El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de EE. UU., informó que notificará a cientos de miles de inmigrantes que su permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos ha sido revocado y que deben abandonar el país.

Según la cadena CNN, el aviso de cancelación estará dirigido a los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron a Estados Unidos a través del ‘parole’ humanitario del Gobierno de Joe Biden.

La medida es de efecto inmediato. Las notificaciones están llegando e instan a los migrantes a abandonar el país.

Más de medio millón de personas de esos cuatro países se beneficiaron del programa, aunque se desconoce cuántas han solicitado otras formas de asistencia migratoria desde entonces mientras se encuentran en Estados Unidos.

El aviso, según el DHS, se envía a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por los participantes del programa.

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“Este aviso le informa que su ‘parole’ ha sido cancelado”, dice el aviso. “Si no se va, podría estar sujeto a medidas coercitivas, incluyendo, entre otras, la detención y la expulsión, sin la oportunidad de hacer trámites personales y regresar a su país de manera ordenada”.

El aviso también indica que los permisos de trabajo vinculados al programa serán revocados y ordena a las personas beneficiadas con el ‘parole’ que los devuelvan al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La medida es el último paso en el enérgico y amplio esfuerzo de la administración de Trump para alentar o forzar la salida de millones de inmigrantes del país, ya sea que se encuentren legal o ilegalmente en el país.

La administración de Biden anunció en 2023 que otorgaría un ‘parole’ humanitario a inmigrantes calificados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se sometieran a la revisión de las autoridades en lugar de intentar ingresar al país ilegalmente. Los solicitantes debían tener un patrocinador estadounidense y superar una verificación de seguridad.

El programa se convirtió en un punto de conflicto político, debido a que los republicanos argumentaron que la administración abusó de la autoridad de la libertad condicional y se extralimitó al establecer el programa para esos países.

En ese momento, los funcionarios de Biden atribuyeron al programa la reducción de los cruces fronterizos al proporcionar, en cambio, una vía para que los inmigrantes solicitaran la migración legal a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump firmó un decreto en su primer día de mandato que buscaba poner fin unilateralmente al programa. Esa medida generó impugnaciones legales que finalmente llegaron a la Corte Suprema, lo que permitió a Trump retirar las protecciones a los beneficiarios del programa de libertad condicional.

“Finalizar los programas de ‘parole’ humanitario, así como los permisos de quienes se aprovecharon de ellos, será un regreso necesario a políticas sensatas, un retorno a la seguridad pública y un retorno al principio de Estados Unidos Primero”, dijo a CNN la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Si bien la decisión de emergencia de la Corte Suprema no es definitiva (el caso legal subyacente continuará en tribunales inferiores), la orden permitió al Gobierno acelerar las deportaciones de aproximadamente 530.000 inmigrantes que anteriormente se habían beneficiado del programa.

El gobierno de Trump dijo ante la Corte Suprema que su decisión de cancelar la libertad condicional a los inmigrantes en cuestión fue una de las decisiones de política migratoria más trascendentales que ha tomado.

Según el gobierno, las órdenes de tribunales inferiores que bloquearon temporalmente su política trastocaron “políticas migratorias cruciales, cuidadosamente diseñadas para disuadir la entrada ilegal, lo que invalidó prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y desmanteló políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un papel importante en las elecciones de noviembre”.

Con información de CNN

El reciente cumplimiento de una orden judicial por parte del gobierno de Donald Trump ha marcado un importante giro en las políticas migratorias de Estados Unidos, pues la administración ha anunciado la reanudación de las solicitudes de parole humanitario, un proceso que había sido suspendido anteriormente.

Esta decisión beneficia directamente a miles de inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que buscan residir en el país norteamericano bajo condiciones más estables.

El anuncio proviene de una declaración firmada por Kika Scott, actual subdirectora en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

En esta declaración, se confirma que las solicitudes para el parole humanitario han sido reactivadas, en cumplimiento de una orden judicial del pasado 28 de mayo en el caso Svitlana Doe vs. Kristi Noem.

Este caso, llevado a cabo por un juez de Massachusetts, otorgó un alivio preliminar ante la congelación de las solicitudes impuesta por el gobierno federal en enero.

El efecto de esta reactivación es palpable entre miles de migrantes, quienes, tras haber cumplido un año y un día bajo parole en territorio estadounidense, pueden aplicar a la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Además, se espera que otros programas como Uniting for Ukraine y Military Parole in Place (MPIP) también se vean beneficiados por esta reestructuración.

No obstante, algunas solicitudes iniciales aún permanecen en pausa.

Entre estas, se encuentran las peticiones para ser patrocinador, así como ciertas solicitudes relacionadas con el parole para menores centroamericanos y emprendedores internacionales.

Para muchos inmigrantes, esta decisión representa «un verdadero respiro» en medio de los desafíos que enfrentan al intentar regularizar su situación en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades recomiendan a los solicitantes de parole que se asesoren con abogados de inmigración especializados para evaluar cada caso de manera particular y asegurar que se cumplen todos los requisitos necesarios.

Con información de agencias

La cadena de tiendas Walmart Inc. en EE.UU. informó a sus tiendas de todo el país que comiencen a identificar a las personas cuya autorización de trabajo podría estar a punto de expirar, después de que la Corte Suprema dictaminara que la administración Trump podría revocar las protecciones para cientos de miles de migrantes.

