El expresidente peruano Pedro Castillo comenzará a ser juzgado este martes por su fallido intento de disolver el Congreso en 2022, por el que la fiscalía pide una condena de hasta 34 años de prisión.

Castillo, de 55 años, pretendió igualmente gobernar por decreto y convocar a una Asamblea Constituyente.

Su frustrado plan -que dio a conocer a través de un mensaje a la nación- desencadenó protestas que dejaron medio millar de muertos.

Ahora este maestro de escuela rural y exsindicalista deberá responder ante la Corte Suprema en el juicio del llamado «autogolpe», que puede durar meses.

Figura emergente de la izquierda radical, fue destituido por el mismo parlamento. Desde el 7 de diciembre de 2022 está recluido en una prisión anexa al juzgado donde se instalará el juicio a partir de las 09H00 locales (14H00 GMT).

Castillo, que siempre ha rechazado los cargos, cumple un mandato de prisión preventiva de 36 meses.

Se «trata de un caso evidente de intento de golpe de Estado, que se debe sancionar con todo el rigor para que le quede claro a los aspirantes a dictador que eso tiene una sanción fuerte», dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez Rodrich.

Castillo es el cuarto expresidente peruano que se sienta en el banquillo en el último cuarto de siglo por delitos desde corrupción hasta violaciones de derechos humanos.

Le precedieron Alberto Fujimori (1990-2000) y Alejandro Toledo (2001-2006), quienes fueron condenados, mientras que el juicio a Ollanta Humala (2011-2016) debe concluir este año.

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Según el auto del juicio, Castillo deberá responder como «coautor» del delito de «rebelión» contra los poderes del Estado y orden constitucional.

También «como autor del delito contra la administración pública – abuso de autoridad – y del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública», señaló la Corte Suprema en un comunicado a la prensa.

La fiscalía sustentará su pedido de 34 años de cárcel con 65 pruebas documentales y la declaración de unos 70 testigos, de acuerdo con el expediente de la fiscalía presentado ante el tribunal.

Además, el organismo «solicita la pena de inhabilitación de tres años y seis meses».

El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó a mediodía un mensaje al país donde anunció sus medidas contra el Congreso. Ese mismo día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.

Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con los votos de bancadas de izquierda y de derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima.

Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces en ese país en condición de asilados.

«Nunca me levanté en armas», ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.

Según el exgobernante (2021-2022), fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso y la fiscalía.

Junto a Castillo, también son juzgados por rebelión tres exministros, un exasesor presidencial y tres oficiales de la policía.

Castillo llevaba 17 meses en el poder cuando fue destituido. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.

Las protestas fueron reprimidas por la policía y los militares.

Cincuenta civiles murieron presuntamente a manos de los uniformados, lo que derivó en una investigación penal contra Boluarte, quien solo puede ser procesada al final de su mandato en julio de 2026.

La justicia peruana ya ha dictado sentencias contra exmandatarios.

El recientemente fallecido Fujimori fue condenado en 2009 por delitos de lesa humanidad en la lucha contra las guerrillas.

Mientras que Toledo y Humala forman parte del grupo de expresidentes envueltos en la trama de corrupción de Odebrecht que salpicó además a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido, y a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

La Fiscalía de Perú anunció este viernes que solicitó prisión de más de 30 años contra el expresidente Pedro Castillo.

«Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública», publicó el MP en su cuenta en X.

«El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022», agrega el comunicado del organismo.

Por el mismo caso, la institución indicó que, «por el delito de rebelión, se pide 25 años de prisión contra la expremier Betssy Chávez Chino, los exministros Roberto Sánchez Palomino, Willy Huerta Olivas, los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez».

Asimismo, «contra Aníbal Torres Vásquez se solicita 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión».

Estos requerimientos fueron presentados por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

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Como se recordará, el 7 de diciembre de 2022, justo cuando el Parlamento se preparaba para destituirlo, el mandatario disolvió el Congreso y convocó a una Asamblea Constituyente, pero poco tiempo después fue detenido.

Luego, Perú estuvo sumido en un conflicto, tras la toma de posesión de la entonces vicepresidenta Dilma Boluarte.

Castillo cumple actualmente prisión preventiva hasta diciembre de 2025.

Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022. pic.twitter.com/hX19oLktNQ

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, destituido y preso tras un fallido intento de autogolpe de Estado, se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas en una cárcel de Lima, dijo el viernes la Defensoría del Pueblo.

«Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en el Código de Ejecución Penal», informó en Twitter la defensoría, quien entró a la prisión junto a un equipo de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Según el Instituto Nacional Penitenciario, el encuentro entre Castillo y las delegaciones se realizó en privado el jueves por la mañana.

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El jefe del Programa de Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, dijo a la AFP que Castillo les manifestó que se encuentra «en una situación estable (…) Sin ninguna complicación en la parte física».

Fernández detalló que la celda de Castillo tiene un área para dormir y una sala, donde puede recibir la visitas. Se trata de una celda propia, sin restricciones de salida a un patio privado, donde puede realizar actividades o un taller.

Castillo, de 53 años, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital.

La prisión cuenta con tres celdas separadas. Una de ellas ya está ocupada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condena por crímenes de corrupción y lesa humanidad. La tercera está vacía.

Castillo es investigado por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido intento de dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, y su posterior destitución por parte del Congreso. 

La delegación de la CIDH está en Perú en el marco de una visita de trabajo que investiga las violentas protestas que dejaron al menos 22 muertos desde la caída de Castillo.

Castillo intentó cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, pero no tuvo respaldo institucional.

La policía detuvo al exmandatario horas después de su destitución cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte. 

El jueves, a través de la cuenta de Twitter del exmandatario, su abogado, Wilfredo Robles, había escrito que «solicitó una reunión» entre su defendido y la misión CIDH que desde el lunes se encuentra en el país.

En la publicación se difundió también un mensaje de Castillo, quien aseguró estar «privado arbitrariamente» de sus derechos.

Lilia Paredes, esposa del expresidente y asilada en México desde el miércoles, pidió en Twitter «especial atención» a la salud de su esposo. 

Los familiares de Castillo fueron recibidos la tarde del jueves por la delegación de la CIDH en un hotel de Lima.   

«Se está cometiendo una injusticia. Que haya justicia y que sea muy transparente para todos», dijo al salir de la reunión Vilma Vásquez, sobrina del expresidente.

