Una corte federal de apelaciones confirmó este viernes que el gobierno de Donald Trump puede poner fin al parole humanitario para unos 430.000 inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La Corte Suprema ya le permitió en mayo revocar este programa de protección humanitaria de manera temporal, mientras el caso continuaba en instancias inferiores y regresaba a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito que, este viernes, falló también por permitir ponerle fin mientras se desarrolla la demanda.

El gobierno de Trump había argumentado que el tribunal de apelaciones debería seguir el criterio de la Corte Suprema y revertir el fallo emitido en abril por un tribunal de distrito, que le ordenaba suspender la finalización del parole.

"Reconocemos los riesgos de daño irreparable expuestos de manera persuasiva en la orden del tribunal de distrito: que los beneficiarios de los programas de parole humanitario que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligados a elegir entre irse en menos de un mes —una elección que potencialmente incluye ser separados de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a peligros en sus países de origen", escribieron este viernes los jueces de la corte.

"Pero, en ausencia de una sólida demostración de probabilidad de éxito en el fondo del asunto, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión", agregaron para sustentar su decisión.

Un triunfo para Trump

Aunque el fallo de este viernes no cambia nada en la práctica —ya que el dictamen de la Corte Suprema en mayo ya había dejado expuestos a la deportación a los beneficiarios del programa— sí supone una victoria para el gobierno federal, al confirmarse en instancias legales ordinarias una decisión temporal tomada por el alto tribunal tras una apelación de emergencia de la Casa Blanca.

La decisión de la corte de apelaciones es el último giro en una batalla legal sobre las políticas de la era del expresidente Joe Biden, que crearon nuevas vías y ampliaron otras para que las personas vivan en EE. UU., generalmente por dos años, con permisos de trabajo.

En marzo, el gobierno de Trump anunció que pondría fin a las protecciones de los paroles humanitarios.

Reacciones

Esther Sung, directora legal del Justice Action Center, coabogada en este caso, dijo que el fallo de este viernes "perjudica a todos".

"Las personas que vinieron aquí desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela hicieron todo lo que el gobierno les pidió. Pero la administración Trump, cruel e irracionalmente, no cumplió con la parte que le correspondía al gobierno", señaló.

"Aunque estamos profundamente decepcionados por esta decisión, continuaremos defendiendo con fervor a nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva mientras continúa el litigio".

Mientras que el Departamento de Justicia, por su parte, alegó que las protecciones para las personas que huyen de riesgos en sus países de origen siempre estuvieron diseñadas para ser temporales, y que el Departamento de Seguridad Nacional tiene el poder de revocarlas sin interferencia judicial.

Los demandantes, incluidas personas que se beneficiaron de estas protecciones legales, instaron a la corte de apelaciones a respaldar el fallo del tribunal de distrito, que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no podía poner fin categóricamente a las protecciones para estos grupos, sino que debía evaluar cada caso de manera individual.

El procurador general D. John Sauer respondió que poner fin a los programas de parole humanitario caso por caso sería una "tarea gigantesca" que ralentizaría las labores del gobierno para expulsar a migrantes.

Los demandantes también citaron la conclusión del tribunal de distrito de que Noem pasó por alto las preocupaciones humanitarias que llevaron a las protecciones legales en primer lugar.

"El tribunal de distrito aplicó la ley correctamente y no abusó de su poder discrecional cuando concluyó que las acciones de la secretaria Noem infligieron un daño irreparable a los miembros de la demanda colectiva (entre otros) y que el interés público y el equilibrio de las equidades se inclinan claramente a favor de un alivio preliminar", escribieron los abogados de los demandantes.

Trump prometió durante su campaña electoral deportar a millones de personas si regresaba a la presidencia. Desde que asumió el cargo, ha buscado desmantelar las políticas del gobierno de Biden que ampliaron las vías para que los migrantes vivan legalmente en el país.

La decisión del gobierno de Trump fue la primera revocación masiva del parole humanitario, dijeron los abogados de los migrantes en documentos judiciales, calificándola como "el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de EE. UU.".

Con información de Univisión y AP

La Asociación Venezolana de Massachusetts (VAM, por sus siglas en inglés) y tres individuos de Venezuela, Cuba y Haití presentaron  una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por la eliminación del parole humanitario.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts por Democracy Forward y el Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts, "desafía la terminación repentina e ilegal del estatus otorgado a través de un parole por parte de la administración Trump-Vance, que les permitía vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos", según los demandantes.

