El Partido Comunista de Venezuela (PCV), manifestó “su más firme y categórica condena a los criminales bombardeos ejecutados por fuerzas militares de los Estados Unidos sobre la ciudad de Caracas y otras localidades del país durante la madrugada del 3 de enero”.

A través de un comunicado, el PCV denunció que esta “acción constituye una grave agresión contra la soberanía nacional y una flagrante violación del derecho internacional”.

Asimismo, “el PCV rechaza la violenta e ilegal detención de los ciudadanos Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, realizada en el marco de esta intervención militar extranjera”.

Lamenta que “Estados Unidos actúa una vez más como gendarme del mundo, aplicando de manera extraterritorial sus leyes y desconociendo abiertamente los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no injerencia”, destaca.

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Igualmente, señala que “las leyes estadounidenses no tienen jurisdicción en Venezuela, y ninguna potencia extranjera está facultada para imponer su voluntad por la fuerza de las armas”.

También aclara que “esta posición no implica, bajo ninguna circunstancia, defensa política alguna de la administración autoritaria, antidemocrática, antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro, quien ejercía de facto la Presidencia de la República”.

Con información de PCV

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), alertó sobre “el carácter irregular y lesivo para la soberanía nacional del anunciado retorno de operaciones de la transnacional petrolera estadounidense Chevron”.

Así lo manifestó Pedro Eusse, miembro del Buró Político del PCV, en nota de prensa.

“Resulta alarmante que acuerdos de esta envergadura se conozcan por vías informales y no se sometan al escrutinio público”, advirtió Eusse 

El dirigente comunista criticó las recientes declaraciones del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien calificó como “estúpidos” a quienes cuestionan las condiciones del acuerdo con Chevron y afirmó que se trataba de un acuerdo «privado» entre las administraciones de Nicolás Maduro y Donald Trump.

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«Le recordamos a ese ciudadano que la Constitución establece que todo contrato de interés público debe ser debatido y aprobado por la Asamblea Nacional. No se trata de un negocio privado», subrayó Eusse.

El PCV denunció que el gobierno actual maneja de manera arbitraria y opaca los asuntos económicos de interés público, actuando «como si se tratara de su hacienda particular». En ese sentido, reiteró su rechazo a la llamada «ley antibloqueo», calificada por Eusse como «un instrumento inconstitucional que ha servido para el saqueo, la corrupción y para ocultar acuerdos que lesionan la soberanía nacional».

«Aquí se están firmando convenios de espaldas al pueblo y lo más grave es que quienes deberían rendir cuentas lo despachan con cinismo y amenazas», expresó.

Finalmente, el PCV llamó a las fuerzas populares, sindicales y revolucionarias a fortalecer la lucha por la restitución de la plena vigencia de la Constitución y por una política petrolera soberana que garantice la transparencia, el debate público y la protección de los intereses nacionales.

Con información de prensa PCV

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió al presidente de El salvador, Nayib Bukele la lista con los nombres de los 252 venezolanos  detenidos en El Salvador, por instrucciones del presidente de EE.,UU., Donald Trump.

La organización política responsabilizó a los presidentes de Venezuela, EE.UU. y El Salvador de ola migratoria  venezolana y que ha llevado a la “ desgracia a millones de personas”.

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En lo que respecta a Venezuela, para el PCV  “política de desastre económico” en la raíz que “produjo la migración masiva de millones de venezolanos hacia el exterior, tratando de buscar una alternativa para poder mantenerse y mantener a sus familias”.

Mientras que EE.UU.  en los últimos meses ha desatado la «persecución» y señala que “Trump se ha dedicado, precisamente, a aplicar una política migratoria xenofóbica y discriminativa”.

Las deportaciones ilegales por parte de «Trump parecen sacadas de una película distópica de terror, donde, sencillamente, se plantea que hay seres humanos de quinta categoría que no merecen tener garantía de derechos humanos”, dijo Jackeline López, miembro del partido.

En cuanto a  Bukele, lo calificó como «el carcelero» de Trump, por tener en prisión a los 252 venezolanos deportados a El Salvador.

“No sabemos en qué condiciones se encuentran esos cientos de venezolanos, (…) cuyas familias, en estos momentos, no tienen la menor certeza de su condición de salud”, alertó.

Como una «conducta de cinismo» calificó el Partido Comunista de Venezuela (PCV), la posición que ha tomado el gobierno madurista ante la situación de los migrantes venezolanos en El Salvador.

De «hipócrita» así Tildó Neirlay Andrade, miembro del PCV las acciones que implementa el presidente Nicolás Maduro tras la situación que enfrentan cientos de migrantes venezolanos en el extranjero.

Afirmó que la gestión madurista aplica las mismas medidas inhumanas a los presos políticos que las que ejerce el gobierno salvadoreño sobre los venezolanos enviados al centro de confinamiento del terrorismo.

Rechazó también la presunta presentación de la repatriación de la nueva tanda de deportados como una victoria diplomática para la gestión de la administración chavista.

A su juicio, esos connacionales son devueltos al territorio de forma violatoria a los procedimientos que amparan a los migrantes mundialmente.

La dirigente señala que el flujo migratorio no va a parar frente a las deportaciones por parte de EE.UU. e insiste en que los venezolanos salen del país en la búsqueda de mejorar su suerte y escapar de la crisis que atraviesa Venezuela.

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La tolda del gallo, repudió la nueva ola de sanciones petroleras impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump. Aseguran que esta medida solo sirve para alimentar la falsa retórica del gobierno chavista para mantenerse en el poder.

Señalan que las medidas estructurales impuestas por la administración de Nicolás Maduro favorecen al capital, mientras usa paños de agua tibia para manejar la situación económica que se les sale de las manos.

