El juicio por uno de los mayores escándalos de corrupción en Venezuela, que involucra al exzar del petróleo Tareck El Aissami, antiguo colaborador de Nicolás Maduro, avanza marcado por denuncias de abusos, según familiares y abogados de los acusados.

El llamado caso PDVSA Cripto se refiere a una trama que implica a exfuncionarios, banqueros, empresarios y la estatal Petróleos de Venezuela, que entre 2019 y 2023 habrían utilizado criptomonedas para desviar fondos públicos.

Además de El Aissami, que enfrenta una pena de hasta 30 años de prisión, otras 63 personas se sientan en el banquillo.

Las autoridades venezolanas cifran el daño patrimonial en 5.550 millones de dólares. Pero la ONG Transparencia Venezuela, que sigue el caso, lo estima en 16.900 millones de dólares.

En la audiencia del 12 de junio, El Aissami y el resto de los imputados negaron las acusaciones en su contra, según una minuta redactada por abogados defensores proporcionada a la AFP.

Lea también: ¿PECES GORDOS DE PDVSA-CRIPTO?: El juicio del siglo y los miles de millones de dólares desaparecidos 

El juicio, al que la prensa no tiene acceso, comenzó el 20 de abril, dos años después de la detención de El Aissami, quien fue ministro de Petróleo y vicepresidente de Maduro, y también desempeñó altos cargos durante la presidencia de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez.

El proceso había comenzado en 2023 con una ola de arrestos, pero quedó congelado hasta después de la caída de Maduro, capturado el 3 de enero por fuerzas estadounidenses acusado de narcotráfico.

Lea también: EL ASALTO A BANCAMIGA: LAS SOMBRAS DE UNA SUPUESTA ADQUISICIÓN FORZADA 

Las audiencias transcurren en el Palacio de Justicia de Caracas con fuertes restricciones de acceso.

Familiares de los procesados hacen fila desde la madrugada para obtener uno de los únicos cuatro cupos otorgados a parientes directos. Los abogados deben entrar a la sala sin bolígrafos, relojes, teléfonos o maletines.

En su primera comparecencia, el 8 de mayo, El Aissami, de 51 años, apareció debilitado y en silla de ruedas, luego de dos años sin que se supiera públicamente de su paradero y estado.

El exfuncionario se aferra en cada audiencia a una carpeta repleta de documentos para refutar las acusaciones en su contra, según sus abogados. También narraron que ha pedido "perdón porque se siente responsable de que gente inocente" haya sido involucrada.

Testigos en una audiencia a principios de junio dijeron a la AFP que El Aissami dijo a su defensa sentirse "cerca de la muerte" por falta de atención médica tras una cirugía.

Abogados afirmaron que responsabilizó a la jueza Alejandra Romero, a cargo de la causa, de "prestarse" a violaciones de derechos humanos y subrayaron que su cliente "necesita ser operado de un testículo de manera urgente".

El Aissami, como la mayoría de los imputados, está recluido en El Rodeo 1, una cárcel a las afueras de Caracas denunciada como centro de tortura por familiares de detenidos y oenegés.

Uno de los detenidos, el banquero Carmelo De Grazia, declaró que, antes de El Rodeo 1, estuvo en calabozos en Caracas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el cuerpo que lo arrestó.

Allí permaneció en una "celda de castigo denominada la tumba" con solo una rendija para respirar, de acuerdo con su testimonio del 20 de mayo, señalaron abogados.

De Grazia relató también que agentes armados lo obligaron a quitarse el uniforme de reo y a ponerse traje y corbata frente a una computadora. En una videollamada, dijo, lo forzaron a vender sus acciones de Compass Bank, un banco corresponsal de la venezolana Bancamiga.

"Esto ha sido un robo, aquí nunca ha habido interés de hacer justicia", declaró a periodistas Marianna Parra, esposa del banquero. "Aquí se está tratando de tapar la verdad", agregó.

Los acusados se quejan de la imposición de audiencias por videoconferencia con fallas técnicas.

"La conexión es pésima, el audio es deficiente, la imagen es pixelada", describieron abogados sobre una de las audiencias de la semana pasada transmitidas desde El Rodeo 1.

Indicaron que la jueza justifica la celebración de audiencias telemáticas "para garantizar la seguridad de los detenidos", tras un accidente previo del vehículo de traslado desde prisión.

En la audiencia del lunes, la jueza dejó constancia de que no se cuenta con medios para videograbar el juicio, aunque sí se registra el audio.

#ATENCIÓN Termina la audiencia de hoy en el caso PDVSA-CRIPTO, la "juez" ha decidido las nulidades interpuestas y las solicitudes de revisión de medidas. Todo fue declarado SIN LUGAR, ha dicho que @TarekWiliamSaab y su organización de fiscales no torturó, no extorsionó, y que…

Con información de AFP

 El juicio por el desfalco multimillonario de Pdvsa-Cripto avanza bajo un hermetismo extremo que evita revelar el destino de los fondos robados. 

