El Grupo Parlamentario Libertad de la Asamblea Nacional (AN), pidió una investigación “seria y transparente” sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, además de dar debate en todo el país para impulsar una reforma integral del sistema judicial.

Stalin González, jefe de la fracción opositora, informó que consignaron la petición, formalmente, ante la secretaría de la AN , una petición para abrir un debate sobre lo ocurrido para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“Queremos una investigación seria, que permita conocer las debilidades y la falta de diligencia en estos casos, que haya transparencia en las cifras sobre la situación del sistema judicial y claridad sobre el estado crítico de los centros de reclusión del país”, expresó González.

Lamentó que otros casos conocidos recientemente evidencien problemas estructurales dentro del sistema de justicia y por esto insistió en que los funcionarios y autoridades actuantes deben asumir responsabilidad.

  “Hoy, el tema central de esta declaración tiene que ver con la crisis institucional que vive el país. Ningún país se recupera si no tiene instituciones fuertes, y en los últimos días hemos visto cómo las instituciones no han respondido a los venezolanos”, afirmó.

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González aseguró que la muerte de Quero Navas “es la muestra y el reflejo de un sistema judicial que se ha convertido en un laberinto para todos los venezolanos y que no genera confianza”.

Considera que se debe aprovechar la oportunidad para discutir una reforma profunda del sistema judicial, más allá de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuya reforma parcial fue sancionada este martes.

“Mucho se ha hablado estos días sobre la reforma judicial, pero este tema va mucho más allá del número de magistrados. Estamos hablando de fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarios y jueces. Hay que discutir cuál es el verdadero estado de la carrera judicial en Venezuela”, manifestó.

Hoy solicitamos en la Asamblea Nacional un debate de urgencia sobre el caso de Víctor Hugo Quero Navas, quien murió bajo custodia del Estado. Lo ocurrido con Quero y el sufrimiento de su madre reflejan el horror institucional que viven cientos de familias venezolanas y la… pic.twitter.com/oMNqQNxAdl

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes un acuerdo para respaldar las acciones del Ejecutivo en la defensa del territorio Esequibo.

El acuerdo fue presentado por el diputado José Gregorio Vielma Mora, quien reafirmó "el compromiso histórico de Venezuela con sus derechos territoriales".

El parlamentario destacó que este acuerdo respalda las acciones jurídicas y diplomáticas que el Estado venezolano sostiene ante la Corte Internacional de Justicia.Insistió en que "el único instrumento válido para resolver la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966".

Asimismo, reconoció la participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en las audiencias desarrolladas en La Haya, donde Venezuela reiteró la defensa de sus derechos históricos sobre el territorio Esequibo.

"La defensa del Esequibo une a la nación y la historia respalda nuestros derechos con soberanía, firmeza y unidad nacional", dijo.

Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, aseguró que el Acuerdo de Ginebra es un documento "sin precedentes en la historia reciente de la humanidad, por cuanto promueve el diálogo como único mecanismo para dirimir una controversia territorial".

También recordó que en 2021 se firmó en México un acuerdo parcial donde "todos los sectores de la oposición venezolana y el Gobierno nacional reconocieron el derecho inalienable de la República Bolivariana de Venezuela sobre la Guayana Esequiba".

Además, rememoró el referéndum consultivo ejecutado en 2023, que "ratificó masivamente la soberanía venezolana sobre este territorio histórico".

Y, finalmente, resaltó que el Parlamento aprobó en marzo de 2024, la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, la cual dispone  el carácter írrito del Laudo Arbitral de París de 1989 y ratifica el reconocimiento al Acuerdo de Ginebra de 1966.

Cabe destacar que este acuerdo fue aprobado por unanimidad, puesto que en sus discursos, los diputados de varias fracciones coincidieron en que no se trata de bandos políticos, sino de la integridad del territorio y de la soberanía de Venezuela sobre ese territorio.

En sus intervenciones, los parlamentarios destacaron la presentación de la presidenta Delcy Rodríguez en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Ratificaron que la mandataria presentó los argumentos válidos para demostrar la soberanía venezolana en este caso.

Resaltaron sobre todo que se defiendan los derechos de Venezuela, de los que hay pruebas suficientes.

Además, destacaron  que en la audiencia también quedó claro que Venezuela quiere dialogar y negociar directamente con Guyana.

La tarde de este martes, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), designó la comisión preliminar para la confirmación del Comité de Postulaciones Judiciales.

El presidente de la comisión es el diputado Giuseppe Alessandrello, quien formará equipo con otros 10 parlamentarios.

El Comité de de Postulaciones Judiciales está conformado por 21 integrantes, 11 diputados y 10 ciudadanos que provengan se distintos sectores del país.

Esta instancia se encargará de elegir posteriormente  a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están por jubilarse.

Contra el racismo

La AN también se pronunció respecto a las expresiones racistas en contra de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en un acto publico de la oposición en Madrid. 

En este sentido,  el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, repudió los mensajes racistas de los voceros opositores desde la capital española.

Rodriguez destacó que tales acciones misóginas fueron auspiciadas y pagadas por el Partido Popular y la organización política VOX.

"El racismo es una enfermedad del espíritu, y es inaceptable; y mucho más inaceptable es buscar excusas para tratar de justificar esa barbaridad", precisó.

Rodríguez, cuestionó las excusas presentadas por autores de los insultos contra la presidenta, asegurando que tales palabras fueron intencionales, y que se trató de una acción orquestada por los promotores de la actividad.

Apoyo a la peregrinación

Asimismo, la plenaria aprobó un acuerdo de apoyo a la peregrinación nacional contra las sanciones convocada por la mandataria Delcy Rodríguez.