La misión de la CIDH se reunió también con autoridades de Ayacucho (sur), donde fallecieron al menos 10 personas en enfrentamientos con militares. Otro grupo visitó Lima y Cusco (sureste).

En su visita a Perú, conversaron también con «organizaciones, movimientos sociales y personas líderes de pueblos indígenas para recibir información sobre las protestas y el contexto de la crisis institucional», dijo en redes sociales la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 22 personas han fallecido y más de 600 resultaron heridas en enfrentamientos entre partidarios del izquierdista Castillo y las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. En un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó el martes avanzar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.

En un comunicado este jueves, Human Rights Watch pidió a las autoridades de Perú «realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e independientes» sobre el «asesinato» de manifestantes.

Con información de AFP

Wilfredo Robles, abogado de Pedro Castillo, hizo público que  «solicitó una reunión» entre su defendido y la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desde el lunes se encuentra en el país.

De esta manera Castillo pide  la visita de una delegación de la CIDH, que este jueves recorría algunas ciudades del país en donde se registraron violentas protestas tras su destitución luego que intentó dar un golpe de Estado.

El abogado del exmandatario aseguró que la entidad le informó tener en agenda una visita al exgobernante. Además, difundió un mensaje de Castillo, quien aseguró estar «privado arbitrariamente» de sus derechos y solicitó que el encuentro «se concrete, de manera urgente».

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Sobre el presidente destituido pesan los delitos de rebelión y conspiración, tras intentar ejecutar un golpe de Estado. Así mismo, hay una acusación constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de liderar una “organización criminal” para amañar contratos.

En caso de que la justicia lo declare culpable de los cargos, Castillo puede llegar a pasar 10 años en la cárcel. Igualmente, cabe destacar que la investigación sigue abierta y podrían aumentar los delitos señalados.

Este miércoles se cumplieron 14 días desde que Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción por decreto y el llamado para formar una nueva constitución.

Pocas horas después, el Congreso destituyó a Castillo y lo detuvo en Lima. La jefatura de Estado recayó sobre Dina Boluarte, entonces vicepresidente, quien ha enfrentado protestas desde su llegada al poder.

Unos protestan en los Andes para exigir, incluso con violencia, su libertad. Otros apoyan que los militares contengan las manifestaciones a tiros ¿Por qué el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, genera pasiones extremas? 

Cuando Castillo, un humilde maestro rural de izquierda, trató de cerrar el Parlamento el 7 de diciembre, la aprobación a su gestión llegaba al 31%.

Su gobierno «fue sumamente caótico, contradictorio lleno de marchas y contramarchas y de gestión pública tuvo prácticamente nada», dice a la AFP Alonso Cárdenas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya.

En el año y medio que llevaba en el poder, de los cinco del mandato, tanto él como su entorno estaban señalados de corrupción.

Castillo justificó su intento de golpe en que el Congreso le impedía gobernar y denunció tratos racistas. Pero fue preso por rebelión y destituido por el Congreso.

«Castillo ha sido vacado injustamente, quien nos representaba era él. Este Congreso enquistado en Lima ha vulnerado nuestros derechos», dice Freddy Quispe (45), agricultor en la sureña Abancay, Apurímac, mientras bloquea una vía bajo la atenta mirada policial.

Más de la mitad de los 33 millones de peruanos se considera mestizo y una cuarta parte indígena, según el censo de 2017.

A Castillo lo respaldan sectores rurales, empobrecidos, postergados. Allí fue donde obtuvo más alta votación.

«Todos nuestros recursos están en manos de los privados. Apurímac es zona minera y tenemos problemas económicos, raciales, los de Lima nos tratan como cholos, como indios, como brutos», considera Juan Ochicua (53), agricultor en esta ciudad, epicentro de las protestas.

Castillo «buscó generar una identificación con el uso del sombrero, el uso del poncho, reivindicando su origen campesino, su vínculo con las comunidades», dice a la AFP la antropóloga y politóloga Carmen Ilizarbe, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Quienes lo apoyan consideran que la obstrucción lo forzó a hacer lo que hizo y reflexionan: «Castillo ha sido tan maltratado como nosotros lo somos habitualmente», agrega. 

Intentó «dar un autogolpe, cosa poco democrática, pero eso se esfuma en la desconfianza de un sector que no cree que sea así y sale a defender a alguien que ‘es como yo'», sostiene Aldo Panfichi, profesor principal de Ciencias Sociales en la PUCP.

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Al Congreso le iba peor que a Castillo, con más de 80% de desaprobación. Varios de sus miembros han sido señalados por corrupción y hasta violación sexual.

Quien perdió la elección, la derechista Keiko Fujimori, no reconoció el triunfo de Castillo y denunció fraude. Pero logró suficientes escaños para hacerle contrapeso.

Keiko, quien estuvo prisión preventiva en el marco de la pesquisa por el caso Oderbrecht, es hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por corrupción y crímenes contra los derechos humanos.

«Yo creo el factor más gravitante es el repudio que se tiene al Congreso (…) el factor que más ha encendido la situación», sostiene Cárdenas.

Castillo «ha tenido una serie de falencias, pero ha ejercido en las condiciones más duras, con hostilidades desde antes de que asumiera, con un Congreso obstruccionista», detalla Ilizarbe.

«Perú es un país sumamente racista y sumamente discriminador, tanto que ya ni siquiera nos damos cuenta», explica Cárdenas, que cita una encuesta de 2020 del ministerio de Cultura.

Originario de Chota, Cajamarca, en la sierra norte, Castillo habla con acento andino, motivo de discriminación. A veces le cuesta transmitir las ideas y lo llaman «burro» para significar falta de inteligencia.

Panfichi recuerda que hay un tema de clasismo y «temor a perder los años de crecimiento económico. Se aspira a un modelo más occidental y miran a Castillo y dicen: no me representa».

La policía dice que entre los agitadores de las protestas hay personas vinculadas al proscrito Sendero Luminoso, grupo maoísta considerado terrorista que le declaró la guerra al Estado entre 1980 y 2000.

Reclutaban campesinos forzosamente, que quedaron atrapados en el fuego cruzado de senderistas y militares.

Tras la derrota de Sendero, mucha población indígena quedó estigmatizada bajo el apelativo de «terruco», calificativo que en el Parlamento o redes sociales se aplica a quienes impulsan propuestas de izquierda.

«Todos los sectores empobrecidos del país son potencialmente terrucos, ese es el imaginario», comenta Ilizarbe.

