más se repitan”.

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A continuación, Santiago Cantón, agradeció la voluntad política de Almagro para sostener la investigación en Venezuela.

Destacó la importancia y el punto de inflexión que significó el informe presentado por el panel en 2018, «ya que hasta ese momento se hablaba de las violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela, pero no de crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país.

Cantón también destacó el papel que desempeñan las víctimas, reconociendo que muchas veces estas son el “único motor en la lucha por los derechos humanos”.

Y relató que las víctimas están desde el primer día, 24 horas al día trabajando en la defensa de los derechos humanos, sin abandonar su trabajo, inclusive si llegan a conseguir justicia.

Informó que “el objetivo del informe fue demostrar que dentro de la justicia penal venezolana no se está avanzando para encontrar a los responsables de los principales crímenes de lesa humanidad”.

Explicó que el panel investigó qué estaba haciendo la justicia venezolana en relación con los crímenes de lesa humanidad más representativos.

Asimismo, el informe advierte sobre la continuidad y el agravamiento de la persecución política a los líderes de la oposición política en Venezuela y destacó que, ante la ausencia de investigaciones a nivel interno, solamente queda a la Corte Penal Internacional como única esperanza para miles o cientos de miles de víctimas.

Finalmente, destacó la multiplicidad de informes de diferentes organismos internacionales de protección de derechos humanos y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que denuncian en idénticos términos los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2014 en Venezuela.

Joanna Frivet fue la encargada de presentar en detalles los hallazgos del informe.

En su presentación, Freivet comenzó destacando que, a pesar de que el Estado venezolano «le ha estado diciendo al mundo y a la Corte Penal Internacional que investiga todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron de desde 2014, el Panel concluyó de una muestra representativa de 183 casos que no existe ninguna investigación o acusación de ningún perpetrador de nivel medio y alto».

Esto, según la experta, implica que «estos perpetradores continúan en sus puestos con la posibilidad de continuar cometiendo crímenes de lesa humanidad».

Los otros patrones que el panel identificó, según Frivet, es que «no ha habido ningún tipo de investigación e imputación sobre los casos de violencia sexual como crimen autónomo y sobre los crímenes de persecución y detenciones arbitrarias».

Asimismo, explicó que, de los crímenes que han sido investigados, «solo 6% de los procesos terminó en condenas. La mayoría de esas condenas son del 2017 en adelante, dejando a los de 2014 sin ningún tipo de justicia. Mientras que en 52.6% de los casos estudiados no se había iniciado ningún tipo de investigación».

Explicó que, en estos casos, “no se puede investigar este crimen en forma aislada: se debe buscar un patrón. Y eso es lo que crea esta noción de crímenes de lesa humanidad. El nivel de gravedad del que estamos hablando es diferente, la intención es diferente, la escala es diferente, las órdenes y la capacidad de los perpetradores de cometer esos crímenes son diferentes», explicó.

«Y lo que vimos en los casos en los que ha habido investigaciones, es que los casos han sido considerados en forma aislada, sin tener en cuenta la gravedad, sin tener en cuenta el número de perpetradores y la naturaleza sistemática en la que el Estado está involucrado, permitiendo que estos crímenes ocurran. Y esto es un problema porque las condenas resultantes fallan en reflejar la gravedad”, agregó.

Y concluyó que, teniendo en cuenta que «83.6% de los casos de tortura analizados por el Panel no se había iniciado ningún tipo de investigación, y considerando el número de personas arbitrariamente privadas de libertad en Venezuela, el Estado tiene luz verde para seguir torturando, toda vez que los perpetradores saben que no habrá consecuencia por sus crímenes».

En la reunión habló Olga González, esposa de Leonardo González, un manifestante asesinado en el marco de las protestas de 2017,quien expresó que “obtener justicia en Venezuela no es fácil”.

González relató que desde el día del asesinato de su esposo ella decidió que tenía que trabajar para que cada una de las diligencias de las investigaciones respetaran el debido proceso. Y que las condenas que obtuvo en primera instancia, las obtuvo porque durante 1500 días no ha parado de ir a los tribunales, asistiendo a más de 100 audiencias en 7 años: “no he parado un solo día, no me he enfermado, no me ha dado ni siquiera una gripe”, declaró.