La compañía también está despidiendo a algunos trabajadores en Florida y Texas que están perdiendo su residencia legal temporal en EE. UU. tras el fallo, informó la agencia Bloomberg.

Tras la decisión de la Corte Suprema, los documentos de autorización de empleo emitidos a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con una anotación que identifica su estado de libertad condicional ya no son válidos para la autorización de trabajo, según un documento al que tuvo acceso Bloomberg News.

Por lo tanto, la autorización de empleo para ciertos empleados está expirando antes de lo que indica el sistema interno de la compañía, según el documento.

Los empleados deben volver a verificar sus documentos de autorización este mes.

El minorista más grande del mundo ha informado a los empleados de al menos dos tiendas en Florida que perderán sus empleos si no obtienen nuevas autorizaciones de trabajo, según informaron personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas a hablar al respecto.

Se desconoce el número exacto de recortes de empleo.

Los despidos están relacionados con los formularios I-9 que los empleadores estadounidenses utilizan para verificar la identidad y la autorización de empleo del personal, según las fuentes.

Walmart se encuentra entre las empresas estadounidenses que responden a los recientes fallos de la Corte Suprema que se espera afecten a cientos de miles de migrantes. El tribunal permitió al gobierno poner fin a las protecciones legales de hasta medio millón de personas de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, a quienes se les permitió ingresar legalmente al país durante el gobierno de Biden.

Esta decisión siguió a un fallo anterior del Tribunal Supremo que allanó el camino para que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones contra la deportación de aproximadamente 350,000 venezolanos a quienes se les permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

El gobierno de Trump aún no ha aclarado cómo planea abordar el caso de quienes están a punto de perder su permiso para residir en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades migratorias han advertido que cualquier persona que se encuentre en el país sin permiso podría ser arrestada y deportada.

El gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para animar a los migrantes a salir por su cuenta, ofreciendo asistencia para viajes y un estipendio de hasta 1000 dólares.

En las últimas semanas, Walt Disney Co. notificó a los empleados con sede en Florida que están perdiendo su residencia legal temporal en Estados Unidos que sus empleos serían despedidos.

“Disney marca la pauta; otras empresas de nuestra economía se fijan en ellos”, declaró la representante estatal de Florida, Anna Eskamani, demócrata que se postula a la alcaldía de Orlando. En Florida Central viven miles de venezolanos, muchos de los cuales apoyaron a Donald Trump en las elecciones presidenciales del año pasado.

“No tenemos suficientes trabajadores, así que esta es una situación grave que está empeorando”, declaró Eskamani a Bloomberg.

Walmart, el minorista más grande del mundo, cuenta con aproximadamente, 4600 tiendas en Estados Unidos, cada una de las cuales suele emplear a unos pocos cientos de empleados. La mayoría de sus 1,6 millones de trabajadores estadounidenses son empleados de tienda por hora.

La Corte Suprema permitió este viernes al Gobierno de Donald Trump suspender un programa de ‘parole’ (permiso de permanencia temporal) de la era Biden que permitía a medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.

Es la segunda vez este mes que el alto tribunal se pone del Trump en sus intentos por revocar el estatus legal temporal de los inmigrantes.

Antes de la decisión de este viernes, la Corte Suprema despejó el camino para que el Gobierno revoque otro programa temporal que proporcionaba permisos de trabajo a cientos de miles de venezolanos.

Aunque la decisión de la Corte Suprema no es definitiva, ya que el caso legal subyacente continuará en tribunales inferiores, la orden permitirá al Gobierno acelerar las deportaciones de quienes se beneficiaban hasta ahora de ese programa.

El “parole” data de la era de EisenhowerDesde la década de 1950, la ley federal de inmigración ha permitido a un gobierno conceder permisos temporales a ciertos migrantes que llegan a la frontera por razones humanitarias y de otro tipo.

El gobierno de Eisenhower, por ejemplo, concedió el permiso de permanencia temporal a decenas de miles de personas que huyeron de Hungría durante la represión soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Los migrantes en “parole” pueden vivir y trabajar legalmente en el país normalmente durante dos años, aunque su estatus es temporal.

El Gobierno de Biden anunció en 2023 que otorgaría “parole” a migrantes cualificados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se sometieran a la revisión de las autoridades en lugar de intentar entrar al país ilegalmente.

Los solicitantes debían contar con un patrocinador estadounidense y superar una verificación de seguridad. Trump firmó un decreto en su primer día de mandato que buscaba poner fin unilateralmente a dicho programa.

Nadie discute que, según la ley federal, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene amplia autoridad para conceder o revocar los permisos de permanencia.

La pregunta es si el departamento puede revocar el estatus de todos los migrantes de inmediato o si la agencia debe realizar una revisión caso por caso. Si bien ambas partes disputan los hechos, el Gobierno de Biden parece haber realizado al menos una revisión individual de cada migrante antes de otorgarles los permisos de permanencia.

El Gobierno de Trump declaró ante la Corte Suprema que su decisión de cancelar el estatus de permiso de permanencia temporal para los migrantes en cuestión fue una de las decisiones de política migratoria más importantes que ha tomado.

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Las órdenes de tribunales inferiores que bloquearon temporalmente dicha medida, según el Gobierno, afectaron políticas migratorias cruciales que habían sido cuidadosamente calibradas para disuadir la entrada ilegal, viciando prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y deshaciendo políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un papel importante en las elecciones de noviembre.