Crecen las dudas sobre la presunta estrategia del ejecutivo para silenciar las audiencias y evitar que las declaraciones de los acusados salpiquen a figuras de poder que aún gobiernan.  

Te contamos más en nuestro canal de YouTube.

Lea también: EL ASALTO A BANCAMIGA: LAS SOMBRAS DE UNA SUPUESTA ADQUISICIÓN FORZADA

La tarde de este martes la  presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores a los directivos de la multinacional española Repsol.

El encuentro tuvo como objetivo la firma de un Memorando de Entendimiento en materia de crudo y gas entre la compañía europea y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Se trata de un instrumento que marca un hito en la profundización de los vínculos energéticos entre ambas partes.

El documento fue suscrito por el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón y Francisco Gea Pascual de Riquelme, director ejecutivo de Exploración y Producción de Repsol.

Delcy Rodríguez destacó el compromiso de la empresa española frente al aislamiento internacional que vivió Venezuela, debido a las sanciones.

"Cada acuerdo que nosotros estamos firmando en el Palacio de Miraflores en el ámbito de los hidrocarburos (…) en el ámbito de la energía eléctrica para el servicio eléctrico, son acuerdos y contratos para el bienestar del pueblo de Venezuela", aseguró.

Informó que, con la dirección del Ministerio de Hidrocarburos, REPSOL y PDVSA continuarán en la exploración de diferentes áreas de cooperación por largo tiempo.

Lea también: Delcy Rodríguez condecoró al equipo que defendió al país ante la CIJ en el caso del Esequibo

"Estamos hablando de una agenda energética que se proyecte para el 2050, y que esa agenda energética, tanto Venezuela como sus socios internacionales pensemos en el beneficio que va a traer para la humanidad", dijo.

Agradeció la contribución de REPSOL en la distribución de gas para hogares, industrias, servicios eléctricos, petroquímicas y la pronta expansión en el área petrolera.

Durante la jornada, Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de la multinacional, destacó el valor estratégico de la trayectoria compartida con el país.Subrayó el compromiso de la empresa con "una historia de tres décadas de colaboración continua que ahora se proyecta hacia una nueva fase de expansión".

.

En el Palacio de Miraflores, en presencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, PDVSA y la empresa Schlumberger firmaron un memorando de entendimiento para impulsar el sector de hidrocarburos en Venezuela. 

Rodríguez destacó que la inversión extranjera fomenta la diversificación económica y el equilibrio energético. 

​"Queremos ser potencia energética, pero también que se reconozca la diversidad económica y cultural de nuestro pueblo", enfatizó.

«Nos complace estar haciendo esta firma para avanzar en el regreso de ustedes a Venezuela, no son 5 años ni 10 años, son casi un siglo y eso habla del nuevo momento para Venezuela», comentó  Rodríguez durante la firma.

“Eso habla del nuevo momento para Venezuela que busca un futuro para el bienestar de su pueblo, una Venezuela que cree en la inversión internacional como motor de su desarrollo y que tiene una agenda de  cooperación diversificada y, como yo dije recientemente, somos una potencia energética, pero que queremos también que se conozca por su diversidad económica y, lo más importante, en la diversidad de su identidad y cultura”, dijo.

El documento fue suscrito por el director ejecutivo de la empresa Schlumberger Limited, Olivier Le Peuch, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Andrés Obregón.

Lea también: Delcy Rodríguez regresó de su visita a la India y Turquía: asegura que fue "un éxito"

El presidente de PDVSA destacó que el convenio elevará “la capacidad de refinación y despacho de crudo y convertir al país en una potencia para el desarrollo y beneficio en común, en un mundo que necesita equilibrio en este sector”.

El propósito fundamental de este acuerdo “es concretar nuevas áreas de cooperación binacional en los sectores petrolero y gasífero. De este modo, la alianza busca impulsar la transferencia de tecnología de vanguardia para optimizar las labores de exploración, perforación y manejo de yacimientos en el territorio nacional”.

Schlumberger, reconocida como la compañía de servicios petroleros más grande del mundo y líder global en tecnología para el sector, aportará su capacidad integral técnica en el desarrollo de pozos y procesamiento de materias primas.

En la mañana de este viernes, familiares y abogados de los 64 detenidos por el caso PDVSA-CRIPTO protestaron  a los tribunales en Caracas, donde denunciaron las irregularidades del juicio y la violación de los derechos humanos de estas personas.

Los defensores leyeron un comunicado donde exigieron respeto al debido proceso, el fin de las audiencias telemáticas, copias de todo el expediente y  que se acaben los traslados indiscriminados.

Igualmente, pidieron “respeto a la presunción de inocencia, al derecho a ser juzgado en libertad y la anulación del juicio”, debido a  las irregularidades cometidas por los fiscales designados por Tarek William Saab.

 Jeset García, abogado de Yoselit Ramírez, habló directamente de que los imputados no han tenido acceso a sus expedientes y que las audiencias telemáticas son impuestas, cuando el caso ya estaba avanzado de forma presencial.

