El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron retomar en diez días el proceso de diálogo de paz paralizado desde septiembre, tras una reunión que culminó en Caracas este jueves, informaron en un comunicado conjunto.

«Para continuar en las labores propias de la Mesa de Diálogos para la Paz decidimos que, una vez hechas las consultas necesarias, nos reuniremos del 19 al 25 de noviembre», indicó el texto, que apuesta por «fortalecer esta mesa como instancia de negociación y decisión».

El proceso de paz entre la guerrilla ELN y el gobierno Colombia fue suspendido en septiembre por decisión del presidente Gustavo Petro, como reacción a un ataque de este grupo de orientación marxista-leninista contra una base militar que dejó tres soldados muertos y 28 heridos.

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Las partes se reunieron de nuevo en Caracas desde el pasado sábado hasta este jueves de forma privada.

«Hemos examinado de manera franca y profunda la relevancia del proceso para Colombia, sus avances, logros y perspectivas, así como sus dificultades», destacó el comunicado.

No está claro dónde será la próxima reunión.

Pablo Beltrán, jefe negociador por parte del ELN, dijo a la radio colombiana Caracol que la reunión de Caracas es «un primer paso para salir de lo que nosotros llamaos el congelamiento de la mesa».

«Decimos que nos reunimos, resolvimos unos problemas, los otros no, nos vamos a consultas a ver cómo desatamos los nudos y nos volvemos a ver muy pronto para seguir en eso, en remontar los problemas», añadió.

El diálogo con el ELN se ha desarrollado en México, Cuba y Venezuela. La última reunión previa en Caracas entre las partes había sido en mayo.

El ELN, en armas desde 1964, intensificó su ofensiva desde inicios de agosto, cuando decidió no retomar una tregua que regía desde 2023. Las Fuerzas Militares también reanudaron sus operaciones contra los rebeldes.

Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, intenta desactivar el conflicto armado de seis décadas dialogando con varias guerrillas y bandas criminales. Enfrenta críticas de la oposición, que denuncia un deterioro en la seguridad pública.

El Gobierno colombiano dio por concluido el cese al fuego con todos los bloques y frentes que integran el Estado Mayor Central, excepto con el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, y el frente Raúl Reyes.

Es así como este 16 de julio el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que las fuerzas militares reanudarán las operaciones contra los grupos que se han apartado de la política de la ‘paz total’.

La prensa colombiana destaca que este 16 de julio era un día clave para la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, ya que decidirían si terminaba o no el cese al fuego bilateral que el presidente había pactado con el mayor grupo de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, el autodenominado Estado Mayor Central (EMC).

Se trata de un pacto que entró en vigencia el 16 de octubre de 2023, y que llegó a su fin este martes.

En rueda de prensa el ministro Velasquez, dijo que “esto significa que respecto de todas las otras organizaciones que se integraban al Estado Mayor Central, la orden impartida a todas las fuerzas militares es la de, con todas sus capacidades, adelantar operaciones ofensivas contra esas organizaciones, esos bloques y frentes que se apartaron de la oferta generosa que continuaba manteniendo el Gobierno nacional en la búsqueda de la paz”.

#16Jul ?? DECLARAN EL CESE AL FUEGOColombia anunció el fin del cese al fuego con los integrantes del Estado Mayor Central, disidencias de las FARC, al mando de 'Iván Mordisco', informó el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquezpic.twitter.com/uVq5MCG7P1

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Cabe destacar que el gobierno de Gustavo Petro suspendió el cese al fuego en tres departamentos Cauca, Nariño y Valle del Cauca como consecuencia de la ola de violencia en dichas zonas, entre ellos objetivos militares y comunidades indígenas.

Ahora con la medida queda sin efecto el cese al fuego en las regiones como el Catatumbo y el Magdalena Medio, y en departamentos como Meta, Caquetá y Putumayo.

Colombia en un intento de desmovilizar a unos 3.500 rebeldes, se da una oportunidad de negociar con disidentes de las Farc que no acordaron la paz en 2016.

Es así como este lunes, el gobierno de Colombia y el principal grupo de disidentes de la guerrilla FARC que no firmaron la paz en 2016 instalaron este lunes en Tibú (noreste) la mesa de negociaciones con miras poner fin definitivo a su insurgencia armada.

