Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo conocido como alias «Jorge 40», logró acreditar ante el Consejo Nacional Electoral su reconocimiento como víctima de desplazamiento forzado, por lo que su candidatura por la Circunscripción Especial de Paz N° 12 se mantiene.

Tovar se ha hecho con cargos destinados a las víctimas del conflicto armado y ahora aspira a ocupar una de las curules en el Congreso para las poblaciones más afectadas por la guerra.

Sin embargo, para las organizaciones de las personas victimizadas, el hijo de uno de los perpetradores no debería equipararse en la posición de quienes sobrevivieron a la violencia.

Por esa razón, se elevó una demanda al CNE para que revocara la inscripción de Tovar como víctima, argumentando que poseía otros mecanismos para aspirar al Congreso de la República, en lugar de servirse de las circunscripciones especiales para las víctimas.

La demanda presentada por Jesús María Henríquez, señala que Tovar Vélez “no podía acreditar la condición de víctima y una representación genuina a los individuos, comunidades y territorios, al ser hijo de un reconocido victimario que operaba en las zonas territoriales en las que se encuentra la Circunscripción Transitoria Especial de Paz- CITREP N°12. Su postulación resulta una afrenta a las víctimas y una revictimización de ellas”.

En ese sentido, el CNE solicitó a la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV), una certificación que acreditara la condición de víctima de Tovar. Esa entidad remitió un documento en el que el hijo de Jorge 40 se encuentra como «incluido» por hechos victimizantes sufridos el 11 de marzo del año 2006 y el 24 de mayo de 2015, los dos como resultado de desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de Valledupar, Cesar.

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El senador Antonio Sanguino ha sido uno de los que se ha opuesto a la aspiración de Tovar y anunció que las víctimas interpondrán recurso de reposición ante el CNE. “Continuaremos dando la lucha para lograr que las curules de paz sean para las víctimas. Haremos uso de nuestro derecho a interponer recurso de reposición”, sostuvo el congresista.

“Consideramos que existen conflictos de intereses por parte de «Yoyo Tovar» al pretender representar a las víctimas de los territorios en los que su padre sembró terror. Esto lo expondremos en nuestro recurso”, agregó Sanguino.

Según sostuvo el senador en la demanda ante el CNE, Rodrigo Tovar ha dicho públicamente que ‘Jorge 40′ es un preso político, por lo que significa un conflicto de intereses respecto al criminal, los derechos y representación de las víctimas del Bloque Norte de las AUC que delinquió en el Caribe.

“Nos preocupa que se utilicen como trampolines electorales de enclaves familiares protagonistas de fenómenos como la parapolítica”, señaló el senador Sanguino en el documento remitido inicialmente al CNE.

En la sala del CNE de este sábado, también se despejó la candidatura política de Roy Barreras respecto a una eventual doble militancia, debido a que se desempeña como senador, cargo al que llegó por el partido de La U y busca repetir ahora por el movimiento ADA.

Para el demandante Nino Bravo Oyuela, Barreras incurrió en doble militancia debido a que actualmente representa a La U en el Senado, pero aspira por la coalición del Pacto Histórico, lo que anularía su inscripción para mantenerse en su curul.

Sin embargo, la defensa de Barreras señaló que el senador fue expulsado de La U por un proceso disciplinario fallado en su contra por el órgano disciplinario de la colectividad, que a su vez limitó sus derechos políticos.

En ese sentido, el magistrado Virgilio Almanza, señaló que no se puede endilgar “una permanencia simultánea del Senador Roy Barreras entre el Partido de la U y el Movimiento ADA, teniendo en cuenta que mediante auto notificado el día 13 de octubre de 2020 fue expulsado del Partido de la U” y que actualmente no funge como Senador de la República en representación de dicha colectividad.

El polémicos ascenso del Unión Magdalena ocasionó que la atención se centrara en todo lo relacionado con ese club futbolístico, incluido su dueño, Eduardo Dávila.

Dávila es un hombre muy conocido en Santa Marta y los municipios del departamento colombiano Magdalena.