Lea también: OVP ENCIENDE LAS ALARMAS: Casi 20 presos han muerto desde abril bajo la custodia del Estado 

🗣️ CASO PDVSA CRIPTOEl abogado de Joselit Ramírez, Jeset García, denuncia supuestas irregularidades en el caso PDVSA Cripto. Señala que el proceso ha dejado de ajustarse a la justicia, lo que a su juicio representa una violación del debido proceso. pic.twitter.com/PPPz64lnHf

Esto ha ocurrido desde que uno de los principales implicados, el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, ha hecho una serie de denuncias e incluso ha alertado que su vida corre peligro, por falta de atención médica.

El abogado también denunció que el “juicio es de naturaleza política” y advirtió a la comunidad internacional sobre la integridad física y psicológica de los involucrados, quienes son “sometidos a tratos crueles e inhumanos”.

 “Las distintas fases de este proceso han dejado de ser de justicia para operar al margen de la Constitución, de la ley y los tratados internacionales suscritos por la República, ocasionando la ruptura del debido proceso”, insistió.

 Pidió que las audiencias se hagan con participación de relatores internacionales en materia de derechos humanos, representación consular y que se dicten las medidas necesarias para garantizar el traslado efectivo de los acusados.

“No pedimos trato especial ni diferenciado, solo que triunfen la verdad y la justicia”, manifestó.

Por su parte, Ana Caruci, madre del exdiputado Hugbel Roa, también pidió que las audiencias   no se realicen de forma telemática y ratificó que los detenidos  han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos.

 Mientras que Rafael Guzmán, padre de uno de los choferes implicados, dijo que su hijo está siendo representado por Foro Penal por no tener recursos económicos.

Una nueva audiencia sin traslado de los acusados reaviva denuncias de irregularidades y presuntas violaciones al debido proceso en  el juicio por la trama PDVSA-Cripto, que volvió a quedar bajo fuertes cuestionamientos este lunes 1 de junio.

La jueza Alejandra Romero convocó una nueva audiencia sin ordenar el traslado de los principales imputados recluidos en el Centro Penitenciario de El Rodeo, entre ellos el exministro de Petróleo Tareck El Aissami. 

La decisión de intentar continuar el proceso sin la presencia física de los acusados fue rechazada por los equipos de defensa, que la califican como una grave vulneración de las garantías procesales y una medida que compromete la transparencia de uno de los casos de corrupción más sensibles y polémicos de los últimos años en Venezuela. 

La controversia surge en un momento particularmente delicado para el proceso judicial. 

En las audiencias más recientes, según denuncian los abogados defensores, han salido a relucir señalamientos relacionados con presuntas violaciones de derechos humanos, irregularidades durante las investigaciones y actuaciones que involucrarían a figuras vinculadas al entorno del poder político venezolano, así como al exfiscal general Tarek William Saab.

 Para los representantes legales de los acusados, la negativa a trasladarlos al tribunal no es una simple decisión logística. 

Por el contrario, sostienen que forma parte de una estrategia orientada a restringir la exposición pública de testimonios y declaraciones que podrían resultar incómodas para sectores del poder.

 Ante la imposibilidad de realizar el traslado, el tribunal ordenó la instalación de sistemas de audio y video en las cárceles de El Rodeo, Yare y el centro penitenciario femenino Las Crisálidas para desarrollar la audiencia de forma telemática. 

Sin embargo, la medida provocó una inmediata reacción de los procesados. 

De acuerdo con los reportes de la propia audiencia, varios de los imputados manifestaron su desacuerdo al conocer que no serían llevados físicamente ante el tribunal. 

A través de las cámaras instaladas en los recintos penitenciarios se observó cómo algunos de ellos se levantaban de sus asientos y rechazaban participar en esas condiciones mientras funcionarios de custodia intentaban mantener el desarrollo de la sesión. 

Uno de los abogados defensores cuestionó públicamente la actuación judicial y lanzó una interrogante que resume las sospechas de la defensa: “¿Por qué no quieren que la opinión pública conozca la verdad del montaje y del robo sin pistola cometido contra los acusados y sus familias?” 

Las defensas sostienen que la combinación de audiencias remotas, limitaciones para la cobertura mediática y restricciones a las declaraciones de los acusados configura un escenario que amenaza con profundizar las dudas sobre la transparencia del proceso.

 El caso PDVSA-Cripto, que inicialmente fue presentado por las autoridades como una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia reciente del país, continúa acumulando interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrolla el juicio, las garantías otorgadas a los acusados y el acceso de la ciudadanía a información completa sobre un expediente que involucra miles de millones de dólares y a figuras de alto perfil dentro del aparato estatal venezolano. 

Mientras avanzan las audiencias, crece también la controversia sobre si el sistema judicial está garantizando un proceso imparcial y público o si, por el contrario, se están imponiendo mecanismos que terminan limitando el escrutinio sobre uno de los casos más explosivos de la era chavista.

Con información de nota de prensa 

 Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó la explosión ocurrida en la planta Lamargas ubicada en el Lago de Maracaibo, en el estado Zulia.