En el acuerdo se hace un llamado a todos los sectores del país a unirse a la iniciativa para pedir el cese definitivo de las sanciones contra Venezuela.

Durante la plenaria de este jueves, la Asamblea Nacional (AN) sancionó por unanimidad la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó la importancia del instrumento que forma parte del paquete de leyes solicitado por la presidenta encargada para optimizar y acelerar los trámites y acabar con la burocracia.“Se declara sancionada la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos y se remite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico", explicó.

"Que Dios, la Virgen, nuestra Constitución y nuestras leyes acompañen este instrumento y que de verdad esta ley vaya y contribuya para acabar con el viacrucis de las venezolanas y los venezolanos en las taquillas", agregó.

Rodríguez felicitó a los diputados, por la aprobación de esta ley.

La Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos establece lineamientos para simplificar y actualizar los procedimientos de la administración pública, reducir tiempos de respuesta, eliminar trámites duplicados y avanzar hacia la digitalización de procesos.

El instrumento fija criterios uniformes para la actuación administrativa y obliga a los entes del Estado a revisar sus requisitos, modernizar sus sistemas y garantizar que los trámites se realicen bajo principios de eficiencia, claridad y presunción de buena fe.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela prepara una reforma para permitir la inversión extranjera en el sector de minería, informó este lunes el presidente legislativo, el chavista Jorge Rodríguez.

El diputado afirmó que dentro del plan legislativo se prevé una reforma a la ley que rige la minería para permitir «que empresas extranjeras grandes puedan entrar para la explotación del oro, para la explotación de diamante, para la explotación de las llamadas tierras raras».

 Según indicó, en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, difundida en su canal de Youtube, el Parlamento tiene previsto sancionar unas 34 leyes este año, principalmente para que «acompañen» lo que llamó un «proceso de reformulación económica» del Gobierno de la presidenta encargada, su hermana, Delcy Rodríguez.

«Seguramente, en la medida en que se esté dando este proceso de revitalización económica, del nuevo orden político, la Asamblea Nacional tendrá que tomar posiciones en leyes relacionadas con la economía, relacionadas con la protección a la gente y relacionadas con la política», añadió el parlamentario.

En este sentido, dijo que la reforma de minería y una ley de aceleración de trámites son lo «más cercano» dentro del cronograma del plan legislativo, además de «algunas leyes políticas», sobre las cuales no dio detalles.

Esta reforma de minería se suma a la reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada por la AN y que abrió este sector a la inversión privada y extranjera para la producción petrolera y que, dijo el diputado, hizo «más competitiva» la industria venezolana «a los efectos de que la inversión extranjera fluyera mucho más».

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Consultado sobre la posibilidad de devolver activos expropiados por el Estado en las últimas dos décadas a empresas privadas, el diputado reconoció que «hubo casos concretos» que fueron errores.

Como ejemplo, indicó que «fue un error» el caso de la empresa Agroisleña, expropiada en el año 2010 por el Gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y participada en alrededor de un 80 % por el grupo español Agroinsumos, que en 2016 presentó una demanda por el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

A juicio del parlamentario, en el caso de esta empresa, que consideró fue «uno de los consorcios más grandes en materia de insumos agrícolas», se debió buscar una solución consensuada, y añadió que cree que el Gobierno encargado «ya está trabajando» sobre la posibilidad de la devolución de activos expropiados para este tipo de casos.

Desde la aprobación de la reforma de hidrocarburos, la mandataria encargada recibió en el país al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, con quien selló un acuerdo energético a largo plazo, y ha sostenido encuentros con representantes de petroleras extranjeras, como la española Repsol y la británica Shell.

Con información de EFE

La Asamblea Nacional (AN) inició la consulta pública del proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en primera discusión en la sesión ordinaria del pasado jueves.

La consulta se efectuó este sábado en las instalaciones del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, liderada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el primer vicepresidente y la segunda vicepresidenta, Pedro Infante y Grecia Colmenares, respectivamente.

El titular de la AN destacó que el Parlamento se trasladó al corazón de la industria petrolera a realizar la consulta, para que la clase trabajadora ofrezca sus aportes para la reforma de ley.

"El principal homenaje es que ustedes sean los que nos digan a nosotros lo que les parece o no de la reforma de la Ley de Hidrocarburos", sostuvo.

Jorge Rodríguez recordó que “la industria petrolera se vio afectada con las sanciones, el bloqueo y la  corrupción con la que intentaron destruirla”. Por tal motivo, insistió en que la principal idea de la reforma de la Ley de Hidrocarburos es lograr un aumento de la producción de petróleo.

"Pero no para que se roben los reales de esa producción de petróleo, ni del trabajo que ustedes hacen. El que intente alguna acción de corrupción, que se prepare", advirtió.

Igualmente, resaltó que Venezuela, por primera vez en muchos años, produce 100% de la gasolina que consume. " Y muy pronto estaremos en capacidad de exportar gasolina, también", puntualizó Rodríguez.

Respecto al objeto de la ley, indicó que es primordial adaptarse a una situación que permita sacar el petróleo de la tierra, que pertenece a todos los venezolanos, en concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Carta Magna.

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"Listo, punto y se acabó. Eso es nuestro, es tuyo, es de todos los venezolanos y venezolanas. Ahora bien, es nuestro ese petróleo y lo vamos a dejar debajo de la tierra. Debajo de la tierra no vale nada. Debajo de la tierra es nada, y van a pasar 100 años, 200 años, y vamos a seguir teniendo la mayor reserva de petróleo. Pero no lo aprovechamos debidamente", sostuvo el parlamentario.