A partir de 2023, los no ciudadanos que buscaban asilo u otro alivio migratorio en los Estados Unidos debían usar la aplicación móvil CBP One para programar citas en los puertos de entrada. 

Después de la inspección por parte de los funcionarios de inmigración, a algunos se les otorgó un parole humanitario, que es un permiso temporal para vivir legalmente en los Estados Unidos.

Recuerdan los demandantes que, en abril de 2025, a través de un correo electrónico masivo que decía: "Es hora de que abandone los Estados Unidos", el DHS notificó a cientos de miles de no ciudadanos que su estatus de beneficiario del parole había terminado y, como resultado, también se revocaron sus autorizaciones de trabajo y su elegibilidad para ciertos beneficios.

El correo electrónico, enviado a los no ciudadanos con derecho a permanecer legalmente en los EE. UU. y, en algunos casos, a los ciudadanos estadounidenses que los representaban, amenazó con sanciones para alentar la autodeportación, señala una nota de prensa del Democracy Forward.

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Viola leyes federales

Los demandantes dicen que esta política de la administración Trump viola la ley federal, que requiere una determinación caso por caso de que el propósito del parole se cumplió antes de que pueda terminarse, “ignora los derechos legales de los no ciudadanos y perturba sus vidas, costándoles trabajos, hogares, acceso a la atención médica y poniéndolos en riesgo de deportación”, señala la nota de prensa.

"Como organización comunitaria, hemos visto de primera mano el daño directo que esta política repentina inflige a las personas que llegaron legalmente, cumplieron con todos los requisitos del DHS, incluido el proceso CBP One, y trabajaron arduamente para construir vidas estables para sus familias.

 Despojarlos del parole y la autorización de trabajo sin ninguna revisión individualizada no solo es ilegal, sino que desestabiliza a las familias, debilita a nuestras comunidades y socava la confianza que los inmigrantes depositan en el sistema legal”, dijo la Asociación Venezolana de Massachusetts.

 “Nuestro compromiso es apoyarlos y luchar para garantizar que se protejan sus derechos. En VAM, creemos que proteger a los migrantes es proteger el futuro de nuestra comunidad", agregaron Carlina Velázquez y Carlos Martín Medina, de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Massachusetts.

"Este repentino cambio de política es el último en el asalto de la administración Trump-Vance contra los inmigrantes que han seguido las reglas. Permítanme ser claro: nada de esto se trata de inmigración, se trata de crueldad y ataques a personas en circunstancias vulnerables", dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.

“Nuestros clientes usaron la aplicación CBP One porque el DHS la requería. Despojarlos ahora de sus derechos y amenazarlos con la deportación es una grave violación de la ley y la confianza pública. Nos sentimos honrados de representar a estas personas y luchar por la rendición de cuentas y la justicia. Continuaremos yendo a los tribunales y utilizando todas las herramientas legales disponibles para responsabilizar a esta administración".

"Cuando el gobierno le quita a una persona el estatus y el permiso de trabajo, empuja a familias enteras a la pobreza, desestabiliza comunidades y obliga a las personas a elegir entre la supervivencia básica y el cumplimiento de una política injusta", dijo Georgia Katsoulomitis, directora ejecutiva del Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts.

Los demandantes piden al tribunal que revoque la terminación del parole y la autorización de trabajo, restaure a los beneficiarios su capacidad de quedarse, trabajar y solicitar asilo u otro alivio migratorio, y evite que el DHS lleve a cabo futuras revocaciones arbitrarias masivas del estado de libertad condicional.

Con información de Telemundo

Varias asociaciones de migrantes alertaron este lunes de los peligros de la retirada del ‘parole’ en Estados Unidos, un permiso temporal humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que beneficia a más de medio millón de personas, y que además de separar familias, debilitará la economía estadounidense.

«La sociedad en general pagará por esto con las interrupciones laborales, con el impacto en la economía de Florida y la economía de otros estados», dijo en una conferencia de prensa en Miami el director de acción política del Movimiento de Red de Acción Familiar (FANM, en inglés), Paul Christian Namphy.