Inició como un empresario de alta influencia en la zona bananera de la región y posteriormente adquirió otras empresas, ha ocupado varios cargos administrativos y es el actual presidente del Unión Magdalena.  

En enero de 2007 la justicia colombiana determinó que Dávila asesinó a su esposa Carmen Vergara Díaz.

El empresario contrató a unos sicarios que interceptaron a la víctima en una vía que une a Santa Marta con el sector del Rodadero para cometer el crimen.

Vergara estaba a cargo de las finanzas de María del Pilar Espinosa, viuda de su exsocio Jorge Gnecco Cerchar y más adelante Dávila sostuvo una relación con Espinosa, al parecer para obtener parte de su fortuna.

El polémico directivo también fue acusado este año por el asesinato de Javier Alfredo Cotes Laurens, juez que lo condenó por narcotráfico en los años 90.

Hasta el momento no se ha determinado su culpabilidad y sigue pagando condena por el asesinato de su esposa.

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Dávila y su familia han estado involucrados en numerosos negocios de la región y en la posesión de varias tierras en la zona bananera y cerca a la Sierra Nevada. 

En 1993 el empresario fue hallado culpable por siembra de coca y marihuana.

Por esos delitos fue condenado a 10 años de prisión. 

A Dávila le hicieron extinción de dominio en varias propiedades en 1997, luego de que se le comprobaran nexos con el paramilitarismo.

En 2003 perdió el 25% de las acciones del Unión Magdalena, que pasaron a manos de la justicia.

Informó Pulzo

Varias organizaciones de Derechos Humanos en Colombia entregaron a la Corte Penal Internacional (CPI) evidencias sobre ataques armados hechos por ciudadanos contra manifestantes.

Denuncian presunta irrupción de paramilitarismo (organizaciones particulares que tienen una estructura, entrenamiento y función similar a un ejército, pero no forman parte de las fuerzas militares de un Estado).

Al respecto la denuncia hace parte de los casos de civiles que estarían disparando en medio de las jornadas de protesta con el aval y protección de la policía y el ejército.

De ahí que hayan recopilado para la CPI los ataques armados por parte de la ciudadanía en presencia de uniformados de la Policía en Cali, Popayán, Pereira, Tuluá, Yumbo y Bucaramanga.

«El silencio y la ausencia de condena pública por parte del presidente Iván Duque ha generado un clima de favorecimiento y protección que ha permitido que esas acciones se repliquen».

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Por tanto el informe a la CPI recoge 229 nuevos hechos violentos del 11 de mayo a la fecha, los cuales hacen referencia a 1.271 nuevas víctimas, 554 de ellas identificadas.

Detalla además cifras recientes y nuevos casos de: asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos.

Así como «encarcelación u otra privación grave de la libertad física; hechos de paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta social, entre otros», describe el documento.

También detalla al menos 3.825 violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 2 de junio.

El cual es complemento de un primer informe entregado el 12 de mayo y donde reafirman la existencia de 22 patrones de conducta, acciones u omisiones.

Se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos, presuntamente, por integrantes de la Policía, el Ejército Nacional y grupos de civiles armados.

El documento es firmado por el senador Iván Cepeda y las organizaciones Temblores y la Campaña Defender la Libertad.

Dicha campaña la integran las ONG´s: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre otras.

Finalmente piden a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que estudie la inactividad del Estado.

Así como la falta de eficacia e independencia de los organismos judiciales, de control y de garantía de los derechos humanos.

Específicamente de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. Agrega que tanto la Fiscalía como la Procuraduría, durante el paro nacional, han sido órganos “ineficaces”.

Y que la CPI analice la militarización de las ciudades ordenada por el presidente Iván Duque.

Informo que hoy con siete organizaciones de DDHH enviamos segunda comunicación a la Corte Penal Internacional. Entre otros graves hechos, denunciamos que el presidente Duque y su ministro de Defensa son responsables de tolerancia ante la consolidación del paramilitarismo urbano.