Mediante un comunicado, publicado en sus redes sociales, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) solicitaron al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, que interceda ante el presidente Nicolás Maduro, para que les permita «entregar las pruebas» de los supuestos planes violentos de la oposición en Venezuela.

Como se recordará, al final de la semana pasada, Maduro denunció la existencia de un video en el cual las ACSN denunciaban que habían sido «contactados» por «la extrema derecha» en Venezuela, para provocar violencia el día de las elecciones e, incluso, atentar contra la vida del presidente.

Por ello, Maduro pidió a iniciar las investigaciones, a lo cual el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, atendió de inmediato y designó un fiscal nacional para ese propósito.

En el comunicado, los paramilitares señalan que quieren que se «conozca de primera mano la situación que se presentó con grupos del país vecino que buscaron nuestra influencia para alterar el sistema democrático».

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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA GUSTAVO PETRO URREGO Y AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NICOLÁS MADURO MOROS

El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra- ACSN, se dirige a ustedes señores mandatarios reafirmando nuestra voluntad de paz, convencidos de que la construcción de ella es el único camino para lograr los anhelos de prosperidad y tranquilidad que les debemos a las comunidades que habitan el territorio bajo nuestra protección.

Queremos que conozcan de primera mano la situación que se presentó con grupos del país vecino que buscaron nuestra influencia para alterar el sistema democrático.

Es por esto que decidimos hacer público a través de un comunicado el día 05 de julio de 2024 por este medio, este es un evento de gran transcendencia para los dos territorios, cuya frontera compartimos sin intromisión alguna en los designios del vecino país.

Solicitamos respetuosamente señor Presidente Gustavo Petro, que adopte las medidas pertinentes para que las autoridades de Venezuela puedan tener un diálogo directo con nuestra organización para darles la información y así se inicien las respectivas actuaciones judiciales.

Hemos conocido el pronunciamiento del señor presidente Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con referencia a nuestra información, y tenemos la obligación moral de entejársela para los fines que considere necesarios Reiteramos que este acto de paz se origina en el respeto a los procesos electorales y de la democracia en Venezuela para que así se construya una real paz y las violencias se detengan por el bien del pueblo que protegemos y el de los vecinos, que también tienen derecho a autodeterminarse.

COMUNICADO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA GUSTAVO PETRO URREGO Y AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELANICOLAS MADURO MOROS?El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de laSierra- ACSN, se dirige a ustedes señores mandatarios… pic.twitter.com/MwrfdB0D14

#COMUNICADO? AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA GUSTAVO PETRO URREGO Y AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELANICOLAS MADURO MOROSEl Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de laSierra- ACSN, se dirige a ustedes señores mandatarios… pic.twitter.com/FGggGV2Esh

Este sábado, el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, confirmó el asesinato de tres paramilitares, durante un enfrentamiento con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el sector 24 de Julio, Aguas Calientes, Municipio Pedro María Ureña.

Bernal, informó que los caídos están involucrados en el último ataque con explosivo que dejó 8 heridos en un pool de esa localidad.

#13May? CAYERON TRES PARACOSTres paracos del grupo "La Línea" fueron abatidos, en Ureña, Táchira. El gobernador Freddy Bernal confirmó que los caídos están involucrados en el último ataque con explosivos que dejó ocho heridos en un pool de la localidad.✍️ / ?: @MaryneGlod pic.twitter.com/wmwLw2ricx

Por su parte, la información también la ratificó el director de la PNB, comandante Elio Estrada Paredes, mediante su cuenta en Instagram.

El funcionario indicó que los agentes se enfrentaron a la banda paramilitar La Línea, que opera en la frontera colombo-venezolana.

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Una publicación compartida de Elio Estrada (@elioestradaparedes)

Asimismo, informó que este grupo delictivo se dedicada a la extorsión de los comerciantes en la población de Ureña.

El director de la PNB detalló que además de abatir a los criminales, lograron la incautación dos pistolas Glock calibre 9mm y una Prietto Beretta calibre 380 mm, 10 cartuchos sin percutir y nueve cartuchos percutados.

Danilo Rueda, alto comisionado de Paz, sostuvo el primer encuentro con exjefes paramilitares.

Este encuentro se da luego de que el presidente Gustavo Petro aceptara dialogar con algunos de ellos.