Después de que un grupo de migrantes beneficiarios del programa presentara una demanda, la jueza federal de distrito Indira Talwani impidió temporalmente que el Gobierno llevara a cabo la eliminación del programa por completo.

El Gobierno, afirmó, aún podría cancelar los permisos temporales para ciertas personas después de una revisión caso por caso. El expresidente Barack Obama nominó a Talwani para el cargo de magistrada en 2013.

Un tribunal federal de apelaciones de Boston denegó el bloqueo de la orden temporal de Talwani el 5 de mayo. La orden, emitida por un panel de tres jueces —dos designados por el expresidente Joe Biden y un tercero por el expresidente Barack Obama—, expresó su escepticismo respecto a que Noem tuviera la facultad de cancelar categóricamente el programa de “parole”.

El programa de permisos temporarios se encontraba entre más de una docena de apelaciones de emergencia que han llegado a la Corte Suprema desde que Trump asumió el cargo en enero, incluyendo varias relacionadas con la inmigración.

La Corte Suprema escuchó los argumentos orales el 15 de mayo sobre la propuesta del presidente para eliminar la ciudadanía por nacimiento y la facultad de los tribunales inferiores para impedirle hacerlo temporalmente.

El tribunal exigió al gobierno que “facilitara” el regreso de un ciudadano salvadoreño deportado por error a su país de original a principios de este año.

El tribunal también ha prohibido repetidamente al gobierno, por ahora, deportar rápidamente a un grupo de venezolanos en el norte de Texas, amparándose en una amplia autoridad de tiempos de guerra del siglo XVIII.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema que le permita revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole.

En marzo, el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países.

En octubre de 2022, el gobierno del demócrata otorgó un permiso para que un cupo de venezolanos pudiera entrar legalmente, siempre que superaran una investigación sobre sus antecedentes penales, tuvieran a un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estuvieran vacunados.

En enero de 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.

El asesor jurídico de la administración, John Sauer, solicitó levantar una orden de un tribunal inferior que impide al gobierno poner fin a las protecciones humanitarias para los migrantes de estos cuatro países.

La jueza de distrito Indira Talwani, designada por el presidente demócrata Barack Obama, impidió el mes pasado que el gobierno revocara el estatus legal de los migrantes.

En su orden, Talwani afirmó que el gobierno hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.

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Con la revocación de Trump, los migrantes habrían perdido su protección legal a partir del 24 de abril, es decir 30 días después de que el departamento de Seguridad Nacional publicara la orden en el registro federal.

El gobierno de Trump también solicitó la semana pasada a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que respalde su propuesta de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), que impide deportar a más de 350.000 venezolanos.

El 10 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Caracas, la administración Biden prolongó el TPS por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.

Estados Unidos otorga TPS a extranjeros que no pueden regresar a su país de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones «extraordinarias».

En marzo el juez federal de California Edward Chen suspendió temporalmente la decisión de revocar el TPS por estimar que «huele a racismo».

Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.

El magnate republicano incluso invocó una ley del siglo XVIII, usada hasta entonces en tiempos de guerra, para expulsar a presuntos pandilleros venezolanos a una prisión en El Salvador.

Un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. bloqueó temporalmente el esfuerzo de la administración de Donald Trump por poner fin al programa de parole humanitario que beneficia a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

La decisión corresponde al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, que concluyó que el Gobierno no logró demostrar con suficiente solidez que tendría éxito en su intento de anular el fallo previo que permite continuar el programa.

Este dictamen representa un alivio para más de 500.000 migrantes que dependen de estas protecciones contra la deportación y del acceso a beneficios migratorios derivados.

Según la resolución, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no presentó los argumentos necesarios para justificar una intervención de emergencia que suspendiera de inmediato el programa.

El panel que dictó el fallo está conformado por dos jueces nombrados por el expresidente Joe Biden y un tercero designado por el expresidente Barack Obama.

?? FRENAN INTENTO DE ELIMINAR EL PAROLE HUMANITARIOUna corte federal de apelaciones frenó el intento del gobierno de Trump de eliminar el ‘parole’ humanitario para migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. La medida protege a más de 500,000 personas de la deportación. pic.twitter.com/gROFlcFhN2

Aunque esta decisión no resuelve el fondo del litigio, impide que se implemente, por ahora, la cancelación abrupta del programa mientras el proceso judicial continúa.

El tribunal de apelaciones expresó dudas sobre la autoridad de Noem para poner fin de forma generalizada a esta política migratoria, que ha sido clave para el ingreso ordenado y legal de ciudadanos de los cuatro países afectados.

La disputa legal se originó tras una demanda presentada por inmigrantes beneficiarios del parole y sus patrocinadores en Estados Unidos, quienes señalaron que la medida del Gobierno violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad al no evaluar cada caso de forma individual, como exige la normativa vigente.

A principios de mes, la jueza Indira Talwani, del tribunal de distrito de Massachusetts, falló a favor de los demandantes, restableciendo temporalmente el procesamiento de solicitudes del programa CHNV. El fallo de Talwani fue el primero en poner un alto al intento de eliminación del programa impulsado por la actual administración.

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Con esta nueva decisión del Primer Circuito, el proceso de admisión y otorgamiento de beneficios migratorios bajo el parole humanitario continuará funcionando como hasta ahora.

