Cirilo Fernández tenía miedo de hablar sobre la muerte de su sobrino, preso político muerto bajo custodia de las fuerzas del orden venezolanas. Pero cuando vio el féretro llegar a casa, la sensación de impotencia lo obligó a romper el silencio.

Edilson Torres, de 52 años, era policía del estado Portuguesa (oeste). Fue detenido en diciembre por enviar mensajes críticos al gobierno de Nicolás Maduro. Falleció la semana pasada en Caracas.

"Creo que mi vida está en peligro también (pero) estoy consternado con la muerte de mi sobrino", dice Cirilo Fernández a la AFP en Guanare, capital de Portuguesa, donde Torres Fernández fue arrestado.

Le acusaron de traición a la patria.

Sus familiares aseguran que estuvo incomunicado en prisión hasta el momento en que fue trasladado al hospital donde murió, según las autoridades, por un infarto.

"Estoy muy dolida, pero en pie de lucha", asegura su hermana Emelyn Torres, que se confiesa aterrorizada.

El velorio se realizó en su casa, adonde llegaron decenas de amigos, parientes e incluso colegas de la policía para rendir homenaje.

El pánico es tan evidente como la tristeza en el funeral: la gente murmura, evita conversar.

La muerte de Torres ocurrió apenas días después de la caída de Maduro en un bombardeo de Estados Unidos a Venezuela.

Y bajo presión de Washington, el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos, de los que, según oenegés, hay entre 800 y más de 1.000.

Emelyn Torres recorrió junto al féretro los 430 km de carretera desde Caracas. "Yo tenía mucha fe en que me iba a traer vivo a mi hermano", cuenta. "Pero tenía que pasar esto para que liberaran a los otros".

Las excarcelaciones, no obstante, se producen a cuentagotas. El gobierno habla de 116, pero las organizaciones especializadas como Foro Penal reportan 56 hasta ahora.

La familia dice que Edilson Torres llevaba dos décadas trabajando para la policía de Portuguesa.

El 4 de diciembre, día de su cumpleaños, efectivos de otro cuerpo de seguridad llegaron a casa buscándolo, recuerda Edilmar Torres, la tercera de sus cuatro hijos, de 17 años. "Llegó el policía y nos preguntaba que dónde estaba él", narra.

Los efectivos lo esperaron y se lo llevaron con el argumento de que necesitaban ayuda para lavar un aire acondicionado. No generó alarma porque era una actividad que hacía en sus ratos libres.

Su hija intentó llamarlo al ver que pasaba el tiempo, pero había dejado el teléfono.

Dos policías volvieron por el celular y le informaron que estaba detenido "porque le habían encontrado unos mensajes que tenía en los grupos esos (de WhatsApp) de los policías, que hablaban mal del gobierno".

"Y de ahí no supe más de mi papá", añade.

Edilmar Torres intenta mantener la compostura mientras busca pan, junto a su hermano de 15 años, para ofrecer a las decenas de personas que se agolparon en la casa de su tía para el velorio.

Pero cuando el féretro llegó, antecedido por una caravana de motorizados, rompió en un llanto desgarrador.

El ataúd, cubierto por una bandera de Venezuela y un pendón de un club de motociclistas amigo, está dispuesto en la sala.

En una fila improvisada, las personas se suceden para ver su rostro una última vez, entre ellos su abuela de 90 años y Cirilo Fernández, que en medio de la conmoción estima que la muerte de su sobrino fue "violenta" y responsabilidad del Estado.

Quiebra su silencio autoimpuesto. "No es él nada más, hay varios", sentencia en alusión a otros casos de personas fallecidas durante su detención.

Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, desde 2014 han muerto 18 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano.

Una procesión motorizada escolta el féretro que llevan a pie por las calles de Guanare Cirilo, los hijos de Torres y otros familiares.

"Fue un policía ejemplar, víctima de ustedes saben quién", dijo su suegra Omaira Espinoza sin señalar directamente responsables. Hay miedo.

"Estamos viviendo una injusticia", dijo por su parte una vecina en lágrimas. "Pero tarde o temprano esto va a terminar".

 La región se escuda en la “seguridad” para justificar políticas que no frenan la migración, pero sí empujan a los venezolanos a rutas más peligrosas y a manos de redes de trata. 