Namphy lamentó así el fallo del pasado viernes del Tribunal Supremo estadounidense, que permitió la retirada de este programa migratorio que otorgaba permiso de residencia legal a más de 530.000 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, en Estados Unidos.

«Lo consideramos una decisión cruel porque impactará vidas, trastornará familias y causará estragos en cientos de miles de personas y sus familias», agregó.

En la rueda de prensa convergieron varias asociaciones de migrantes, incluido el Caucus Venezolano Americano, la Coalición de Inmigrantes de Florida, el Comité de Servicio de los Amigos Americanos y el Proyecto Libertad de Miami, además de líderes religiosos o comunitarios, que trataron de poner voz a la situación de los afectados.

El ‘parole’ humanitario fue creado bajo el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), y permitía a los nacionales de ciertos países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, siempre y cuando gozaran del patrocinio de un residente legal en Estados Unidos.

Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 110.000 personas de Cuba, 210.000 de Haití, 93.000 de Nicaragua y 117.000 de Venezuela accedieron a EE.UU. bajo este programa.

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Muchos de los beneficiarios habían huido de la violencia en sus países de origen, por lo que la suspensión del programa migratorio les fuerza a regresar o a quedarse en Estados Unidos al acecho de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para su deportación.

Pese a que el fallo del Supremo limitará de sobremanera el margen de actuación de las asociaciones y de los migrantes, por la vía legal, para sortear la medida, Namphy aseguró a EFE que uno de sus objetivos a partir de ahora será sensibilizar a los estadounidenses.

Con información de EFE

Una jueza federal dictaminó este lunes que la administración de Donald Trump no podía terminar categóricamente a finales de este mes con las protecciones existentes contra la deportación para inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, bajo un programa de ayuda humanitaria.

Este es el último revés legal en los esfuerzos del presidente Trump por implementar rápidamente cambios radicales en el sistema de inmigración, reseña CNN.

La jueza federal de distrito, Indira Talwani, declaró que el Gobierno no actuó dentro de los límites regulatorios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al intentar acortar drásticamente el plazo de dos años para la finalización del programa.

“Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un período específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”, escribió Talwani, designada por el presidente Barack Obama.

“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”, agregó.

Talwani anuló la decisión de Trump de cancelar el 24 de abril los beneficios migratorios otorgados por razones humanitarias a esos migrantes, bajo el programa del Gobierno de Biden conocido como permiso de permanencia temporal o CHNV (por las siglas de los países).

Dichas protecciones generalmente deben mantenerse hasta su vencimiento natural, dijo Talwani, vencimiento que se puso en marcha con la decisión de octubre de 2024 del Gobierno de Biden de que el gobierno federal ya no volvería a otorgar el parole humanitario a los migrantes bajo ese programa una vez que venciera el plazo de dos años de los beneficios, que incluye la autorización de trabajo.

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La jueza especificó que su orden se aplica a cualquier intento de finalizar anticipadamente las protecciones de forma masiva y sin una revisión caso por caso.

La demanda fue presentada por inmigrantes con libertad condicional y sus patrocinadores en Estados Unidos, quienes argumentaron que la suspensión abrupta del programa causaría graves daños a miles de personas en libertad condicional.

El gobierno defendió la pausa como un uso temporal y legal de la autoridad ejecutiva para una mayor verificación de seguridad e insistió en que el parole humanitario es una medida discrecional.

“En nombre de todos aquellos que llegaron a Estados Unidos a través del programa CHNV, hicieron todo lo que el gobierno les pidió y han estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo les fueran retirados el 24 de abril, nos sentimos aliviados por la decisión del tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su probabilidad de ganar este caso”, declaró Anwen Hughes, abogada del demandante y directora sénior de estrategia legal para los programas de refugiados de Human Rights First.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), bajo directrices del Gobierno de Donald Trump, comenzó a notificar a los beneficiarios del parole humanitario que sus permisos comenzarán a revocarse desde el 24 de abril, por lo que desde esa fecha quedan sujetos a la deportación.

Según una notificación difundida por distintos periodistas, el DHS informó a miles de inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Les advierten que deben «autodeportarse» o se enfrentarán a una posible detención y expulsión.

«Debes abandonar Estados Unidos ahora», dice el mensaje enviado a beneficiarios. «Pero no más tarde de la fecha de terminación de tu parole», agrega.