Al tiempo, puntualizó que el petróleo vale cuando se convierte en hospitales, carreteras, escuelas, universidades, y para salarios dignos, para eso es el petróleo", refirió el diputado Rodríguez.

El presidente del Parlamento aseguró que, de los aportes de la clase trabajadora petrolera y de todo el país, llevarán a segunda discusión esta propuesta de ley. "El próximo martes avanzaremos para aprobar la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela", aseguró.

Con información de prensa AN

La Asamblea Nacional (AN) presentó este martes un proyecto de ley derogatoria del Estatuto de Roma para que el país  se retire de la Corte Penal Internacional (CPI).

La moción se debatió luego de que  el tribunal anunció el cierre de su oficina en Caracas, por falta de progreso real" y faltas al acuerdo de complementaridad de parte de Venezuela.

 “Hay una posición sesgada por parte de la Corte Penal Internacional y por eso estamos proponiendo ante esta Asamblea la derogatoria de este instrumento”, dijo el proponente del acuerdo, Roy Daza.

 Dijo que debatir este proyecto de ley derogatoria de la Ley Aprobatoria de la Corte Penal Internacional es una “decisión importante”, porque todas las instituciones deben actuar en unidad.

«Cuando un instrumento que debe servir como garante de la justicia, que debe servir como garante del debido proceso, se convierte en una institución que va con fines ajenos para lo que fue creada», indicó.

Daza fustigó la actuación de la Fiscalía de la CPI que se ha convertido en una institución con “fines ajenos para la que fue creada”.

“Se ha convertido en un ente instrumentalizado por los poderes y, sí, lo digo con todas sus palabras, con los poderes fácticos y con los poderes económicos, políticos y culturales del imperialismo, porque a eso se ha sometido la Corte Penal Internacional en estos momentos” remarcó.

«La Corte Internacional fue creada con un objetivo y ahora resulta que tiene otros», lamentó.

Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, que tanto la institución como el pueblo venezolano tienen un “profundo desprecio” por la inacción de «aquellos» que fueron «cómplices» del «genocidio» en Gaza.

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El lunes, la Fiscalía de la CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementareidad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.

El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó en su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al «compromiso sostenido» mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que «el progreso real sigue siendo un reto», por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país suramericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.

No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

 El Gobierno de Venezuela acusó  a la Fiscalía de la CPI de desatender sus deberes para justificar un «colonialismo jurídico» contra el país suramericano.

En un comunicado publicado por la Cancillería, el Ejecutivo de Nicolás Maduro dijo que «es muy obvio» que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad y así, sostuvo, lo ha demostrado en «todas las instancias» en un proceso que tachó de «instrumentalizado con fines geopolíticos».

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

Con información de Efe

En el comienzo del segundo periodo de sesiones de este año, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Acuerdo que respalda la instalación del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, encabezado por el presidente Nicolás Maduro.

La propuesta fue presentada por el primer  vicepresidente , Pedro Infante, quien abrió el debate.

En su discurso subrayó que la iniciativa nació del Poder Legislativo y  contó con la participación de todos los sectores de del país,  para "unir a todos en función de preservar esa paz".

"Se amenaza con cañones y misiles la paz de nuestra patria", afirmó.

También propuso la creación de una "gran fuerza diplomática para denunciar ante el mundo las intenciones guerreristas que busca imponer el imperio estadounidense en Suramérica y el Caribe. Quiero hablarles a todas las venezolanas y venezolanos, de cualquier clase social, ideología política, religión; venezolanas y venezolanos que nacimos en esta tierra, que amamos esta patria, este cielo, suelo y mares. Se amenaza nuestra soberanía. Se amenaza con cañones, misiles, con embarcaciones nucleares, la paz de nuestra patria", aseveró.

No obstante, instó a todos los parlamentarios "a llevar a cabo una cruzada nacional para concientizar sobre la importancia de defender la soberanía".

Por la bancada opositora habló el diputado Luis Eduardo Martínez, quien también respaldó el acuerdo."Ya no somos rojos ni blancos, ahora todos somos tricolor", expresó.

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El acuerdo establece:

Respaldar la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, como un espacio para la promoción de la verdad, la defensa de la patria y el resguardo de la integridad territorial frente a la injerencia y amenaza por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos de América en el Caribe y nuestras zonas marítimas.

Impulsar y promover la conformación de los capítulos regionales de este consejo a los fines de garantizar la cohesión y la unidad en cada uno de nuestros territorios, incluyendo a los diversos sectores estratégicos del pueblo venezolano.

Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo.

Este martes, en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, se llevó a cabo el Taller 7T para la Acción Transformadora, con los diputados de la Asamblea Nacional, los actuales y los electos, donde se instruyó que la tarea del próximo Parlamento se enfiacras en el bienestar de los venezolanos.

«Las tareas del Parlamento venezolano para el período 2026-2031 estarán enfocadas en fortalecer el bienestar social del pueblo», dijo el presidente del organismo, Jorge Rodríguez.

Este taller tiene como objetivo «afinar los puntos estratégicos para trabajar en pro del bienestar nacional».

Rodríguez, destacó que los diputados electos tienen la misión de «armonizar las leyes, organizarlas en grandes códigos legislativos y llevar a cabo la Reforma Constitucional».

Entre las propuestas debatidas, se encuentran, además de la Reforma Constitucional, la agrupación de leyes en áreas de interés, en grandes códigos, la agrupación de varios códigos en lo económico, judicial, familiar, civil, Poder Popular, defensa de la soberanía, defensa para la paz y un código ambiental.