Los defensores de los inmigrantes consideran este fallo como una victoria temporal, pero crucial, en la defensa de una política que ha ofrecido una vía legal a cientos de miles de personas que huyen de crisis humanitarias en sus países.

El caso sigue su curso, y se espera que el tribunal se pronuncie más adelante sobre la legalidad de la cancelación del programa. Por el momento, los beneficiarios del parole humanitario pueden seguir contando con las protecciones y derechos otorgados por el programa.

Con información de CNN

Esta decisión legal representa una victoria para las organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que la revocatoria de este programa perjudicaría a miles de personas que llegaron a EE.UU. bajo condiciones de control y verificación.

Una corte federal en Boston ha emitido un fallo clave que detiene los intentos del gobierno de Donald Trump de revocar el parole humanitario otorgado a miles de migrantes, entre ellos un número significativo de venezolanos.

La decisión, firmada por la jueza Indira Talwani, representa un respiro legal para más de medio millón de personas que enfrentaban la amenaza de deportación anticipada.

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Analistas legales advierten que este fallo podría sentar un precedente en el debate judicial sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.

La administración Trump había intentado revocar este estatus, argumentando que fue otorgado de manera indebida y que debía ser anulado.

Sin embargo, el tribunal determinó que quienes cuentan con un parole vigente podrán permanecer en el país hasta que se cumpla el plazo individual de su permiso, frenando así cualquier acción que busque interrumpirlo antes de tiempo.

Cuando la persona llega en el marco de un parole está llegando con la posibilidad de aplicar desde el día 1 un permiso de trabajo.

Muchas de esas personas que llegaron desde final del 2022, principio del 2023, son personas que ya se han insertado en el mercado laboral.

Muchos de ellos son profesionales o que aunque no sean profesionales, son personas que tienen una larga trayectoria en las ocupaciones de los países de donde vienen y eso les permite, por ejemplo, desde el punto de vista de empleo, plantear visas como la visa de interés nacional, que es una visa de B2.

El fallo judicial ha sido recibido como una victoria por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han alertado sobre las consecuencias de las deportaciones masivas para familias vulnerables.

Aunque la decisión no asegura la continuidad del programa en el futuro, sí brinda estabilidad temporal y esperanza a miles de migrantes que hoy, al menos por ahora, pueden seguir construyendo sus vidas en Estados Unidos sin temor a ser expulsados.

Una jueza federal dijo este jueves que impedirá que el gobierno de Trump ponga fin al parole humanitario, un programa que permitió a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en Estados Unidos.

La jueza federal de distrito Indira Talwani anunció que evitará la suspensión del programa, cuya finalización estaba prevista para finales de este mes.

El esfuerzo para ayudar a más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos forma parte de una iniciativa legal más amplia para proteger a los ciudadanos de Ucrania, Afganistán y otros países que se encuentran legalmente en el país, reseña AP.

Durante la audiencia, Talwani cuestionó repetidamente la afirmación del gobierno para poner fin al programa, en concreto, que tiene la facultad de hacerlo y que ya no cumplía su propósito. Argumentó que los inmigrantes incluidos en el programa ahora se enfrentan a la opción de “huir del país” o quedarse y “correr el riesgo de perderlo todo”.

“El quid de la cuestión es que el secretario, al acortar el período de libertad condicional otorgado a estas personas, debe tomar una decisión razonada”, dijo Talwani, y agregó que la justificación para finalizar el programa se basó en una interpretación incorrecta de la ley.

El mes pasado, el gobierno revocó las protecciones legales de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, exponiéndolos a una posible deportación en 30 días. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que perderán su estatus legal el 24 de abril.

Llegaron con patrocinadores financieros y recibieron permisos de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos. Durante ese tiempo, los beneficiarios necesitaron encontrar otras vías legales si querían permanecer en Estados Unidos. La libertad condicional ha sido un estatus temporal.

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El presidente Donald Trump ha estado poniendo fin a las vías legales para que los inmigrantes vengan a los EE. UU., implementando promesas de campaña de deportar a millones de personas que se encuentran ilegalmente en el país.

Con información de AP

Esta semana cientos de migrantes en Estados Unidos comenzaron a perder sus empleos tras recibir notificaciones de que sus permisos de trabajo, otorgados bajo el programa de parole humanitario, habían expirado.

La medida, confirmada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), afecta a beneficiarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y ha generado preocupación entre quienes dependen de estos permisos para sostener a sus familias en medio de un panorama laboral cada vez más incierto.

La medida, que ha tomado por sorpresa a trabajadores, empleadores y familias enteras, afecta directamente a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, beneficiarios de una política que hasta ahora ofrecía protección temporal y acceso legal al empleo.

Desde el pasado lunes, han sido múltiples los centros laborales que comenzaron a recibir notificaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración informando la revocación de autorizaciones de empleo antes de la fecha límite anunciada del 24 de abril.

Como resultado, personas que contaban con trabajos estables han sido desvinculadas de inmediato, sin margen de preparación ni alternativa formal para subsistir.

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Miles de migrantes han perdido sus empleos, documentos de identificación y estabilidad económica, quedando en un limbo legal que los empuja a la informalidad y pone en pausa su integración social mientras esperan poder regularizar su estatus.