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Según el Migration Policy Institute, solo el 15% podría ajustar su estatus mediante leyes como la Cuban Adjustment Act o el TPS (Estatus de Protección Temporal), que para venezolanos expira en marzo de 2025. Doris Meissner, directora del MPI, advierte: “300,000 personas perderán protección, y sin ella, serán deportables”.

En este episodio del Venezuela en Profundidad, la periodista Génesis Pérez aborda la reciente decisión de Estados Unidos de no prolongar la estancia de migrantes que llegaron al país a través del programa de parole humanitario.

El análisis del tema se realiza con los aportes del abogado de inmigración, Héctor Benítez en una revisión de las implicaciones de esta medida para las comunidades migrantes.

También se hace un repaso de los desafíos que enfrentan los migrantes al buscar nuevas alternativas de permanencia y cómo esta política se enmarca dentro del contexto migratorio actual en EE.UU.

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Más de 100 migrantes de Honduras, Guatemala, Haití y otros países comenzaron este lunes sus trámites de “CBP One” para obtener una cita con autoridades estadounidenses desde la frontera sur de México, desde donde esperan que el Gobierno mexicano los traslade, como prometió el fin de semana.

Los migrantes se formaron desde las 3.00 de la madrugada con sus citas confirmadas en mano después de un comunicado del Gobierno de México que informó el sábado de “la puesta en marcha de un Corredor emergente de movilidad segura”, para trasladar a quienes ya tengan una fecha agendada para solicitar asilo en Estados Unidos, informó la agencia Efe.

Entre ellos estaba el guatemalteco Melvin Manuel, quien ingresó el 10 de agosto a Tapachula y consiguió su cita en cuatro días, lo que calificó como una “bendición de Dios”, porque ha socializado con personas que llevan seis meses de gestión.

“Ahorita lo que nosotros tenemos, el plan, si Dios nos lo permite, es llegar a nuestro destino, al Puerto de San Ysidro (en Tijuana), pues estamos haciendo fila para poder viajar en avión y migración nos otorgue un permiso para poder volar en avión, no se sabe si es avión o vía terrestre”, contó a EFE.

La medida se anuncia después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) expuso que los migrantes pueden gestionar desde el 23 de agosto su cita para solicitar asilo aunque estén en Chiapas y Tabasco, estados de la frontera sur de México.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México prometió el sábado que daría un permiso temporal de 20 días a migrantes con cita, por lo que atendió este lunes en su oficina de regularización de Tapachula a los extranjeros.

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En ese grupo está el salvadoreño Baltazar Molina Álvarez, quien se inscribió con un grupo de 10 personas con el plan de transitar por México y llegar a su punto de entrada en la frontera norte.

“Vamos a pasar para que nos validen, a ver qué nos dicen o qué información nos dan aquí, no sé si nos van a dar un permiso o nos van a sellar el pasaporte”, explicó a EFE el hombre, quien tardó cinco días en hallar cita.

Pese a las medidas, persiste la incertidumbre de algunos migrantes que ya tienen su cita confirmada, porque no saben si podrán llegar a tiempo ante la falta de recursos y la tardanza de los trámites.

La nueva regla, a cerca de dos meses de que sean las elecciones presidenciales en Estados Unidos, busca que los migrantes no saturen la frontera común con México, donde la detención diaria de indocumentados ha caído un 77 % desde diciembre, según datos de la Cancillería mexicana.

El Gobierno de EE.UU. reanudó este jueves la adjudicación de permisos humanitarios para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que permiten a las personas de estos países viajar y entrar de manera legal al país, y que había sido suspendido a comienzos de mes para investigar posibles fraudes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) confirmó a EFE que después de una pausa de casi cuatro semanas reinició el programa, que concede la entrada mensual de hasta 30.000 personas de estos cuatro países a EE.UU. y les permite obtener un permiso de trabajo por un periodo de dos años.

En una declaración escrita, el DHS explicó que se ha mejorado el proceso de selección, en especial el de los patrocinadores de las personas que realizan la solicitud bajo una figura conocida como “parole”.

“El DHS ha incorporado una investigación adicional de los patrocinadores radicados en EE.UU. para fortalecer la integridad de los procesos”, resaltó la agencia.