«Hoy damos formalmente por instalado este paso dentro de la política de paz, dentro de la política de la vida: el paso de la fase dialógica», anunció Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, ante los delegados del presidente Gustavo Petro y del llamado Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En Tibú, uno de los municipios más conflictivos del país, que linda con la frontera con Venezuela y está rodeado de narcocultivos, se reunieron delegados del presidente Gustavo Petro y cabecillas guerrilleros.

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«En nombre de todas y todos los guerrilleros de las Farc (…) ratificamos ante todos ustedes nuestros delegados a la mesa de diálogo con el gobierno nacional», dijo a su turno alias Andrey Avendaño, jefe de la delegación de las disidencias de las FARC.

Paralelamente, regirá un fuego bilateral nacional por tres meses, «a partir de las 00:00 horas del día 17 de octubre de 2023 hasta las 24:00. horas del día 15 de enero de 2024», según decreto del Ministerio de Defensa.

Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa, resaltó que el cese al fuego propende por «respetar la vida en todas sus formas» y «evitar afectaciones a la población civil».

Al menos nueve personas murieron y otra cinco resultaron heridas, entre ellas una menor indígena, en medio de enfrentamientos entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN en Colombia, informó este lunes el gobernador del departamento de Arauca.

Los rebeldes se enfrentan desde el fin de semana en el municipio de Puerto Rondón (este), cerca de la frontera con Venezuela. 

Militares hallaron nueve cuerpos en la zona y a cinco heridos, entre ellos una aborigen de 14 años, según dijo en un video enviado a medios el gobernador Wilinton Rodríguez, que no especificó si los fallecidos y lesionados son guerrilleros o civiles.

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El hecho «es atribuido directamente al grupo armado organizado del Ejército de Liberación Nacional» (ELN), que se reúne con delegados del gobierno en Caracas como parte de un proceso de paz, y al denominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, añadió el responsable. 

Ambas organizaciones ilegales buscan pactar su desarme en procesos de paz con el presidente izquierdista Gustavo Petro.

El ELN negocia con delegados del mandatario desde noviembre en Cuba, México y Venezuela, mientras que el EMC, conformado por alzados en armas que se negaron a firmar al acuerdo de 2016 con las FARC, planea hacer lo propio en los próximos días. 

Pese a los acercamientos con el gobierno, entre ambos grupos continúa la confrontación, especialmente en el departamento de Arauca. Por su cercanía con Venezuela y ante la ausencia del Estado, es un territorio clave para el tráfico de cocaína y de minerales extraídos ilegalmente. 

Videos difundidos en redes sociales muestran una escena inusual, de un comandante disidente de las FARC pidiendo ayuda humanitaria para atender a los guerrilleros del ELN heridos en combate. En un lugar selvático cinco combatientes yacen en el suelo, tres de ellos visiblemente heridos. 

Al lado derecho se observa un hombre con el rostro cubierto de sangre y el torso desnudo. Mientras tanto, el comandante disidente conocido como Antonio Medina pide ayuda para atender a los lesionados. 

«Tenemos una emergencia de unos heridos, por eso pedimos a la Cruz Roja Internacional y a una comisión del gobierno que si es posible nos presten el servicio para auxiliarlos porque no estamos en condiciones de atenderlos porque son heridas graves», comenta el rebelde de fusil y pantalón camuflado en un video que asegura fue grabado el 3 de septiembre. 

«Hay otros retenidos que están bien de salud, pero ya miraremos la forma para que regresen con su familia (…) al ELN por medio de un saludo, (les decimos) esto es innecesario, esta guerra es absurda», añade Antonio Medina.

En un boletín, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aseguró haber participado en la «evacuación de varias personas heridas en combate durante el fin de semana en zona rural de Arauca», sin precisar cuántos eran, ni si todos eran combatientes.

En enero de 2022 murieron por lo menos 23 personas en combates entre ambas organizaciones. El cruce de disparos ha obligado a cientos de habitantes de la región a desplazarse. 

La fuerza pública sostiene un cese al fuego con el ELN desde el 3 de agosto. Los disidentes del EMC acordaron con el gobierno el sábado retomar una tregua suspendida desde mayo, pero las partes no especificaron cuándo empezará a regir esa medida.

De acuerdo con cifras oficiales, el Ejército de Liberación Nacional, fundado en 1964, era el grupo ilegal más grande de Colombia en 2022, con por lo menos 5.851 miembros. 