Para Panfichi, esos ataques suelen venir de un sector conservador que en Perú tiene «un pensamiento poco elaborado, básico y autoritario». Aunque estima que es un tema generacional. Ciudadanos emergentes o gente exitosa en los negocios integra las nuevas élites: «ya no se puede asociar dinero con color de piel».

La situación política en Perú mantiene en la palestra pública internacional a la nación suramericana. Según informes, ya van 18 muertes tras las protestas, mientras que un tribunal dio el visto bueno a la solicitud de la fiscalía, para mantener tras las rejas al expresidente Pedro Castillo, hasta junio del 2024.

Después de que Castillo fuese detenido, acusado de rebelión y traición a la patria, tras intentar disolver los poderes constitucionales, las calles de diversas regiones de Perú se han convertido en campos de enfrentamiento entre las fuerzas del orden y seguidores del expresidente, así como con gente que apoya la decisión tomada por las autoridades.

Aunado a esto, la presidenta interina, Dina Boluarte, ha hecho un llamado a elecciones presidenciales para el 2023, además de haber llamado a consulta a varios de sus representantes diplomáticos en Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a su decisión de apoyar a Castillo.

Detrás de todo esto, los informes preliminares indican que hay unas 18 personas fallecidas en las protestas.

La Dirección Regional de Salud comunicó la muerte de siete personas este jueves tras enfrentamientos entre manifestantes y militares en Ayacucho, en el sur del país. Según la Defensoría del Pueblo, al menos dos de los fallecimientos se produjeron en un protesta en el aeropuerto de la ciudad. 

Un tribunal peruano decidió la noche de este jueves #15Dic que existe «peligro de fuga» en el juicio contra Pedro Castillo, por lo que ordenó prisión por 18 meses para el exmandatario, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe.

Castillo, recluido en una prisión policial al este de Lima desde esa fecha, permanecerá en la cárcel al menos hasta junio de 2024.

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«Ya sabíamos lo que se venía (…) No hemos estado en la audiencia porque no íbamos a ser parte de este carnaval», dijo a la prensa Ronald Atencio, abogado de Castillo. La defensa apelará.

Las protestas más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).

Piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.

Ante las protestas, el gobierno de Boluarte declaró el miércoles un estado de emergencia por 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.

«Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero», dijo la Defensoría tras las muertes en Ayacucho.

«Expresamos nuestra seria preocupación por el incremento de la violencia en Perú y lamentamos profundamente la muerte de 15 personas», indicó en Twitter la misión en el país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La Defensoría también reportó 340 heridos hasta el momento, Según la Policía, casi la mitad son de su institución.

«Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho (…) En una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz», comentó en Twitter la gobernante Boluarte.

Más de un centenar de rutas están bloqueadas. El tren al turístico Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.

En Lima, decenas de manifestantes aún acampan alrededor de una prisión policial donde se encuentra detenido Castillo, pidiendo su libertad.

«El pueblo quiere que se vayan todos, Dina Boluarte y los congresistas, queremos una restauración para el Perú. Vamos a luchar hasta el último, el profe Castillo no ha hecho nada malo», dijo Rolando Arana, un manifestante de 38 años que llegó hasta el lugar desde Huancavelica (sur).

Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman «terroristas».

Una convulsionada situación atraviesa actualmente Perú, donde protestas en la calle y una muy frágil estabilidad política está en juego, después de que su entonces presidente, Pedro Castillo, intentara un Golpe de Estado.

Después de que el Congreso de la nación, de mayoría opositor y con casi nada de aceptación de parte de la población, intentara cesar el mandato de Castillo, este último decidió disolver los poderes y establecer un régimen, situación que no contó con el apoyo de las fuerzas militares y policiales.

Debido a esto, castillo fue detenido y puesto a la orden de las instituciones, quienes le siguen un juicio por rebelión.

Mientras tanto, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió como presidenta interina y en medio de protestas, con diversas regiones alzadas, ha declarado un Estado de Emergencia y ha hecho un llamado a elecciones presidenciales para el 2023.

Un Estado de Emergencia o Excepción es una figura legal utilizada por diversos países e instruida en sus legislaciones, que permite declarar una acción rápida, con ciertas condiciones especiales, para controlar actos como desastres naturales, acciones de calle, guerras y otros tipos de eventos que reviertan el orden constitucional.

Dependiendo de la legislación, hay estados de excepción que pueden durar, horas, días y hasta meses.

En el caso específico de Perú y según lo anunciado por las actuales autoridades, tendrá, el Estado de Emergencia tendrá una duración inicialmente de 30 días y la policía será la encargada de restablecer el orden.

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Una vez que culmine dicho lapso, las autoridades deberán presentar un informe especial al respecto.

La ciudadanía peruana debe tener en cuenta que durante este Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relacionados a la reserva del domicilio, seguridad personal, libertad de reunión, tránsito por todo el territorio nacional y libertad y seguridad personal, establecidos en la constitución inca.

En estos momentos, los derechos fundamentales en Perú que están suspendidos son:

La Constitución peruana establece que no se puede ingresar ni realizar investigaciones o registros sin autorización de los propietarios o las personas que habitan un hogar, salvo que exista flagrancia en un delito.

En su artículo 11 la constitución establece que «A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería».

12. «A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas».

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

La Fiscalía de Perú pidió este miércoles 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión por el fallido intento de golpe de Estado.

De acuerdo a fuentes vinculadas con el Ministerio Público, la petición fue realizada por el fiscal supremo Uriel Terán, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revela EFE.

La prisión preventiva de Castillo concluía este miércoles, 8 días después del intento de Golpe de Estado. Por tanto, el objetivo de la Fiscalía es mantener al expresidente peruano tras las rejas, mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo a la agencia de noticias EFE, el tribunal ahora cuenta con 48 horas para celebrar la audiencia sobre el caso. En tal sentido, la justicia decidirá si acepta o rechaza la petición de la Fiscalía respecto a la prisión de Castillo.

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Sobre el presidente destituido pesan los delitos de rebelión y conspiración, tras intentar ejecutar un golpe de Estado. Así mismo, hay una acusación constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de liderar una “organización criminal” para amañar contratos.

En caso de que la justicia lo declare culpable de los cargos, Castillo puede llegar a pasar 10 años en la cárcel. Igualmente, cabe destacar que la investigación sigue abierta y podrían aumentar los delitos señalados.