El PCV explicó que decidió no participar en las elecciones de mayo ante lo que consideró como el auge del autoritarismo y de la represión, así como por las que tachó de normas arbitrarias para obstaculizar la participación política.

El buró político del Partido Comunista de Venezuela, anunció que no participará en elecciones regionales y legislativas previstas para el 27 de abril.

A través de un comunicado difundido por sus redes sociales, el PCV hizo un llamado a la conformación de alianza para rercuperar los derechos de los venezolanos.

«El PCV ratifica su llamado a las fuerzas revolucionarias, populares y genuinamente democráticas, independientemente de la táctica adoptada en esta coyuntura electoral, a unirnos en una amplia alianza para luchar por la recuperación de los derechos políticos, económicos y sociales que han sido arrebatados», dice el documento.

También pide «hacer frente a las salidas injerencistas con las que un sector de la derecha proimperialista intenta hacerle creer al país que solucionará esta aguda crisis de legitimidad».

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El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) informa al pueblo trabajador venezolano sobre las conclusiones de las deliberaciones del XV Pleno del Comité Central, celebrado el pasado 15 de febrero; cuyo orden del día fue la definición de la táctica político-electoral de las y los comunistas venezolanos ante la convocatoria a elecciones regionales y legislativas para el próximo 27 de abril.

En tal sentido, queremos trasmitir a la opinión pública nacional un conjunto de elementos que anteceden a esta convocatoria electoral y sin los cuales no se puede comprender la aguda crisis política y social que impera hoy en el país:

1. La toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, es el punto culminante de una conspiración de los Poderes Públicos, controlados por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), contra las legítimas aspiraciones de cambio del pueblo venezolano; que rechaza su gestión antiobrera, antipopular y profundamente antidemocrática. De manera ilegal e inconstitucional, Maduro asumió un Gobierno de facto sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentara los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, desagregados por mesa de votación, tal y como establecen las leyes.

?️PCV NO PARTICIPARÁ EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONESPartido Comunista de Venezuela anunció que no participará en las elecciones legislativas y regionales del 27Abr, al considerar que no hay "garantías" ni "transparencia electoral" tras las presidenciales de 2024?@PCV_Venezuela pic.twitter.com/UK87FswuAD

2. Tras haber perdido el respaldo popular, la cúpula corrupta que hoy controla el aparato estatal ha desatado una represión sin precedentes en la historia reciente contra los sectores populares, cuyo saldo ha sido la detención arbitraria de cientos de trabajadores y jóvenes -muchos de ellos secuestrados en las puertas de sus hogares o de sus centros de trabajo- que hoy son víctimas de violaciones a sus derechos más elementales.

3. La política de terror que ha impuesto el PSUV para consolidar su farsa electoral también se ha sustentado en la persecución y criminalización de aquellos sectores políticos y sociales que luchamos por la recuperación de los derechos democráticos conculcados al pueblo venezolano. Tal ha sido el caso del Frente Democrático Popular (FDP) -del cual forma parte el PCV-: Actualmente, una de sus principales figuras, el excandidato presidencial Enrique Márquez permanece secuestrado e incomunicado sin explicación jurídica alguna. Además, los dirigentes María Alejandra Díaz y Juan Barreto son asediados por grupos policiales y parapoliciales a la vez que -junto al Secretario General del PCV, Oscar Figuera- se les intenta vincular con factores de extrema derecha a través de burdas operaciones de propaganda, orquestadas por los instrumentos de manipulación del Gobierno-PSUV.

4. La campaña anticomunista de la cúpula del PSUV tuvo su hito más importante con el asalto judicial contra el PCV y la entrega de su tarjeta electoral a un puñado de mercenarios al servicio de Nicolás Maduro. Con ello – emulando al betancourismo- no solo se ha privado a la izquierda venezolana de concurrir a procesos electorales, sino que se ha comprobado el pacto que las élites burguesas del Gobierno mantienen con los sectores más reaccionarios de la oposición para sostener la falsa polarización que ha conducido al país hasta esta catastrófica encrucijada.

En este contexto en el que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido derogada; de ausencia de garantías y de transparencia electoral; de condicionamientos y normas arbitrarias para obstaculizar la participación política; y de auge del autoritarismo y de la represión, el XV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, haciendo uso de su independencia como partido de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, ha resuelto no participar en las elecciones a Gobernaciones, Consejos Legislativos y Asamblea Nacional previstas para el 27 de abril.

El PCV ratifica su llamado a las fuerzas revolucionarias, populares y genuinamente democráticas, independientemente de la táctica adoptada en esta coyuntura electoral, a unirnos en una amplia alianza para luchar por la recuperación de los derechos políticos, económicos y sociales que han sido arrebatados, así como para hacer frente a las salidas injerencistas con las que un sector de la derecha proimperialista intenta hacerle creer al país que solucionará esta aguda crisis de legitimidad.

Las y los comunistas venezolanos mantenemos en alto las demandas hechas tras el golpe a la voluntad popular del 28 de julio: El país debe conocer los resultados electorales tal y como establece la ley. Demandamos independencia del árbitro electoral; restitución de las tarjetas electorales a las legítimas direcciones de los partidos políticos; libertad plena para los presos políticos; restitución de las garantías democráticas y respeto a la soberanía popular.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) sumó su apoyo a la campaña que exige a la administración de Nicolás Maduro que otorgue una amnistía general a los detenidos durante las protestas postelectorales

«El Gobierno continúa en su política de represión contra todo aquel que expresa opiniones contrarias a él, violando derechos fundamentales; metiendo preso y hostigando a dirigentes sociales», denunció Oswaldo Ramos, miembro del Buró Político del PCV.

