Este 22 de febrero se llevará a cabo el paro nacional de taxistas, el cual fue convocado por 168 organizaciones pertenecientes a este gremio. Conductores de Medellín, Cali, Bogotá, Cúcuta, Valledupar e Ibagué anunciaron que participarán.

Se estima que más de 20.000 conductores se tomarán las principales ciudades de Colombia. Incluso anuncian bloqueo de vías.

Conforme a las movilizaciones de este miércoles, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, entregó información sobre el proceso que han llevado con el gremio de los taxistas.

Afirma que han realizado diferentes mesas de diálogo, en donde la preocupación por parte de este gremio se centra en el alza del combustible, la prestación de servicio de movilidad de las aplicaciones y otros factores que han hablado con el Gobierno Nacional.

Las reuniones no rindieron los frutos esperados y por eso confirman el paro.

Los taxistas ya habían suspendido las movilizaciones convocadas para el 23 de enero, luego de que se anunciaran mesas de diálogo para discutir los 10 puntos de la lista de peticiones que hace el gremio.

Los conductores harán planes tortuga en diferentes partes de Cali, específicamente en las entradas y salidas de la ciudad y en algunos puntos específicos al interior de la ciudad, como lo son el Parque de las Banderas y la Autopista Suroriental con 39.

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La cartera de Transporte también aseguró que convocará para la próxima semana a los actores que no estarán presentes en el «Paro Nacional de la Industria de Taxis» para que participen en las soluciones estructurales que tiene el sector.

Entre las peticiones de los taxistas están la falta de control de las plataformas digitales de vehículos particulares, actualizar el marco tarifario, dosificar las sanciones, digitalizar los trámites como la tarjeta de control, atender las denuncias de presunto abuso policial, entre otros temas.

El balance de 30 días de Paro Nacional no puede ser más aterrador en Colombia. Cifras del mismo Estado y reveladas en informe de la CIDH describen la barbarie:

«Llevamos 52 personas asesinadas en los días de huelga general, de estas 52 personas en al menos 31 de esos casos las organizaciones de derechos humanos tenemos pruebas de que intervino directamente a policíaa nacional,», asegura Franklin Cateñeda, presidente del comité de solidaridad con los presos políticos en Colombia.

Organización que junto a otras estructuras de la sociedad civil se reunieron con Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los DD.HH. y le expusieron que:

«Tenemos 715 personas heridas, más de 1.645 detenciones arbitrarias, 95 casos de defensores de derechos humanos que intervenimos en protesta social violentados, y 87 personas de mujeres víctimas de violencia basada en gérnero», aseguro Castañeda a RT.

Funcionarios públicos agredidos y amenazados y, más de 1,030 policías heridos en todo el país, también duele y preocupa.

El suceso más repudiable en la última semana fue el ataque con bomba molotov que causó quemaduras en el rostro a un uniformado.

«Repudiamos ataque contra el patrullero Cristian Calderón, del ESMAD, agredido con bomba incendiaria que le produjo graves quemaduras en el rostro. Con Policía Bogotá, ofrecemos recompensa de $30 millones por información que permita captura de responsables», manifestó el Presidente Duque.

Además de la retención de varios policías que se encontraban en descanso y torturados en un bloqueo cerca a Cali.

«El secuestro y tortura de 10 policías en 2 puntos de bloqueo en vías del Valle del Cauca es repudiable. Lo que comenzó como puntos de bloqueo ahora se convierten en puntos de secuestro. Los autores serán ubicados y judicializados. La Fuerza Pública se respeta», aseveró Molano en Twitter.

Dos policías han muerto en Colombia ejerciendo su labor durante las protestas. El patrullero Juan Sebastián Briñez, de 22 años en Cali. Y el capitán Jesús Alberto Solano Beltrán en Soacha.

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La renuncia de un ministro de hacienda y del comisionado de paz, y el sometimiento del ministro de Defensa Diego Molano a una moción de censura, dejan ver la inestabilidad del momento al interior del Gobierno.

Sin contar el nombramiento de tres nuevos ministros (Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores) y la designación de un nuevo Comisionado de Paz.

Y un Iván Duque con un 18% de popularidad, el nivel más bajo de favorabilidad de un Gobierno en la historia de Colombia. Esto según la encuestadora colombiana Invamer.

El mismo gobierno que con su vicepresidenta y canciller designada, viajó a Washington para buscar el apoyo estadounidenses y de organismos internacionales que sustentaran que no se están violando derechos humanos en Colombia.

A pesar de que la misma Marta Lucía Ramírez asegurará que solo hasta el 28 de junio la CICR estaría autorizada para verificar la situación en ese sentido en el país.

Y dio parcialmente resultado con las declaraciones de Jean Psaki, portavoz de la Casa Blanca en el sentido de que celebraba el anuncio del Gobierno colombiano de investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

«El gobierno colombiano ha activado una unidad especial de búsqueda urgente para investigar las denuncias de personas desaparecidas, con 35 equipos de búsqueda desplegados por todo el país para darle seguimiento a las denuncias», celebró la funcionaria estadounidense.