La abrupta decisión genera también cuestionamientos éticos y políticos

¿Qué mensaje se envía a quienes confiaron en un programa legal promovido por el mismo país que ahora los desampara? ¿Y qué alternativas reales tienen quienes no pueden regresar a sus países por razones humanitarias o de seguridad?

Lo que queda claro es que esta medida no solo altera los planes individuales de miles de migrantes, sino que evidencia una fragilidad estructural en las políticas migratorias temporales de Estados Unidos.

El congresista republicano, Carlos Giménez, aseguró que continuará buscando soluciones para los exiliados venezolanos bajo la figura del parole humanitario.

Giménez se pronunció luego de que se hiciera oficial la extensión del TPS para venezolanos en EE.UU. por 18 meses. “Sumamente importante que se les extienda el TPS a los exiliados venezolanos hasta October 2, 2026 y de ese modo puedan permanecer en el país, seguir trabajando y lograr legalizarse en el futuro”.

Ratificó su compromiso con la comunidad venezolana en EE.UU. “Siempre he luchado para asegurar la frontera y proteger a aquellos que han huido de las dictaduras y son personas de bien en nuestra comunidad”, dijo.

“Sigo solicitándole a la administración una solución para aquellos exiliados venezolanos, cubanos y nicaragüenses con parole humanitario y permisos de trabajo. Estamos muy pendientes y dispuestos a negociar para arreglar este limbo migratorio”, agregó.

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?Sumamente importante que se les extienda el TPS a los exiliados venezolanos hasta October 2, 2026 y de ese modo puedan permanecer en el país, seguir trabajando y lograr legalizarse en el futuro.Siempre he luchado para asegurar la frontera y proteger a aquellos que han huido…

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocará el estatus legal temporal de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos, según un aviso del Registro Federal publicado ese viernes, en la última expansión de su ofensiva contra la inmigración.

La medida entrará en vigor el 24 de abril, adelanta Reuters.

Así acorta la “libertad condicional” de dos años otorgada a los migrantes bajo el mandato del expresidente Joe Biden, que les permitía ingresar al país por aire si tenían patrocinadores estadounidenses.

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Trump tomó medidas para aumentar la aplicación de la ley de inmigración después de asumir el cargo, incluida una campaña para deportar a un número récord de migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

Ha argumentado que los programas de libertad condicional de entrada legal lanzados bajo su predecesor demócrata sobrepasaron los límites de la ley federal y pidió su terminación en una orden ejecutiva del 20 de enero.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela confirmó a través de su cuenta de X que el Parole humanitario sigue vigente, un proceso migratorio que otorga a venezolanos, cubanos y haitianos un permiso para ingresar legalmente a suelo americano por dos años.

«El proceso de Parole sigue aceptando nuevas solicitudes. Este proceso te ofrece la posibilidad de venir a los EE. UU. de forma legal y segura, y tienes dos años para solicitar ayuda humanitaria adicional u otros beneficios de inmigración», detalló la embajada en su cuenta de X.

Mucha incertidumbre hubo acerca de esta situación, luego de que hace unas semanas la administración de Joe Biden señalara que no se iba a extender.

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Cabe destacar que al menos 30 mil ciudadanos podrían ingresar a Estados Unidos cada mes gracias a este proceso migratorio.

Funcionarios anónimos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijeron el pasado 3 de octubre que no ofrecerán extensiones del parole. Por tanto, los venezolanos recibirán notificaciones pidiéndoles que busquen otro beneficio migratorio o que salgan del país.

El parole humanitario comenzó en octubre de 2022, ofreciendo a los venezolanos ingresar legalmente si una persona radicada en Estados Unidos aceptaba patrocinarlos. La medida tenía dos años de validez.

El proceso de Parole sigue aceptando nuevas solicitudes. Este proceso te ofrece la posibilidad de venir a los EE.UU. de forma legal y segura, y tienes dos años para solicitar ayuda humanitaria adicional u otros beneficios de inmigración. Si no has buscado beneficios de… pic.twitter.com/SW9799W0J9

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que no extenderá el estatus legal a los migrantes venezolanos que ingresaron al país bajo el programa de «parole humanitario».

Esta medida, que permitió la entrada temporal de miles de venezolanos por razones humanitarias, no garantizará una extensión de su estatus migratorio legal a largo plazo.

Los beneficiarios deberán buscar otras vías para regularizar su situación, lo que genera incertidumbre entre la comunidad venezolana en Estados Unidos. Sobre esto, Génesis Pérez nos amplía detalles.

Tal programa, lanzado en octubre de 2022 por la administración Biden, permitió a los venezolanos ingresar de manera legal a EE.UU. si encontraban patrocinadores radicados en el país.

Hasta agosto de 2024, más de 530.000 migrantes han llegado bajo esta política conocida como “parole humanitario”, recibiendo permisos de trabajo y residencia temporal por dos años. Según cifras gubernamentales, 117.000 venezolanos se beneficiaron del programa, pero el primer grupo que ingresó en 2022 perderá su estatus a finales de este mes.

Aunque algunos defensores esperaban que la administración Biden extendiera el permiso, como ocurrió con refugiados afganos y ucranianos, el Departamento de Seguridad Nacional ha decidido no ofrecer extensiones. En cambio, se les notificará a los venezolanos que busquen otros beneficios migratorios o abandonen el país. Aquellos que llegaron antes de julio de 2023podrían ser elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS) o solicitar asilo.