Este miércoles se cumplió una semana desde que Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción por decreto y el llamado para formar una nueva constitución.

Pocas horas después, el Congreso destituyó a Castillo y lo detuvo en Lima. La jefatura de Estado recayó sobre Dina Boluarte, entonces vicepresidente, quien ha enfrentado protestas desde su llegada al poder.

Nicolás Maduro le tomó el gustico y sigue de viaje por el mundo, sin temor a represalias ni sanciones. Luego de asistir hace semanas a la cumbre del clima en Egipto, este miércoles se acercó a La Habana (Cuba) para el encuentro por el 18 aniversario de la Alianza Bolivariana de América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Allí estuvo como pez en el agua, con la rienda suelta. Desde esa palestra recordó al ex mandatario cubano Fidel Castro Ruz y al líder bolivariano Hugo Chávez Frías, quienes dieron el primer paso para constituir una alternativa al ALCA y al neoliberalismo, acotó.

“Cuba y Venezuela unimos nuestras dos revoluciones, nuestros pueblos, nuestras dos capacidades, para decirles a América Latina y el Caribe hay que marchar juntos», destacó Maduro.

Por otra parte, exhortó a los países miembros de la ALBA a retomar el impulso de los proyectos que impactaron a los pueblos del mundo.

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Los países miembros de la ALBA-TCP levantaron su voz para respaldar a la ex vicepresidenta argentina y al presidente destituido peruano Pedro Castillo.

En este sentido, el presidente de Bolivia, Luis Arce, tuvo la voz cantante.

Arce alertó de la existencia de «sectores antidemocráticos» que «no desisten a su constante hostigamiento contra gobiernos de izquierda (…) y legítimamente constituidos».

«La injerencia extranjera, la inestabilidad política y el irrespeto a la voluntad de las mayorías continúan siendo las principales amenazas que se abalanzan contra la región», advirtió.

El presidente boliviano agregó que lo que más le alarma es «el uso vil» de «los poderes del Estado con fines políticos».

En ese sentido, Arce dijo que Fernández de -quien ha anunciado que no será «candidata a nada» en las presidenciales de 2023 debido a su condena- fue apartada de la vida política por la «instrumentalización del poder judicial y el aparato mediático».

Sobre Castillo -con un pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva y que es investigado por un presunto delito de rebelión- señaló que ha sufrido un «asedio y persecución constante» desde «el poder legislativo» peruano.

Asimismo, recordó el comunicado conjunto de los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia en el que aseguraron que el expresidente peruano fue «objeto de un tratamiento judicial» que calificaron como «violatorio» y pidieron que se respete la «voluntad ciudadana» expresada en las urnas por el pueblo peruano.

El gobierno de Dina Boluarte declaró el miércoles el estado de emergencia nacional en Perú y propuso adelantar las elecciones a 2023 para aplacar las protestas que sacuden el país tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo.

«Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a toma de carreteras y caminos (…), que están siendo controlados por la policía nacional y las fuerzas armadas», anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola.

Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.

Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Castillo y su posterior destitución y detención el miércoles pasado.

Aseguró inicialmente que gobernaría hasta el fin de su mandato en julio de 2026, como prevé la Constitución.

Pero una ola de protestas que exigen la liberación de Castillo y elecciones inmediatas la llevaron a proponer adelantar la fecha de las elecciones primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023.

«Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024; sin embargo, haciendo reajustes ayer, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023», dijo el miércoles Boluarte a la prensa.

El Congreso se reunirá en pleno este jueves para debatir la propuesta de ir a las urnas a fines del año próximo. 

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En tanto la fiscalía, que acusa a este maestro rural de izquierda de «rebelión» y «conspiración», busca mantenerlo en prisión preventiva durante 18 meses.

El juez que debía tratar el miércoles el pedido, Juan Checkley, reprogramó la audiencia para este jueves a las 08h30 (13h30 GMT) tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido todos los documentos de la causa.

El magistrado indicó que Castillo seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto hace una semana.

Castillo se negó a participar en la audiencia virtual.  

«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», tuiteó.

«Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo», agregó.

Otro tribunal rechazó el martes una apelación de Castillo para recuperar su libertad al considerar que existe riesgo de fuga, pues el expresidente intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.

El exmandatario izquierdista permanece detenido en un cuartel policial en Lima frente al cual se agolpan un centenar de sus simpatizantes desde hace varios días.

«Nos vamos a quedar acá hasta que nuestro presidente salga y vaya nuevamente al sillón presidencial de palacio de gobierno», dijo a la AFP Roxana Figueroa, una asistenta social de 59 años. 

El gobierno de Boluarte ya había declarado el estado de emergencia en varias ciudades que registraron protestas violentas, como Arequipa e Ica (sur), pero no en todo el territorio.

Numerosas carreteras permanecían el miércoles bloqueadas en 14 de las 24 regiones del país, según la policía.

Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte. 

«Pareciera que Lima es todo el Perú. Nuestro pedido es el cierre del Congreso y la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte», dijo a la AFP Hugo Maquera, uno de los manifestantes que bloqueó el puente internacional de Ilave, en Puno, en la frontera con Bolivia.

«Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas», dijo a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.

Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un «paro indefinido» para exigir elecciones generales que obligó a suspender del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.

Desde antes del autogolpe la fiscalía de Perú investigaba a Castillo por liderar una «organización criminal» que beneficiaba a allegados y familiares.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción. 

Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001. 

Castillo asegura que la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le acusan de delitos que no cometió y buscaban sacarlo del poder. 

El expresidente peruano Pedro Castillo dijo el martes que «jamás» renunciará y exhortó a poner fin a la represión de manifestaciones que exigen elecciones inmediatas y su libertad, con un saldo de siete muertos y decenas de heridos.

«Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia», dijo Castillo en su primera declaración pública desde su destitución y detención hace una semana.

«Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón», agregó en una audiencia judicial virtual que evalúa una apelación a su detención preliminar de siete días.

«Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión», acotó dirigiéndose al juez supremo César San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). 

Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado, tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte de un desacreditado Congreso que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente la jefatura de Estado, como prevé la Constitución.

Boluarte recibió el martes en su despacho presidencial a la embajadora de Estados Unidos en Lima.

Las fuerzas armadas patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.

Las violentas manifestaciones contra Boluarte persisten y hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, señaló un balance de la policía.