Asimismo, se han establecido siete mesas de trabajo que se agruparán por regiones, para la discusión de temas como el sistema electoral, el parlamentarismo social de calle y la genda parlamentaria para los próximos cinco años de la AN.

De acuerdo a las últimas conversaciones que desarrollan las principales organizaciones políticas que formarían la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN) opositora, los posibles seleccionados a presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente tendrían que encontrarse fuera de Venezuela para evitar represalias de la administración de Nicolás Maduro.

Se supo entonces que el partido Acción Democrática (AD) no postularía a ninguno de sus diputados miembros de la AN a la nueva directiva que sucederá a Juan Guaidó tras el fin del gobierno interino. El partido blanco no tiene parlamentarios que residan en el exterior.

Entonces es «muy probable» que las organizaciones políticas Voluntad Popular, La Causa R y Encuentro Ciudadano formen parte de la nueva directiva, además de, por supuesto, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo.

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Aunque Estados Unidos señaló este martes que respeta la decisión de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 de suprimir el gobierno interino de Juan Guaidó, si reconoce como institución legítima el Parlamento opositor.

«Estados Unidos continúa reconociendo a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado. 

“EE.UU. apoya al pueblo venezolano en su deseo de una restauración pacífica de la democracia a través de elecciones libres y justas y continuará apoyando a la oposición democrática de Venezuela”, agregó.

Para este jueves 5 de enero se espera sea designada una nueva junta directiva de la AN.

La Unión Europea se encuentra consternada y bajo la lupa, después de que se diera inicio y se detuviera a una vicepresidente del parlamento europeo, señalada de haber recibido cuantiosas sumas de dinero provenientes de Qatar, para influir en decisiones en el viejo continente a favor del país árabe.

Eva Kaili, vicepresidente del parlamento europeo fue detenida en Bruselas. En su país natal, Grecia, familiares de la funcionaria también fueron detenidos, sobre quienes pesa una averiguación fiscal ante las denuncias de supuestos sobornos.

Las autoridades griegas anunciaron la congelación y enajenación de las cuentas bancarias de la funcionaria, así como parte de su familia.

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La medida, que también se aplica a los familiares de la europarlamentaria, incluye «las cuentas bancarias, las cajas de seguridad, las empresas y cualquier otro activo financiero», explica el presidente de la autoridad, Haralambos Vourliotis, citado por la agencia de noticias AFP.

Según la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales anuncia la medida a las instituciones bancarias griegas y a los servicios estatales competentes, indicó Vourliotis, que también tiene pendiente a una empresa inmobiliaria en Grecia creada por Kaili y un socio italiano, también encarcelado en Bélgica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el lunes de «muy graves» las acusaciones de corrupción contra Kaili.

«Estas acusaciones son extremadamente preocupantes. Es una cuestión de confianza en las personas que están en el corazón de nuestras instituciones, y esa confianza presupone altos niveles de independencia e integridad», dijo la presidente del parlamento.

Con información de AFP

La publicación del exsecretario de Defensa de Estados Unidos, los contratos con Silvercorp, lo escrito en un libro y la demanda que pesa en contra del analista político J. J. Rendón, son suficientes indicios para que la Asamblea Nacional 2020 cite a diversas organizaciones, partidos políticos y hasta personalidades, para que rindan declaración ante los supuestos planea de magnicidio en contra de Nicolás Maduro.

La Comisión Especial para Investigar las Confesiones de Mark Esper, exsecretario de Defensa de EE.UU. durante el mandato de Donald Trump, acordó citar al dirigente político Julio Borges, para que expliquen el por qué firmó el reconocido Estatuto de la Transición para La Democracia, que buscaba, según el chavismo, llevar a cabo el asesinato de Nicolás Maduro.

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El diputado oficialista Pedro Infante, quien es el presidente de dicha comisión, indica que toda la averiguación va desde el mandato de Barack Obama en 2015 hasta nuestros días.

Para Infante, dicho estatuto de transición, así como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) solo buscaban legalizar una «invasión en Venezuela».

Se espera que para la próxima semana se conozca la lista de las personalidades de la oposición que deberán comparecer ante el Parlamento, además de Julio Borges, quien como ya se conoce, se encuentra fuera del país como un refugiado político en Colombia.

Para la próxima semana, además de estar citado Julio Borges, deberá comparecer el viceministro de Políticas Antibloqueo de la administración de Nicolás Maduro, William Castillo, quien deberá exponer todas las acciones ejercidas por Estados Unidos en contra de Venezuela, según el chavismo.

Vale destacar que en las próximas comparecencias se evaluará la posibilidad de imponer penas como Traición a La Patria, establecida en el Código de Justicia Militar.

El 15 de diciembre pasado, la Asamblea Nacional Constituyente llegó a su fin. También terminó el período legislativo del Parlamento elegido en el 2015. ¿Cuál es el balance de ambos organismos? Al parecer no es muy positivo.

A la AN presidida por Juan Guaidó no le fue bien desde el principio. Apenas electa, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que no era válida la elección de los diputados de Amazonas, por lo cual ordenó su desincorporación.

En enero del 2016, apenas asumida la presidencia por parte de Henry Ramos Allup, el TSJ declara a la AN en desacato. Lo hizo por incorporar a los tres diputados indígenas.

A partir de allí, hasta el momento, se dictaron más de 100 sentencias limitaron cada vez más las acciones del Parlamento. Además, decenas de diputados están en el exilio, varios estuvieron presos y otros perseguidos. A todos dejaron de pagarles desde el 2016.