Con información de Génesis Pérez

Los migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresan a Estados Unidos bajo el programa conocido como CHNV «Parole Processes» y reciben una autorización de entrada temporal de dos años, tienen 24 meses para cambiar sus estatus de permanencia a cualquier otro programa legal disponible.

De lo contrario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que deberán salir de EE. UU. o serán deportados.

“Cualquier concesión discrecional de libertad condicional será por un período temporal de hasta dos años”, dijo un portavoz del DHS por medio de un correo electrónico, de parte de periodistas de la cadena Univisión.

Y precisó que “aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración, deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional”.

El parole humanitario o CHNV fue lanzado en abril de 2022 para permitir que ciudadanos de Ucrania que huyen de la guerra tras la invasión rusa puedan emigrar de manera ordenada previa autorización por parte del DHS de un patrocinador que resida en Estados Unidos, sea un ciudadano o cualquier otra persona con un estatus legal de permanencia.

En octubre de ese año, el gobierno de Joe Biden incluyó a Venezuela en el programa con el objetivo de disminuir la presión de ciudadanos de ese país en la frontera con México que huyen en busca de asilo en Estados Unidos. Y en enero de 2023 fueron agregados Cuba, Haití y Nicaragua.

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Angélica M. siente que los días se le van demasiado y ruega porque el sistema le permita seguir avanzando en el proceso para pedir la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos.

El nombre de María M. es otro, pero pidió mantener su identidad en el anonimato para este reportaje.

“Llegué a Estados Unidos el 11 de noviembre de 2022. Mi hermano sirvió de patrocinador y me enviaron la autorización para subirme a un avión en Caracas y volar a Miami. En el aeropuerto me dieron admisión temporal por dos años”, cuenta.

La migrante protegida bajo el CHNV dice que su hermano (el patrocinador) habló con un abogado y sometieron los documentos para pedirle el amparo del TPS.

“Pero he tenido problemas con las huellas biométricas, no las aceptan. El FBI no las acepta y me dijeron que tengo que ir con la policía más cercana a que me den un certificado de buena conducta y con eso enviárselos al gobierno”.

María M. confía en que, una vez solucionado el problema, “me den el TPS y no tenga la angustia de qué haré si termina la protección que tengo. Ya se acerca noviembre y pido todos los días que esto se solucione para poder quedarme tranquila”.

José Guerrero, un abogado de migración que ejerce en Miami, Florida, dice que el asunto del rechazo de las huellas biométricas ocurre “con personas que trabajan mucho con sus manos o han utilizado sustancias y las huellas se han borrado, no están legibles totalmente y las autoridades las rechazan porque sus dedos están deteriorados”.

Aunque no hay una  fecha para su reinicio del parole humanitario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos asegura que “está trabajando para reanudar la tramitación de las solicitudes lo antes posible, con las salvaguardias adecuadas”.

El parole humanitario es un programa de la administración del presidente Joe Biden para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

Cabe destacar, que hasta el cierre de julio, más de medio millón de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses habían llegado a EEUU legalmente gracias a este proceso.

Las cifras fueron dadas a conocer por el  Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP), recientemente, pero todo dio un giro luego que una investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Fue entonces cuando EE.UU. anunció la suspensión temporalmente las autorizaciones a los beneficiarios para viajar bajo el parole humanitario de la Administración Biden.

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Este anunció dejo a miles de migrantes en la incertidumbre sobre el futuro de este programa y qué sucederá con las solicitudes pendientes, reseña Nuevo Herald.

Un aspecto importante, en este programa que está siendo revisado, es que las irregularidades en los procesos fueron detectadas de la parte de los patrocinadores en EE. UU. y no de los beneficiarios.

Tras varios rumores que se comenzaron a generar en la mañana de este viernes, Estados Unidos anunció la suspensión temporal de la adjudicación de nuevos permisos humanitarios para los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Se trata de un programa denominado «parole humanitario», que permitía a las personas de estos países viajar y entrar de manera legal a EU.

El Departamento de Seguridad Nacional informó a EFE este viernes sobre la decisión de pausar el programa, que concede la entrada de hasta 30 mil personas de estos cuatro países a Estados Unidos cada mes y le permite obtener un permiso de trabajo por un periodo de dos años.

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Por considerar que los estados demandantes, entre ellos Texas, no demostraron  que “sufrieron un perjuicio”, el juez federal Drew Tipton, en el distrito federal del Sur de Texas, desestimó este viernes una demanda en contra del parole humanitario.

La demanda fue entablada por Texas y otros 19 estados republicanos, que buscaban dejar sin efectos un programa humanitario de la administración del presidente Joe Biden que otorga alivio migratorio a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

Según el fallo del juez los estados demandantes no demostraron que “sufrieron un perjuicio” por el programa establecido a finales de 2022, informa EFE.

La demanda fue introducida en enero de 2023  por los fiscales generales de Texas y otros 19 estados, entre ellos Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky bajo el argumento de que el programa permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EE. UU. que ya están «sobrecargadas».

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 Los estados alegaban que el flujo de migrantes los obliga a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública.

También aprovecharon de quejarse de la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) abusa de su autoridad para conceder permisos humanitarios en una ampliación del programa que ya existía para los venezolanos desde octubre de 2022.

Otro de los argumentos fue que varios estados, como Texas, «que gasta cantidades significativas de dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales, debido a las violaciones del Gobierno federal al rechazar aplicar la ley federal».