Las regiones más agitadas se encuentran en el sur, donde está la turística Cusco, en Arequipa, segunda ciudad del país, y en Apurímac, cuna de Boluarte. En el norte las regiones más convulsionadas son La Libertad y Cajamarca, cuna de Castillo.

En Lima las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías en una desigual batalla campal de armas artesanales y piedras contra armas de fuego y gases lacrimógenos.

Varios gremios agrarios e indígenas convocaron este martes a un «paro indefinido» en demanda de elecciones generales.

Su repercusión se desconoce aún pero ya provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.

El aeropuerto de Cusco fue cerrado asimismo el lunes luego de que manifestantes intentaran tomarlo.

Boluarte busca negociar con el Congreso el adelanto de elecciones generales de julio de 2026 a abril de 2024.

El miércoles pasado, Castillo ordenó en un mensaje al país la disolución del parlamento y la intervención del sistema judicial, horas antes que el parlamento debatiera su destitución por presunta corrupción. 

Fue detenido por sus guardaespaldas cuando se dirigía a la embajada de México para asilarse. La fiscalía, que lo investiga por corrupción, le imputó el delito de «rebelión» y «conspiración» en flagrancia.

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Algunos gobiernos de izquierda de Latinoamérica defienden a Castillo a pesar del autogolpe.

«Sigue siendo Pedro Castillo el presidente» de Perú, afirmó el martes el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

En un comunicado conjunto, Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar «la voluntad popular expresada con el libre sufragio». 

La Cancillería peruana respondió recordando que Castillo fue destituido por el Congreso en apego a la Constitución porque cometió un «golpe de Estado» y pidió a los países «que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en el Perú». 

Antes de su fallido autogolpe, la fiscalía ya investigaba a Castillo por liderar una «organización criminal» que beneficiaba a allegados y familiares.

También investiga si cometió otros delitos, como tráfico de influencias en la compra de gasolina por parte de la estatal Petroperú en 2021 y obstrucción de la justicia en el despido del ministro del Interior (que autorizó el arresto de algunos de sus aliados).

Los fiscales indagan también si Castillo cometió el delito de tráfico de influencias en promociones militares y si cometió un acto de corrupción en concesiones de obras públicas, e investigaba el presunto plagio de su tesis universitaria.

La fiscal de la nación, Patricia Bernavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción. 

Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones en Perú, un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por casos de corrupción en lo que va del siglo XXI. 

Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organiazción de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.

Según Castillo, la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra. 

Varios analistas consultados por la AFP consideran no obstante que la justicia peruana es independiente.

La tarde de este sábado el abogado Pedro Angulo Arana juró  como nuevo presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Dina Boluarte en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Pedro Angulo es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue decano del Colegio de Abogados de Lima, y ex fiscal superior titular.

Estos son los ministros del gabinete liderado por Pedro Angulo Arana

-Presidente del Consejo de Ministros:

Pedro Angulo Arana

-Ministro de Relaciones Exteriores:

Ana Cecilia Gervasi Díaz

-Ministro de Defensa:

Luis Alberto Otárola

-Ministra de Economía y Finanzas:

Alex Contreras

-Ministro del Interior:

César Augusto Cervantes Cárdenas

-Ministra de Justicia y Derechos Humanos:

José Andrés Tello Alfaro

-Ministro de Educación:

Patrica Correa Arangoitia

-Ministra de Salud:

Rosa Gutiérrez Palomino

-Ministro de Agricultura y Riego:

Nely Paredes del Castillo

– Ministro de la Producción:

Sandra Belaúnde Arnillas

– Ministra de Comercio Exterior y Turismo:

Luis Fernando Elguero González

-Ministro de Energía y Minas:

Óscar Vera Gargurevich

-Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

Hania Pérez de Cuellar

-Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:

Grecia Rojas Ortiz

-Ministra del Ambiente:

Albina Ruis Ríos

-Ministro de Cultura:

Jair Pérez Brañez

-Ministra de Desarrollo e Inclusión Social:

Julio Javier Demartini Montes

Más temprano, el jefe del Congreso de Perú pidió este sábado a la flamante presidenta del país, Dina Boluarte, nombrar pronto a su gabinete para acabar con las protestas de nuevas elecciones tras la destitución y detención del exmandatario Pedro Castillo, acusado de una intentona golpista.

«La presidenta de la república debe tomar decisiones prontas, como por ejemplo su gabinete, y decisiones inmediatas para salir de ciertos apuros y generar confianza y tranquilidad», dijo José Williams, máxima autoridad del Poder Legislativo peruano.

«Pido calma a la población tranquilidad. Mirar las cosas de forma positiva», agregó en declaraciones a la radio RPP.

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Boluarte, vicepresidenta hasta su toma de posesión el miércoles tras la destitución de Castillo por el Congreso, anunció la víspera que prevé tener formado un nuevo gobierno este sábado.

«Le agradeceré a las hermanas y hermanos del Perú que con calma esperemos, creo que en el transcurso del día y mañana (sábado) antes del mediodía a más tardar estará juramentando» el nuevo gabinete, manifestó el viernes en las afueras de su vivienda.

Boluarte no descartó entonces llamar a elecciones anticipadas en busca de una salida pacífica a la crisis política, e instó a la calma a la población en medio de protestas que exigen un nuevo Congreso.

Estudiantes, trabajadores y partidos políticos de izquierda convocaron para esta tarde a partir de las 21H00 GMT una marcha en Lima luego que finalicen los partidos de cuartos de final del Mundial Catar 2022.

Los bloqueos de carreteras permanecían por tercer día en las zonas surandinas del país, donde Castillo, un exmaestro de escuela rural, goza del mayor apoyo.

En las regiones Ica y Arequipa continuaban bloqueados varios tramos de la Panamericana, la principal carretera que atraviesa el país de norte a sur, dejando decenas de buses y camiones de carga varados.

Cientos de personas que marcharon el viernes por segundo día por las calles de Lima se enfrentaron a la policía en su intento en llegar a la sede del Congreso. La policía utilizó gases lacrimógenos para disolver la movilización que dejó algunos detenidos.

Castillo intentó el miércoles disolver el Legislativo y gobernar por decreto, pero sus órdenes fueron desacatadas por el Congreso y las Fuerzas Armadas.

Tras su fracaso en instaurar el estado de excepción, Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México en Lima a solicitar asilo político. Fue puesto el jueves en prisión cautelar por siete días. La fiscalía lo acusa de rebelión y de ser hallado culpable, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.