Se trató de una reunión de 2 horas realizada en el norte de Bogotá y que fue encabezada por Danilo Rueda.

Allí estuvieron presentes varios exjefes paramilitares, la mayoría de ellos ya con las cuentas ante la justicia saldadas y que hicieron parte de la ley de justicia y paz.

Entre ellos se encuentran alias «Alemán», «Diego Vecino», «Julián Bolívar» y «El Águila».

Además, estuvo presente el abogado de alias «Macaco» y desde Estados Unidos, de forma virtual, Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC; dio a conocer Caracol.

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Se trata de la primera reunión formal desde que Gustavo Petro aceptó escuchar a varios de ellos y hablar sobre lo que pasó con las tierras entregadas para la reparación de las víctimas.

El tema medular de la reunión: ¿qué pasó con las tierras?, ¿qué tanto entregaron?, ¿a quién?, ¿de qué forma? También hablaron de la ley 975, justicia y paz, el delito de sedición y los privados de la libertad.

El hombre que ordenó más de 30 asesinatos y lideró el grupo paramilitar que sembró el terror en Soacha a inicios de los años 2000, Luis Alfonso Salamanca, alias El Tío, fue capturado este lunes por la Fiscalía, más de 20 años después de haber impuesto un violento régimen, que mató y desplazó a decenas de jóvenes en el municipio vecino a Bogotá.

El Tío es señalado de haber sido el jefe del temido Bloque Capital, la fracción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se instaló en el sur de Bogotá y persiguió a jóvenes, a trabajadoras sexuales, a consumidores de drogas y a habitantes de la calle bajo la sanguinaria modalidad de “limpieza social”.

Según la Fiscalía,El Tío, pagaba 400.000 pesos por cada homicidio. “En el curso del proceso se acreditó que las víctimas correspondían a personas señaladas de estar vinculadas a actividades delictivas, habitantes y líderes comunales que tenían ideas contrarias a los grupos paramilitares”, anunció la Fiscalía al informar de su captura este lunes 10 de abril.

Cuenta Sally Palomino de el País, que a inicios de los años 2000, Soacha tuvo que empezar a acostumbrar a vivir bajo el orden que pretendían instalar los paramilitares declarando objetivo militar a quienes ellos catalogaran de “viciosos”, “bazuqueros” e “indeseables”.

Con la llegada del Frente Capital comenzaron a aparecer panfletos y grafitis que, todavía hoy, recuerdan los habitantes de Ciudad Bolívar y Soacha.

El lema común era: “Los niños buenos se acuestan temprano. A los niños malos nosotros los acostamos”, reseña el Centro de Memoria Histórica.

El frente paramilitar que lideraba El Tío, según la Fiscalía, impuso toques de queda, que afectó principalmente a las generaciones jóvenes.

“No podían estar en la calle después de las ocho o nueve de la noche, so pena de ser asesinados o desaparecidos. Los patrullajes nocturnos y las desapariciones de jóvenes a pleno día fueron también parte de este conjunto de prácticas”, ha documentado el Centro de Memoria.

“La limpieza social instaurada por el Frente Capital se caracterizó por asesinatos y desapariciones, antecedidos de intimidaciones y patrullajes nocturnos. Las olas de violencia en los barrios periféricos dejaron como resultado una alta cuota de personas asesinadas y desaparecidas, muchas veces a la luz del día y a plena vista. Habitantes y paramilitares reconocieron que muchos sectores aledaños a Ciudad Bolívar y Soacha se convirtieron en fosas comunes porque así podrían borrar cualquier evidencia”.

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“El alcance de la captura de El Tío depende de qué tanto pueda aportar a la reparación de las víctimas con la verdad, ya que ese ha sido uno de los grandes vacíos del sistema de justicia al que se sometieron los exparamilitares”, señala el investigador que habla de la impunidad que ha habido frente a la responsabilidad de grupos políticos y económicos en la violencia ejercida por las AUC.

La detención Luis Alfonso Salamanca es una prueba para el sistema de justicia ordinaria, que tiene en sus manos la posibilidad de desvelar quiénes estuvieron involucrados en los asesinatos selectivos y el régimen del terror que hace dos décadas azotó a Soacha, muy cerca de Bogotá.

Mientras se realizaba un consejo de seguridad en Nariño tras las amenazas que delincuentes difundieron durante el fin de semana en este municipio y en los corregimientos de Sonsón y Argelia, el propio alcalde recibió amenazas de muerte por medio de nuevos sufragios.