A través de un comunicado informó que atiende a los seis lesionados en el incidente ocurrido en la mañana de este viernes.

Se trata específicamente de la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago.

En el comunicado, Pdvsa aseguró que se activaron inmediatamente “los protocolos establecidos para el control del evento, la evacuación preventiva del personal y el resguardo de las operaciones en esta instalación lacustre”.

Destacó que, al mismo tiempo que se extinguía el fuego en la zona afectada, un comité técnico comenzó a investigar las causas que provocaron el incidente.

La empresa estatal aseveró que este hecho no incide en la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en Occidente.

La mañana de este viernes se reportó una  fuerte explosión en las instalaciones de la planta de gas Lamargas, ubicada en el Bloque V del Lago de Maracaibo, en las costas del municipio Lagunillas, estado Zulia. 

Mediante las redes sociales, el periodista Lein Daieri y el diputado José Luis Pirela alertaron que habría varios seis heridos como consecuencia de la explosión, pero las autoridades no han suministrado información oficial.

Lea también: ¡TRÁGICO! Niña venezolana de 8 años muere al caer de un piso 12 en Chile

La planta es operada actualmente por la empresa Chinaconcord en coordinación con Petróleos de Venezuela (PDVSA), a través de un contrato de participación mixta que implica una inversión de 1.000 millones de dólares.

Se activó un protocolo de emergencia para combatir el fuego, que además causó daños en la infraestructura, según una minuta compartida con la AFP.

Videos difundidos por fuentes del sector muestran a trabajadores petroleros con amplias zonas del cuerpo quemadas. Los heridos son trasladados a hospitales cercanos.

Las autoridades venezolanas no han publicado información oficial sobre el incidente. Se desconoce la magnitud del daño.

"Siempre hemos exigido que se digan las causas, que se haga un estudio y se le informe a los trabajadores para evitar esto. Que se invierta en seguridad y se respeten los procedimientos", dijo el sindicalista petrolero José Bodas.

La industria petrolera es uno de los pilares de la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

Rodríguez impulsó, bajo presión de Washington, una reforma petrolera que abre las puertas a capital privado, especialmente extranjero.

Estados Unidos ha flexibilizado las sanciones contra la industria con licencias que permiten a grandes multinacionales operar en el sector.

El complejo, dedicado a la explotación de crudo y al procesamiento de gas, es considerado un punto neurálgico para la infraestructura energética de la región occidente. 

Hasta el momento se desconoce el número exacto de personas que se encontraban dentro de la infraestructura al momento del siniestro.

Con información de AFP.

 Más de 13 mil millones de dólares en petróleo venezolano desaparecieron entre empresas fantasma, contratos secretos y operaciones irregulares dentro de Petróleos de Venezuela S.A.

 La investigación apunta directamente al entorno de Carlos Malpica Flores y a la firma china Hangzhou Energy, señalada por manejar exportaciones de crudo bajo condiciones privilegiadas mientras el país atravesaba una de sus peores crisis económicas.

Petróleo entregado sin pagos claros, transacciones en bolívares devaluados y una red de operadores conectados al poder forman parte de un esquema que convirtió la riqueza petrolera venezolana en un negocio reservado para una élite política. 

Esto es Venezuela en profundidad.

Lea también:En la cara de Delcy: venezolanos en los Países Bajos piden liberar a todos los presos políticos

Tres años. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que estalló el escándalo “Pdvsa Cripto” hasta que se inició el juicio contra los presuntos implicados en la trama que desfalcó miles de millones de dólares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de otras empresas públicas.

La ONG Transparencia Venezuela ha ido revelando detalles del juicio del que ningún medio ni organismo oficial ha informado.

Lea también: Juicio por el caso PDVSA-Cripto se convirtió en plataforma de denuncias contra Tarek William Saab

De manera sorpresiva, el pasado lunes 20 de abril, en horas de la noche, el exvicepresidente y exministro de Petróleo, Tareck El Aissami; el exministro de Finanzas, Simón Zerpa; el exdiputado Hugbel Roa y los demás implicados en esta red — 64 en total, según se ha informado—fueron llevados ante el Tribunal 3° de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo, con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, para enfrentar los cargos por traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, evasión de procesos, controles o restricciones en licitaciones, concierto para la celebración de contrato, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Hasta ahora, el proceso se ha desarrollado en un marco de opacidad. Ni el Ministerio Público ni el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han aportado información, lo que va en contra del principio de publicidad previsto en el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). 

Esto, a pesar de que el asunto no afecta el pudor, no abarca a niños o adolescentes ni atenta contra la seguridad del Estado o las buenas costumbres, excepciones que la misma norma prevé para que los juicios se celebren a puertas cerradas.

Sin embargo, han trascendido algunos asuntos que se presentan a continuación:

Durante la primera sesión del juicio, el fiscal 50 nacional, Eddy Alberto Rodríguez Bencomo, afirmó que los acusados integraban “una red de corrupción (…), que, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control” ().