A raíz de lo acontecido con el presidente peruano, el mandatario de Colombia -Gustavo Petro- pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar cartas a favor de Pedro Castillo expidiendo medidas cautelares.

Pero la respuesta de la CIDH fue que ya habían emitido un comunicado en el que se alejaba de la interpretación de los acontecimientos hecha por Petro.

En el texto de la CIDH señala que la decisión de Castillo de disolver el Congreso desconoció las previsiones de la constitución peruana, en particular el artículo 134.

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Por lo tanto, el organismo internacional “reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”.

Hablando claro, la CIDH reconoce la legalidad de la destitución de Castillo y le da la espalda a la petición de Petro.

Aunque Petro no se ha pronunciado sobre la respuesta dada por la CIDH, dejó claro su apoyo a Castillo, al decir que en Perú “Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”.

Dina Boluarte, actual presidenta interina del Perú, busca este viernes crear nuevas negociaciones con el fin de fomentar un gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de una intentona golpista y por quien sus seguidores siguen en las calles exigiendo su liberación y la convocatoria a elecciones.

Dos días después de que fracasara en su tentativa de golpe de Estado, el líder izquierdista Pedro Castillo, que asumió el poder hace 16 meses comparte centro de reclusión con el exmandatario Alberto Fujimori, en la base de las fuerzas especiales de la policía, ubicada al este de Lima. 

La Fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, y un alto tribunal dictó siete días de prisión preliminar.

Las manifestaciones en varias ciudades fueron de menos a más en las últimas horas y atizaron la incertidumbre sobre la viabilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato, como ella misma anunció al asumir el miércoles.   

Las protestas han incluido acciones violentas como el bloqueo de la carretera Panamericana Sur en la región Ica y Arequipa utilizando piedras, troncos y quemando neumáticos. 

Las miradas están puestas también este viernes en una ceremonia del ejército peruano por el 198º aniversario de la Batalla de Ayacucho, que selló el fin de la dominación colonial de España en América Latina. 

Boluarte debe asistir a ese evento y pronunciar un discurso ante los militares, que jugaron un rol clave en la caída de Castillo al no respaldar el régimen de excepción que propuso.

Castillo intentó disolver el legislativo y gobernar por decreto, pero sus órdenes fueron desacatadas por el Congreso y las Fuerzas Armadas. 

Miles de manifestantes exigieron el jueves la renuncia de la flamante presidenta, la primera mujer en dirigir a Perú y a quien algunos izquierdistas tildan de «traidora» por haber asumido el cargo.   

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En Lima, una protesta de cerca de un millar de personas marchó hacia el Parlamento, donde fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos y se produjo la detención de al menos tres manifestantes, constató la AFP. 

«Estoy marchando por defender a mi presidente Pedro Castillo, que lo han vacado (destituido) injustamente. Han hecho lo imposible para sacar a Castillo. Desde el momento que ha entrado no lo han dejado trabajar», dijo a la AFP Mery Colque.

«Vivimos en un golpe de Estado decretado por el Congreso golpista. No puede ser que un grupito de 100 personas saque a un presidente elegido por millones», cuestionó Ana Zevallos.

Movilizaciones callejeras también se reportaron en varios departamentos y ciudades del interior de Perú como Chota (Cajamarca, cuna de Castillo), Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua.

Con información de AFP

Nicolás Maduro se solidarizó la tarde de este jueves con situación del presidente destituido en Perú, Pedro Castillo. Advirtió que ahora la oligarquía limeña lo va a humillar, la misma oligarquía que atacó al prócer venezolano Antonio José de Sucre.

Tales declaraciones las hizo durante la conmemoración de los 10 años del “Día de la Lealtad y el Amor”, la última proclama del expresidente y comandante bolivariano Hugo Chávez Frías, desde el Cuartel de la Montaña 4F, ubicado en la parroquia 23 de Enero, en el oeste de Caracas.

Maduro señaló que Castillo fue llevado «al extremo» de disolver el Congreso e intentar gobernar por decreto, presionado por una «conspiración para un golpe parlamentario».

«Una vez que se juramenta (…), comienza la conspiración para un golpe parlamentario y comienza el ataque, el desgaste: votos de censura contra los ministros, contra los jefes del gabinete, un acoso permanente, hasta que golpe a golpe, acoso a acoso en una persecución parlamentaria, política y judicial sin límites, lo llevaron al extremo de intentar disolver el Congreso del Perú», expresó.

«Son las élites oligárquicas, que no permiten que un simple maestro llegue a la presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo. Es el mensaje que envía la extrema derecha a los movimientos populares, a los movimientos progresistas: no los vamos a dejar gobernar», agregó en un discurso frente a sus partidarios.

Deseó que Perú, ojalá, «consiga su camino de libertad y paz». Pidió «Justicia para el Perú».

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Maduro aprovechó la ocasión para señalar a la oposición venezolana que no crean que lo de Perú va a pasar en Venezuela,

«Desde Venezuela le decimos a la derecha extrema: ‘ustedes no volverán'».

En ese sentido, agradeció el legado de Chávez y por lo cual considera que Venezuela no pasará por lo mismo que Perú en este momento.

«Podemos decir que nuestro comandante Hugo Chávez Frías no aró en el mar, concientizó y educó a una generación con valores revolucionarios y pensamiento crítico, con valentía patriótica», dijo.

Enfatizó que las claves para seguir profundizando las raíces están en la educación para el despertar de un pueblo.

Este jueves se llevó a cabo una audiencia para conocer el caso del golpe de Estado que intentó dar Pedro Castillo, en el que el Poder Judicial de Perú dictó detención preliminar por 7 días contra el expresidente.

Fue el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que dicto la detención por el presunto delito de rebelión y conspiración.

Trascendió que durante la audiencia de este jueves 8, el fiscal Marco Huamán argumentó ante el juez Juan Carlos Checkley que existe peligro de fuga por parte del exmandatario, por lo que recomendó que se le ordenara detención preliminar, reseña La República.

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«Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)», tuiteó el Poder Judicial.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de #DetenciónPreliminar contra el expresidente #PedroCastillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración). pic.twitter.com/qFwPpZEUUs

La tarde de este jueves se conoció que Castillo solicitó asilo político formalmente a México a través de una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue el abogado del destituido presidente de Perú, Víctor Pérez Liendo, quien solicitó que se considere otorgar asilo a Pedro Castillo.