El alcalde John Fredy Cifuentes Marín, sus funcionarios, la policía y el Ejército se encontraban en la alcaldía reunidos cuando una persona ingresó al edificio y dejó decenas de panfletos en los que declararon objetivo militar al burgomaestre; al secretario de gobierno, Uber Martínez; al personero Víctor Murcia; al gerente del hospital, Felipe Cadavid; y al inspector de tránsito y policía, Cristian Loaiza.

Lo más insólito fue que cuando las autoridades intentaron verificar la identidad del responsable a través de las cámaras de la alcaldía no encontraron absolutamente nada…porque ¡están dañadas!

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La región de los páramos en el Oriente antioqueño sufre desde hace varios años el surgimiento y llegada de grupos armados, que han ido configurado un nuevo escenario de conflicto en la zona.

Entre los criminales que acechan a los pobladores de estos municipios están los herederos del paramilitarismo del Magdalena Medio, ELN, disidencias, Clan del Golfo y bandas oriundas del Valle de Aburrá.

En un panfleto que circuló el fin de semana entre la población dijeron que multarán con $500.000 y la obligación de arreglar carreteras, parques y sitios públicos a quienes generen “desorden en los pueblos y riñas en los lugares públicos y personas que no asistan convites o reuniones”.

El comandante de la Policía Antioquia, Daniel Mazo, aseguró que ya se encuentran en la investigación para identificar la autenticidad de estos panfletos y poder tomar medidas de seguridad.

El patrullero Ferney Berrío Bejarano, integrante del cuerpo de la Sijín, murió en medio de un enfrentamiento contra integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en el municipio de Yolombó, en el Nordeste de Antioquia.

En palabras del director general de la policía colombiana, el mayor general Henry Armando Sanabria: en la zona se adelantaba un operativo en contra de las AGC. En medio de este, uno de los supuestos delincuentes fue abatido, mientras que otro resultó herido y fue capturado.

Las AGC, el Clan del Golfo, disidencias Farc y cuerpos del Eln tratan de controlar los corredores estratégicos para la minería ilegal en estas zonas.

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En el Bajo Cauca también se siente la presencia de las AGC. Nada más en la primera semana de este mes, alias “Negro Maicol”, señalado de ser el segundo cabecilla de esa estructura en dicha subregión, fue capturado por la Policía. El hombre es el supuesto responsable de diversos homicidios, torturas y secuestros a nombre de esta organización paramilitar.

Su prontuario criminal abarcaría por lo menos cinco años de antecedentes. Su captura, en palabras de la Policía, se sumó a la de otro criminal que tenía aterrorizado al Bajo Cauca, identificado con los alias de “Costeño” y “Gringo”.

“Un policía de la Sijín ofrendó su vida, quien enfrentó a los facinerosos. Dios, nuestro señor, se apiade de su alma y consuelo a su familia”; afirmó el mayor general Henry Armando Sanabria, director de la policía en Colombia.

A través de una carta firmada por antiguos bloques de las autodefensas, pero también por grupos narcotraficantes emergentes, estas organizaciones le ofrecen al entrante gobierno de Gustavo Petro un “cese al fuego contra la institucionalidad” a cambio de una salida negociada en busca de la paz.

De acuerdo con la carta, el cese al fuego comenzaría el 7 de agosto, día en que tomará posesión Gustavo Petro. 

Entre los firmantes aparecen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), el boque Virgilio Peralta (Caparros), los Rastrojos, los Shottas (Buenaventura), La Inmaculada (Tuluá) y los Mexicanos de Quibdó.

La masiva también está respaldada por una larga lista de diferentes bloques y frentes de las antiguas AUC.

Dicha carta es muy importante porque la firman varios pesos pesados del paramilitarismo; empero ahí no están la mayoría de los grupos armados que operan hoy en Colombia.

En opinión del experto en temas de seguridad y narcotráfico, Néstor Rosanía, el tema es más complejo porque en Colombia se descentralizó la violencia y hay muchísimo grupos operando a la vez.

El experto indica que lamentablemente la violencia va a seguir en Colombia, porque los dispuestos a negociar con Petro no son la totalidad de los grupos que operan en el país.