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«Los únicos países que no permiten la entrada de los funcionarios del CIDH son los países donde evidentemente se están violando los derechos humanos y no quieren que esto se haga público ante la comunidad internacional», asegura el analista político colombiano, Nestor Rosanía.

Quien también ha cuestionado que la negativa de la vista de la CIDH deslegitima al Iván Duque frente a Nicolás Maduro.

«Porque está haciendo exactamente lo mismo que él, negando que se violan los derechos humanos. Con más de 50 muertos y más de 100 desaparecidos evidentemente Colombia es uno de los países que está en riesgo frente a la comunidad internacional por ser uno de los países que más viola los derechos humanos», puntualiza Rosania.

Una CIDH que además cuestionó duramente al Gobierno Duque al condenarlo por el número de fallecidos y heridos.

Que reitero el deber del Estado de honrar sus obligaciones y le pidió a Colombia que vale la vista de sus funcionarios a Colombia de manera urgente.

«CIDH condena la violencia en Colombia por protestas y reitera la importancia de respetar el carácter excepcional del uso de la fuerza bajo los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad», aseguró el organismo.

En ese sentido, urgió al Estado a «respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia».

Así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Por su parte el propio Iván Duque le salió al paso a esta polémica al asegurar que Colombia es una democracia donde la información es transparente y abierta.

«No hay nada de ocultar, somos una democracia, un país que se basa en sus instituciones”, dijo.

Ha sido un mes de imágenes de policías reprimiendo las manifestaciones por parte de colombianos que piden justicia social, un sistema económico que disminuya la pobreza, y gritan por sus derechos y en contra las autoridades que les están reprimiendo.

Sin olvidar que evidentemente el vandalismo se ha camuflado en marchas de origen pacifista.

Por eso en los últimos días se ha visto la quema del palacio de Justicia en Tulúa, el incendio de la alcaldía y el concejo municipal en Jamundí y guerra campal en Buenaventura.

Todas estas, ciudades del Valle del Cauca, departamento que sigue siendo el epicentro de la protesta.

Además de la asonada contra la URI en Popayán y un movimiento en «resistencia» que con barricadas y piedras se defiende durante las últimas noches en el sur de Bogotá (Usme, Portal Américas).

Manifestaciones que en el día son pacíficas, de índole cultural, coloridas, animadas, estivas y en la noche se tornan violentas, aterradoras, dolorosas.

Pero allí no para todo, los bloqueos en vías además de generar desabastecimiento de insumos básicos provocó la muerte una bebé que era trasladada de Buenaventura a Cali y cuya ambulancia donde se transportaba fue agredida.

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Un suceso que forma parte de los 126 ataques a misiones médicas durante lo que lleva el Paro Nacional.

Una ola de caos que invade el Colombia y se hace insostenible en las principales ciudades con la violación de derechos humanos, desapariciones forzosas y heridos que se cuentan por miles.

Dolor, indignación, impotencia, son solo algunos de los sentimientos que genera la población colombiana y perciben los organismos internacionales de derechos humanos.

Que cuestionan declaraciones como está del ministro Molano que, para ellos, legítima la violencia por parte del Estado y sus instituciones:

«La policía cumple porque tiene el propósito de apegarse a lo que han señalado los respectivos decretos y tenemos una política de derechos humanos que ha adherido siempre, desarrollado y que aplica para toda la fuerza pública», manifestó en medio del debate de moción censura en su contra Diego Molano.

A la par el Gobierno de Colombia ha salido a decir que Venezuela financia el Paro Colombiano y que Rusia junto al país suramericano estarían detrás del ataque cibernético de varias páginas de instituciones del Estado.

Al respecto la embajada de Moscú en Bogotá emitió un comunicado donde rechaza las declaraciones del ministro Molano.

“Tales acusaciones contra nuestro país, que consideramos totalmente infundadas y no respaldadas por pruebas concretas, no contribuyen de ninguna manera al desarrollo de relaciones tradicionalmente amistosas entre Rusia y Colombia”, se lee.

Algo que para los analistas trata de «desviar la atención frente a la represión».

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«Es una situación dramática, que no habíamos visto antes con esta magnitud en Colombia durante los 30 años que tienen la constitución nacional», asegura Franklin Castañeda.

Y que equiere la mayor observación internacional «en la medida de que en Colombia no solo tenemos autoridades que violan los derechos humanos, tenemos autoridades silenciadas y coptadas absolutamente por el ejecutivo», asegura el investigador.

Una violencia en Colombia que previo al Paro Nacional dejaba 23 masacres a líderes campesinos y 15 muertes de excombatientes de las Farc que se habían desmovilizado.

«Tiene carácter sistemático de violencia institucional e institucionalizada», confirma Matias Caciabue del Centro latinoamericano de análisis estratégico.

«La respuesta que da el Estado es que esto es el ELN, las disidencias de las Farc, el Narcotráfico y Gustavo Petro – opositor a Duque-, aliados para vencer a la institucionalidad colombiana», asegura Castañeda.