Según la Fiscalía, las divisas producidas por las ventas del crudo se desviaron a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.

En la acusación presentada por el Ministerio Público, que tiene más de 1.700 páginas, figura que las autoridades venezolanas estiman que el daño provocado por la trama al erario es de USD 5.550.544.290,74, mucho menos de los USD 23.000 millones mencionados por algunos funcionarios, como el diputado oficialista Hermann Escarrá.

Estimaciones propias  señalan que el daño patrimonial superó los USD 16.900 millones.

Otra duda que queda en el ambiente es cuántas personas en realidad están siendo sometidas a este proceso. Se ha dicho que de las 81 órdenes de aprehensión se han ejecutado 64 hasta 2024.

El pasado 21 de marzo, medios venezolanos reportaron que estaba previsto que comenzara el juicio contra el exgobernador de Trujillo y exgerente general de Cartones de Venezuela, Hugo Cabezas. 

Este proceso originalmente estaba ligado al expediente de “Pdvsa Cripto”, pero habría sido separado en otra causa, aunque ni el Ministerio Público ni el TSJ han confirmado esto.

Tampoco se conoce la suerte de todas las personas que fueron aprehendidas en las semanas posteriores por presuntas irregularidades cometidas en otros organismos públicos. Un ejemplo es el caso del expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornielles. Hay versiones que aseguran que fue excarcelado hace meses.

La jueza Alejandra Romero Castillo habría autorizado que 40 abogados privados representen a los defendidos. No obstante, se desconoce a quiénes representan esos profesionales del derecho y si todos los acusados tienen un abogado de confianza.

 Fuentes judiciales han confirmado a Transparencia Venezuela la información de que la exdirectora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, representa al exvicepresidente Tareck El Aissami.

El manto de opacidad que rodea a este proceso ha servido para que circulen versiones que aseguran que el estado de salud de El Aissami es delicado. “Causó muchísima impresión al llegar al tribunal en silla de ruedas. Está muy deteriorado”, aseguró el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Esta versión fue respaldada por la solicitud de la abogada Berthé, quien habría solicitado al tribunal que le permita a su defendido proseguir el proceso en libertad debido a su situación de salud. 

Berthé explicó, según el diario Últimas Noticias, que El Aissami habría sido sometido recientemente a una operación debido al presunto estrangulamiento de una hernia y que la malla para cerrar la herida se rodó, lo cual supuestamente le causa inmovilización en algunos órganos.

Hasta ahora, la estrategia de la defensa parece estar enfocada en las violaciones al debido proceso ocurridas durante la investigación más que en refutar las acusaciones de los fiscales, según las versiones de prensa.

La abogada Katy Marín, quien representa al coronel Manuel Parra, expresidente de Pdvsa-Marina, por ejemplo, habría planteado ante el tribunal que el juicio debería anularse debido a irregularidades como la negativa a garantizarles a los acusados el derecho a ser asistidos por un profesional del derecho de su confianza, ya que a todos los acusados les habían designado un defensor público al principio del proceso.

El exdiputado Hugbel Roa denunció ser víctima de una “retaliación” orquestada por el exfiscal general de la República, Tarek William Saab.

 ¿El motivo? “Siendo vicepresidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional recibí denuncias de unos petroleros del estado Anzoátegui contra Douglas Saab (hermano del entonces fiscal general), quien supuestamente los extorsionaba. Nosotros abrimos una investigación”, dijo en el juicio, aseguraron fuentes judiciales a Transparencia Venezuela.

Pero esta no fue la única acusación que el exparlamentario lanzó contra el otrora jefe del Ministerio Público. “Decidió declarar y se refirió en menor medida a los hechos que se le atribuyen. En lo que sí se extendió fue en denunciar las torturas físicas y psicológicas de las que supuestamente fue víctima por conducto de Tarek William Saab, a quien responsabiliza de amenazas, maltratos, montajes, forjamiento de pruebas y abusos de todo tipo”, apuntó el exfiscal Zair Mundaray en su cuenta de la red social X.

Roa incluso acusó al fiscal del caso, Eddy Alberto Rodríguez Bencomo, de participar en esas torturas. “Cuando le correspondió el turno de interrogar al fiscal (Rodríguez Bencomo), optó por no hacer preguntas, lo que sorprendió a los presentes”, agregó.

Con información de Transparencia Venezuela.

  Patrick Pouyanne, director ejecutivo de TotalEnergies  informó que está «a punto de firmar» contratos comerciales   con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

El directivo acotó que sus operadores “están desarrollando un plan comercial en torno a los flujos desde Venezuela hacia la costa del Golfo de EE. UU.”.

Según una nota de Bloomberg publicada por Yahoo Finanzas, si TotalEnergies concreta los contratos comerciales con PDVSA, se convertiría en una de las primeras empresas en obtener acceso directo al petróleo venezolano.

Por el momento, Vitol y Trafigura son las que comercializan el crudo de la nación caribeña.