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Entre las condiciones que plantean estos grupos paramilitares y narcotraficantes es que “en lo posible” nadie vaya a la cárcel, porque las consideran como una “universidad del crimen”, que no cumplen con el objetivo de la resocialización.

También consideran que “no se puede seguir cercenando la verdad” con la extradición. Dicen en la carta que únicamente deberían ser extraditadas aquellas personas que le falten a la verdad, al perdón, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

“Extraditar personas que cumplan con los postulados de la verdad significa una afrenta a la dignidad humana, a la justicia nacional y a las víctimas”, dice puntualmente en la carta, en la que expresan además que la extradición es un reconocimiento por parte del Estado de que es incapaz de resolver sus propios problemas.

De hecho, lo que proponen estos grupos ilegales es un proceso de paz; que no sería posible porque las negociaciones de paz sólo están contempladas para las guerrillas de las Farc y el ELN.

Sobre esto ahonda el experto Néstor Rosanía. «En Colombia, después del proceso de paz con las FARC y se deja una puerta abierta para un proceso con el ELN, no se le va a dar status político a ningún grupo armado. Quiere decir que con estos grupos no vamos a hablar de procesos de paz. Vamos a hablar de un proceso de sometimiento a la justicia, con unos beneficios jurídicos».

Esta carta se da a conocer en medio de una ofensiva de estas bandas criminales contra integrantes de la fuerza pública en diferentes zonas del país, especialmente en Antioquia, Córdoba y Bolívar, donde hay de por medio un “plan pistola” en el que al parecer se ofrecen 20 millones de pesos por policía o militar muerto.

Es que la violencia en Colombia se ha intensificado, tornándose en un panorama complejo que acota el analista Rosanía

«La violencia se descentralizó, hay muchos grupos armados y el negocio del narcotráfico hoy sigue vivo, es muy importante la carta, pero seguramente, la violencia en Colombia no va a parar».

El presidente electo Gustavo Petro ya planteó la posibilidad de proponer un cese bilateral del fuego a los grupos armados ilegales para facilitar un proceso de negociación.

La Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con las Farc en Colombia, presentó este martes un crudo y extenso informe sobre los horrores cometidos por guerrilleros, paramilitares y el Estado a lo largo de seis décadas de conflicto interno.

El padre Francisco de Roux, que preside la Comisión desde su creación en 2017, presentó el documento de 896 páginas, resultado «del diálogo social y la investigación» sobre el prolongado enfrentamiento.

Al menos 14.000 víctimas de las guerrillas, los paramilitares y los agentes estatales fueron escuchadas por la Comisión de carácter extrajudicial, y cuyas recomendaciones no son vinculantes.

“De cada diez personas que murieron en el conflicto armado, ocho eran no combatientes civiles, entre 1985 y 2018. Perfilamos la cifra de un poco más de 470.000 personas muertas en el conflicto”, dijo el padre De Roux en diálogo con el programa de radio Mañanas Blu.

También añadió que, según los testimonios recogidos por la Comisión, la mayor parte son victimizaciones producidas por la guerrilla de las Farc. “Si se va al secuestro, que en las cifras son más de 50.000, casi la mitad son de las Farc y luego de los paramilitares y el ELN”, señaló.

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El padre De Roux habló sobre la ausencia del presidente Iván Duque en la presentación del informe y destacó que sí se invitó, pero dijo que no podía asistir: “Se lo vamos a entregar personalmente. Es cierto que antes de irse me dejó la razón de que recibía el seis de julio el informe, pero nosotros ya teníamos todo organizado”.

El presidente de la Comisión insistió en que este informe «no pretende llevar a nadie a la cárcel y ni siquiera es vinculante», sino que busca una reflexión por parte de los colombianos.

Luego de que se hicieran públicas unas declaraciones de Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», jefe del Clan del Golfo, en las que aseguró que la Universidad de Cartagena tuvo nexos con grupos paramilitares, Edgar Parra Chacón, rector de la alma mater, aseguró que los hechos en mención son “cosa juzgada” y forman parte de un “capítulo pasado de la institución”.

Según la versión de «Otoniel», en comparecimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, la Universidad de Cartagena habría ejecutado un contrato por $47.970 millones para la construcción del Hospital Nuevo en Yopal, Casanare.

Las utilidades habrían llegado a manos de la organización criminal, puntualmente al Bloque Centauros.