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Caso similar al estado de Florida, que invierte millones de dólares en atención a los migrantes irregulares que acoge.

Por su parte, el juez señaló en su fallo que “la evidencia muestra que después que los programas de libertad condicional entraron en vigencia, los cruces fronterizos de personas de los cuatro países (Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela) disminuyeron”.

El veredicto del juez Tipton se tardó casi siete meses, luego de haber escuchado de las partes en agosto de 2023. Al juez lo vinculaban con Donald Trump, pues fue designado por el 2020  y tiene en su haber varios fallos contrariando la política del Gobierno de Biden en materia migratoria, por lo que esta decisión tomó por sorpresa a muchos.

El gobierno de Estados Unidos aclaró que todas las solicitudes de ciudadanos de los países beneficiarios de este programa serán procesadas, según indicó Blas Núñez-Neto, subsecretario de Seguridad Nacional en una entrevista con América TeVé.

La declaración del funcionario se da en medio de una situación de incertidumbre que viven muchas familias en Cuba, luego de meses de espera, tras haber solicitado el parole humanitario sin haber recibido respuesta.

Núñez-Neto aclaró varias de las dudas que tienen las personas que han aplicado al programa de parole, puesto en marcha por la administración Biden el pasado mes de enero, para aliviar la crisis migratoria sin precedentes que tuvo lugar en la frontera sur en los últimos tiempos, reseña El Nuevo Herald.

Con este programa, 30,000 ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela podrían entrar legalmente al país cada mes. No obstante, el programa ha estado rodeado de críticas, entre otras cosas, por su funcionamiento y el orden en que reciben respuesta los beneficiarios.

“Lo que hemos anunciado es que cada día la mitad de las aplicaciones que se están procesando se procesan en orden cronológico, o sea, en el orden en que se presentaron. La otra mitad se procesan al azar”, aclaró el funcionario.

 “Alguien que aplicó ayer, podría ser procesado mañana, pero alguien que ha estado esperando puede tener la certeza de que su aplicación se va a procesar”, aseguró.

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Actualmente unos 28,000 cubanos se han beneficiado del parole humanitario, una cifra menor que la cantidad de venezolanos (51,000) y haitianos (unos 40,000) aprobados, y mayor que la de nicaragüenses (23,000 paroles).

Respecto a estas diferencias entre los números de personas beneficiadas, Núñez-Neto, dijo: “Antes de que hiciéramos este cambio en mayo, las aplicaciones se aprobaban en el orden en que se recibieron, y lo que se puede ver en los números es que la demanda de la comunidad haitiana fue muy fuerte en los primeros meses, pero ahora que tenemos la lotería me parece que estos números van a ser más parejos en todas las naciones”.

El funcionario hizo hincapié en que las personas opten por esta vía de emigración legal a EEUU y no por vías ilegales, que podría costarles la expulsión del país o la cárcel.

 “Yo les sigo diciendo a los amigos de estos cuatro países que esperen, que tengan paciencia, que utilicen este proceso legal que es mucho mejor que llegar de manera ilegal y probablemente ser devueltos a sus países o a México y no poder entrar por más de cinco años”.

También alertó de las estafas que se reportan relacionadas con el parole humanitario, recalcando que es un proceso completamente gratuito. “El único costo que tiene es el ticket de avión para venir a los EEUU. Si alguien les está cobrando por participar en el programa eso es fraude”, sostuvo.

Muchas son las críticas que ha generado este programa de parole, entre ellas la que hacen diariamente muchas familias cubanas que han tenido que separarse por la evidente desorganización por parte del Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Por ejemplo, muchos menores de edad no están siendo aprobados mientras que sus padres sí, lo que los obliga a verse en la encrucijada de quedarse al cuidado de los hijos o aprovechar la oportunidad de irse a EEUU.

Con información del Nuevo Herald

Una demanda judicial que busca poner fin al programa de parole humanitario que permite a nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos emigrar legalmente a Estados Unidos, mantiene en vilo a miles de personas.

«Yo pido todos los días porque no lo quiten. Mi hija y yo rezamos porque siga [el programa de parole] o que al menos nos dé tiempo a que nos veamos de nuevo antes de que pase lo peor», dijo Emilia Martínez, quien espera poder reunirse con su hija en Miami gracias a ese mecanismo.

A «lo peor» que se refiere Martínez es el posible fin de la medida, una solución a la crisis migratoria en la frontera sur estadounidense, implementada en octubre, primero para venezolanos; y luego ampliada en enero a las otras tres nacionalidades, señala la Voz de América.

La administración de Joe Biden la puso en marcha para disuadir los cruces fronterizos ilegales y en su lugar ofrecer permisos de residencia y trabajo temporal por dos años. El intento de ingresar al territorio de EEUU de forma irregular descalifica al aspirante, que tampoco podrá ingresar sin autorización a México o Panamá.

«Fue una bendición», aseguró Miryolis, una cubana que prefirió no dar su apellido. La joven llegó a la Florida apenas un mes después de que su hermana la patrocinara bajo el programa.

«Yo no me lo creía al principio, pero sí, llegué y lo mejor: llegué sin tener que arriesgarme por la selva», agregó en referencia al peligroso viaje por Centroamérica hasta la frontera estadounidense.

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Los migrantes originarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití contabilizaban la mayoría del récord de llegadas a los estados de Texas y Arizona, limítrofes con México.