En el 2017, el CNE y el presidente Nicolás Maduro convocan a la Constituyente, se elige en julio y en agosto se instala con más de 500 integrantes.

Pero, el organismo no cumplió con su mandato principal, como es la redacción de la Carta Magna. No obstante, sí asumió labores de la AN, designó a las cabezas de los poderes públicos, allanó la inmunidad de varios diputados y redactó varias leyes decretos, a los cuales les puso la coletilla de “constituyentes”.

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En su discurso de cierre, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, aseguró que el organismo “logró consolidar la estabilidad en medio de agresiones internas y externas. Para salvar la patria, la paz y el pueblo venezolano de una guerra que pretendían imponer sectores de la derecha con el respaldo foráneo”.

Dijo que desde el 2017 “se recuperó la institucionalidad como lo establece la Carta Magna”. Cabello destacó las normas aprobadas durante estos tres años: Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, el decreto sobre el Criptoactivo y la Criptomoneda Petro. También aprobaron la Ley Constitucional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) , Ley del Plan de la Patria.

Desde el 2018 sancionaron las leyes de Presupuesto de la nación y también la Ley de Precios Acordados, Ley de Inversión Extranjera, Decreto Constituyente de Diálogo Económico.

Cabello también dijo que “la ANC terminó un ciclo de acción por la patria. Entregamos un país en paz, con una Asamblea Nacional recién electa para que ejerza a partir del 5 de enero las labores legislativas en el periodo 2021-2026”.

De su lado, la Asamblea Nacional que cada vez quedó más disminuida. Asumió un papel importante para la oposición venezolana.

En enero del 2019, le tocó el turno en la presidencia al partido Voluntad Popular. Esto, por un acuerdo interno entre los miembros del llamado G4. Según este acuerdo, la AN la presidirían en este orden: AD, PJ, UNT y VP, además de los partidos pequeños que ejercerían la presidencia el último año.

Es por ello que asumió Juan Guidó. El 23 de enero del año 2019, el diputado por Vargas anunció que, en vista de que, para la oposición, las elecciones presidenciales del 2018 no eran legítimas y, por lo tanto, Nicolás Maduro estaba “usurpando el cargo”, se convertía desde ese momento en el “presidente encargado de Venezuela”, sobre la base de la “ausencia absoluta”, establecida en la Constitución.

Con este hecho, la polarización en Venezuela se acentuó aún más. Una parte de la población no reconocía a Maduro y la otra no aceptaba a Guaidó.

Salvo el reconocimiento de 60 países, de organismos como la OEA y la Unión Europea, el diputado por Vargas no cumplió con su promesa de sacar a Maduro de Miraflores.

Aunque tiene “embajadores” y “comisionados” en el exterior, Guaidó no ha podido “gobernar”. Por su lado, Maduro sigue en el cargo.

En medio de tremenda crisis política, destacó la crisis económica de Venezuela que ya suma casi 37 meses de recesión. Con una hiperinflación que se ha comido todos los aumentos de sueldos de los últimos años y que ha llevado a la dolarización de facto. Ni gobierno ni oposición han podido solucionar esta crisis.

Las encuestas aseguran que esa factura del hastío por ambos sectores la cobraron los venezolanos, tanto en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, donde solo participó el chavismo y una oposición acomodaticia, como en la Consulta Popular, convocada por Juan Guaidó.

En ambos procesos solamente participó un tercio del electorado, demostrando la apatía de la gente que solamente quiere que se resuelvan sus problemas.

El chavismo volvió a ganar la AN y tiene ahora todos los poderes en sus manos. Pero, a juicio del especialista, Aníbal Sánchez, “se vivieron dos procesos políticos de corte electoral. Desde sus convocatorias reflejaban sus características excluyentes propias de las políticas de polarización, por lo que era fácilmente predecible sus resultados, y que socialmente estaban lejos de ayudar a superar los problemas”.

El Parlamento venezolano aprobó este sábado extender por un año sus funciones, aún cuando la Constitución dicta que deben terminar en enero de 2021. Y las del líder opositor Juan Guaidó como jefe del Legislativo y presidente interino del país, cargos en los que lo reconocen medio centenar de naciones.

«La continuidad constitucional será ejercida (…) hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021», dice el texto promulgado por la Cámara.

Esta continuidad, que no está mencionada en la Constitución, será ejercida por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora que fue escogida en 2015 y por Guaidó, que se proclamó mandatario interino en enero de 2019 ante la usurpación que considera hace Nicolás Maduro de la Presidencia.

En una sesión parlamentaria virtual, los diputados acordaron reformar la ley que rige el estatuto de transición que ellos mismos aprobaron en 2019 con el objetivo de sacar a Maduro del poder y convocar a elecciones presidenciales, ambas tareas pendientes.

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La reforma elimina los artículos relacionados con la creación de un Centro de Gobierno provisional, una instancia que ha estado encabezada por el opositor Leopoldo López, el líder del partido Voluntad Popular (VP) que vive en España luego de abandonar Venezuela pese a tener una condena de casi 14 años de prisión.

Así mismo, el texto rechaza las elecciones legislativas celebradas el pasado día 6, en las que no participaron los líderes tradicionales de la oposición al considerarlas fraudulentas, que ganó el chavismo con holgura en medio de una alta abstención y del cuestionamiento internacional sobre su transparencia.

El nuevo estatuto establece también que la AN funcionará a través de la Comisión Delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar durante los recesos del Parlamento, con funciones limitadas e integrada por menos del 20 % del pleno.

Este es uno de los aspectos por los que Acción Democrática (AD), la organización opositora con más legisladores en el actual Legislativo, prefirió salvar su voto.