Debido lo anterior, Parra Chacón, rector de la universidad, decidió defender el nombre de la institución educativa a través de un comunicado de prensa.

“Los hechos mencionados ocurrieron en el año 2002 y fueron objeto de investigación y juicio ante las instancias competentes, mediante decisión contenida en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, el nueve (09) de julio del dos mil catorce . En atención al debido proceso, el mencionado hecho es cosa juzgada, y atiende a la responsabilidad personal de funcionarios de la época y no involucra el buen nombre de la institución”, señaló el directivo.

“Finalmente, este suceso reprochable forma parte de un capítulo pasado y superado de la Universidad. La institución de hoy sustenta el cumplimiento de su misión en la ética, la moralidad administrativa y la responsabilidad con su entorno y su historia”, agregó.

El caso en mención obedece a la construcción de un hospital en la que la Gobernación de Casanare se tardó nueve años en su ejecución y 13 años para ponerlo en servicio de forma definitiva. 

Ante esta irregular situación, la Contraloría General de la Nación profirió una condena fiscal por más de 59 mil millones contra los exgobernadores de ese departamento William Hernán Pérez Espinel y Oscar Raúl Iván Flórez Chávez, así como contra el ex rector de la Universidad de Cartagena Sergio Manuel Hernández Gamarra.

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La semana pasada, en una mesa de seguimiento desde la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Alcaldía de Cartagena, en la que participaron la líder del grupo asesor, Irina Saer Saker, Yina Martínez, Jorge Lucas Tolosa, delegados del Ministerio de Educación y representantes estudiantiles de la Universidad de Cartagena, se conocieron una serie de hechos irregulares, relacionados con manipulación de documentación, contratos por investigación, presunta entrega de coimas, archivos, audios, fotografías, entre otros.

“Los recursos para el mantenimiento e infraestructura de la universidad estaban pasando a contratistas específicos, sin licitar, empresas con contratación en otras instituciones en donde también se hace manejo de recursos públicos.

Esto genera un gran déficit financiero para el presupuesto de la universidad; un tercio de ese presupuesto general que debería ser destinado para generar gran impacto en la calidad educativa está siendo desviado.

El cartel de contratación no solo se lleva en el interior de la universidad, sino en toda la ciudad”, aseguró Alexander Vargas, representante de los estudiantes.

El recién reelegido representante a la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño Castro, tendrá que rendir indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por supuestos vínculos con grupos paramilitares que habrían llevado a la desaparición forzada de una persona.

La Sala de Instrucción le abrió investigación formal al congresista del partido Centro Democrático tras concluir que hay mérito suficiente. Aún no hay fecha para la indagatoria. En el pasado, el congresista ha dicho ser inocente.

Los hechos por los que se investigará a José Vicente Carreño tienen que ver con la desaparición forzada de Alejandro Santiesteban Alarcón, ocurrida en Tame (Arauca), en 2003 tras una incursión paramilitar.

Según testimonios que dieran paramilitares en Justicia y Paz, y que llegaron a la Sala de Instrucción de la Corte para ese momento el congresista Carreño era agente policía en el municipio araucano y habría colaborado con la entrada al lugar del Bloque Vencedores de Arauca.

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Carreño llegó al Congreso en 2018, para heredar la curul que dejó vacía su coterráneo Luis Emilio Tovar, luego de que el Consejo de Estado tumbara su elección por hacer campaña con políticos de Cambio Radical.

Tras cuatro años en la Cámara, Carreño se lanzó en las elecciones de este año al Senado, de nuevo por el Centro Democrático, y con el número 17, resultando elegido.

El testimonio que lo enreda con grupos paramilitares es el de Julio César Contreras, alias Chapulín, quien hizo parte del Bloque Vencedores de Arauca.

En concreto, según contó El Tiempo en 2019, Chapulín le contó a Justicia y Paz que, mientras el hoy congresista José Vicente Carreño fue policía, permitió la entrada de ese grupo de autodefensa al municipio de Tame en por lo menos dos ocasiones: 2002 y 2003.

En una acta de imputación a Chapulín que cita el diario se dice: “El postulado Julio César Contreras indica que en esa incursión tuvieron colaboración de la Policía.

Refiere el postulado detalles de la incursión al barrio La Unión, en la ciudad de Tame; que para esa operación había entre 25 combatientes y que un policía de apellido Carreño, que ahora es político en Arauca, colaboró con la organización”. Al parecer, ese policía sería el hoy congresista del Centro Democrático.