Según cifras oficiales, en enero pasado, un total de 11.637 migrantes llegaron a EEUU a través del programa de parole.

De acuerdo a datos recientes del Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), los encuentros con migrantes de estos cuatro países han caído 95 % desde la ampliación del programa.

El día del anuncio, el 5 de enero, el promedio de encuentros cada siete días era de 1.231. Apenas cuatro semanas después, el 31 de enero, el promedio decreció a sólo 59.

El límite de permisos de viaje se estableció a 30.000 al mes, repartidos entre los cuatro países.

Casa Blanca resalta efectividad del «parole humanitario», pero los expertos expresan escepticismo.

Aunque el programa fue recibido con opiniones encontradas entre activistas y políticos, fue visto como un alivio para un gran número de personas que querían migrar, y como Miryolis, no tenían «los 15.000 dólares que piden los coyotes para cruzarte desde Nicaragua a la frontera con EEUU».

«Llegar sin arriesgarte y tener tus papeles poco después es una bendición», dijo la cubana en alusión a los cientos de miles de migrantes que actualmente permanecen en un limbo y sin tiempos claros de solución para sus procesos de asilo.

Sin embargo, el 24 de enero pasado, 20 estados presentaron una demanda contra la administración Biden pidiendo al Tribunal Federal de Texas que detenga el programa de parole humanitario, con un plazo hasta este martes 7 de marzo para probar por qué el programa debe seguir en pie.

Los estados de la Florida y Texas, ambos republicanos y con una gran población migrante, encabezan la acción judicial, en la que acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su titular, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, entre otros, de violar la ley federal de inmigración y de una extralimitación del Poder Ejecutivo.

«Los estados demandantes (…) enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad de libertad condicional, lo que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen a cada uno de sus territorios ya abrumados», indica el documento de la demanda.

Recientemente, el juez Drew Tipton denegó la moción hecha el 14 de febrero por los estados demandantes para que se suspendiera temporalmente el programa mientras continúa el proceso para el juicio, fijado para el 25 de abril próximo.

La abogada de Inmigración con sede en Miami, Rosaly Chaviano, aseguró a la VOA que muchos de sus clientes «están en una incertidumbre porque no saben lo que va a pasar».

Las demoras en los procesos también están contribuyendo a la inquietud de los aspirantes al parole y sus familiares. «No ha habido un paro total, pero sí se nota que los tiempos se han alargado en comparación con las primeras semanas de enero, cuando comenzó», explica Chaviano.

Aunque muchos relacionan la demanda con un mayor tiempo de respuesta en los casos de parole, la abogada aclara que «la demanda no ha hecho absolutamente nada todavía al programa», el cual continúa.

«También están preocupados porque si pasara lo peor, que es la detención del programa, no sabemos qué va a pasar con las personas que están pendientes de aprobación o qué va a pasar con las personas que ya tienen las autorizaciones para viajar, pero no han podido viajar», afirmó la especialista.

Para Chaviano, «el programa no es perfecto, pero sí se ha visto, basado en los números y en la diferencia de las entradas ilegales, el impacto positivo que ha tenido».

Entre los «defectos» que encuentra en el parole humanitario, está su condición de «solución temporal», puesto que ofrece un permiso de residencia por solo dos años. Los ciudadanos cubanos pueden solicitar la residencia permanente al año y un día amparados bajo la Ley de Ajuste Cubano, pero para el resto de las nacionalidades el camino a la regularización puede ser arduo y largo.

«Una de las cosas que los estados argumentaron (en la demanda) está el que el gobierno federal no tiene un plan para lo que va a pasar después de los dos años. (…) En mi opinión individual esa es la debilidad del programa», dijo.

Por lo pronto continuará vigente el “parole humanitario” un programa permite la entrada de 30,000 refugiados, entre ellos venezolanos, mensuales quienes sólo, pueden hacerlo por vía aérea y con un patrocinador autorizado por el DHS.

Así lo determinó el juez Drew B. Tipton de un tribunal del sur de Texas, luego de conocer la demanda de 20 estados republicanos quienes en enero pidieron suspender el ‘advance parole’ mientras la corte toma una decisión final.

El  de juez de Texas decidió se pronunció  este martes a favor de no congelar el programa parole humanitario anunciado por el presidente Joe Biden el 5 de enero, que limita la entrada de inmigrantes originarios de Venezuela,  Cuba, Haití y Nicaragua a través de un patrocinador, reseña Univisión.

Como se recordará Venezuela participa en esta limitación de asilo desde octubre del año pasado.

Los demandantes alegaron que el gobierno había creado un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso.

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Sin embargo, la decisión final sobre el programa sería tomada en las próximas semanas, ya que la corte de Distrito del sur de Texas, en Victoria, ha programado una primera audiencia para este 3 de marzo.

En esta audiencia los abogados tanto del gobierno como de los estados demandantes presentarán argumentos, por lo que los abogados esperan otras reuniones antes de un veredicto final.

El programa advance parole es una medida migratoria anunciada por la administración de Joe Biden que  otorga un total de 30,000 cupos mensuales a inmigrantes de Venezuela,  Cuba, Haití y Nicaragua.

Para optar a este parole humanitario es preciso  un patrocinador, entrar por vía aérea a Estados Unidos donde un agente federal de inmigración les da una admisión hasta por dos años.