? El PCV solicitó al gobierno la liberación de Enrique Márquez y una amnistía general para todos los presos políticos.? Vía: @PCV_Venezuela pic.twitter.com/WulbUiyBj4

La campaña por una amnistía general ha sido impulsada por diversas organizaciones, personalidades y agrupaciones políticas, entre ellas el Frente Democrático Popular (FDP), del cual forma parte el PCV, recuerda el medio Tal Cual.

Ramos informó que este martes 21 de enero varias organizaciones políticas y sociales acudirían al Ministerio Público (MP) para exigir la liberación del excandidato presidencial apoyado por los comunistas, Enrique Márquez, y de los demás detenidos.

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Por último, el dirigente del partido del gallo rojo denunció la escalada de la persecución gubernamental hacia sectores del magisterio y sindical.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció este martes un “escalamiento de prácticas despóticas” del gobierno Nicolás Maduro, que a su juicio incrementó los despidos “ilegales” en la administración pública, así como las “detenciones arbitrarias”, tras los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Queremos expresar nuestra preocupación por el escalamiento de las prácticas despóticas que ejecuta la cúpula de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que se han agravado en los últimos meses, específicamente, posterior a la realización de las elecciones presidenciales”, dijo Neirlay Andrade, integrante del buró político del PCV, citada en nota de prensa.

Andrade denunció que en las últimas semanas han “aumentado”, sin ofrecer cifras, los despidos “ilegales” en la administración pública, así como las “detenciones arbitrarias” por parte “organismos de inteligencia del Estado”.

“Es el caso de 65 trabajadores petroleros, particularmente del oriente del país, de Anzoátegui, Monagas, que fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar”, añadió.

Sostuvo que se desconocen los motivos de aprehensión de estos trabajadores y -dijo- sus familiares tampoco tienen noticias de su paradero que, presumen, están detenidos en Caracas.

“Estamos a todas luces ante un proceso violatorio de derechos en este caso, de este conjunto de trabajadores de la industria petrolera. Exigimos que se esclarezca esta turbia situación, que estos trabajadores sean inmediatamente liberados, que cese el hostigamiento”, expresó.

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Asimismo, se solidarizó con el movimiento Zulia Humana, tras la detención del diputado regional del Consejo Legislativo Eduardo Labrador.

“Queremos alertar sobre estas prácticas que van vulnerando los derechos políticos del pueblo venezolano y que se van uniendo a otras medidas que ha tomado en los últimos años el Gobierno para poder restringir el debate y la crítica en el país”, agregó Andrade.

Hasta ahora desconoce el paradero del legislador.

Este jueves 23 de mayo, representantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) solicitaron que se haga una investigación sobre el financiamiento al candidato de la oposición a través de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

«Creemos que la Fiscalía General de la República debe abrir una investigación sobre este presunto financiamiento que viene siendo denunciado por las redes sociales. Se está hablando de millones de dólares que le están metiendo a la campaña electoral del candidato de la MUD y de Un Nuevo Tiempo», denunció el presidente de la organización del gallo rojo, Henry Parra.

Agregó que «es necesario que cualquier capital extranjero que ingrese a Venezuela, para financiar campañas electorales, el Estado intervenga inmediatamente».

Para saber más acerca de esta y otras informaciones te invitamos a ver nuestro canal de YouTube.

#EnVideo?| Representantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) solicitan que se haga una investigación sobre el financiamiento de la candidatura de la MUD.#CreoEnVenezuela pic.twitter.com/qoG0P03tFN

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Parra encabeza la junta ad hoc del PCV luego de que esta organización fuera intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en agosto de 2023.

A partir de esa medida, los símbolos del histórico partido comunista fueron entregados a Henry Parra.

El PCV judicializado es una de las toldas políticas que apoya a Nicolás Maduro en su aspiración a la reelección presidencial.

La militancia del Partido Comunista de Venezuela (PCV), tolda intervenida por el gobierno de Nicolás Maduro en octubre de 2023, por primera vez en 25 años presenta un candidato presidencial: Manuel Isidro Molina.

Molina es periodista y la semana pasada aceptó la postulación del PCV, tolda que ha sido golpeada y atacada desde hace ya varios meses por parte de la administración de Nicolás Maduro, lo cual se ha demostrado en Parlamento, donde su único diputado ha sido silenciado.

Desde el PCV acusan a Maduro de ser «más de lo mismo» y de traicionar el legado del presidente Hugo Chávez, además de arremeter contra la clase obrera y aplicar políticas que han afectado a los más necesutados.

En Cara a Cara lo entrevistamos en exclusiva y nos reveló muchos detalles sobre lo que piensan aquellos que alguna vez apoyaron a Maduro, quien se está quedando cada vez más solo por fallarle a la clase trabajadora.

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Tanto va el cántaro al agua que terina por romperse, dice un refrán popular que podría aplicarse a lo que ha ocurrido con el Partido Comunista de Venezuela (PCV), pero el ala antimadurista, que acaba de anunciar que lanzará su propio candidato.

Se trata del periodista Manuel Isidro Molina, quien fue proclamado durante segunda fase de la XVI Conferencia Nacional del PCV, realizada este 17 de marzo.

En el evento se acordó «proponer al pueblo venezolano, en particular a su clase trabajadora y a las fuerzas aliadas del campo popular, auténticamente democráticas, patrióticas, antiimperialista y revolucionarias, la candidatura presidencial del periodista Manuel Isidro Molina».

El Secretario General del Comité Central del PCV, Oscar Figuera hizo el anuncio, donde explicó:

«Esta candidatura no es sólo para participar en el proceso electoral, sino que es una propuesta para avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas e impulso de las luchas de los trabajadores, los campesinos, los pueblos indígenas, el movimiento popular en general y estudiantes y de la intelectualidad», dijo.