Alianzas van y vienen en la frontera colombo-venezolana. Los delincuentes del Tren de Aragua y paramilitares en La Línea se juntaron para liquidar la actuación del ELN y controlar la zona.

Según organizaciones de Derechos Humanos reportan al menos que 35 personas han desaparecidos este año.

Esto debido a la pugna entre estos delincuentes y los grupos irregulares.

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En las trochas se libran los enfrentamientos entre las bandas y los grupos guerrilleros y no existe autoridad que pueda detener esta situación.

Ni la Policía y el Ejército de Colombia ni la Fanb en Venezuela, dejando desprotegida una zona donde transita el ciudadano común.

El año 2021 fue uno de los más violentos para Colombia, según dio a conocer el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Según sus datos, se registraron 96 masacres en los 12 meses del año pasado. 

Los principales afectados fueron los líderes sociales y ambientales en diferentes territorios del país. De hecho, el instituto reseñó 335 ciudadanos asesinados, que murieron en hechos violentos donde las víctimas estaban en estado de indefensión.

Estas cifras son alarmantes pues, pese a los esfuerzos del Estado, no se ha logrado de forma exitosa extinguir ningún grupo armado. De hecho el último grupo en desarmase fue las extintas Farc y se logró bajo el acuerdo de paz del Teatro Colón.

Sin embargo, como pronosticaron algunos expertos, tras la firma del acuerdo han venido aumentando las estructuras ilegales y, en algunos territorios, los combates por dominio han dejado miles de personas desplazadas y varios muertos.

En este sentido, el Gobierno colombiano ha realizado un reporte en el que lleva las cuentas de los grupos armados y de sus militantes, que llamó «Conteo del enemigo». 

Como mencionó, El Tiempo, medio que tuvo acceso al documento, en este se nombran las cuatro estructuras más peligrosas que se deben combatir: la guerrilla del Eln, las disidencias o grupos residuales (exintegrantes de las Farc), el ‘clan del Golfo’ y ‘los Pelusos’, las cuales suman un total de 12.875 integrantes, de los cuales 6.429 son combatientes en armas y 6.446 son integrantes de las redes de apoyo.

Del Eln, en el documento se resalta que es el grupo más grande el país, por la cantidad de militantes a su disposición y se dividen en 6 frentes de guerra, con presencia en 21 departamentos y 165 municipios. Pero desde el 2019, la guerrilla ha pedido demonio en algunos territorios donde históricamente se habían mantenido, como el Norte de Santander, por la llegada de nuevas estructuras criminales.

Además, no ha logrado concretar diálogos con el actual Gobierno aunque han señalado que con el próximo que quede en el poder buscarán acercamientos.

Frente a los grupos residuales o como se conocen popularmente las disidencia de las Farc menciona que actualmente las 19 estructuras que delinquían por separado se han concentrado bajo dos líneas de mando: la primera, la unión de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. La segunda, liderada por Iván Márquez, jefe de la llamada «Segunda Marquetalia» y que desertó del acuerdo años después de haber ocupado un puesto en el senado.

Estos dos grupos suman 2.511 hombres en armas y 1.773 en redes de apoyo, para un total de 4.284 delincuentes que se distribuyen en 23 departamentos, y principalmente en 152 municipios. Sin embargo, hace la aclaración que estos actualmente están en guerra por temas de narcotráfico.

En cuanto al Clan del Golfo, la estructura ilegal que lidera el 30 % del tráfico de estupefacientes en el mundo, el documento anota que hoy cuenta con 1.284 hombres en armas y 1.972 en redes de apoyo, es decir, 3.256 integrantes. Pero ha sido debilitado por las capturas a sus cabecillas, como la de alias Otoniel.

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Finalmente, de los Pelusos que es la estructura más pequeña, la investigación pronostica que es muy probable que sea desmantelada en el 2022 pues no cuenta con una gran estructura y con los años perdieron su fuerza.

Ruge, de 36 años, es un abogado con amplia experiencia en activismo social y derechos humanos, sin embargo trinaba insultos contra la policía colombiana y el gobierno de Iván Duque.