Al cerrar pasos y trámites, los Estados producen víctimas invisibles y sociedades que normalizan la xenofobia, multiplicando la violencia y forzando a los migrantes a ocultarse para sobrevivir. 

Esto es Venezuela en profundidad

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Venezuela pasó de la escasez a una oferta descontrolada de todo tipo de medicamentos. Autoridades y farmacéuticos alertan sobre los riesgos que implica ingerir fármacos de dudosa procedencia.

El periodista de Impacto Venezuela, Sandino Ignacio Yaguare destaca que hay otras complicaciones más allá de los placebos o medicamentos que no tienen efectividad contra una enfermedad específica.

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Advierte que varios de estos fármacos que hoy se distribuyen de manera ilegal o sin la permisología sanitaria correspondiente pueden causar efectos adversos que dañen severamente la salud de quien los ingiera.

Una de estas ventas clandestinas fue detectada en Carabobo, las dos féminas involucradas se dedicaban a vender más de 133 tipos de medicamentos procedentes de Colombia, algunos tenían fecha de vencimiento del año 2010, 2016, 2020 y 2021.

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Un grupo de conductores que transitan por la carretera Barcelona -Cantaura – El Tigre en el Sur este del estado Anzoátegui; denunciaron que se han quedado sin cauchos debido a unos nuevos «miguelitos» u objetos punzantes que estarían utilizando las bandas delictivas de la zona, para robarlos al detener el camión, según el medio digital El Diario De Guayana.

Primero según fuente el hecho está ocurriendo «casi todos los días» desde aproximadamente un mes, específicamente frente a la entrada de la comunidad indígena La Florida y La Casabera; que quedan entre el PAC de Bajo Hondo y patio tanques (PTO), municipio Freíste al sureste del estado Anzoátegui.

Las víctimas afirmaron que los vehículos se ven afectados en un horario bien definido: Entre las 10 pm y 6:30 am.

Testimonio de la fuente

«Yo fui víctima dos veces en una misma semana. Perdí 4 cauchos y detrás de mí habían otros carros afectados, muchos con familias y niños a bordo», explicó José Sotelo, uno de los perjudicados.

A diferencia de los «miguelitos» convencionales hechos con cabilla delgada, estos son una especie de pelota hechos a base de cabillas, clavos y pega.

Pero ahora los objetos que actualmente son colocados son unas piezas de tubo estructural con dos extremos triangulares. Esas puntas o «colmillos» metálicos, dejan los cauchos totalmente destruidos «como un colador de grandes orificios».

Lo que más preocupa es la apatía de las autoridades que no emprenden investigaciones serias a estas bandas de delincuentes organizados en el sureste del estado Anzoátegui, redacta la fuente.

Finalmente el medio explica que entre Barcelona y El Tigre se encuentran cerca de diez alcabalas o puntos de control de las autoridades policiales y militares y el hampa actúa impunemente. 

Fuente Armando Gruber /Foto: Cortesía

La pandemia de COVID-19 no solo representa un peligro para la salud mundial, sino que trae otros problemas asociados al confinamiento. Uno de ellos es el aumento del femicidio. Una muestra es que solo en el estado Bolívar, de enero a agosto, 13 mujeres fallecieron a manos de sus parejas.

De acuerdo a los registros realizados por la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) 116 mujeres en total han sido víctimas de violencia basada en género. 

Destaca la OGN que «en algunas zonas de Venezuela el distanciamiento social ocasiona un notable aumento de la violencia de género».

Por otra parte, destaca los casos de 13 menores de edad sometidas a abusos sexuales. «La cuarentena ha causado un incremento de los riesgos hacia las niñas y las adolescentes. Las víctimas tienen que convivir más tiempo con su agresor», afirma la comisión en nota de prensa. 

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La ONG hace el monitoreo de los casos a través de medios de comunicación social y redes sociales. Esto se debe al poco acceso a registros oficiales. «Una de las sobrevivientes relató que recibió amenazas por parte de un hombre de 33 años».

Otra de las víctimas denunció que la pareja sentimental de su mamá abusó sexualmente de ella.