La compañía francesa tiene previsto llevar el petróleo venezolano a su refinería ubicada en Port Arthur, en Texas, que tiene capacidad para procesar 238.000 barriles diarios.

 Lea también: Parlamento Europeo mantiene las sanciones contra Delcy: pide elecciones y libertad para los presos políticosRecientemente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó un memorándum de entendimiento con la empresa energética British Petroleum (BP), con el fin de explorar gas costa afuera.

En ese sentido, felicitó la suscripción de este memorándum para la exploración y explotación de gas costa afuera en la plataforma Deltana e informó que la empresa británica abrió una oficina en Venezuela.

Aseveró, además, que el regreso de la energética británica «es una muestra clara del futuro que queremos marcar para Venezuela y las relaciones energéticas internacionales».

Con información de Yahoo Finanzas.

Este martes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la firma de un acuerdo entre las empresas petroleras ENI, de Italia y Pdvsa.

Desde el Palacio de Miraflores, la mandataria hizo un reconocimiento a ENI por haber  mantenido su compromiso y sus lazos de cooperación con Venezuela.

“Estamos siendo testigos de un momento muy importante para Venezuela (…) ENI no se fue del país, mantuvo sus lazos y sus planes de producción de gas”, expresó durante la firma del acuerdo.

Rodríguez subrayó que la compañía europea ha mantenido su presencia en el país y ha continuado sus planes de producción de gas, incluso en contextos adversos.

Asimismo, envió un mensaje de agradecimiento al Gobierno italiano y a su pueblo por el respaldo a estos acuerdos de cooperación.

"Este proceso es un paso significativo en el fortalecimiento de relaciones internacionales y en la recuperación del sector energético venezolano".

Afirmó, este martes, que la firma del acuerdo marca un momento clave para el desarrollo energético del país y el fortalecimiento de las relaciones internacionales en este sector.

“Hoy sin duda marca un hito en las relaciones entre ENI y Venezuela (…) Este día quedará marcado en la historia de nuestras relaciones energéticas”, expresó.

Destacó  la relevancia del convenio para el desarrollo productivo y la cooperación entre ambas partes.

Durante el acto, Rodríguez señaló que este entendimiento representa una de las apuestas más importantes en materia energética para Venezuela en los últimos tiempos.

Consideró que el convenio  contribuirá al incremento de la producción y al impulso de la economía nacional.

“Por el bienestar del pueblo de Venezuela, por el bienestar de los pueblos de Europa y para la economía internacional en general, una de las mayores inversiones para incrementar la producción es de la mano de ENI”, afirmó.

Rodríguez destacó que el acuerdo permitirá potenciar las capacidades energéticas del país, especialmente en áreas con amplias reservas, y adelantó que en los próximos meses se esperan resultados concretos derivados de esta alianza.

“Yo sé que en los próximos meses daremos estas buenas noticias para el mundo energético, para Venezuela y para Italia daremos esta buena noticia”, dijo.

Enfatizó que este paso tendrá impacto no solo en el país, sino también para Europa y el mercado energético internacional.

Luego de más de dos años desde que estalló el escándalo del caso Pdvsa-Cripto, versiones extraoficiales señalan que el juicio comenzó este lunes por la noche.

Cabe recordar que en este caso los principales implicados son el exministro del Petróleo y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, el parlamentario Hugbel Roa y el empresario Samark López, además de decenas de personas.

También se destaca que hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial sobre esta etapa del caso.

Según se conoció a través del portal Transparencia Venezuela, la audiencia de juicio se desarrolló durante varias horas ante el Tribunal Cuarto de Juicio con competencia en delitos de terrorismo.

El expediente está bajo la jurisdicción de la jueza Alejandra Romer.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la autorización para que los acusados contaran con defensa privada.

Se supo que en total, 48 abogados fueron juramentados para representar a los 62 procesados señalados en la investigación.  

La trama PDVSA-Cripto salió a la luz en 2023 y está relacionada con presuntas irregularidades en la comercialización de petróleo y operaciones financieras mediante criptomonedas que habrían provocado pérdidas millonarias al Estado venezolano.

Al final, la audiencia fue suspendida y diferida para este 22 de abril.

La tarde de este lunes fue firmado un nuevo acuerdo entre Petróleos de Venezuela y Chevron,   mediante el cual la empresa estadounidense aumenta su presencia en el país, con la adjudicación de un yacimiento petrolero y uno de gas.

La firma del acuerdo contó con la presencia de las autoridades de Chevron-Venezuela, las de Pdvsa, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, la embajadora y encargada de negocios de EE. UU. en Venezuela, Laura Dogu, y el subsecretario de Energía de ese país, Kyle Haustveit.

"Quiero agradecer a los equipos de Pdvsa y al equipo de Chevron, que tiene más de un siglo en Venezuela y que ha demostrado un compromiso con el país", dijo la mandataria.

"Es ejemplo de una industria productora de petróleo comprometida con Venezuela. En las peores dificultades no se fueron y ahora dan muestras claras de seguir avanzando", afirmó.