El Estado Mayor Central tenía 3.540 y según expertos su poder va en ascenso gracias al reclutamiento forzado. 

Este lunes se reanudó en Caracas la cuarta ronda de conversaciones relacionadas con el diálogo entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN.

En el encuentro participó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien manifestó que «es imperante» que se atienda a las víctimas de este conflicto.

Este encuentro se desarrolla en medio de un clima de incertidumbre y desconfianza, en vista de los recientes episodios de violencia registrados en la nación, como el supuesto plan del Eln para atentar contra el fiscal general, lo cual ha cargado las conversaciones de un velo de desconfianza.

Además, también se han divulgado presuntas infracciones por parte del comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha instado a la prudencia y ha sugerido que el supuesto plan podría ser un intento de sabotaje contra las negociaciones, tanto el fiscal general como líderes de la oposición y críticos del proceso están firmes en su determinación de que el Gobierno tome en serio esta amenaza.

Este nuevo ciclo de conversaciones es crucial para el proceso de paz que tiene lugar en la Casona – Miranda, un edificio que ha sido históricamente utilizado como residencia presidencial, y que actualmente funge como un espacio cultural y centro de eventos por decisión de Nicolás Maduro.

Ahí están reunidos personalidades como Otty Patiño, Iván Cepeda y José Félix Lafaurie (en representación del gobierno colombiano), así como Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell (en nombre del grupo guerrillero); así dio a conocer RTVC.

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En este cuarto ciclo de conversaciones se realizará una evaluación exhaustiva de dicho cese al fuego, a raíz de las preocupaciones planteadas por las denuncias sobre un supuesto plan para atentar contra el fiscal general, Francisco Barbosa, y las alegadas infracciones reveladas por el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo.

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación presentará su informe y recomendaciones en este sentido, a pesar de que apenas habrán transcurrido unos pocos días desde la implementación del cese al fuego bilateral entre el ELN y las Fuerzas Militares de Colombia.

Sobre el futuro de las negociaciones, las partes expresaron su compromiso de continuar fortaleciendo el tejido del cese al fuego y el sistema de monitoreo.

Asimismo, adelantaron que abordarán otros asuntos relevantes en la agenda de diálogo y el proceso de paz, aunque no se proporcionaron detalles específicos.

«Los resultados de estos esfuerzos adicionales serán comunicados oportunamente a la opinión pública. Paralelamente, los representantes de ambas delegaciones continuarán sus labores en Colombia, avanzando en el diseño de la participación y el perfeccionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación», destacó la mesa de paz.

En un gesto de agradecimiento, las delegaciones expresaron su reconocimiento hacia el gobierno venezolano por brindar su hospitalidad en esta nueva fase de conversaciones. También extendieron su gratitud a los países garantes, la Organización de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Colombia por su apoyo constante al proceso de paz.

#14Ago?? MEDIDAS DE ALIVIO HUMANITARIO POR EL CONFLICTO ARMADODelcy Rodríguez afirmó que "es imperante" la atención a las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia."Se convierte en un objetivo inaplazable", resaltó.pic.twitter.com/80TOKTLQUg

Desde Venezuela, en “clandestinidad”, el comandante de la denominada Segunda Marquetalia, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien fuera el máximo jefe de la FARC en la mesa de diálogos en la Habana y uno de los primeros en disentir tras la firma de los acuerdos con el presidente Juan Manuel Santos, ahora dice que quiere paz para Colombia, pero sin entregar las armas.

En entrevista que dio al Noticentro 1 CM&, condicionó que en un nuevo proceso sean incluidos todos los grupos armados afectando el territorio colombiano.

La modalidad de paz propuesta por “Iván Márquez” empezaría a partir del 7 de agosto, día en que tomará posesión un nuevo presidente en Colombia.

Márquez señaló que el nuevo gobierno que surja de las elecciones de 2022 debe jugarse el todo por el todo en un diálogo con las insurgencias, el ELN y las estructuras paramilitares, que se disputan el territorio.

Alias ‘Iván Márquez’ también opinó sobre la renta básica así como otras demandas enarboladas por movimientos sociales como la separación de los poderes públicos, aludiendo especialmente a colectivos de jóvenes, los cuales fueron protagonistas del anterior paro nacional.