Pérez Liendo se refirió a la situación que atraviesa Castillo como una persecución política. Estos detalles se dieron a conocer a través del canciller Marcelo Ebrard quien publicó la carta con fecha de ayer, indica Milenio.

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Centenares de manifestantes en las regiones andinas de Ayacucho, Puno y Huancavelica reclamaban elecciones generales ya y el cambio del Congreso, según imágenes de televisoras locales reseña AFP.

Las manifestaciones comenzaron la noche del miércoles, cuando cientos de simpatizantes y de opositores de Castillo se concentraron frente a la prefectura de Lima, donde se hallaba detenido.

«Cierre el Congreso, nido de ratas», se leía en una pancarta a favor del mandatario caído.

A unos metros, otro grupo quemaba camisetas con el rostro de Castillo.

La tensión fue en aumento y la policía usó gases lacrimógenos para dispersar la concentración.

Con información agencias

Mientras el presidente colombiano Gustavo Petro se sincroniza con la esencia que mueve a las declaraciones de su homólogo mexicano Manuel Andrés López Obrador, en la defensa del destituido mandatario peruano Pedro Castillo; hacia el interior de la izquierda colombiana hay voces que no concuerdan con estos presidentes progresistas.

AMLO confesó que Castillo pretendió asilarse en México, dejando entrever que todo lo tenían previsto, pero al peruano las cosas no le salieron.

El mandatario mexicano dijo en una de sus mañaneras apariciones a la prensa:“Habló aquí a la oficina para que me avisaran que iba hacia la Embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono e iba a solicitar asilo y que si le abrían la puerta de la Embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé, que hablara con el embajador y le abrieran la puerta, pero al poco tiempo tomaron la Embajada”.

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Se destaca que en Colombia las opiniones son muy dispares entre los políticos de izquierda; actuando muy cautos

Hay opiniones «tibias» como la del senador izquierdoso Iván Cepeda que su única manifestación -en redes sociales- fue escuetamente comentar «Colombia condena «atentado a la democracia» en Perú y llama al diálogo».

Colombia condena "atentado a la democracia" en Perú y llama al diálogo https://t.co/9k35qgmjeO

Similar postura asumió Roy Barreras, el presidente del Congreso colombiano, diciendo que «Todo golpe al Estado de Derecho es deleznable incluido el intento de autogolpe de Castillo, Espero que el Congreso del Perú y su pueblo mantengan el curso Constitucional.»

Todo golpe al Estado de Derecho es deleznable incluido el intento de autogolpe de Castillo, Espero que el Congreso del Perú y su pueblo mantengan el curso Constitucional. https://t.co/lLJ4nHYhhO

Piedad Córdoba ignoró a Petro Castillo, sin dedicarle ni una frases, a diferencia de sus múltiples opiniones acerca de lo acontecido con la vicepresidente argentina.

El único senador petrista que se fue contra Castillo fue Gustavo Bolívar, quien afirmo en su twitter: «Golpe de estado. Cerrando el Congreso, como lo hizo Fujimori, Pedro Castillo sella su suerte. Se ha deslegitimado y ya no tiene futuro. El pueblo saldrá a las calles a hacérselo saber a pesar del toque de queda y el estado de excepción.»

Golpe de estado.Cerrando el Congreso, como lo hizo Fujimori, Pedro Castillo sella su suerte. Se ha deslegitimado y ya no tiene futuro. El pueblo saldrá a las calles a hacérselo saber a pesar del toque de queda y el estado de excepción.

Aunque después, parece que tras algún regaño, atempero sus planteamientos, diciendo: «Es verdad que la derecha no dejó gobernar al Presidente Castillo de Perú, desde la elección le estaba buscando la caída, pero ninguna opción anti democrática es valida para enfrentar al fascismo. Ante una sin salida es preferible una salida digna a una salida desesperada.»

Es verdad que la derecha no dejó gobernar al Presidente Castillo de Perú, desde la elección le estaba buscando la caída, pero ninguna opción anti democrática es valida para enfrentar al fascismo. Ante una sin salida es preferible una salida digna a una salida desesperada.

Así se alineó con su líder Petro quien estuvo manifestándose muy cuidadoso, hasta que hoy se radicalizó a favor de Petro Castillo:

Solicito a la @CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo.Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento.

Sin embargo, llama la atención el total silencio de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente de Cuba, mutismo igual al del canciller y por ende a los embajadores cubanos; prevalenciendo una onda a lo que «si te ví no me acuerdo».

La incertidumbre planea sobre Perú este jueves, en el primer día de presidencia de Dina Boluarte, quien pidió una tregua a la oposición para superar la crisis institucional tras la fulminante destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de un autogolpe de Estado.

Hasta ahora vicepresidenta, la abogada de 60 años debe conformar en las próximas horas su primer gabinete ministerial, en medio de dudas sobre sus posibilidades de sobrevivir a la tormenta política que la acecha desde el parlamento.

Tras una sucesión de anuncios que en pocas horas sacudieron la institucionalidad de Perú, Boluarte fue juramentada como la primera mujer presidenta del país y dejó claro que aspira a cumplir todo el período, hasta julio de 2026.

Sus decisiones iniciales serán cruciales para saber si alcanzará ese objetivo, o si deberá resignarse a dar un paso al costado y convocar a elecciones generales anticipadas. 

En sus primeras palabras como jefa del gobierno peruano, llamó a la «unidad nacional» y exhortó a dejar de lado las ideologías, en tácita alusión al enfrentamiento que marcó a fuego la relación entre el gobierno izquierdista de Castillo y el Congreso, dominado por la derecha.

Luego llamó a «una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional».

El miércoles, cientos de simpatizantes de Castillo chocaron con la policía frente a la Prefectura de Lima donde estuvo detenido, y fueron reprimidos con gases lacrimógenos.

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«Cierre el Congreso, nido de ratas», se leía en una de sus pancartas.

Opositores del presidente que también se manifestaron frente a la prefectura quemaron camisetas con la imagen del exmandatario.

Perú vivió el miércoles horas de vértigo que terminaron con Castillo detenido por la noche en una base policial al este de Lima, acusado en flagrancia del delito de rebelión.

Poco antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder, Castillo, que gozaba de 70% de desaprobación según los últimos sondeos, denunció que era blanco de «un ataque sin cuartel» por parte del parlamento, anunció su disolución y un toque de queda, y dijo que gobernaría por decreto.

Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía no lo apoyaron, y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.

Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de dinero.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó el jueves su «preocupación» por la situación política en Perú y condenó «todo intento por subvertir el orden democrático», dijo en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.

Guterres «llamó a todos los partidos involucrados a respetar el Estado de derecho, así como a guardar la calma y a abstenerse de inflamar tensiones», añadió.

Tras la destitución de Castillo, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, se apresuró a calificarlo de «expresidente» y estimó que los congresistas peruanos tomaron «medidas correctivas» de acuerdo con las reglas democráticas.

Países de toda la región, así como España, llamaron a respetar el Estado de Derecho y la democracia en Perú.

La Unión Europea (UE), a través de su oficina en Lima, manifestó su apoyo a la «solución política, democrática y pacífica adoptada por las instituciones» peruanas, y llamó a «todos los sectores a un diálogo que asegure la estabilidad».

Con información de AFP

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, se pronunció este miércoles en torno a la crisis política en Perú, donde en cuestión de horas el ahora expresidente Pedro Castillo dio un autogolpe, disolvió el Congreso, fue destituido, detenido y se designó a Dina Boluarte como nueva mandataria.

Para Cabello, Castillo fue una víctima a quien le dieron el golpe de Estado y asegura que el mismo fue orquestado, como siempre, desde los Estados Unidos, ante el avance de la izquierda en la región.

«Fíjense de lo que pasa en Argentina, decidieron condenar por seis años de prisión a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, además inhabilitarla políticamente de por vida. En Perú dieron un golpe de Estado promovido por Estados Unidos», afirmó en su programa Con el Mazo Dando.

Incluso, asomó que todo habría estado preparado contra Castillo.

«Tenían un comunicado y todo, y la vicepresidenta de turno esperando. Es un plan del imperialismo, para allá fue (Luis) Almagro a visitarlo», agregó.

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Pero, las críticas de Cabello no se quedaron allí, sino que acusó al propio Castillo de no defender a quienes votaron por él. «El señor presidente traicionó a su pueblo», expresó.

«Pedro Castillo creyó en la derecha, ahora está sentado como un bolsa, después de haber sido electo presidente. No defendió a la gente que votó por el», remarcó.

Recordó que en el año 2002 durante el golpe de abril en Venezuela, él fungía cómo vicepresidente. «A mí nunca me pasó por la cabeza quedarme en el poder y dejar al Comandante Chávez por fuera», dijo.

Asimismo, Cabello destacó que Pedro Castillo, llegó al poder por el voto popular y al darle la espalda al pueblo, «lo iban a tumbar. El Pueblo no va a salir a reclamarlo como ocurrió aquí».

A diferencia de lo que se vivió en Venezuela, “porque le estaban quitando a su presidente, lo sentían de ellos, ya que jamás los abandonó».

Ratificó que lo ocurrido en Perú «es la ofensiva legal de Estados Unidos ante el avance de la izquierda en América Latina, legal pero utilizando artimañas y mentiras, las utilizaron con Lula, Correa, con Dilma, Evo, Lugo», dijo.

Agregó, «hasta con nosotros lo han usado, porque estamos acusados en Estados Unidos, se trata de persecuciones, es utilizar la ley porque no pueden con los votos», subrayó.

La Fiscalía de la Nación de Perú confirmó este miércoles la detención del ahora expresidente Pedro Castillo, por el delito de rebelión y por quebrantar el orden constitucional tras el anuncio de este de disolver el Congreso, lo cual podría significarle prisión de hasta 25 años.

«El Ministerio Público dirigió esta tarde la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional», informó la Fiscalía en un comunicado.

Lo que sigue, según las leyes de esa nación, son las claves del proceso al que Castillo debe ser sometido, tras su detención, la tarde de este miércoles.

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Según el artículo 346 de la legislación peruana, el delito de rebelión es definido como «el que se alza en armas para variar la forma de Gobierno, deponer al Gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional» y recoge que «será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación».

La institución detalló que dirigió la detención del exmandatario en la Prefectura de Lima y fue supervisada por la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides.

Estuvieron a cargo del procedimiento de detención, el fiscal adjunto supremo del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, Marco Huamán Muñoz, y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, perteneciente al equipo especial contra la corrupción del poder.

El Ministerio Público añadió en su información que como parte de la diligencia, se realizó a Castillo el reconocimiento médico-legal sobre su estado de salud actual, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

Previamente, la Fiscal Benavides Vargas leyó un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público, en el que expresaron su rechazo al quebrantamiento del orden constitucional y anunciaron la adopción de las acciones legales correspondientes.

“Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional. La Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una república democrática y soberana (…) Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución y debe cumplir sus mandatos constitucionales”, señaló el comunicado.

Cabe indicar que en octubre pasado, Castillo fue denunciado por la Fiscalía por dirigir una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno.

La finalidad de esta organización «era copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas».

Igualmente, sobre Castillo pesan denuncias de corrupción cometida antes de llegar a la presidencia.

Alternativamente, el Ministerio Público dispuso iniciar diligencias preliminares por la presunta comisión de conspiración, en agravio del Estado (Art. 349° del Código Penal), que dispone “pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”.

El abogado constitucionalista Erick Urbina, consultado por el medio RPP, dijo que Castillo cometió una “infracción constitucional por la cual debe ser deshabilitado hasta por 10 años”, de modo que “corresponde que la Fiscalía de la Nación de oficio lo procese por estos actos”.

“Como mínimo, no solo es usurpación de funciones y un desacato flagrante por el cual deberá responder ante las autoridades”, dijo Urbina.

Medios peruanos aseguran que el expresidente podría enfrentar entre 20 y 25 años de cárcel por los delitos mencionados, cometidos en flagrancia.

El exmandatario se encuentra en la prisión de Barbadillo, la misma en la que está recluido el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel.

Hasta la noche de este 7 de diciembre, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán dirigía la diligencia en el Palacio de Gobierno, “donde se están lacrando documentos y algunos equipos de cómputo, como parte de la investigación”.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acompañada del fiscal adjunto supremo Marco Huamán, dirige la diligencia que se realiza en Palacio de Gobierno, donde se están lacrando documentos y algunos equipos de cómputo, como parte de la investigación. pic.twitter.com/mMqbfPnAcy

En la Presidencia del Consejo de Ministros, el fiscal adjunto supremo, Elmer Ríos Luque, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, dirige la diligencia de exhibición de documentos. pic.twitter.com/iiTSCH5vSZ