El programa, que comenzó a finales de 2022 solo para ciudadanos venezolanos y luego se amplió para incluir a las otras tres nacionalidades ha permitido la entrada de casi medio millón de migrantes a EE.UU., según datos del DHS.

El pasado 2 de agosto, el DHS puso en pausa la adjudicación de autorizaciones de viaje “mientras hacía una revisión de las solicitudes de patrocinadores”.

Para pedir el permiso, los migrantes necesitan tener un patrocinador en EE.UU. que tenga ya un estatus legal y demuestre tener suficientes ingresos para apoyar financieramente al beneficiario del programa.

Las medidas de investigación mejoradas anunciadas este jueves incluyen, entre otras, un mayor escrutinio de los registros financieros y antecedentes penales de los patrocinadores y métodos para identificar la presentación de múltiples solicitudes de un solo patrocinador.

Como parte del nuevo proceso, la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y el Centro Nacional de Identificación de Objetivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. se han asociado para implementar protocolos de investigación nuevos y mejorados, ahondó el DHS.

La agencia federal también requerirá ahora las huellas dactilares de los patrocinadores y reforzó la investigación de antecedentes de los posibles beneficiarios del programa.

El programa, que ha sido blanco de críticas y de acciones legales por parte de la oposición conservadora, es una de las iniciativas del Gobierno de Joe Biden para frenar la migración en la frontera sur.

La medida, sumada a las restricciones al asilo que el Gobierno ha ido implementando en los últimos dos años, ha contribuido a reducir la cantidad de personas de estos cuatro países que son arrestadas en la frontera con México.

La disminución ha sido especialmente notoria en las detenciones de las personas de Haití, Cuba y Nicaragua, de acuerdo con datos de CBP. 

Con información de EFE

Programa Parole Humanitario, que surgió en octubre de 2022, alcanzó unos 269.744 beneficiarios para vivir y trabajar legalmente en EEUU.

Este programa, que inició primero solo para venezolanos, con el objetivo de controlar la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, fue ampliado en enero de este año 2023 a ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití como una vía «segura y legal» de llegar a ese país.

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Los haitianos son la nacionalidad con mayor número de beneficiados del programa, con 99.110 personas. El resto corresponde a 55,568 cubanos, 43,267 nicaragüenses y 71,801 venezolanos, según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. hasta el mes de octubre.

#26Dic ¡MÁS DE 200 MIL BENEFICIADOS! ??Programa Parole Humanitario que surgió en octubre de 2022, alcanzó unos 269.744 beneficiarios para vivir y trabajar legalmente en EE.UU.Los haitianos son la nacionalidad con mayor número de beneficiados del programa, con 99.110 personas.… pic.twitter.com/7U5IJuu9DO

Con información Silvimar Campos

La directora de Venezuelan American Caicus, Adelys Ferro enfatiza que “la inmigración no es un problema partidista es un problema social, humano, económico o político”, pero que se ha usado en el terreno electoral de EE.UU..

Ferro hace el planteamiento en respuesta a las demandas legales en contra del parole humanitario, que según los datos preliminares que maneja han aprobado 20 mil para venezolanos y han llegado a EE.UU. al menos 10 mil.

Recomendó a las personas que ya tienen el parole aprobado viajar cuanto antes y  a los que están en proceso que no se detengan.

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“Lamentablemente, la polarización que los venezolanos conocemos está presente y se ha afianzado en los Estados Unidos en los últimos cinco o seis años.  Esto ha hecho siempre que cuando nos acercamos a un periodo, que aquí es cada dos años, se toman decisiones con vista de enamorar o a complacer a la base radical, extremista, racista y xenófoba que tiene una parte del partido Republicano”, explica.

Ferro detalla que esta es la razón por la cual 20 estados con gobiernos Republicanos demandaron a la administración de Joe Biden para impedir el parole para Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, países hispanos. No así para Ucrania ni Afganistán.

A juicio de Ferro se está usando el tema migratorio venezolano en el terreno político para capitalizar votos.

De acuerdo a las estadísticas que maneja de Venezuelan American Caicus “las personas que migran bajo el Parole representan cero gastos para el gobierno de los Estados Unidos” por el contrario, son personas que se insertan de manera prácticamente inmediata en el mercado laboral.

“No hay manera de parar una migración cuando las condiciones del país no han cambiado”, dijo al ser consultado sobre el panorama migratorio venezolano.

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