El juez federal J. Campbell Barker de Texas anuló el “parole in place”, un programa que beneficiaba a inmigrantes ilegales casados con ciudadanos estadounidenses.

Así lo divulgó el canal EVTV Miami, que indica que la medida acaba con el “parole in place” de la Administración Biden-Harris.

Esta permitiría a millones de inmigrantes ilegales eludir la ley y obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Barker dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) carece de «autoridad legal» para llevar a cabo el programa «Mantener unidas a las familias”, y además lo considera ilegal.

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La organización America First Legal y una coalición de 16 estados de EE.UU. demandaron al DHS para bloquear el programa y ganaron, resaltó el periodista Bill Melugin, reportero de Fox News.

El presidente Joe Biden se prepara para usar nuevamente su autoridad ejecutiva, esta vez para emitir una nueva regla migratoria que otorgaría beneficios a cientos de miles de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos desde hace varias décadas.

El decreto que ultima la Casa Blanca, incluye un programa conocido como ‘parole in place’ (PIP), que facilitaría a ciertos grupos o categorías de migrantes indocumentados recibir un amparo de deportación, una autorización de empleo e incluso ajustar sus estados de permanencia en Estados Unidos, publicó la cadena Univisión.

La televisora cita a cuatro fuentes conocedoras de los planes de la Casa Blanca, las cuales confirmaron que el gobierno de Biden ha mantenido una comunicación estrecha, al menos desde enero, con organizaciones que defienden los derechos de los migrantes para conocer las necesidades de la comunidad y responder de manera ejecutiva ante la inacción del Congreso con el tema migratorio.

En una carta enviada por Biden a finales de enero a algunos dirigentes de organizaciones proinmigrantes —y a la que tuvo acceso Univision Noticias—, el mandatario les dijo que debido a la existencia de un sistema migratorio que definió como “reliquia”, tenía a su administración “en una situación de dificultad sin una solución fácil”.

Cinco meses más tarde de aquella misiva, Biden se prepara para anunciar el ‘parole in place’, dos semanas después de firmar otra orden ejecutiva —el 3 de junio— que incluye severas restricciones al asilo para extranjeros que llegan a la frontera entre puertos fronterizos y no tienen una causa legal para permanecer en el país.

La prohibición incluye además deportaciones aceleradas y castigos de cinco años sin poder entrar a Estados Unidos.

“Trató de arreglar la frontera y no nos gustó lo que hizo”, dijo una de las fuentes. “Esperamos que la nueva orden otorgue los beneficios que esperamos”.

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De acuerdo con las fuentes, la orden ejecutiva que anunciaría Biden la próxima semana aprobaría un PIP, que incluiría un amparo de deportación a por lo menos 1.1 millones de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y una autorización de empleo (EAD).

El beneficio agregaría que cierto grupo que lleva tiempo en Estados Unidos podrá ajustar sus estados migratorios o bien, si tienen que salir para el trámite consular, bloquearía temporalmente la denominada Ley del Castigo (o Ley de los 10 años) para que puedan regresar con el fin de recibir la residencia legal permanente (green card).

Las fuentes también mencionaron que en las conversaciones con la Casa Blanca se mencionó una protección similar para ciertos dreamers (soñadores) y agilizaría sus permisos de viaje.

Al regreso, podrán registrar una entrada legal al país, un paso que les abre la puerta para ajustar sus estados migratorios y calificar para la residencia.

Un último beneficio contemplado en la orden incluiría una ampliación del TPS para Haití y Venezuela, a efecto que se pueda proteger un mayor número de indocumentados de esos países de la deportación.

Para calificar a estos beneficios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá emitir reglamentos para cada uno de ellos y determinar las fechas de registro (desde cuándo deben demostrar que se encuentran físicamente en Estados Unidos).

También deberán carecer de antecedentes criminales, haber pagado impuestos, entre otros requisitos que se conocerán posteriormente.