El trino más polémico del funcionario se dio en noviembre de 2020 y fue recogido por la concejal de Bogotá Lucía Bastidas, y donde Ruge escribió:

“La Policía actúa como un grupo irregular al margen de la ley. Tienen tufo paramilitar”

La concejal Lucia Bastidas dijo: «El nuevo director de Diálogo Social. Pregunten quién actuó como abogado de la 1a línea, cuando se tomaron un predio de la Universidad Distrital»

Este no es el primer cargo que Ruge tiene con el Distrito Bogotá. Según la revista Semana, entre el 3 de marzo de 2021 y el 15 de diciembre de 2021, trabajó para el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar como abogado de participación y derechos humanos.

El abogado también fue candidato al Concejo de Bogotá por el partido Alianza Verde y era promovido por la alcaldesa Claudia López.

Un hombre que aún no ha sido identificado pero que podría ser parte del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ahora Clan del Golfo, lo ultimaron efectivos del Ejército de Venezuela.

Según La Nación, el hecho ocurrió el pasado lunes a las 5:00 de la madrugada en la trocha La Mona, municipio Pedro María Ureña de la frontera de Táchira con Colombia.  

Explican que efectivos militares, pertenecientes al Grupo de Artillería de Campaña Vásquez, de la 21ª Brigada, le dieron la voz de alto a un sujeto, este se resistió e inició un tiroteo.

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Este hombre estaba acompañado de un grupo de sujetos armados, uno de los cuales cayó abatido en la refriega.

Funcionarios del Cicpc hacen el levantamiento del cadáver  y no consiguen ningún documento de identificación, por lo que fue llevado a la morgue del Hospital Central de San Cristóbal como “desconocido”.

El hombre podría tener aproximadamente  35 años de edad, y vestía una franela negra y un pantalón blue jean.

El cuerpo tenía tatuajes: uno en la zona derecha del cuello, alusivo a una nota musical; otro en el antebrazo izquierdo, con un dragón, y un tercero en el antebrazo derecho, con letras chinas.

El Cicpc incautó en el lugar del hecho, una pistola Smith & Wesson, calibre 9mm, con los seriales limados; 13 conchas de bala percutidas, calibre 7,62x39mm.

Además, 5 conchas percutidas calibre 9mm; 3 balas sin percutir, calibre 9mm; un morral camuflado contentivo de material explosivo.

Asimismo, panfletos alusivos al grupo de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y fotografías de las bases del puente internacional Francisco de Paula Santander.

Los pueblos de la frontera en Táchira están amenazados por la unión de dos grupos paramilitares. Ellos advierten que van a regresar a los territorios que ocupaban antes de ser desplazados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y para lograrlo dijeron que «correrán ríos de sangre».

La afirmación la hizo la periodista Sebastiana Barráez, en su blog. Dijo que las amenazas ocurren en varios municipios del Táchira. Y recuerda que también ocurrió hace unos años en el Catatumbo del estado Zulia. «Todo pasa con el silencio de la Fuerza Armada Nacional (FAN), ante la colaboración de militares y civiles con los grupos irregulares». 

Barráez afirma que «intereses políticos y militares facilitaron, en Boca de Grita, la actuación del ELN para que se enfrentara al grupo paramilitar Los Rastrojos».

Relató que un año después los paramilitares, ahora de las Autodefensas Gaitanistas del Cartel del Golfo, han avanzado en la conquista del territorio fronterizo por esa zona norte del Táchira.

El 17 de febrero 2021 el llamado protector del Táchira, Freddy Bernal, anunció que se había evitado un atentado. Dijo que se incautaron materiales para elaborar un artefacto explosivo. Según él, era para cometer actos de saboteo y ataques a unidades militares fronterizas.

“Los individuos se dieron a la fuga nadando el río que separa Colombia con Venezuela”, dijo Bernal. Y así justificó que no hubo detenidos. 

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La amenaza publicada en un panfleto, se dirige a “los sectores de Llano Jorge, San Antonio y La Invasión. También a Juan Frío, La Parada y la zona histórica Villa del Rosario”. Se identifica como “el primer comandante del grupo paramilitar Los Gaitanistas. Venimos tomando nuevamente posesión del territorio ya tomado por la guerrilla, como es el ELN”.

El jefe dice llamarse Junior. Asegura que cuenta con “mi comandante Chamorro, Martín y Tarazona y La Liendra. Estos por parte de Los Rastrojos, en unión con Lobo, Cepillo, gaitanistas presentes”.