La candidatura pretende ser capas «de identificarse con una salida democrática popular frente a la catástrofe nacional de la cual son responsables, tanto la fracción burguesa que dirige el país desde Miraflores, como las fracciones burguesas que desde la oposición han promovido líneas de intervención y agresión extranjera contra el país», explicó Figuera.

El dirigente del PCV, describió la propuesta como «una candidatura para renovar la confianza en las propias fuerzas de la clase trabajadora y del pueblo venezolano; para elevar y recuperar la dignidad de nuestro pueblo frente a quienes nos agreden diariamente e intentan llevarnos a situaciones de violencia, de abstención, de fragmentación de las fuerzas populares para seguir reinando y seguir aprovechándose de los espacios de poder y de gobierno para su enriquecimiento».

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Por su parte, Manuel Isidro Molina agradeció la decisión del PCV y declaró que asume el compromiso de esta candidatura «como una herramienta para la unión de una mayoría que no acepta el actual estado de degradación moral; que no acepta que la política sea sucia, que la política sea corrupta. Una mayoría que no acepta que la política sea ─como está haciendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro─ una herramienta para el enriquecimiento ilícito».

Molina subrayó que «la reconstrucción integral de Venezuela comienza por la reconstrucción moral y ética de la nación» y agregó: «El Partido Comunista de Venezuela, hoy agredido judicialmente por el gobierno de Nicolás Maduro, es un ejemplo de dignidad, de honradez, de compromiso histórico por la felicidad de nuestro pueblo».

El candidato presidencial precisó que el programa que presentará al país está fundamentado en «la defensa de los intereses de la mayoría de nuestra población, hoy empobrecida y traicionada».

«Nos declaramos defensores del salario de los trabajadores venezolanos, de los derechos legítimos de los jubilados y pensionados ─hoy prácticamente tirados al hambre, la desesperación, la enfermedad y la muerte prematura», afirmó.

Molina hizo un llamado al país a mantener la confianza en la opción que hoy se presenta: «Nos estamos abriendo paso al calor de las exigencias del pueblo venezolano y que no fallaremos. Somos gente de palabra, somos gente de firmeza y estamos acostumbrados a remar contra la corriente».

«Vamos a dotar a Venezuela de una alternativa viable y en unidad lo lograremos», concluyó.

#19Mar ?️ YA TIENEN CANDIDATO Con el fin de avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas e impulsar las luchas de los trabajadores, el Partido Comunista de Venezuela anunció la candidatura del periodista Manuel Isidro Colina para la elección presidencial prevista para el… pic.twitter.com/NjCU4FyRlR

El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), criticó el acuerdo suscrito en la Asamblea Nacional (AN) por parte de partidos y varios sectores del país, para hacer una propuesta de calendario para las elecciones presidenciales, el cual fue entregado al consejo nacional electoral (CNE).

“Lo primero que debemos aclarar es que se trata de una farsa hablar de un acuerdo de carácter incluyente cuando hay evidentes denuncias públicas de actores políticos que deseaban participar en esa iniciativa y le fueron cerradas las puertas; así como hay otros que participaron y sus propuestas no fueron escuchadas. Hablar de inclusión en este contexto pareciera más bien una burla”.

La afirmación la hizo Nerilay Andrade, dirigente nacional del PCV, quien ratificó que, por el ejemplo, su partido fue excluido de ese proceso.

Criticó que el acuerdo hable de “derechos constitucionales que el Psuv viola sistemáticamente”.

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Aseguró que ese pacto es entre las “cúpulas” que se disputan «cuotas de poder» en Venezuela, mientras que no hubo «una representación legítima de la clase obrera».

Ratificó que el gobierno de Nicolás Maduro «ejecuta una política de destrucción de los salarios y las pensiones de los venezolanos».

Recordó que han pasado dos años con el aumento del sueldo mínimo congelado, «La bonificación del ingreso de la ciudadanía es nefasta” porque no tienen incidencia en vacaciones, aguinaldos y otras reivindicaciones».

“Y en el caso de las mujeres este escenario que estamos describiendo se vuelve mucho más complejo porque son ellas en su mayoría las responsables de las tareas del cuidado de la vida y por supuesto, de la fuerza de trabajo. Tareas que no tienen ningún tipo de remuneración, pero que sí impactan en el desarrollo de un país”, expresó.

Dirigentes tradicionales del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunciaron este domingo que el chavismo pretende expulsar al único diputado que la formación tiene dentro de la Asamblea Nacional (AN), como parte de la intervención judicial que enfrenta la organización política.

«La cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) avanza en los preparativos para arrebatarle la diputación en la AN al PCV», dice una nota de prensa difundida en los canales tradicionales de la formación, que fue intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en agosto pasado, cuando nombró una junta directiva ad hoc.

Los comunistas se refirieron a una rueda de prensa ofrecida por el presidente ad hoc del PCV, Henry Parra -a quien señalan como un operador del Gobierno-, en la que el dirigente pidió a la AN que el diputado Óscar Figuera no sea reconocido como militante de la formación, de la que era su secretario general hasta la intervención judicial.

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A juicio de los rojos del gallito, esto revela que el propósito de «arrebatarle la diputación al PCV en la AN y subordinarla al pacto de élites que el Gobierno y la oposición de derecha mantienen en el Parlamento».

Reiteraron que el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, «ha negado sistemáticamente el derecho de palabra» a Figuera desde que comenzó el período legislativo, en enero de 2021, y que el Ejecutivo de Nicolás Maduro «ha prohibido que las posiciones de las y los comunistas en la AN sean transmitidas por medios de comunicación».