La formación también criticó la sustitución del Centro de Gobierno por un Consejo Político, una nueva figura que introduce la reforma, que dependerá directamente de Guaidó y cuyas funciones serán comunicadas antes del 5 de febrero de 2021.

AD ve «innecesaria» la creación de esta instancia al recordar que sus tareas serán de naturaleza parlamentaria o de control y estas las podría «perfectamente realizar» el Legislativo.

Aunque el partido salvó su voto, remarcó que seguirán apoyando a Guaidó como presidente de la AN y mandatario interino de Venezuela.

Guaidó, que en enero de 2019 prometió conseguir el cese de la usurpación de Maduro y nuevas elecciones presidenciales, tendrá ahora un año más como líder del parlamento y mandatario interino, al menos con el reconocimiento de la mayoría de diputados opositores.

Sin embargo, el 5 de enero de 2021, como obliga la Constitución, se instalará la nueva AN de contundente mayoría oficialista, que espera arrebatar el reconocimiento internacional a la oposición.

La reforma aprobada este sábado faculta a Guaidó para promover dentro y fuera del país la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, «propiciar la reversión de la crisis humanitaria» que vive Venezuela, así como defender los derechos humanos.

Además, Guaidó podrá pedir a la Comisión Delegada, y no al pleno, «la reglamentación total o parcial de las leyes», así como el nombramiento y remoción de altos funcionarios.

EFE.

El Parlamento ha autorizado el nombramiento de los siete miembros que conforman el observatorio contra el fraude electoral. En sesión ordinaria se determinó que se encargarán de hacer seguimiento a las elecciones parlamentarias organizadas por el régimen de Nicolás Maduro.

Este observatorio está conformado por los diputados: Olivia Lozano, Deyalitza Aray, Ivlev Silva, Luis Florido, José Gregorio Graterol, Abel Herrera y Maribel Ferrer. Así como Maibel Ferrer y Riad Bujana. Los designados tendrán como objetivo verificar la violación de derechos políticos en Venezuela.

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Es preciso destacar que el observatorio recopilará y sistematizará todas las violaciones de la Ley Electoral y la Constitución, así como de fraude electoral. De esta manera será accesible para la comunidad nacional e internacional. Y en función de que sirva de referencia para establecer la responsabilidad de dichas violaciones.

De acuerdo con el Acuerdo aprobado por este órgano unicameral, el pasado 20 de octubre, el organismo será un espacio de encuentro entre el Parlamento y la sociedad civil. Trabajará de manera activa en la búsqueda de soluciones a la crisis institucional y la generación de mecanismos para lograr el efectivo ejercicio del voto libre en Venezuela.

Con información de nota de prensa.

Personalidades de la talla de Antonio Ledezma, Diego Arria, María Corina Machado, Humberto Calderón Berti, Carlos Ortega y Enrique Aristiguieta Gramko, hicieron un llamado a la actual Asamblea Nacional y a la presidencia encargada para que expliquen varias de sus actuaciones que «han resquebrajado la confanza pública», la cual «urge rescatar».

En una carta pública titulada: El servicio a la verdad, un llamado a la reflexión», criticaron las acciones del régimen que han colocado a Venezuela en la situación en que se encuentra, pero también exigen «al gobierno colegiado interino, que respete y acate con celo las exigencias de la transparencia, ineludibles en los actores democráticos quienes están obligados a rendir cuenta pública de sus actividades».

A continuación la carta:

El servicio a la verdad, un llamado a la reflexión

Quienes suscribimos la presente, en documento anterior hemos señalado que “Venezuela presencia el final trágico de su historia como nación de libertades y república, ejemplo que ha sido de bienestar en democracia ante la región y el mundo” durante el siglo XX. Nuestro Estado “es hoy una farsa, incapaz del ejercicio unitario de sus competencias y potestades soberanas”, hoy sustituidas de hecho por fuerzas despóticas extranjeras y criminales. Una de las características más repugnantes en toda tiranía y de la misma actividad criminal, sobre todo si dispone del manejo de la cosa pública y sus actividades es el culto del secretismo y la opacidad. Es la negación de la democracia. La propia Fuerza Armada, fracturada y sujeta a los dictados de actores – cubanos, iraníes, narcoterroristas – que se enriquecen saqueando el patrimonio venezolano y robándole el pan de subsistencia como las medicinas necesarias a nuestros compatriotas, pobres y necesitados en su gran mayoría, no ha sido capaz de reaccionar rompiendo las cadenas de la corrupción que han hecho presa de Venezuela. Ha optado por mancillar su decoro militar histórico y participado de los actos de represión y torturas que sufren los presos políticos, entre estos sus propios compañeros de armas. Ha perdido sus valores y bases institucionales. Ha permitido que la soberanía territorial de Venezuela sobre el Esequibo haga parte de la liquidación delincuencial de los activos de la nación e incluso, se ha sumado a la comedia electoral que pretende instalar el régimen usurpador del narco tirano Nicolás Maduro a fin de distraer a un pueblo que sufre y es ahora víctima de una grave pandemia. Si ello no bastase, su Alto Mando protocolar, por voz del ministro de la defensa, Vladimir Padrino, ha anunciado ante el país y el mundo que nadie les quitará el poder que detentan, ni siquiera mediante elecciones democráticas. En este orden nos vemos obligados a hacerle un igual y severo llamado de atención al gobierno colegiado interino, a fin de que respete y acate con celo las exigencias de la transparencia, ineludibles en los actores democráticos quienes están obligados a rendir cuenta pública de sus actividades, en lo particular quienes dirigen e integran el Centro de Gobierno de cuyos procederes a nadie informa. Se entiende que en la lucha contra la narco-dictadura que mantiene bajo secuestro a Venezuela, auxiliada por fuerzas extranjeras y grupos transnacionales vinculados al terrorismo, al narcotráfico y al lavado de dineros producto de la corrupción, las estrategias para enfrentarla y desmontarla reclaman de actores prudentes y ajenos a la práctica del utilitarismo partidario o personal. Pero la actividad pública y política no es asunto privado o personal de quienes la asumen creyéndose predestinados o necesarios, menos de quienes la administran como una ganancia que les ha dispensado el azar. La cultura muy venezolana de cuestionar o rechazar cualquier opinión crítica dirigida contra quienes ejercen destinos dentro del Estado o en los partidos, arguyendo para ello que afecta el interés común o la unidad, es inaceptable e irrespetuosa con la ciudadanía. Obedece, como siempre, a la manipulación de quienes se saben descubiertos y comprometidos con actos ajenos a la probidad o al interés público que deben tutelar. De modo que, el llamado de atención que hacemos, ante los venezolanos, tiene destino preciso y no es sólo al régimen de oprobio y absoluta maldad que ha usurpado y ejerce de facto el poder en Venezuela bajo instrucciones extranjeras y de grupos criminales y terroristas. Es una alerta igual a los integrantes de la actual Asamblea Nacional, que por mandato constitucional ejercen el gobierno democrático interino contando con un importante reconocimiento internacional. Muchas de sus actuaciones relevantes han resquebrajado la confianza pública y urge rescatarla. ¿Por qué afirmamos esto? Porque siguen sin aclararse, entre otras, las acciones de Cúcuta de 23 febrero de 2019, el llamamiento disparatado a un alzamiento militar desde la autopista del este en Caracas, de 30 de abril de 2019; las actuaciones que condujeron a la operación Gedeón, al término secuestrada por el régimen usurpador; los certificados de buena conducta expedidos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea, que sin recursos ni pericia los otorgan a criminales internacionales como Alex Saab y similares;  las designaciones en CITGO y Monómeros, con base en cuotas partidistas; la operación de los Bonos 2020; el proyecto de ley para la recuperación de bienes de origen y destino ilícito, signado por la discrecionalidad y la opacidad. La Fracción parlamentaria 16J merece nuestro reconocimiento. Bajo riesgos y amenazas de todo orden ha estado luchando por la rendición de cuentas del Centro de Gobierno cuyo silencio sigue siendo la regla. En el pasado reciente nunca informaron sobre los criterios para elegir a sus representantes y negociar con la narcotiranía en Santo Domingo y luego en Oslo y Barbados. ¿Qué instrucciones les dieron? ¿Cuál ha sido la naturaleza y alcance de tales conversaciones y su acercamiento al régimen, especialmente en el tema electoral? Menos sabemos los venezolanos sobre cómo opera un gobierno parlamentario partidista, sin tradición constitucional, con su principal autoridad asilada en una embajada y bajo la posición de Encargado del Gobierno Central, figura inexistente en Venezuela. A la comunidad internacional una vez más le expresamos que solos no podemos. Y que los venezolanos necesitamos conjurar las prácticas de opacidad y las mentiras en los actores públicos y políticos, así como restablecer las instituciones que aseguren nuestra vuelta a la democracia y como condición para el ejercicio libre de la soberanía popular. Para nosotros, los firmantes, nuestra solidaridad es con el rescate de la libertad, sirviendo siempre a la verdad. Así lo declaramos, hoy siete (7) de julio de 2020. María Corina Machado, Coordinadora de Vente Venezuela Antonio Ledezma, Alcalde Metropolitano de Caracas y fundador de Alianza Bravo Pueblo Diego Arria, ex gobernador de Caracas, exembajador, y expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU Humberto Calderón Berti, ex presidente de la OPEP, excanciller de la República, ex presidente de PDVSA, y exministro de energía y minas Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela Enrique Aristeguieta Gramcko, miembro de la Junta Patriótica de Venezuela de 1958, exdiputado, exembajador, exministro encargado de relaciones interiores, y presidente de la Gran Alianza Nacional (GANA)

Desde que está vigente la Constitución y las leyes derivadas de esta, para la Asamblea Nacional se eligieron entre 165 y 167. Ahora, una vez que asumió el Consejo Nacional Electoral ilegítimo, eso va a cambiar. En consecuencia, en el Parlamento podría haber entre 253 y 255 parlamentarios, según propuestas extraoficiales.

Fuentes vinculadas con los equipos de los nuevos rectores, afirmaron que no es necesario cambiar las leyes para aumentar el número de diputados, pues solamente tendrían que «desaplicar» algunos artículos de las normas que en el 2005 y el 2015 permitieron que con menos votos se obtuvieran más escaños en la AN. Esto se llama la «sobre representación de las mayorías».

La propuesta de los equipos será para elegir 129 diputados nominales y 84 por lista, más los parlamentarios indígenas. Por otro lado, la fuente informó que también se reformará la manera de elegir a estos diputados.

Para hacer el cálculo de cuántos diputados se deben elegir hay que acatar lo que se establece en los artículos 63 y 186 de la Constitución y 10 de la ley Orgánica del Poder Electoral (Lopre).

Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

Artículo 186: La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del país.Cada entidad federal elegirá, además, tres diputados o diputadas.Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso.

Artículo 10 (Lopre). En cada estado y en el Distrito Capital, se elegirán tres diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, más un número de diputados y diputadas igual al resultado de dividir el número de su población entre una base de población igual al uno coma uno por ciento (1,1%) de la población total del país.