Sostuvo que el camino de la búsqueda de justicia para los familiares de las víctimas «te acaba mucho emocionalmente, psicológicamente”.

En su caso, contó, han pasado 7 años de la muerte de su esposo y el dolor sigue intacto.

Relató que el tener que ver que los asesinos de su esposo continúan en libertad provoca que “el cuerpo te empiece a hablar: que te den náuseas y empiezas a sudar mucho, y tienes pesadillas y no duermes cada vez que sabes que al día siguiente tienes que ir a los tribunales. Es muy duro”.

Relató que “el sistema venezolano está perfectamente diseñado para que las víctimas no busquen justicia, para que no sigan luchando, para que se rindan, porque la ineficiencia acompaña cada parte del proceso”.

También explicó que un denominador común en los casos de ejecuciones extrajudiciales es que los perpetradores son ascendidos y hasta los envían como diplomáticos al extranjero.

“No existe una sola investigación abierta en contra de las cadenas de mando”, detalló. En el caso de su esposo, los superiores ni siquiera fueron llamados a declarar como testigos referentes.

Y concluyó: “no hay manera de tapar tanta impunidad…no hay. No existe una justicia genuina. No existe evidencia de que el Estado venezolano quiera realmente ayudar a las víctimas a obtener justicia”.

Como cierre del evento, Rodrigo Diamanti, reiteró «el compromiso del panel de que los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela no queden impunes y que el mundo conozca el horror que vivieron y viven los venezolanos».

A su vez, Víctor Navarro, también víctima de tortura, lanzó “un grito al mundo, porque en Venezuela estas atrocidades siguen pasando y eso tiene que parar ya”.

Advirtió que «mientras existan presos políticos en Venezuela, las víctimas van a seguir reclamando, una y otra vez, donde sea y como sea”, porque nada las va a callar».

Con nueva solicitud la Organización de Estados Americanos (OEA) urge a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar lo antes posible la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

De esta manera un panel de expertos internacionales independientes de la OEA, que ya había hecho esta recomendación hace tres años, vuelve a insistir en la petición.

«Cualquier retraso sería inapropiado y sólo produciría mayores daños al pueblo venezolano», dicen los expertos.

Insisten que de lo contrario se permitiría que «se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos».

Según un comunicado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a la CPI «le corresponde anunciar el comienzo de la investigación» sobre Venezuela.

Esto luego de que una sala de cuestiones preliminares del tribunal rechazara el 2 de julio un pedido de control judicial presentado por Nicolás Maduro por considerarlo «improcedente».

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Por su parte la exfiscal Fatou Bensouda dijo a finales de 2020 que existía «una base razonable» para creer que en Venezuela se cometieron crímenes «que competen» a la CPI.

En junio, al dejar el cargo ella señaló que tenía intención de abrir la pesquisa, pero un recurso presentado por Caracas le había impedido hacerlo.

El informe del panel de la OEA, remitido en septiembre de 2018 a la Fiscalía de la CPI, dio cuenta de asesinatos, encarcelaciones, torturas, violaciones en Venezuela

De igual manera otras formas de violencia sexual contra opositores en Venezuela.

Así como persecuciones y desapariciones forzadas, con evidencias que se remontaban «por lo menos al 12 de febrero de 2014».

El grupo de especialistas fue convocado en 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Está integrado por los juristas Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Santiago Cantón (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá).

La Fiscalía de la CPI examina la situación de Venezuela desde febrero de 2018, tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de abril de 2017 que dejaron al menos 125 muertos.

Por su parte la administración de Nicolás Maduro ha dicho que el caso en su contra fue creado «artificialmente».

Por ello envío varios informes a la Fiscalía de la CPI para contrarrestar lo que describió como «una gran farsa».

La CPI, con sede en La Haya, se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países, incluido Venezuela, que entró en vigor en 2002.