El 15 de julio del presente año asesinaron a Yusbelis Capello, de 27 años. El hecho ocurrió en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana. 

El presunto victimario la arrojó por un barranco en la comunidad indígena de San José. Esto, tras sostener una discusión. El cuerpo de la mujer presentó varios golpes. 

El equipo de investigadores de Codehciu indica que en julio y agosto Caroní fue el municipio con más casos de violencia de género en Bolívar. En estos 60 días se registraron 12 víctimas en total.

“Le siguen los municipios Angostura del Orinoco, con 4, Gran Sabana con 3, Piar con 2 y Sifontes con un caso”, indica el reporte.

Se conoció que entre ambos meses hubo 7 casos de violencia sexual y 6 casos de actos  lascivos. Además de 4 de violencia física y 2 amenazas, además, de una mujer desaparecida y un registro de acoso. 

“Alertamos con preocupación cómo entre julio y agosto de este año, la mayoría de las víctimas de violencia sexual fueron niñas y adolescentes entre 4 y 17 años”, dijo la fuente. 

La Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia describe el femicidio como el homicidio de una mujer, cometido por un hombre, por motivos estrictamente vinculados a su género.

Agrega que es la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producida tanto en el ámbito público como privado.

Codehciu hace un llamado a todos los organismos del Estado para que publiquen cifras de violencia basada en género. 

Aseguran que solo así se podrá visibilizar cómo las mujeres y las niñas siguen siendo de los grupos más afectados y vulnerados por la emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela. 

Un equipo multidisciplinario dirigido por el médico microbiólogo venezolano Alberto Paniz Mondolfi, del Hospital Mount Sinai de Nueva York logró descifrar las primeras secuencias completas de 3 genomas del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en el país y determinaron que su velocidad de contagio es más alta.

Paniz está acompañado en sus estudios por el doctor Juan David Ramírez, del Grupo de Investigaciones Microbiológicas de la Universidad del Rosario en Colombia, publicó el diario El Nacional.

Una de las primeras características del virus es que a medida que se va propagando y pasa de un huésped a otro, sufre mutaciones.

Debido al hermetismo con que el régimen de Nicolás Maduro ha manejado el desarrollo de la pandemia en Venezuela, a los científicos se les hacía imposible acceder a muestras locales para su análisis, aclara la publicación.

Por ello «decidimos adoptar una estrategia distinta que consistió en muestrear migrantes pendulares en Colombia procedentes de Venezuela. Esto nos permitió dar un primer e importante vistazo a los distintos aspectos biológicos del virus circulando en el país», detalló el médico venezolano.

Detalla como posible fecha de introducción del virus en Venezuela entre el 18 y 29 de marzo del 2020. Sin embargo, Paniz Mondolfi manifestó que «es de esperarse una segunda cadena de transmisión originada a partir de los casos más recientes. Esto producto del retorno de migrantes desde los países andinos a Venezuela».

Más rápido y preocupante

La mutación detectada por los investigadores arroja que el virus en Venezuela tiene una mayor capacidad de transmisibilidad.

De igual manera, los genes detectados en uno de los casos provenientes del estado Zulia, explica cómo la presencia mutacional afecta rápidamente a los habitantes de la entidad.

«La información oficial emanada de fuentes gubernamentales corrobora esta información con 17% de tasa de incidencia y 35% de tasa de fatalidad. Sin embargo, estos números de seguro representan un subregistro importante de casos y muertes respectivamente:, afirmó Paniz Mondolfi.

Tal podría ser el caso de los estados Apure y Lara, entidades que comparten un panorama de epidemiología molecular similar al comprobado por los expertos latinoamericanos, de las muestras provenientes del Zulia y Táchira.

Para el científico la situación es muy preocupante en Venezuela, pues «la presencia de estos genotipos más transmisibles y virulentos se suman a la grave crisis epidemiológica en el país».

«El sistema de vigilancia epidemiológica se encuentra desmantelado, y la información necesaria para diseñar estrategias de prevención se encuentra censurada. Es muy difícil implementar efectivas medidas de contención», alertó Paniz Mondolfi, quien consideró que la flexibilización de la cuarentena es un error, «en pleno pico de efervescencia hacia el pico epidémico».