El PCV es la formación más antigua del país y acompañó al chavismo en su ascenso al poder en 1999, tras lo cual mantuvo una cercanía con el Gobierno, que se rompió en la última década cuando se volvió crítico del presidente Nicolás Maduro.

Desde el estado Trujillo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció con bombos y platillos el regreso del Partido Comunista de Venezuela a las filas del chavismo.

Desde Caricuao, Diosdado celebró que el PCV esté transitando el camino de la revolución, y que le dio la espalda a las cúpulas.

Como se recordara por instrucciones del Tribunal Supremo de Justicia, el PCV paso a manos de un grupo que introdujo una denuncia, hecho que fue rechazado por la directiva elegida por los canales regulares.

La decisión del TSJ fue denunciada en instancias internacionales, por ser un robo del partido y de la tarjeta electoral, según la directiva.

Cabello denunció que a Antonio Ledezma se le fue el yoyo y contó los planes que tenía para una nueva edición de las guarimbas y la violencia.

Dijo que la oposición es pura cámara y show, porque se ponen el disfraz de demócratas cada vez que hay elecciones.

Cabello no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra los candidatos de la primaria opositora, a quienes calificó de violentas, pese a que los llamó “La Sayona” y el “fantasma tapa amarilla”.

Destacó que la oposición “No quieren ir a elecciones, lo que quieren es violencia”, un formato que ha utilizado durante todos estos años, y que el chavismo, según Diosdado, los ha neutralizado pacíficamente.

Recordó que cuando la derecha andaba en desbandada en 2016 y 2017 se aplicó el mecanismo de las cuadrillas de paz, para neutralizarlos. Y en esta oportunidad se reactivarán en todo el país para generar la violencia opositora. “Vamos a luchar por la paz”, ratificó.

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“Vamos a trabajar para que no se derrame una sola gota de sangre en Venezuela”, destacó.

Advirtió que “Si la derecha insiste en violar la Constitución, si insiste en pensar que este Pueblo es bobo, si insiste en intentar llamar a la violencia, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pa’ la calle a defender a la Revolución».

#EnVideo?| Primer Vicepresidente del PSUV @dcabellor agregó que nadie le va a negar al pueblo revolucionario su derecho a defender la Patria.#ConsensoDeVenezuela pic.twitter.com/CohlahJQC9

También dijo que la oposición pueden hacer lo que quiera “pero hay que recordar que mientras estemos en la calle seremos invencibles y que ellos que están inhabilitados no van (…) Sigamos en la calle, sigamos en batalla y en victoria (…) Mientras estemos unidos, jamás ellos podrán”.

#22Ago ¡NO SOLTARÁN EL PODER!Diosdado Cabello expresó que mientras esté la Revolución Bolivariana, “no se le entregará la Patria a nadie, a quien sólo desea dársela al imperio norteamericano”.¿Qué opinas? ?? pic.twitter.com/2WwFzgv4Kl

Como en la mitología griega que habla de Saturno, como el dios que devoraba a sus hijos, así el oficialismo y más concretamente el madurismo, ha ido acabando con los antiguos aliados que ayudaron a Hugo Chávez a llegar al poder.

Antes de que el gallo rojo cantara una vez más, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió cortarle la cabeza. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) se convirtió en la noche del viernes 11 de agosto en la última formación política, que en algún momento apoyó al chavismo, en ser intervenida por el máximo juzgado, reseña la ONG Acceso a la Justicia.

La decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia n.º 1.160, redactada por la magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, cuyo contenido íntegro fue publicado dos días hábiles después de su anuncio en el sitio web del organismo rector del Poder Judicial.

En esta sentencia, el máximo juzgado entrega las riendas del histórico partido a Henry Parra, quien se desempeñará como su presidente, mientras que Sixto Rodríguez ocupará el puesto de secretario general. Por su parte, Griseldys Herrera será la nueva secretaria de Organización, Carlos Figueroa se desempeñará como secretario de Administración y Finanzas, Zoilo Aristegui será el secretario de Ideología, Joahan Coraspe el de Agitación y Propaganda, y Robinson García será el secretario por el Trabajador Agrario y Campesino.

Los designados tienen la tarea de organizar «los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados».

La medida contra el PCV se produce justo una semana después de que la Sala Constitucional interviniera a la Cruz Roja Venezolana, otra decisión del TSJ que ha provocado una ola de críticas dentro y fuera del país y que ha sido denunciada como un nuevo zarpazo contra la libertad de asociación en Venezuela.

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La intervención del partido identificado a efectos electorales con un gallo rojo dentro de un círculo amarillo supone un golpe más al artículo 67 constitucional, el cual establece:

«todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes».

En la última década, el TSJ ha tomado medidas similares contra más de una docena de formaciones políticas, tanto opositoras como disidentes del chavismo, en lo que parece ser una estrategia por confeccionar no solo una oposición a la medida, sino por silenciar toda disidencia dentro de sus propias filas.

Desde 2012, agrupaciones que estuvieron alineadas con el oficialismo y que con el paso del tiempo se fueron deslindando han visto cómo el máximo juzgado destituía a sus autoridades y les imponía a otras, una decisión que traía como consecuencia casi inmediata su realineación con los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

El movimiento Por la Democracia Social (Podemos) y Patria Para Todos (PPT) fueron los primeros en correr esta suerte en el marco de las elecciones presidenciales de 2012, cuando optaron por apoyar la candidatura del entonces gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski.

Tres años después le pasó lo mismo al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), y posteriormente la lista fue engrosada por Tendencias Unificadas Para Alcanzar Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y el PPT por segunda vez.

Como en el caso de las formaciones antes mencionadas, el TSJ les entregó el PCV a unas personas (Henry Parra y Sixto Rodríguez) cuya militancia ha sido cuestionada, pero siguen estando alineadas con el Gobierno.