La convocatoria a elecciones parlamentarias aún no se ha realizado, pero las fuentes indicaron que no debería pasar de los próximos 10 días y que los comicios serían para principios de diciembre.

Segundo Meléndez, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que se sumó a la llamada mesa de diálogo con el régimen, adelantó que están «precisando en este momento» el número de parlamentarios.

«Tenemos que llegar a una cantidad que nos permita equiparar el número de lista y nominal (…) El número de diputados podría quedar alrededor o un poco más de los 200. Es un número que haría funcional la Asamblea», indicó.

La Asamblea Nacional aprobó este martes la designación del abogado y profesor de derecho constitucional Enrique José Sánchez Falcón como nuevo Procurador Especial de la República de Venezuela.

La selección se hizo de conformidad con lo establecido en el artículo 15.b de la Ley de Estatuto que rige la Transición a la Democracia, señala una nota de la AN.

El artículo 15 estipula que mientras se nombra válidamente un Procurador General de la República de conformidad con el artículo 249 la Constitución, y en el marco de los artículos 15 y 50 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Presidente encargado de la República podrá designar a quien se desempeñe como procurador especial.

Tal representación se orientará especialmente a asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado en el extranjero, así como ejecutar cualquier actuación que sea necesaria para salvaguardar los derechos e intereses del Estado.

A través de una comunicación suscrita por el Gobierno Encargado, presidida por Juan Guaidó, solicitó la autorización del nombramiento de Enrique José Sánchez Falcón, en sustitución de José Ignacio Hernández, “quien llevo una excelente labor mientras se desempeñó en dicho cargo”

En su curriculum Enrique José Sánchez Falcón, refiere que durante muchos años y hasta 1985 ejerció funciones de dirección en la Contraloría General de la República y desde el 1 de febrero de 2019, ocupa el cargo de Consultor Jurídico de la Asamblea Nacional.

También, es profesor, en pregrado y postgrado, de Derecho Constitucional, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con categoría de Profesor Agregado; y en la maestría en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB).

Sánchez Falcón es autor de diversas publicaciones jurídicas así como numerosos artículos divulgados en revistas especializadas en derecho público y constitucional, contraloría, legislación y jurisprudencia.

La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de solidaridad con las autoridades legítimas de Primero Justicia (PJ) y condenó «las maniobras pseudo jurídicas del írrito TSJ, para deslegitimar y apropiarse de la dirección de los partidos democráticos».

En la sesión ordinaria de este jueves, los diputados aseguraron que esas acciones del régimen «solo crean obstáculos en la resolución de la crisis venezolana».

También alertó sobre la posible intención de Nicolás Maduro de instaurar en Venezuela, en un sistema político «unipartidista, característico de los regímenes totalitarios de Cuba, China, Corea del Norte, Rusia, y Vietnam».

El acuerdo responsabiliza a Nicolás Maduro Moros «de cometer las posibles violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos en contra de los militantes de Primero Justicia y de todos los partidos democráticos».

En el escrito se insta a presentar la denuncia ante la Corte Interamericana de DDHH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como también, en los organismos internacionales especializados en la garantía y defensa de DDHH.

Igualmente se exhorta a los ciudadanos defender a los partidos políticos democráticos de Venezuela.

El debate

El diputado Daniel Antequera (Causa R), aseveró que las últimas sentencias del TSJ del régimen están dirigidas a la destrucción de los partidos políticos y de la disidencia.

Acusó al régimen de Maduro de crear una «oposición acomodaticia para disimular que existe democracia», tal como ocurre en los países comunistas de China, Rusia y Nicaragua.

Dignora Hernández (Fracción 16 de Julio) denunció que «la perversión del sistema criminal de Nicolás Maduro tiene como objetivo aniquilar cualquier vestigio de democracia».

Alertó que «se trata de una estrategia que pretende convertir a Venezuela, un espacio para la existencia de un partido único, como es característico en los regímenes totalitarios».

Carmen María Sivolí (AD), calificó de “traidores del voto y de la confianza de sus electores” a quienes “cínicamente” fueron miembros de los partidos políticos, que hoy, “miserablemente” y por intereses monetarios, “le hacen la comparsa al régimen, en estas abominables maniobras, con el fin de apropiarse las organizaciones políticas”.

Aseguró que los usurpadores de estos partidos políticos nunca podrán tener el apoyo de la militancia, que representa la reserva moral, que jamás ha dejado de luchar por el país.

“Este venidero fraude electoral, conduciría a que los venezolanos pasen de la condición de mendigos a esclavos de un régimen, que utilizaría a la Asamblea Nacional, para ominosos fines contra los venezolanos”, advirtió.

Por parte de un Nuevo Tiempo, Luis Florido aseveró que las dictaduras de extrema izquierda instauradas en los países comunistas han construido “su propia oposición”, pero que en el caso de Venezuela, esa oposición la conforman personas que fueron comprados con grandes sumas de dinero en dólares por la “Operación Alacrán” auspiciada por el régimen de Nicolás Maduro.

Dijo que el “pueblo que no se rinde, que por encima, que le quiten las siglas a las organizaciones políticas, aquí hay una voluntad de lucha férrea que no va declinar hasta lograr el Gobierno de Emergencia Nacional”.

Franco Casella, por Voluntad Popular (VP), manifestó su solidaridad con PJ y resaltó que que Primero Justicia, “innegablemente es el hito de una juventud, que emergió en la vida política de Venezuela” y cuya organización política se caracteriza por sus valores inspirados en su accionar político como: “la justicia, el progreso y la dignidad humana”.