Delcy Rodríguez destacó que con este acuerdo "estamos dando ejemplo de que nos asiste la razón, lo digo para aprovechar en insistir en que debemos avanzar hacia una Venezuela sin sanciones, porque es una manera de brindar seguridad jurídica para los inversionistas que vienen a Venezuela aquí estamos apostando por el futuro de Venezuela, el pueblo de Venezuela lo reconoce".

"Felicito la firma de este acuerdo que estuvimos en días de negociaciones y podemos mostrarlo como ejemplo de perseverancia, esperanza y que sí hay caminos legales para que las inversiones se sientan seguras y tengan un porvenir próspero", concluyó la presidenta.

La dirigente opositora, María Corina Machado, causó polémica al proponer la privatización de PDVSA para atraer inversión internacional.

Las críticas del chavismo no se hicieron esperar y la acusan de entregar el petróleo.

Pero, mientras se critica el discurso, la reciente reforma a la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya abrió las puertas del petróleo venezolano a empresas extranjeras.

te contamos más en nuestro canal de YouTube.

Lea también: Inversionistas de EE. UU. exploran potencialidades económicas de Venezuela

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) emitió un comunicado oficial en el que desmiente   las informaciones publicadas por el medio El Español, las cuales vinculan a la estatal con una supuesta financiación al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La empresa calificó  las afirmaciones como falsas, infundadas y sin ningún sustento en la realidad. 

En el documento, la principal industria del país rechazó cualquier nexo con los individuos mencionados en los reportes de prensa, además de aclarar que no existen registros de transacciones ni entregas de valores de ninguna índole.

“PDVSA aclara que nunca se ha entregado ni autorizado desde esta estatal venezolana la entrega de ningún ‘sobre’ o documento a persona alguna vinculada a los hechos referidos, incluyendo al ciudadano Víctor Aldama”, reza la misiva.

Asimismo, la estatal petrolera fue enfática al negar supuestos encuentros logísticos en territorio español: “Es totalmente falso que se haya negociado, en el Aeropuerto de Barajas o en cualquier otro espacio, algún cupo de petróleo con el ciudadano José Luis Ábalos”.

Lea también: Gobierno de Delcy Rodríguez desmiente supuesta financiación de PDVSA al PSOE

Con información de VTV

Mediante un comunicado, Petróleos de Venezuela  (PDVSA) anunció la suscripción de nuevos contratos de suministro de crudo y derivados con empresas comercializadoras destinadas al mercado de los EE.UU.

En el comunicado oficial divulgado en su canal de Telegram, PDVSA señala que Venezuela reiteró su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional.

«PDVSA ha suscrito contratos de suministro con las empresas comercializadoras de petróleo y derivados destinados al mercado de los Estados Unidos, manteniendo así su histórica relación comercial para garantizar suministro», destaca el documento.

Enfatiza en la necesidad de contar con una industria de hidrocarburos libre de sanciones.

«La nación venezolana reitera la necesidad de una industria de los hidrocarburos libre de sanciones, para potenciar la producción nacional y fortalecer el comercio internacional», finaliza.

A través de la agencia especializada Argus, se conoció que  PDVSA está revisando la situación de 26 empresas mixtas cuyos contratos fueron firmados entre 2024 y 2025 para alinear las condiciones con los cambios establecidos en la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Según Argus, algunos de estos contratos podrían ser cancelados después de que Estados Unidos exigiera reformas para favorecer a los inversionistas privados.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha comenzado a implantar nuevos tipos de contratos con aliados privados, entre los que se incluyen algunos conocidos como Convenios de Participación Productiva (CPP), después de asumir el cargo de ministra de Petróleo en octubre de 2024 como parte de su vicepresidencia.

Los convenios podrían adaptarse para ajustarse a las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos recientemente modificada,   pero lo más probable es que se cancelen, aclaró una fuente a Argus.

Los 26 contratos petroleros otorgados después de la salida del exministro de Petróleo, Pedro Tellechea, en octubre de 2024 y antes de que Estados Unidos extrajera a Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, están siendo revisados, de ellos, 13 están dentro de la figura de los CPP.

La fuente citada por Argus afirmó que Estados Unidos está presionando a la presidenta interina Rodríguez para que rescinda esos contratos, ya que la mayoría de los socios son entidades no estadounidenses o poco conocidas.

Rodríguez y Maduro concedieron los 26 acuerdos en dos años, pero proporcionaron pocos detalles públicos al respecto.

Lea también: España avala laudo arbitral que condena a Pdvsa a pagar una deuda a ConocoPhillips

 Incluso después de la detención de Maduro el 3 de enero, Rodríguez siguió describiendo los CPP como una forma de aumentar la producción petrolera venezolana.

Pero una vez modificada la ley, se concedió al Gobierno y a sus socios un plazo de seis meses para adaptar los contratos a la nueva ley o cancelarlos.

Las fuentes afirman que los acuerdos estaban condenados al fracaso, ya que desde el principio se vieron afectados por el peso de las sanciones estadounidenses, que solo ahora están empezando a levantarse.

