Los hechos del 11 de abril del 2002 cambiaron la vida del país para siempre, pero también lo que ocurrió el viernes 12 de abril, luego de que el mundo entero observaba cómo se llevaban al presidente Hugo Chávez del Palacio de Miraflores, tras la marcha donde hubo 19 muertos.

Ese 12 de abril de hace 22 años, ocurrió el golpe de Estado, encabezado por el entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga.

Esta reportera no durmió. Llegué a casa a las 3 de la mañana, luego de sortear, junto con mis compañeros del diario donde trabajaba, las innumerables barreras que militares armados montaron por toda Caracas.

Pero, a las 5 de la mañana ya estaba en pie y a las 7 en punto, del 12 de abril, estaba llegando al Parlamento, «a seguir cubriendo mi fuente», como le dije a mi jefa.

Al llegar al Palacio Federal Legislativo, la impresión fue grande. Estaba prácticamente desierto. Las puertas de los hemiciclos de sesiones estaban sellados con una cinta amarilla y había uno que otro guardia nacional que, de mala gana, fungía como «vigilante», más que como militar.

Al lugar llegaron otros colegas, pues se esperaban muchas cosas, entre ellas «una juramentación en la AN», como dijo un diputado adeco que llegó temprano al Palacio.

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Los reporteros estuvimos recibiendo información cruzada toda la noche, porque se decía que la Asamblea Nacional debía juramentar «al nuevo presidente», en ausencia de Hugo Chávez.

No se hablaba de la vicepresidenta que en esos días era Adina Bastidas, sino de un diputado, en una jugada política que estaría en marcha.

Pero, también teníamos la información de que, en Miraflores, se hacían los preparativos» para la juramentación de Pedro Carmona Estanga.

Luego, rayando el medio día, llegó al Palacio, otro parlamentario de AD, quien por su cara, dejaba notar que las cosas no estaban ocurriendo de la mejor manera.

En una conversación informal con los periodistas, el diputado dijo: «Tratamos de hablar con Carmona, para decirle que teníamos que hacer las cosas como dicta la Constitución y que, ante la ausencia igualmente de la vicepresidenta, podíamos reunir a toda la fracción de la oposición, más 20 diputados del MAS y otros partidos, para lograr más de 80 votos y juramentar a uno de los vicepresidentes de la AN, porque la existencia del Parlamento era indispensable para mantener el hijo constitucional».

Sin embargo, continuó el diputado, «Carmona no nos quiso escuchar, dijo que lo tenía todo controlado y que tenía apoyo. Esto pinta muy mal», remarcó el parlamentario y se fue.

Luego, a la 1 de la tarde, comenzó la alocución de Pedro Carmona, desde Miraflores. En la sala de prensa de la AN, los reporteros de la fuente estábamos a la expectativa.

A medida que Carmona iba leyendo el decreto, se autojuramentaba y defenestraba a todos los integrantes de los poderes públicos, nuestras caras eran cada vez más largas.

Cuando Carmona dijo «se disuelve la Asamblea Nacional», expresamos: «esto es un un golpe de Estado». Ya todo se había consumado.

Diosdado Cabello,vicepresidente del partido oficialista PSUV, había expresado en días pasados su pretensión de lograr que los presos políticos —entre quienes se encuentran importantes líderes de la oposición venezolana— fueran extraditados desde Colombia para ser juzgados en Caracas.

Empero, Cabello se quedó con los crespos hechos con el trino del presidente Gustavo Petro con un rotundo NO.

El primer asilado del chavismo en Colombia fue Pedro Carmona, presidente transitorio de Venezuela durante 48 horas tras el golpe de Estado contra Hugo Chávez.

Carmona, expresidente de Fedecámaras, organización que agrupa a los empresarios, fue acusado en su momento por el gobierno venezolano de «rebelión y usurpación de funciones».

Se refugió ya hace veinte años, el 23 de mayo de 2002 en la embajada de Colombia en Caracas, tras burlar el arresto domiciliario al que estaba sometido desde el pasado 16 de abril. El gobierno colombiano de Andrés Pastrana le concedió el asilo tres días después.

Carmona desempolvó sus títulos de economista y hace más de una década se vinculó como catedrático a la Universidad Sergio Arboleda donde tiene incluso un cargo.

Una figura muy importante de la oposición venezolana es Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional (AN), quien fundó el partido Primero la Justicia (PJ) cuyo líder histórico es Henrique Capriles y que hoy encabeza Juan Pablo Guanipa.

Julio Borges ha estado en Bogotá durante más de cuatro años, desde que el gobierno venezolano emitió una orden de arresto acusándolo de ser el autor intelectual de un ataque con drones explosivos contra Maduro.

En marzo de 2017, la fiscal Luisa Ortega tuvo que salir de Venezuela al sentirse en peligro debido a que expresó públicamente que en Venezuela se había producido una ruptura del orden constitucional ya que, según Ortega, el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes.

Aunque en 2021 la fiscal pidió asilo en España, estuvo condición de refugiada en Colombia desde el 27 de noviembre de 2018.

Un joven legislador venezolano, Carlos Paparoni, de 33 años, también tenía entre sus planes salir de Colombia por haber dirigido varias investigaciones sobre corrupción y crimen organizado vinculado al régimen de Maduro.

La situación es más dura para quienes no tienen recursos para salir hacia otros destinos. Entre ellos oficiales de rango medio y desertores del Ejército. Algunos hablan de cruzar a pie el Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá. Como el capitán del Ejército, Anyelo Heredia, de 38 años, quien escapó de la prisión militar Ramo Verde en Venezuela en 2019 y enfrenta cargos de traición.

Periodistas que se oponen a Maduro han encontrado residencia en Colombia, como Roberto Deniz, de Armando. Info, amenazado en su país por las investigaciones del caso Alex Saab.

Y la semana pasada se conoció que la Fiscalía venezolana continuó la investigación contra 23 personas acusadas por usurpación de funciones legitimación de capitales y asociación para delinquir, luego de haber sido nombradas en Monómeros, la petroquímica filial de la venezolana Pequiven, con sede en Barranquilla y reconocida por el expresidente Iván Duque.

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La decisión que el presidente Gustavo Petro ratificó a través de un twitter, ya había sido anunciada por él como presidente electo. En Madrid, en entrevista con El País, manifestó “Para nosotros los derechos humanos son fundamentales”.

«La primera discusión que yo tuve con Hugo Chávez en vida, y la última quizás antes de que muriese, fue precisamente sobre el respeto al sistema interamericano de derechos humanos, que para quienes hemos estado en la oposición en Colombia es valiosísimo”.

La contundente declaración fue respuesta cuando se le preguntó sobre el temor de activistas y periodistas venezolanos de ser extraditados para ser juzgados por el chavismo.

La llegada de Petro al poder y su afinidad con la Revolución Bolivariana había encendido las alarmas en líderes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, exoficiales y desertores militares, temiendo ser acosados, espiados o incluso secuestrados y muchos habían empezado a buscar otros destinos.

Petro cortó de un tajo cualquier especulación y con su trino cerró el capítulo del exilio venezolano en Colombia, donde han sido incluso acogidos con un generoso estatuto (el Estatuto temporal de protección de migrantes venezolanos) que les asegura vida tranquila al millón de venezolanos que han emigrado de su país.