Además sentencia: “hemos vuelto y tenemos en la mira a los traidores como lo es Rafael Mundaray, El Choco, Fabiola»: Igualmente amenaza a la «familia Delgado, familia Pat’ecacho, Brayan, alias Rito», entre otros. «Todos estos sapos, faltones que estuvieron con nosotros les queda poco tiempo”, agrega.

Agrega que «por las calles correrán ríos de sangre, porque la oleada de muertos será grande. Volvimos en el momento más indicado. A empezar la fiesta de bienvenida, ya tenemos la ubicación de los comandantes de esta guerrilla y sus casas en La Invasión. Tanto de Llano Jorge, como de San Antonio”.

El individuo que se identifica como alias Junior asegura que recibe información de “la gente que de verdad quiere que volvamos». «No se sienten conformes con la guerrilla del frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN. Lo único que hacen es atropellar al pueblo y a la frontera”.

Igualmente, les hace advertencias los comerciantes, dueños de casas de cambio y llenaderos de gasolina. Incluye a quienes pasan por las trochas. Declaramos toque de queda o seguirán apareciendo muertos por todos lados”.

“Tenemos seis ataques con bombas en diferentes zonas como San Antonio, Llano Jorge, La Parada y Villa del Rosario”.

En Boca de Grita

Pareciera una acción concertada, por parte de los grupos paramilitares, para retomar simultáneamente los sectores que antes controlaban y de los cuales fueron desplazados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Mientras por una parte aparecen Los Gaitanistas, por Táchira y el Norte de Santander, por otro lado, están Los Rastrojos también advirtiendo que vuelven al lugar del cual fueron desplazados en Boca de Grita, Colón, Coloncito, Orope, Umuquena, La Palmita, La Tendida y Cao Amarillo.

Un sonido corrió en las redes de los pueblos fronterizos con la voz de un individuo que se identifica como el Comandante William “con la compañía del menor Fátima, Lobo, Cepillo, Cejas del grupo paramilitar Los Rastrojos.

Advirtiendo que será el primer y único comunicado, informan “que venimos nuevamente retomando nuestro territorio, ya tomado por la guerrilla ELN. Les informo que ya tenemos la ubicación de los faltones, traicioneros, sapos y colaboradores de esta guerrilla. Les informo que les queda poco tiempo”, a la vez que advierte que pretenden retomar el territorio “con el apoyo del grupo paramilitar Los Gaitanistas, dirigidos por el comandante El Paisa, Junior y Chamorro”.

Enfatizan que su acción no está dirigida contra el pueblo sino contra aquellos “que estén a favor de la guerrilla” a quienes declaran “objetivo militar y la orden es muerte a cada uno de sus colaboradores y familias”.

Señalan a un grupo de familias o personas que según ellos están apoyando al ELN: “los Pereira, los Irigay, la negra Cristina junto a su esposo Ramiro, Sandro Beltrán, los Sil, William el Papero, el viejo Tulio; otros comercios y líneas de moto taxi. Ya sabemos que son varios los colaboradores de esta guerrilla; serán ríos de sangre los que correrán por estos pueblos”.

Tras enfrentamientos con funcionarios del Cicpc, en hechos aislados en el estado Táchira, fueron abatidos Edinson Duran, alias «Salado» de 27 años y Josep Chacón, apodado «Cejón» de 23.

El primer sujeto murió en el sector Canal de Las Mesas en el municipio Antonio Rómulo Costa, cuando fue avistado por los funcionarios tras emprender huida hacia una vivienda y abrir fuego contra la comisión, resultó abatido.

Horas más tarde el segundo delincuente se enfrentó a la misma comisión del Cicpc en La Fría, resultó con varios impactos de bala y murió cuando era trasladado a un centro de salud.

El comisario Wilmer Uribe jefe de la delegación Táchira de la policía científica, informo que ambos paramilitares habían secuestrado al niño Daniel Alejandro Cárdenas de 11 años de edad, en la población de La Fria el pasado lunes 6 de julio, pero debido a la presión de los cuerpos de seguridad el menor fue liberado, en horas de la noche de ese mismo día.

Uribe agregó que el Cicpc está tras la búsqueda de alias Ratón, quien comanda al grupo paramilitar Los Rastrojos en la zona.