El gobierno concedió 24  contratos, pero solo cinco de ellos… están en producción real», dijo un exministro de Petróleo venezolano. «Eliminar o reestructurar esos convenios no tendrá ningún impacto en la producción», apunta la información.

En cambio, reestructurar esos acuerdos o conceder otros nuevos podría ayudar a aumentar la producción de Venezuela desde su nivel máximo de aproximadamente 1 millón de barriles diarios en los últimos meses.

Con información de Argus

Un tribunal español ha reconocido el laudo arbitral internacional que condena a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a su filial CVP a pagar 33,7 millones de dólares más intereses como reembolso de un préstamo para adquirir parte del yacimiento petrolero de Corocoro, que fue nacionalizado tras la concesión del crédito.

La decisión ha sido tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según informó este martes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recuerda que las partes implicadas accedieron desde mediados de los años noventa a someter cualquier acuerdo a la Corte Internacional de Arbitraje (CCI).

 La entidad británica ConocoPhillips Gulf of Paria otorgó un préstamo a Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) para la adquisición de una participación del 35 % de Corocoro, crédito avalado por PDVSA.

El proyecto se desarrolló con normalidad hasta que, en 2007, el Gobierno venezolano aprobó un decreto de nacionalización que afectó a varias inversiones extranjeras del sector energético, entre ellas el proyecto Corocoro.

En un principio, ConocoPhillips presentó una demanda de arbitraje internacional y llegó a reclamar más de 1.400 millones de dólares en la Corte de Nueva York por perjuicios que incluían incumplimientos contractuales, responsabilidad extracontractual, enriquecimiento injusto y otras reclamaciones.

Lea también: ConocoPhillips quiere recuperar miles de millones de dólares que Venezuela le debe

Ese tribunal concluyó que, aunque la nacionalización de 2007 imposibilitó la continuación del proyecto en los términos inicialmente pactados, ello no exoneraba a las empresas demandadas de cumplir determinadas obligaciones contractuales previas, como la devolución del préstamo concedido para financiar la participación en el yacimiento.

De esa manera, PDVSA y su filial tenían que devolver a ConocoPhillips la cantidad prestada más los intereses, al entender que la obligación de reembolso no quedó extinguida ni justificada por la posterior nacionalización estatal venezolana.

Debido a la falta de cumplimiento de este laudo, emitido en 2019, ConocoPhillips presentó en julio de 2024 una demanda en Madrid para obtener la homologación del laudo arbitral extranjero y hacerlo efectivo en España.

El TSJM concluye que la resolución arbitral norteamericana «cumple todos los requisitos exigidos» por la convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras.

Además, entre otros argumentos, la materia es «arbitrable», se «respetaron» las garantías procesales y el reconocimiento del laudo «no resulta contrario al orden público español», por lo que estima íntegramente la demanda de ConocoPhillips. La resolución es firme y no admite recurso, indica el CGPJ en un comunicado.

 Con información de EFE 

Los responsables de la trama de corrupción PDVSA-Cripto permanecen capturados en territorio venezolano bajo la custodia de las instituciones del Estado, aseguró el fiscal general, Tarek William Saab.

En una entrevista en el programa “A Pulso”, que transmite Venezolana de Televisión, Saab ratificó que “los ciudadanos implicados en dicha trama se encuentran a derecho en el país”.

Esto “desmiente versiones sobre una presunta custodia extranjera tras el cambio de estatus en portales de agencias internacionales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) de Estados Unidos”.

El titular del Ministerio Público aclaró que la detención de estos personajes, vinculados directamente al desfalco en la industria petrolera, forma parte de una política de tolerancia cero contra la corrupción, expresó en referencia a Tareck El Aissami y el empresario Samark López.

Lea también:  EL ICE reporta como CAPTURADOS a Tareck El Aissami y Samark López

🗣️ SAAB: EL AISSAMÍ Y SAMARK LÓPEZ ESTÁN DETENIDOS EN VENEZUELAEl fiscal general, Tarek William Saab, aclaró que tanto Tareck El Aissami como Samark López enfrentan la justicia en territorio venezolano por delitos de corrupción vinculados a la trama PDVSA-Cripto pic.twitter.com/lhBM7M6Wy0

“Están capturados en Venezuela, responsables de lo que fue la brutal trama PDVSA-Cripto”, enfatizó Saab, al tiempo que recordó que este tipo de delitos graves no califican para los beneficios establecidos en la recién promulgada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Finalmente, subrayó que Venezuela mantiene su soberanía jurisdiccional sobre los detenidos y reitera la efectividad de sus órganos auxiliares de justicia en la lucha contra la delincuencia organizada.

Cabe recordar que la semana pasada, a través de las redes sociales, se hicieron virales imágenes del ICE donde se veían las fotografías de El Aissami y López con la palabra "capturado".

Sin embargo, se había aclarado que desde hace meses esas imágenes aparecen así en el sitio web del ICE, sin que esto signifique que ambos personajes hayan sido "capturados" en EE.UU.

Con información de VTV