Las protestas en Colombia siguen siendo protagonizadas por jóvenes pacifistas que no quieren perderse en la represión y la muerte.

Quienes buscan ahora una oportunidad histórica para refundar el país que le ha bloqueado su particpación en el ambito económico, social, político y hasta cultural con decisiones de Estado.

Es una juventud organizada en sindicatos, en grupos barriales, y hasta en lo virtual, con un pensamiento crítico, que pide el cese de la violencia institucional y busca que la esperanza sea mayor que el miedo.

Han pasado 30 días de desangre en Colombia; mientras el diálogo avanza lento y en controversia entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional.

Lo último fue el condicionamiento del Gobierno a la negociación si hay el desbloqueo de vías. Esto atendiendo la orden del propio Iván Duque de desplegar la «máxima capacidad operacional» para despejar las carreteras.

Son 30 días donde el paro continúa, porque la gente está cansada de la injusticia social, porque quieren un país diferente, un cambio, otra Colombia.

Este miércoles, la Organización No Gubernamental Temblores actualizó el informe sobre las violentas protestas que se desarrollan en Colombia desde hace ocho días.

Contabilizan hasta el momento, 37 víctimas mortales, mientras que los casos por disparos con arma de fuego ascienden a 110.

“Será la fiscalía la que determine quién provocó esas muertes”, dijo vocero de la Policía.

Temblores ONG sigue registrando posibles casos de abuso policial durante el Paro Nacional convocado inicialmente contra la reforma tributaria del gobierno Duque.

Pero escalaron en ocho días de violentos enfrentamientos en las principales ciudades del país.

De acuerdo con la última actualización, las víctimas de “violencia homicida” ya serían 37 desde el 28 de abril.

“Lamentablemente, tenemos que informar que nuestra plataforma GRITA registra que, entre las 6:00 AM del 28 de abril y las 12:00 PM del 5 de mayo de 2021, ocurrieron, al menos, 1.708 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública”, informó Temblores ONG.

La última vez que Temblores entregó un balance de la grave situación en Colombia, informó sobre 1.443 casos de violencia policial.

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Significa un crecimiento de 265 denuncias en solo 24 horas.

En el nuevo reporte, Temblores ONG entrega a la opinión pública un balance de 222 víctimas de violencia física, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas.

También 22 víctimas de agresiones oculares, 110 casos de disparos con arma de fuego y diez denuncias por violencia sexual.

La organización aseguró que seguirá con su trabajo de registro y atención a las denuncias por violencia policial.

Además, llamó la atención por el incremento en el uso de recalzadas -bolsas con elementos metálicos en su interior.

También alertaron sobre cortes simultáneos de la energía durante la noche -especialmente en Cali-.

Así como la suspensión del servicio de internet en zonas donde se estaba documentando la reacción de la fuerza pública.

Por su parte, la Campaña Defender la Libertad: asunto de todos/as, en su ejercicio propio de monitoreo, registró un total de 326 agresiones a la protesta en los últimos siete días.

La organización tiene en sus cuentas 2854 detenciones, 1177 denuncias por manifestantes heridos.

27 lesiones oculares y el dato de 72 muertes durante el Paro Nacional, de las cuales 37 habrían sido cometidas por miembros de la Fuerza pública.

Entre tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó su primer informe sobre “homicidios” en el marco de las protestas.

El resultado coincide con el de Temblores ONG hace un par de días: 31 muertes.

El departamento más golpeado es Valle del Cauca, 25 de esos decesos se registraron allí.

Indepaz asegura que el Esmad podría haber causado la muerte de 13 personas y policías regulares a otras cuatro.

Uno de los homicidios que, presuntamente, causado por agentes de la Policía, según Indepaz y testimonios ciudadano.

Es el del joven de 19 años Santiago Andrés Murillo, a quien le dispararon en el tórax el pasado 1° de mayo en Ibagué.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, entregó las menores cifras en cuanto a muertes en el Paro Nacional.

Según la entidad, solo se tiene reporte de 24 “fallecimientos” y uno de ellos corresponde al capitán Jesús Alberto Solano.

Murió el pasado 30 de abril tras recibir puñaladas en su espalda, cuando intentó frustrar un atraco en un local comercial de San Mateo (Soacha).

 Por otro lado, la Defensoría indicó a la Policía como posible autor de 11 muertes.

El general Jorge Ramírez, inspector de la Policía Nacional, exigió este 5 de mayo que se respete el debido proceso:

“Los 11 casos a los que hace referencia la Defensoría obedecen a que en esos lugares donde fueron reportados los fallecimientos había una intervención de la Policía”, explicó.

Sin embargo, argumentó que esto no quiere decir que la policía sea responsable de esas muertes.

Será la Fiscalía la que determine quién provocó esas muertes.

“Como lo hemos dicho, la Fiscalía tiene siete procesos priorizados por homicidios y la Procuraduría asumió ocho casos de las 33 investigaciones abiertas”.