En el caso del PCV, la medida parece ser el punto culminante de la tormentosa relación que comunistas y chavistas han mantenido durante más de dos décadas. Los comunistas fueron de los primeros en sumarse al Polo Patriótico y le dieron su respaldo a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1999, pero en 2007 se produjeron las primeras diferencias entre ambos, debido a la propuesta de Chávez de crear un partido único que aglutinara a todas las fuerzas que respaldaban la revolución bolivariana: lo que hoy se conoce como el Partido Socialista Único de Venezuela (PSUV).

La tolda del gallo, fundada en 1931, rechazó la idea de desaparecer y esto no agradó al entonces mandatario. «Los que quieran irse váyanse, escojan como van a quedar en el recuerdo de un pueblo y de nosotros que estamos decididos a hacer una verdadera revolución socialista en Venezuela», les espetó Chávez en esa ocasión.

No obstante, las relaciones se recuperaron y la alianza continuó hasta Maduro, aunque ya para las cuestionadas presidenciales de 2018 hubo nuevos roces. La situación empeoró en los últimos años, debido a la política económica «neoliberal» y «complaciente con los empresarios» asumida por el Gobierno, de acuerdo con los comunistas.

Así para las legislativas de 2020 (en las que superó los 170 mil votos, obteniendo un escaño al Parlamento nacional) y las «megaelecciones» regionales y municipales de 2021, el PCV formó una alianza con otras formaciones minoritarias del oficialismo, algo que no agradó a las autoridades, que tomaron algunas medidas para neutralizarla, como la inhabilitación de algunas candidaturas.

Desde hacía tiempo, en el PCV venían advirtiendo la posibilidad de que ocurriera lo que terminó pasando, una posibilidad que fue rechazada por el comunismo internacional.

Desde finales de 2022, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello ha atacado desde su programa de televisión a la directiva comunista ahora destituida, a la que ha acusado de seguir el discurso de Estados Unidos, una opinión compartida por Henry Parra. Al menos así lo dejó en claro el pasado 10 de julio, cuando acudió al TSJ para presentar una acción de amparo en la que solicitaba medidas contra la «ilegal» directiva del PCV, a la que acusó de «casi coincidir con la ultraderecha».

Las críticas que el partido del gallo lanzó frente a la última cruzada contra la corrupción del Gobierno y sus peticiones para que las investigaciones abarcaran a altos cargos, así como su reciente demanda para que el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, fuera investigado por el Ministerio Público, por las amenazas a la precandidata opositora María Corina Machado, parecen haber agotado la paciencia del oficialismo.

La intervención judicial del PCV es un hecho de suma gravedad. Es otra prueba de que los derechos fundamentales a la asociación, a la participación en los asuntos públicos y la libertad de expresión se encuentran en estado comatoso en el país, y ello gracias a la rama del Poder Público que debería garantizarlos: el Poder Judicial.

No exageran los comunistas venezolanos cuando calificaron la sentencia como un «fraude procesal, que violenta los derechos políticos del PCV y del pueblo trabajador venezolano», pues «no solo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del Gobierno-PSUV».

La medida representa además un hecho sin precedentes en la historia del país. Solo las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez se habían atrevido a tomar acciones tan drásticas contra los comunistas. Ni siquiera en tiempos de la lucha guerrillera armada, en la que la organización estuvo involucrada, las autoridades de la época adoptaron una postura similar.

Tal como lo anunció Óscar Figuera, secretario general de la defenestrada directiva del Partido Comunista de Venezuela (PCV), acerca de que sus colegas de otros países protestarían contra la medida del TSJ de Maduro, integrantes del Partido Comunista de México lo hicieron en la embajada ubicada en la capital del país azteca.

«Hoy irrumpimos en la embajada de Venezuela para protestar por la ilegalización del Partido Comunista de Venezuela. Las medidas reaccionarias y anticomunistas del gobierno de Maduro son una agresión a los comunistas y trabajadores del mundo», escribió el PCM en sus cuentas en redes sociales.

Al respecto, los dirigentes del PCM se manifestaron ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México «en demanda a la aplicación de un extrañamiento al estado venezolano por violación a los derechos políticos y electorales de los trabajadores venezolanos por la ilegalización del Partido Comunista de Venezuela», dijeron.

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«La represión contra el PCV se ejecuta cuando este ha reafirmado su oposición al Gobierno de Nicolás Maduro y declarado que en Venezuela está en crisis el capitalismo, pues, no hay construcción socialista», detalló el PCM.

Recordó que «cuando en los años 20 los comunistas mexicanos fuimos ilegalizados, los partidos comunistas clausuraron las embajadas de México, hoy somos consecuentes con ese gesto del internacionalismo proletario. Las embajadas del anticomunismo deben ser rechazadas por los trabajadores».

El viernes pasado, el TSJ ordenó la intervención del PCV al admitir un amparo constitucional introducido el pasado 10 de julio por un grupo que alega que la junta directiva actual es ilegal y se alejó de los preceptos que rigen la organización.

El PCV acompañó al chavismo en su ascenso al poder desde 1999, pero esa cercanía se rompió en la última década, cuando se volvió crítico de Nicolás Maduro.

Este sábado, la indignación se apoderó del sector político venezolano, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la administración de Nicolás Maduro declaró procedente la sentencia 1160 de la Sala Constitucional, introducida por Henrry Parra quien solicitaba un amparo para encargarse del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Con la designación de una junta ad hoc, pretenden reemplazar a los representantes del PCV escogidos en elecciones en noviembre de 2022.

Esto generó diversas reacciones, tanto de la junta del PCV, como de otros sectores políticos del país, entre ellos, la Plataforma Unitaria, que representa a los partidos de oposición.