“Nos gustaría ver un gobierno garante de la independencia, de los Poderes Públicos, un gobierno que no controle como un pulpo, como ocurre ahora, órganos como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, y que no se crea por encima de la ley”.

Tras tales declaraciones, el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, dijo que alias “Iván Márquez” se encuentra en la ilegalidad, es un delincuente y está dedicado al narcotráfico”.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el martes por unanimidad una resolución que amplía el mandato de su misión de verificación en Colombia para incluir el monitoreo de las sentencias impuestas por el tribunal surgido del acuerdo de paz, dijeron diplomáticos a la AFP.

La decisión fortalece a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en 2017 para juzgar los peores crímenes cometidos en más de seis décadas de conflicto armado en Colombia.

, luego de que la ONU expresara en febrero inquietud por ataques de fuerzas oficialistas contra el tribunal.

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La resolución extiende asimismo el mandato de la misión hasta el 31 de octubre, un periodo más corto de lo habitual (un año) para evitar que la próxima renovación caiga justo antes de la elección presidencial de mayo de 2022, precisaron los diplomáticos.

Los siete líderes de la disuelta guerrilla de las FARC inculpados por la JEP aceptaron el 30 de abril su responsabilidad en más de 21.000 secuestros.

La JEP también reveló que 6.400 civiles fueron ejecutados por militares y presentados como caídos en combate.

Esto bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder natural del partido en el poder.

Se espera que el tribunal, que no puede juzgar a expresidentes ni a militares que no se sometan voluntariamente, comience a fijar sentencias en la segunda mitad del año.

Podrá imponer penas alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas, o sancionar con hasta 20 años de prisión a quienes no acepten su responsabilidad.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, conversó el martes por teléfono con el presidente colombiano, Iván Duque.

Le «reiteró el apoyo total de la ONU al proceso de paz», dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

Duque, por su lado, «reafirmó el apoyo del gobierno colombiano a la implementación total del proceso de paz».

Asimismo, «su compromiso con un diálogo nacional», indicó el vocero.

Consultado sobre las protestas callejeras en Colombia que llevan ya 13 días y dejan 42 muertos, incluido un policía, Dujarric reafirmó la posición de la ONU.

«Las fuerzas de seguridad deben mostrar control y permitir a la gente manifestarse pacíficamente».

La misión de la ONU en Colombia, aprobada en 2017 y que rinde cuentas al Consejo cada tres meses, tiene como mandato principal verificar la reincorporación política, económica y social de los guerrilleros de las FARC que dejaron las armas.

Nicolás Maduro es cómplice de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC. La afirmación la hizo el alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos. El funcionario dijo que Maduro es «un enemigo de la implementación de la paz».

«La presencia del ELN y la presencia de las disidencias de las FARC en Venezuela está más que comprobada», aseguró Ceballos. Agregó que «el Gobierno de Nicolás Maduro es cómplice de los grupos armados organizados que afectan con todos sus terribles delitos al pueblo colombiano».

El alto funcionario dijo además que estos grupos siguen reclutando y secuestrando. Además de instalar «minas antipersonal en Colombia para luego huir a territorio venezolano».

«Nicolás Maduro y su dictadura se están convirtiendo en los peores enemigos de la implementación de la paz en Colombia. Por eso este tipo de denuncias no deben parar nunca, deben continuar», aseguró.

Agregó que si alguien pretende «desde la dictadura de Maduro decir que no se apoya a los grupos armados organizados que causan crimen y dolor en nuestro país, está mintiendo».

«Hay que decirle la verdad a los colombianos y al mundo entero. El régimen de Nicolás Maduro ampara a los enemigos de la paz en Colombia», dijo, según reseña la agencia Efe.

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El comisionado hizo estas declaraciones durante el «Diálogo Nacional Fortaleciendo la Participación e Inclusión de las Víctimas de Minas Antipersonal y Municiones sin Explosionar», en el que participaron 14 organizaciones de víctimas de estos artefactos.

Ceballos hizo un balance sobre las víctimas de minas antipersonal desde 1990 hasta hoy y aseguró que en el país 11.994 personas han sido afectadas por estos artefactos, de los cuales 4.766 son civiles y 7.228 son de la fuerza pública.

«Nuestro Gobierno ha entregado 154 municipios libres de sospecha de minas antipersonal, eso significa cerca del 40 % del total de municipios entregados en la historia de Colombia», dijo.