Asimismo, emitió un comunicado en la red social V, anteriormente Twitter, en el cual rechazaron esta acción y aseveraron que, “junto a nocturnas maniobras judiciales, buscan imponer de manera ilegítima a los partidos políticos que democráticamente disienten del régimen; a sumisas y obedientes “autoridades””.

“Tal como ocurrió en contra del Partido Comunista de Venezuela, a quien ha despojado de sus autoridades legítimas, en represalia, por las posiciones críticas que han asumido frente a la corrupción y la indolencia de Nicolás Maduro y los suyos”, dice el texto.

Asimismo, destacó que, “las fuerzas democráticas seguiremos alzando nuestra voz en contra de todo atropello, más allá de las diferencias ideológicas y políticas; por tanto, expresamos nuestra solidaridad a las legítimas autoridades del PDV”.

Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, en coherencia con lo que ha sido nuestra inequívoca posición, rechazamos el uso de la violencia y la fuerza, que junto a nocturnas maniobras judiciales buscan imponer de manera ilegítima a los partidos políticos que… pic.twitter.com/O36o7aR8KI

Por su parte, el candidato a la primaria opositora, Henrique Capriles Radonski, aseguró que siempre van a condenar el uso político de la justicia.

Mediante su cuenta en X envió su solidaridad al PCV ante la intervención del TSJ. “Una vez más Maduro usa el sistema de justicia para quitar del camino a quienes disienten de su desastroso y fracasado Gobierno”.

“A pesar de no compartir la visión del PCV, sí respetamos su derecho a existir como partido y sus derechos ciudadanos, eso es parte de la democracia por la que tanto hemos luchado.”, sentenció.

Siempre condenaremos el uso político de la justicia. Solidarios con el @PCV_Venezuela por su intervención a través de una sentencia del TSJ. Una vez más Maduro usa el sistema de justicia para quitar del camino a quienes disienten de su desastroso y fracasado Gobierno.Esta…

Roberto Enríquez, otro de los candidatos a la primaria, también fijó su postura ante la intervención del Poder Judicial de Maduro al Partido Comunista de Venezuela.

«Ahora le toca al PCV, fuimos el primer partido intervenido por el abuso de poder. Ciertamente, soy un adversario ideológico del comunismo, pero primero soy un demócrata; como no ser solidario con una organización que es vejada por el atropello y el autoritarismo», aseveró.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la sentencia 1160 de la Sala Constitucional, declaró procedente una acción de amparo introducida por Henry Parra, quien a partir de ahora será el encargado de dirigir la supuesta reestructuración del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Como se recordará, Parra denunció presuntos hechos de exclusión y corrupción en la conducción del partido.

Acción que fue denunciada a su vez por la dirección del PCV. Cuando advirtieron que un “Grupo de mercenarios al servicio del Gobierno-PSUV se prepara para solicitar -en las próximas horas- al Tribunal Supremo de Justicia, la ilegal intervención del Partido Comunista de Venezuela”.

Con la designación de esta otra junta ad hoc se trata reemplazará a los representantes del PCV escogidos en elecciones en noviembre de 2022.

La sentencia indica que la junta organizará los “procesos democráticos internos que garanticen los derechos de participación política de los asociados”, esto implica que serán los autorizados para utilizar la tarjeta del gallo rojo.

Hace un mes Parra en nombre de las bases del partido introdujo el amparo. Con la sentencia queda Parra en la presidencia de la organización, junto a Sixto Rodríguez como secretario general y Griseldys Herrera como secretaria,

Mientras que Carlos Figueroa queda como secretario de administración y finanzas, Zoilo Aristegui como secretario de ideología, Joahan Coraspe como secretario de agitación y propaganda, y Robinson García como secretario por el trabajador agrario y campesino.

Por su parte, la directiva elegida en 2022 denunció ante el pueblo venezolano, los partidos comunistas, obreros y las fuerzas genuinamente antiimperialistas del mundo, el asalto contra el PCV.

“El Gobierno de Nicolás Maduro ha consumado el asalto contra el Partido Comunista de Venezuela a través de una arbitraria sentencia judicial que avala la imposición de una directiva compuesta por mercenarios al servicio de la cúpula que dirige el PSUV”, indica a través de sus redes sociales.

Alegan que los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia incurrieron en un error inexcusable de derecho al admitir y decidir un recurso de amparo, promovido de manera extemporánea por un grupo de ciudadanos que no militan en nuestras filas.

#ALERTA Denunciamos ante el pueblo venezolano, los partidos comunistas, obreros y las fuerzas genuinamente antiimperialistas del mundo, que el Gobierno de Nicolás Maduro ha consumado el asalto contra el Partido Comunista de Venezuela a través de una arbitraria sentencia judicial… pic.twitter.com/UERKCfqR4e

Advierten que estos ciudadanos al no militar en el PCV “por tanto, no cuentan con cualidad jurídica alguna para actuar en nombre de nuestra organización, violando la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

“Este fraude procesal, que violenta los derechos políticos del PCV y del pueblo trabajador venezolano, no solo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del Gobierno-PSUV que equivocadamente cree que con esta maniobra doblegará a las y los comunistas venezolanos”.

La Dirección Nacional del PCV se encuentra reunida en estos momentos, evaluando las acciones jurídicas y políticas, nacionales e internacionales, que impulsará en defensa de nuestro derecho a existir como Partido Comunista y a seguir luchando por el reagrupamiento de las fuerzas políticas, sociales, obreras, campesinas y populares para conquistar una salida revolucionaria a la crisis capitalista venezolana.

El IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), decidió separarse oficialmente de cualquier acción o convicción que le una a la administración de Nicolás Maduro, entre otras razones por la maniobra que el TSJ intenta para despojar a la tolda de sus símbolos y siglas, tal como ha hecho con otras organizaciones que le son incómodas.

“Nuestro IV Pleno del Comité Central manifestó su decisión de seguir luchando; de no rendirse, de no entregarse, cualesquiera que sean las decisiones que desde el aparato del Estado burgués se adopten”, dijo el secretario general del PCV, Oscar Figuera.

De esta forma, el PCV pasa a engrosar las filas de la oposición en Venezuela, ante la «política antipopular» de Maduro, luego de más de dos décadas de identificación con la llamada «revolución socialista».

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«Grupo de mercenarios al servicio del Gobierno-PSUV se prepara para solicitar -en las próximas horas- al Tribunal Supremo de Justicia, la ilegal intervención del Partido Comunista de Venezuela».

Así lo alertó el PCV en su cuenta en Twitter. Pero, no es la primera vez que el partido del gallo rojo hace una advertencia de este tipo.

Desde mayo, los militantes de la organización alertan de diversas acciones que se estarían haciendo en su contra, reseña la agencia Efe.

Primero se habló de un supuesto falso positivo en la que se buscaría desconocer los resultados del proceso interno de la organización.

Lo que puede ocurrir con el PCV ya ha pasado con otros partidos, pero de la oposición. Tal es el caso de AD, Copei, PJ y Voluntad Popular, partidos en los cuales fueron impuestas directivas de facto, cuyos integrantes son pro oficialistas.

Desde hace tiempo, el PCV, antiguo aliado del Psuv, está enfrentado al partido de gobierno encabezado por Nicolás Maduro, al asegurar que sus prácticas son en contra de los preceptos revolucionarios.

A finales de febrero, un total de 45 formaciones comunistas de todos los continentes condenaron lo que consideran un «plan para asaltar e intervenir el PCV» por parte del Estado, según señaló un comunicado difundido entonces por esa agrupación política.

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«Condenamos enérgicamente los planes dirigidos a tomar por medios usados en otros casos su Dirección Política, ya sea a través de una intervención administrativa (vía Consejo Nacional Electoral) o judicial (vía Tribunal Supremo de Justicia)», afirmaron las organizaciones integrantes del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO) en la misiva publicada el domingo 26 de febrero.

La dirección del PCV denunció, en repetidas ocasiones, las acciones del Estado contra la formación, como la inhabilitación de su candidato a la repetición de las elecciones en el estado Barinas -cuna de Hugo Chávez-, que se celebraron el 9 de enero de 2022.

Esta semana, el PCV aseguró que la administración de Maduro usa las inhabilitaciones administrativas como «un instrumento para neutralizar y anular» a actores políticos de la oposición.

? #ALERTA Nueva maniobra antidemocrática en Venezuela:Grupo de mercenarios al servicio del Gobierno-PSUV se prepara para solicitar -en las próximas horas- al Tribunal Supremo de Justicia, la ilegal intervención del Partido Comunista de Venezuela.#YoDefiendoAlPCV pic.twitter.com/u3vxdUQaze

“El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho de la inhabilitación política por vía administrativa un instrumento para neutralizar y anular actores y organizaciones políticas que no están alineadas con sus intereses”.

La denuncia la hizo Yul Jabour, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Jabour recordó que en los últimos años el PCV “ha sido víctima de esa política” y que en las últimas elecciones regionales y municipales, las y los candidatos del Gallo Rojo fueron objeto de la mayor cantidad de inhabilitaciones arbitrarias, destaca el partido en nota de prensa.

El PCV reiteró que la inhabilitación política “hace un flaco servicio a la democracia” y su práctica “viola los derechos de actores y organizaciones políticas”.

Jabour denunció el uso demagógico del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para imponer inhabilitaciones, violentando el artículo 65 de la Constitución en el que se establece expresamente que no podrán optar a cargos públicos quienes hayan sido condenados penalmente.

“El Tribunal Supremo de Justicia, en lugar de revisar este artículo y garantizar el derecho político del pueblo venezolano, se afianza este tipo de política que viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, apuntó.

Tal es el caso de la dirigente María Corina Machado, sobre quien no pesa condena alguna a pesar de ser una “de los actores políticos que ha llamado a la injerencia, a la intervención extranjera en contra de nuestro país; que ha servido de funcionario en representación de un gobierno extranjero, promoviendo políticas en contra de los intereses nacionales”, dijo Jabour.

“Esto tiene que ver con una conducta permisiva del Gobierno Nacional que ha generado impunidad para diversos actores de la vida política nacional que han actuado en contra de la República”, explicó el dirigente del PCV.

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Jabour rechazó que las instituciones del Estado no hayan establecido las responsabilidades jurídicas penales sobre aquellos actores que han operado en contra de los intereses del pueblo venezolano.

“El Gobierno ha permitido que estos señores que promueven políticas en contra del pueblo venezolano y articulan con gobiernos extranjeros, entren y salgan del país como les da la gana”, criticó Jabour.

“Eso pasó con Guaidó”, recordó el dirigente comunista. “Desde que usurpó el cargo de presidente de la República, el clamor popular -del que el Partido Comunista en Venezuela también fue parte- es que lo metieran preso. ¿Pero qué hicieron? Dejar que hiciera lo que le viniera en gana, hasta que decidió irse”.

En esta misma línea de denuncia de impunidad, Jabour citó los casos de Antonio Ledezma y Leopoldo López.

“Lo que se dan son falsos discursos desde la Asamblea Nacional y no se aplica la ley”, dijo Jabour al denunciar “una componenda entre la cúpula gubernamental con sectores de esa derecha opositora que están defendiendo a agentes del imperialismo estadounidense”.